Sentencia 2007-00308/44761 de marzo 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2007-00308-01(44761)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Beryl’s of Colombia Ltda.

Demandado: Fiscalía General de la Nación, Nación rama judicial y otros

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Temas: Responsabilidad del estado por error jurisdiccional / caducidad de la acción de reparación directa - se computa desde la fecha de ejecutoria de la decisión que se alega configura el error - cuando existen varias actuaciones administrativas y judiciales independientes, la caducidad se analiza de forma autónoma para cada una de estas / legitimación en la causa por activa / legitimación de hecho y legitimación material - la legitimación de hecho se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal - la legitimación material se refiere a la participación real de los sujetos procesales en los hechos que originan la presentación de la demanda y es un presupuesto necesario para emitir sentencia de fondo / carga de la prueba de la legitimación - corresponde a la parte actora / prueba de la propiedad del dinero - para acreditar la propiedad de los bienes muebles como el dinero no se exige prueba solemne, pues existe libertad probatoria / prueba testimonial trasladada del representante de la persona jurídica demandante - los representantes legales no pueden ser testigos, porque la forma correcta de incorporar esta clase de manifestaciones, al igual que acontece con los demandantes, es a través de la declaración de parte

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, resolverá la controversia a partir del siguiente derrotero: 1) competencia; 2) validez de los medios de prueba; 3) hechos probados; 4) ejercicio oportuno de la acción; 5) legitimación en la causa y 6) condena en costas.

1. Competencia.

A la sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación(15), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(16).

2. Validez de los medios de prueba.

Se debe aclarar que al caso sub examine se trasladaron los expedientes que se tramitaron ante las siguientes autoridades: i) el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal; ii) el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, Amazonas, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil, Familia y Agraria; iii) la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y iv) la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos. Dentro de estos obran pruebas documentales, testimoniales, una declaración ante Notario y versiones libres sin el apremio del juramento.

Así las cosas, la sala indica que valorara las pruebas documentales trasladadas, de conformidad con la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, proferida el 11 de septiembre de 2013 dentro del expediente Nº 20.601(17), según la cual:

“(…) se reitera aquí el criterio recientemente establecido por la Sala Plena de Sección Tercera frente al valor probatorio de las copias simples, cuando las mismas han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que estas las tacharan de falsas, evento en el cual dichas copias son susceptibles de valoración, e idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal (…).

“En aplicación del anterior criterio jurisprudencial, se considera en este punto que, el hecho de que los intervinientes del proceso hubieran conocido el contenido de los documentos allegados como prueba trasladada, permite fallar de fondo el presente asunto con base en ellos, toda vez que resultaría contrario a la lealtad procesal que las partes utilizaran unas pruebas como fundamento de sus alegaciones y que luego, al ver que su contenido puede resultar desfavorable a sus intereses, predicaran su ilegalidad, pretextando que en el traslado de los documentos no se cumplió con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil”.

Aunado a ello, se advierte que las pruebas documentales en estudio se decretaron e incorporaron en la primera instancia sin que se tacharan por las partes en contra de las que se adujeron, en los términos del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil(18).

En cuanto a las declaraciones del piloto de la avioneta en la que se incautaron los dólares, señor Luis Alejandro Nieto Jaramillo y del copiloto, señor Ramiro Escobar Barón, se tiene que se rindieron ante la Fiscalía General de la Nación, el 11 de septiembre de 1995, al momento de su captura y sin el apremio del juramento; sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de la Subsección(19) se valorarán, dado que no son el único referente que se tendrá en cuenta y las mismas serán confrontadas con las demás pruebas obrantes en el plenario.

En lo que tiene que ver con la copia simple de la declaración rendida ante notario por el copiloto de la aludida aeronave, el señor Ramiro Escobar Barón, y la cual fue trasladada del proceso que cursó en el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, Amazonas, se precisa que no será valorada ya que no fue ratificada en este proceso(20).

Respecto de los testimonios de los señores Chad Lionel Stendal y Alberto Simón Gómez Moreno, es preciso decir que no pueden ser valorados, puesto que, por su condición de socios de Beryl’s of Colombia Ltda. su imparcialidad no estaba garantizada; además, el primero de ellos, en su calidad de representante legal de esa sociedad, fue quien otorgó el poder para que se radicara el sub examine. Al respecto se recuerda que las partes procesales y sus representantes no pueden ser testigos, dado que la forma correcta de incorporar este tipo de manifestaciones es a través de la declaración de parte, según lo establecen los artículos 194, 195 y 198(21) del Código de Procedimiento Civil.

Sobre lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación Indicó:

“(…) obra en el proceso la declaración de la señora Sonia Patricia Mora Henao (fls. 109 a 113 c 1), hermana de la víctima y demandante en este juicio; ese medio de prueba no podrá tenerse como testimonio en cuanto se trata de una declaración formulada por la propia demandante, comoquiera que para ello se impone, de manera imperativa, que la versión provenga de un tercero ajeno al proceso judicial y no de uno de quien se encuentra en un extremo de la litis, evento este en el cual lo procedente es acudir a la declaración de parte con sujeción a las reglas que determinan su petición y práctica, entre las cuales se encuentran la improcedencia de que la propia parte pueda pedir que se realice su propia declaración (C. de P. C., art. 203, inc. 1º)”(22) (se destaca).

3. Hechos probados.

De manera previa al estudio del recurso de apelación, la sala estima necesario establecer los hechos probados, a partir de los medios de convicción obrantes en el expediente. Posteriormente, se referirá a la caducidad de la acción de reparación directa y a la legitimación en la causa por activa de la sociedad Beryl´s of Colombia Ltda.

3.1. Con el certificado de existencia y representación legal de Beryl´s of Colombia Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., se demostró que: i) se constituyó el 12 de agosto de 1994 con escritura pública Nº 7.552 de la Notaría 29 de la misma ciudad; ii) que se inscribió el 30 de septiembre de 1994; iii) que su vigencia era hasta el 12 de agosto de 2014; iv) que tenía un amplio objeto social dentro del que la sala destaca las actividades de: lapidación, compra, venta, exportación y distribución de toda clase de piedras preciosas y semipreciosas, joyas, artesanías, “igualmente podrá intervenir en la compra, venta, representación, distribución y exportación tanto de piedras preciosas, semipreciosas, joyas, artesanías como de mercancías relativas a estas actividad y toda clase de minerales”; v) que su capital era de $ 4.000.000, dividido en 4.000 cuotas con valor nominal de $ 1.000, cada una; vi) que sus socios eran: Julio Páez, Alberto Simón Gómez Moreno, Nercy María Gómez de Clavijo y Chad Lionel Stendal(23).

3.2. Igualmente, a través del “certificado de inscripciones del libro VII” expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., se acreditó que el 13 de enero de 1995 Beryl´s of Colombia Ltda. registró ante esa entidad los libros denominados: actas, inventarios, “mayor balances” y diario(24).

3.3. Mediante el acta “de la junta de socios”(25) del 9 de julio de 1995, la empresa en mención probó que autorizó al señor Chad Lionel Stendal para (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“que de la cuenta corriente Nº 000300004 del First National Bank of Florida, retire el dinero disponible en esa cuenta; el dinero disponible en la bobeda en efectivo en Beryl’s of Colombia Ltd. Al igual que los dineros disponibles en la caja fuerte de la compañía, en la ciudad de Bogotá, hasta completar la suma del dinero necesario para hacer las transacciones comerciales y con el fin de invertirla en Latinoamérica: Venezuela, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, en la compra de piedras preciosas y semipreciosas”.

Del mismo modo, con el acta suscrita el 6 de septiembre de 2001, en “el Estado de Florida en EE.UU”, la parte demandante demostró que autorizó al señor Chad Lionel Standal para otorgar poder a un abogado en Colombia a fin de obtener la devolución de 884.500 dólares, que “se encuentran bajo la responsabilidad del Juzgado de Leticia, Proceso Nº 1015”.

3.4. Entre tanto, a través de los balances contables firmados por el Subgerente, señor Chad Lionel Stendal y la contadora Luz Nelsy Gómez Moreno, se acreditó que al 31 de diciembre de 2005 la firma demandante tenía un patrimonio total de: “5.808.071”. Vale destacar que en ese documento no se especificó si ese valor correspondía a dólares, pesos o en qué moneda se expresaba.

3.5. A su vez, con la certificación del 14 de febrero de 2003, firmada por la contadora de Beryl´s of Colombia Ltda., se probó que el 30 de agosto de 1995 le fueron entregados al señor Chad Lionel Stendal seiscientos mil dólares para “atender negocios de la compañía en Latinoamerica”(26).

3.6. De otra parte, en el caso sub examine se acreditó que, el 7 de septiembre de 1995, tropas del Ejército Nacional se encontraban en las selvas del Amazonas en la pista clandestina denominada “Ticuna”, en desarrollo de la operación “observatorio”, cuya finalidad era capturar, decomisar y destruir laboratorios de procesamiento de coca.

Sobre las cinco de la tarde aterrizó una avioneta con dos tripulantes que fueron capturados y dentro de esta se halló una caja de cartón que contenía en su interior varios paquetes con dinero, que al ser contados arrojaron la suma de 884.240 dólares auténticos y dos billetes falsos que sumaron 200 dólares, para un total de 884.440 dólares. En los alrededores de la pista ilegal se encontró un cambuche con dos escopetas, un radio, una planta eléctrica y combustible para avión.

3.7. Servidores de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron, el 8 de septiembre de 1995, hasta el lugar de los hechos descritos, con la finalidad de realizar la incautación de la aeronave, el dinero y los demás elementos descubiertos, para lo cual se levantó un acta(27) en la que se describió lo siguiente (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):

“(…) fuimos desplazados en la avioneta de Gobernación, desde la ciudad de Leticia hasta cercanías del afluente del Río Putumayo, luego fuimos embarcados por una lancha del ejército de Colombia y posteriormente para llegar al sitio de los hechos caminamos en la selva por una trocha por un tiempo aproximado de dos horas. La suscrita Fiscal Regional llegó en compañía de las personas ya mencionadas a una pista denominada Ticuna en el corazón de la selva (…)”.

Todo lo anterior se encuentra probado con la orden de operaciones Nº 002683 y el documento denominado “informe operación pista clandestina”, que se remitieron el 8 de septiembre de 1995 por el comandante del Batallón de Ingenieros Nº 18 “Bejarano Muñoz” a la Fiscal Regional de Leticia, Amazonas(28). Asimismo, con el acta que recogió la diligencia del conteo y verificación de la autenticidad de las divisas incautadas, la cual se elaboró por esta última funcionaria el 25 de septiembre de 1995(29).

3.8. El piloto, señor Luis Alejandro Nieto Jaramillo, y el copiloto, señor Ramiro Escobar Barón, rindieron, el 11 de septiembre de 1995, indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación e indicaron lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) yo fui contratado por un sujeto llamado el CAPI, para traer una caja nunca especificó que traía su contenido, sabía que era algo de plata pero nunca tuve acceso a la caja siempre pensé que se trata de una suma alrededor de una suma de cuarenta o cincuenta millones de pesos colombianos (…).

“(…) como dije anteriormente nunca pensé que esa caja estuviera dólares, y mucho menos en esa proporción, quiero aclarar que nunca tuve acceso a dicha caja (…)

“(…) manifiéstele a la fiscalía a quien le iba hacer entregada esa caja y como, direcciones o lugares donde pueda ser ubicada la misma Contesto: la caja se le debía entregar a una persona llamada FELIPE, las instrucciones era que el me debía de estar esperando en la pista, no tengo idea de quien es donde vive, ni sus características o rasgos personales (…).

“(…) manifiéstele a la fiscalía quien es el dueño del avión (…) Contesto: (…) no sé quién sea el dueño(30) (se destaca).

“(…) sírvase decir a la fiscalía por quién fue contratado para transportar una caja de cartón y si usted estaba enterado el contenido de la misma CONTESTÓ: Alejandro mi compañero el día anterior del vuelo me preguntó que si lo acompañaba hacer un vuelo que me pagaban dos millones de pesos, y en vista de mi situación económica, le dije que sí (…) manifiéstele a la fiscalía si usted tiene conocimiento de quién contrato a Luis Alejandro, Contestó: no (…) Preguntado: en algún momento el señor Luis Alejandro Nieto le manifestó que tipo de elementos iban a transportar o mejor el objetivo del vuelo, Contestó: no (…).

“Preguntado: dónde le fue entregada la caja que transportaron hasta la pista Ticuna dónde fueron detenidos por el Ejército Contestó: en el Vichada, en una pista pero no es un sitio especifico es una pista clandestina (…).

“(…) manifieste a la Fiscalía cómo fue la contratación que hizo usted y cuánto dinero le iba a pagar por servir de copiloto, en la entrega de la mencionada caja. CONTESTO: me dijo que lo acompañara hacer un vuelo y que me pagaba dos millones de pesos pero no me especifico nada, yo me di cuenta de la caja que contenía esa cantidad de plata después de que me entregué que la vi abierta (…)”(31) (se destaca).

3.9. En contra de los mencionados ciudadanos se adelantó un proceso penal por el delito de receptación, en el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, que culminó el 1º de junio de 1999 con sentencia absolutoria, dado que no se demostró un hecho indicador que constituyera delito; frente a los dólares incautados dispuso que permanecieran en el Banco de la República “en condición de bienes mostrencos, toda vez que al informativo, no contamos con persona natural o jurídica que haya demostrado su propiedad”(32).

3.10. El 9 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, confirmó las decisiones descritas(33).

3.11. Se precisa que la sociedad Beryl´s of Colombia Ltda. no se hizo parte dentro de ese trámite judicial. Esta apareció el 26 de noviembre de 2001 ante el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, cuando, a través de apoderado y mediante escrito alegó ser la propietaria de los 884.240 dólares y solicitó su devolución(34).

3.12. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, a través de un auto de “cúmplase”, declaró que los 884.240 dólares decomisados el 7 de septiembre de 1995 eran de propiedad de la firma Beryl´s of Colombia Ltda. y, como consecuencia, le ordenó al Banco de la República proceder a su devolución(35).

3.13. El Banco de la República se abstuvo de hacer la entrega del dinero y puso en conocimiento del Director Nacional de Fiscalías, mediante el oficio DFV-D-29412 del 26 de diciembre de 2001, que el título valor con el cual se amparó el dinero incautado estaba a nombre de la Fiscalía General de la Nación y no del Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, razón por la cual le solicitó: “nos indique si es procedente hacer la devolución ordenada (…) o si, previamente, se debe adelantar algún procedimiento o colocar la custodia a disposición de la Fiscalía General de la Nación o de otra autoridad”(36).

Asimismo, mediante los oficios Nº 00031, 00032 y 00333 del 2 de enero de 2002(37), el Banco de la República remitió copia del oficio DFV-D-29412 del 26 de diciembre de 2001 al Procurador General de la Nación, al Director de Bienestar Familiar y al Director Nacional de Estupefacientes, respectivamente.

3.14. El 14 de enero de 2002, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, por intermedio de un recurso de reposición y en subsidio de apelación, le solicitó al Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, proceder a revocar la decisión referida, entre otras cosas, porque ese despacho judicial en la sentencia absolutoria proferida el 1º de junio de 1999 consideró que los dólares eran bienes mostrencos, de tal manera que, de forma posterior, a través de un auto no le era posible disponer sobre su entrega(38).

3.15. El 1º de febrero de 2002, el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, accedió a la petición del Ministerio Público y revocó la providencia del 14 de diciembre de ese mismo año(39). Asimismo, en auto del 12 de junio de 2002 resolvió dejar a disposición del ICBF las divisas decomisadas, para que dicha entidad iniciara el proceso civil encaminado a obtener la declaración de bienes mostrencos(40).

3.16. Esta última decisión se impugnó por la firma Beryl´s of Colombia Ltda. y, el 29 de agosto de 2002, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, la confirmó; además, esa instancia judicial compulsó copias para que se investigara penal y disciplinariamente “el inconsulto proceder” del juez penal del circuito de Leticia, Amazonas(41).

3.17. La firma Beryl´s of Colombia Ltda. atacó las providencias reseñadas mediante una demanda de tutela que se radicó en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que a través de sentencia del 28 de enero de 2003 negó la solitud de amparo(42).

3.18. El 15 de enero de 2003, ante el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, Amazonas, el ICBF inició un proceso abreviado para que se declarara que los 884.240 dólares tenían la calidad de bienes mostrencos. Dentro de este proceso la empresa Beryl´s of Colombia Ltda. se presentó en calidad de propietaria de esos dineros y contestó la demanda(43).

3.19. El 31 de agosto de 2004, el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, Amazonas, profirió sentencia y accedió a las pretensiones del ICBF(44).

3.20. El 25 de mayo de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil, Familia y Agraria, confirmó el fallo descrito y condenó a Beryl´s of Colombia Ltda. a pagar, por agencias en derecho, $ 50.000.000(45).

3.21. En contra de las determinaciones señaladas, la sociedad Beryl´s of Colombia Ltda. interpuso una demanda de tutela que se falló por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en el sentido de negar el amparo solicitado(46).

4. Ejercicio oportuno de la acción.

Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho(47).

Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8(48), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta corporación(49) ha sostenido, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de error judicial(50) “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial(51).

En cuanto a la caducidad en eventos en los cuales la acción de reparación directa se fundamenta en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de dos años se empieza a contabilizar “a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial”(52).

Bajo esas premisas y de conformidad con los hechos probados en el expediente, respecto del error judicial en que habrían incurrido el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, la Subsección advierte que la decisión que terminó el proceso se profirió el 29 de agosto de 2002 —contra la cual no procedían recursos—(53). Así las cosas, la caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente de esta última fecha, esto es, el 30 de agosto de 2002, de modo que el último plazo para ejercer el derecho de acción, en término, feneció el 30 de agosto de 2004 y como la demanda se radicó el 24 de mayo de 2007(54), se concluye que fue extemporánea.

Frente al error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que habrían incurrido el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, Amazonas, y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil, Familia y Agraria, se encuentra que la sentencia de segunda instancia, que puso fin a ese proceso, quedó ejecutoriada el 9 de junio de 2005(55), de manera que los términos de caducidad se contarán desde el día siguiente a esta última fecha, esto es, el 10 de junio de 2005, razón por la cual el término para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo finalizó el 10 de junio de 2007 y como la demanda se interpuso el 24 de mayo del mismo año, fue oportuna.

La parte demandante sostuvo que el ICBF habría cometido una falla del servicio al promover el proceso civil mencionado, porque a través de un oficio del 21 de enero de 2002 indicó que no iniciaría el proceso de declaratoria de bienes mostrencos, en razón a que los dólares incautados pertenecían a Beryl´s of Colombia Ltda. Pues bien, para contabilizar la caducidad respecto de esa entidad, se acogerán los mismos plazos descritos, en la medida en que las acciones y las omisiones por las cuales se le demandó se materializaron de forma definitiva con la ejecutoria de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil, Familia y Agraria, que le dio la razón, al confirmar la decisión que declaró bienes mostrencos las divisas decomisadas y se las adjudicó. Siendo así, la demanda se radicó dentro del término previsto para ello.

En lo que atañe a las omisiones del Banco de la República, que habría incurrido en una falla del servicio al no cumplir la orden proferida el 14 de diciembre de 2001 por el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, y por comunicarle, por escrito, de su existencia al Director Nacional de Fiscalías, al Director Nacional de Estupefacientes, al Procurador General de la Nación y al ICBF, cabe manifestar que está demostrado que esas comunicaciones se dirigieron mediante tres oficios enviados el 2 de enero de 2002(56), de tal manera que la caducidad se contará desde el día siguiente, es decir, el 3 de enero de 2002; así las cosas, esta aconteció el 3 de enero de 2004, fecha muy anterior a la de radicación de la demanda que, se insiste, sucedió el 24 de mayo de 2007, por lo que se observa que la demanda es extemporánea.

En último lugar, la Fiscalía General de la Nación habría sido omisiva al no poner oportunamente a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, el título valor que amparaba los dólares decomisados, dado que solo lo hizo por intermedio de una decisión del 21 de febrero de 2002(57), —ejecutoriada el 6 de marzo del mismo año(58)—.

En ese orden, se impone concluir que esa actuación también se encuentra afectada por la caducidad de la acción, pues el plazo final para radicar la demanda ocurrió el 7 de marzo de 2004 y el libelo introductorio se presentó hasta el 24 de mayo de 2007.

En suma, las únicas imputaciones de responsabilidad frente a las que no existe caducidad son las referentes: i) al error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que habría incurrido el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, Amazonas, y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil, Familia y Agraria, por las sentencias que dictaron el 31 de agosto de 2004 y el 25 de mayo de 2005, respectivamente y ii) la falla del servicio que se alega respecto del ICBF, al iniciar ese proceso judicial.

Cabe indicar que si bien la parte accionante indicó en el texto de su demanda que cada una de las imputaciones de responsabilidad se conectaban entre sí, pues, a su modo de ver, una llevó a la otra, lo cierto es que las decisiones de la rama judicial se tomaron de forma autónoma e independiente, en procesos de diferentes jurisdicciones, penal y civil, en épocas distantes, años 2002 y 2005 y, sumado a ello, cada una cobró ejecutoria por separado.

En cuanto a las actuaciones del Banco de la República, se advierte que ocurrieron en el 2001 y las de la Fiscalía General de la Nación en el 2002, sin que existan argumentos para justificar las razones por las cuales se demandaron hasta el 24 de mayo de 2007, fecha de radicación de la demanda.

Con lo anterior se quiere ratificar que la caducidad de la acción debía contabilizarse en forma separada para cada una de las acciones y omisiones referidas. En un asunto similar, la Subsección indicó:

“(…) cuando se pretende ejercer la reparación directa como consecuencia de un error jurisdiccional, esta debe interponerse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial con que se agote la instancia.

“En ese orden de ideas y como quiera que al auto del 3 de junio de 1993, proferido en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, fue proferido en un proceso diferente al de tutela que terminó con fallo de 9 de julio de 1993, dictado igualmente en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, resulta razonable concluir que la caducidad de la acción de reparación directa debe contarse a partir de la ejecutoria de cada una de las aludidas providencias(59) (se destaca).

5. Legitimación en la causa por activa.

5.1. Legitimación de hecho.

Sea lo primero decir que, de conformidad con la jurisprudencia de la Subsección, la legitimación en la causa por activa corresponde a un elemento inherente a la titularidad del derecho en controversia; consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de acuerdo con la ley sustancial tiene interés en que mediante sentencia de fondo se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida(60).

En casos como el presente, se debe distinguir entre la legitimación en la causa de hecho y la material.

La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta a través de la demanda, de manera que quien demanda a otro y como apoyo “le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la pretensión, está legitimadode hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda”(61).

Para el caso en análisis, la legitimación de hecho, tanto por activa como por pasiva, se encuentra satisfecha, pues es claro que concurrió al proceso como accionante la sociedad Beryl´s of Colombia Ltda., que demandó a la rama judicial y al ICBF(62), a fin de que se les declarara responsables por la no devolución de 884.240 dólares. Asimismo, que el libelo se admitió por el a quo mediante el auto del 18 de octubre de 2007, el cual se le notificó a los accionados, quienes contestaron la demanda y su reforma.

5.2. Legitimación material.

La legitimación material corresponde a la participación real de los sujetos procesales en los hechos que originan la presentación de la demanda. Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido:

La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sinoporquequienloatacónoeslapersonaquefrentealaleytieneelinteréssustantivoparahacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(63) (se destaca).

De todo lo anterior se infiere que está legitimado materialmente en la causa por activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley. Igualmente, que la legitimación material es un presupuesto procesal necesario para proferir una decisión de fondo.

La Sala deberá verificar si la firma Beryl´s of Colombia Ltda. es la titular del derecho a la propiedad que reclama, es decir, si está legitimada materialmente dentro del sub lite, porque, de no ser así, se confirmará la sentencia objeto del recurso de apelación que negó las pretensiones de la demanda.

Beryl´s of Colombia Ltda. alegó ser la propietaria de las divisas con base en las siguientes pruebas: i) los balances contables; ii) las actas de las juntas de socios; iii) los certificados de existencia y representación legal; iv) el registro de los libros contables; v) las declaraciones de los pilotos y de los señores Chad Lionel Stendal y Alberto Simón Gómez Moreno(64).

Adentrándose al análisis del caso concreto y tomando como referente los hechos probados y las precisiones expuestas, la sala concluye que la empresa Beryl´s of Colombia Ltda. no acreditó su condición de propietaria de los 884.240 dólares que pretende mediante este proceso; en otras palabras, no se encuentra legitimada materialmente para concurrir al sub lite.

Para mayor claridad, se debe precisar que, ciertamente, en este caso, la legitimación material en la causa por activa se encuentra determinada por la propiedad del dinero cuya devolución se solicitó; si bien es cierto que podría pensarse que el interés para accionar lo otorgan las sentencias y demás actuaciones que se reprochan y dentro de las cuales la sociedad demandante fue parte, no puede perderse de vista que todo el proceso, en el fondo, gira en torno a los 884.240 dólares incautados.

En efecto, la demanda de reparación directa interpuesta por la empresa Beryl´s of Colombia Ltda. se encuentra cimentada en la propiedad que dice tener sobre esos dólares y, por esa razón, reclama como indemnización su “devolución y entrega material”, de tal manera que al no acreditar que en cabeza suya recae la titularidad de ese derecho, sus peticiones indefectiblemente quedarán sin sustento.

Como refuerzo de lo anterior, cabe precisar que quien persigue la declaratoria de responsabilidad de un ente estatal tiene la carga de acreditar el daño y la imputación, pues de no ser así carecería de interés para formular pretensiones en ese sentido. De este modo, si una persona jurídica se presenta como propietaria de un dinero y no logra demostrar que en efecto poseía esa calidad, la conclusión que surge es que no existía posibilidad de causarle algún daño antijurídico que deba serle indemnizado.

Siguiendo esa línea de pensamiento, se encuentra que con los balances contables y los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. se demostró que la empresa accionante, para la fecha del decomiso de los dólares, existía y tenía registrados sus libros ante esa entidad; del mismo modo que poseía un capital económico, del cual no existe claridad en qué moneda se encontraba constituido.

De las actas de las juntas de socios se desprende que estos se reunieron y aprobaron que el señor Chad Lionel Stendal retirara un dinero del “First National Bank of Florida”, así como el que guardaban en la bóveda y en la caja fuerte de la empresa, para hacer transacciones comerciales en “Venezuela, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, en la compra de piedras preciosas y semipreciosas”. En último lugar, que facultaron al precitado ciudadano para gestionar con un abogado la recuperación del dinero a ellos incautado.

Al respecto, no se demostró que las cuentas del “First National Bank of Florida” en realidad existían y que el dinero se retiró de ese banco, ni su cantidad; tampoco las sumas exactas que la empresa aparentemente tenía depositadas en su bóveda y caja fuerte; no existe prueba que corrobore que las actas mencionadas fueron registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C; igualmente, no se demostró que el valor de los balances contables que se allegaron al proceso corresponde al mismo que se tenía reportado en los libros que reposaban en esta última entidad.

Este punto es de gran relevancia, porque, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal de Beryl´s of Colombia Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., el capital social total apenas correspondía a $ 4.000.000, mientras que el dinero que reunió para la compra de las piedras preciosas equivalía 884.240 dólares(65); con lo anterior se quieren significar las inconsistencias existentes entre estos medios de prueba, sin que la parte demandante se ocupara de clarificarlas.

Si bien es cierto que aparece una constancia de la contadora de la empresa en la que hizo saber que al señor Chad Lionel Stendal se le entregó la suma de seiscientos mil dólares para realizar negocios en Latinoamérica, no existe prueba directa o algún indicio que permita entrelazar todas las manifestaciones señaladas y que lleven a determinar con plena certeza que el dinero en discusión en verdad es propiedad de Beryl´s of Colombia Ltda.

Para que los libros contables constituyeran plena prueba, era necesario que se trajeran al expediente, con el fin de verificar su contenido, en especial, si eran llevados en debida forma, puesto que de conformidad con el artículo 68 del Código de Comercio:

“Los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente.

“En materia civil, aún entre comerciantes, dichos libros y papeles solo tendrán valor contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara y completa y siempre que su contraparte no lo rechace en lo que le sea desfavorable” (se destaca).

Respecto de la citada norma, la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 062 del 30 de enero de 2008(66), indicó lo siguiente:

“Los libros de comercio ofrecen un beneficio directo para el propio comerciante, porque le permiten estar al tanto del manejo y desarrollo de sus negocios. Esto le garantiza un conocimiento del estado financiero de su actividad y facilita la planeación de su gestión mercantil. De igual manera, desde el punto de vista del comerciante, el manejo correcto de los libros de constituye prueba idónea para hacer valer en los procesos judiciales que puedan surgir en desarrollo de su actividad comercial; pero, además, garantiza los derechos de los acreedores y permite reconstruir la conducta del comerciante, de manera que es posible detectar posibles fraudes en su actividad o la comisión de conductas reprochables desde el punto de vista del Código de Ética. Ello, en últimas, constituye una herramienta de protección de su propio buen nombre, pues el buen desempeño profesional queda registrado en los libros con destino a posibles procesos judiciales (…).

“(…) entre muchas de las funciones que cumplen los libros de comercio está la de llevar contabilidad de los negocios. La contabilidad es la técnica normatizada que le sirven de pauta al comerciante para registrar las transacciones que realiza y que le permite conocer en cualquier momento el estado de sus negocios. Es, en sentido estricto, la técnica que permite registrar, en forma cifrada, los movimientos de valores y bienes de una empresa, así como la apreciación de los resultados de la respectiva explotación.

“La contabilidad cumple fundamentalmente dos funciones: permite que el comerciante tenga información relacionada con la marcha actual de sus asuntos, pero también comunica a terceros, ajenos al negocio, acerca del desenvolvimiento de los mismos. Así, la contabilidad tiene una función interna, que interesa exclusivamente al comerciante, pero se ve complementada por una función externa, que beneficia a la comunidad, es decir, a los bancos, los acreedores, los proveedores, los inversionistas, los organismos de vigilancia estatal, el aparato fiscal, los comerciantes con quienes pueden entablarse negocios o litigios y, en general, la comunidad toda.

“(…) También importa a los terceros porque permite que del estudio de los estados financieros de la empresa se determine el acceso a los créditos bancarios o se establezca el grado de responsabilidad del comerciante en caso de cesación de pagos o de incumplimiento de obligaciones” (se destaca).

En lo que tiene que ver con las declaraciones del piloto y el copiloto del avión en el que se incautaron los dólares objeto de debate, señor Luis Alejandro Nieto Jaramillo y Ramiro Escobar Barón, respectivamente, ya se refirió que estos al momento de la detención fueron enfáticos en indicar que no conocían al propietario del dinero y que no sabían que estaban transportando esa suma de dólares; aunado a ello, que quien los contactó para realizar el vuelo fue un sujeto apodado “el Capi”, el cual no fue llamado a rendir testimonio por la empresa demandante a fin de corroborar esas manifestaciones.

Las reglas de la experiencia enseñan que una empresa seria, honesta, que cumple las normas y que en términos generales se sujeta al derecho, jamás va a realizar una transacción con la alta cantidad de divisas que hoy se reclaman a espalda de las autoridades, en una pista clandestina ubicada en medio de la selva, plagada de grupos alzados en armas e ilegales y, en las cuales, como si fuera poco, se llevaban a cabo actividades ilícitas de narcotráfico.

En ese contexto, también se reprocha que una vez incautado el dinero y detenidos los pilotos que lo transportaban, la sociedad Beryl´s of Colombia Ltda. no se presentó para constituirse como parte civil dentro del proceso penal, para acreditar todos y cada uno de los argumentos que pretende hacer ver en este proceso judicial y, que en su momento, también alegó ante los jueces civiles, cuyas actuaciones hoy controvierte.

En punto a lo anterior, vale recordar que, de conformidad con el artículo 95.7 de la Constitución Nacional, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre las que se encuentra la de: “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

De la misma manera, no son de recibo sus exculpaciones referentes a la existencia de estigmas por narcotráfico y al temor a la justicia sin rostro, porque las primeros no pasaron de ser argumentos carentes de sustento; por su parte, frente a las segundas, debe repararse que fue esta misma clase de justicia la que absolvió a los pilotos, hecho que, a juicio de la empresa demandante, les permitió salir de las sombras a reclamar su dinero.

En todo caso, se impone reiterar que cuando una sociedad comercial desarrolla su objeto social apegado a la normativa que la regula, aquí y en cualquier lugar del mundo, sin importar el tipo de sistema judicial, tendrá cómo demostrar lo transparente de sus actuaciones, por lo que acudirá sin temor alguno a justificar sus negocios y transacciones.

Es preciso indicar que la carga de la prueba en este asunto se tornaba más estricta, justamente por las diferentes circunstancias que rodearon la incautación del dinero y la forma tardía en que la firma demandante apareció a reclamar su propiedad y, por ello, las certificaciones, balances, declaraciones y, en general, cada uno de los argumentos y medios de prueba encaminados a demostrar su legitimación tenían que estar corroborados al punto de no dejar el mínimo manto de duda, exigencia que no se cumplió por la empresa Beryl´s of Colombia Ltda.

Por consiguiente, como la sociedad Beryl´s of Colombia Ltda. no acreditó la propiedad del dinero que reclama, se insiste en la conclusión referente a que no se encuentra legitimada materialmente por activa para comparecer a este proceso.

6. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, el 20 de octubre de 2011, la cual quedará así:

“1. DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad de la acción en relación con las pretensiones que la sociedad Beryl´s of Colombia Ltda. planteó respecto de la rama judicial por el error judicial y el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia que habrían cometido el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, Amazonas, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal; igualmente, frente a la falla del servicio en la que habrían incurrido el Banco de la Republica y la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“2. Negar las súplicas de la demanda.

“3. Sin condena en costas”.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

15 Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

17 Radicado 41001-23-31-000-1994-07654-01, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

18 “La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia.

“Los herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene de su causante, podrá expresarlo así en las mismas oportunidades.

“No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.

19 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Radicación: 25000-23-26-000-2011-01470-01(48553) acumulado con el 25000-23-26-000-2012-01158-01(56618); asimismo, las siguientes decisiones: i) 10 de noviembre de 2017, Radicación: 47001-23-31-000-2010-00494-01(42557) A; ii) 3 de agosto de 2017, Radicación: 05001-23-31-000-1996-02296-01(43977) A, iii) 10 de mayo de 2017, Radicación: 18001-23-31-000-2006-00150-01(48230); iv) 8 de febrero de 2017, Radicación: 15001-23-31-000-2009-00093-01(48033), entre muchas otras.

20 La jurisprudencia reiterada de esta corporación ha sostenido que las declaraciones extraproceso que se practiquen sin citación y asistencia de la parte contraria deben ser ratificadas en el proceso en el cual se pretende hacer valer, so pena de carecer de eficacia probatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio, dentro de los cuales no se encuentra el sub lite. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 17.995, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017 expediente 45.351 y, en fallo del 30 de agosto de 2017. Radicado: 18001-23-31-000-2009-00352-01 (51676).

21 “ART. 194.—Confesión judicial. Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

“ART. 195.—Requisitos de la confesión. La confesión requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.

2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.

3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.

5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.

6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada”.

“ART. 198.—Confesión por representante. Vale la confesión del representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una persona, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, en lo relativo a actos y contratos comprendidos dentro de sus facultades para obligar al representado o mandante” (se destaca).

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Radicación: 05001-23-26-000-1995-01935-01(18163). En este mismo sentido ver: Sección Tercera, Consejero ponente: Enrique Gil Botero, sentencia del 28 de enero de 2009, Radicación: 07001-23-31-000-2003-00158-01(30340).

23 Fls. 88 a 90, cdno. pbas. 8.

24 Fl. 199, cdno. pbas. 4.

25 Fls. 42 a 47, cdno. pbas. 7.

26 Fls. 91 a 95, cdno. pbas. 9, donde obra el proceso que se tramitó en el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, Amazonas.

27 Fls. 64 a 66, cdno. pbas. 3.

28 Fls. 1 a 2 y 392 a 395, cdno. pbas. 3.

29 Fls. 1 a 2 y 82 a 84, cdno. pbas. 3.

30 Fls. 6 a 11, cdno. pbas. 3, donde obra la indagatoria del señor Luis Alejandro Nieto Jaramillo.

31 Fls. 12 a 16, cdno. pbas. 3, en los cuales reposa la indagatoria del señor Ramiro Escobar Barón.

32 Fls. 416 a 423, cdno. pbas. 3.

33 Fls. 424 a 429, cdno. pbas. 3.

34 Fls. 36 a 41, cdno. pbas. 7.

35 Fls. 430 a 435, cdno. pbas. 3.

36 Fls. 263 a 264, cdno. 1.

37 Fls. 265 a 267, cdno. 1.

38 Fls. 479 a 482, cdno. pbas. 3.

39 Fls. 69 a 73, cdno. pbas. 4.

40 Fls. 118 a 121, cdno. pbas. 4.

41 Fls. 122 a 134, cdno. pbas. 4.

42 Fls. 276 a 283, cdno. pbas. 4.

43 Fls. 40 y 65 a 116, cdno. pbas. 9.

44 Fls. 136 a 158, cdno. pbas. 4.

45 Fl. 239 a 248, cdno. pbas. 8.

46 Fls. 290 a 295, cdno. pbas. 4.

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en: i) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 - 01 (27588). 26 de febrero de 2014 y ii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017.

48 “ART. 136.—Caducidad de las acciones.

(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”.

49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Radicación: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017, entre muchas otras.

50 Al respecto consultar las siguientes decisiones: i) sentencia del 30 de agosto de 2017, Radicado: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435) ii) sentencia del 13 de junio de 2016, Radicado: 76001-23-31-000-2004-04636-01(37392); iii) sentencia del 24 de octubre de 2016, Radicado: 25000-23-26-000-2006-00818-01(38159); iv) sentencia del 22 de febrero de 2017, Radicado: 05001-23-33-000-2016-01685-01(58052); estas dos últimas con ponencia del Magistrado Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras.

51 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, expediente 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1 de febrero de 2012, expediente 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094, y del 14 de agosto de 2013, expediente 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

52 Providencias de julio 19 de 2007, expediente 33.763 y de 12 de diciembre de 2007, expediente 33.583, ambas reiteradas por esta Subsección, en proveído de 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, y en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017, entre muchas otras.

53 Fl. 17, cdno. 7. Al respecto se debe aclarar que al sub lite no se allegó la constancia de notificación o ejecutoria de esa providencia, razón por la cual se tomó como referente la citada fecha.

54 Fl. 17 vuelto, cdno. 1.

55 Sobre el particular debe aclararse que la sentencia se dio a conocer a las partes por intermedio de edicto que se desfijó el 3 de junio de 2005 (fl.237, cdno. pbas. 8), razón por la cual, su ejecutoria ocurrió dentro de los tres días hábiles siguientes, de conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.

56 Fls. 265 a 267, cdno. 1.

57 Que profirió dentro del expediente Nº 1288 y dentro del cual analizó la posibilidad de llevar a cabo la extinción de dominio de los 844.240 dólares incautados.

58 Según el informe secretarial de la Fiscalía 25 Especializada de Bogotá D.C. (Fl. 491, cdno. pbas. 3).

59 Sentencia del 13 de abril de 2016, Radicación: 68001-23-31-000-2010-00153-01(53196), M.P. Hernán Andrade Rincón.

60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de noviembre de 2017, expediente 11001-03-26-000-2008-00006-00 (34982).

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, auto de 16 de marzo de 2017, Radicación: 73001-23-33-000-2015-00450-01(56715).

62 Se recuerda que frente al Banco de la República y la Fiscalía General de la Nación se encontró probada la caducidad de la acción.

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de noviembre de 2001, exp. 13.356. M.P.: María Elena Giraldo Gómez; de 27 de abril de 2006, exp. 15.352. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra, reiteradas por esta Subsección en fallo del 31 de mayo de 2016, exp. 50001-23-31-000-2002-20347-01(34851).

64 A ese respecto se recuerda que en acápite anterior se indicó que las declaraciones de los señores Chad Lionel Stendal y Alberto Simón Gómez Moreno no se valorarían.

65 Al convertir esa cifra a pesos arrojó $ 843.237.791.2. La conversión se realizó tomando como base la tasa representativa del mercado —TRM— del Banco de la República, para el 7 de septiembre de 1995, cuando se llevó a cabo su incautación, la cual era de $ 953.63.

66 Con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra.