Sentencia 2007-00313 de diciembre 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 17001 31 10 001 2007 00313 01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por la parte demandante Olga Rodríguez Hurtado, contra la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario adelantado contra los herederos indeterminados del señor Rosendo Alonso Giraldo López y el señor Jorge Alonso Giraldo Gil, como determinados; causa a la que fueron llamados como litisconsortes necesarios, dada su calidad de hijos, Julio Andrés y Valentina Giraldo Gil, esta última representada por su progenitora Damaris Gil Marín, María Elizabeth y María Johana Giraldo Echeverri; y, Damaris Gil Marín, en su condición de cónyuge sobreviviente.

Antecedentes

1. La señora Olga Rodríguez Hurtado, promotora de la controversia judicial, mediante la correspondiente demanda aducida el 24 de mayo de 2007, y, luego de surtido el respectivo reparto ante el Juzgado Primero de Familia de la ciudad de Manizales, solicitó que se declarara la existencia de unión marital de hecho que existió desde “el año de 1967 hasta el año de 1997”, entre ella y el señor Rosendo Alonso Giraldo López, fallecido, y como consecuencia la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

2. En síntesis, sostuvo los siguientes aspectos fácticos de sus peticiones:

2.1. Convivió con el causante Rosendo Alonso Giraldo López, en unión marital de hecho, durante treinta años, esto es, desde 1967 hasta 1997. Tal relación comprendió ayuda, asistencia mutua y comunidad de techo; además, compartieron los bienes de fortuna logrados en el lapso referido. No había duda, dijo, de la condición de compañera a tal punto que en el círculo de amigos y vecindario la llamaban “la esposa de don Alonso”.

2.2. La pareja mencionada, a la par de su unión marital, crío dos hijos de la demandante, y aunque el padre de estos no era Rosendo Alonso, siempre los consideró como suyos.

2.3. El señor Giraldo López falleció el día 14 de abril de 2007, sin que la sociedad patrimonial surgida hubiese sido liquidada, no obstante que durante la misma adquirieron varios bienes, unos a nombre de él y otros de ella.

2.4. Agregó que el demandado Jorge Alonso Giraldo Gil, tuvo por padre al difunto Rosendo Alonso Giraldo López, por ello, es el llamado a soportar la acción incoada.

3. Con dicho heredero se cumplieron las primeras actuaciones procesales; luego, el juzgado de conocimiento, el 2 de agosto de 2007, convocó como litisconsortes necesarios a María Elizabeth y María Johana Giraldo Echeverri; Julio Andrés y Valentina Giraldo Gil, esta última representada por su progenitora, atendiendo que los mismos ostentaban la calidad de hijos del señor Alonso Giraldo (q. e. p. d.) y, a Damaris Gil Marín, en su condición de cónyuge sobreviviente. Todos, aunque concurrieron a través de diferentes apoderados, asumieron similar conducta frente a la demanda aducida y, por tanto, las defensas esgrimidas resultaron coincidentes. En primer lugar, frente a las pretensiones expuestas, manifestaron su oposición total. Con respecto a los hechos aceptaron unos, negaron otros y de varios reclamaron su demostración. Presentaron varias excepciones de mérito.

3.1. Como primera defensa negaron la existencia de la unión marital de hecho al considerar que el señor Giraldo López, en vida, sostuvo, simultáneamente, varias relaciones y, por esa circunstancia, la singularidad exigida en la Ley 54 de 1990, como requisito para la existencia de esa clase de uniones, quedó comprometida impidiendo, de paso, que resultara estructurada; agregaron, adicionalmente, que no era posible aplicar la retroactividad o retrospectividad de la referida legislación.

Expresaron que el causante se involucró sentimentalmente con la señora Damaris Gil Marín, desde cuando ella era menor de edad, unión dentro de la cual fueron procreados tres de los cinco hijos que le sobreviven y, con quien, a la postre, en el año 2000, contrajo matrimonio. Además, para la misma época, el señor entabló relaciones con la señora Nelly Echeverry Hernández, madre de sus otras dos hijas quienes, siendo menores de edad y debido a la ausencia de su progenitora, fueron aceptadas y levantadas en el hogar formado con Damaris Gil Marín.

3.2. En la segunda excepción, adujeron los demandados que aun aceptando la existencia de la unión marital, por efectos del tiempo transcurrido desde la separación de los compañeros permanentes, que superó el año, operó la prescripción, conforme lo previene el artículo 8º de la Ley 54 de 1990.

Ciertamente, debido a que la separación de la actora y el señor Giraldo López sobrevino en el año de 1997, tal cual lo reconoce la propia demandante, para la fecha de presentación de la demanda, que lo fue en el año 2007, el año previsto había trascurrido con suficiencia, extinguiéndose ese eventual derecho.

El demandado Jorge Alonso Giraldo Gil, reclamó, adicionalmente, que fuera declarada cualquier excepción (genérica) que apareciera demostrada.

4. El funcionario de conocimiento agotó las etapas establecidas en la ley para esta clase de asuntos y, el 2 de marzo de 2010, profirió fallo desestimatorio de las pretensiones formuladas, circunstancia que motivó, a través del recurso de apelación, que la parte actora se alzara contra dicha determinación. El ad quem resolvió la impugnación mediante providencia de 16 de septiembre del mismo año; en esa decisión optó por confirmar la proferida por el a quo.

La sentencia del tribunal

1. El juzgador de segunda instancia, primeramente, abordó el tema relativo a los requisitos establecidos para la adopción de una decisión de mérito, habiendo encontrado que los mismos concurrían al proceso y así lo plasmó en la providencia emitida. Aludió, seguidamente, a la ausencia de cualquier vicio generador de nulidad; también, encontró que las partes llamadas a la causa litigiosa tenían plena capacidad.

2. El sentenciador, en el fallo cuestionado, estudió el tema objeto de decisión y dejó registrado que la actora pretendía la declaratoria de la unión marital de hecho regulada en la Ley 54 de 1990. A partir de ello el tribunal acusado afirmó que con sujeción a la normatividad vigente y los distintos pronunciamientos de la Corte, los requisitos necesarios para la existencia de una relación de ese linaje se reducían, entre otros, a la permanencia y la singularidad, exigencia esta última de la que dijo que “cuando las personas tienen una dualidad o pluralidad marital” se desdibuja tal presupuesto, pues su esencia estriba en la relación o estructura monogámica en la conformación de una familia.

Sobre el mismo aspecto, esto es, la singularidad en las relaciones maritales, evocó las siguientes líneas de reciente pronunciamiento por parte de esta corporación:

“‘Si la comunidad de vida es entre dos, por exigencia de la misma ley, y si esta comunidad es de ‘la vida’, no se trata de compartir fragmentariamente la vida profesional, la vida sexual, la vida social, la vida íntima, ni siquiera de la vida familiar, sino de compartir toda ‘la vida’ concepto de suyo tan absorbente que por sí solo excluiría que alguien pueda compartir ‘toda la vida’ con más de una pareja’. Subrayado fuera de texto” (Cas. Civil 0509 2005, Exp. 1999 158).

En su momento, en cuanto al aspecto probativo, sostuvo que la situación planteada connotaba, en estrictez, una diferencia interpretativa entre lo que la juez de primera instancia consideró alrededor de lo vertido por los deponentes, y lo que el recurrente, a su vez, dedujo de tales elementos de juicio. Indicó que de parte y parte fueron blandidos diferentes medios de convicción, sobre todo testimoniales, que, si bien, trasmitieron versiones no coincidentes y, en veces, contradictorias, la evaluación de la razón del dicho de los declarantes, la cercanía con las partes y la valoración conjunta, conducían a creer que los argumentos explicitados en el fallo reprochado no devenían absurdos.

Así lo patentizó:

“La disparidad en el análisis probatorio, en principio, no constituye por sí fundamento para revocar la decisión de primera instancia, por cuanto atendiendo el principio de la comunidad de la prueba que impone la valoración conjunta de los medios probatorios existentes, mediante su comparación en orden a encontrar los puntos de disonancia y convergencia, respecto de los hechos que se pretenden acreditar, en esta actividad no trasciende quien aportó el medio probatorio a menos de aplicarse, ante la ausencia de acreditación de un hecho necesario en el proceso, el sucedáneo de la prueba conforme al cual se impone establecer, a quien correspondía la carga de la prueba sobre aquel para aplicar la consecuencia de la omisión probatoria —CPC, arts. 177, 187” —folio 14 del cuaderno del tribunal—. Y concluyó:

“... se reitera, analizados uno a uno y en conjunto los medios probatorios recaudados, no surge con certeza que la convivencia de Rosendo y Olga, hubiera sido única, que existiera una sola ‘comunidad de vida’, como que existió también con Damaris desde tiempo atrás a la terminación en 1996 o 1997 de la primera, comportamiento de Rosendo que no evidencia la existencia de una mera infidelidad con respecto a la relación con Olga (...). La situación descrita, generó, de esta manera ‘dos familias’ (...) situación que contraría el carácter de singularidad requerido...” —destaca la Sala— (fl. 20 ib).

En fin, el juzgador de segunda instancia persuadido de que no concurrían los elementos necesarios para declarar la existencia de la unión marital, habida cuenta que echó de menos una relación única del difunto con la accionante, decidió negar la pretensión que en tal sentido elevó la misma.

La demanda de casación

El impugnante ataca la sentencia proferida a través de dos cargos, ambos trazados por la causal primera —vía indirecta—; condensa su inconformidad, principalmente, debido al acaecimiento de algunos defectos fácticos. Una y otra acusación serán afrontadas y despachadas de manera conjunta, por fundamentarse en similares argumentos.

Primer cargo

Este reproche lo justifica el casacionista en la medida en que el fallador, según su decir, incurrió en un “error de hecho por falso juicio de identidad”, propiciando la violación de los artículos 1º, de la Ley 54 de 1990; 13, 42 y 228 de la Constitución Política. Afirmó que el tribunal acusado sopesó la prueba recaudada pero al hacerlo “aumenta su contenido, dándole un valor que no lo tiene...” —folio 16, cuaderno de la Corte—.

Sostuvo, en lo esencial, que el juzgador dio por probada la existencia de dos relaciones maritales con igual número de mujeres que el señor Giraldo López, en vida, mantuvo; y, para arribar a tal conclusión discurrió alrededor de uno de los requisitos de esa clase de vínculos, o sea, la convivencia y permanencia del compañero en la casa de ella, esto es, de la señora Damaris; también aludió a la asistencia económica que él le brindaba a ella; reseñó, por ejemplo, la provisión de alimentos, vestido, mercado, frutas, etc.; además, la compra y venta de inmuebles entre ellos y, en fin, aceptó que él hacía presencia en el entorno de ella pero referida, en lo fundamental, a los aspectos materiales; por ello, dijo, “mal haríamos en llamarlo hogar; como así lo determinó el ad quem” (fl. 18, cdno. de la Corte). Y agregó:

“Únicamente en el Tribunal Superior de Manizales cabe este concepto, al aceptar que la intención de unidad familiar, la cohabitación y el compartimiento de techo, se dan por el hecho de que el ‘compañero permanente’ visité (sic) y comparta techo esporádicamente, una vez al mes, ‘en una borrachera’ o de creer que frecuentaba a Damaris una, dos o tres veces en 15 días (...) o por la visita a la abuelita Ritica por ochos días” —fl. 20 ib.—.

“Es decir se concluye de lo afirmado, que el tribunal para efectos de demostrar la intención de unidad familiar, de comunidad de vida, la cohabitación y el compartimiento de techo, está fincando su proveído en el análisis acabado de hacer en el inciso anterior, que desde luego no es el medido para el efecto”.

“De contera entonces, erró de hecho el despacho, pues supuso que en tan corto tiempo en que efectivamente Rosendo compartía techo y lecho en la casa de Damaris, a ‘hurtadillas’ se daban los presupuestos señalados por la Ley 54 en su artículo 1º, en cuanto a la comunidad de vida y permanencia y dio probado que la supuesta unión entre estos llenaba todas las características de la norma, inclusive la cohabitación y el compartir techo. El agregado y subrayado es mío” —ambas citas del folio 21 ídem—.

Continúa aseverando que, en verdad, la relación existente entre Rosendo (causante) y Damaris lo que traslucía era la conjunción de “intereses independientes”, que cada uno buscaba su propio beneficio; él, por su lado, lograba que Damaris le cuidara a sus hijos y ella recibía una ayuda económica; uno y otro, arguyó, derivaba de esa relación un “bienestar”.

Y, a folios 22 y 23, de la misma encuadernación, aparecen las siguientes conclusiones del impugnante, a las que, en definitiva, sujetó su cuestionamiento:

“Aquí precisamente fue donde erró el tribunal, pues si bien es cierto ‘ellos’ estaban juntos muchas veces; las características de una verdadera unión marital, van más allá de habitar una casa. Máxime cuando no se ve una intención de un verdadero hogar, de constituir una verdadera familia, de cohabitar con verdadero amor y no por devolver un favor y de sacarle partido al otro”.

“Esa ausencia física, a la que calificó con un aprobado, el tribunal, va en contra del respeto mutuo que deben tener los compañeros. O que esposa va a permitir que su esposo duerma en la misma casa hoy, y regrese a los 8 días, o 15 y llegue por ropa y salga, si no es un piloto o un agente viajero y a sabiendas como se demostró con Rosendo, que no tenía ninguna de estas profesiones y residía en Manizales?”.

“El pronunciamiento del Tribunal Superior de Manizales, debió entonces manifestar que no obstante que la unión entre Rosendo y Damaris tenía algunas características que en apariencia eran similares a la señaladas en la Ley 54 de 1990, no se podría despachar en tal sentido, pues no existía en ella, la comunidad de vida que mostrara esa intención de unión familiar, además tenía la falencia de inexistencia del compartir techo y lecho entre la pareja, en forma constante y continúa, como para determinar que efectivamente existió una unión paralela con la de Rosendo y Olga”.

Sostuvo, en esa misma línea argumentativa, que el tribunal acepta, a partir de los testimonios de los señores “Carlos, John Kevin, Isabel Cristina y Mario Rodríguez”, que Rosendo visitaba a Damaris “dos o tres veces en 15 días”, lo que significa que el resto del tiempo permanecía en casa de Olga Rodríguez, por tanto, un lapso tan corto y a “hurtadillas”, no podía concebirse suficiente para admitir o “demostrar la intención de unidad familiar, de comunidad de vida, la cohabitación y el comportamiento de techo”, es decir, resultan insuficientes para acceder a la declaratoria de existencia de unión marital del causante y la última compañera y esposa. Aceptarlo es, como así aconteció por parte del sentenciador, brindar a las pruebas recogidas y, en especial los testimonios referidos, un alcance que no tienen.

Terminó insistiendo en que, dadas esas circunstancias, el tribunal, no debió aceptar la duplicidad de relaciones, pues en la que sostuvo Rosendo y Damaris no concurrían todos los requisitos establecidos en la Ley 54 de 1990.

Por último, aunque no fue objeto de pronunciamiento por parte del sentenciador, el promotor del recurso sumó a todo lo dicho algunas reflexiones sobre la prescripción alegada en la contestación de la demanda.

Segundo cargo

Concerniente con esta acusación el dislate provino, cual fue afirmado en el escrito pertinente, del “error de hecho por falso juicio de existencia”, en la medida en que el sentenciador omitió sopesar un “indicio contundente”, que, muy seguro, de haberlo hecho, el resultado del fallo hubiese sido diferente. Tal proceder, afirmó, comportó la violación de similares disposiciones a las memoradas en el primer cargo, así como el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

El actor refiere a varios de los testimonios recogidos por cuenta de una y otra parte, de cuyas versiones puede inferirse que el señor Rosendo López “no vivía en la casa de Damaris”, habida cuenta que las ayudas económicas, el mercado, las frutas, etc., que él le proveía, se las enviada a través de terceros. Y se pregunta, ¿de no ser cierta esta conclusión, por qué no esperar a la noche y él mismo le entregaba o le llevaba a la casa de Damaris esos elementos? Agregó, además, que los testigos habían afirmado que Rosendo dormía en la casa de Olga. Una y otra situación, reivindicó el actor, connotan el hecho indicador, consistente en que Rosendo no vivía con Damaris.

Cuando el tribunal pasó por alto la existencia de ese indicio incurrió en el error denunciado y, por ahí mismo violó la Ley 54 de 1990, en cuanto que dio por establecidos todos los requisitos que la misma exige en procura de considerar estructurada la relación marital de hecho entre Damaris y Rosendo. Y, obvio, tal proceder, comportó un fallo muy diferente al que debió emitirse. Así lo patentizó:

“Esa omisión, por demás grave, incidió para que el tribunal, desde luego, al no analizar el contundente indicio, no se percatara que efectivamente Rosendo no vivía en la misma residencia de Damaris; sino que a duras penas tenía un ‘hogar de paso’, lo que le permitió a la instancia aceptar que se habían llenado todos y cada uno de los requisitos de la norma sustantiva en su artículo 1º” (fl. 29, cdno. 4).

Se considera

1. La reseña plasmada en líneas precedentes indica, de manera nítida, por un lado, que el propósito de la demandante en casación es que se declare la existencia de unión marital de hecho y su consecuente conformación de sociedad patrimonial con el difunto Rosendo Alonso Giraldo López, por espacio de 30 años; por otro lado, dilucidar si el tribunal al negar la existencia de dicha relación explicitó, ciertamente, argumentos válidos referentes a la coexistencia de las dos relaciones de similares características que el occiso mantuvo o, contrariamente, en la formulación de semejante aserto vulneró la ley sustancial.

2. En esa línea, la censura, como se recordará, reprocha la sentencia definitoria de la controversia con el argumento de haber encontrado en algunas de las pruebas analizadas, sobre todo en las testimoniales, más de lo que las mismas indicaban; además, que pretermitió el reconocimiento de un indicio grave.

3. Fijado ese derrotero, cumple precisar ab initio que la Ley 54 de 1990, al crear el marco normativo que gobernaría las relaciones de pareja caracterizadas bajo claros y definidos propósitos en torno a la conformación o continuación de un núcleo familiar, esto es, las uniones maritales de hecho entre compañeros permanentes como así las denominó el legislador, delineó, en función de su reconocimiento, algunos requisitos cuya presencia resulta inevitable, particularmente y, si se quiere, en lo principal, la generación de efectos patrimoniales.

Por ejemplo, en lo que al caso bajo examen interesa, plasmó la exigencia de una comunidad de vida alrededor de dos pilares inconfundibles e imprescindibles: i) la permanencia; y, ii) la singularidad. Una y otra, de ello no hay duda, no pueden dejar de estar presentes, relievando, eso sí, que la citada normatividad se sustrajo de indicar qué particularidades debían cumplir uno u otro de esos presupuestos. Sin embargo, en multitud de pronunciamientos, la Corte ha delineado el alcance conceptual de ambos, amén de asentar pautas concernientes con su naturaleza y características, manteniendo en su esencia, hoy por hoy, las mismas aristas definitorias expuestas desde sus comienzos.

3.1. Obsérvese, sobre el primero de los requisitos, lo que expuso:

“De otro lado, esa unicidad se reafirma porque la unión marital exige que los compañeros permanentes hagan una ‘comunidad de vida permanente y singular’; la permanencia toca con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual; esta nota característica es común en las legislaciones de esta parte del mundo y se concreta aquí para efectos patrimoniales en dos años de convivencia única...” —Cas. Civil, sent. sep. 20/2000, Exp. 6117—.

Luego, sobre el mismo tema, dijo:

“Por consiguiente dos son los presupuestos que a juicio de esta Corte son fundamentales para reconocerle a la unión marital de hecho la situación jurídica prevista por la ley, ‘la licitud y la permanencia y estabilidad de la familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia matrimonial y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991’.

(...).

La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de vida, es pues un concepto que como acaba de apreciarse está integrado por elementos fácticos objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis, que unidos además a la descendencia común y a las obligaciones y deberes que de tal hecho se derivan, concretan jurídicamente la noción de familia. Destaca la Corte cómo derivado del ánimo a que se ha hecho referencia, deben surgir de manera indubitable aspectos tales como la convivencia de ordinario bajo un mismo techo, esto es la cohabitación, el compartir lecho y mesa y asumir en forma permanente y estable ese diario quehacer existencial, que por consiguiente implica no una vinculación transitoria o esporádica, sino un proyecto de vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin la cohabitación que posibilita que una pareja comparta todos los aspectos y avatares de esa vida en común.

Por tanto la permanencia referida a la comunidad de vida a la que alude el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 debe estar unida, no a una exigencia o duración o plazo en abstracto, sino concretada en la vida en común con el fin de poder deducir un principio de estabilidad que es lo que le imprime a la unión marital de hecho, la consolidación jurídica para su reconocimiento como tal. En consecuencia, insiste la Corte, la comunidad de vida permanente y singular, a voces de la Ley 54, se refiere a la pareja, hombre y mujer, que de manera voluntaria han decidido vivir unidos, convivir, de manera ostensible y conocida por todos, con el ánimo y la intención de formar una familia con todas las obligaciones y responsabilidades que esto conlleva.

El artículo 42 de la Constitución Política señala que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y como tal debe protegerse por el Estado, la que puede constituirse por vínculos jurídicos o naturales o por la voluntad responsable de conformarla, disposición que sirve de fundamento al artículo 1º de la Ley 54 de 1990, norma que como ya se dijo, precisa que la unión marital de hecho es la formada por un hombre y una mujer que sin estar casados hacen comunidad de vida permanente y singular, es decir, que el Estado protege esta unión por cuanto es una de las fuentes de la familia como consecuencia de una decisión libre de la pareja de conformarla, esto es, de compartir la vida mediante una comunidad de vida permanente y singular, con iguales propósitos y fines, a fin de proporcionarse mutuamente ayuda y socorro de manera estable y permanente, para lo cual los compañeros deben compartir los aspectos fundamentales de su vida, dado que la sola unión esporádica no garantiza la permanencia, ni demuestra la intención de conformar una familia” —destaca la Sala— (Cas. Civil, dic. 12/2001, Exp. 6721).

En otra oportunidad sostuvo:

“Es menester, la convivencia o comunidad de vida singular, permanente y estable, a punto que la unión marital de hecho ‘no nace, sino en cuanto que se exprese a través de los hechos, reveladores de suyo de la intención genuina de mantenerse juntos los compañeros” (sent. sep. 10/2003, Exp. 7603).

Y al volver sobre ello indicó:

“Así, los sintagmas ‘comunidad’, ‘de vida’, ‘permanente’ y ‘singular’, necesitan una relación contextual de modo que el sentido emerja, no solo de cada uno visto aisladamente, sino del conjunto de ellos.

Así, la expresión ‘comunidad de vida’ implica de suyo la comunión permanente en un proyecto de vida, no episodios pasajeros, sino la praxis vital común. Si la comunidad de vida es entre dos, por exigencia de la misma ley, y si esa comunidad es de ‘la vida’, no se trata de compartir fragmentariamente la vida profesional, la vida sexual, la vida social, la vida íntima, ni siquiera de la vida familiar, sino de compartir toda ‘la vida’, concepto de suyo tan absorbente que por sí solo excluiría que alguien pueda compartir ‘toda la vida’ con más de una pareja” (Cas. Civil, sent. sep. 5/2005, Exp. 1999 0150 01).

Con posterioridad, referente al mismo punto, precisó:

“... esa comunidad de vida debe ser firme, constante y estable, pues lo que el legislador pretende con esa exigencia es relievar que la institución familiar tiene, básicamente, propósitos de durabilidad, de estabilidad y de trascendencia” (Cas. Civil, sent. abr. 10/2007, Exp. 2001 00451 01).

En reciente decisión, siguiendo los mismos derroteros trazados, esto es, qué características debía exteriorizar la relación desarrollada por la pareja a propósito de consolidar la unión marital bajo las orientaciones de la ley referida, asentó:

“Análogamente, la unión marital de hecho no se configura por simples relaciones casuales, ocasionales, efímeras, transitorias, esporádicas, o azarosas, sino en virtud de la unión de personas no casadas entre sí que conviven more uxorio, hacen comunidad de vida estable y permanente plasmada en las relaciones sexuales, la ayuda, el socorro mutuo y la affectio marital” —destaca la Sala— (Cas. Civ., sent. mar. 11/2009, Exp. 2002-00197-01).

Conclúyese, entonces, a partir de la memoria registrada en líneas precedentes que, para la Corte, algunas circunstancias de diferente naturaleza deben concurrir en procura de demostrar la permanencia, imprescindible, por lo demás, en la relación de los compañeros en función de la unión marital. Entre otras, por ejemplo, bien pueden reseñarse: la asistencia económica, el socorro mutuo, las relaciones sexuales, la cohabitación y, en fin, el ánimo o intención de conformar una familia (affectio marital). Resáltase, adicionalmente, que ese vínculo, en cuanto al aspecto temporal, no es dable concretarlo a meras ocasiones o, simplemente, reflejar encuentros fortuitos. La relación, desplegada ha de trasmitir la creencia de que allí, en esa cercanía, pervive o se ha incubado un propósito de familia.

3.2. Ahora, relativamente a la segunda exigencia, esto es, la singularidad, la corporación ha referido a lo largo de las dos décadas de vigencia de la disposición citada, lo que sigue:

“La ley solo le otorga efectos civiles a la unión marital de hecho que se conforma por un solo hombre y una sola mujer, lo que, per se, excluye que uno u otra puedan a la vez sostenerla con personas distintas y da para decir que si uno de los compañeros tiene vigente un vínculo conyugal, lo contrae después, o mantiene simultáneamente una relación semejante con un tercero, no se conforma en las nuevas relaciones la unión marital, e incluso, eventualmente se pueden desvirtuar las que primero fueron iniciadas; en el fondo, implícitamente se produce el efecto personal de la exclusividad de la relación. Otra cosa es que ante la ocurrencia de uniones maritales en la que uno o ambos compañeros son casados, la ley haya tomado las medidas conducentes para que exista una debida separación temporal, tanta que impida la concurrencia de distintas sociedades patrimoniales, dado que la presencia del vínculo matrimonial genera de inmediato la sociedad conyugal.

De otro lado, esa unicidad se reafirma porque la unión marital exige que los compañeros permanentes hagan una ‘comunidad de vida permanente y singular’; (...) e indudablemente atenta contra esa estabilidad y habrá casos en que la descarta el hecho mismo de que un hombre o una mujer pretenda convivir, como compañero permanente, con un número plural de personas, evidentemente todas o algunas de estas relaciones no alcanzan a constituir una unión marital de hecho.

Y que la comunidad de vida sea singular atañe con que sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie, cuestión que impide sostener que la ley colombiana dejó sueltas las amarras para que afloraran en abundancia uniones maritales de hecho, y para provocar conflictos mil para definir los efectos patrimoniales; si así fuera, a cambio de la seguridad jurídica que reclama un hecho social incidente en la constitución de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, se obtendría incertidumbre.

(...).

La explicación de la característica de singular que el citado artículo primero contempla, no es más que la simple aplicación de lo hasta aquí dicho en torno al objetivo de unidad familiar pretendido con la unión marital de hecho, por cuanto la misma naturaleza de familia la hace acreedora de la protección estatal implicando para el efecto una estabilidad definida determinada por una convivencia plena y un respeto profundo entre sus miembros en aplicación de los mismos principios que redundan la vida matrimonial formalmente constituida, pues, como se indicó, se pretendió considerar esta unión como si lo único que faltara para participar de aquella categoría fuera el rito matrimonial que corresponda.

Además, y no es razón de poca monta, constituye norma de hermenéutica que las palabras de que se sirve el legislador, si no es que este les da un significado especial y particular, deben entenderse en su sentido natural y obvio, según su uso general.

La singularidad de algo puede entenderse por su peculiaridad o especialidad, atendiendo que no se parece del todo a otra cosa. Pero también entraña el contrario de plural. El empleo que de ella hizo la Ley 54 dice más de la segunda de las anotadas acepciones que de la primera; vale decir, refiere es al número de ligámenes o uniones maritales y no a la condición sui géneris de la relación; esto es, la exigencia es que no haya en ninguno de los compañeros permanentes más uniones maritales que la que los ata, la que, en consecuencia, ha de ser exclusiva. Porque si uno de ellos, o los dos, sostiene no solo esa unión sino otra u otras con terceras personas, se convierte en una circunstancia que impide la configuración del fenómeno.

Cuando se insinúa que por la evidente posibilidad práctica de que una persona tenga relaciones maritales con varias personas debe dársele el correspondiente cubrimiento jurídico a cada una de ellas, se le da visos superficiales y simplemente matemáticos a lo que debe ser una comunidad ubicando dentro de ella las varias relaciones en los que una misma persona conviva con otras en forma simultánea, desvirtuando en forma radical el concepto de unidad familiar tan ampliamente defendido en nuestra Constitución y lo que el legislador expresamente pretendió con dicha regulación.

Ninguna razón de orden jurídico, pues, asiste al recurrente para sostener la posibilidad de la concurrencia de varias uniones maritales que involucre a un compañero permanente común, en pos de defender los intereses de la demandante a quien el tribunal no le otorgó el reconocimiento de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho (...) con el argumento de que judicialmente ya había sido reconocida una sociedad patrimonial originada en la unión marital que constituyó la misma persona, en vida, con persona distinta y durante el mismo término” (Cas. Civil, sent. sep. 20/2000, Exp. 6117).

Luego advirtió:

“La singularidad atañe a la identidad específica, ‘que sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie” (Cas. Civil, sent. sep. 20/2005, Exp. 1999-0150-01).

En fecha más reciente, plasmó las siguientes reflexiones:

“En ese mismo sentido, bueno es precisar que en la ponencia para el primer debate de la normatividad en comento, se dejó expresamente consignado que era muy importante ‘señalar que en todos los casos se ha pretendido evitar la legitimación de uniones simultáneas conyugales o de hecho, no solamente con base en argumentos morales, sino también para prevenir una fuente inacabable de pleitos, donde las dificultades probatorias son obvias’ (Gaceta del Congreso, oct. 24/88, pág. 9). Tal exposición de motivos, sin duda permite entender que las expresiones lingüísticas ‘comunidad de vida permanente y singular’, empleadas en la Ley 54 de 1990, todas a una convergen en la exigencia de exclusividad, y por fuerza de las reglas de la lógica, la pluralidad de relaciones de similar naturaleza destruye la singularidad” (Cas. Civil, sent. sep. 5/2005, Exp. 01999-0150-01).

Síguese, entonces, que la expresión singular, en defecto de una precisión legislativa en la génesis o formación de la Ley 54 de 1990, como así quedó registrado en las citas efectuadas debe entenderse, acudiendo al uso común de la palabra (C.C., art. 28), y, tal cual lo resaltó la Corte, deviene indicativa de una sola relación; es decir, la realidad de la unión marital de hecho entre compañeros puede pregonarse siempre y cuando no concurra, por los mismos periodos, otra de similar naturaleza y características, entendiendo como tal la simultaneidad de ataduras, permanente y simple; eventualidad que, según las circunstancias, comportaría la destrucción de cualquiera de ellas o de ambas, impidiendo, subsecuentemente, el nacimiento de un nexo de ese linaje.

Alrededor del punto, dada su pertinencia, expresó la Corte:

“Empero, y esto hay que subrayarlo firmemente, una vez establecida una unión marital de hecho, la singularidad que le es propia no se destruye por el hecho de que un compañero le sea infiel al otro, pues lo cierto es que aquella, además de las otras circunstancias previstas en la ley, cuyo examen no viene al caso, solo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros...” —Cas. Civil, sent. abr. 10/2007, Exp. 2001 00451 01—.

4. Corolario de lo expresado surge que la normatividad vigente, así como los constantes y reiterados pronunciamientos de la Corte, tal cual quedó reseñado en precedencia, en cuanto a la formación de la unión marital entre compañeros permanentes, imponen, sin resistencia alguna, por un lado, que los mismos permanezcan juntos, compartan techo, materialicen día a día ese proyecto de vida en común, se brinden asistencia económica y moral; en fin, que patenticen de manera firme y evidente el ánimo de construir una vida en conjunto; por otro, que la relación desplegada en los términos precitados, concierna con solo una pareja, es decir, que esa unión se muestre singular, lo que implica la exclusión, en términos absolutos, de la posibilidad de una duplicidad de uniones con características similares, esto es, una y otra con la potencialidad de consolidar, concomitantemente, más de un vínculo de esa naturaleza.

La existencia de relaciones esporádicas o pasajeras, aún en presencia de descendencia fruto de las mismas, no alcanzan a considerarse uniones maritales con las características propias de la Ley 54 de 1990, y menos logran destruir las que se desarrollan conforme a las exigencias de la referida ley. Referencia esta que no devela, ni por asomo siquiera, que la Sala esté legitimando o estimulando la infidelidad alrededor de la unión marital entre compañeros permanentes, pues, igual que acontece en la relación matrimonial, cuyo reflejo, en lo pertinente, debe proyectarse a las uniones referidas, eventos de esa índole devienen excluidos y son objeto de repulsa. Empero, en una u otra relación, circunstancias semejantes quedan bajo la potestad de los consortes o de los compañeros permanentes, quienes, en últimas, bajo la protección y parámetros fijados en la ley, decidirán el destino de esos vínculos, ya propiciando la destrucción del mismo, si del matrimonio se trata (C.C., art. 154), ya decidiendo la culminación de la unión marital en ciernes (L. 54/90, art. 1º), o una vez constituida esta última, su terminación bajo el amparo de la Ley 979 de 2005.

Lo cierto, como conclusión de lo dicho, es que al examinarse los conceptos de singularidad y permanencia en la unión marital, no pueden estructurarse criterios totalizadores o absolutos; tampoco, puede habilitarse cualquier relación para aniquilar la unión marital existente o en proceso de formación.

5. Fijados esos derroteros, al analizar la sentencia emitida y el cuestionamiento expuesto por el recurrente, con el propósito de establecer la realidad de los errores denunciados, cumple recordar que el juzgador de segunda instancia, a partir de la valoración de las versiones recogidas, tanto de las partes como de terceros, negó la declaratoria de la unión marital conformada por la actora y el fallecido Rosendo Alonso Giraldo López, debido a la pluralidad de uniones que encontró, conclusión que, según el impugnante, devino de una deformación en la valoración de esos elementos de prueba.

6. Bajo tal perspectiva, pertinente resulta memorar que, como de antaño se tiene establecido, los fallos impugnados a través del recurso extraordinario de casación, cuando llegan a esta corporación, lo hacen soportados por la presunción de acierto y de legalidad que los acompaña; lo anterior significa, que al gestor de la censura le asiste el inevitable compromiso de enfrentar la decisión reprochada, previo examen de la misma, auscultando los procedimientos evaluativos acometidos por el ad quem alrededor de los aspectos fácticos y jurídicos involucrados en la controversia, desnudar sus falencias o desaciertos y, así, puestos en evidencia, combatirlos hasta el punto de derruir su basamento.

7. Y cuando la acusación propuesta alude a los yerros en que ha podido incurrir el juzgador al momento de sopesar los elementos persuasivos, el reproche aducido no debe quedarse solo en su enunciación, sino que el compromiso del actor comporta su acreditación. En los siguientes términos lo consagra la legislación procesal civil: “la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre” —destaca la Sala— (CPC, art. 374).

7.1. Por tanto, el casacionista en el propósito de desquiciar el fallo adoptado, en estos precisos eventos, debe presentar o exhibir el yerro atribuido al sentenciador y, además, exponer lo evidente o manifiesto del mismo; que se perciba a primera vista. Dicho en otras palabras y reducido el tema al asunto ventilado, el impugnante al enrostrarle al tribunal la equivocación denunciada cuando este apreció el recaudo probatorio recogido en el proceso, tiene que considerar que su propuesta impugnativa, para salir avante, ha de referir a una equivocación evidente, mayúscula o, como lo advierte la norma, el error debe ser manifiesto.

Precisamente, alrededor de los requisitos para delinear una acusación a través del recurso extraordinario de casación, por defectos en la actividad probatoria, cuando de errores de hecho se trata, la corporación ha dicho en recientes decisiones:

“Acerca de este tema, la Sala ha destacado de modo uniforme la autonomía del juzgador de instancia en la apreciación del contenido o materialidad de las pruebas, de modo que debe mantenerse, con fundamento en la presunción de legalidad y acierto de su decisión, mientras no incurra en un error notorio, ostensible, evidente o protuberante ‘cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio (...) Ocurre, verdaderamente, cuando el fallador está convicto de contraevidencia; o, como la propia ley lo dice, cuando incurre en yerro ‘que aparezca de manifiesto’...’ (Cas. Civil, sents. jul. 11/90 y ene. 24/92), y naturalmente, trascendente, o sea, de tal connotación que por su inteligencia, la decisión sería otra.

A este particular, tiene sentado la Sala que ‘... la discreta autonomía de que se encuentran dotados los juzgadores para el desarrollo de su compleja misión, apareja que el debate alrededor de la apreciación y valoración de las pruebas quede, en línea de principio, cerrado definitivamente en las instancias, sin que, por ende, sea posible reabrirlo con ocasión de un recurso extraordinario, a menos que, en casos excepcionales, los yerros denunciados, a más de trascendentes, puedan ser calificados de notorios, palmarios o manifiestos, es decir, que su individualización y prueba aflore sin mayores esfuerzos, raciocinios o elucubraciones, al punto que resulte francamente inocultable para cualquiera e imponga el quiebre de una decisión judicial’ (Exp. 1997-09327), ‘solo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible es procedente abrirle paso al recurso’ (Cas. Civil, sent. ene. 31/2005, Exp. 7872; se subraya), en cuanto el fallo judicial ‘no se puede socavar mediante una argumentación que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial’ (Cas. Civil, sent. feb. 5/2001, Exp. 5811)” —destacado fuera de texto— (Cas. Civil, sent. jul. 27/2010, Exp. 2006 00558 01).

Luego, en el mismo sentido, expresó:

“‘... Por averiguado se tiene que por cuanto los jueces gozan de discreta autonomía en la valoración probatoria para tomar sus decisiones y las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan a la Corte precedidas de la presunción de verdad y acierto, la tarea de quien recurre en casación obligadamente tendrá que estar dirigida a demostrar que el dislate que le achaca al ad quem es notorio y trascendente, esto es, de tal tamaño que a la primera mirada se advierta la contraevidencia de la determinación adoptada con la realidad que surge del proceso, ya que como él ‘es autónomo en la apreciación de las pruebas, sus conclusiones al respecto son intocables en este recurso extraordinario, mientras por el impugnante no se demuestre que aquel, y al efectuar tal apreciación, no incurrió en error de hecho evidenciado de los autos o en infracción de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios de convicción aducidos’ (G.J., t. CCXXXI, pág. 644).

Es palmario, entonces, que tan solo cuando el yerro del fallador brota con absoluta claridad es posible abrirle paso a la casación, vale decir, únicamente en aquellos casos en que incurra en una equivocación protuberante y trascendente, de donde se desprende que la acusación que no se dirija a enrostrarle vicios de esa envergadura no pasará de ser inane, como lo será igualmente la que se apoya en fundamentos dubitativos, toda vez que al no corresponder ninguno de tales supuestos a las reseñadas exigencias, habrá de otorgarse prevalencia a los razonamientos que el juez de segundo grado haya dejado sentados en el fallo, comoquiera que ‘el error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiera llegado, ‘luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (G.J., t. CCLVIII, págs. 212 y 213). En tales eventos se impondría el fracaso de la acusación, puesto que, como lo ha dicho la Sala, la ruptura del fallo acusado solo podría fundarse en la certeza y no en la duda’ (G.J., t. CVII, pág. 289), en tanto que esta jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales’ del juzgador (G.J., t. CCXXXI, pág. 645)’.

Bajo esa perspectiva, la presunción de acierto con que llegan las decisiones de instancia a esta corporación, no puede ser infirmada sino en la medida en que el yerro denunciado sea de tales características que no puede, bajo consideraciones de razonabilidad y coherencia, mantenerse en pie la sentencia cuestionada. Por ello, las acusaciones en torno a la valoración que el ad quem realizó de testimonios o grupos de ellos, para el quiebre del fallo, debe evidenciar tal desacierto que surja contrario a toda evidencia y trasgreda de manera notoria e irresistible la función esencial del funcionario judicial como es resolver con sujeción a los parámetros legales y procesales.

Por manera que la posibilidad, de que en este ámbito el recurso de casación prospere está condicionada, itérase, a que el error denunciado aparezca con tal notoriedad que resulte inevitable observarlo, es decir, que la equivocación denunciada deberá percibirse sin esfuerzo alguno, pues se evidencia de manera abultada; por supuesto que de no ser así la Corte entraría en predios que le están vedados habida cuenta que concierne con la autonomía en la valoración de pruebas de los jueces de instancia” —destaca la Sala— (Cas. Civ., sent. nov. 26/2010, Exp. 2007 00116 01).

Directrices que reflejan plena armonía con la clase de impugnación que ocupa a la Corte, pues, clarificado está que la misma no está instituida para analizar, nuevamente, los aspectos fácticos del proceso; sin duda, no constituye una tercera instancia, en donde, a partir de una evaluación nueva y total del origen del conflicto y las resultas del proceso (tema decidendum) haya de procurarse una valoración panorámica del conflicto o alrededor de aspectos como las pruebas recogidas, sino para sopesar y enmendar los eventuales errores en que haya podido incurrir el juzgador al resolverlo.

7.2. Y cuando el desatino enrostrado al sentenciador de segunda instancia hace referencia de manera particular a la prueba de testimonios, su apreciación o el alcance brindado por el tribunal, ha dicho la Corte que:

“Justamente, el entendimiento del tribunal, encuentra respaldo en el análisis razonable de los testimonios, lo cual, excluye de suyo los desaciertos probatorios, más aún, si en hipótesis como la de la litis, son ambivalentes, poco precisos y pueden conducir a conclusiones diferentes, dentro de estas las adoptadas por el juzgador fundado en su análisis conjunto y en otra declaración, donde el ‘acogimiento de unas de ellas por el sentenciador, así sea implícitamente, no da pie para estructurar un reproche en casación que exige, respecto del error de hecho en la apreciación probatoria, que la equivocación aparezca de modo manifiesto o palmario, lo que no sucede cuando, como aquí, no se vislumbra que haya debido hacerse una estimación enteramente distinta como la que propone el censor, quien, en esa medida, no alcanzó a demostrar la existencia de un yerro evidente, ni por lo dicho trascendente (...) Tanto más se avala la última conclusión, si los hechos que quiere traducir en su favor la demandante no son absolutamente inequívocos (...), pues, como ha dicho esta corporación ‘si un hecho admite una o más interpretaciones que no pugnan con la evidencia, la circunstancia de que el tribunal elija la que en el sentir del recurrente y aún en el de la Corte, no sea la más atendible, no sería constitutiva de error evidente pues el requisito de la evidencia excluye toda argumentación que se fundase en las probabilidades y no en la certidumbre’ (CXLII, pág. 245 y CXXVI, pág. 136)’ (Cas. Civil, sent. dic. 16/2004, Exp. 7281; se subraya); ‘a lo que cabe agregar que cuando se está frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisión en uno de ellos con desestimación del restante, pues en tal caso su decisión no estaría alejada de la realidad del proceso’ (Cas. Civ., sent. sep. 18/98, Exp. 5058), pues tiene dicho la Sala, de vieja data, que ‘cuando militan pruebas en diversos sentidos, el acogimiento por el sentenciador de las que le ofrezcan mayores bases de credibilidad con desestimación de otras, no conforma yerro...’ (se subraya) excepto cuando se ‘incurra en absurdos o que la apreciación del fallador riña con la lógica’ (Cas. Civil, sents. dic. 5/90 y oct. 7/92)’ —destaca la Sala—.

En el sub examine, el tribunal apreció los testimonios enunciados en la acusación, según las directrices de la sana crítica ex artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, o sea, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, en ejercicio de su discreta autonomía, y no incurrió en los errores de hecho imputados” (Cas. Civ., sent. jul. 27/2010, Exp. 2006 00558 01).

8. En el sub examine, el juzgador de segunda instancia, claramente dejó establecido que, en su parecer, los testimonios de los señores Carlos Alberto Torres Rodríguez, Jhon Kevin Torres Rodríguez, Gabriel Rodríguez Hurtado, Isabel Cristina Corredor Agudelo, Mario Rodríguez Hurtado, Martha Lucía Chica Ocampo, Roberto Salgado Castaño, Armando Augusto Henao Valencia y Gloria Patricia Granada Quintero, quienes, provenientes de ambas partes, describen cómo fue la relación del occiso con la actora y con la señora Damaris Gil, relatos que valorados de manera individual y conjunta, como así lo precisó el fallo cuestionado, generaron la suficiente persuasión en el funcionario, pues, dichos deponentes, a la par de verter sus testimonios, dejaron plasmada la razón de su dicho. Es bueno resaltar, que entre ellos se encuentran familiares del causante y de las compañeras permanentes; socios de negocios y empleados, incluyendo la del servicio de la señora Gil.

En la sentencia cuestionada el funcionario acusado asentó que la relación del señor Rosendo Giraldo López con la señora Damaris Gil no era esporádica ni ocasional, no fue solo producto de una aventura o de una noche de borrachera; reseñó que tal conclusión derivaba del hecho de haber concebido con ella tres hijos, de los cuales dos eran mayores de edad; que la relación sentimental con ella tuvo orígenes, incluso, cuando contaba trece años; que le recibió dos hijas, aún infantes, concebidas con una tercera señora y las atendió como suyas. Reflexionó, también, sobre las repercusiones de “la venta de inmuebles de Rosendo a Damaris, para cuando esta ya tenía la mayoría de edad, en 1989, 1991 y, la adquisición conjunta en 1992, 1998, 1999, 2000”, lapsos de tiempo que comprenden la época en que todavía convivía con la actora.

Agregó el ad quem que el significado de convivencia varía cuando “la ‘familia visitada’ está conformada por una mujer con la cual se tiene relación sentimental”. Aceptó, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, que así no fuera permanente la presencia del compañero en la casa de habitación de Damaris, por lo menos asistía con frecuencia. En esa dirección infirió, la comunidad o convivencia no deviene alterada o desvirtuada por el hecho de aceptarse que el difunto no pernoctara todas las noches en la casa de Damaris o, al contrario, que por no faltar en el hogar de Olga, aceptando con ello que no permanecía en la residencia de aquella, itérase, quedaba patentizada la falta de este último requisito.

En fin, para el fallador, las características de la relación que mantuvo el difunto con la señora Damaris Gil, incluyendo el tiempo compartido, “no evidencia la existencia de una mera infidelidad con respecto a la relación con Olga, se itera, por la forma como aquella relación surgió y continuó hasta la muerte de aquel”, lo que descarta la singularidad exigida en la Ley 54 de 1990, con mayor razón si, con ella, contrajo matrimonio y permanecieron en compañía hasta los últimos años de su vida (2000-2007). Es claro, como fue advertido en líneas precedentes, que en la medida en que la propia ley alberga la posibilidad de más de una relación de la misma jerarquía, aquel concepto (permanencia) no puede ser reducido, exclusivamente, al aspecto temporal, en el entendido que la pluralidad de relaciones, impone, concomitantemente, por razón de compartir con otra persona, la reducción del tiempo con una u otra familia, luego, frente a esa hipótesis, nada extraño resultaría que la persona involucrada en una circunstancia como la descrita alternara su presencia física en cada lugar y, por obvias razones, una de las relaciones sostenidas o las dos, reflejen la presencia reducida o parcial del compañero.

Elucubraciones que comportan una aceptación por parte del tribunal en el sentido de que el compañero permanente tanto de la actora como de la demandada, no permanecía todo el tiempo en la casa de la señora Damaris, las que conducen a afirmar que el indicio al que refiere el actor en su reproche casacionista sí fue tenido en cuenta por el fallador, pues tal aspecto fáctico indicador fue el argumento expuesto por el juez de segunda instancia, en su decisión.

9. Esas reflexiones del sentenciador, en la medida en que existan contradicciones o inconsistencias de algunos deponentes, no resultan afectadas en su valoración, pues, por sabido se tiene que, el declarante cuando vierte su testimonio, el ejercicio que cumple es revelar un acontecimiento o hecho en particular que reservado en su memoria y, según determinadas circunstancias, al reproducirlo o explicitarlo bien puede no resultar plegado a la realidad del suceso sobre el que recae su versión; es probable, entonces, que en esa dinámica la extensión del relato no describa de manera pormenorizada y coincidente, con los restantes elementos de juicio y, en especial los demás testimonios, todas las características y matices de lo expuesto. Por esa razón, en el análisis que efectúa, habrá de morigerar, a partir de la aplicación de las máximas de la experiencia, los efectos generados por la no coincidencia absoluta en los testimoniantes, o por las eventuales contradicciones o vacíos que observe.

A propósito de esa situación, la corporación ha plasmado su parecer en los siguientes términos:

“Como la contradicción entre varios testimonios puede ser de distinta índole, habida cuenta que puede recaer sobre el hecho principal que se pretende probar, o respecto de algunas circunstancias accesorias o, en fin, puede referirse a cuestiones meramente secundarias, son, subsecuentemente, disímiles sus efectos, de modo que primordialmente podrían ver menguada su eficacia demostrativa aquellas testificaciones que están en abierta discordancia respecto del hecho principal que se trata de probar, descrédito que sería mayor en cuanto menos atribuible sea la contradicción a errores derivados de la desatención en la percepción o al olvido al declarar. En cambio, si la disparidad toca con aspectos francamente incidentales, no relacionados con el hecho fundamental por probar, no podría hablarse de una verdadera contradicción entre los testigos. Es obvio que en esos aspectos irrelevantes pueden y suelen presentarse discordancias entre ellos, originados en las particulares condiciones de aprehensión de los hechos, de la impresión que en ellos hubiesen estos dejado, de su capacidad de fijar los detalles de los mismos y de recordarlos y, en últimas, del juicio que al respecto se hubiesen formado” (Cas., sent. oct. 26/2001, Exp. 5942).

10. Así, bajo la perspectiva trazada, las conclusiones incorporadas en la sentencia no aparecen como capricho del juzgador, sino reflejan un estado de cosas compatibles con la descripción constante que ha realizado la Corte, en multitud de providencias, alrededor de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes y, concretamente, en lo relativo a la permanencia y singularidad de ese vínculo. Refulge incontestable que una relación como la sostenida por el compañero fallecido y la señora Damaris, mantenida en el tiempo por época similar o mayor a la que sostuvo con la actora, persona aquella con quien procreó tres hijos y con quien, además, mantuvo permanente contacto y asistencia económica y moral, no resulta ser superficial, esporádica o producto de una mera infidelidad. Así lo percibió y evaluó la decisión del tribunal y en ese contexto tal juicio no trasluce un error manifiesto.

Y si bien los planteamientos del recurrente, en ambos cargos, al denunciar los eventuales desatinos de la sentencia reprochada, son blandidos de manera coherente y razonada, dichos argumentos no pueden concebirse como la única y exclusiva explicación o tesis concerniente con la vida del difunto Giraldo López y sus relaciones tanto con la demandante como con la demandada Damaris Gil; como fue advertido en los diversos pronunciamientos memorados, en la medida en que los planteamientos del censor no excluyan otras hipótesis o lecturas del acervo probatorio, no puede afirmarse que el desatino atribuido al tribunal sea notorio, luego, siendo así las cosas, la decisión cuestionada no puede ser tildada de violatoria de las normas enunciadas y, por ahí mismo, aparece que la impugnación extraordinaria queda condenada al fracaso.

11. Por tanto, si el ad quem, a partir de sopesar, de manera conjunta, los testimonios recogidos llegó a la conclusión de que el compañero de la actora sostenía, simultáneamente, otra relación similar con persona diferente, inferencias que, como fue advertido, no son producto de su capricho y, contrariamente, reflejan el parecer de la Corte plasmado en diferentes providencias en cuanto al concepto de permanencia y singularidad, no puede aceptarse el reproche propuesto.

Todo lo expuesto conduce a negar la prosperidad de los cargos.

Decisión

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que profirió la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 16 de septiembre 2010, dentro del proceso ordinario adelantado por Olga Rodríguez Hurtado contra Damaris Gil Marín, en su condición de cónyuge sobreviviente del señor Rosendo Alonso Giraldo López y, como heredero determinado, Jorge Alonso Giraldo Gil, así como de los indeterminados; causa a la que fueron llamados como litisconsortes necesarios Julio Andrés y Valentina Giraldo Gil, representada por su progenitora Damaris Gil Marín; María Elizabeth y María Johana Giraldo Echeverri, dada la calidad de hijos del occiso.

Condénase al demandante recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso extraordinario. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, para tales efectos, inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000 m/cte. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.