Sentencia 2007-00332 de agosto 20 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 470011102000200700332 01

Aprobado según Acta 069 de esta misma fecha

Magistrado Ponente (E)

Dr. Rafael Alberto García Adarve

Bogotá D.C., veinte de agosto de dos mil quince

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Extractos «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta Corporación tiene competencia para conocer en grado de consulta las providencias proferidas por los Consejos Seccionales, de acuerdo con lo establecido por los artículos 256.3 de la Constitución, 112.4 de la Ley 270 de 1996 y 59.1 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela

2. Identificación de los disciplinados.

En este proceso se investiga al abogado XXXXX XXXXX XXXXX, identificado con Cédula de Ciudadanía XX.XXX.XXX y Tarjeta Profesional XX.XXX. En los últimos 5 años, el abogado registra una sanción disciplinaria de exclusión en el ejercicio de la profesión, proferida en el marco del Proceso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Así mismo, el presente proceso se surte en contra del abogado XXXXXX XXXXX XXXXXX, identificado con la Cédula de Ciudadanía XX.XXX.XXX y Tarjeta Profesional XXX.XXX. En los últimos 5 años, el abogado registra una sanción disciplinaria de suspensión por 2 meses en el ejercicio de la profesión, proferida en el marco del Proceso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. Análisis del caso concreto.

En el presente asunto el abogado XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX fue sancionado por haber incurrido en las conductas descritas en los numerales 1º y 6º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, cuyo texto legal es el siguiente:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

6. No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos”.

A su vez, el abogado XXXX XXXX XXXXX XXXXX fue sancionado por la comisión de las faltas previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, los cuales establecen:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

5. No rendir, a la menor brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o con ocasión del mismo”.

Al respecto se encuentra probado en el proceso que, el 16 de enero de 2007, el señor XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX otorgó poder al abogado XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX para que en su nombre y representación presentara demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguro Social (I.S.S.) - Seccional Magdalena, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.

Posteriormente, el abogado XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX sustituyó el referido poder al abogado XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX, quien presentó demanda ordinaria laboral ante la oficina de reparto del circuito de Ciénaga, el 22 de enero de 2007.

Mediante Auto del 7 de febrero de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena) reconoció personería para actuar a los referidos abogados y admitió la demanda laboral en favor del señor XXXXX XXXXX XXXXX.

El 22 de junio de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena) dictó sentencia mediante la cual, resolvió:

• Condenar al I.S.S. al pago de una pensión de vejez en favor del señor XXXXX XXXXX XXXXX, “a partir del 11 de mayo de 1998, en cuantía inicial de doscientos setenta y un mil setecientos treinta pesos con 32/100 centavos ($271.730,32) M/L., siendo el valor de su mesada para el año 2007 la suma de quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 89/100 centavos ($534.498,89) M/L.”.

• Condenar a la entidad demanda al pago de sesenta y tres millones setecientos veinte mil seiscientos treinta pesos con noventa y cuatro centavos ($63.720.630,94), por concepto de mesadas dejadas de pagar desde el momento en que el demandante adquirió el derecho a la pensión de vejez, hasta la fecha del referido fallo, dicho monto debía ser actualizado al momento de incluirse en nómina.

• Adicionalmente, se condenó en costas a la entidad demanda. En relación con ello, el 4 de julio de 2007, se fijaron las agencias en derecho en $6.372.000.

El 24 de julio de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena) resolvió librar mandamiento de pago en contra del I.S.S a favor del señor XXXXX XXXXX XXXXX, por la suma de $154.102.376. Para ello ordenó el embargo de las sumas de dinero que pudiera tener la entidad demandada en el Banco de Occidente de la ciudad de Santa Marta, limitando la medida cautelar a $177.220.000.

El 6 de agosto de 2007, el Banco de Occidente informó al juzgado laboral que en cumplimiento del auto del 24 de julio de 2007, procedió a consignar en depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia la suma de $177.200.000; de igual forma el 22 de agosto de 2007, se aprobó la liquidación del crédito laboral en $164.443.501 y se ordenó pagar dicha suma al abogado XXXXX XXXXX XXXXX, mediante el Título Judicial 54197.

Finalmente, obra en el expediente de la investigación penal 81064, tramitada por la Fiscalía 16 Seccional de Santa Marta, un documento titulado “Constancia total de pago”, suscrito el 9 de noviembre de 2007, por el señor XXXXXX XXXXX XXXXX, mediante el cual hace constar que recibió de los abogados XXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX la suma de $32.000.000, en virtud del proceso laboral que, como sus apoderados, los abogados tramitaron ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena).

Con todo, a lo largo del presente proceso, el quejoso afirmó que únicamente le fue entregada la suma de $17.000.000 como resultado del proceso laboral que los abogados denunciados tramitaron en su nombre y que, tras dicha entrega, suscribió un recibo del cual no recibió copia. Asimismo, señaló que en ningún momento acordó la suma que los abogados recibirían a título de honorarios.

Conforme a lo expuesto, se encuentra primeramente demostrado que el abogado XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX celebró un contrato de mandato con el señor XXXXX XXXXX XXXX para tramitar un proceso ordinario laboral, producto del cual obtuvo un beneficio desproporcionado, toda vez que, pese a que en el proceso se recaudó la suma de $164.443.501, el quejoso aseguró haber recibido tan solo $17.000.000 y, en cualquier caso, el recibo aportado por los abogados en el marco del proceso penal, solo da cuenta de haber entregado la suma de $32.000.000.

Es decir, que en cualquiera de las dos hipótesis, el quejoso recibió menos del 50% de lo que, efectivamente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena) entregó mediante el Título Judicial 54197.

En lo referente a los tres factores, “necesidad, ignorancia y inexperiencia”, tenemos que frente al primero, si existía ese grado de extrema necesidad, pues estamos hablando de un señor que para la fecha de interposición de la demanda ordinaria laboral contaba con más de 65 años de edad, y por contera, sus pretensiones que iban encaminadas al reconocimiento pensional y el pago de sus mesadas, era de vital importancia para su subsistencia y la de su familia; en lo referente a la ignorancia e inexperiencia, sabido es que el quejoso no era una persona versada en el derecho, que si bien tiene la capacidad mental para contratar y las mismas no se encuentran disminuidas, no lo es menos que en materia jurídica, el señor XXXXX XXXXX, no cuenta con el mismo desenvolvimiento de un profesional del derecho, motivo por el cual, el querellante buscó sus servicios, con el fin de salvaguardar mejor sus derechos; asimismo, el desconocer todo lo relacionado con la forma de contratar a los profesionales del derecho, conllevó a que el jurista se aprovechara de tal suceso, y obtuviera de forma desproporcionada sus honorarios, téngase en cuenta que una situación es tener plenas facultades para contratar, y otra muy distinta saber todo lo referente a los asuntos jurídicos y la forma de cómo se pactan los rubros percibidos por una gestión legal.

De otro lado, es palpable que dentro del plenario el quejoso siempre fue enfático en aludir que recibió de manos del doctor XXXX sólo la suma de $17.000.000 firmándole un recibo del cual nunca le entregó copia, cuando lo reconocido y entregado por el juzgado equivalía al rubro de $164.443.501.78, obteniendo de éste modo por concepto de honorarios, una partición superior a lo que le correspondía a su mandante, pues fue éste jurista quien se quedó con el valor de $147.443.501.78, es decir un porcentaje superior al 80%., el cual fue entregado por su colega, XXXXX XXXXX XXXXX.

Ahora bien, si se analiza la gestión realizada por el profesional del derecho, se tiene que como bien lo dijera la primera instancia, al doctor XXXXX XXXXXX le fue conferido poder para iniciar el proceso ordinario laboral, mandato que fue sustituido por el jurista al profesional del derecho XXXXX XXXXX, quien impetró la demanda y estuvo atento al asunto hasta el proferimiento de la sentencia y su ejecución, todo en eras de proteger los intereses de la cliente, lo que claramente da a entender que el litigante XXXXXX XXXXXX XXXXXX, desde un inició no se apersonó del caso puesto bajo su conocimiento, sino que casi en forma inmediata, sustituyó el poder para que fuera su colega quien lo adelantara; empero, lo acá objeto de debate no es la diligencia o indiligencia con la cual actúo el profesional del derecho, por el contrario, es el actuar irregular del letrado, quien sin haber ejercido su labor de defensor de los derechos del quejoso, se quedó y/o obtuvo en forma desproporcionada unos dineros por concepto de honorarios, que superaban la participación correspondiente a su cliente.

Por lo tanto, se tiene que si bien la labor del jurista al que se le sustituyó el poder fue satisfactoria en el asunto gestionado, en busca del reconocimiento y pago de una pensión de vejez, también lo es que dicha acción allí desplegada, no alcanzan a justificar el cobro de más del 50% por honorarios y más cuando no fue él quien adelantó en forma presencial el asunto.

De otra parte, se evidencia que sobre el tema de las costas y agencias en derecho, era conocedor el abogado inculpado, y se aprovechó de ese amplio conocimiento jurídico, a raíz de su trayectoria y experiencia como profesional del derecho, para obtener un porcentaje por honorarios desproporcionados y en donde se incluía las agencias en derecho, tanto del proceso ordinario como del ejecutivo.

Así las cosas, encuentra esta Colegiatura que le asiste razón a la Sala de instancia, cuando consideró incurso al acusado en la falta de honradez profesional relativa a la obtención excesiva y desproporcional de honorarios, superando así mismo la partición correspondiente al cliente, pues dicho comportamiento es antiético, ya que la libertad contractual no puede pasar por alto la equidad ni el servicio social inherente al ejercicio de la profesión de abogado.

Ahora bien, también se encuentra probada la comisión de la falta descrita en el artículo 35.6, de la Ley 1123 de 2007, por parte del abogado XXXXX XXXXX XXXXX, pues si bien el abogado redactó un recibo titulado “constancia total de pago”, no entregó a su cliente copia de este y, adicionalmente, en el texto consignó una suma diferente a la que efectivamente le entregó ($32.000.000) valiéndose de que el señor XXXXX XXXXX XXXXX no sabe leer, ni escribir.

De igual forma, dentro del presente asunto, no existe ni siquiera un eximente de responsabilidad o justificante del actuar del disciplinado, pues éste nunca aportó pruebas a su favor que permitieran rebatir el dicho del quejoso en lo atinente de no haber recibido la suma de $32.000.000, sino de $17.000.000, afirmación que fue contundente en todo el decurso procesal, no actuando conforme a derecho, pues es evidente que infringió el deber contemplado en el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123.

Y es que debe dejarse en claro que cuando un jurista recibe dineros sin importar la destinación que se le den a tales sumas, adquiere la obligación de elaborar un recibo con información precisa, cierta y suscribir el mismo, a efectos que a su cliente le quede totalmente clara la gestión efectuada por el profesional del derecho y se denote la obligación de obrar con lealtad y honradez por parte de éste, lo cual no sucedió en este caso, pues si bien dentro del plenario obra un documento en donde éste le hizo entrega de un valor superior al indicado por el señor XXXXX XXXXX XXXXX, no lo es menos que aún fuera de ese modo, la suma entregada en inferior a lo que realmente le correspondía, quedando latente la comisión de la falta por parte del abogado, pues no plasmó en el recibo expedido la realidad de lo entregado y además de ello no expidió la respectiva copia a su cliente, aprovechándose de su carencia de estudio, actuación dolosa y reprochable, pues con dicho proceder incumplió con los deberes que debe tener todo profesional del derecho.

— A su vez, el abogado XXXXXX XXXXXX XXXXXX incurrió en las conductas previstas en los artículos 35.4 y 35.5 de la Ley 1123 de 2007, pues una vez concluido el proceso laboral dentro del cual representaba al quejoso en calidad de abogado sustituto, incumplió su deber de informar a su representado el resultado del trámite, así como, realizar la entrega directa del dinero recibido.

Téngase en cuenta que de las probanzas se logró establecer que el letrado cobró el título judicial 54197 por valor de $164.443.501.78, quien en vez de entregar los rubros correspondientes a la persona que estaba representando judicialmente, los entregó al abogado que le sustituyó el poder, estando en total contravía con los principios que rigen la profesión de abogado, pues su deber era haber cancelado los rubros a su cliente y que fuera éste quien les pagara los honorarios conforme las estipulaciones convenidas, lo cual no fue de ese modo.

Conforme lo precedente, es palmario que el togado incurrió en la falta que le enrostró el Seccional, y que ahora es objeto de estudio por parte de esta Colegiatura, pues éste mismo aceptó haber recibido los dineros y haber cogido para sí el 15% de esos rubros y el restó los entregó a su colega; sin informar a su cliente de tal suceso y de las resultas del caso, situación fáctica que se adecua típicamente a la conducta consagrada por el Legislador como falta disciplinaria contenidas en los numerales 4º y 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Frente a todo lo expuesto, la conducta del abogado inculpado es lesiva del deber a la honradez consagrada en los numerales 4º y 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 al señalar que los abogados deben actuar con absoluta lealtad y honradez; pero en el caso en estudio, pese a la confesión existente al interior del proceso, es evidente que el comportamiento del togado XXXX XXXXXXX, se encuentra inmerso dentro de la imputación efectuada por la Sala de Instancia, pues reiterase, el letrado no informó a su prohijado del estado del proceso y de la realidad de lo entregando a él a través de un título judicial, dineros que una vez cobró cogió para sí un 15% y el restante sin mediar autorización y faltando a su ética profesional los entregó al abogado que les sustituyó el poder, demostrándose de esta forma la no entrega de los rubros y la falta de información al señor XXXXX XXXX, agravando de manera ostensible la ilicitud de su conducta, pues todo lo anterior, denota un contubernio con el abogado XXXXX XXXXXX para defraudar al quejoso, actitud dolosa tal y como lo adujo el a quo en su proveído objeto de análisis.

Respecto a la sanción impuesta a los juristas acá investigados, encuentra la Sala que está ajustada a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que confirmará la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión, así como la multa de 50 smlmv impuesta a los togados, en la cual se tuvo en cuenta para su tasación los criterios generales y de agravación, señalados en el parágrafo C, del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, más cuando los juristas, fueron conscientes del deber que tenían para con su cliente, y aun así lo infringieron, causándole de este modo graves perjuicios, al punto que el quejoso tuvo que acudir a la Jurisdicción Ordinaria Penal a efectos que se investigara a los letrados por los delitos de hurto y abuso de confianza, estando actualmente sentenciado y privado de la libertad el doctor XXXXX XXXXX XXXXX, conforme lo informado por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Santa Marta. (v. fl. 252 c.o. Nº II)

Por lo anteriormente expuesto esta Sala confirmará la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena, mediante la cual se resolvió sancionar con Exclusión en el ejercicio de la profesión y multa de 50 S.M.M.L.V a los abogados XXXXX XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX XXXXXXXX, tras declarar, al primero, responsable por la comisión de las faltas previstas en los numerales 1º y 6º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y, al segundo, responsable de la comisión de las faltas descritas en los numerales 4º y 5º del artículo 35, de la misma ley.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. confirmar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2013, por la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de magdalena, mediante la cual se resolvió sancionar con exclusión en el ejercicio de la profesión y multa de 50 S.M.M.L.V a los abogados XXXXXX XXXXXX XXXXX y XXXX XXXXX XXXX, tras declarar, al primero, responsable por la comisión de las faltas previstas en los numerales 1º y 6º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y, al segundo, responsable de la comisión de las faltas descritas en los numerales 4º y 5º del artículo 35, de la misma ley.

2. ejecutoriada esta providencia, por la secretaria judicial de la sala comuníquese lo pertinente al registro nacional de abogados para los efectos de que da cuenta el artículo 47 de la Ley 1123 de 2007. Se advierte que los efectos de la sanción empiezan a regir a partir de su inscripción.

Notifíquese, y cúmplase»