Sentencia 2007-00342 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2007 00342 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Laboratorios Bussie S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones

Examinado el proceso, observa la Sala que se configura la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa la cual deberá declararse en el presente proceso de conformidad con el inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, al efecto es preciso señalar lo siguiente:

El artículo 172 de la Decisión 486 establece la posibilidad de solicitar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la autoridad nacional registra una marca, la misma norma explica las características de dicha nulidad.

En primer lugar determina el tipo de nulidad que puede solicitarse del acto de registro, según las causales de registrabilidad que se consideren violadas por el solicitante, por ello la norma en comento señala que la nulidad absoluta será declarada cuando el acto de registro resulte ser violatorio de las causales consagradas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

Indica que la solicitud de nulidad absoluta puede ser elevada por cualquier persona sin tener término de caducidad alguno.

Adicionalmente está regulada la nulidad relativa, que será declarada cuando con el registro de una marca se afecten derechos de terceros según lo dispuesto en las causales del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se haya solicitado de mala fe. En esta clase de nulidad, de la misma manera que en la absoluta, cualquier persona puede solicitarla sin embargo en este evento sí existe un término de caducidad, de 5 años.

En este orden de ideas observa la Sala como ya lo ha hecho en oportunidades anteriores(1) que el artículo 172 de la Decisión 486 no dispone exigencia alguna para el ejercicio de esta acción de nulidad, razón por la cual la interposición de los recursos administrativos contra los actos que otorguen el registro de un signo como marca será meramente facultativa o lo que es lo mismo, no es obligatorio interponerlos para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues en este tipo de nulidad se aplica la normatividad comunitaria, razón por la cual no se hace necesario acudir al ordenamiento jurídico nacional.

No obstante lo anterior debe señalar la Sala que no ocurre lo mismo cuando el acto que se pretende anular es aquel que negó el registro como marca de un signo distintivo, pues la nulidad especial anteriormente analizada está destinada únicamente para pretender la nulidad del acto que registró la marca.

Esta circunstancia sí permite observar que existe un vacío normativo, pues la norma comunitaria, Decisión 486, no dispone un medio para impugnar ante la jurisdicción aquellos actos mediante los cuales la autoridad nacional competente niegue una solicitud de registro, como ocurrió en el caso bajo estudio.

La situación anteriormente planteada obliga, por remisión del artículo 276 de la Decisión 486, a estudiar lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, debiéndose acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en su artículo 85, con todas las reglas que su ejercicio implica necesariamente estudiar lo dispuesto el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo:

“ART. 135.—Posibilidad de demanda ante la jurisdiccion de lo contencioso administrativo contra actos particulares. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 22 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos” (subrayas y negrillas fuera de texto).

En el presente caso observa la Sala que mediante la Resolución 7671 expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se resolvió rechazar el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra el acto que negó el registro de la marca Tiplac, teniendo en cuenta que la resolución cuya revocatoria se solicitaba fue notificada mediante fijación por edicto 1792 del 31 de enero de 2007, desfijado el 13 de febrero de 2007, el termino con el que contaba el apoderado de la sociedad Laboratorios Bussie S.A. para interponer los recursos correspondientes vencía el 20 de febrero de 2007, y fueron presentados el 21 de ese mes y año, razón por la cual se tuvo como extemporáneo. Contra dicho acto procedía el recurso de queja y tampoco fue promovido.

Conforme al artículo 63 del Código Contencioso Administrativo, la vía gubernativa se entiende agotada cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso (art. 62,1); cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (art. 62,2), y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición, apelación o de queja.

En este punto resulta relevante indicar que el recurso de reposición es facultativo, sin embargo el de apelación no lo es. Según lo dispuesto en los artículos 62, 63 y 135 del Código Contencioso Administrativo, se da el agotamiento presunto de la vía gubernativa, cuando excepcionalmente contra el acto administrativo particular no proceden recursos o interpuesto el recurso se ha decidido, en cualquiera de las formas señaladas en la ley, vale decir, por medio de acto expreso o por acto presunto.

El recurso de apelación es obligatorio, ello se infiere de lo dispuesto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, donde incluso se indica que el recurso de apelación podrá interponerse de manera directa o subsidiaria lo que implica que cuando en ocasiones proceden los dos recursos (reposición y apelación) contra un acto administrativo y sólo se interpone el de reposición, aunque se resuelva el incoado, no se habrá agotado la vía gubernativa por la necesidad de interponer el recurso obligatorio de apelación.

La Sala considera que el agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consiste, en términos generales, en la necesidad de usar los recursos legales para poder impugnar los actos administrativos. Su finalidad es que la Administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de que pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas,esto es, que las autoridades administrativas puedan rectificar sus propios errores, antes de que sean objeto de un proceso judicial. En efecto, se ha precisado en reiteradas ocasiones(2) que “La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que le permite a la administración antes de acudir al medio judicial, que revise su propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”.

Así las cosas y toda vez que en el presente caso fueron rechazados los recursos de reposición y en subsidio el de apelación por haber sido presentados de manera extemporánea, ni se interpuso el de queja, no se agotó la vía gubernativa y por lo tanto deberá declararse probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y como consecuencia de ello negar las pretensiones del demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLARAR probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la sociedad Procaps S.A. y declararse inhibida para decidir de fondo la pretensión de nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución núm. 156 de 15 de enero de 2007, y la Resolución 7672 de 22 de marzo de 2007 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, negó al demandante la solicitud de registro de la marca Tiplac (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Notifiquese, publiquese, comuniquese y cumplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sentencia del 4 de octubre de 2012, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno (E) expediente 2002-00187.

(2) Ver sentencia Consejo de Estado, del 10 de febrero de 2011, Exp. 2007-00191 C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.