Sentencia 2007-00348 de diciembre 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 760012331000200700348 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Actor: Importaciones y Representaciones Moreno S.A.

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso(3), la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. La apelación, cuestiona el fallo de primera instancia en torno a los siguientes aspectos esenciales:

(i) El tribunal no evaluó todos los planteamientos formulados por la administración pues no se refirió al no agotamiento de la vía gubernativa como prerrequisito para acudir a esta jurisdicción. Al respecto, indica que el recurso de reconsideración contra el acto administrativo de decomiso no observó los presupuestos previstos en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, y de ahí que procediere su rechazo, conforme al artículo 53 ibídem.

(ii) La causal de aprehensión y decomiso prevista en el numeral 1.3 del artículo 502 del E.A., se configuró al no haberse presentado por parte del agente de carga internacional los BL máster e hijo dentro de la oportunidad prevista en el artículo 96 ibídem. De ahí que la misma se considerare como no presentada sin que procediere limitarse a verificar, para el efecto, si se trataba o no de carga consolidada.

(iii) Alega que al no ponerse a disposición la mercancía debe aplicarse la multa prevista en el artículo 503 del E.A.

3. La Sala evaluará los planteamientos de la alzada en su orden, comenzando por verificar si, en efecto, la parte actora no agotó la vía gubernativa como presupuesto para acudir a esta jurisdicción; para luego, continuar con el asunto referente a la configuración de la causal de aprehensión y decomiso endilgada por la Administración de Aduanas de Buenaventura.

4. Sostiene la recurrente que la actora no presentó el recurso de reconsideración contra el acto de decomiso con la observancia de los requisitos previstos en el artículo 52, los cuales, en el presente caso, se refieren concretamente al poder para actuar de la doctora Martha Lucía Suárez Morales frente a la presentación del recurso de reconsideración contra el acto de decomiso, según se infiere de los antecedentes arriba sintetizados y se señala expresamente en el texto de la Resolución 777 de 3 de abril de 2007(4), así:

“Verificada la actuación adelantada dentro del presente cuaderno administrativo, este despacho advierte que la doctora Martha Lucía Suárez Morales, no aportó documento alguno en donde conste la calidad de apoderada del interesado o la sustitución de poder otorgado por el doctor Andrés Eduardo Suárez Zárate, igualmente no aportó ni existe en el expediente poder que se le haya conferido al doctor Andrés Eduardo Suárez Zárate ni el certificado de Cámara de Comercio de Importaciones y Representaciones Moreno S.A., incumpliendo el primero de los requisitos establecidos en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y en literal c) del artículo 518 del estatuto aduanero. Como consecuencia este despacho considera pertinente proceder al rechazo del recurso de reconsideración interpuesto”.

Por su parte, el a quo indica que el poder se halla acreditado mediante las pruebas documentales obrantes en el expediente en las que consta la sustitución de poder que le hiciere a la mencionada abogada el doctor Andrés Eduardo Suárez Zarate, y respecto del cual encontró demostrada, además, su condición de apoderado.

Sea lo primero considerar que los requisitos concernientes al recurso de reconsideración se hallan previstos en el artículo 518 del Decreto 2685 de 1999, en el que se señala que el mismo se interponga directamente por la persona contra la cual se expidió el acto que se impugna, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante. Esta norma es a su turno complementada por lo dispuesto en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, el cual en su parágrafo establece que sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados.

Es menester, entonces, verificar si existió acreditación para actuar por parte de la apoderada Suárez Morales para representar a la sociedad actora en la contestación del recurso de reconsideración, en virtud a la sustitución a que aquella hace referencia en la demanda.

Pues bien, la Sala observa que obra a folio 95 del cuaderno principal del expediente poder especial conferido el 2 de noviembre de 2006, por el señor José María Moreno Rico, como representante legal de la Sociedad Importaciones y Representaciones Moreno S.A. Impremo S.A., a los doctores Andrés Suárez Zárate y/o Martha Lucía Suárez Morales, para que “en nuestro nombre y representación formulen escrito de objeción en contra de la aprehensión citada en la referencia; igualmente, para que adelante todos los trámites exigidos en la vía gubernativa para este asunto” (SIC). Ahora, es de anunciar que tal poder se encuentra dentro de las copias del expediente remitidas por la DIAN al proceso judicial(5) y el mismo fue objeto de devolución a la actora, como parte de los documentos integrantes del expediente, según constató el a quo, de modo que aquel reposaba en los archivos correspondientes al procedimiento administrativo.

Por su parte, la condición del señor Moreno Rico como representante legal de la mencionada empresa se halla acreditada mediante el certificado de existencia y representación legal que obra en el expediente(6), en la que consta que aquel ha ocupado tal posición desde el 2 de abril de 2005, habiendo sido expedido el certificado en cita el 9 de noviembre de 2006, luego no cabe duda de que para la época del otorgamiento del poder, el señor Moreno Rico, contaba con la facultad para el efecto.

Nótese que en el texto del mencionado poder se designa a dos apoderados para representar a la actora en la vía gubernativa, por lo que es del caso acudir a lo dispuesto en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época en que fue conferido(7), cuyo tenor establece en lo pertinente:

“Designación de apoderados. En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden. Para recursos, diligencias o audiencias que se determinen, podrá designarse un apoderado diferente de quien actúa en el proceso…” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, es claro que la administración debió reconocer la potestad que como apoderada sustituta del doctor Andrés Suárez Zárate recaía en la doctora Suárez Morales para presentar el recurso de reconsideración contra el acto de decomiso; dada la mención expresa que para el efecto se señala en el poder y en razón de la preceptiva indicada en la norma transcrita que ordena tener a los abogados designados con posterioridad al primero como sus sustitutos, tal como ocurrió en el presente caso.

Asimismo, y según se anunció arriba, la Sala da cuenta de que le asiste razón al a quo al señalar que cuando la administración efectuó la devolución de los documentos concernientes a la actuación administrativa(8), con posterioridad al rechazo del recurso de reconsideración, incluye dentro de estos el poder conferido por parte de Impremo S.A., a los apoderados mencionados; luego no cabe duda, de acuerdo con lo señalado en dicho documento, que la Administración de Aduanas de Buenaventura contó con el correspondiente poder desde el 21 de noviembre de 2006, fecha en la que el abogado Andrés Eduardo Suárez Zárate radicó el escrito de objeción a la aprehensión(9). En este punto no sobra anotar que esta Sección ha indicado que el poder otorgado para formular objeciones a la aprehensión se entiende conferido para culminar la vía gubernativa, pues proporcionar un alcance limitado al mismo equivale a desconocer el debido proceso(10). De ahí que, dicho sea de paso, no se vislumbre el motivo por el cual la Administración de Aduanas de Buenaventura no hubiere ordenado notificar la Resolución de Decomiso 49 de 5 de enero de 2007(11) al mencionado apoderado sino únicamente a la sociedad actora, cuando consta en el expediente que de las decisiones anteriores al decomiso se participó al apoderado en su calidad de tal(12).

De este modo, la administración no sólo desconoció injustificadamente el poder otorgado a favor del mencionado abogado, sino que, además, ignoró la calidad de sustituta que en el mismo le correspondía a la doctora Suárez Morales en virtud de que en su texto se le confiere tal condición en aplicación del artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, según se explicó anteriormente; y en razón a que consta a folio 122 del cuaderno principal del expediente la sustitución expresa que de aquel efectúa el doctor Andrés Eduardo Suárez Zárate a dicha abogada, el cual cuenta con sello de recibido por la administración del 2 de febrero de 2007.

De lo anotado, se advierte lo inadmisible que resulta la insistencia de la administración en la alzada sobre la ausencia del mencionado poder como requisito del recurso de reconsideración, cuando obran pruebas más que suficientes respecto de su existencia y de que el mismo fue, en efecto, recepcionado oportunamente por aquella.

En este orden, es claro que no hubo culminación de la vía gubernativa pero no a causa de la parte actora sino porque la Administración de Aduanas de Buenaventura no lo permitió por cuenta de su obstinada e injustificada posición sobre la supuesta falta de poder para representar a la empresa demandante, lo cual, sin duda, ubicó a esta última en la posición prevista en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, en el sentido que “cuando las autoridades administrativas no hubieren dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos”. Al respecto se ha pronunciado esta Sección en varias ocasiones de las que se destaca la sentencia de 20 de agosto de 2004, expediente 1999-2068-01, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, por referirse a similar asunto del debatido en el sub lite así:

“El recurso de reconsideración, en tratándose de infracciones al régimen de aduanas, se asimila al de apelación consagrado en el Código Contencioso Administrativo para actuaciones administrativas que no se gobiernan por normas especiales, pues se interpone ante funcionario diferente del que profirió el acto sancionatorio y es obligatorio para agotar la vía gubernativa, conforme lo precisó la Sala en sentencia de 19 de agosto de 1999 (exp. 5399, actora: Sociedad Gas de los Andes Ltda. —Andigas—, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Desde esta perspectiva su no interposición conlleva no agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto este sine qua non para la procedibilidad de la acción, según las voces del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo. De ahí que sea indispensable establecer a quien se le atribuye el incumplimiento de dicho presupuesto procesal, pues en caso de que se le endilgue al administrado el pronunciamiento judicial debe ser inhibitorio respecto de todas las pretensiones de la demanda. Luego, carece de toda lógica exigir que al formular el recurso deba acompañar poder, máxime si el escrito contentivo del medio de impugnación fue presentado personalmente ante la DIAN, según consta a folio 23 vuelto, por lo que se sabía a ciencia cierta quién era su signatario, esto es, el mismo a quien se le notificó el pliego de cargos, el mismo que lo descorrió y el mismo a quien se le citó para que compareciera a la notificación personal del acto que posteriormente recurrió. De ahí que no tenga vocación de prosperidad la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, pues precisamente, fue la administración la que rechazó sin justa causa el recurso, por ende, a términos del artículo 135, inciso tercero, del Código Contencioso Administrativo, la demandante podía acudir directamente ante la jurisdicción contenciosa…” (subrayado y resaltado fuera de texto).

5. Así las cosas, la Sala ha de proceder a evaluar lo referente a la configuración de la causal de decomiso prevista en el numeral 1.3 del artículo 502 del E.A., en los términos sugeridos por la recurrente. El tenor literal de la norma, en su versión vigente para la época de los hechos, disponía(13):

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(…).

1.3. Cuando las mercancías sean descargadas sin que el transportador haya entregado previamente el manifiesto de carga a la autoridad aduanera o, el agente de carga internacional no entregue el manifiesto de la carga consolidada dentro de los términos establecidos en el artículo 96 de este decreto; o cuando el transportador y/o el agente de carga internacional no entreguen los documentos de transporte que les corresponda, dentro de la oportunidad prevista en el artículo en mención” (resaltado fuera de texto).

La norma transcrita alude a la no entrega de los documentos de transporte dentro de los términos señalados en el artículo 96 ibídem, el cual establecía en su texto vigente para la época(14), y en lo pertinente, lo siguiente:

“Transmisión y entrega de los documentos de viaje a la autoridad aduanera. El manifiesto de carga y los documentos que lo adicionen, modifiquen o expliquen, serán entregados por el transportador a la autoridad aduanera de la jurisdicción del lugar de arribo del medio de transporte, antes de que se inicie el descargue de la mercancía.

(…)

Cuando se trate del modo de transporte marítimo, el transportador deberá entregar los documentos de transporte por él expedidos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega del manifiesto de carga.

(…).

El transportador marítimo transmitirá electrónicamente la información contenida en el manifiesto de carga y en los documentos de transporte directamente expedidos por él, con anterioridad a la llegada del medio de transporte, o la incorporará en el sistema informático aduanero dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega física del manifiesto de carga.

El agente de carga internacional, en el modo de transporte marítimo, transmitirá electrónicamente la información relacionada con la carga consolidada, contenida en los documentos de transporte consolidadores y en los documentos hijos, o la incorporará en el sistema informático aduanero dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la finalización del plazo previsto en el inciso anterior. Dentro del mismo término establecido en el presente inciso, el agente de carga internacional deberá entregar los documentos consolidadores y los documentos hijos y el manifiesto de la carga consolidada.

PAR.—En el modo de transporte marítimo, el agente de carga internacional será responsable por la correcta y oportuna transmisión o incorporación al sistema informático aduanero de la información contenida en los documentos de transporte consolidadores y en los documentos hijos. Así mismo, será responsable por la entrega de los documentos hijos que amparan la carga consolidada, el manifiesto de la carga consolidada y por la justificación de las inconsistencias a que se refiere el artículo 98 del presente decreto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá mediante resolución, el contenido y los requisitos del manifiesto de la carga consolidada.

El agente de carga internacional deberá inscribirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cumpliendo además de los requisitos previstos en el artículo 76 del presente decreto, los que dicha entidad determine mediante resolución de carácter general, debiendo constituir una garantía bancaria o de compañía de seguros por un valor equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el objeto de garantizar el pago de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de las obligaciones previstas en este decreto” (resaltado fuera de texto).

La DIAN, señala en su escrito de apelación que en el presente caso la infracción se generó en el hecho de que los BL máster e hijo de una carga consolidada entregada por la empresa transportadora se hizo de manera extemporánea, lo que tiene como consecuencia la “no manifestación de la mercancía”(15). A su vez, arguye que la empresa transportadora se encuentra registrada como agente de carga internacional y por tal motivo toda la mercancía que introduzca al país se hará bajo la característica anotada.

Frente a lo anterior, el a quo admitió que la carga no tenía la condición de consolidada, y por tanto, no había lugar a presentar documentos hijos, requiriéndose tan sólo del BL máster para efectuar los trámites de llegada de la mercancía ante la aduana. De ahí que no se presentara la infracción endilgada por la administración.

Pues bien, la Sala observa que, en efecto, la infracción invocada por parte la DIAN, tuvo como origen el que el agente de carga internacional Kelly Freight Ltda., hubiere incurrido, supuestamente, en la no entrega del documento de transporte hijo dentro del término previsto en el artículo 96 antes transcrito. Así se infiere de la narración que de los hechos se efectúa en la Resolución de Decomiso 49 de 5 de enero de 2007 así:

“Que mediante llamada telefónica a Kelly Freight Ltda., este despacho solicitó información concerniente al presunto error cometido en la entrega extemporánea del B/L ASCSH609003BUN, a lo que este contestó enviando información vía fax el 20 de diciembre de 2006 adjuntando la carta de allanamiento de la infracción cometida aceptación del dicho error (SIC) y el recibo de pago…”.

Igualmente, en el auto que deniega las pruebas solicitadas por la parte actora en el proceso administrativo(16), la DIAN plantea como justificación para adoptar tal decisión el que el agente de carga internacional se allanó al pago de la sanción reducida por haber incurrido en la infracción consistente en entregar extemporáneamente el BL hijo.

La precisión referente a que es respecto del BL hijo que la DIAN procura configurar la infracción, es de particular relevancia dado que en la apelación sugiere que esta obedece a la entrega extemporánea de todos los documentos de transporte, lo cual supone de entrada una imprecisión, pues como se anotó, aquella versa sobre la entrega fuera del término previsto en el artículo 96 del mencionado BL.

Asimismo, es de anotar que el documento de transporte B/L ASCSH609003BUN, corresponde al hijo, mientras que el B/L máster es el MOLU 486124585(17). Ahora bien, en el BL Máster se observa que en efecto la mercancía se relaciona como FCL o “Full Container Load”, lo cual significa que el contenedor viene lleno en su totalidad con la mercadería allí relacionada y consignada a un sólo consignatario, que para el caso es Kelly Freight Ltda. Ello, implica a su vez, que la misma no responde a la condición de consolidada, y por ende, la carga así relacionada no amerita la elaboración de documentos de transporte hijos, por parte del transportador, tal como acertadamente advirtió el a quo.

Lo anterior ha sido objeto de pronunciamiento por esta Sección en varias ocasiones de las que se prohíja lo señalado en sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 2005-02397, M.P. Dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, por versar sobre un asunto similar al objeto de la presente litis(18):

“De las pruebas aportadas al expediente, se observa a folio 14 del cuaderno 2, el documento de transporte MSCUSF132001, remitido a nombre del agente de carga “CIRCLE FREIGHT”, en el que se relacionó la mercancía enviada como contenedor “FCL/FCL” correspondiente a las siglas en inglés de Full Container Load, es decir, contenedor completo. Con este documento se evidencia claramente sin lugar a dudas, que la carga objeto de controversia se envió en el citado contenedor completo (FCL) y, según lo ha señalado esta Sala, se entiende que por el FCL se envía la mercancía que está suelta —sin agrupar— a través de un embarcador directo mas no la carga que es consolidada o agrupada. (…) De lo anterior (sent., ago. 6/2004, radicado 2002-0281, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta) se concluye entonces, que según la noción aportada por la Organización Mundial del Comercio, para determinar que una carga es consolidada, es necesario tener en cuenta que la mercancía haya sido agrupada en un contenedor o unidad de carga. Así mismo esta corporación en sentencia del 27 de marzo de 2008, radicación 2001-00112-01, actora: Bayer de Colombia S.A., demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— C.P. Camilo Arciniegas Andrade, señaló que para verificar que una mercancía es consolidada es necesario que así se indique en los documentos de transporte respectivos. (…) Así las cosas, en el caso que nos ocupa se concluye entonces que la carga en cuestión no era consolidada, toda vez que en los documentos de transporte se indicó que se trataba de una carga “FCL/FCL” —Full Container Load— lo que traduce contenedor completo, es decir, que la mercancía allí contenida no había sido agrupada o consolidada, sino que por el contrario contenía carga suelta.

Se concluye que la carga FCL/FCL (Full Container Load) no es consolidada, por cuanto en dicho caso se actúa como embarcador directo, además que, como ya se dijo, no se trata de carga agrupada (o consolidada) sino de mercancía suelta (resaltado fuera de texto).

En relación con los planteamientos de la sentencia citada concernientes a que para considerar a una carga como consolidada es necesario que así se señale en los documentos de transporte, la Sala advierte que aun cuando el agente marítimo(19) Gerleinco incurrió en una inconsistencia al plasmar en el BL máster un sello en el que se indica que aquella responde a dicha característica, tal impropiedad no conlleva a colegir que ello coincida con la realidad, dado que tanto el BL máster como el hijo, relacionan con exactitud la misma mercancía(20) y ello es indicativo de que ésta venía suelta. Igualmente, en el BL máster se indican con precisión las siglas FCL, que se refieren, según se anotó, a la modalidad de llenado total del contenedor que resulta del todo contraria a la de carga consolidada, precisamente por referirse a mercancía sin agrupar.

Ahora, en el expediente obra una impresión del sistema informático aduanero relativa a la transmisión documental efectuada por el agente Kelly Freight Ltda., en la que se lee “Entrega electrónica extemporánea”(21) y en donde se relaciona únicamente al BL hijo, lo cual permite corroborar que la administración procura derivar la causal de aprehensión y decomiso de la inconsistencia en que incurrieron tanto el agente marítimo como el agente de carga internacional al asumir equívocamente que la carga era consolidada, cuando el expediente da cuenta suficiente de que la mercancía no respondía a tal condición.

De otro lado, no sobra anotar que no consta en el expediente reproche alguno con respecto a la entrega del BL máster, o un señalamiento del que se infiera que la causal de decomiso obedeció a que aquel no se remitió oportunamente por parte del transportador. Al contrario, obra una comunicación del agente marítimo, Gerleinco, dirigida al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca(22), en la que indica que la carga llegó el día 21 de octubre de 2006, y un correo electrónico, también proveniente de dicho agente(23), en donde informa que el manifiesto de carga correspondiente al BL Máster MOLU486124585 consignado a Kelly Freight Ltda., se entregó a la autoridad aduanera el mismo 21 de octubre, de forma tal que frente a dicho documento no hay lugar a efectuar mayor indagación en esta instancia dado que el mismo no generó la investigación administrativa en cuestión, sino, como se demostró, ésta tuvo como origen la inconsistencia verificada en relación con la presentación del BL hijo.

Por su parte, y en lo que se refiere a la afirmación de la DIAN, según la cual, siempre que un documento de transporte tenga como consignatario a un agente de carga internacional debe entenderse que la carga es consolidada, es del caso llamar la atención en que ello no responde con precisión a la actividad de dichos sujetos según se infiere de la definición prevista en el artículo 1º del E.A. cuyo tenor establece:

“Agente de carga internacional:

Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad” (resaltado fuera de texto).

Nótese que la conceptualización ofrecida por la disposición transcrita no limita su actividad a recibir carga consolidada, y ello también se colige de lo señalado por esta Sección en la sentencia antes referenciada, así:

Así mismo, se infiere que los agentes de carga internacional actúan como embarcadores directos, cuando a pesar de existir un documento de transporte máster, hay un solo conocimiento de embarque hijo que ampara toda la mercancía que viene en el contenedor, es decir que la información de los documentos máster e hijo, coincide en la cantidad y peso…”.

(…).

Ahora, observa la Sala que en el Memorando 443 transcrito, la DIAN señaló que los agentes de carga internacional en el modo de transporte marítimo, debían presentar sus correspondientes documentos de transporte hijos, sin importar si ostentaban la calidad de embarcadores directos o de consolidadores de carga. Al respecto, cabe anotar que el artículo 96 del Decreto 2685 de 1999, sólo impone dicha obligación a los que transportan carga consolidada (…) Lo anterior pone en evidencia que la ley sólo impuso la obligación de presentar las guías hijas a los transportadores de carga agrupada o consolidada, pues en ningún momento estipuló dicho deber para los transportadores de carga suelta. Es claro entonces, que si el legislador hubiese tenido la intención de imponer tal deber para todas las mercancías en general, no habría especificado la clase de sujeto pasivo de dicha obligación al señalar: “cuando se trate de carga consolidada…”. Así mismo y en virtud de que el artículo transcrito no impuso la obligación de presentar documentos de transporte hijos para las mercancías sin consolidar, resulta claro colegir que la conducta de la sociedad demandante tampoco se subsumió en ninguna de las causales de aprehensión consagradas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999…” (resaltado fuera de texto).

De lo anotado, es de precisar, entonces, que los agentes de carga internacional no son consignatarios única y exclusivamente de carga consolidada; y, por ende, la obligación de presentar documentos de transporte hijos sólo surge cuando la mercancía ostenta dicha condición, pues en los demás casos, esto es, al tratarse de carga suelta, basta con el BL máster y los demás documentos de viaje pertinentes, para relacionar y presentar la mercancía ante la autoridad aduanera a su arribo al territorio aduanero nacional, como ocurrió en el presente caso.

5. Finalmente, el planteamiento formulado en la apelación, referente a la procedencia de la sanción prevista en el artículo 503 del E.A., del 200% del valor de la mercancía cuando no es posible su aprehensión, no ha de ser materia de estudio en la alzada por cuanto ni el proceso administrativo ni el judicial versaron sobre dicho asunto.

Todo lo anotado conlleva necesariamente a confirmar sentencia apelada, según se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia recurrida en apelación.

2. RECONÓCESE personería jurídica a la doctora Sandra Liliana Cadavid Ortiz, identificada con cédula de ciudadanía 42.138.147 y tarjeta profesional 114.153 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

(3) Antes, artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

(4) Folios 14 a 18, cuaderno principal del expediente.

(5) Folio 218, cuaderno de pruebas 3.

(6) Folios 75 y siguientes, cuaderno principal del expediente.

(7) La norma que regula el tema de la designación y sustitución de apoderados en el Código General del Proceso, es el artículo 75 y en él se señala que “podrá conferirse poder a uno o varios abogados” (…).

(8) Folio 74, cuaderno principal del expediente.

(9) A folios 66 a 75, cuaderno de pruebas 3 del expediente, obra el escrito con radicado 26119 de 21 de noviembre de 2006 por el que se formulan objeciones a la aprehensión, presentado por el doctor Andrés Eduardo Suárez Zárate como apoderado de la sociedad actora.

(10) Léanse las sentencias de 10 de mayo de 2000, expediente 5754, M.P. Dra. Olga Inés Navarrete; 21 de septiembre de 2008, expediente 1999-00231, M.P. Camilo Arciniegas, entre otras.

(11) Folios 4 a 12, cuaderno principal del expediente.

(12) Así, por ejemplo, a folios 122 a 125 del expediente obra el Auto 003181 de 5 de diciembre de 2006 por el que se niegan las pruebas solicitadas por la actora en el escrito de objeciones a la aprehensión, y el mismo le es notificado al abogado Suárez Zárate, en su condición de apoderado de Impremo S.A.

(13) Antes de las modificaciones surtidas por el Decreto 2101 de 2008. El texto vigente era el previsto de acuerdo con las modificaciones del Decreto 2628 de 2001.

(14) Versión vigente de acuerdo con las modificaciones surtidas por el Decreto 2628 de 2001.

(15) Folio 262, cuaderno principal del expediente.

(16) Folios 122 a 125, cuaderno de pruebas 3 del expediente.

(17) Folios 115 y 77 respectivamente, cuaderno principal del expediente.

(18) Asimismo, léase la sentencia de 31 de julio de 2014, expediente 2008-00171, M.P. Dra. Elizabeth García González.

(19) El agente marítimo es definido por el artículo 1489 del Código de Comercio así:

“Agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave”.

Dentro de sus obligaciones, señala el artículo 1492 ibídem las siguientes:

(…).

“3. Hacer entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes del destinatario, de las mercancías transportadas por la nave;

(…).

5. Responder personal y solidariamente con el capitán de la nave agenciada, por la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega o recibo de las mercancías…”.

(20) Cuchilla p/navaja, chispero piedra repuesto p/chispero, destornillador, broca p/madera cepillo c/acero, disco diamante, llave para madril, madril, martillo de caucho, prensa en c, prensa rápida, señorita cable gubias, puntas montadas, rastrillo para jardín.

(21) Folio 41, cuaderno de pruebas 3.

(22) Folio 1, cuaderno de pruebas 3.

(23) Folio 3 ibídem.