Sentencia 2007-00370 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00370-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Raúl Antonio Tobón Orozco.

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

En orden a estudiar el asunto que nos ocupa, la Sala analizará los siguientes temas: 1) El objeto del litigio en la apelación; y, 2) El análisis del caso concreto.

1) El Objeto del litigio en la apelación.

Observa la Sala, que el único argumento que esboza o esgrime el apelante para oponerse a la sentencia de primera instancia, censurada a través del recurso de apelación, consiste en que la misma no tuvo en consideración las resoluciones 350-705, 350-054 y 355-000002, emitidas por la Superintendencia de Sociedades, que prueban que aquél ya había sido eximido de sanción y responsabilidad por los hechos aludidos.

Para tal efecto alega en su recurso, que no se puede hacer una aplicación rigurosa de las normas procesales en detrimento de su derecho de defensa y al debido proceso administrativo y constitucional, previstos en el artículo 29 de la Constitución Política. En consecuencia, allega copia autenticada de las resoluciones mencionadas en el documento de alegaciones finales de la primera instancia.

Por tal motivo, procede la Sala a analizar exclusivamente este argumento señalado por el apelante contra la sentencia de primera instancia.

2) Del análisis del caso concreto.

Sea lo primero señalar, que tal como se había advertido en providencia emitida dentro de este mismo proceso(1), “… según el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, cuando se trate de apelación de sentencia, se decretarán pruebas únicamente en los siguientes casos:

“1) Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

2) Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

3) Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

4) Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.

En el caso sub examine, no se cumplen los presupuestos de la norma transcrita, pues, si en gracia de discusión se argumentara —lo que no sucedió— que las pruebas documentales no pudieron aportarse en la oportunidad procesal legalmente prevista, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, tales circunstancias no fueron debidamente demostradas, por lo que no hay lugar a acceder a la solicitud de pruebas en segunda instancia. Ello, sin perjuicio de que en la oportunidad procesal prevista en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, la Sala haga uso de las facultades oficiosas que en materia probatoria le asisten” (resalta la Sala).

Del mismo modo, los artículos 137 y 144 del mismo código establecen, respectivamente, que:

ART. 137.—Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

5. La petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer”.

ART. 144.—Contestación de la demanda. Durante el término de fijación en lista, el demandado podrá contestar la demanda mediante escrito que contendrá:

4. La petición de pruebas que el demandado pretenda hacer valer”.

Como puede observarse, de las disposiciones transcritas se colige que el derecho procesal, en aras de efectivizar los derechos sustanciales a la defensa, al debido proceso, a la buena fe procesal y al derecho de contradicción, establece las oportunidades de que gozan las partes, y aún el juez del caso, para allegar las pruebas que tengan en su poder, pedir o solicitar las que correspondan y la etapa en que deben practicarse las mismas.

Considera la Sala que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, previsto en el artículo 228 de la Constitución Política, no supone el desconocimiento de los términos establecidos en la ley para que válidamente puedan llevarse a cabo las actuaciones procesales, pues ello implicaría la violación de otros derechos, como el de igualdad y seguridad jurídica que deben gobernar tales actuaciones.

No podrían llegar a realizarse los derechos subjetivos de las personas, sin el respeto a un procedimiento legal y previamente establecido por el legislador con el propósito de que las partes en contienda tengan todas las oportunidades para solicitar las pruebas que consideren necesarias y, más importante aún, oponerse o contradecir las que se hagan valer en su contra.

Es precisamente por ello que el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil establece que: “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”, norma ésta que es repetida, en el mismo tenor literal, por el artículo 11 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso).

Es más, obsérvese que cuando el artículo 29 de la Carta Política se refiere al derecho constitucional fundamental al debido proceso señala con absoluta claridad que: “… Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (se resalta fuera de texto). En opinión de la Sala, la observancia de las formas propias de cada juicio contribuye a una realización efectiva y material de derechos sustanciales tan valiosos para el Estado social de derecho, como los de defensa y contradicción.

Por tal motivo, la Sala confirmará la sentencia apelada, pues no le asiste razón al apelante al señalar que no obstante haber allegado la prueba de las resoluciones comentadas “de forma extemporánea”, debió haberse proferido por el tribunal de instancia una decisión diferente a la impugnada, máxime si, como quedó visto, la solicitud de pruebas en segunda instancia fue rechazada en este proceso por no concurrir los presupuestos previstos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Auto de 23 de enero de 2012 (fls. 7 a 11, cdno. 2).