Sentencia 2007-00389 de enero de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad. núm.: 25000232400020070038901

Actor: Efraín Barrero Rodríguez

Bogotá, D. C., veintidós de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

7.1. Pretende la actora se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda, porque no se reconocieron integralmente los perjuicios derivados de la expropiación del inmueble de su propiedad, particularmente los relacionados con el reconocimiento del lucro cesante y del cierre del establecimiento de comercio que funcionaba en el lote objeto de la expropiación.

Los problemas jurídicos a resolver según los argumentos planteados por el apelante son:

1. La providencia impugnada no cumplió con las exigencias que impone la correcta administración de justicia en los términos de la Corte Constitucional, al desechar algunas pruebas y no valorar los documentos aportados, alejándose de las reglas de la sana crítica y transformando el análisis probatorio en un ejercicio arbitrario, incompleto e irrazonable.

En primer término cabe reiterar lo que la Corte Constitucional ha señalado sobre la indemnización por expropiación:

3.3.1.3 La indemnización por expropiación puede ser reparatoria

El artículo 58 de la Carta no dice que la indemnización debe ser plena.[98] En cuanto al alcance de la indemnización en el caso de expropiación, esta Corte aclaró, en la misma sentencia C-153 de 1994 citada, que comprende el daño emergente y el lucro cesante, pues puede cumplir, en principio, una función reparatoria. Dijo entonces la Corte:

 La indemnización es pues una consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad: la producción de un daño generado por una actividad legítima de la acción administrativa.

 La actividad es legítima porque la expropiación sólo opera por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés general para cumplir los fines esenciales del Estado, de que trata el artículo 2° superior: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Pero ese daño legítimo debe en principio ser indemnizado (...), porque la persona expropiada no tiene por qué soportar una carga específica que debe asumir toda la sociedad, en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo fundamento es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta. Esto explica entonces que el ordenamiento superior haya consagrado el derecho a la indemnización reparatoria en cabeza del afectado.

(...).

Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución ‘es reparatoria (...), ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado.’ Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización. (resaltado fuera de texto)[99]

(…).

En este sentido estima la Sala que en el presente caso la indemnización por la expropiación efectuada sobre el inmueble de propiedad del señor Efraín Barrero Rodríguez tiene carácter reparatorio, y comprende el daño emergente y el lucro cesante(1), siempre y cuando se encuentren acreditados.

a. Daño emergente

Al respecto esta Sección en sentencia de 14 de agosto de 2014, con ponencia del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno(2), precisó:

De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 numeral 6º de la Ley 388 de 1997 y el artículo 24 del Decreto 1420 de 1998, el daño emergente comprende el valor del inmueble expropiado, así:

ART. 62.—Procedimiento para la expropiación. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento para la expropiación previsto en la Ley 9 de 1989 y en el Código de Procedimiento Civil:

(…).

6. La indemnización que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado, para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de conformidad con lo aquí previsto. (se destaca)

El Decreto 1420 de 1998, dispone en el artículo 24:

ART. 24.—Para calcular el daño emergente en la determinación del valor del inmueble objeto de expropiación, según el numeral 6º del artículo 62 de la Ley 388 de 1997, se aplicarán los parámetros y criterios señalados en este Decreto y en la resolución que se expida de conformidad con el artículo anterior.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2281 de 24 de mayo de 2007, acto acusado que resolvió el recurso de reposición se lee:

“En el caso concreto la Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, entidad facultada para tal efecto, realizó informe técnico de avalúo del Contrato 685 No. 34336-2006 del 02 de mayo de 2006 sobre el bien, contemplando, de manera particular, entre muchos aspectos, la destinación económica del predio, su localización dentro del sector, así como las características y los usos que sobre el mismo se tiene, la factibilidad de prestación de servicios públicos, la viabilidad y el transporte. En relación con los valores de terreno y de construcción el avalúo contempló de acuerdo con lo establecido por los literales A y B del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998 los siguientes criterios: Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma; clases de suelo, las normas urbanísticas vigentes, tipo de construcciones en la zona y la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y servicio de transporte, el área de construcción existente, los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados, la edad de los materiales y el estado de conservación física.

Ahora bien, en cuanto al reconocimiento del daño emergente y lucro cesante generado a causa de la obra, que pretende el recurrente que sean incluidos dentro del precio indemnizatorio, es preciso señalar que estos se generaran cuando la administración actúa de manera unilateral y arbitraria contra derecho, situación que no se presenta en el procedimiento de adquisición del predio por motivos de utilidad pública que se adelanta de acuerdo a lo establecido en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, como quiera que en cumplimiento de dichas normas, los titulares del derecho de dominio es (sic) informado con suficiente anterioridad de la inminencia del traslado, lo que le permite iniciar las gestiones tendientes a buscar una nueva ubicación.

Así las cosas, en atención a la función social de la propiedad, de acuerdo a lo consignado por el artículo 58 de nuestra Constitución Política y ante la posibilidad de consultar los intereses de la comunidad y no solo de los afectados, como quiera que se trata de una obra en beneficio general, la indemnización no tiene que cubrir todos los aspectos necesarios para lograr que los titulares del derecho de dominio logren sustituir el predio expropiado por otro de semejantes condiciones, toda vez que ésta puede cumplir con una función meramente compensatoria, que se traduce en la determinación del valor comercial, sin tener en consideración factores tales como el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral entre otros.

En conclusión el precio indemnizatorio del inmueble referido es el valor del área de terreno que lo conforman, cantidad que se obtiene de realizar una operación aritmética, previa determinación del valor del metro cuadrado ponderando los factores contemplados en la ley como se adujo con antelación, consistente en multiplicar la cantidad de metros cuadrados por el valor unitario del metro cuadrado y luego sumar el producto de cada ítem.

(…).

Con respecto al avalúo:

Sea lo primero anotar que el avalúo elaborado sobre el inmueble ubicado en la Calle 63J No. 32-14 (antes) hoy Calle 63G No. 28B-14, número 34336-2006 de fecha mayo 2 de 2006 realizado por la Cámara de la Propiedad Raíz – Lonja inmobiliaria, se ajusta a lo establecido en el Decreto 1420 de 1998, concordado con la Resolución IGAC 762 de 1998, Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997; en tal sentido para la determinación del precio de adquisición del inmueble se utilizó la metodología de comparación de mercado y la técnica residual que consiste en modelo matemático de potencial de desarrollo de acuerdo con la norma urbanística vigente, en vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social y comercio, metodologías que se encuentran reguladas y reglamentadas en la Resolución 762 del Instituto Geografico Agustin Codazzi – IGAC (...)”.

Mediante Resolución 4838 de 2 de octubre de 2006, (folio 63 anexo 1) “por la cual se determina la adquisición de un inmueble por el procedimiento de expropiación administrativa y se formula una oferta de compra”, la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, dispuso adquirir el inmueble de propiedad del señor Efraín Barrero Rodríguez ubicado en la Calle 63J No. 32-14 (antes) hoy Calle 63G No. 28B-14 en la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula Catastral 63 J 32 3 y matrícula inmobiliaria 50C-242768 conforme al registro topográfico No. 34336 en el cual se delimita y alindera un área de terreno de 100.20M2, construcción de 23.74M2, cerramiento de 38.10M2, cárcamos de 9M2, accesorios globales los cuales son el objeto de la oferta.

En el artículo Cuarto, la citada resolución dispuso como precio indemnizatorio la suma de sesenta y dos millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos pesos ($62.249.000.00), para dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 67 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 61 de la misma norma, anexa copia del informe técnico de avalúo 34336-2006 de 2 de mayo de 2006, practicado por la Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en el Decreto 1420 de 1998.

Esta resolución fue notificada el 28 de noviembre de 2006 (folio 90 anexo 1) y mediante oficio IDU 086548-DTDP-8000 de la misma fecha se solicitó su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro de Bogotá junto con el registro topográfico.

El señor Efraín Barrero Rodríguez, mediante apoderado rechazó la oferta de compra, en cuanto se limita a considerar el valor comercial del mismo, sin tener en cuenta los daños y perjuicios sufridos por el hecho de la expropiación, particularmente derivados de la actividad “especulativa del expropiado, téngase en cuenta que en el inmueble funciona el auto-lavado Carrusel del cual depende la subsistencia de Efraín Barrero Rodríguez y su familia” (folio 140 anexo1)

Para el efecto solicita tener en cuenta los estados de pérdidas y ganancias del establecimiento de comercio denominado Lavadero Carrusel, correspondiente a los años 2002 a 2006 y el certificado de Cámara de Comercio del registro mercantil del citado establecimiento de comercio. (folios 115 a 137 anexo 1)

Igualmente, allegó al proceso el avalúo comercial realizado a petición del actor por “isaltda. Avalúos” en el cual se registra como valor del avalúo comercial la suma de $102.478.234.00 (folios 141 a 153 anexo 1).

Mediante Resolución 1521 de 10 de abril de 2007, se dispuso la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado antes en la Calle 63J No. 32-14 hoy Calle 63G No. 28B-14 de la ciudad de Bogotá, valor del precio indemnizatorio SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($62.249.000) de acuerdo con lo señalado en el artículo cuarto de la Resolución No. 4838 de 2 de octubre de 2006, suma que se pagaría en su totalidad una vez ejecutoriada esta resolución (6 de junio de 2007 según consta a folio 189 del anexo 1) y previo el trámite financiero, sujeta a una retención en la fuente del 1%.

El 5 de septiembre de 2007 se expidió el cheque No.04836-9 a favor de Efraín Barrero Rodríguez por el valor bruto de $62.249.000 el cual según consta a folios 228 y 230 del cuaderno anexo 1 se entregó el 24 de septiembre de 2007 por la suma de $61.626.510.00.

En este contexto el Instituto de Desarrollo Urbano adelantó el procedimiento de expropiación administrativa acorde con el ordenamiento jurídico y efectuó el pago de la indemnización con base en el valor comercial del inmueble establecido por la Cámara de Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria acorde con los factores y estudio económico: Ubicación, área del terreno, servicios públicos con que cuenta el predio, uso actual del sector y del predio, norma del uso del suelo, topografía, vías de acceso, características intrínsecas del predio, valor potencial, edad y estado de conservación y desde el punto de vista económico empleó los métodos comparativo para terreno, costo de reposición y depreciación para la construcción.

Significa lo anterior que el daño emergente reconocido en el presente caso al actor corresponde al valor comercial del inmueble fijado por la entidad competente, y acorde con los criterios fijados en el ordenamiento jurídico.

Lucro cesante

Al respecto el actor estimó que en el presente caso no se tuvo en cuenta para efecto de fijar la indemnización las sumas de dinero dejadas de percibir por el cierre del establecimiento de comercio que funcionaba en el lote expropiado y que disminuyeron considerablemente desde el momento en que se iniciaron las obras de la Troncal de Transmilenio por la carrera 30 Avenida Quito.

Para que fueran reconocidas las referidas utilidades, el actor allegó el avalúo comercial realizado por “isaltda Avaluos” practicado a las instalaciones físicas donde funciona un lavadero de carros en la Calle 63J No. 32-14 Barrio Benjamín Herrera de esta ciudad (folio 152 cuaderno anexo 1), con base en un análisis físico y técnico de la propiedad en cuanto se refiere a su edad, estado de conservación y comerciabilidad. Así define el valor comercial o de mercado y destaca como aspectos económicos la destinación actual del inmueble como lavadero de carros con una perspectiva mala de valorización por la construcción del puente peatonal sobre la avenida Ciudad de Quito.

El citado avalúo se realizó con fundamento en los balances presentados por el propietario en los cuales se registran las utilidades correspondientes a los años 2002 a 2006 obtenidas en la actividad comercial del lavadero Carrusel; la sociedad que realizó el avalúo tomó lo que se registra en dichos balances como utilidad para el año 2003, por ser la cifra de mayor valor, con un incremento anual del 20% y una tasa de interés DTF+7= 13.81y calcula unas utilidades a valor presente por la suma de $102.478.159.00 y sobre esa base realiza el avalúo comercial para un área de terreno de 92.16M2 a razón de $1.111.960,00 M2 para un total del valor del avalúo de $102.478.234.00.

Sobre este avalúo el Tribunal consideró que “no tiene la posibilidad de contradecir o de ser confrontado con el avalúo que sirvió de base a la tasación del precio de oferta formulado por el IDU”.

Al respecto la Sala considera:

Que acorde con lo afirmado por el Tribunal de instancia, no es posible hacer una comparación del avalúo presentado por el actor y el efectuado por la Lonja de Finca Raíz, por cuanto los criterios manejados por el avaluador son diferentes y especialmente porque los criterios empleados se fundaron en medios de prueba que no son idóneos para acreditar los ingresos y egresos del establecimiento de comercio, alegados por el accionante.

La Corte Constitucional en sentencia C-1074 de 2002, precisó:

Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria (...), ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización. (destaca la Sala)[99]

De lo anterior surge que la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si bien la jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el valor comercial del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación.[100]

No obstante lo dicho aquí, la Corte constata que el artículo 58 Superior no exige que quien sea expropiado reciba además de la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, también el pago de todos los costos adicionales que sean necesarios para adquirir un bien de las mismas características al expropiado y restituir al particular a condiciones similares a las que tenía antes de la expropiación. La indemnización en caso de expropiación no debe cumplir siempre una función restitutiva y, por eso, no tiene que ser integral. 

La indemnización que establece el artículo 58 constitucional en caso de expropiación es distinta de la que señala el artículo 90 de la Carta en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas. En primer lugar, el artículo 58 se refiere a un daño que no es antijurídico, puesto que el mismo texto constitucional establece que el particular debe soportar la carga de ser expropiado, es decir, el daño resultado de la expropiación sí debe ser soportado por el expropiado, lo cual no significa que dicho daño no deba también ser indemnizado, por mandato expreso de la Constitución. La existencia de tal deber justifica que la indemnización en caso de expropiación no tenga siempre que ser integral –como si lo exige el artículo 90 Superior. En segundo lugar, el artículo 58 Superior regula expresamente la fijación de la indemnización en caso de expropiación para indicar que ésta no se basa exclusivamente en los intereses del afectado, es decir, en el interés privado en que la indemnización sea lo más elevada posible y comprenda todas las cargas que ha soportado, sino que ha de fundarse también en los intereses de la comunidad. La fijación de la indemnización se hará “consultando los intereses de la comunidad y del afectado”, cuando el perjuicio es resultado de una expropiación, no de un daño antijurídico previsto en el artículo 90. En tercer lugar, tradicionalmente la indemnización en caso de expropiación no ha comprendido el daño moral, como por ejemplo el que puede resultar del especial afecto que el propietario tuviera por el bien expropiado. Ello indica que en este caso la expropiación no tiene que ser integral. En cambio, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, la indemnización sí comprende el daño moral.

Dentro de este contexto, si bien hay lugar a examinar el lucro cesante en tratándose de expropiación administrativa, sólo hay lugar a su reconocimiento y pago si se encuentra acreditado y de no ser posible, dice la norma, se reconocerán los intereses correspondientes al lapso trascurrido entre la entrega del inmueble y el pago de la indemnización.

Por ello, el actor con el objeto de acreditar el lucro cesante, esto es, lo dejado de percibir con la expropiación por la explotación del establecimiento de comercio del Lavadero Carrusel, presenta:

1. Certificado de matrícula del establecimiento efectuada el 13 de febrero de 2002, con renovación hasta el año 2006, en el cual se registra como actividad comercial: mantenimiento de vehículos, nombre: SERVI AUTOS LOS COCHES. (folio 68).

2. Contabilidad correspondiente al año 2007 y estado de pérdidas y ganancias, suscrita por una contadora. (folios 71 a 151 del cuaderno principal).

3. Planillas con fecha manuscrita de 1º de agosto a 30 de septiembre de 2007.

De conformidad con el Código de Comercio, artículo 13, para todos los efectos legales, se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: i) cuando se halle inscrita en el registro mercantil; ii) cuando tenga establecimiento de comercio abierto y iii) cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.

El actor acompañó con la demanda certificado de registro mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que lo acredita como comerciante y por ende obligado no sólo a matricularse en el registro mercantil, como se acreditó, sino además a inscribir en el mismo todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad; llevar la contabilidad regular de sus negocios, conforme a las prescripciones legales.

Al respecto el estatuto tributario dispone en el artículo 772:

“ART. 772.—La contabilidad como medio de prueba. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma”.

De acuerdo con el artículo 774 del mismo estatuto, para que la contabilidad constituya prueba, tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad como para quienes no lo están, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso;

2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos;

3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;

4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley;

5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio. (No llevar doble contabilidad)

Además, la contabilidad para que tenga validez como prueba y para que cumpla con sus objetivos, debe ajustarse a lo dispuesto por el decreto 2649 de 1993.

Así, el incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad, puede traer consecuencias como el no poder probar derechos ante un posible litigio con terceros.

La información que se consigne en los libros de contabilidad, debe estar soportada mediante comprobantes externos o internos. Los libros de contabilidad por sí mismos no son prueba si no están soportados por los documentos idóneos que respalden las cifras contenidas en ellos.

Tampoco el accionante allegó declaración de renta que acredite sus ingresos y patrimonio, durante los años que reclama el lucro cesante y para poder efectuar el cálculo a futuro.

Así las cosas, la Sala reitera que si bien es cierto hay lugar a reconocer el lucro cesante en el valor de la indemnización por expropiación, el mismo debe acreditarse lo cual no ocurrió en el presente caso pues al alegarse la existencia de un establecimiento de comercio de propiedad del actor en el inmueble expropiado debió, acorde con las exigencias de ley, demostrarse no sólo el registro mercantil sino además el registro de los libros de comercio incluido el de contabilidad, las declaraciones de renta si había lugar a ellas y en general con los medios de prueba con las formalidades que la ley autoriza para acreditar la circunstancia alegada.

Se allegaron unos documentos que no revisten las exigencias establecidas en la ley y que no acreditan la actividad comercial desplegada por el actor y que permitan determinar la cuantía del lucro cesante.

Tampoco hay lugar a reconocer intereses sobre la suma pagada porque acorde con la resolución acusada y demás documentos allegados al proceso por el Instituto de Desarrollo Urbano, el pago de la indemnización se verificó dentro del término establecido para el efecto una vez en firme la decisión de expropiación administrativa y adelantados los trámites financieros por la entidad obligada.

Así las cosas, al no haberse demostrado por el actor el lucro cesante, no hay lugar a su reconocimiento.

En este sentido no asiste razón al apelante al afirmar que el Tribunal desechó algunas pruebas y no valoró los documentos aportados, alejándose de las reglas de la sana crítica y transformando el análisis probatorio en un ejercicio arbitrario, incompleto e irrazonable.

Conclusión

Al no haberse demostrado el lucro cesante por el actor, habrá lugar a confirmar la sentencia apelada por los motivos expuestos en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia apelada por los motivos expuestos en esta providencia.

En firme este proveído devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión de la fecha».

1 Artículos 1613 y 1614 del C.C., la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptuándose los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. Igualmente el Artículo 1614 C. C. define: daño emergente y lucro cesante. Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. Daño emergente: El daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, generados por los hechos de los cuales trata de deducirse su causación. Lucro cesante: Está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Ref: expediente núm. 2007-00032-01.