Sentencia 2007-0039 de junio 5 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 11001-03-28-000-2007-00039-00

Radicación interna: 2007-0039

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Demandante: Oscar Alberto Romero Velásquez

Acción electoral

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Según lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, artículo 128, numeral 3º —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998— y el Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999, artículo 13 —modificado por el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, artículo 1º—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del proceso electoral planteado.

2. El acto acusado.

Lo constituye el Acuerdo 002 del 19 de abril de 2007 proferido por el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional para el Manejo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, Cormacarena, por medio del cual se declaró la elección del señor Joaquín Hernán Patarroyo Varón como director de Cormacarena para el periodo 2007-2009.

3. Del problema jurídico.

Se trata de definir si la elección del señor Joaquín Hernán Patarroyo Varón como director de Cormacarena para el periodo 2007-2009, contrarió las disposiciones legales que el actor alega. Para el efecto, debe determinarse si el representante del rector de la Universidad de la Amazonía quien actuó en la elección y dio su voto a favor del elegido, tenía la facultad para representar a dicha entidad que hace parte del consejo directivo, y si a esta, le estaba permitido actuar por intermedio de un delegado o si el representante legal de la entidad era quien directa y personalmente debía concurrir a la elección por estar prohibida la delegación.

Igualmente, debe resolverse sobre la capacidad jurídica del representante legal de Asocolonos para participar en la referida elección pese al fenecimiento del periodo para el cual se designó.

4. Del caso concreto.

4.1. Cuestión previa.

En primer término procede la Sala a resolver las excepciones planteadas por el apoderado del demandado, denominadas legalidad de los actos acusados en relación con la intervención de los representantes de la Asociación de colonos, de la unidad administrativa especial del sistema de parques naturales y de la Universidad de la Amazonía.

Al respecto la Sala considera que tales alegaciones no constituyen hechos exceptivos sino que representan razones de defensa, por tal motivo, así se despacharán.

4.2. Cuestión de fondo.

Procede a la Sala decidir las censuras planteadas por el actor y su estudio se aborda de la siguiente manera:

De la representación legal de la Asociación de colonos.

Considera el demandante que el voto emitido por el señor Néstor Francisco Hernández es inválido en razón a que pese a estar acreditada la calidad de representante legal en el certificado de la Cámara de Comercio de Villavicencio, su periodo de dos años para el cual fue elegido por la junta directiva de dicha asociación, finalizó el 22 de febrero de 1999.

De acuerdo con el Acta 005 de 2007 denominada “Reunión extraordinaria del consejo directivo entrevista informal y audiencia pública” se acredita que concurrió a la misma en calidad de representante de Asocolonos el señor Néstor Francisco Hernández, quien emitió voto a favor del elegido señor Joaquín Hernández Patarroyo (fls. 42-46).

Ahora bien en el expediente obran los siguientes documentos relevantes para resolver esta censura, así:

• Certificado de Cámara de Comercio de Villavicencio de fecha: 2007/05/18 en el que consta la existencia y representación legal de la Asociación de colonos del municipio de La Macarena y Guayabero y se certifica: i) que la entidad que ejerce la inspección, vigilancia y control es la Gobernación del Meta, ii) que la persona jurídica no se halla disuelta. Su duración va hasta el 25 de abril de 2027 y iii) la representación legal la ejerce el señor Hernández Enciso Néstor Francisco, presidente junta directiva, a partir de la fecha de la inscripción 1997/09/08, y sin que al respecto exista modificación debidamente registrado.

• Certificado de la directora de administración de participación social de la gobernación del Meta por medio del cual se señala que para el momento de la certificación la asociación se encontraba legalmente constituida. Que para el 19 de abril de 2007 se encontraba inactiva para efectos de inspección, control y vigilancia por parte de la dirección que expide la certificación (fl. 174).

De lo anterior se acredita que al momento de la elección del director de Cormacarena, el señor Néstor Francisco Hernández Enciso ostentaba la representación legal de la asociación. En certificado de existencia y representación legal da cuenta de que su inscripción como tal se hallaba vigente para entonces.

Ahora bien, establecer si la designación y vigencia en el tiempo del presidente de la Asociación de colonos se supeditó a lo dispuesto en los estatutos de esta no es asunto que corresponda definir en este proceso.

Según el Decreto 2150 de 1995 (1) el registro en las cámaras de comercio es prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, y se acredita con la certificación que para el efecto expida la cámara competente.

En este caso, de la certificación que aporta el demandante se constata que el señor Hernández Enciso funge como representante legal de la Asociación de colonos. En esa medida, se insiste, al momento de la elección actuó de conformidad con la facultad que como presidente le ostentaba para la elección que en la que (sic) intervino.

Además, no está acreditada la nominación de un nuevo representante legal, ni tampoco la desvinculación del señor Hernández Enciso por renuncia, situaciones que sí darían lugar a que la Sala analizara los alcances de una presunta falta de gestión en la renovación de la inscripción de representante legal de la asociación en el registro de la cámara de comercio.

El Código de Comercio, artículo 164 (2) prevé que las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección, norma cuya exequibilidad declaró la Corte Constitucional en los términos y bajo las condiciones establecidas en la Sentencia C-621 de julio de 2003.

La referida providencia señala que aunque el Código de Comercio, artículo 163, permite el registro de la revocación de los administradores (3) o revisores fiscales, esta inscripción no le pone fin a las obligaciones y responsabilidades de quienes ejercen tales cargos, sino que es el registro de un nuevo nombramiento, el que lo desvincula definitivamente de su responsabilidad frente a la sociedad (4) .

Sin embargo, aclaró que las normas acusadas no pueden ser entendidas en el sentido de que permiten la situación de permanencia obligada e indefinida en el cargo y de la asunción ilimitada de responsabilidades, pues tal lectura resulta contraria a la Constitución, por tanto, previó el siguiente condicionamiento jurídico para el análisis de los artículos demandados (5) :

“Por todo lo anterior la Corte concluye que las normas demandadas no pueden ser consideradas constitucionales, sino bajo el entendido de que la responsabilidad que endilgan a los representantes legales y revisores fiscales salientes de sus cargos, mientras se registra un nuevo nombramiento, no puede carecer de límites temporales y materiales. Dichos límites temporales y materiales implican que: (i) Se reconozca que existe un derecho a que se cancele la inscripción del nombramiento del representante legal o del revisor fiscal en todas las oportunidades en que por cualquier circunstancia cesan en el ejercicio de sus funciones. Este derecho acarrea la obligación correlativa de los órganos sociales competentes en cada caso, de proveer el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento. (ii) Para el nombramiento del reemplazo y el registro del nuevo nombramiento se deben observar, en primer lugar, las previsiones contenidas en los estatutos sociales. (iii) Si los estatutos sociales no prevén expresamente un término dentro del cual debe proveerse el reemplazo del representante legal o del revisor fiscal saliente, los órganos sociales encargados de hacer el nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de treinta días, contados a partir del momento de la renuncia, remoción, incapacidad, muerte, finalización del término estipulado, o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo. Durante este lapso la persona que lo viene desempeñando continuará ejerciéndolo con la plenitud de las responsabilidades y derechos inherentes a él. A esta conclusión arriba la Corte, aplicando por analogía las normas que regulan la terminación del contrato de trabajo a término indefinido, contenidas en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5º del Decreto-Ley 2351 de 1956(sic) (6) . (iv) Pasado el término anterior sin que el órgano social competente haya procedido a nombrar y registrar el nombramiento de un nuevo representante legal o revisor fiscal, termina la responsabilidad legal del que cesa en el ejercicio de esas funciones, incluida la responsabilidad penal. No obstante, para efectos de la cesación de la responsabilidad a que se acaba de hacer referencia, el representante legal o el revisor fiscal saliente debe dar aviso a la cámara de comercio respectiva, a fin de que esa información se incorpore en el certificado de existencia y representación legal correspondiente a la sociedad. (v) Si vencido el término de treinta días y mediando la comunicación del interesado a la cámara de comercio sobre la causa de su retiro no se produce y registra el nuevo nombramiento de quien reemplazará al representante legal o al revisor fiscal saliente, este seguirá figurando en el registro mercantil en calidad de tal, pero únicamente para efectos procesales, judiciales o administrativos, sin perjuicio de las acciones que pueda interponer en contra de la sociedad por los perjuicios que esta situación pueda irrogarle. (vi) No obstante todo lo anterior, la falta de publicidad de la causa que da origen a la terminación de la representación legal o de la revisoría fiscal, hace inoponible el acto o hecho frente a terceros, ante quienes el representante legal o revisor fiscal que figure registrado como tal continuará respondiendo para todos los efectos legales.

Los anteriores condicionamientos hacen que la permanencia en el registro mercantil de la inscripción del nombre de quien venía ejerciendo la representación legal o la revisoría fiscal de la sociedad se mantenga una vez producida la causa de su desvinculación, como una forma de garantía a los intereses de terceros y por razones de seguridad jurídica. Empero, pasado el término de treinta días, y mediando comunicación del interesado sobre el hecho de su desvinculación, dicha inscripción adquiere un carácter meramente formal.

Finalmente, tratándose del caso en que el representante legal o el revisor fiscal sea una persona jurídica, debe aclararse que si de lo que se trata es de la renuncia, remoción, muerte, etc. de la persona natural que a nombre de aquella cumple con la función, lo que procede es su reemplazo en tal actividad, sin necesidad de registro o comunicación alguna”.

La anterior precisión se hace a título ilustrativo, pues se insiste, que en este asunto el presidente de Asocolonos permanecía inscrito como representante legal de dicha asociación y en la medida en que no está probada su renuncia o su remoción, no hay lugar a establecer bajo las anteriores consideraciones jurídicas, si para el momento de la elección obró como representante legal, pues esta condición está plenamente determinada y no admite discusión.

Es cierto que de acuerdo con la certificación expedida por la directora de la administración de participación social de la gobernación del Meta para el 19 de abril de 2007 la Asociación de colonos se encontraba inactiva para efectos de la inspección, control y vigilancia que le compete ejercer; no obstante, esta situación no incide en que se encuentre legalmente constituida, máxime que no ha sido disuelta ni liquidada, pues ante la vigencia de su existencia jurídica, los actos que el representante legal válidamente inscrito y no removido ejerza en calidad de tal, son plenamente válidos.

Así las cosas, el voto emitido por el señor Néstor Francisco Hernández Enciso en su calidad de representante legal de la Asociación de colonos del municipio de La Macarena y Guayabero, es válido y no contraría las normas que el demandante señala como infringidas.

Por lo expuesto esta censura no prospera.

De la representación de Edgar Emilio Rodríguez Bastidas y Meyer Humberto Hurtado Parra como representantes de la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales y de la Universidad de la Amazonía.

Corresponde a la Sala establecer si como lo señala el actor, para efectos de la elección, del director de Cormacarena está prohibida la delegación o la actuación del representante de las entidades referidas por medio de delegado, en los términos de la Ley 99 de 1993, artículo 38.

En primer lugar es del caso traer a colación lo dispuesto por la señalada disposición, así:

“ART. 38.—De la Corporación para el desarrollo sostenible de La Macarena. Créase la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena, Cormacarena, como una corporación autónoma regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente del área de manejo especial La Macarena, reserva de la biosfera y santuario de fauna y flora, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del área de manejo especial de La Macarena, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, y propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y la conservación de los recursos y del entorno del área de manejo especial La Macarena.

La jurisdicción de Cormacarena comprenderá el territorio del área de manejo especial La Macarena, delimitado en el Decreto 1.989 de 1.989, con excepción de las incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el desarrollo sostenible del oriente amazónico, CDA, y Corporinoquía.

Su sede será la ciudad de Villavicencio y tendrá una subsede en el municipio de Granada, departamento del Meta.

La Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena, ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos, y se abstendrá de cumplir aquellas que el Ministerio se reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera general a las corporaciones autónomas regionales.

La nación tendrá en la asamblea corporativa una representación no inferior al 35% de los votos y estará representada en ella por el Ministro del Medio Ambiente, o su delegado.

El consejo directivo de la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena, estará integrada (sic) por: a. El Ministerio del Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidirá; b. El gobernador del Meta o su delegado; c. El jefe de la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales naturales del Ministerio del Medio Ambiente; d. Un representante del Presidente de la República; e. Dos representantes de los alcaldes de los municipios que hacen parte del área de manejo especial; f. Un representante de las organizaciones no gubernamentales o personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la defensa y protección del área de manejo especial La Macarena; g. Un representante de la asociación de colonos de La Macarena; h. Un representante de las comunidades indígenas asentadas en área de manejo especial, escogido por ellas mismas; i. El director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, “Sinchi”, o su delegado; j. El director del Instituto de Investigación de Recursos biológicos “Alexander Von Humbolt”, o su delegado; k. Los rectores de las universidades de la Amazonía y Tecnológica de los Llanos Orientales.

Los miembros del consejo directivo de que tratan los literales e y f, serán elegidos por la asamblea corporativa por el sistema de mayoría simple de listas que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso”.

Dice el actor que únicamente las autoridades frente a las cuales el trascrito artículo prevé que pueden actuar por delegado, están facultadas para designar a quien los represente en la elección del director, en este caso, las entidades y funcionarios autorizados en los referidos literales a), b), d), e), f), h), i) y j).

De ello infiere que, a contrario sensu, el jefe de la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales naturales del Ministerio del Medio Ambiente y los rectores de las universidades de la Amazonía y Tecnológica de los Llanos Orientales, deben actuar personalmente ya que no les está permitido que deleguen esta facultad para que otro la cumpla en su nombre.

Para abordar este asunto es preciso analizar la figura de la delegación y determinar si el contenido literal del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, establece prohibición a tales autoridades de utilizar esta figura en la elección del director de la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena, que representan.

Pues bien, la delegación vista desde su finalidad, es un mecanismo jurídico que permite desarrollar la gestión pública a través de la entrega transitoria de funciones propias del órgano o funcionario delegante, en razón a que no siempre pueden cumplir de manera directa todas las funciones que la Constitución, la ley y los estatutos les asignan.

Con tal propósito el constituyente estableció en el artículo 209 (7) Superior la delegación como un instrumento de la función administrativa, mecanismo que se reglamentó por la Ley 489 de 1998 (8) , artículo 9º:

“ART. 9º—Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”.

La jurisprudencia constitucional ha señalado sobre el particular lo siguiente:

“La delegación es una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas (art. 209, 211, 196 inc. 4º y 305), algunas veces de modo general, otras de manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por este, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley” (9) .

Se tiene entonces que la autorización para delegar se hace en los términos del artículo 211 de la Carta Política, donde se establece que las autoridades administrativas podrán ser delegantes, en las condiciones que fije la ley. No obstante, hay funciones cuyo ejercicio es indelegable ya porque hay restricción expresa sobre la materia, o porque la naturaleza de la función no admite la delegación.

Finalmente la facultad para delegar está reservada al titular de la atribución o del empleo público y se requiere que la función esté asignada previamente. El delegante tiene competencia para fijar los parámetros y las condiciones que orientarán el ejercicio de la delegación por parte del delegatario.

Fijado este marco general que rige la delegación de funciones la Sala estima que aunque el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, no prevea expresamente la posibilidad de que la participación en el consejo directivo de Cormacarena del jefe de la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales naturales del Ministerio del Medio Ambiente y del rector de la Universidad de la Amazonía se lleve a cabo por intermedio de sus delegados, no puede entenderse que tal opción se encuentre prohibida. Lo anterior, en razón a las siguientes consideraciones:

• Los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998 establecen las reglas sobre la procedencia de la delegación de funciones administrativas, así:

“ART. 10.—Requisitos de la delegación. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.

ART. 11.—Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación:

1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.

2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación.

3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación.

ART. 12.—Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

PAR.—En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal”.

• El artículo 2º de la Ley 489 de 1998 dispone que las normas relativas a la delegación de funciones administrativas se aplican sin distinción, a todos los organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público y de la administración pública y, en lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que le es propia de acuerdo con la Constitución y la ley.

• De la anterior normativa se concluye que la Ley 489 de 1998 en desarrollo del mandato constitucional estableció como regla general la posibilidad de delegar funciones administrativas, luego este mecanismo está prohibido únicamente en los casos en que expresamente así se señale y en los previstos en el artículo 11 de la citada ley.

• Así las cosas y ante la ausencia de prohibición expresa en el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, debe darse aplicación a la cláusula general sobre la procedencia de la delegación, máxime cuando lo que establece esta norma es la composición del consejo y no el imperativo mandato de que las decisiones adoptadas por este se tomen de forma personal por quienes hacen parte de él, que es la cuestión que aduce el demandante como constitutiva de nulidad del acto de elección del director de Cormacarena, al no haber actuado tales funcionarios directamente sino a través de representantes o delegados.

• De manera que la participación de los delegados del jefe de la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales naturales del Ministerio del Medio Ambiente y del rector de la Universidad de la Amazonía en la elección del presidente del consejo directivo de Cormacarena, quienes en el proceso de selección y votación actuaron en su respectiva representación, tiene fundamento constitucional y legal.

• Es preciso aclarar que el hecho de que a los demás integrantes del consejo directivo sí les esté expresamente autorizado que puedan actuar por delegado o representante no implica per se que frente a los funcionarios que delegaron la participación personal no obstante no constar expresa su permisión al respecto, carezcan legalmente de tal posibilidad.

• Es de resaltar además, que la delegación de la función del jefe de la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales naturales del Ministerio del Medio Ambiente se realizó mediante Resolución 0112 del 13 de abril de 2007 (fls. 167-168) acto que goza de presunción de legalidad y que representa el ejercicio de la facultad conferida en los artículos 209 de la Constitución Política y 9º de la Ley 489 de 1998.

Sobre el particular esta Sección en un asunto de similares características puntualizó:

“(...) El vacío normativo en relación con la forma de participación de los alcaldes en el consejo directivo puede interpretarse de dos maneras. De un lado, que no es posible la delegación, puesto que tal y como lo señalan los artículos 121 y 122 de la Constitución, los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les atribuye la Constitución, la ley y los reglamentos. Por lo tanto, si no hay disposición expresa que autorice la delegación y esta existe para los otros supuestos que regula la misma ley, significa que el legislador quiso negarla para los alcaldes. De otro lado, también podría decirse que la participación de los alcaldes por medio de delegado no solo no está prohibida expresamente en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, sino que los artículos 209 de la Constitución y 9º de la Ley 489 de 1998 autorizan la delegación como mecanismo de organización de la función administrativa. La Sala considera que la segunda hermenéutica es la correcta para aclarar el vacío normativo sobre la forma de participación de los alcaldes en el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales(10) .

• En lo que tiene que ver con el reproche por la actuación que cumplió en la elección acusada el secretario general de la Universidad de la Amazonía, a quien el rector titular encargó de las funciones de rector por Resolución 0647 de 2007, para representarlo en la reunión del consejo directivo de Cormacarena, que sesionó para efectuar esta elección, situación que a juicio del demandante es irregular en tanto que el encargante continuaba también fungiendo como rector, cabe decir que pese a la falta de técnica y a la inadecuada figura jurídica que utilizó el rector titular de la universidad en dicha resolución (fl. 169), se deduce de su motivación que el verdadero sentido de tal acto y la intención del señor rector al proferirlo fue en realidad la de delegar en el secretario general la potestad en él radicada de ser el representante de dicho ente en el consejo directivo de Cormacarena y no la de encargarlo como rector. Así se confirma, además, del contenido del mismo acto conforme al cual el “encargo” se efectúa únicamente para representar al rector titular en la sesión del consejo directivo de Cormacarena.

Bajo este entendido, la incongruencia de la figura del encargo que se utilizó no tiene el alcance para enervar la legalidad de la delegación que efectuó, razón por la cual la actuación cumplida por el señor Meyer Hurtado Parra como representante de la Universidad de la Amazonía en la elección del señor Joaquín Hernán Patarroyo Varón, es válida.

Por las anteriores razones este cargo tampoco prospera.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar improcedentes las excepciones planteadas por el apoderado del demandado, atendiendo a las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

2. Negar las pretensiones de la demanda.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Artículos 40, 41 y 42.

(2) “ART. 164.—Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.

La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva inscripción.

(3) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

(4) Código de Comercio. Art. 163: La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato social no se considerará como reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la revocación.

Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato.

La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación.

(5) Artículo 164 y 442 del Código de Comercio.

(6) Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 5º, numeral 2º: “El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el patrono lo remplace”.

(7) “ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

(8) “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

(9) Corte Constitucional. Sentencia C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(10) Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicación interna 2575 (2001-0040). Sentencia del 8 de febrero de 2002. C.P. doctor Darío Quiñones Pinilla.

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