Sentencia 2007-00398 de enero 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00398-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 22 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Actora: Jeans Fashion S.A.

Bogotá, D. C., veintitrés de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Mediante la Resolución 2798 de 27 de octubre de 2006, la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura —División de Fiscalización—, ordenó el decomiso de la mercancía descrita en el manifiesto de carga núm. 352006000001243 de 29 de julio de 2003, la cual fue aprehendida mediante Acta 294COMEX el 12 de septiembre de 2006 debido a que ingresaron por lugar no habilitado, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 5796 de 7 de julio de 2005.

Cuando la mercancía fue aprehendida se valoró en $228’584.711.05 atendiendo la base de precios oficial, que se encuentra elaborada con fundamento en precios mundiales de mercancías idénticas o similares, sobre la base de precios consecutivos núms. 64358 y 64291 (precios de avalúo) que se llevó a cabo el 13 se septiembre de 2006, de lo cual se dejó constancia en el acta de aprehensión, sobre la cual la sociedad Jeans Fashion S.A. no presentó objeción a la que tenía derecho, según el artículo 505-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 14 del Decreto 4431 de 30 de diciembre de 2004(2).

La Resolución 5796 de 7 de julio de 2005(3), que goza de presunción de legalidad, fue expedida por el Director General de la DIAN con fundamento en las facultades que le fueron conferidas en virtud del Decreto 1071 de 1999, literal i) y en concordancia con el artículo 41 del Decreto 2685 de 1999(4).

Dispone la Resolución 5796 de 2005, lo siguiente:

“ART. 1º—Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000, modificado por los artículos 12 de la Resolución 7002 de 2001 y artículo 1º de la Resolución 2406 de 2004:

‘PAR. 2º—Las mercancías clasificables por los capítulos 50 al 64 del arancel de aduanas, correspondientes a materias textiles y sus manufacturas, y calzado y sus partes, originarias y/o provenientes de la República de Panamá y de la República Popular China, deberán ingresar e importarse exclusivamente por las jurisdicciones de la Administración Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado y la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, si se transportan vía aérea; y por la Administración Especial de Aduanas de Barranquilla, si es por vía marítima.

Las mercancías cuyo documento de transporte esté consignado a un usuario aduanero permanente o a un usuario altamente exportador, no estarán sometidas a lo señalado en este parágrafo’" (negrilla fuera de texto).

La disposición anterior que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, fue ampliada mediante las resoluciones 12465 de 21 de diciembre de 2005 hasta el 30 de junio del mismo año, y 6691 de 22 de junio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006, de tal manera que cuando ocurrieron los hechos de la demanda y se expidió la Resolución 2798 de 26 de octubre de 2006, la norma se encontraba vigente.

La trasgresión al parágrafo 2º de la Resolución 5796 de 7 de julio de 2005, tiene como consecuencia que la mercancía que ingrese al país puede ser aprehendida y decomisada, al tenor del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, que reza:

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

<Numeral 1. Modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:>

1. En el régimen de importación:

1.1 Cuando se oculte o no se presente a la autoridad aduanera mercancías que han arribado al territorio aduanero nacional, salvo cuando las mercancías estén amparadas con documentos de destino a otros puertos.

1.2 Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que se configure el arribo forzoso legítimo a que se refiere el artículo 1541 del Código de Comercio (…)” (negrillas fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, el artículo 232 del mismo Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 22 del Decreto 1232 de 2001, dispone:

“ART. 232.—Mercancía no presentada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

<Artículo modificado por el artículo 25 del Decreto 2101 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Se entenderá que la mercancía no ha sido presentada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando:

a) Su introducción se realice por lugar no habilitado del territorio aduanero nacional, salvo que se configure el arribo forzoso legítimo a que se refiere el artículo 1541 del Código de Comercio;

(…)

Siempre que se configure cualquiera de las circunstancias señaladas en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías” (negrillas fuera de texto).

Ahora bien, para que se configure el decomiso, el ingreso de la mercancía debe cumplir con tres condiciones: que se trate de materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes; que éstas sean originarias y/o provengan de la República de Panamá o de la República Popular China; y que ingresen al País por puerto no habilitado. En este caso la mercancía consistía en blusas para dama, buzos para caballeros, y camisetas, lo cual no está en discusión, así como tampoco que ingresaron por el puerto de Buenaventura, que, según la norma no estaba habilitado para el ingreso de dichos bienes.

En el presente caso ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia: la actora, porque considera que el precio de la mercancía es mayor al señalado por el a quo; y la entidad demandada, porque considera que la mercancía provenía de la República Popular China y, por lo tanto, debieron negarse las pretensiones de la demanda.

Sea lo primero precisar que tanto Hong Kong como Shanghai pertenecen a la República Popular China, de manera que si la mercancía decomisada proviene de cualquiera de estos territorios, se cumple el otro requisito o condición para que la mercancía pudiera ser decomisada, conforme lo dispusieron los actos acusados. De los documentos allegados al expediente se tiene que:

— El certificado de origen núm. 0024692 aportado con la demanda, suscrito por la Cámara de Comercio de Hong Konk (sic), señala que el 8 de julio salió la mercancía del puerto de Shanghai; en la parte final de este documento se observa una nota en idioma inglés que fue traducida al español en los siguientes términos, “por la presente certifico que estoy satisfecho luego de haber examinado la evidencia documental de que los bienes anteriormente descritos originarios de la República Popular de China han sido enviados sin tránsito/con transbordo desde Hong Kong” (fls. 194 a 197 del cdno. ppal.).

— La mercancía fue despachada o embarcada en el puerto de Shanghai, según consta en el conocimiento de embarque (Bill of Lading), núm. 510534890, expedido en SHANGHAI el 8 de julio de 2006 (fls. 29 del cdno. ppal. y 10 del cdno. de antecedentes administrativos).

— El apoderado de la sociedad actora presentó el 3 de noviembre de 2006 una petición a la DIAN para que autorizara el reembarque de las mercancías hacia la ciudad de Panamá; en este documento, cuyo asunto es el Acta de Aprehensión 294COMEX de 12 de septiembre de 2006, se lee:

“Dentro del asunto de la referenciado, concretamente en el conocimiento de embarque Nº 510534890 del 8 de julio de 2006 (B/L), reza de que la mercancía remitida, viene desde el puerto de Shanghai con destino al de Buenaventura, Colombia y cuyo consignatario es la sociedad Jeans Fashion S.A. con domicilio en Bogotá, D.C.

(…)

4) Se tiene pues en claro que su lugar de ingreso debió ser, otra jurisdicción de la DIAN, con lo cual se configura la causal de aprehensión anotada y establecida en el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

5) Observando pues el manifiesto de carga y documento de transporte ya mencionados, se puede constatar sin lugar a ninguna duda que en momento alguno se ha ocultado que la mercancía no podía ingresar por el puerto de Buenaventura (Valle), lo que simplemente ha sucedido es que hubo un mal asesoramiento para determinar el puerto de arribo a Colombia para poder proceder a la nacionalización y pago de tributos, que en muchas ocasiones se desconoce totalmente en los puertos de origen o embarque de las mercancías.

(…)

8) Lo anterior sirve para acreditar y recabar en la buena fe, por parte de mi cliente, en el ingreso de la mercancía, aunque hubo un error mayúsculo en indicarse Buenaventura (lugar no habilitado para ello)” (fls. 69 a 72) (Resalta la Sala).

— En el recurso de reconsideración el apoderado de la sociedad señala “Se acepta de plano que efectivamente la mercancía proviene de Shanghai y que es claro que pudo cometerse un error de buena fe en el embarque de las mismas al puerto de Colombia” (fls. 96 a 102 del cdno. de antecedentes).

El certificado de origen y el conocimiento de embarque mencionados dan fe de que las mercancías textiles se embarcaron o provenían del puerto de Shanghai, lo cual es reconocido por la misma actora, quien en la vía gubernativa siempre aceptó que los bienes se embarcaron o provenían de dicho puerto, que está ubicado en la República Popular China.

Al ingresar la actora mercancía procedente de Shanghai —República Popular China— consistente en manufacturas de material textiles, por el puerto de Buenaventura, estando vigente la restricción, se violó la prohibición legal, por lo cual era procedente la aprehensión y el decomiso de la mercancía, como lo dispusieron los actos acusados.

El documento de fecha 1º de agosto de 2007, (cuando ya se habían dictado las resoluciones acusadas), expedido por la empresa exportadora Kerson Textiles Limited, (fl. 60 del cdno. principal - traducción oficial obra a fl. 63), que da fe en el sentido de que es una empresa establecida en Hong Kong y que durante el año 2006 vendió y embarcó bienes con destino a la sociedad Jeans Fashion S.A. en Colombia, no prueba que las mercancías decomisadas provinieran de Hong Kong. Ahora, de ser así, como ya se dijo, dicho territorio también pertenece a la República Popular China.

De otra parte, es cierto que la DIAN mediante la Resolución 2008-608-0047 de 28 de octubre de 2008(5) terminó una investigación cambiaria por no existir mérito para la misma, la cual se inició porque el artículo 6º de la Ley 383 de 10 de julio de 1997 por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 24 de diciembre 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria, dispuso “se presume que existe violación al régimen cambiario, cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado (…)”, presunción legal que admitió prueba en contrario, es decir que no se violó el régimen cambiario, lo que no indica que no exista infracción aduanera porque cada actuación corresponde a unos hechos diferentes.

Textualmente dice la resolución en comento, “aunque la presunción de violación al régimen cambiario cobró vigencia por el ingreso al país de la mercancía por lugar no habilitado, la sociedad Jeans Fashion S.A. realizó los procedimientos legales orientados a atender el cumplimiento del pago de la mercancía a su proveedor en el exterior por los canales institucionales cambiarios (…)”; en este acto no se vislumbra, como lo asevera la actora, que la mercancía proviniera de Hong Kong. Lo que ocurre es que el proveedor —sociedad Kerson Textiles Limited—, a quien la actora debía pagarle el valor de la mercancía tenía sus oficinas en esta ciudad.

Entonces, como lo explicó la DIAN en su alegato de conclusión ante esta instancia, los procesos administrativos están regulados independientemente; cada uno es adelantado de acuerdo con el procedimiento establecido por normas especiales para cada materia —aduanera y cambiaria— pese a que uno es insumo del otro, pues uno es el proceso sancionatorio cambiario, por presuntas infracciones al régimen legal cambiario, y otro, el originado en el ejercicio de la facultad de control de las operaciones de comercio exterior que ejerce la DIAN en su condición de autoridad aduanera.

No está por demás observar que resulta extraño que fue en el escrito de la demanda que la actora afirmó y pretendió probar que la mercancía procedía de Hong Kong, cuando ante la administración siempre reconoció y demostró con documentos, que provenía de Shanghai y por ello, precisamente, solicitó su reembarque o el envío a la aduana de Barranquilla; además de que en ningún momento en la vía gubernativa la actora objetó ni cuestionó el valor que la DIAN dio a las mercancías.

Consecuente con lo anterior, la Sala revocará el fallo apelado, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia y, en su lugar denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) “ART. 505-1.—Documento de objeción a la aprehensión.

<Artículo adicionado el artículo 14 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acta de aprehensión, el interesado o responsable de la mercancía aprehendida deberá acreditar la legal introducción o permanencia de la misma en el territorio aduanero nacional o desvirtuar la causal que generó la aprehensión. Para tal efecto deberá presentar el documento de objeción a la aprehensión.

En el documento de objeción a la aprehensión el titular de derechos o responsable de la mercancía, expondrá ante la autoridad aduanera sus objeciones respecto de la aprehensión, anexando las pruebas que acrediten la legal introducción o permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad con el acta de aprehensión;

b) Relacionar y solicitar las pruebas que se pretende hacer valer;

c) Indicar el nombre y la dirección de la persona que objeta el acta de aprehensión y su apoderado para efecto de las notificaciones;

d) Que se firme por el titular de derechos o responsable de las mercancías aprehendidas, o por su apoderado o representante legal, según el caso;

El documento de objeción a la aprehensión podrá ser presentado por el titular de derechos o responsable de la mercancía, sin necesidad de abogado;

PAR.—Al documento de objeción a la aprehensión se deberán anexar los documentos que acrediten la legal introducción o permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional o que desvirtúen el hecho que generó la aprehensión, los cuales se consideran parte integrante del mismo”.

(3) Esta resolución fue demandada en acción de nulidad por violación de los principios de regulación del comercio internacional, previstos en el artículo 2º de la Ley 7ª de 1991, o ley marco de comercio exterior, numerales 1, 2, y 6, y el artículo 333 de la Constitución Política; la Sección Primera mediante fallo de 24 de enero de 2013, expediente 2006-00035, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, denegó las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que el análisis de legalidad se contrae a los cargos propuestos por el demandante, y los mismos no fueron formulados de forma tal que lograren desvirtuar la presunción de legalidad que los ampara. Consideró la Sala: “De este modo, el análisis tendiente a definir si la norma demandada de la Resolución 5796 de 2005 se ajusta a derecho, ha de realizarse primordialmente frente a las normas en que esta se funda, las cuales, se reitera, no corresponden a las de la Ley 7ª de 1991, sino a las facultades conferidas al Director General de la DIAN, en virtud del Decreto 1071 de 1999, literal i) y en concordancia con el artículo 41 del Decreto 2685 de 1999, que se relacionan expresamente con la facultad de habilitar lugares para el ingreso y salida de mercancías. Sin embargo, estas disposiciones no fueron invocadas como violadas, por lo que no es del caso ocuparse del estudio de legalidad con respecto a estas”.

(4) Dispone el artículo 41 del Decreto 2685 de 1999: “PAR.—La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá por razones de control, prohibir o restringir el ingreso o salida de determinadas mercancías por los lugares habilitados”.

(5) Folio 198 del cuaderno principal.