Sentencia 2007-00399 de mayo 25 de 2011 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 41001 11 02 000 2007 00399 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Discutido y aprobado en Acta 51 de la misma fecha.

Ref.: Disciplinario contra Elías Cuellar Tejada, Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva.

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta por el disciplinable y coadyuvada por Ministerio Público, contra el fallo emitido en primera instancia, según los términos del artículo 115 de la Ley 734 de 2002.

Establece el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuyo incumplimiento la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, sancionó al doctor Elías Cuellar Tejada, en su calidad de Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva, que es deber de los funcionarios: “1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

El anterior tipo disciplinario, es de aquellos llamados abiertos o en blanco, es decir que es necesario concordarlos con el reglamento, la ley o la norma constitucional vulnerada por el funcionario investigado, en otras palabras, son aquellos que deben ser complementados con el precepto en donde se establezca lo mandado, lo permitido o lo prohibido.

En el sub lite, el tipo disciplinario endilgado fue debidamente complementado en el auto por el cual se formularon los cargos, así, se afirmó que el encartado pudo haber inobservó el artículo 29 de la Constitución Nacional que indica que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Norma constitucional inserta como norma rectora en el Código Penal (L. 599/2000), cuando en su artículo 6º, se precisó: “Legalidad. Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio”.

Lo anterior por cuanto, el doctor Cuellar Tejada, al dictar la sentencia de fecha 13 de agosto de 2007, en la que condenó al señor Fernando Pichica Castiblanco por haberlo encontrado responsable de punible de acceso carnal violento, en concurso con el de lesiones personales, al momento de tasar la pena, no tuvo en cuenta los anteriores preceptos constitucionales y legales, es decir el de debido proceso y principio de legalidad, pues de un lado aplicó la rebaja por indemnización integral prevista en el artículo 269 del Código Penal, inaplicable en el caso en particular, pues tal rebaja solo es factible concederla para delitos que atenten contra el patrimonio económico, cuando el juzgado correspondía a los de libertad, integridad y formación sexuales.

En efecto, establece el artículo 269 del Código Penal: “Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Cuando en el anterior precepto se indica “en los capítulos anteriores”, se refiere a los delitos contra el patrimonio económico previstos en el título VII del Código Penal, que comprende los capítulos primero (Hurto), segundo (Extorción), tercero (Estafa), cuarto (Fraude mediante cheque), quinto (Abuzo de confianza), sexto (Defraudaciones), séptimo (Usurpación) y octavo (Daño).

Y siendo que en el presente caso se estaba juzgado al señor Pichica Castiblanco, por el punible de acceso carnal violento, en concurso con el de lesiones personales, es claro que no podía aplicarse la rebaja prevista en el artículo 269 del Código Penal, por lo que el Tribunal Superior de Neiva, al desatar el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público, debió modificar la sentencia dictada por el inculpado, y en por ende la pena de prisión que había sido fijada en 44 meses la aumentó a 88 meses, y la multa de $ 2.168.494 pasó a $ 4.339.000.

Y también el funcionario inculpado, en la misma sentencia, dispuso conceder el beneficio previsto en el artículo 38 del Código Penal: “La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos: 1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos. 2 (...)”.

Y siendo que para el delito de acceso carnal violento previsto en el artículo 205 del C.P.(21), se estable una pena entre 8 y 15 años, de manera alguna era posible haber concedido el beneficio de la prisión domiciliaria al enjuiciado, como lo hizo el funcionario inculpado, tal como fue observado por el Tribunal Superior de Neiva, Sala Penal, lo que motivó la compulsa de copias que originaron la presente actuación disciplinaria, por cuanto “en la determinación de la pena por presunta indemnización integral, como en el otorgamiento de la prisión domiciliaria en lugar de la carcelaria, contrarió la legalidad pertinente”.

Ahora bien, probado como se encuentra que objetivamente el doctor Cuellar Tejada infringió el deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de Ley 270 de 1996, tal como antes se estableció, debemos ocuparnos ahora de probar su responsabilidad en la infracción de tal deber.

Para iniciar es necesario recordar que esta Sala en forma reiterada ha reconocido que los funcionarios judiciales cuando administran justicia están amparados por los principios de independencia y autonomía funcional consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional. Tales axiomas de carácter superior garantizan a los jueces de la República actuar sin consideración a indebidas injerencias provenientes de otros órganos del poder público e incluso de la propia rama judicial, en forma que solo quedan sometidos al imperio de la Constitución y la ley, con lo cual se busca que sus decisiones sean producto de la aplicación libre e imparcial del ordenamiento jurídico y del análisis reflexivo de las pruebas con las cuales se soportan las mismas, tal como se precisó en la Sentencia C-417 de 1993, en la que se dijo:

“Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno”.

No obstante lo anterior, es del caso advertir que, como en reiteradas ocasiones se ha sostenido por esta corporación, es factible la investigación disciplinaria de las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico, incurriendo con ello en lo que doctrinariamente se ha dado en llamar vía de hecho, comportamiento que resulta contrario al deber de acatamiento a la Constitución, leyes y reglamentos que se impone a todos los operadores de justicia —artículo 153.1 Ley 270 de 1996—, pues si bien todas las actuaciones judiciales se hallan amparadas bajo el principio de autonomía funcional, los funcionarios responden disciplinariamente por aquellas actuaciones groseras y abiertamente contrarias al marco normativo que están llamados a cumplir.

Pensar lo contrario, sería tanto como establecer que esta Jurisdicción jamás podría investigar a un funcionario en razón de las providencias que dicta, cuando es precisamente a través de ellas que se manifiesta su actuar, y por eso, precisamente es necesaria su auscultación a fin de determinar si las mismas fueron proferidas teniéndose la competencia para ello, si se encuentras ajustadas a derecho, es decir si no se torció de manera grosera la normatividad legal o Constitucional, si se encuentran soportadas en pruebas, lo cual es necesario para verificar si el funcionario vulneró algún deber o prohibición conforme los artículos 153 y 154 de la Ley 270 de 1991.

Ahora bien, concretándose el presente pronunciamiento al objeto de la apelación y los hechos inescindiblemente vinculados al mismo, sea lo primero verificar la ilicitud disciplinaria del comportamiento endilgado al funcionario investigado, pues básicamente los argumentos del censor como del Ministerio Público a ello apuntan.

Al efecto, adviértase que, como ha sido decantado con suficiencia por la doctrina y la jurisprudencia de esta corporación, el ilícito disciplinario a diferencia del penal no se edifica sobre la base de lesión a bienes jurídicos, sino de la trasgresión a deberes funcionales.

Pues bien, el objetivo que persigue el derecho disciplinario es mantener la disciplina al interior de la institución estatal(22), y ello sólo se logra con un sistema jurídico enderezado a encausar o dirigir la conducta de los administrados, vinculados por relaciones especiales de sujeción, dentro de un marco de parámetros que aseguren al Estado el cumplimiento de sus cometidos y fines.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho disciplinario es una rama esencial al funcionamiento del Estado “enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas” (Sent. C-417/93).

El instrumento o directriz por medio del cual históricamente se ha encauzado el comportamiento de los servidores públicos y profesionales, sujetos vinculados por relaciones especiales de sujeción con el Estado, es el deber.

Por ende, la esencia de la falta disciplinaria como ilicitud es la infracción a un deber, así se define en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, y de manera especial para los funcionarios judiciales en el artículo 196, al decir: “constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes”, de allí que esta Colegiatura haya dicho que el ilícito disciplinario se identifica de mejor forma como una “norma subjetiva de determinación, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, para un determinado grupo de interés y no para toda la comunidad, cuyo desconocimiento comporta para sus destinatarios la comisión de falta disciplinaria”(23).

Sin embargo, no es el simple quebrantamiento formal del deber el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial, ilicitud sustancial, esto es, que la conducta atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines(24) y principios de moralidad, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia(25).

Tal fue uno de los cometidos del nuevo Código Disciplinario Único, en consideración de sus redactores se dijo:

“Ciertamente que el derecho disciplinario protege en términos generales el correcto desempeño de la función pública, lo cual hace a través de una consideración global de la materia; empero, las especificaciones de tal protección viene dadas por la imposición de deberes funcionales acordes con tal función que cumple el servidor público en un Estado social y democrático de derecho.

...

No obsta como tal la infracción a un deber, ni a cualquier deber, sino que se requiere, para no convertir la ley disciplinaria en instrumento ciego de obediencia, que ello lo sea en términos sustanciales; esto es, que de manera sustancial ataque por puesta en peligro o lesión el deber funcional cuestionado”(26).

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que “en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas”(27).

Por ende, el juicio disciplinario en cuando a ilicitud de la conducta se trata, impone al juzgador la constatación de que con la misma se ha visto afectado el buen funcionamiento del Estado en cuanto a sus cometidos, fines y principios, que para el caso de funcionarios judiciales se encuentran especialmente enunciados en los artículos 1º a 10 de la Ley 270 de 1996, como principios de la administración de justicia.

Entonces, en cuanto a la ilicitud sustancial que pretende desvirtuar el apelante, basta con señalar que la misma se halla presente en este caso si se tiene en cuenta que la conducta del disciplinable atentó contra el buen funcionamiento de la administración de justicia en la medida en que si bien el fin de ésta no es la privación de la libertad, sí lo es la de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la Constitución Política(28), y una de las garantías constitucionales-procesales de los administrados es la de ser juzgados con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, así como a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas(29), y en el caso bajo estudio, tal como se dejó sentado anteriormente, el Juez inculpado fijó una pena concediendo una rebaja a la cual no tenía derecho el enjuiciado, y fuera de ello, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria cuando tampoco era posible concederla.

Así, lo que se evidencia en el presente asunto es que el doctor Elías Cuellar Tejada no actuó con la debida diligencia y cuidado que se espera de los funcionarios judiciales, pues no se entiende que teniendo una vasta experiencia (más de 20 años) en el desarrollo de sus funciones y siendo por ello ampliamente conocedor de la normatividad, haya suscrito la sentencia que se le reprocha, sin observar que en razón de la gravedad del delito investigado, este es; acceso carnal violento, no era factible hacer la rebaja de la pena, como si se tratara de un reato contra el patrimonio económico en el cual cuando se indemniza es factible morigerar la pena, y fuera de ello, permitir que el enjuiciado pagara la pena en prisión domiciliaria, cuando ello sólo es posible para delitos en los que se contemple una pena de prisión que sea de cinco años o menos, lo cual no ocurría en el sub examine, habida cuenta de que la pena mínima contemplada era de 8 años, que si se hubiera tenido el cuidado con que se debe actuar, seguramente otro hubiera sido el proceder por parte de Juez inculpado.

En cuanto a la gravedad de la falta, basta con confrontar los presupuestos del artículo 43 de la Ley 270 de 1996, con las circunstancias de hecho que rodearon la comisión de las conductas aquí reprochadas para calificar como grave el proceder del disciplinado, ello en atención a la naturaleza esencial del servicio de administración de justicia afectado, el grado de perturbación del mismo, en tanto debió procederse a imponer la sanción prevista en la ley, es decir sin conceder rebajas y beneficios no autorizados para el delito de acceso carnal violento, y la trascendencia social que tuvo la conducta, en especial si se tiene en cuenta la entidad del delito que estaba siendo investigado.

Y en cuanto a la culpabilidad, tal como lo observó el censor, al tenor del artículo 13 de la Ley 734 de 2002, “Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa”, y en este caso fue imputada a titulo de culpa, en la medida de que no existe en el plenario prueba alguna que permita inferir que el disciplinable actuó con el ánimo de torcer la normatividad o favorecer a la persona que estaba juzgando.

Por el contrario, indudablemente en grado de certeza se puede afirmar que actuó con culpa, por falta de cuidado al dictar la providencia que se le reprocha, sin que puede aceptarse la exculpación de que todo se debió a la abundante carga procesal, pues de ser así no podría adelantarse ningún trámite disciplinario contra los jueces, pues indudablemente la gran mayoría de los estrados judiciales se encuentran atiborrados de actuaciones, pero por ello precisamente se debe tener el máximo cuidado posible al momento de tomar decisiones, más aún tratándose de un delito que atenta contra bienes jurídicos de la libertad, integridad y formación sexuales.

Entonces, de acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada en todas sus partes, en la medida de que los argumentos expuestos por el censor y el agente del Ministerio Público, no lograr desvirtuar la responsabilidad del encartado en la infracción del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por aplicación indebida de los artículo 38 y 269 del Código Penal, lo cual de paso conllevó al desconocimiento del artículo 6º ibídem (principio de legalidad), y el artículo 29 de la Constitución Nacional (debido proceso).

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 29 de noviembre de 2010 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Descongestión del Consejo Seccional del Huila, a través de la cual impuso sanción de suspensión por un mes en el ejercicio del cargo (convertida en un salario mensual conforme lo prevé el artículo 46 de la Ley 734 de 2002), al doctor Elías Cuellar Tejada, en su calidad de Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva-Huila, por transgredir el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 6º, 38 y 269 del Código Penal, y el artículo 29 de la Constitución Política.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(21) “Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años”.

(22) Proyecto de Código Disciplinario Único. Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 1999.

(23) Consejo Superior de la Judicatura. Sentencia del 24 de septiembre de 2003. Aprobada en Sala 135 de la misma fecha, dentro del Radicado 20020187 01. M.P. Temístocles Ortega Narváez.

(24) Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002.

(25) Art. 22 CDU.

(26) Proyecto Código Disciplinario Único. Procuraduría General de la Nación, 1999.

(27) Ibídem.

(28) Art. 1º Ley 270 de 1996.

(29) Art. 29 Ley 270 de 1996.