Sentencia 2007-00414/40307 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Exp.: 40307

Rad.: 47001233100020070041401

Actor: Ivonne Armenta Maestre

Demandados: Instituto Nacional de Vías, Invías

Acción: Reparación directa

Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil diecisiete.

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por los demandantes y la llamada en garantía, contra la sentencia de 29 de septiembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Síntesis del caso

El 23 de agosto de 2005, el cantautor vallenato Kalet Miguel Morales Troya sufrió un accidente de tránsito en la vía Plato – Bosconia, en el que el vehículo tipo camioneta en el que se movilizaba se salió de la vía, sufrió volcamiento lateral y dio varias vueltas sobre su carrocería antes de detenerse, hechos en los que padeció graves lesiones producto de las cuales perdió la vida. Los demandantes atribuyen la ocurrencia de esos hechos al Instituto Nacional de Vías, por cuanto consideran que fueron generados por el mal estado del corredor.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 22 de agosto de 2007 (fl. 293, cdno. 1) los señores: Ivonne Armenta Maestre (compañera), Katrinalieth Morales Armenta (hija), Miguel Antonio Morales Campo (padre), quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Eva Sandrith Morales Troya, Fayder Miguel Morales Zapata y Kati Julieth Morales Guzmán (hermanos); Nebis Troya Pérez (madre), Kanner Miguel y Keiner Miguel Morales Troya (hermanos); Román Troya Galvis y Petrona Pérez Martínez (abuelos); y Evelti Polo Campo (tía), promovieron demanda de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Vías, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas, con ocasión de la muerte de Kalet(1) Miguel Morales Troya:

1.1. Pretensiones:

1. Declarar administrativamente responsable al Instituto Nacional de Vías Invías, de la muerte del joven cantautor Kalet Miguel Morales Troya, la cual se produjo en un accidente automovilístico causado por la falta de mantenimiento y señalización de la carretera nacional Plato – Bosconia, a cargo del mismo Instituto, lo cual configuró una falla del servicio que le es imputable por tener, entre otras funciones, el mejoramiento, rehabilitación y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia y por consiguiente, de los perjuicios morales, daño a la vida de relación y materiales, ocasionados a los demandantes, tal como expone a continuación:

a) Perjuicios morales.

Se solicita el reconocimiento de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, a saber: Ivonne Armenta Maestre, Katrinalieth Morales Armenta; Miguel Antonio Morales Campo; Eva Sandrith Morales Troya, Faider (sic) Miguel Morales Zapata, Kati Julieth Morales Guzmán, Nebis Troya Pérez; Kanner Miguel y Keiner Miguel Morales Troya; Román Troya Galvis y Petrona Pérez Martínez y Evelti Polo Campo, en una suma no menor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales…”, dado el vínculo de parentesco demostrado con los respectivos registros civiles de nacimiento, registros civiles de matrimonio. (…)

b) Perjuicios a la vida de relación.

También se solicita el reconocimiento de perjuicios a la vida de relación para cada uno de los demandantes (…) para repararlo se ha solicitado el equivalente a 400 salarios mínimos para cada uno de los demandantes.

No obstante lo anterior para los (…) padres de Kalet Miguel Morales Troya, se solicita un incremento por lo menos doble, para cada uno de ellos, derivado de la tasación de estos perjuicios (…).

c) Daños materiales.

Por una suma equivalente a todos los gastos en que se incurrió a raíz de la muerte de Kalet Miguel Morales Troya, por concepto de honras fúnebres, transporte de familiares, gastos de bóveda e inhumación, entre otros.

Por una indemnización a los demandantes Ivonne Armenta Maestre, compañera permanente de Kalet Miguel Morales Troya y su hija Katrinalieth Morales Armenta, equivalentes a las sumas que recibiría aquel desde el momento en que pereció hasta la fecha en que de acuerdo con sus condiciones personales, viviría; en su valor representativo comprensivo de todos los conceptos económicos generados por sus actividades artísticas y creativas, en la modalidad de perjuicios materiales o patrimoniales (lucro cesante pasado o indemnización pasada, lucro cesante futuro o indemnización futura y acrecimiento o acrecentamiento de la indemnización en cabeza de la compañera permanente), para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El ingreso mensual promedio devengado por Kalet Miguel Morales directamente o de su Agrupación Musical Vallenata Kalet Morales, a la fecha del fallecimiento, de conformidad con la documentación que deberá recibir de las empresas Sony Music Entertaiment (Colombia) S.A., Prodemus, Samp Colombia Ltda., Discos Fuentes Edimusica, Sayco.

b) Los ingresos percibidos reales y potenciales relacionados con las presentaciones musicales de Kalet Morales y de su Agrupación Vallenata (valor, cantidad de presentaciones mensuales, ingresos netos o libres mensuales), bien con la mánager o representantes musicales de Kalet Morales: Verónica Orozco Rodríguez, en el medio musical o en las compañías referidas; de los contratos aportados y que llegare a conseguir en las empresas referidas, de los ingresos o regalías pagados por Sayco (por regalías, presentaciones, derechos y otros conceptos);

c. Los ingresos futuros por todo concepto, entre otros, venta de CDS (ingreso total y neto, anual y mensual), contratos de derechos de autor, cesión de derechos, contratos de intérprete, presentaciones nacionales o extranjeras, indicando ingresos por presentación y mensual; proyección y crecimiento anual de ingresos hasta su vida probable (para lo cual hará las investigaciones en el sector musical y en las empresas antes referidas), por publicidad, etc, incrementos de los ingresos con base en el crecimiento de ventas, presentaciones, regalías, etc.

d. El valor obtenido como ingreso promedio mensual o lucro cesante mensual se indexará con base en el IPC certificado por el DANE, aplicándolo en las formulaciones de matemáticas financieras a las liquidaciones de la indemnización debida, futura y acrecimiento de la misma; incluyendo el efecto del crecimiento en las ventas, regalías, presentaciones, etc., tal como se acredita pericialmente con la demanda, sin perjuicio de que se reconozca un mayor valor al establecido en el estudio económico anexo en la presente demanda, si llega a ser demostrado dentro del proceso.

e. Por una indemnización equivalente a las sumas que recibiría Kalet Morales Troya, dos años después de su muerte, oportunidad esta en la que obtendría su grado de médico luego de hacer el internado, hasta la fecha en que de acuerdo con sus condiciones personales, trabajaría la profesión de médico alternativamente a sus actividades artísticas, es decir, tomando en cuenta su vida probable, conforme a lo devengado por un médico general en la región, según se determine pericialmente o por las organizaciones médicas de la zona o por un centro hospitalario, liquidando el lucro cesante futuro a la fecha del dictamen.

Tal como lo ha establecido la jurisprudencia, el hombre ya mejor dotado con mayores conocimiento (sic), provisto de los elementos de lucha que le da una carrera profesional, está por ello solo en aptitud esencial de producir en proporción a su capacidad aplazada únicamente por un tiempo breve necesario para el establecimiento del profesional (…)

f. Por una indemnización a Nebis Troya Pérez equivalente tanto al valor reposición del vehículo camioneta Land Cruiser, marca Toyota, modelo 1997, color gris palmera, de placa, BXE-447, toda vez que al haber quedado totalmente destruido aquel, el propietario no puede ser condicionado a utilizarlo reconstruido, por no quedar en las mismas condiciones que el original (…)

g. Por las sumas invertidas en la consecución de asistencia jurídica que han de entenderse como un hecho objetivo de disminución patrimonial constitutivo de un perjuicio y no como una condena en costas (…)

En subsidio:

Dado el caso de que no existan en el proceso bases suficientes para hacer la liquidación matemática de los perjuicios materiales que se deben a los demandantes, el Tribunal, por razones de equidad, los fijará en equivalente en pesos de la fecha de ejecutoria de la sentencia, de cuanto menos (sic) 1.000 salarios mínimos legales mensuales, en aplicación de los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887 y 97 del Código Penal.

En el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios de la falta de uso del capital representativo de la indemnización, según el artículo 1615 del Código Civil, que se están debiendo desde el momento en que murió Kalet Miguel Morales Troya, y se cancelarán, al igual que el capital, en pesos actualizados a la fecha de pago de lo dispuesto en la respectiva sentencia.

2. Que se condene a la parte demandada, a que pague sobre las sumas a que resultare condenada según la petición anterior, en favor de la parte actora o a quien represente sus derechos, los índices de devaluación monetaria registrados por el Banco de la República y/o el Departamento Administrativo de Estadística DANE, durante el curso del proceso y hasta cuando se verifique el pago a título de indemnización monetaria de conformidad con lo previsto por el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

3. Que se ordene a la parte demandada, cumplir el fallo que desate la litis dentro del término ordenado por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y 72 de la Ley 446 de 1998. En caso de que no se dé cumplimiento al fallo dentro del término legal, la parte demandada cancelará a la parte actora o a quien represente sus derechos, intereses moratorios hasta el momento de su pago.

4. Que se condene a la parte demandada, a reconocer y pagar las agencias en derecho que genere el presente proceso.

1.2. Fundamento fáctico.

Como fundamento de hecho de las pretensiones indicaron que Kalet Miguel Morales Troya, quien tenía con los demandantes los vínculos afectivos y de parentesco ya referidos, inició desde muy joven su carrera artística, compuso su primera canción a los 13 años de edad, llegó a convertirse en ídolo de moda del vallenato moderno y creó su propia agrupación musical, gozaba de éxito y reconocimiento en la industria musical, al tiempo que cursó estudios de medicina en la Universidad del Sinú, los que concluyó en el año 2004 y no le impidieron dedicarse a la actividad de cantautor, en la que ya se perfilaba internacionalmente y le demandada múltiples compromisos.

El 22 de agosto de 2005, Kalet Morales viajó desde Valledupar a Montería a atender asuntos personales y al día siguiente emprendió el viaje de regreso, en compañía de su hermano Keiner, en la camioneta Toyota Land Cruiser de placas BXE447 de propiedad de su progenitora, se detuvieron al cruzar el peaje de Plato (Magdalena) y en el kilómetro 43 de la vía Plato – Bosconia, con llanta delantera derecha del vehículo impactaron un hueco de 2.20 metros de diámetro que se encontraba sobre la vía y lleno de agua, situación que hizo perder el control del rodante que posteriormente se volcó y dio varias vueltas antes de detenerse.

Como resultado del accidente, Kalet Morales sufrió graves heridas que finalmente acabaron con su vida el 24 de agosto de 2005, cuando falleció a las 8.15 horas, registrándose como causa del deceso el trauma craneoencefálico severo sufrido en accidente de tránsito.

El 26 de agosto de 2005 la Universidad del Sinú le otorgó el título póstumo de Médico, al tiempo que Sayco entregó a sus padres el “Pentagrama de Oro Sayco”, como distinción por la gran trascendencia internacional de su hijo y el volumen de ventas en el mercado discográfico. En la época de su deceso, Kalet Morales “ya era una de las figuras cimeras del folclor vallenato. Cantautor con grandes proyecciones artísticas dentro del ámbito de este género musical, donde había cosechado innumerables triunfos y reconocimientos (...) había sido elegido como el artista del año de la compañía Sony Music, que le entregaría un disco de oro por la venta de más de 10 mil copias de su compacto “La Hora de la Verdad”.

En efecto la carrera de la víctima era de tal éxito que se encontraba preparando distintas giras internacionales a EEUU, México y Centroamérica para presentar el referido álbum, al tiempo que realizaba presentaciones como mínimo dos veces por semana y había suscrito numerosos contratos en los últimos años de vida que le generaban importantes ingresos, así como recibía el pago de derechos de autor y regalías por sus obras artísticas.

Era tan importante Kalet Miguel y evidente el reconocimiento por parte del país musical, que los medios de comunicación le dieron enorme trascendencia a su accidente y posterior fallecimiento, a sus honras fúnebres, siendo objeto de varios homenajes de las principales cadenas de televisión nacional, de la radio nacional, local y regional. Inclusive con pronunciamientos de pesar, condolencia y reconocimiento presidencial.

El accidente y posterior fallecimiento de Kalet Miguel Morales Troya, ocasionó en su núcleo familiar dolor, angustia y demás perjuicios de tipo económico y material. Es así, como dejó a su compañera e hija sin su cariño, ayuda económica y protección; igual que a su otro hijo; afectando moralmente también a sus padres, hermanos, abuelos y demás familia.

1.3. Sustento jurídico.

Los actores consideran que el Invías es el llamado a responder por los graves perjuicios que padecieron, por cuanto omitió el deber que le asistía de mantener en buen estado de conservación el corredor vial en el que tuvieron lugar los lamentables hechos, pues fue el mal estado del corredor el que ocasionó el accidente.

Era un deber estatal desplegar su actividad para mantener el corredor vial en buen estado y señalizarla debidamente, de modo que fuera posible para los conductores advertir la presencia de baches de las dimensiones del que ocasionó el accidente y siendo claro que la hipótesis de causa probable del accidente por exceso de velocidad que se plasmó en el informe del accidente no fue demostrada, siendo claro que cualquier en condiciones normales pudo padecer el accidente y a una velocidad reglamentaria pudo sufrir similares consecuencias, en razón del mal estado de la vía.

2. Contestación de la demanda.

En la oportunidad procesal prevista para el efecto, el Instituto Nacional de Vías se opuso a la prosperidad de las pretensiones (fl. 307, cdno. 1), luego de estimar que de acuerdo con el informe del accidente de tránsito, el vehículo en el que se movilizaba la víctima invadía el carril contrario, que era en el que se encontraba el bache, de 1.40 metros, por 0,12 de profundidad, deterioro incipiente que no tenía la virtualidad de producir por sí solo tan graves consecuencias, al tiempo que podía ser advertido si se circulaba a una velocidad permitida.

Reconoció como cierto el hecho de que el rodante se salió de la vía y sufrió volcamiento lateral, lo que ocurrió debido a la gran velocidad a la que se movilizaba, lo que generó las graves lesiones que acabaron con la vida del artista.

Dijo que ninguna de las evidencias del proceso permite inferir el presunto mal estado del corredor vial, ni la existencia de daños estructurales; por el contrario, existían suficientes señales de tránsito en la zona y correspondía al conductor tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y provocar daños a terceros, en razón de que la conducción de vehículos es una actividad que por sí misma genera riesgos.

También consideró que la cuantía del asunto fue estimada en una cifra incomprensible que no permite determinar la competencia para conocerlo.

Solicitó que se llame en garantía a la Compañía Central de Seguros S.A. (fl. 326, cdno. 1) para que se analice su eventual responsabilidad frente a Invías, derivada de la póliza de seguros 12010000169, cuyo objeto es amparar la responsabilidad civil extracontractual de Invías derivada de lesiones o muerte de quienes transiten en las carreteras del territorio nacional a su cargo.

3. Adición de la demanda.

El 28 de noviembre de 2007 (fl. 336, cdno. 1), se presentó escrito de adición de la demanda, en la que se incluyó a otro hijo de la víctima, el menor Samuel Miguel Morales Castilla como accionante, para quien se solicitó reparación por daños inmateriales en la modalidad de daño moral y perjuicios a la vida de relación en los mismos términos que para los demás actores; también se pidió indemnización por perjuicios materiales en los mismos términos de la que correspondería a su hija Katrinalieth Morales. No obstante, tal petición fue negada por extemporánea por el Tribunal a quo.

4. Contestación del llamamiento.

Mediante auto de 25 de enero de 2007 se dispuso citar en calidad de llamada en garantía a la Compañía Central de Seguros S.A. (fl. 344, cdno. 1), hoy QBE Seguros S.A., la que una vez notificada se opuso a las pretensiones de la demanda y del llamamiento (fl. 382, cdno. 1). Frente a las primeras, por considerar que la víctima se movilizaba a una velocidad más alta que la legalmente permitida e invadió el carril contrario, al tiempo que el lugar estaba debidamente señalizado.

La conducta del conductor del vehículo fue contraria a los reglamentos de tránsito, por lo que consideró que la culpa de la víctima fue la causa exclusiva y determinante del accidente, al tiempo que la humedad del corredor contribuyó a la causación del daño.

Dijo que la pretendida indemnización por daño a la vida de relación no podría reconocerse en ningún caso, por cuanto las sumas que la jurisprudencia ha reconocido bajo esa denominación tienden a reparar las pérdidas de capacidad de la víctima, lo que no ocurrió en este caso, en el que además fueron estimadas en forma excesiva.

Consideró que en caso de una eventual condena debe tenerse en cuenta que los ingresos de un artista varían de forma desproporcionada en las distintas etapas de la vida, que sus herederos continúan gozando de todos los derechos que surgen de la propiedad intelectual de la víctima, que siempre será necesario descontar los gastos propios de la víctima de cualquier indemnización a reconocer y que los ingresos dejados de percibir como médico que se reclaman a título de lucro cesante son inciertos y no pueden indemnizarse.

En cuanto al llamamiento indicó que la póliza suscrita entre esa compañía y el llamante no cubre la reparación de perjuicios extra patrimoniales, al tiempo que en ella se pactó un deducible que debe ser atendido al decidir lo atinente a su responsabilidad.

5. La sentencia apelada

El 29 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo del Magdalena (fl. 882, cdno. ppal.) dictó sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Dispuso:

1. DECLÁRESE al Instituto Nacional de Vías (Invías) administrativamente responsable por la muerte de Kaleth (sic) Miguel Morales Troya (Q.E.P.D), por los hechos ocurridos el pasado 24 de agosto de 2005.

2. En consecuencia, condenase (sic) al Instituto Nacional de Vías (Invías), a pagar:

En cuanto a perjuicios morales:

(40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los padres, 24 para cada uno de los hermanos menores, 32 para cada uno de los hermanos mayores y 24 para cada uno de los abuelos).

En cuando (sic) a los perjuicios del daño de vida en relación (sic):

Para Keiner Miguel Morales Troya en calidad de hermano veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivale a diez millones trescientos mil pesos $10.300.000.

En cuanto a perjuicios materiales.

Daño emergente

Para Nevis Troya la suma de $21.129.261,1 veintiún millones ciento veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos con dos centavos.

3. Condenar en abstracto a la entidad demandada (Instituto Nacional de Vías) a pagar el lucro cesante por lo dejado de percibir como artista y como médico por parte del señor Kalet Miguel Morales Troya (Q.E.P.D.), que se determinara (sic) por liquidación incidental en los términos previstos en los artículos 172 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil según lo indicado en la parte motiva del fallo.

4. CONDENASE (sic) la compañía de seguros QBE Seguros S.A. a pagar el Instituto Nacional de Vías, Invías, la suma de $183.869.261, o hasta agotar el tope máximo asegurado, si este es menor.

5. La sumas (sic) líquidas correspondientes a las anteriores condenas devengarán intereses moratorios desde la fecha de ejecutoriada la sentencia hasta el día del pago total. Según los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo

6. Niéguense las demás pretensiones.

7. Si la sentencia no fuere apelada y si cumple con el presupuesto del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, consúltese con el H. Consejo de Estado.

8. Sin costas para la parte vencida.

9. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1394 de 2010, impóngase a la parte demandante la obligación de cancelar el arancel judicial equivalente al 2% del valor total efectivamente recaudado conforme lo dispone el artículo 9º de la Ley 1394 de 2010.

9.1. La parte demandante deberá reajustar el pago de arancel a la fecha en que se efectúe el pago definitivo.

9.2. Por secretaría, désele cumplimiento al artículo 10 de la Ley 1394 de 2010.

Como fundamento de la referida decisión consideró el Tribunal que la verificación de la responsabilidad de la demandada debía tener lugar a la luz del contenido obligacional que el orden jurídico le impone, su grado de observancia por parte de la demandada y los medios con que contaba para ello. Sobre el particular verificó que corresponde a Invías la señalización y mantenimiento de la red vial nacional, en los términos de la Ley 769 de 2002 y de los decretos 2053 de 2003 y 1735 de 2001.

En cuanto a la falla en la atención de las referidas obligaciones, tuvo en cuenta la declaración del señor Keiner Miguel Morales Troya, hermano de la víctima, quien afirmó que la vía por la que se movilizaban tenía muchos huecos y resaltos y dijo no recordar la presencia de señales de tránsito. De igual manera, se fundó en la declaración del representante legal de Ingeconsultas, firma que fungía como interventora de las reparaciones viales, quien declaró saber que la vía se encontraba en observación y particularmente el sitio de los hechos, en el que se presentaba una pequeña falla. También tuvo en cuenta el testimonio del representante legal del Consorcio Vicoco 037 que ejecutaba dichas reparaciones, quien también dio cuenta de la existencia del hueco en el lugar del accidente, con la afirmación de que no lo habían reparado por cuanto su aparición había sido reciente y valoró la declaración del supervisor de dicho contrato, funcionario de Invías, quien refirió que la vía presentaba fisuras y desprendimientos en el lugar del accidente. También encontró acreditado que en el lugar se instaló una señal de peligro a 100 metros del sitio, la que afirmó se refería a la curva siguiente y no al bache ya referido.

En consonancia con lo anterior, señaló que las fotografías del lugar del accidente muestran un amplio bache en la mitad de la vía, de acuerdo con lo cual se anotó en el informe como posible causa del accidente. Dicha irregularidad del terreno también fue descrita en el croquis correspondiente, por lo que consideró plenamente acreditada la existencia del bache en la mitad del corredor vial, lo que contrasta con la obligación que le asistía a la entidad de realizar el mantenimiento de la red vial nacional. Tampoco existía en el lugar de los hechos una señalización adecuada, pues no se demarcó el lugar con el signo previsto para anunciar a los conductores la existencia del mencionado bache, en los términos del manual de señalización vial contenido en la Resolución 1050 de 2004.

Consideró el Tribunal que lo expuesto da cuenta de una evidente omisión de la demandada, lo que compromete su responsabilidad en la muerte del señor Morales a título de falla en el servicio. También estimó que no hay duda del carácter cierto del daño, por cuanto está plenamente acreditado el deceso de la referida víctima.

Afirmó que la referida falla tuvo incidencia directa en el deceso de la víctima, por cuanto “si el hueco no hubiese existido o si hubiese señales de tránsito adecuadas tendientes a dar aviso del bache no se hubiera presentado el accidente, pues estas condiciones fueron la causa eficiente y determinante del infortunio”. Seguidamente señaló que de acuerdo con los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la víctima no había ingerido ninguna sustancia extraña, ni presentaba falla alguna en su salud capaz de incidir en el fatal resultado, por lo que coligió que perdió el control del rodante al pasar por el hueco tantas veces referido, pues en condiciones normales dicho volcamiento no pudo ocurrir, por lo que “debió existir algún inconveniente o estorbo en la vía para que el infortunio se pudiera presentar”, de tal suerte que el bache fue la causa que originó el fatal accidente”.

Indicó que no hay ninguna evidencia de que el vehículo era conducido a una velocidad mayor a la permitida, carga probatoria que le correspondía a la accionada si pretendía acreditar la existencia de la eximente de responsabilidad de culpa de la víctima que alegó en su defensa. Por el contrario, se demostró que el señor Morales tenía licencia de conducción vigente y su cadáver no presentaba rastros de consumo de fármacos.

Sin embargo, señaló que “si el conductor del vehículo hubiese mantenido la velocidad establecida para transitar en la vía, las consecuencias no habrían sido tan nefastas, es decir el vehículo no hubiese quedado tan destruido y mucho menos se estaría lamentando un deceso”. En efecto, afirmó que del estado en el quedó el rodante se puede colegir que este se desplazaba “a alta velocidad establecida para el tránsito en esa vía”, lo que constituyó una concausa del accidente, de modo tal que encontró acreditada una concurrencia de culpas entre la víctima y la demandada, lo que consideró amerita una reducción de la condena a imponer del 60%.

Consideró que el daño moral padecido por los demandantes es evidente y deben presumirse respecto de los familiares cercanos que acreditaron su parentesco, a quienes reconoció las sumas señaladas en la parte resolutiva antes transcrita, al tiempo que lo negó a la señora Ivonne Armenta Maestre quien no acreditó el alegado vínculo de compañera permanente de la víctima, pues se limitó a aportar dos declaraciones extrajudiciales que no tiene valor probatorio por cuanto no fueron ratificadas en el proceso. También lo negó a la señora Evelti Polo, quien ninguna evidencia allegó de la alegada condición de tía del fallecido, ni las condiciones de afecto y convivencia necesarias para reconocer indemnización a su favor.

En cuanto al daño a la vida de relación reclamado indicó que este solo se acreditó respecto del hermano del fallecido Keiner Morales, quien demostró que hacía parte del coro del grupo musical de Kalet, con quien tenía una relación tan cercana que “ha rebosado los límites del daño moral”, pues este último era su amigo y confidente, a quien acompañaba a todo lugar, por lo que el deceso de la víctima modificó de manera drástica sus normales condiciones de vida.

En lo que respecta al daño emergente, consideró necesario reconocer, a título de daño emergente, el valor de la reparación del vehículo Toyota en el que se movilizaba la víctima, de propiedad de su progenitora Nebis Troya Pérez. Así procedió previa actualización de las sumas y descuento del 60% por razón de la concausa que encontró acreditada. Negó lo reclamado por concepto de gastos funerarios por cuanto no fueron debidamente acreditados.

Por su parte, consideró demostrada la existencia de la actividad económica realizada por el artista, en razón de los diversos contratos y certificaciones aportadas, por lo que consideró procedente disponer la reparación de dichos perjuicios, sin precisar a favor de qué demandantes; sin embargo, lo hizo en abstracto y señaló que “estos valores se liquidarán para cada actor, conforme las reglas legales y jurisprudenciales, según dependencia del fallecido Kaleth (sic) Morales Troya (Q.E.P.D.) y la edad hasta la cual corresponda”.

Finalmente, consideró que en aplicación de las previsiones de la Ley 1394 de 2010, los accionantes son sujetos del arancel judicial por razón de la condena dispuesta a su favor, en el equivalente al 2% de lo “recaudado”.

6. Los recursos de apelación

Inconformes con la decisión de primera instancia, los demandantes y la llamada en garantía apelaron(2). Su inconformidad con el fallo recurrido la expresaron así:

6.1. Parte actora.

En primer lugar, su inconformidad radica con la conclusión de la sentencia relativa a la existencia de una concausa del accidente, derivada de la alta velocidad del rodante, pese a que la misma sentencia reconoció que ninguna prueba se presentó en relación con el alegado exceso de velocidad. Agregó que ninguna prueba técnica se aportó para establecer cuál era la velocidad del vehículo, para determinarla como posible causa del accidente.

En esas condiciones, el Tribunal tuvo por demostrada la presunta alta velocidad del vehículo, sin señalar el medio de prueba del que se valió para arribar a esa conclusión. Consideran que el estado del vehículo no permite estructurar la inferencia del juzgador respecto de la velocidad. Como la carga de la prueba de ese hecho externo le correspondía a la accionada, la ausencia de evidencias debe dar lugar a la modificación de la decisión impugnada, para declarar que no existió la referida concausa, siendo claro que la decisión judicial solo puede fundarse en las evidencias legalmente allegadas a la actuación. Para este caso, la existencia de una concausa se estructuró bajo suposiciones y el conocimiento privado del juez, no así en razón de las pruebas legalmente recaudadas.

Con respecto a la indemnización del daño moral, la inconformidad de los actores se fundó en la negativa de su reconocimiento a favor de las señoras Ivonne Armenta Maestre y Evelti Polo, compañera y tía de la víctima, respectivamente.

En cuanto a la primera consideró que las declaraciones extrajudiciales fueron puestas en conocimiento de la contraparte, que ningún reparo formuló frente a estas, por lo que con independencia de la finalidad para la cual fueron rendidas conservan su mérito demostrativo. En todo caso, la testigo Eneida Isabel Pérez Ospino la reconoció como la compañera de la víctima, al tiempo que también se omitió valorar el vínculo nacido entre ellos por ser padres en común de la menor Katrinalieth Morales Armenta, indicativo de la relación sentimental entre la víctima y la señor Armenta Maestre.

En lo que respecta a la señora Polo, también consideró que el vínculo afectivo quedó demostrado con el testimonio de la señora Pérez Ospino, quien dijo que “para Kaleth (ella) era la tía universal, que se dedicaba por él, atendiéndolo cuando el (sic) estaba en la universidad y eso la ha afectado bastante, desvivía por su sobrino”.

Dijo que también se desconoció la declaración de Alcedis Ortiz Macías, que en similares términos dio cuenta de la relación afectiva entre la víctima y el referido demandante.

Por otra parte, consideró que la alteración o modificación de las relaciones de existencia de todos los actores varió con ocasión de la muerte de Kalet Morales, de lo que dan cuenta las testimoniales recaudadas, por lo que consideró que debe reconocerse indemnización por tal concepto a favor de todos los actores.

También consideró que la cuantía de lucro cesante padecido por los actores se acreditó con suficiencia en el proceso, en el que inclusive se practicó un dictamen pericial sobre el particular, que ha debido servir para dictar sentencia en concreto.

Finalmente, en lo que respecta al arancel judicial estimó que la Ley 1394 de 2010 solo hace referencia a la procedencia de ese gravamen en los eventos particularmente señalados en ella, que se refieren de manera específica a los procesos de ejecución adelantados en las distintas jurisdicciones. En todo caso, por tratarse de normas fiscales solo podrían tener aplicación a partir de la vigencia siguiente a aquella en que fueron dictadas, de modo tal que no resulta aplicable la referida ley al presente caso.

6.2. QBE Seguros S.A.

Para la llamada en garantía, en el presente proceso quedó acreditado que Invías no es responsable del accidente en el que perdió la vida el señor Kalet Morales, pues, por el contrario, lo demostrado es que la referida víctima conducía su vehículo automotor a una velocidad superior a la permitida, pues, en efecto, su hermano, que lo acompañaba en el vehículo afirmó que transitaban a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que invadieron el carril contrario, lo que se demuestra con la afirmación consistente en que la llanta delantera derecha del vehículo tocó el bache, atendida la ubicación de este en el corredor.

En efecto, en el informe técnico de reconstrucción del accidente realizado por Cesvi Colombia, frente al que nada dijo el a quo, permite corroborar que para la materialización del accidente tal como ocurrió fue necesario que el vehículo saliera de la vía en algún punto, por exceso de velocidad o por una maniobra realizada a alta velocidad. Destacó la conclusión del informe según la cual la velocidad del rodante era de 73,7 kilómetros por hora en una zona de 40. También se determinó que el hueco permitía la circulación de un vehículo, al tiempo que no encontró evidencia de que el rodante hubiera caído en este.

Insistió en que la velocidad máxima autorizada para el sitio del accidente era de 40 kilómetros por hora, la que fue sobrepasada por el rodante accidentado, que además incumplió la obligación de transitar por los carriles demarcados y por su derecha. Así las cosas, se configuró la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad y, por ende, no puede existir responsabilidad de Invías en el presente evento, pues fue aquel quien incumplió los reglamentos que rigen la actividad peligrosa que desplegaba.

De la misma manera lo concluyó la Fiscalía 29 Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Plato, al inhibirse de abrir investigación, al considerar que el causante del accidente fue la propia víctima, por lo que la existencia del hueco en la vía no puede considerarse como la causa eficiente del daño.

Por otra parte, estimó que la indemnización de perjuicios a título de lucro cesante no puede concederse, pues debió quedar acreditada en el curso del proceso, de manera que no es el incidente de liquidación el escenario para demostrar la existencia del perjuicio, sino únicamente su cuantía. En este caso, no hay certeza de la causación del referido daño, por lo que debió denegarse la pretensión sobre su reconocimiento en lugar de imponer condena en abstracto sobre ese particular punto, comoquiera que el estudio del tribunal se limitó a señalar las actividades que la víctima desarrollaba en vida, sin verificar la factibilidad de que pudiera continuar acometiéndolas en el futuro en idéntica forma. Las apreciaciones sobre el posible desarrollo de la carrera musical de la víctima, así como del posible ejercicio de la medicina son solo conjeturas que no pasaron del plano de la especulación, pues en la época de la muerte, la víctima aún no alcanzaba el título que le permitiera lucrarse de la referida profesión. Aunado a ello, nada impide que los causahabientes del cantautor puedan beneficiarse de los derechos patrimoniales derivados de las creaciones artísticas del señor Morales, en los términos de la Ley 23 de 1982.

En todo caso, se mostró inconforme con la forma en que se dictó la condena en abstracto, por cuanto nada se dijo sobre la reducción que habría de hacerse conforme a la concausa establecida en el fallo impugnado, ni se determinó que la señora Ivonne Maestre no podía recibir dicha indemnización, ni se indicó que el período de la liquidación a favor de la hija solo podía prolongarse hasta que cumpliera 25 años de edad, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de esta jurisdicción, al tiempo que era necesario pronunciarse sobre el descuento en el cálculo de la indemnización de los gastos personales de la víctima, ni se tuvo en cuenta que no es posible establecer los ingresos de un artista fundándose para ello en comparaciones, pues estos “son completamente divergentes dependiendo de cada artista en particular, y (…) están dotad[o]s de un alto grado de azar e incertidumbre que impide conocer o preveer (sic) su desempeño futuro”.

De otro lado, consideró que en el curso del proceso no quedó establecida la titularidad del dominio del vehículo de placas BXE447 y ninguna prueba sobre ello se mencionó en la decisión cuestionada, por lo que no podía reconocerse el valor de sus reparaciones.

En tales condiciones, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones.

En lo tocante a su responsabilidad como llamado en garantía consideró que deben tenerse en cuenta los límites del amparo pactado en la póliza, esto es el monto asegurado, la exclusión expresa de los perjuicios extrapatrimoniales y el deducible pactado en la póliza, por lo que no compartió la suma que en concreto le impuso la sentencia impugnada.

6.3. Instituto Nacional de Vías, Invías.

El 8 de octubre de 2010 el Invías presentó recurso (fl. 921, cdno. ppal.); no obstante, no lo sustentó, por lo que no se le dio trámite, en atención a lo previsto en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, reformado por la Ley 1395 de 2010 que dispuso que la apelación debía interponerse y sustentarse dentro de los diez días siguientes. Así lo decidió el a quo en providencia de 2 de diciembre de 2010 (fl. 968, cdno. 1), dictada en audiencia y que no fue objeto de recursos. En la misma fecha, Invías presentó un escrito contentivo de las razones de su inconformidad, al que no se le dio trámite.

5. Alegatos de conclusión.

En la oportunidad procesal para presentar alegaciones finales, Invías destacó que conforme a las evidencias aportadas es claro que sí adelantaba labores de mantenimiento en el corredor vial de los hechos, por lo que no puede afirmarse que desconoció dicho deber funcional. También refirió que el bache que se encontraba en la vía no revestía ningún riesgo para los transeúntes, tal como quedó evidenciado con los testimonios técnicos recaudados (fl. 991, cdno. ppal.).

Hizo énfasis en el informe del accidente de tránsito que como causa probable del accidente refirió, además de la presencia del hueco, el exceso de velocidad y el hecho de que la superficie se encontraba lisa debido a la humedad, lo que impone escudriñar más a fondo sobre la verdadera causa del siniestro. También se refirió a la prueba técnica adelantada por Cesvi Colombia, de acuerdo con la cual considera quedó en evidencia el exceso de velocidad del automotor.

Por otro lado, señaló que la estimación pericial del lucro cesante se fundó en este caso en simples conjeturas que no pueden ser atendidas en el caso de una eventual condena.

Por su parte, la llamada en garantía (fl. 1009, cdno. ppal.) reiteró lo planteado en la impugnación, dijo que no se probó la calidad de compañera de la víctima de la señora Maestre, ni la de tía de la señora Polo, quienes acudieron al proceso invocando los referidos vínculos, por lo que no es posible reconocerles indemnización.

En cuanto al daño a la vida de relación estimó que este debe aparecer plenamente demostrado y que las evidencias del proceso no permiten establecer que los actores quedaron privados de las facultades plenas para el ejercicio de sus normales actividades.

La actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(3).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la cuantía del asunto y su vocación de doble instancia, en consideración a que la pretensión mayor, correspondiente al lucro cesante reclamado a favor de Ivonne Armenta Maestre, se estimó en la demanda en la suma de $1.424.236.000.000 (fl. 286, cdno. 1), ampliamente superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2007, cuando fue promovida la demanda (fl. 293, cdno. 1).

1.2. Acción procedente.

El Código Contencioso Administrativo prevé diferentes mecanismos procesales a los que pueden acudir los administrados, con el fin de llevar ante los jueces los conflictos que se suscitan entre ellos y la administración pública.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa.

Por ende, como en el presente caso se pretende obtener la reparación de un daño presuntamente causado por una omisión de la administración, es la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 ibídem la idónea reclamar la indemnización de perjuicios derivados de esta.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis.

1.3.1. Parte activa.

El legítimo interés de los accionantes para integrar el extremo activo de la controversia deviene del vínculo de consanguinidad y sentimental que acreditaron con la víctima, así:

Consta en el expediente que Nebis Troya Pérez y Miguel Antonio Morales Campos eran sus padres, según se verifica en el registro civil de nacimiento de Kalet Miguel Morales Troya (fl. 15, cdno. 1). Por su parte, Kanner Miguel Morales Troya (fl. 16, cdno. 1) y Keiner Miguel Morales Troya (fl. 17, cdno. 1) probaron ser hijos de los mismos padres y, por ende, hermanos del fallecido, al igual que se demostró respecto de la menor Eva Sandrith Morales Troya (fl. 18, cdno. 1). También probaron su calidad de hermanos, por ser hijos del mismo padre que la víctima: Katy Julieth Morales Guzmán (fl. 19, cdno. 1) y Fayder Miguel Morales Zapata.

De otro lado, el registro civil de nacimiento de la progenitora de la víctima permite verificar que sus abuelos maternos eran los demandantes Petrona Pérez Martínez y Román Troya Galvis (fl. 21, cdno. 1).

En lo que respecta a Katrinalieth Morales Armenta, se demostró que es hija de la víctima (fl. 23, cdno. 1) y de la señora Ivonne Marieth Armenta Maestre, hecho que tal como lo alegó la parte actora en la impugnación es indicativo de la existencia de una relación sentimental entre ella y el fallecido. Aunque la menor nació en el año 2000, por lo que ese hecho no da cuenta efectiva de la actualidad de esa relación en la época de los hechos, lo cierto es que la Sala mayoritariamente ha reconocido que en casos de muerte es posible tener al padre o madre en común de los hijos, cuando menos como damnificado, bajo el entendido de la pérdida del otro lo privará de contar con su concurso en la crianza y formación de su descendencia(4).

De igual manera, se aprecia que le asiste razón a los actores cuando en la apelación manifiestan que la decisión de primera instancia desconoció la testimonial rendida por Eneida Isabel Pérez Ospino (fl. 613, c. 2), quien dijo haber laborado al servicio doméstico de la familia Morales Troya durante 10 años, de acuerdo con cuyo dichos la señora Ivonne Armenta era la compañera de la víctima.

De igual manera, la referida testigo refirió sobre la señora Evelti Polo y su relación con la víctima:

10. Bueno para KALETH (sic) era la tía universal, que se dedicaba por él, atendiéndolo cuando el (sic) estaba en la universidad, y eso lo ha afectado bastante a ella (sic), desvivía por su sobrino y a raíz de eso, ha tenido bastantes problemas físicos, lo recuerda mucho como era él con ella, osea (sic) que él pensaba ayudarla pero como le sucedió a prometerle lo que le dijo (sic). (…) cunando KALETH existía de otros medios, osea cuando KALETH vivía decía que era el sobrino que era el que la iba a ayudar económicamente.

En similares términos declaró el testigo Alcedis Ortíz Macías (fl. 615, cdno. 2), al referir:

11. PREGUNTADO. Conoce a la señora Ebelti (sic) Polo? Y en caso afirmativo que (sic) relación de parentesco tenía esta con Kaleth Morales y por razón de qué circunstancia la señora Ebleti llevaba el apellido Polo y no Morales y como (sic) la apodaba Kaleth, afectuosamente?. CONTESTO (sic): Afirmativo, el parentesco que hay entre Miguel Morales Campo y la señora Ebelti Polo, son hermanos pero de madre. Pero en el caso de ser hermano de madre, pero en la vida de Kaleth esa señora fue tan importante porque de ser tía era algo tan especial para él que dentro de su juventud desarrolló su profesionalismo al lado de esa señora y el (sic) cariñosamente por las afectos que lo unía entre su familia y él, cariñosamente le decía “LA TÍA UNIVERSAL”, inclusive en uno de sus éxitos le hizo un nombramiento. Era tan grande el afecto que había entre esas personas, esa señora, digo la tía universal, ha quedado sufriendo después de la muerte de su sobrino que era Kaleth Morales. (…) como le comenté anteriormente esa señora el trauma que ella ha sufrido por la muerte de su sobrino es bastante grande, sobretodo porque esos momentos en que el (sic) estaba con ella, ella dependía totalmente de él, y después de la muerte se le nota sufrimiento intenso, deprimida, malestar permanente, que anteriormente no lo demostrada, se le nota un vacío que a pesar de tener sus hijos, como madre no ha podido llenar, y probablemente económicos porque ella dependía de él, del señor Kaleth Morales.

 

En esas condiciones probatorias, para la Sala es claro que aunque no se acreditó el vínculo de parentesco de la señora Polo con la víctima, sí es patente la estrecha relación sentimental entre ellos, de modo que se advierte acreditado su legítimo interés para acudir como demandante, al igual que el de los demás actores, según se señaló supra.

1.3.2. Pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, los demandantes le atribuyen al Instituto Nacional de Vías presuntas omisiones en el mantenimiento del corredor vial en el que ocurrió el accidente, hechos por los cuales está llamada a comparecer al presente proceso, siendo claro que el juicio sobre su responsabilidad tendrá lugar al analizar el fondo del asunto.

1.4. La caducidad de la acción.

La muerte del señor Morales Troya tuvo lugar el 24 de agosto de 2005, según consta en su registro civil de defunción (fl. 25, cdno. 1), mientras que la demanda se promovió el 22 de agosto de 2007 (fl. 293 vto, cdno. 1), esto es, dentro de los dos años siguientes, por lo que es preciso concluir que lo fue en forma oportuna, de acuerdo con las previsiones del artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

2. Problema jurídico.

Los recursos promovidos plantean la necesidad de establecer, en primer término, si como lo determinó la sentencia impugnada, existió una omisión de la demandada, determinante en la causación del daño antijurídico, que permita endilgarle responsabilidad en los hechos en que resultó muerto el señor Kalet Morales, así como la verificación de la conducta de la víctima para establecer si de ella se desprende una actuación dolosa o gravemente culposa que pueda exonerar de responsabilidad a la administración.

Superado lo anterior y si se mantiene la decisión de declarar responsable a la administración, será preciso analizar los argumentos de los actores relativos a la forma y cuantía en que fue liquidada la condena.

Finalmente, será del caso, si hay lugar a ello, analizar la posible responsabilidad del llamado en garantía y los términos en que estaría llamado a responder frente a Invías por la condena que eventualmente se le imponga.

3. Análisis probatorio

Sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar y consecuencias del accidente de tránsito materia de la litis, se tiene:

3.1. El 24 de agosto de 2005 (fl. 55, cdno. 1), la Dirección Operativa de la Policía de Carreteras informó a la Fiscalía Seccional sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito, en el que falleció una persona y otra resultó lesionada. Indicó que los hechos ocurrieron el 23 del mismo mes y año, hacia las 15.00 horas en la vía Plato – Bosconia, kilómetro 43, en el que el vehículo Toyota de placas BXW447 conducido por Kalet Miguel Morales Troya salió de la vía “sufriendo volcamiento lateral”.

En el referido informe también se consignó que el señor Kalet Morales sufrió heridas de consideración, consistentes en un trauma craneoencefálico severo, como consecuencia del cual falleció. También se señaló que en los hechos resultó herido el señor Keiler (sic) Morales Troya. El informe fue ratificado por sus autores, bajo juramento, ante la Fiscalía (fl. 73, cdno. 1).

3.2. Se adjunto al oficio en mención el informe de accidente de tránsito No. 24-030684 (fl. 57, cdno. 1), en el que agentes de la Policía de Carreteras dejaron constancia de que el vehículo antes mencionado se salió de la vía en el kilómetro 43 de la carretera Plato – Bosconia y sufrió impactos en la totalidad de su carrocería, que el vehículo era conducido por el señor Kalet Morales, quien resultó herido y fue trasladado el Hospital Nueva Granada.

Sobre el estado de la vía en el sitio del accidente se anotó que esta era recta, plana, de doble sentido, con una calzada, dos carriles, en asfalto, con huecos, húmeda, sin iluminación artificial, con líneas de borde y de carril.

El croquis del accidente evidencia la presencia de un hueco en la parte central de la vía y señala que se encontraba 3,50 metros del costado izquierdo de la vía, atendido el sentido de circulación del vehículo.

Las causas probables anotadas corresponden a (i) exceso de velocidad, (iii) superficie lisa y (iii) huecos.

3.3. Por su parte, Invías allegó un plano del sitio de los hechos, en el que indicó que en el PR42+400 se señalizó la vía con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y el PR42+789 la señal reglamentaria de velocidad indica 40 (fl. 318, cdno. 1), al tiempo que el bache en la vía está ubicado en el PR42+974. En el PR+502 existe una señala que indica peligro. Se señaló en el informe que las dimensiones del hueco eran 1.40m x 0.40m x 0.12m, medición esta última que corresponde a la profundidad, y que desde su parte final hacia el carril de circulación del vehículo, quedaba un espacio libre de 2.90 metros.

3.4. La firma Ingeconsulta que intervenía la ejecución de obras en la vía de los hechos informó que el ancho de la calzada en el sitio es de 7,80 metros (fl. 593, cdno. 1) e indicó que la señalización existente en el sitio, así como el estado del pavimento para el 24 de agosto de 2005 era el siguiente:

PR42+502 señal de peligro a 100 m

PR42+674 curva pronunciada a la izquierda

PR42+789 velocidad máxima 40km/hora

Entre el PR42+800 y el PR42+960, dos (2) delineadores de curva horizontal

PR43+000 poste de referencia

Se encuentran líneas de demarcación amarilla a lo largo de la vía

Existe baranda de protección en el costado derecho de la vía en la dirección de Plato a Bosconia

En el sentido inverso al recorrido se tienen de igual manera señales de peligro a 100m., curva derecha, velocidad máxima de 60 y 40 km/hora.

Condición del pavimento

El pavimento se encuentra en general en buen estado, con agrietamientos longitudinales y un bache en forma rectangular ubicado en el PR+42+974, a una distancia de 2,90 m del borde derecho de la calzada, con un ancho de 0.40 m y 1.40 de largo, el cual se produjo por el desprendimiento de material asfáltico en un área afectada por fallas tipo piel de cocodrilo.

3.5. El representante legal de la firma Ingeconsulta (fl. 582, cdno. 1) que ejercía la interventoría en las reparaciones viales del corredor involucrado, indicó que de acuerdo con la programación realizada al iniciarse las labores de mantenimiento de la vía, el Km42+900 a 43+000 no presentaba ninguna falla, según el inventario “actual” de la vía que aportó en su declaración, que la vía estaba pavimentada y en observación , para priorizar la ejecución de trabajos. Agregó:

[E]l sitio del accidente no tenía una mayor afectación y por ello estaba en observación debido a que el bache allí presente era de poca magnitud, bache es una pequeña falla que se presenta en la carpeta de los pavimentos, en la última capa, era el caso del Km42+974 sitio exacto del accidente. (…) toda la vía materia del contrato estaba señalizada, sin embargo en los comités de obrase enfatizaba que la señalización estuviera al día y efectivamente en la zona del accidente hay documentos en que indican cuál era la señalización y podría comunicarles que a 472 metros antes del sitio del accidente estaba la primera señal que decía peligro a 100 metros, estamos hablando de la dirección sentido Plato Bosconia, luego existe otra señalización visible que decía curva a la izquierda, esta se encontraba a 162 metros delante de la anterior, posteriormente existe la mas (sic) importante en mi concepto que es la que señala velocidad máx. 40 km. por hora esta señal está a una distancia 185 metros del sitio del accidente, es decir que no se podía sobrepasar esa velocidad, para lo cual allego 12 folios. (…) Invías es preventivo en las curvas, sobretodo en esta que es de alto radio y se presta para una velocidad mayor de los vehículos, por eso se considera una medida preventiva para que los carros vayan desacelerando y la valla a 185 metros es la confirmación de lo anterior que los vehículos no pueden sobrepasar esta velocidad.

También dijo que la irregularidad de la vía era considerada como bache y no como un hueco, por cuanto solo afectaba la carpeta asfáltica debido a su poca profundidad, que no afectaba el pavimento y que la consideraba que no era de la entidad suficiente para hacer perder el control de un vehículo de doble transmisión siempre que este circulara a una velocidad menor a 100 kilómetros por hora.

3.6. El representante legal del Consorcio Vicoco 037, que adelantaba los trabajos de mantenimiento, indicó que al realizar el inventario de la vía en el inicio de la ejecución del contrato, el sitio de los hechos estaba en buen estado, que según sus cálculos el hueco encontrado se debió producir de cinco a seis días antes del accidente, por lo que no estaba incluido en el inventario levantado sobre el estado del corredor. Dijo que la velocidad máxima en el sitio de los hechos era de 40 kilómetros por hora, restricción que estaba señalizada, al tiempo que reconoció la existencia del daño en la vía, pero conceptuó que no tenía la virtualidad de generar un accidente a la velocidad permitida en el sector.

3.7. El supervisor del contrato, profesional especializado de Invías dijo que el contrato con Vicoco comprendía actividades de conservación y mantenimiento de la vía Plato – Pueblo Nuevo y que su ejecución inició con la atención de los sectores más críticos según el inventario realizado. Dijo que en visita realizada el día siguiente al de la ocurrencia del accidente verificaron que el sitio tenía una señal de peligro y otra reglamentaria que indicaba que la velocidad máxima en ese tramo era de 40 km/h. También conceptuó que era imposible que un vehículo tipo camioneta perdiera el control a esa velocidad con ocasión del referido bache, cuya existencia reconoció, pero que dijo era “avistable y esquivable en condiciones normales de velocidad”. Dijo que el peralte de la vía no permite que el agua se deposite a lo largo de la calzada, por lo que no era probable que el bache estuviera completamente cubierto por agua.

3.8. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI Colombia (fl. 777, c. 2) realizó la reconstrucción del accidente de tránsito, sobre lo cual elaboró un dictamen que fue allegado por el representante legal de la llamada en garantía al rendir su testimonio en el proceso (fl. 772, cdno. 1)(5). Por tratarse de evidencia técnica determinante para la resolución del caso, de oficio, la Sala decretó la incorporación de dicha prueba pericial y la dio en traslado a las partes, sin que presentaran objeción. Solo Invías se pronunció dentro del traslado (fl. 1032, cdno. ppal.) y pidió que se le otorgue credibilidad a dicha evidencia.

El experto analizó los siguientes puntos:

La vía tiene en el sitio de los hechos un ancho total de calzada de 7,2 metros, su velocidad máxima es de 40km/h y el rodante accidentado se desplazaba en el sentido vial Plato – Bosconia. Consideró que no es posible obtener información relevante para el caso por razón de las deformaciones sufridas por el vehículo, por cuanto este se volcó y los daños en las llantas pudieron ser consecuencia de dicho volcamiento.

Afirmó que es posible determinar la velocidad de circulación del vehículo estimando un recorrido total de desaceleración desde el evento hasta su posición final, mediciones que le permitieron establecer que, como mínimo, el rodante se desplazaba a 73,7km/h. Dijo que esa sería la velocidad mínima, pero que siempre la velocidad real será mayor por cuanto es imposible establecer técnicamente “la energía disipada en deformaciones”.

Por ende, planteó como hipótesis de los hechos, (i) que el vehículo hubiera atravesado el hueco a exceso de velocidad, por lo cual se perdió el control y salió de la vía o (ii) que el vehículo salió de la vía por alguna maniobra del conductor mientras circulaba en exceso de velocidad.

Indicó que la deformación en la vía dejaba un espacio libre de 2,9 metros en el costado derecho, por el que debía circular el rodante, que tenía un ancho total de 1,83 metros y que no existe evidencia de si el rodante se vio o no afectado por el hueco, ni huellas que confirmen o refuten alguna de las dos tesis.

También analizó que si el vehículo hubiera circulado a la velocidad máxima permitida, debió detenerse a 33,3 metros del hueco, siendo la posición final mucho mayor.

Las conclusiones de la referida verificación técnica fueron :

Las conclusiones de este informe, se basan completamente en el análisis realizado por Cesvi Colombia y la información objetiva con que se contó para la realización del caso.

No existe evidencia técnica que indique que el vehículo coge el hueco.

No es posible establecer técnicamente la causa por la cual el conductor del vehículo involucrado pierde el control del automotor, debido a la inexistencia de pruebas.

De acuerdo a los cálculos se establece que el vehículo circula a exceso de velocidad con respecto a la señalización de la zona.

De acuerdo a los cálculos realizados se establece que si el vehículo circula a velocidad reglamentaria, su conductor podría detenerse con un frenado normal si (sic) salir de la vía a una cuando (sic) el vehículo se viera afectado por el hueco.

La existencia del hueco en la vía representa un peligro para los usuarios.

La presencia de agua en la vía puede disminuir la visibilidad de obstáculos, como el hueco analizado, por tal razón la velocidad debe ser disminuida con un temporal de lluvia y terreno mojado.

El obstáculo presente (hueco) en el día del accidente se encuentra sobre el carril de circulación del vehículo involucrado, sin embargo existía suficiente espacio en el carril de circulación para evitar el sobrepaso por dicho hueco si el vehículo circula por su carril.

3.9. El interrogatorio que a instancia de parte rindió el señor Keiner Miguel Morales Troya (fl. 565, cdno. 1), quien viajaba en compañía de la víctima el día de los hechos, no arrojó, a juicio de la Sala, confesión de hecho adverso alguno, pues se limitó a narrar las particularidades previas al viaje que emprendió con su hermano, sin precisar las horas exactas y dijo no recordar nada del accidente, pues cuando se dio cuenta ya estaba en el Hospital, declaración que se acompasa con la que rindió ante la Fiscalía, en la que señaló que estaba dormido en el momento de los hechos, por lo su afirmación relativa a que el vehículo se movilizaba a 80km/h no puede tenerse como una confesión, por cuanto es claro que en el momento mismo del impacto no pudo tener conocimiento de la velocidad del rodante(6).

3.10. Sometido a experticio técnico el rodante se estableció que el impacto lo sufrió en la parte delantera y comprometió toda la estructura, por lo que quedó destruido en forma total (fl. 66, cdno. 1), al tiempo que se verificaron su sistemas de identificación, sobre los que se conceptuó eran originales.

3.11. El protocolo de necropsia practicado al cadáver de Kalet Morales permite apreciar que falleció por trauma craneoencefálico severo en accidente de tránsito (fl. 72, cdno. 1). La historia clínica del Hospital Bocagrande S.A. (fl. 81, cdno. 1) da cuenta de que el señor Kalet Morales fue atendido allí el 24 de agosto de 2005, por cuanto presentaba politraumatismo en accidente automovilístico y trauma craneoencefálico severo. También se acreditó que la víctima contaba con licencia de conducción vigente para vehículos automotores de servicio particular (fl. 607, cdno. 1).

3.12. El 20 de enero de 2006 la Fiscalía 29 Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Plato (fl. 98, cdno. 1) se abstuvo de abrir investigación formal por los hechos al considerar que “de bulto se vislumbra que el causante de ellos lo fuera la propia víctima, por lo que con esto no se pudo aclarar el asunto, como identificar o individualizar a los posibles responsables de los hechos”.

3.13. El laboratorio de química forense del Instituto Nacional de Medicina Legal (fl. 101, cdno. 1) realizó pruebas químicas, cromatografías de capa fina y cromatografía de gases-masas en los que no se encontraron trazas de sustancias psicoactivas en el cadáver del señor Morales Troya.

3.14. El levantamiento del cadáver del señor Kalet Morales tuvo lugar en la Clínica Bocagrande, el 24 de agosto de 2005 a las 8.15 horas (fl. 60, cdno. 1) y su deceso se registró en la misma fecha, según consta en el registro civil de defunción que se aportó como prueba al expediente (fl. 25, cdno. 1).

4. Análisis de la Sala

El deceso del señor Kalet Miguel Morales Troya constituye para este caso particular un daño antijurídico que los actores no estaban en el deber jurídico de soportar y que quedó plenamente acreditado en el plenario conforme se analizó.

En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, en reciente pronunciamiento la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro de cada proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(7):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas con otro está llamado a resolverse de la misma forma; es labor del juez, en cada caso particular, considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

Sobre la forma en que ocurrieron los hechos consta que tuvieron lugar en la vía Plato – Bosconia, kilómetro 43, donde el rodante en el que se movilizaba el artista, en compañía de su hermano, se salió de la vía cerca de un lugar donde había un bache en la carretera.

En efecto, la existencia de la referida irregularidad en la carretera está plenamente demostrada, por cuanto (i) así consta en el informe del accidente de tránsito, (ii) en la verificación posterior del lugar realizada por la demandada, (iii) en las declaraciones de quienes por razón de su responsabilidad en los trabajos de la vía la verificaron en forma inmediatamente posterior al accidente, (iv) así como que no es un hecho discutido por Invías, que al contestar la demanda reconoció su existencia.

Sin embargo, la sola existencia del hueco en el lugar de los hechos no se constituye, a juicio de la Sala, en elemento de juicio suficiente para imputar responsabilidad a la administración, pues debe tenerse en cuenta que si bien a Invías le asiste la obligación de realizar el mantenimiento de las vías del orden nacional y dicha obligación estaba a su cargo desde la época de los hechos(8), no existe evidencia cierta del desconocimiento de esa obligación, pues también consta en el plenario que sí se ejecutaban labores de mantenimiento en el sector, esto es, no puede afirmarse que la entidad accionada omitió totalmente el ejercicio de dicha competencia en detrimento de los asociados; por el contrario, se insiste, está probado que sí se adelantaban trabajos de mantenimiento y reparación en la zona por parte de contratistas del Invías, que eran supervisados por un funcionario de la entidad y por un interventor externo, de lo que dieron cuenta las testimoniales recaudadas, así como el informe rendido por el interventor del contrato.

Ahora bien, lo cierto es que con independencia de la mayor o menor diligencia de la entidad, el hueco en la vía existía; sin embargo, tampoco se acreditó que hubiera tenido incidencia directa en el accidente y, por el contrario, las pruebas recaudadas controvierten dicha hipótesis, como pasa a verse:

Los levantamientos topográficos realizados al sitio de los hechos al intentar reconstruirlos dieron cuenta de que el hueco tantas veces mencionado se encontraba situado hacia la parte central de la calzada, por lo que pese a tener una dimensión de 1,40m x 0.40m, dejaba un espacio libre en el carril de circulación derecho (atendido el sentido vial en el que se desplazaba la víctima), de 2,90 metros, suficiente para que transitara sin hesitación la camioneta Toyota de tan solo 1,83 metros de ancho.

Aunado a ello se tiene que no hay evidencia de ninguna naturaleza de que el rodante hubiera golpeado o no dicha irregularidad del terreno; por el contrario, lo que sí está demostrado con suficiencia es que antes de llegar a este, se insiste, en el sentido de circulación que llevaba el vehículo en el que se desplazaba el señor Kalet Morales, se encontraba una señal de peligro que hacía referencia a la cercanía de una curva y una señal de tránsito reglamentaria que indicaba una velocidad máxima para la zona de 40km/h, advertencias que imponían al conductor extremar las precauciones, deber que se acrecentaba bajo la también demostrada circunstancia consistente en que la vía estaba húmeda en el momento de los hechos.

Ahora bien, desde el punto de vista técnico lograron demostrarse hechos de amplia relevancia, pues pese a que no fue posible establecer las causas ciertas e irrefutables del accidente, el dictamen rendido por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI Colombia, que no fue refutado por ninguna de las partes, es conclusivo de que (i) el vehículo excedía la velocidad máxima permitida en la zona del accidente y (ii) de que a una velocidad reglamentaria el vehículo pudo detenerse sin salirse de la vía aunque hubiera caído al hueco. Estas conclusiones no aparecen desvirtuadas probatoriamente con otras evidencias, por lo que desde el punto de vista técnico, el panorama probatorio permite concluir (i) que el bache no tenía la virtualidad de causar un accidente a velocidad normal y (ii) que la víctima circulaba a una velocidad mayor a la permitida, de cuando menos 73,7Km/h, cuando el máximo permitido era de 40Km/h.

Así, aunque los testigos que afirmaron que el hueco era incipiente y tales dichos no ofrecen credibilidad por provenir de quienes tenían interés en la ejecución de las obras de mantenimiento y por tratarse de simples especulaciones de su parte, pues carecían en el momento en que fueron hechas de respaldo técnico o científico, lo cierto es que la referida evidencia proveniente de una entidad especializada, en la que se valoraron las condiciones objetivas del accidente, así como las características particulares del vehículo, permite establecer la única hipótesis comprobable del accidente, cual fue el exceso de velocidad.

Aunado a ello, existía señalización suficiente en el sitio que demarcaba la velocidad máxima permitida y una situación de peligro en la aproximación a la curva inmediatamente anterior, las que para la Sala advertían con suficiencia las condiciones de manejo que se requerían en el sector para una desplazamiento seguro, por lo que se considera que no era exigible a la entidad señalizar de manera particular la existencia del hueco, que pese a tratarse de un obstáculo indeseable en la carretera, no tenía la entidad de generar por sí mismo tan fatal accidente, por cuanto su profundidad era de escasos 0,12 metros y dejaba espacio suficiente para el tránsito, de modo que pudo ser evitado a una baja velocidad como la regulada para la zona, pues, se insiste, no se trataba de un obstáculo insalvable.

La conducción de vehículos es una conducta regulada en forma intensa por el orden jurídico, que impone a quienes la acometen múltiples cargas, deberes y prohibiciones, en razón del alto riesgo que genera para quien la despliega y los demás asociados, por cuanto el ejercicio idóneo de esa competencia se constituye en un insumo fundamental en la garantía de la seguridad pública, por lo que no es despreciable la conducta antijurídica de la víctima al desconocer los límites de velocidad máximos permitidos, sino que, por el contrario, se constituye en una actuación gravemente culposa, máxime cuando lo hizo en una superficie húmeda, que exigía de su parte el mayor celo en la actividad.

En consecuencia, no encuentra la Sala acreditada la incidencia de la existencia del hueco en la causación del accidente, en cambio sí una conducta del conductor desconocedora de una señal de tránsito reglamentaria, que permite exonerar de responsabilidad al Instituto Nacional de Vías.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas en la instancia, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 29 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, presidente—Stella Conto Díaz Del Castillo—Danilo Rojas Betancourth.

1 Aunque en la demanda y distintas piezas procesales y evidencias se hace mención a la referida víctima como Keith Miguel Morales Troya, para efectos de la presente decisión se referirá a él la Sala conforme a la escritura de su nombre tal como aparece en sus registro civiles de nacimiento y defunción

2 Recursos promovidos en octubre de 2010.

3 Código Contencioso Administrativo. “Artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.”

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de marzo de 2015, exp. 33699, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

5 Código de Procedimiento Civil, artículo 228. Numeral 7 “Los testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres (3) días, sin necesidad de auto que lo ordene”.

6 Código de Procedimiento Civil, artículo 195. “La confesión requiere: (…) 5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento”.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, del mismo ponente

8 Decreto 2056 de 2003.