Sentencia 2007-00427/39099 de abril 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200700427 01

Exp.: 39.099

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Rafael Alvarado Gaviria y otros

Demandado: Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Referencia: Apelación sentencia - reparación directa

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2010, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, comoquiera que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuantía del proceso(19).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que, de conformidad con lo expresado en la demanda, el daño por el que se reclama indemnización, devino de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el demandante dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 1 de 1984(20), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse solo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal (...)”(21) (destacado fuera del texto).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en los daños eventualmente sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Rafael Alvarado Gaviria entre el 23 de septiembre de 2006 hasta el 7 de diciembre de 2006(22), fecha en la cual salió del centro de reclusión tras habérsele otorgado la libertad por el hecho de corroborarse que no era la misma persona que había sido condenada por el delito de hurto agravado y calificado.

Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto referencia el día siguiente al momento en que el señor Rafael Alvarado Gaviria recuperó su libertad, esto es el 8 de diciembre de 2006. Así las cosas, por haberse interpuesto la acción de reparación directa el 25 de julio de 2007, se impone concluir que esto ocurrió dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Precisiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, el tribunal a quo fundó el análisis del caso y derivó la responsabilidad patrimonial de la demandada por los hechos narrados en la demanda, a partir de la aplicación del denominado error jurisdiccional derivado de la privación injusta del señor Rafael Alvarado Gaviria, señalando, en consecuencia, que las decisiones mediante las cuales definió la situación jurídica y se condenó al ahora demandante no se ajustaron a las exigencias adjetivas vigentes para la época de los hechos, comoquiera que no se realizó una plena individualización e identificación del verdadero responsable.

Estas afirmaciones del tribunal ameritan una precisión, en tanto la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado con base en los artículos 66 y 69 de la Ley 270 de 1996(23) ha evidenciado algunas modulaciones en cuanto tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable a supuestos como el que en este proceso se examina, en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos producidos por la administración de justicia.

Al respecto, debe precisarse que esta Sección del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las que se incurre a través de providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo. En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: i) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y ii) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria(24).

Por otra parte, respecto del título de imputación por defectuoso funcionamiento de la administración judicial, la corporación ha sostenido que se está en presencia de este título jurídico de imputación en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias de los jueces. En la anotada dirección, la Sala ha discurrido de la siguiente manera(25):

“La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

‘(...) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho’”(26) (resaltado fuera del texto original).

De conformidad con lo anterior, concluye la Sala que el presente asunto bien puede analizarse bajo la óptica del título jurídico de imputación denominado error jurisdiccional, comoquiera que el hecho dañoso demandado se habría originado en una providencia judicial. En consecuencia, se procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación son responsables por los hechos narrados en la demanda.

No obstante, debe precisarse que comoquiera que se trata de una sentencia condenatoria apelada únicamente por la rama judicial, la competencia al momento de resolver se encuentra restringida en lo que respecta solamente a los aspectos objeto del recurso de apelación, en virtud de la garantía de la non reformatio in pejus, razón por la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia(27).

2.3. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(28), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos ‘títulos de imputación’ como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En consonancia con lo anterior, resulta necesario recordar que la acción de reparación directa se interpuso con fundamento en el error judicial, que derivó en la privación injusta cometida en el marco de un proceso penal adelantado en contra del señor Rafael Alvarado Gaviria, actuaciones que, alega la parte actora, le habrían causado los perjuicios por los que reclama indemnización.

Como puede apreciarse, dicha situación alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996(29), disposición que ya se encontraba vigente al momento en que dictaron las providencias con las cuales la demandante considera que se causó el daño, de manera que orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido(30).

En este orden de ideas, es pertinente aludir al texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

La norma que viene de transcribirse desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(31).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a retener:

“(...) . Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha considerado que existe error judicial cuando el juzgador, independientemente de si actúa o no con el elemento subjetivo de la culpa, profiere una providencia discordante con el conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del proceso, la cual, una vez queda en firme, ocasiona un daño antijurídico(32).

En este sentido, la Sala a través de sentencia de 11 de mayo de 2011, señaló los presupuestos que deben cumplirse para la configuración del error judicial. En efecto, en tal ocasión precisó(33):

“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. Consideraba la Sala, en jurisprudencia que se reitera:

‘a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (...).

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección(34), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso). El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.

Finalmente, vale señalar que en cada caso concreto debe tenerse presente el margen de discrecionalidad judicial que resulta legítimo y servirse de ella, para llevar a cabo el juicio de responsabilidad correspondiente. Como lo ha advertido la Sala, en algunas oportunidades el juez tiene en frente una decisión única, mientras que en otros, aparecen como posibles distintas decisiones razonables; en esta última hipótesis, mal se haría en un juicio de responsabilidad patrimonial en identificar un daño antijurídico como consecuencia de la adopción razonada de la opción judicial por una de las posibles decisiones razonables, todo ello de acuerdo con los presupuestos fácticos existentes en el proceso(35).

En efecto, el error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normatividad jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

2.4. Los hechos probados.

Obran en el expediente copias auténticas de las decisiones judiciales adoptadas en los procesos penales adelantados en contra del señor Rafael Alvarado Gaviria, entre las cuales, se encuentran las siguientes:

— Providencia proferida el 14 de marzo de 2002 por el Juzgado 84 Penal Municipal de Bogotá(36), mediante la cual decidió condenar a la pena privativa de la libertad al señor Rafael Alvarado Gaviria, consistente en 42 meses, por ser responsable del delito de hurto agravado y calificado.

En cuanto a la identificación e individualización del sindicado, en dicha decisión se expusieron los siguientes argumentos (se transcribe con errores):

“En este orden de ideas, tenemos entonces que la conducta encuentra perfecta adecuación en lo establecido en el artículo 349 del Código de las penas (L. 100/80), ya que hubo apoderamiento de una cosa mueble ajena, con el inequívoco propósito de obtener provecho de ella, lo que se desprende de manera lógica lo reseñado hasta este instante, ya que es claro que el radio pasa cintas fue extraído de su lugar de origen, pues así lo indica no solo el informe policivo, donde se hace saber que se buscó al propietario del radio, sino también la persona encargada de la seguridad del parqueadero donde sucedieron los hechos, quien es diáfano en indicar que una vez llegó el propietario del automotor se le comentó lo sucedido, persona esta que trajo el frontal del radio el cual correspondía al que fuera hurtado del rodante y arrojado a una zona verde.

(...)

Adentrándonos en el campo subjetivo o de la responsabilidad, pese a los juiciosos argumentos traídos dentro de la vista pública, por el distinguido profesional del derecho que asume la defensa, no se avizora por parte de esta juzgadora duda alguna que empañe la certeza de que Rafael Alvarado Gaviria, es autor de la conducta típica descrita en los acápites anteriores y que su actuar fue con conocimiento de causa, así como voluntad en su realización, es decir, que su comportamiento fue doloso.

El señor Rafael Alvarado Gaviria, fue plenamente identificado e individualizado, persona esta mayor de edad, de quien en el plenario no se permite predicar que tengan calidad de inimputable, pues ellos no fue alegado y mucho menos demostrado a lo largo del informativo”(37) (se destaca).

— La providencia antes mencionada fue recurrida por el defensor público, dando como resultado que en providencia de 16 de septiembre de 2003 el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá modificó la sentencia del a quo en el sentido de reducir la pena principal a 37 meses de prisión.

— Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2004, a través de la cual el Juzgado 3 Penal Municipal de Bogotá(38) condenó al señor Rafael Alvarado Gaviria a la pena privativa de la libertad consistente a 7 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado en calidad de tentativa.

En cuanto a la identificación e individualización del sindicado, en la mencionada providencia se expuso la siguiente descripción:

“Identificación e individualización de los procesados.

Rafael Alvarado Gaviria, portador de la C.C. 19.454.744 de Bogotá; nació el 16 de febrero de 1962 en esta ciudad, no conoció a sus padres pero su progenitora se llama María Magdalena Gaviria; estado civil: soltero, sin hijos, grado de instrucción: octavo de bachiderato (sic) ; ocupación: vendedor ambulante.

Características físicas: Estatura aproximada 172 cms, tez trigueña, contextura media, cabello negro, liso, frente media, ojos iris color café, nariz mediana, boca mediana, labios gruesos, orejas medianas, lóbulo adherido, presenta cicatrices en la nariz y ceja izquierda”(39).

— Oficio proferido por la Policía Metropolitana de Bogotá, décima estación Engativá, mediante la cual se deja a disposición del Juzgado 3 Penal Municipal de Bogotá al señor Rafael Alvarado Gaviria después de haber sido capturado en la cual relataron los siguientes hechos:

“Siendo aproximadamente las 12:45 horas del día 23/9/2006, en la carrera 69 con calle 68b-00 vía pública, barrio Estrada se practicó un registro e identificación al señor antes relacionado y al solicitarle antecedentes por la central de radio de la Policía Nacional esta manifestó que le figuraba una orden de captura por el delito de Hurto Agravado y Calificado ART. 350 C.P al trasladarlos al sistema AFIS de la DIJIN esta da como resultado que está vigente y es solicitado por su Juzgado Tercero Penal Municipal mediante oficio 11-11-2004, Sumario 2004-00322, con número de captura 139086 procedimos a hacerle saber los derechos del capturado y trasladarlo a las instalaciones de la décima estación para su respectiva judicialización”(40).

— Proveído de fecha 23 de octubre de 2006 proferido por el juzgado 7 de ejecución de penas y medidas de seguridad en curso del proceso con radicación 2004-00322 (Sent. Juzgado 3 Penal Municipal de Bogotá), mediante el cual dispuso que el señor Rafael Alvarado Gaviria no fue la misma persona a la que se investigó por el delito de hurto calificado y agravado en calidad de tentativa(41).

— Proveído de fecha 31 de octubre de 2006(42) el juzgado 11 de ejecución de penas y medidas de seguridad avocó conocimiento de la causa con radicación 2001-01065 (Sent. del Juzgado 84 Penal Municipal de Bogotá), de manera que el día 9 de noviembre de 2006 solicitó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el cotejo dactiloscópico de las huellas del señor Rafael Alvarado Gaviria, dando como resultado negativo. Como fundamentos de dicha decisión se plasmaron, entre otras razones, las siguientes:

“Consultando el sistema automatizado de identificación dactilar AFIS-DAS, llevado en esta coordinación con la impresión dactilar obrante en acta de derechos del capturado y en acta de incautación de elementos a nombre de Rafael Alvarado Gaviria descrita en el material de estudio, aparece registrada en este sistema con código AFIS-DAS 11/00/00167589P a nombre de Pedro Pablo Herrera Rodríguez y prontuario delictivo 253364.

A fin de verificar si la impresión dactilar que aparece en acta de derechos del capturado y en el acta de incautación de elementos descrita en el material de estudio corresponden a Rafael Alvarado Gaviria quien se encuentra recluido en la Cárcel Distrital de Varones, se solicitó a dicho ente carcelario el registro decadactilar del precitado y confrontarlas dactiloscópicamente las impresiones de dicho registro aportado por la cárcel con la impresión dactilar obrante en acta de derechos del capturado y en acta de incautación de elementos materia de estudio, se establece que No corresponden, es decir, corresponden a diferentes personas.

De igual manera se consultó el nombre de Pedro Pablo Herrera Rodríguez obtenido en el sistema AFIS DAS, en el terminal AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al cual le figura asignado cupo numérico 19.339.633, se obtuvo copia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía, y confrontadas dactiloscópicamente las impresiones de la tarjeta de preparación con la impresión dactilar obrante en acta de derechos del capturado y en acta de incautación de dactilar obrante en acta de derechos del capturado y en acta de incautación de elemento a nombre de Rafael Alvarado Gaviria materia de estudio, se establece que corresponden al índice derecho, es decir, por su morfología y topografía en la conformación y ubicación de sus puntos característicos corresponden a la misma persona, en esta caso a Pedro Pablo Herrera Rodríguez, C.C. 19.339.633 de Bogotá(43) (se destaca).

— Boleta de libertad de fecha 7 de diciembre de 2006 por medio de la cual el director de la Cárcel Distrital de Varones y Mujeres de Bogotá puso en libertad al señor Rafael Alvarado Gaviria(44).

2.5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencian que el señor Rafael Alvarado Gaviria fue privado de su libertad por haber sido declarado responsable penalmente de la comisión de los delitos de hurto calificado y agravado al tiempo que fue sindicado, de ese mismo tipo penal en otro proceso penal en la modalidad de tentativa; sin embargo, en virtud de las solicitudes de su apoderado tendientes a verificar su identidad con cotejos dactiloscópicos, logró su plena identificación, de manera que los juzgados 7 y 11 de ejecución de penas decretaron su libertad inmediata por no haber sido la misma persona la cual fue vinculada a las investigaciones penales.

Así las cosas, si bien podría resultar procedente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo derivado de la aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, advierte la Sala que en el sub lite se encuentra acreditado un “error jurisdiccional” por parte de las entidades demandadas, el cual habrá de declararse(45).

En efecto, si bien es cierto que la libertad del señor Rafael Alvarado Gaviria se declaró por cuanto en su persona nunca acaeció la comisión del ilícito, puesto que fue suplantado, tal y como se dejó enunciado previamente, lo cual daría lugar a que se analizara la imputación del daño antijurídico al Estado desde la perspectiva objetiva y, por lo tanto, el aspecto subjetivo de la entidad pública, esto es, si actuó con diligencia y cuidado a la hora de privar de la libertad al procesado carecería de relevancia; advierte la Sala que en el sub lite se encuentra acreditada una manifiesta y protuberante falla del servicio respecto de toda la investigación, no solamente en un proceso penal, sino en dos, incluida la decisión que vinculó al señor Alvarado Gaviria al proceso penal, circunstancia de la que se infiere que se quebrantó el principio de investigación integral pues, simplemente, se capturó al señor Pedro Pablo Herrera Rodríguez, el cual se identificó con el nombre del señor Alvarado Gaviria, se procedió a enjuiciarlo y se condenó, sin haberse adelantado las diligencias tendientes a determinar si esa persona era o no el verdadero autor del hecho.

En ese sentido, resalta la Sala que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, una de las finalidades de la investigación previa adelantada por la Fiscalía General de la Nación era, precisamente “recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta penal(46), actividad que debía dirigir y coordinar a través de su policía judicial tal y como lo dispone el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal —L. 600/2000—(47), de manera que, se encontraba en su esfera dominio la labor de velar por el cumplimiento del trabajo realizado por sus subalternos.

Por otra parte, respecto del contenido de las sentencias dictadas en procesos penales, el artículo 170 ibídem establecía lo siguiente:

“ART. 170.—Redacción de la sentencia. Toda sentencia contendrá:

1. Un resumen de los hechos investigados.

2. La identidad o individualización del procesado. 

3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales.

4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión.

5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.

6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios, en los eventos que proceda.

7. La condena a las penas principal o sustitutiva y accesorias que correspondan, o la absolución.

8. La condena en concreto al pago de perjuicios, si a ello hubiere lugar.

9. Si fueren procedentes los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

10. Los recursos que proceden contra ella” (se ha destacado y subrayado).

De la lectura de las anteriores disposiciones legales se infiere que era deber de los entes encargados de llevar a cabo la investigación y juzgamiento de los procesados, practicar, recaudar y examinar de manera exhaustiva todas y cada una de las piezas procesales con el fin de verificar la identidad de los autores o partícipes del hecho punible, así como que se hubiesen satisfecho —material y formalmente— todos los requisitos legales para dictar sentencia; sin embargo, en el presente asunto, tanto las fiscalías de conocimiento como los jueces 84 y 3 penales municipales de Bogotá encontraron “plenamente identificado” al señor Rafael Alvarado Gaviria sin advertir la grave inconsistencia respecto de la identificación e individualización del procesado que saltaba a la vista, que como ya se mencionó anteriormente fue suplantado en su humanidad por el señor Pedro Pablo Herrera Rodríguez(48).

Ciertamente, la valoración probatoria adelantada por la fiscalía de conocimiento al momento de iniciar la investigación en contra del señor Pedro Pablo Herrera Rodríguez concluyó, entre otros aspectos, con su plena individualización e identificación, cuando lo cierto es que ocurrió exactamente lo contrario, la indebida actuación tanto de la fiscalía como de los jueces que llevaron a condenar a un individuo que no se había identificado con su verdadero nombre y cédula, conlleva a concluir que tanto la fiscalía como los juzgados de conocimiento evitaron hacer el cotejo decadactilar del sindicado para corroborar si era la persona correcta a la cual le adelantaron la investigación penal y que posteriormente condenaron.

En conclusión, cabe resaltar que los Fiscales que investigaron penalmente al señor Pedro Pablo Herrera Rodríguez —quien suplantó a Rafael Alvarado Gaviria— y los jueces que lo condenaron a prisión, no adelantaron labor alguna tendiente a lograr la plena identificación e individualización del verdadero responsable del hecho ilícito, no obstante tuvieron en cuenta la tarjeta decadactilar para identificarlo plenamente, de manera que, esa circunstancia constituyó una grave omisión de las entidades responsables por adelantar esas diligencias, las cuales posteriormente, conllevaron a decretar la condena en una persona —Alvarado Gaviria— que no tenía nada que ver con la comisión de los hechos que produjeron el ilícito. Tales circunstancias reflejan no solo el error por la Fiscalía sino, de paso, la ignominia de la acusación y la posterior condena.

Todo el panorama expuesto pone en evidencia que la privación injusta de la libertad del señor Rafael Alvarado Gaviria supuso la materialización de lo que ha sido denominado por la jurisprudencia y doctrina alemana como “el error craso”, teoría a partir de la cual se permite inferir una falla del servicio ante la constatación de un daño grosero, desproporcionado, y flagrante(49).

La anterior conclusión respecto de la privación injusta y arbitraria de la libertad del señor Alvarado Gaviria hace alusión a las decisiones tanto de la Fiscalía General de la Nación como de los jueces de conocimiento, en las cuales a todas luces se ilustra la existencia de un error craso que no hace otra cosa que poner de presente prima facie, el descuido, la negligencia y la desidia con que se adelantaron los procesos penales contra del señor Pedro Pablo Herrera Rodríguez, al omitir su plena identificación y llevando a condenar al señor Rafael Alvarado Gaviria.

Adicionalmente, debe advertirse que las circunstancias fácticas descritas desconocieron, además, otros derechos del procesado y de su núcleo familiar, como la honra y dignidad, al haber sido acusado de ser el autor material, no solamente en un proceso penal, sino en dos, así como la inviolabilidad del domicilio, la protección a la familia, garantías todas contenidas en los artículos 15, 21 y 44 de la Constitución Política, respectivamente, y que tienen un referente internacional en los artículos 11, 17, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo anterior aunado al hecho de que el procesado fue recluido en un centro penitenciario del cual se le ordenó su libertad, pero en el momento en que se profiere su boleta de libertad se corrobora que cursa en contra del él mismo —Sr. Alvarado Gaviria— otra condena por hurto calificado y agravado, en la cual también había sido suplantado por el señor Pedro Pablo Herrera Rodríguez, lo cual, sin duda alguna, agravó la afectación de tales derechos fundamentales.

En el presente caso resulta claro, como ya se dijo, que se presentó un error jurisdiccional, al verificarse que la persona que había sido condenada no se le identificó plenamente. En este caso se incurrió en un error de hecho al no haberse identificado e individualizado al verdadero responsable del hecho ilícito, circunstancia que llevó a que se condenara a una persona inocente —Alvarado Gaviria—, lo cual solo se aclaró con los cotejos decadactilares solicitados ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Así las cosas, la Sala concluye que el daño sufrido por Rafael Alvarado Gaviria es de carácter anormal e injusto y que es consecuencia del error jurisdiccional imputable tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, razón por la cual la sentencia apelada habrá de confirmarse en este aspecto y se decretará el pago de la condena solamente a cargo del presupuesto de la rama judicial, toda vez que la Fiscalía General de la Nación fue excluida de la Litis.

2.7. No obstante lo anterior, comoquiera que en el presente asunto el recurso de apelación fue interpuesto, únicamente, por la parte demandada —rama judicial—, ello impide agravar más su condición en aras de garantizar el principio de la no reformatio in pejus, por cuya virtud el juez de la segunda instancia se encuentra limitado para agravar la situación del apelante único, de conformidad con los dictados del artículo 31 de la Carta Política(50).

Lo anterior por cuanto, según ya se explicó, el examen del recurso de apelación, cuyo objeto se encaminó a cuestionar la declaratoria de responsabilidad en contra de la entidad demandada, ha llevado a la Sala a concluir que dicha declaratoria judicial, efectuada por el tribunal a quo, debe confirmarse, cuestión que a su vez, en el presente caso, impone la necesidad de confirmar también la condena impuesta en materia de perjuicios morales. Dado que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado exclusivamente a que se absolviera a la entidad demandada respecto de los hechos materia del presente asunto.

De otra parte, comoquiera que la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en la suma de $ 2’922.971 y, por daño emergente el equivalente a $ 3’555.000, de manera que dicho reconocimiento de indemnización de perjuicios no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de la rama judicial en el recurso de apelación, la Sala se limitará a actualizar dicha renta, sin que ello implique de modo alguno la afectación de la referida garantía de la no reformatio in pejus. Entonces:

— Daño emergente

La fórmula aplicable es la siguiente:

f1y32007004271
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 3.000.000, correspondiente a la suma cancelada por concepto de honorarios profesionales para la defensa en el proceso penal, según lo estableció el tribunal a quo a folio 1 del cuaderno de número 2.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 120.98

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha que tuvo en cuenta el a quo para realizar la actualización: (sept.2006) 87.59

Reemplazando tenemos:

f22007004271
 

Ra = $ 4’143.623

— Lucro cesante

La fórmula aplicable es la siguiente:

f1y32007004271
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 2’466.642, correspondiente a la suma que dejó percibir el actor por su trabajo durante el tiempo que estuvo privado de su libertad.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 120.98

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha que tuvo en cuenta el a quo para realizar la actualización: (sept.2006) 87.59

Reemplazando tenemos:

f42007004271
 

Ra = $ 3’406.945

2.8. Reparación integral.

El daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo, supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no solo comprende la órbita patrimonial.

Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda —o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez— tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena(51).

Sobre el particular, la Corte Permanente de Justicia Internacional (ONU), acerca del concepto de reparación integral, puntualizó:

“Constituye un principio del derecho internacional que la infracción de un compromiso entraña la obligación de reparación en forma debida. Por lo tanto, la reparación es el complemento indispensable del incumplimiento de una convención y no es necesario expresar esto en la propia convención. Las diferencias relativas a la reparación, que puedan obedecer al incumplimiento de una convención, son en consecuencia diferencias relativas a su aplicación.

(...) El principio esencial que consagra el concepto real de hecho ilícito (principio que parece establecido por la práctica internacional y en particular por los laudos de los tribunales arbitrales) es que la reparación debe, en toda la medida de lo posible, hacer desaparecer las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido el hecho”(52).

La Sala ha delimitado el principio de reparación integral, así como su contenido y alcance frente a otros principios de índole procesal, en los siguientes términos(53):

“i) En todo proceso en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, será posible deprecar medidas de reparación integral, con miras a que se restablezca el statu quo preexistente a la producción del daño.

En consecuencia, siempre será posible que en las demandas de reparación directa los demandantes formulen pretensiones dirigidas o encaminadas a la reparación in integrum del perjuicio, incluso reparaciones in natura. No obstante, en estos supuestos, el juez estará siempre vinculado por el principio de congruencia procesal y de la no reformatio in pejus.

ii) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio”.

En ese orden de ideas, la Sala estima que ante la gravedad de los hechos probados en el caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los demandantes, constituido aquel no solo por los perjuicios materiales e inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron determinados en los acápites anteriores, sino, adicionalmente, por las graves y significativas vulneraciones a los derechos humanos —fundamentales— de los demandantes, puesto que a todas luces resulta una conducta grosera y reprochable, porque las entidades estatales omitieron identificar e individualizar al procesado no una, sino dos veces. Por lo tanto, en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de la siguiente medida:

— Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial establecerán un link en sus respectivas páginas web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución, todo ello con miras a que sirva como garantía de no repetición, un medio de capacitación y prevención de este tipo de circunstancias.

2.9. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 5 de mayo de 2010 según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. En consecuencia, la parte resolutiva quedará así:

1. No se encuentra probada la excepción de falta de legitimación por pasiva.

2. Se declara de oficio la falta de legitimación por activa de la señora Martha Cecilia Medina Arboleda.

3. Se declara administrativamente responsable a la Nación - rama judicial, de la vulneración sufrida por el señor Rafael Alvarado Gaviria

4. Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Nación - rama judicial, al reconocimiento y pago de las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Rafael Alvarado Gaviria, la suma de tres millones trescientos ochenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos moneda corriente ($ 3’406.945).

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de Rafael Alvarado Gaviria, la suma de cuatro millones ciento diecinueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos moneda corriente ($ 4’143.623).

Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero a favor de las siguientes personas:

PerjudicadoSalarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.M.L.V)
Rafael Alvarado Gaviria (detenido)veinte (20)
Oscar Julián Alvarado Medina (hijo)diez (10)
Paola Andrea Alvarado Reina (hija)diez (10)
María Fanny Gaviria (madre)diez (10)
Luz Adriana Callejas Gaviria (hermana)cinco (5)
Ana Cristina Alvarado Gaviria (hermana)cinco (5)

2. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. ORDENAR como medida de reparación integral, conforme a la parte motiva de esta providencia la siguiente:

Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial establecerán un link en sus respectivas páginas web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución, con miras a que sirva como garantía de no repetición; un medio de capacitación y prevención de este tipo de circunstancias.

5. CÚMPLASE con lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(19) Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de auto del 9 de septiembre de 2008. Exp. 110010326000200800009 00.

(20) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(21) Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez.

(22) Boleta de libertad obrante a folio 69 del cuaderno 4.

(23) A cuyo tenor: “ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.
(...).
ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera. sentencia de 22 de noviembre de 2001, M.P. Ricardo Hoyos Duque, exp. 13164, reiterada en sentencia proferida el 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, entre otras.

(25) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, exp. 13.164; reiterada en sentencias de 14 de agosto de 2008, exp. 16.594; de febrero 4 de 2010, exp. 17.956.

(26) Nota original de la sentencia citada: Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena de Sección, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(28) Expediente 21.515.

(29) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

(30) Este criterio fue expuesto recientemente por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, expediente 18913.

(31) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(32) Sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16.2741, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

(33) Expediente 22.322, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

(34) Sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 14.837.

(35) Véase al respecto del principio de unidad de respuesta la sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15776, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(36) Proceso penal con radicación 2001-01065.

(37) Obrante a folios 1-13 del cuaderno 4.

(38) Proceso penal con radicación 2004-0322.

(39) Obrante a folios 290-300 del cuaderno 6.

(40) Obrante a folio 323 del cuaderno 6.

(41) Obrante a folio 16 del cuaderno 3.

(42) Obrante a folio 28 del cuaderno 4.

(43) Obrante a folios 55-56 del cuaderno 4.

(44) Obrante a folio 69 del cuaderno 4.

(45) La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, exp. 16423, ambas con ponencia del Consejero, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(46) Artículo 322 de la Ley 600 de 2000.

(47) “ART. 114.—Atribuciones. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: (...) 5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley”.

(48) Véase al respecto Sentencia de 22 de agosto de 2013, exp. 32919. C.P. Hernán Andrade Rincón.

(49) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 18.960, M.P. Enrique Gil Botero, también sentencia proferida por la Subsección A de esta Sección del 12 de febrero de 2014, exp. 27157.

(50) A cuyo tenor: “ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

(51) En términos similares consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 18.960, M.P. Enrique Gil Botero.

(52) Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Factory of Chorzów, Merits, 1928, Series A, Nº 17, Pág. 47. Citada por Crawford, James “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional del Estado”, Ed. Dykinson, Pág. 245.

(53) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17.994, M.P. Enrique Gil Botero, consultar también, sentencia dictada por la Subsección A de esta Sección el 2 de abril de 2013, exp. 20.067, entre otras.