Sentencia 2007-00440/20496 de mayo 14 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 050012331000200700440 01 [20496]

Actor: Cervecería Unión S.A. (NIT. 0890900168-1)

Demandado: Departamento de Antioquia

Estampilla pro-desarrollo departamental

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil quince.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

En el caso, se discute la legalidad de las liquidaciones 05604867, 05604768, 05604869, 05604870, 05604871 y 05604872, todas, del 29 de agosto de 2006, proferidas por la Secretaría de Hacienda de Antioquia, por las cuales liquidó los valores causados por la “cancelación de prenda”, únicamente, en cuanto hacen referencia a la estampilla pro-desarrollo departamental.

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina, de una parte, si la administración, en las actuaciones acusadas, desconoció el debido proceso y la normativa que consagra la procedibilidad del recurso de reconsideración y, de otra, si, para efectos de la estampilla pro-desarrollo departamental, la “cancelación de prenda” es un acto sin cuantía.

En primer lugar, la Sala advierte que se abstendrá de resolver sobre la alegada indebida notificación de los actos acusados, planteada en el recurso de apelación, toda vez que, la demanda es el marco dentro del cual el juzgador debe decidir el asunto, en garantía del derecho al debido proceso.

En cuanto a la procedibilidad del recurso de reconsideración, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 dispuso que las entidades territoriales aplicarían el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario Nacional a los tributos por ellos administrados.

El artículo 720 del Estatuto Tributario prevé que el recurso de reconsideración procede contra los actos definitivos, entendidos como los que ponen fin a la actuación administrativa, por ejemplo, las liquidaciones oficiales que determinan el valor del tributo y las resoluciones que imponen sanciones.

En las liquidaciones demandadas, la Administración Departamental determinó el monto del impuesto de registro, servicios informáticos y de la estampilla pro-desarrollo departamental a cargo de la demandante, por la inscripción de “la cancelación de prenda” solicitada.

En consecuencia, tales liquidaciones no son meros actos de trámite como afirmó la demandada, sino actos definitivos en los que determinó el valor del gravamen cuestionado, por tanto, contra tales decisiones procedía el recurso de reconsideración, formulado por la actora, en su oportunidad.

Cabe destacar que, interpuesto el recurso de reconsideración, la Dirección de Rentas Departamentales profirió el Oficio 068271 del 1º de noviembre de 2006, en el que, en principio, afirmó que contra las liquidaciones recurridas no procedía recurso alguno, sin embargo, a continuación, expuso las razones por las cuales determinó el monto del gravamen cuestionado, circunstancia que pone en evidencia la decisión de fondo del recurso interpuesto, sin que se advierta violación del derecho al debido proceso, toda vez que la administración tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las inconformidades planteadas por la empresa y, ésta la de demandar los actos ante la jurisdicción.

En cuanto al fondo del asunto, el apelante insiste en que la cancelación de prenda, legalmente es un acto sin cuantía.

Al respecto, la Sala advierte que el Decreto 650 de 1996, en el artículo 6º, literal m) prevé que la cancelación de inscripciones en el registro mercantil es un acto sin cuantía, para efectos del impuesto de registro.

El presente asunto hace referencia a la estampilla pro-desarrollo departamental, creada por la Ordenanza 17 de 1986(2) que, inicialmente, en el artículo 4º, indicó los actos y documentos sobre los cuales sería obligatorio su uso y la tarifa correspondiente. En cuanto a “las boletas de registro y anotación expedidas por rentas departamentales”, la ordenanza distinguía los “actos sin valor” de los actos que implicaban el pago de impuestos. A los primeros, les asignó la tarifa única de $ 100 y a los segundos, tarifas distintas, de acuerdo con la cuantía de los impuestos pagados.

Según lo informó la demandada, la mencionada ordenanza fue modificada por la Ordenanza 2E de 1993 y ésta, a su vez, modificada por la Ordenanza 11 del mismo año, en la que, en el artículo 1º, indicó los actos y documentos sobre los cuales es obligatorio el uso de las estampillas en cuestión(3). El texto del numeral 2º dice:

“En las boletas de registro y anotación expedidas por Rentas Departamentales, se aplicará el 0.5 por 1.000, el cual será calculado sobre el valor del acto, ajustando su valor a un múltiplo de $ 10 cuando a ello hubiere lugar”.

La autoridad territorial dispuso el uso de la estampilla pro-desarrollo, entre otros actos y documentos, en las boletas de registro y anotación expedidas por la Oficina de Rentas Departamentales(4) a las que fijó la tarifa en el “0.5 por mil” aplicable al “valor del acto”, ajustado según lo indica la norma.

La ordenanza establece una tarifa única que se aplica al “valor del acto”, sin hacer distinción alguna, por lo que debe dilucidarse cuál es el acto que causa el gravamen y el valor del mismo.

Como se indicó al inicio de esta providencia, en las liquidaciones oficiales demandadas, la administración departamental determinó el monto que por concepto del impuesto de registro, servicios informáticos y estampilla pro-desarrollo causaba la “cancelación de la prenda” solicitada.

Al respecto, la Sala estima pertinente indicar que de los hechos se infiere y puede constatarse en el certificado de la Cámara de Comercio del Aburra Sur, que el 2 de julio de 2002, la actora celebró el contrato de prenda comercial abierta a favor de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Corporación Andina de Fomento (CAF), (…), Banco Corfinsura International Inc., Bancolombia Panamá S.A., Banco Colpatria Cayman Inc. y Banco Bogotá S.A. Panamá Primer Banco del Istmo S.A., e inscribió en el registro mercantil, tanto el contrato inicial como el otrosí que lo modificó(5).

Posteriormente, solicitó la cancelación de la prenda constituida a favor de las mencionadas entidades. Esta última petición dio origen a la liquidación de los derechos derivados de la cancelación de prenda solicitada, contenidos en los actos acusados.

Es preciso advertir que el Código Civil define el contrato de prenda como aquel por el cual “se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito”, además, prevé la naturaleza accesoria de dicho contrato que supone la existencia de una obligación principal a que accede y que se perfecciona con la entrega de la prenda al acreedor(6).

Sin embargo, el Código de Comercio, al referirse a este mismo contrato, señaló que podrán gravarse con prenda toda clase de bienes muebles y podrá constituirse con o sin tenencia de la cosa. En cuanto a la prenda sin tenencia, dispone que podrá constituirse por instrumento privado, pero producirá sus efectos en relación con terceros a partir de la inscripción en la oficina de registro mercantil, previo el lleno de los requisitos legales(7).

De la normativa citada se infiere que es necesaria la inscripción del respectivo contrato en el registro mercantil, en los casos de prenda sin tenencia, porque es a partir de la inscripción que surte sus efectos respecto de terceros y que, dada la naturaleza accesoria del contrato de prenda, una vez se extinga la obligación principal cesa el objeto del contrato de prenda y procede la cancelación de la inscripción en el registro.

En consecuencia, la Sala advierte que para efectos de la estampilla pro-desarrollo departamental, que es el aspecto discutido, uno es el acto de constitución del contrato de prenda, sujeto a inscripción en el registro mercantil, y otro el acto de cancelación de dicha prenda.

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de prenda, extinguida la obligación principal se extingue dicho contrato, pues, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

En el presente asunto, si la obligación principal fue extinguida, aspecto no discutido en el proceso, procede la cancelación de la prenda constituida en garantía, que si bien, para el acto de constitución su valor era igual al del contrato de prenda de la obligación garantizada, para el acto de “cancelación de prenda”, su valor no es otro que el de la obligación principal al que accede, que en ese momento, es de cero, pues se repite, dicha obligación se ha extinguido.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de las liquidaciones demandadas, en cuanto determinaron el monto de la estampilla pro-desarrollo departamental y del oficio 068271 del 1º de noviembre de 2006 que resolvió el recurso de reconsideración. Dichas liquidaciones quedarán así:

 Liquidación NºConstituida a favor deImp Reg.Serv. Inf.Estampilla
Valor del actoTarifa* 0.5 por mil
105604867 del 29 agosto 2006International Finance Corp.54.4002.20000
205604768 del 29 agosto 2006Corporación Andina de Fomento54.4002.20000
305604869 del 29 agosto 2006Banco Corfinsura International54.4002.20000
405604870 del 29 agosto 2006Bancolombia (Panamá) S.A.54.4002.20000
505604871 del 29 agosto 2006Banco Colpatria Cayman Inc.54.4002.20000
605604872 del 29 agosto 2006Banco Bogotá S.A. Panamá54.4002.20000

*Ordenanza 11 de 1993, artículo 1º, numeral 2º.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar,

1. DECLÁRASE la nulidad parcial de las liquidaciones 05604867, 05604768, 05604869, 05604870, 05604871 y 05604872, todas, del 29 de agosto de 2006, proferidas por la Secretaría de Hacienda de Antioquia y del oficio 068271 del 1º de noviembre de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que Cervecería Unión S.A. no está obligada a pagar suma alguna por concepto de la estampilla pro-desarrollo departamental, por la cancelación de la prenda a que hace referencia cada una de las liquidaciones mencionadas en el numeral anterior, conforme a la liquidación expuesta en la parte motiva.

RECONÓCESE personería a Nicolás Octavio Arismendi Villegas, como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del memorial que está en el folio 129 del expediente».

2 Folios 23 y ss.

3 Folio 64.

4 En el Oficio 068271 de 2006, al referirse a la “boleta de registro”, la Secretaría de Hacienda de Antioquia expresó: “la mal llamada ‘boleta de rentas’ no es otra cosa que el formulario de liquidación del impuesto de registro (…) y consiste en la liquidación a través del sistema de los pagos correspondientes al impuesto de registro, a los intereses moratorios cuando a ello hubiere lugar, a la estampilla pro-desarrollo si hay lugar a ello y a los servicios informáticos de que trata la Ordenanza 33 de 2005” (cfr. fl. 75).

5 Cfr. folio 4v.

6 Código Civil, artículos 2409, 2410 y 2411.

7 Código de Comercio, artículos 1200, 1208 y 1209.