SENTENCIA 2007-00443 DE MARZO 9 DE 2017

 

Sentencia 2007-00443 de marzo 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Radicación número: 250002324000 2007 00443 02

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Jorge Sergio Venegas Franco

Demandados: Superintendencia de Notariado y Registro

Referencia: Se niegan las pretensiones de la demanda en contra de la Resolución núm. 4137 de 2007 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro - Inscripción liquidación de sociedad conyugal en el registro inmobiliario cuando los bienes están afectados por medidas cautelares – custodia de folios de matrícula inmobiliario – principios que rigen el registro inmobiliario en vigencia del Decreto Ley 1250 de 1970.

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

2.1. El acto administrativo demandado

Conforme lo indica la demanda, el acto administrativo acusado es la Resolución 4137 del 21 de junio de 2007, expedida por directora encargada de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante el cual se decidió el recurso de apelación presentado por los señores Clara Inés Venegas González y Jorge Alberto Ávila Venegas, este último en calidad de apoderado especial del señor Jorge Alberto Ávila Leal, en contra de la nota devolutiva del 23 de diciembre de 2006, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Zona Centro, con el turno núm. 2006-132805, mediante la cual se decidió no registrar la escritura pública núm. 7335 del 1° de noviembre de 2006, por medio de la cual se liquidó la sociedad conyugal existente entre los señores Clara Inés Venegas González y Jorge Alberto Ávila Leal.

En este punto debe precisarse que el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo resalta que si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa y fue revocado, solo procede demandar la última decisión, que es la situación que se presenta en el presente caso, toda vez que la nota devolutiva del 23 de diciembre de 2006 fue objeto de los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, el primero de ellos desatado mediante la Resolución núm. 000033 del 8 de febrero de 2007, que resolvió no acceder a las pretensiones del recurso de reposición y, el segundo, decidido mediante la resolución demandada, la cual revocó la citada nota devolutiva, por lo que el acto administrativo demandado se encuentra debidamente individualizado.

Dicho acto administrativo, en sus apartes más importantes, es del siguiente tenor:

«(…) V. Consideraciones del despacho

Si bien es cierto, la disposición que se cita para no acceder al registro de la escritura pública número 7335 del 1°. de noviembre de 2006, otorgada en la notaría sexta de Bogotá, es aplicable para los casos en que se pretenda enajenar un bien a un tercero, no lo es menos que en el caso que nos ocupa no se presenta dicha situación, pues este se refiere a la liquidación de la sociedad conyugal en la cual los bienes se adjudican a quien aparece como embargado, es decir al señor Jorge Alberto Ávila Leal, por tal razón el argumento jurídico que aduce la Oficina de Registro, para no acceder a la inscripción de la escritura en comento, no es aplicable al caso en estudio.

(…).

En consecuencia la escritura pública número 7335 del 1º de noviembre de 2006 otorgada en la notaría sexta de Bogotá, mediante la cual liquidan la sociedad conyugal, el señor Jorge Alberto Ávila Leal y la señora Y (sic) Clara Inés Venegas González, es susceptible de registro respecto de los predios que se identifican con los folios de matrícula inmobiliaria números 50C-1177987 y 50C-287123.

Sobre el bien inmueble que también se incluye en la precitada escritura es decir el que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-609205, no se hizo referencia en la antedicha nota devolutiva. Así entonces, se observa que lo peticionado por los aquí recurrentes apunta a que se registre parcialmente la escritura pública precitada en relación con este predio, señalando para ello que se radicó y se pagaron los derechos de registro e impuesto de registro en forma parcial.

La primera instancia al resolver el recurso de reposición, considera la improcedencia de liquidar en forma parcial los derechos de registro, la extralimitación de mandato e indebida representación para solicitar un registro parcial y como consecuencia de esto el desconocimiento de la unidad e indivisibilidad del acto objeto de registro, por lo cual no se tienen en cuenta los derechos de una de las partes intervinientes en la liquidación de la sociedad conyugal.

Sobre lo anterior ha de tenerse en cuenta que, mediante escritura pública (sic) número 7335 del 1° de noviembre de 2006, otorgada en la notaría sexta de Bogotá, el señor Jorge Alberto Ávila Leal y la señora Y Clara Ines Venegas González (sic), liquidan la sociedad conyugal existente entre ellos, la que fue disuelta mediante providencia de fecha 25 de julio de 2002 proferida por la Juez Cuarta de Familia de Bogotá, dentro del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico y en el acuerdo transaccional celebrado entre los intervinientes el 22 de enero de 2002 aprobado en el proceso. En la precitada escritura se incluyen entre otros bienes los ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., los que se adjudican a cada uno de los socios conforme los dispone el acto escriturario así: en el literal A) se dice que el apartamento, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-609205 se adjudica a Clara Inés Venegas González y en el literal B) se determina que se adjudica al señor Jorge Alberto Ávila Leal el 50% del bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1177987, el cual fue adquirido en común y pro indiviso con la señora Dioselina Leal De Ávila y el 3.4482% de las ¾ partes del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-287123.

Como se observa de la historia traditiva de los bienes objeto de liquidación de la sociedad conyugal, el titular del derecho de dominio es el señor Jorge Alberto Ávila Leal, y en la escritura pública número 7335 del 1º de noviembre de 2006 otorgada en la notaría sexta de Bogotá se evidencia que solamente se presenta transferencia de derechos de un cónyuge a otro respecto del inmueble que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-609205, no sucediendo lo mismo, respecto de los otros predios, es decir los identificados con los folios de matrículas inmobiliarias números 50C-1177987 Y 50c-287123 pues estos se adjudican en el porcentaje del cual es titular el señor Ávila Leal.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, y a los argumentado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, en relación con la unidad e indivisibilidad del acto objeto de registro, hay que tener en cuenta que el Decreto 1428 del 26 de julio de 2000 (…) en el artículo segundo consagra:

(...).

Así entonces, se observa que en relación con los bienes adjudicados, los derechos de registro para el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-609205, se liquidaron conforme a lo dispuesto por el artículo primero del precitado decreto, teniendo en cuenta la transferencia de derechos que sobre el mismo se hizo, no sucedió lo mismo con los otros dos predios, es decir los identificados con los folios de matrículas inmobiliarias números 50C-1177987 Y 50C-287123, pues de conformidad con lo estipulado en el literal b) de decreto de tarifas antes descrito se deben tomar como acto sin cuantía.

Por lo anterior se debe proceder al recaudo de los derechos de registro e impuesto de registro dejados de cobrar, y dar el trámite de registro correspondiente a la escritura pública número 7335 del 1° de noviembre de 2006, otorgada en la notaría sexta de Bogotá, mediante la cual el señor Jorge Alberto Ávila Leal y la señora Clara Inés Venegas Gonzalez, liquidan la sociedad conyugal existente entre ellos (…)».

2.2. El problema jurídico

La Sala debe determinar en el presente asunto, si la Resolución 4137 del 21 de junio de 2007, expedida por la directora encargada de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, vulneró los artículos 2º, 6º y 13 de la Carta Política; los artículos 2º, 3º y 84 del Código Contencioso Administrativo; el artículo 1º del Decreto 1428 de 2000; y el artículo 2142 del Código Civil. Los motivos por los cuales el apelante considera que se violaron dichas disposiciones legales y que resulta, en consecuencia, procedente la revocatoria de la decisión de primera instancia, se desarrollarán a continuación.

2.3. El análisis del problema jurídico y de los cargos formulados en el recurso de apelación

2.3.1. El acto administrativo demandado violó el principio de legalidad

Para desatar el cargo formulado por el actor en relación con la violación del principio de legalidad, debe indicarse que de las pruebas que obran en este proceso, esta Sala evidencia que el señor Jorge Sergio Venegas Franco inició un proceso ejecutivo de mayor cuantía en contra de Jorge Alberto Ávila Leal para obtener el pago de las sumas de dineros que se consignaron en los pagarés números 6514116 (fol. 4, cuaderno proceso ejecutivo) y 6514114 (fol. 3, cuaderno proceso ejecutivo), proceso identificado con el número 11001-31-03-029-2002-0558, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá (cuaderno proceso ejecutivo).

Dentro del trámite de este proceso ejecutivo de mayor cuantía, mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2003 (fol. 40-41, cuaderno contestación oficio núm. 10-315) la apoderada judicial del señor Jorge Sergio Venegas Franco solicitó:

«(...) 1.- Sírvase decretar el EMBARGO y posterior SECUESTRO del apartamento 502 de la Calle 86 Nº 7 – 64 de Bogotá, con matrícula inmobiliaria 50C-609205 emitido por la oficina de Registro e Instrumentos Públicos Zona Centro de Bogotá (...) Sírvase Señor Juez Librar el correspondiente oficio al señor registrador de instrumentos públicos zona centro con el fin de comunicar la presente medida para realizar la respectiva anotación en el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-609205 (…)»

El juzgado de conocimiento comunicó la decisión proferida el 28 de noviembre de 2003 consistente en ordenar el embargo del inmueble, a través del Oficio núm. 3421 del 9 de diciembre de 2003, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, (fol. 44, cuaderno contestación oficio núm. 10-315).

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, devolvió la solicitud, sin registrarla, mediante comunicación del 9 de marzo de 2004 (fl. 57, cuaderno contestación oficio núm. 10-315), indicando que:

«(...)—En el folio de matrícula citado se encuentra inscrito otro embargo (ART. 558 Numeral 10. C.P.C.) (...) Coactivo comunicado mediante oficio 10970 DE 09-10-1995 de la DIAN (...)»

Con posterioridad, el apoderado judicial del señor Jorge Sergio Venegas Franco, en el memorial con fecha de radicación del 27 de mayo de 2005 (fl. 107, cuaderno contestación oficio núm. 10-315), le pidió al Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá:

«(...) 1. Renuncio al embargo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 50C-1177987 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro. Lo anterior por cuanto el inmueble en mención se encuentra embargado por La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, tal como aparece en la anotación 10 del mencionado certificado de libertad y tradición, el cual me permito anexar a este escrito.

2. En consecuencia le solicito se sirva decretar el embargo de los remanentes que a cualquier título le llegaren a quedar al señor Jorge Alberto Ávila Leal, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.165.206 de Bogotá dentro del proceso que por Jurisdicción Coactiva le adelanta la Administración de Impuestos y Aduana Nacionales.  

Ruego al señor Juez se sirva librar el oficio pertinente con destino a la Administración de Impuestos y Aduana Nacionales.

3. Igualmente le solicito se sirva decretar el embargo de los remanentes que a cualquier título le llegaren a quedar al señor Jorge Alberto Ávila Leal, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.165.206 de Bogotá dentro del proceso que por Jurisdicción Coactiva le adelanta la Administración de Impuestos y Aduanas de Bogotá.  

Ruego al señor Juez se sirva librar el oficio pertinente con destino a la Administración de Impuestos y Aduana de Bogotá. (…)» (Subrayado y resaltado fuera de texto).

El Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 12 de julio de 2005, aceptó el desistimiento de la medida cautelar y decretó la medida cautelar de embargo de los remanentes y/o bienes que llegaran a quedar a favor del ejecutante, dentro de los procesos de jurisdicción coactiva que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales le adelantaba al señor Jorge Alberto Ávila Leal (fol. 109, cuaderno contestación oficio núm. 10-315).

La medida se comunicó a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante el Oficio núm. 1647 de 2005 (fl. 110, cuaderno contestación oficio núm. 10-315). Dicha autoridad administrativa mediante el Oficio núm. 001143 del 19 de enero de 2006, le manifestó al Juez 29 Civil del Circuito que:

«(...) en este despacho se adelanta Proceso Administrativo de Cobro Coactivo en contra del contribuyente de la referencia, por los siguientes conceptos y cuantías, que se relacionan a continuación (...) Así mismo me permito recordarle la prelación de créditos por deudas fiscales, conforme a lo establecido en los artículos 2488, 2495 y 2502 del Código Civil y el artículo 839 del Estatuto Tributario y 542 del Código de Procedimiento Civil; Este despacho tendrá en cuenta su solicitud de remanentes si hubiere lugar (...) De igual manera, solicito a usted informar el estado actual del proceso ejecutivo que cursa en su despacho, así como si el citado contribuyente figura inscrito como propietario de algún bien, y en caso afirmativo favor suministrar su debida identificación, matrícula inmobiliaria, y dirección exacta, si es del caso, con el objeto de decretar y adoptar las medidas cautelares pertinentes dentro del proceso de cobro coactivo que cursa en este despacho (...)».

Por otro lado, el día 1º de noviembre de 2006, los señores Jorge Alberto Ávila Leal y Clara Inés Venegas González, suscribieron la escritura pública núm. 7335 (fl. 7-20, antecedentes administrativos) mediante la cual liquidaron la sociedad conyugal que fuere disuelta mediante la providencia del 25 de julio de 2002, proferida por el Juzgado 4° de Familia de Bogotá, dentro del proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que contrajeron, siguiendo para el efecto los términos y las condiciones establecidos en dicha providencia y en el acuerdo transaccional que celebraron el 22 de enero de 2002, el cual fue aprobado mediante la citada providencia judicial.

En relación con el apartamento 502 (identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-609205), los garajes 40 y 41 y el depósito 54 que hacen parte integral del edificio multifamiliar Arhuaco, propiedad horizontal, ubicado en la Calle 86 No. 7 – 64 de la ciudad de Bogotá D.C., fueron asignados a favor de la señora Clara Inés Venegas González. (fol. 11, antecedentes administrativos).

La escritura pública núm. 7335 fue llevada a registro por sus otorgantes el día 15 de diciembre de 2006 (fol. 5, antecedentes administrativos), siendo rechazada su inscripción mediante la nota devolutiva del 23 de diciembre de 2006, el cual fue objeto de los recursos de reposición y, en subsidio, apelación.

El recurso de reposición fue decidido por la registradora principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, mediante Resolución 000033 del 8 de febrero de 2007 (fol.28-30, antecedentes administrativos), en la que resolvió:

«(...) Primero. No acceder a las pretensiones del recurso de reposición interpuesto en escrito Radicado con RD-584 de 11 de Enero de 2007, por Clara Inés Venegas González y Jorge Alberto Ávila Venegas, en contra de la Nota Devolutiva de 23 de diciembre de 2006, turno de radicación 2006-132805, Matrícula 50C-1177987, 50C-287123. (...)».

Concedido el recurso de apelación, el mismo fue desatado mediante la Resolución núm. 4137 del 21 de junio de 2007 (fol. 31-38, antecedentes administrativos), acto impugnado en este proceso judicial mediante el cual se revocó lo dispuesto en dicha nota devolutiva mencionada, la cual, conforme al sello impuesto por la misma Superintendencia de Notariado y Registro, quedó ejecutoriada el 28 de junio de 2007.

Mientras dicha actuación se surtía ante la autoridad administrativa, el apoderado judicial del señor Jorge Sergio Venegas Franco, mediante memoriales radicados el 07 de febrero de 2007 (fol. 122 y 125, cuaderno contestación oficio núm. 10-315), solicitó al Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, de un lado, que se requiriera a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que informara sobre la situación de los remanentes y, en especial, del inmueble de la Calle 86 No. 7-64 en la ciudad de Bogotá, identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-609205, y por otro lado:

«(…) El embargo y posterior secuestro del bien inmueble de propiedad y posesión del señor Jorge Alberto Ávila Leal, ubicado en la Calle 86 No. 7 – 64 Apartamento 502 de Bogotá D.C., con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-609205 de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Centro de Bogotá D.C.

Nótese, su señoría que con anterioridad esta medida se había impetrado pero por existir embargo de la DIAN, no fue posible su registro, en consecuencia solicité embargo de remanentes, pero observando el Certificado de tradición No. 50C-609205, se encuentra que la DIAN en la anotación No. 9 cancela la anotación No. 6, esto significa que a pesar de solicitarse y ordenarse por su despacho el embargo de los remanentes la Jurisdicción Voluntaria no tomó las precauciones de rigor colocando en riesgo los derechos crediticios de mi mandante. (…)».

En el certificado de tradición que el demandante anexó con la petición anterior (fol. 124, cuaderno contestación oficio núm. 10-315), puede observarse la anotación núm. 9 del 31 de enero de 2006, en la que consta la cancelación del embargo que pesaba sobre dicho inmueble por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (cancelación de la anotación núm. 6).

El Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, ordenó el embargo del citado inmueble mediante auto del 2 de marzo de 2007 (fol. 126, cuaderno contestación oficio núm. 10-315) y libró el oficio núm. 0583 para materializar la medida cautelar (fol. 127, cuaderno contestación oficio núm. 10-315), el cual fue radicado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el día 15 de marzo de 2007 y devuelto sin registrar mediante la nota devolutiva del 3 de agosto de 2007, en tanto «(…) El embargado no es propietario (ART. 681 C.P.C.). (…)».

La reconstrucción anterior permite colegir que sobre el apartamento 502 de la Calle 86 Nº 7-64, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C-609205, al momento de solicitar el registro de la escritura pública núm. 7335 del 1° de noviembre de 2006, no pesaba ninguna medida cautelar, por lo que lo dicho por el demandante en su recurso de apelación no se ajusta a la realidad.

Del recuento fáctico que realizó la Sala no puede perderse de vista que pese a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le comunicó al Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, en el Oficio núm. 001143 del 19 de enero de 2006, que tendría en cuenta la solicitud de embargo de remanentes si hubiere lugar, un día después, mediante el Oficio núm. 1291 del 20 de enero de 2006, radicado el 31 de enero de 2006, informó que había levantado la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C-609205, sin comunicarlo al Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, por lo que la responsabilidad en la disminución de los bienes del deudor para garantizar la satisfacción del crédito del ejecutante, debe situarse en dicha entidad pública y no en la Superintendencia de Notariado y Registro.

Tal posición fue expuesta por el mismo apoderado de la parte ejecutante en el proceso ejecutivo, al indicar que:

«(…) Nótese, su señoría que con anterioridad esta medida se había impetrado pero por existir embargo de la DIAN, no fue posible su registro, en consecuencia solicité EMBARGO DE REMANENTES, pero observando el Certificado de tradición No. 50C-609205, se encuentra que la DIAN en la anotación No. 9 cancela la anotación No. 6, esto significa que a pesar de solicitarse y ordenarse por su despacho el embargo de los remanentes la Jurisdicción Voluntaria no tomó las precauciones de rigor colocando en riesgo los derechos crediticios de mi mandante (…)» (memorial radicado el 07 de febrero de 2007, fol. 125, cuaderno contestación oficio núm. 10-315).

Dicha tesis, fue reiterada en el escrito del 28 de mayo de 2007 elaborado por el señor apoderado judicial del señor Jorge Sergio Venegas Franco y dirigido a la directora de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, María Clemencia Rangel, radicada en dicha entidad pública aquel día, según el sello impuesto en dicho documento (fol. 19-21, cuaderno principal), al manifestar:

«(…) Por medio de la presente me dirijo a Usted con el propósito de solicitarle que se ordene la custodia del folio de matrícula No. 50C-609205 respecto al bien inmueble ubicado en la Calle 86 No. 7-64 Apartamento 502 de Bogotá D.C., de propiedad y posesión del señor Jorge Alberto Ávila Leal, identificado con la C.C. No. 17.165.206 de Bogotá D.C., con apoyo en los siguientes argumentos:

1. En el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá D.C., el señor Jorge Sergio Venegas Franco inició una acción ejecutiva contra Jorge Alberto Ávila Leal, actualmente este proceso cuenta con sentencia acogiendo las pretensiones de la demanda y ordenando seguir adelante con la ejecución.

2. Durante el desarrollo del proceso se denunciaron bienes inmuebles de propiedad y posesión del señor Jorge Alberto Avila Leal, tal y como se avizora en el oficio No. 0583 de fecha 15 de marzo de 2007, pero con mucha anterioridad el mismo Juzgado dispuso comunicar esta medida y no fue atendida ya que existía embargo por parte de la DIAN.

3. En consecuencia reaccionó y le solicitó al Juzgado de conocimiento, que decrete el embargo de todos los remanentes que a cualquier título le llegaren a corresponder al señor Jorge Alberto Avila, petición que fue resuelta de forma favorable mediante providencia del 12 de julio de 2005, y comunicada a la DIAN por medio del oficio No. 1647 del 27 de julio de 2005.

4. Posteriormente la DIAN en comunicación de fecha enero 19 de 2006 y con No. 001143 le responde al Juzgado 29 Civil del Circuito que en efecto Tendrá en cuenta su solicitud de remanentes, adjunto copia de la citada comunicación.

5. Todas estas circunstancias demuestran que mi gestión fue oportuna para lograr el perfeccionamiento de las medidas cautelares, y ahora me encuentro con la sorpresa que la DIAN, libera el bien inmueble ubicado en la Calle 86 Nº 7-64 Apartamento 502 de Bogotá D.C., inscrito en el folio de matrícula No. 50C-609205, de propiedad del señor Jorge Alberto Ávila Leal, identificado con la C.C. 17.165.206 de Bogotá D.C., es claro que la DIAN hizo caso omiso a la orden del Juzgado y nos encontramos en la oportunidad de corregir y evitar que los derechos de mi poderdante y acreedor se vean burlados y comprometidos.

6. no hay duda que la DIAN tuvo pleno conocimiento que los remanentes tendrían que ser puestos a disposición del Juzgado 29 Civil del Circuito y a órdenes del proceso No. 2002-0558, acto que no hizo, pues desconoció el procedimiento y desobedeció la orden del Juzgador.  

7. Nótese, que el Juzgado intentó por todos los medios lograr perfeccionar las medidas cautelares y su actividad y gestión fue eficiente y diligente.

Petición

— Ordenar la custodia del folio de matrícula 50C-609205 correspondiente al bien inmueble ubicado en la Calle 86 7-64 apartamento 502 de Bogotá D.C.

— Oficiar a la DIAN para que revoque su decisión y se tomen todas las medidas necesarias y correctivas para poner a disposición todos los remanentes que a cualquier título le llegaren a corresponder al señor Jorge Alberto Ávila Leal, identificado con la C.C. Nº 17.165.206 de Bogotá D.C.

— Evitar poner en riesgos los derechos crediticios y patrimoniales que le asisten a mi cliente el señor Jorge Sergio Vanegas Franco en su calidad de acreedor y ahora demandante.

Evitar cualquier acto o negocio del bien inmueble inscrito en el folio 50C-609205, hasta tanto el Juzgado 29 Civil del Circuito de esta ciudad no decrete la terminación del proceso y consecuencialmente el levantamiento de las medidas cautelares y de esta forma evitar una Acción de Reparación Directa contra la DIAN, por su negligencia.

— Acceder a inscribir el embargo comunicado mediante oficio 0583 de fecha 15 de marzo de 2007 el cual diligenció oportunamente. (...)».

Continuando con el desarrollo del cargo formulado por el actor, nos referiremos a la comunicación del 28 de mayo de 2007, elaborada por el señor apoderado judicial del señor Jorge Sergio Venegas Franco y dirigida a la directora de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, María Clemencia Rangel, radicada en dicha entidad pública aquel día, según el sello impuesto en dicho documento (fol. 19-21, cuaderno principal).

Lo primero que debe señalarse es que dentro de las disposiciones que regulaban el registro de instrumentos públicos al momento de la ocurrencia de los hechos, esto es, el Decreto Ley 1250 de 1970, no se encuentra la facultad de ordenar la «(...) custodia del folio de matrícula inmobiliaria (...)».

Sin embargo, la Superintendencia de Notariado y Registro contempló la figura del bloqueo de folios de matrícula inmobiliaria, la cual, conforme lo ha indicado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(2), correspondía a la denominada «(...) custodia del folio de matrícula inmobiliaria (...)». La citada corporación resaltó:

«(…) Y si – para la fecha en que en este caso se adoptó la medida examinada (resolución del 24 de mayo de 2010, comunicada con oficio del 10 de junio del mismo año) – el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 40 del Decreto 1250 de 1970, posibilitaba la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, con mayor razón podía aplicarse una medida de menor alcance, como es la denominada “custodia” del folio de matrícula inmobiliaria, que correspondía a lo que la Circular 139 del 9 de julio de 2010 de la Superintendencia de Notariado y Registro denominó como “bloqueo de folios de matrícula inmobiliaria”: (...) El bloqueo de folios de matrícula inmobiliaria como medida preventiva tiene su fundamento en el ejercicio del mandato legal que obliga a los registradores de instrumentos públicos a certificar de manera fiel y total las inscripciones efectuadas en la matrícula de los bienes sujetos a registro, para que los principios de fidelidad e identidad de la información registral puedan funcionar de manera adecuada. (...)».

Frente a dicha figura, esta Sala(3), en sentencia del 26 de noviembre de 2008, ha manifestado lo siguiente:

«(…) Los artículos 35, 54 y 82 del Decreto Ley 1250 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos” establecen lo siguiente:

“ART. 35.—Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deben agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciendo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el Registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales.

ART. 54.—Las oficinas de registro expedirán certificados sobre las situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas.

La certificación podrá consistir en la trascripción total de los folios de matrícula, o en su reproducción por cualquier sistema que garantice nitidez y durabilidad.

En todo caso las certificaciones llevarán firma autorizada e indicación de la fecha en que se expidan.

ART. 82.—El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien.

(Negrillas y subrayas fuera del texto original)

De los artículos transcritos se entiende que el Registrador de Instrumentos Públicos tiene la facultad para efectuar en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, las correcciones a las que haya lugar, para garantizar que el folio de matrícula inmobiliaria refleje en todo momento la situación jurídica cierta y real del predio al cual está destinado.

Por otra parte, respecto del bloqueo de folios de matrícula, la cartilla No. XII de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual regula “el Registro de Instrumentos Públicos, Principales Actuaciones Administrativas y Sistemas de Corrección”, dispone lo siguiente:

“Hoy por hoy, el llamado bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria o bloqueo registral, es una decisión que toma el Registrador de Instrumentos Públicos cada vez que existen circunstancias que impiden que los certificados se expidan y la inscripción de los títulos se haga. Una de estas circunstancias es la derivada de las actuaciones administrativas que se inician para establecer la situación jurídica real de algún inmueble.

Ordenando el bloqueo, la actividad registral se paraliza en relación con un folio determinado de matrícula inmobiliaria. Así sobre éste no se realizará ningún tipo de actuación. 

(Negrillas y subrayas fuera del texto original)

Ahora bien, la Circular 119 del 16 de agosto de 2005 de la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de la cual se regula “el procedimiento de Bloqueo de Folios” dispone lo siguiente:

“En primer lugar, se aclara que las únicas situaciones en que se deben bloquear los folios de matrícula inmobiliaria son: 1) por correcciones, en el evento en que sobre ellos se esté efectuando alguna corrección, bien sea por el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970, o por que la misma dio origen a una actuación administrativa y 2) o por que en cumplimiento de una orden judicial o administrativa así se haya solicitado, entendiéndose que esta orden se refiere a un conflicto que hay sobre la realidad jurídica de un inmueble”.

(Negrillas y subrayas fuera del texto original)

Se tiene, entonces, que el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria es el primer paso previo a la iniciación de cualquier actuación administrativa o trámite de corrección, que se produce tan pronto se radica una petición o cuando el registrador decide iniciarlo de oficio.

(…)

Considera la Sala que la medida del bloqueo del registro persigue un fin válido, como lo es la seguridad en el tráfico jurídico y la protección de los bienes de uso público; es una medida preventiva y necesaria para desarrollar la actuación y garantizar su normal y eficiente discurrir, así como para la seguridad y estabilidad del tráfico económico. (…)».

De lo expuesto líneas atrás, contrastado con la solicitado por el apoderado del señor Jorge Sergio Venegas Franco en la comunicación del 28 de mayo de 2005, se puede inferir que la solicitud de custodia del folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C-609205, era improcedente.

Ello es así por cuanto, en primer lugar, la misma no tenía como objeto la corrección del folio de matrícula inmobiliaria para que el mismo reflejara la situación jurídica cierta y real del inmueble, sino simplemente informar a una autoridad administrativa (Superintendencia de Notariado y Registro) sobre las presuntas irregularidades que había cometido otra autoridad administrativa (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales); y, en segundo lugar, porque la misma no había sido ordenada por ninguna autoridad o administrativa.

Para la Sala, en consecuencia, la Superintendencia de Notariado y Registro no violó las disposiciones legales que regulan el ejercicio de sus funciones ni se acreditó el quebrantamiento de las normas que el demandante anunció como violadas en el libelo de la demanda, tal y como lo constató el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fol. 183, cuaderno principal), por lo que el cargo formulado no tiene vocación de prosperidad.

2.3.2. El acto administrativo demandado se encuentra falsamente motivado

Para desatar el cargo propuesto, lo primero que debe indicarse es que el vicio de falsa motivación se presenta «(…) cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad, es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de derecho que se aducen para proferir el acto y la realidad fáctica y/o jurídica del respectivo asunto (…)»(4).

Ahora bien, cabe señalar que ni el Decreto Ley 1250 de 1970 ni la doctrina en materia de derecho registral, han contemplado un principio de indivisibilidad de los actos sujetos a registro. Así, la doctrina(5) ha indicado que los principios básicos que rigen el registro inmobiliario colombiano son los principios de radicación, inscripción, consentimiento, prioridad, rogación, tracto sucesivo, especialidad o determinación, legalidad y legitimación, que no guardan relación con lo expuesto por el actor.

Para reforzar el argumento anterior, se subraya que el nuevo estatuto registral previsto en la Ley 1579 de 2012 contempla como principios del sistema registral los de rogación, especialidad, prioridad o rango, legalidad, legitimación y tracto sucesivo, coincidiendo con los que planteó la doctrina en vigencia del Decreto Ley 1250 de 1970, sin establecer el mencionado principio de indivisibilidad de los actos sujetos a registro. Es más, el nuevo estatuto registral contempla la posibilidad de realizar un registro parcial, en la siguiente forma:

«(…) ART. 17.—Registro parcial. El registro parcial consiste en inscribir uno o algunos de los actos de un título que contiene varios actos o contratos, así mismo cuando el objeto del acto o del contrato es una pluralidad de inmuebles y alguno de ellos está fuera del comercio, o existe algún impedimento de orden legal por el cual deba rechazarse la inscripción, procederá previa solicitud motivada por escrito de todos los intervinientes.

Para el registro parcial de las medidas cautelares el registrador de instrumentos públicos procederá de conformidad con lo ordenado por el juez competente. (…)».

No existiendo el citado principio de indivisibilidad de los actos sujetos a registro, en tanto el Decreto Ley 1250 de 1970 ni la doctrina lo contemplan, ni existiendo disposiciones legales que impidan el registro parcial, se precisa que la liquidación de la sociedad conyugal de los señores Jorge Alberto Ávila Leal y Clara Inés Venegas González involucró un total de 7 inmuebles(6), y una serie de participaciones en el capital social (cuotas sociales) de sociedades de responsabilidad limitada, cuya situación individual habría de cambiar por virtud de la Escritura Pública núm. 7335 del 1° de noviembre de 2006 y cuyo examen de registro de los actos previstos en dicho instrumento público, debía realizarse en forma individual para cada inmueble, siendo posible el registro parcial, lo cual va en consonancia con lo previsto en el artículo 25 del Decreto Ley 1250 de 1970 que al tenor señala «(…) Si el título fuere complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades que deban ser registrados, se ordenarán las distintas inscripciones en el lugar correspondiente (…)».

Si bien no existía en vigencia del Decreto Ley 1250 de 1970 disposición alguna que impidiera el registro parcial de los actos de adjudicación de cada uno de los inmuebles señalados, la Resolución núm. 4137 del 21 de junio de 2007 consideró que era posible, en relación con los inmuebles sobre los cuales pesaban medidas cautelares decretadas, que pudiera inscribirse la Escritura Pública núm. 7335 del 1º de noviembre de 2006, por cuanto estimó, con apoyo en la doctrina, que la existencia de un embargo inscrito no impedía la inscripción de sentencias de separación de bienes cuando el inmueble afectado con la medida cautelar se le adjudica al embargado.

De esta manera, en el inmueble con folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C-287123 (fol. 43-45, antecedentes administrativos), se encontraba registrado un embargo sobre derechos de cuota por parte del Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, ordenado en el proceso ejecutivo seguido por el hoy actor en contra de Jorge Alberto Ávila Leal y por virtud del registro de la escritura pública núm. 7335 del 1° de noviembre de 2006, no hubo mutación alguna del dominio puesto que mediante dicho acto se concretó el derecho de cuota que le correspondía al demandado en dicho inmueble así:

«(...) 9.6. El 3.4482% de las tres cuartas partes (3/4) del inmueble urbano ubicado en la dirección carrera dieciséis (16) número cuarenta (40) treinta y seis – cuarenta y dos (40 – 36/42) de Bogotá y Avenida cuarenta (40) número quince (15) ochenta y cinco (85) de Bogotá, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 50C-287123. (...)».

Situación similar ocurrió con el inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C-1177987 (fol. 39-40, antecedentes administrativos), en el que se encuentra registrado un embargo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Conforme la citada escritura pública núm. 7335 del 1° de noviembre de 2006, al demandante se le adjudicó 50% del bien inmueble, el cual había adquirido con Dioselina Leal de Ávila, por lo que no hubo mutación alguna del dominio. El instrumento público indica:

«(...) B) Descripción de los bienes asignados A Jorge Alberto Ávila Leal: 9.5. 50% del bien inmueble apartamento ciento tres (103); ubicado en la carrera dieciséis (16) número noventa y cuatro A (94A) cuarenta y cinco (45) de Bogotá registrado bajo el número de matrícula inmobiliaria 50C-1177987 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro, el cual fue adquirido en común y pro-indiviso por el señor Jorge Alberto Ávila Leal quien adquirió el cincuenta por ciento del inmueble (50%) y la señora Dioselina Leal De Ávila (...)».

Pero además, conviene mencionar en relación con el inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 50C-609205, que en virtud del principio de prioridad, esto es, «(...) el primero en el registro es el primero en el derecho, es decir, el primero documento ingresado (sic), tiene preferencia en su inscripción sobre los posteriores. En la práctica, se hace el registro del documento que primero radique la solicitud de inscripción en el competente registro, en un sistema de ordenamiento diario y cronológico, establecido por el artículo 27 del Decreto 1250 de 1970 (...)»(7), la escritura pública núm. 7335 del 1º de noviembre de 2006 fue presentada primero para registro (15 de diciembre de 2006), y, como puede observarse en el citado folio de matrícula inmobiliaria, no se encontraba registrada medida cautelar.

De nada sirve, entonces, que el actor haya denunciado irregularidades por parte de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en el oficio del 28 de mayo de 2007 (fol. 19-21, cuaderno principal), pues lo evidente es que el folio de matrícula inmobiliaria reflejaba en forma cierta y real la situación jurídica del predio.

El acto administrativo, entonces, se encuentra debidamente sustentado en sus aspectos fácticos y jurídicos por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

Por las anteriores razones, la Sala considera que los cargos formulados por Jorge Sergio Venegas Franco, no tienen vocación de prosperidad y, en consecuencia, dispondrá la confirmación de la sentencia de primera instancia, desestimatoria de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, Sección Primera, Subsección C, que declaró no probada la caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 La demanda inicialmente formulada (fol. 1-8, cuaderno principal) fue corregida por el actor mediante escrito del 13 de marzo de 2009 (fol. 41-53, cuaderno principal).

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO, Magistrado Ponente. STP7405-2015. Radicación N° 80141, Aprobado acta N° 209. Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil quince (2015).

3 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Magistrada Ponente: MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008). Ref.: Expediente No. 47001 23 31 000 2008 00043 01. Solicitante: FERNANDO ROJAS CASTRO. ACCIÓN DE TUTELA. Conoce la Sala la impugnación interpuesta por el mandatario judicial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contra el fallo del 21 de julio de 2008 proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio del cual, entre otras decisiones, se tuteló el derecho al debido proceso del actor.

4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00159-00, Actor: SOCIEDAD REDIBA S.A. E.S.P. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

5 CARDOZO NEIRA, Manuel Ramón. Aspectos Teóricos del Derecho Registral Colombiano. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2008. Pág. 27-30.

6 1. Apartamento 502, Garajes 40 y 41 y Depósito 54 que hacen parte del edificio ubicado en la Calle 86 No. 7-64 en la ciudad de Bogotá (50C-609205); 2. El 50% del Apartamento 103 ubicado en la Carrera 16 No. 94A-45 en la ciudad de Bogotá (50C-1177987); 3. ¾ partes del inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 40-36/42 en la ciudad de Bogotá (50C-287123); 4. El inmueble rural denominado “El Paraíso” ubicado en el paraje de la cubana, jurisdicción del municipio de Venadillo (Tolima) (351-0000599); 5. El 30% cuota parte del inmueble rural denominado “El Molino I”, ubicado en jurisdicción del municipio de Venadillo (Tolima) (030-00001313); 6. El inmueble ubicado en la Carrera 2 entre Calles 3ª y 4ª No. 3-34 ubicado en jurisdicción del municipio de Venadillo (Tolima) (351-0003601); y 7. Lote de terreno denominado La Cabaña, ubicado en jurisdicción del municipio de Venadillo (Tolima) (030-0004752).

7 CARDOZO NEIRA, Manuel Ramón. Aspectos Teóricos del Derecho Registral Colombiano. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2008. Pág. 27-30.