Sentencia 2007-00453/42267 de febrero 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”.

Radicación: 250002326000200700453 01 (42.267).

Actor: GRGM y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación - Rama judicial

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C. veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Retomando la problemática jurídica propuesta por el sub judice, la Sala precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Aspectos procesales; 1.1. Legitimación en la causa; 1.2. Caducidad; 2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3. El derecho a la libertad individual; 4. Profundización de la noción del daño y daño antijurídico en los eventos de privación injusta de la libertad; 4.2. Noción del daño y daño antijurídico; 4.2. El daño antijurídico en los casos de privación injusta de la libertad de conformidad con los estándares convencionales de Derechos Humanos; y 5. Caso concreto.

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso(30)”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes GRGM en calidad de privado de la libertad y su grupo familiar conformado por LRGV(31), WGV(32), JAGV(33), WAGV(34), JAGG (hijos), LOGG(35), IEGV(36), RGGG(37), TJGB(38) (padre), ADMG(39) (madre), FGM(40), CJGM(41), NGM(42), CGM(43), DGM(44), LAGM(45), (hermanos), quienes se encuentran legitimados en la causa por activa con los registros civiles de nacimiento.

Asimismo, acude al plenario MVS en calidad de compañera permanente(46) de GR, quien en su condición, la Sala encuentra legitimada en la causa por activa con los siguientes medios probatorios que dan cuenta de la unión entre la demandante y la víctima directa:

— Resolución(47) proferida el 13 de marzo de 2001 por la fiscalía 39 seccional de Soacha - Cundinamarca y sentencia(48) de 26 de octubre de 2004 expedida por el juzgado primero penal del circuito especializado de Cundinamarca en las que se indicó que GRGM vivía en unión libre con la señora MVS. Cartilla bibliográfica del señor GRGM en la que se mencionó que MV era su cónyuge.

Lo anterior es corroborado por los testimonios rendidos por JJF(49), FRP(50)y HYR(51), quienes manifestaron conocer al demandante y concordaron en afirmar que MV ha sido su compañera permanente.

Igualmente, EGC se presenta al proceso en calidad de hermana de la víctima directa, y aunque no obra en el plenario el registro civil de nacimiento(52), se observan los testimonios rendidos por JJF(53), FRP(54) y HYR(55) que dan cuenta de la relación de cercanía afectiva de la demandante con la víctima directa, razón por la cual la Sala la encuentra legitimada en la causa por activa pero en su condición de tercera damnificada.

Por último, AV y BISV acuden al sumario en calidad de suegros de la víctima directa, frente a lo cual la Sala observa que si bien obra el registro civil de nacimiento en el que consta que son padres de MVS(56), compañera permanente de GRGM, no hay prueba alguna que demuestre la relación de cercanía afectiva que tenían con la víctima directa de la cual se pueda derivar su condición de terceras damnificadas, razón por la que no están legitimados en la causa por activa

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de los juzgados penales en la etapa de juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva; pero en atención a que la Fiscalía General de la Nación suscribió un acuerdo conciliatorio con los demandantes, la Sala se limitará a verificar la responsabilidad de la Rama judicial en los hechos objeto de demanda.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del CCA, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 29 de septiembre de 2005(57) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 8 de agosto de 2007, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(58).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(59) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Profundización de la noción del daño y daño antijurídico en los eventos de privación injusta de la libertad.

4.1. Noción del daño y daño antijurídico.

Por daño ha de entenderse la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Daña que deberá ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: “Donde no hay interés, no hay acción”. Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser “legítimo y jurídicamente protegido” […]”(60).

Así, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual(61). Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto(62)(63), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia(64)”.

De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio.

Adicionalmente, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal (carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural), a la esfera de actividad de una persona jurídica (carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades), o a la esfera patrimonial (bienes e intereses), que no es soportable por quien lo padece.

Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.

En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(65).

4.2. El daño antijurídico en los casos de privación injusta de la libertad de conformidad con los estándares convencionales de Derechos Humanos.

En sede de valoración del daño antijurídico por privación injusta de la libertad el juez de la responsabilidad no solo debe examinar la existencia de una medida de detención preventiva contra una persona, su materialización efectiva y el haberse dictado decisión absolutoria en firme; sino también, en orden a valorar el presupuesto de antijuridicidad, revisar si la detención preventiva sufrida se ajustó a los estándares convencionales y constitucionales que admiten excepcionalmente limitación al derecho de libertad personal, de donde se debe concluir que si la detención se dispuso de conformidad a ese marco normativo se estará en presencia de un daño jurídicamente permitido o, lo que es lo mismo, un daño al que le faltará el elemento de antijuridicidad, cuyo carácter preventivo se corrobora conforme a los estándares internacionales que, más abajo, se expondrán.

Sea lo primero advertir, que a menudo la autoridad normativa cuenta con competencia para intervenir en la esfera de los derechos y libertades, como se sigue de la jurisprudencia constitucional(66) y, particularmente, de los artículos 30 “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razón de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”(67) y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”(68)(69), de los cuales es posible desprenderse que cualquier intervención, que pretenda corrección en términos convencionales y constitucionales, queda circunscrita a la satisfacción de criterios formales (reserva de ley y competencia) y materiales (razonabilidad, proporcionalidad), de suerte que no se trata de habilitación para la arbitrariedad estatal sino ejercicio razonado de esa potestad normativa.

Invocando los artículos 1º y 4º de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que respectivamente enseñan que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” y “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley”, como los artículos 1º y 4º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que pregonan, en esta misma línea, que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)” y “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, se advierte el profundo sustancial de la libertad en el marco jurídico y filosófico contemporáneo.

En desarrollo de ese pensamiento se advierte que de manera conjunta los artículos 7º CADH y 9º PIDCP establecen las siguientes disposiciones de protección del derecho de libertad personal: (i) Nadie puede ser privado de su libertad física; (ii) Se exceptúa lo anterior en las causas y condiciones fijadas previamente por la Constitución y la Ley y según el procedimiento establecido en ésta; (iii) Nadie será objeto de detención o encarcelamiento arbitrario; (iv) derecho a ser informado de las razones de la detención y a ser notificado sin demora del cargo o acusación en su contra; (v) derecho a ser llevado ante autoridad judicial sin demora; (vi) derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de continuar el proceso; (vii) la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio o a diligencias procesales o para la ejecución del fallo; (viii) derecho de toda persona privada a recurrir ante autoridad judicial competente para que decida, sin demora, sobre la legalidad del arresto o detención y ordene su libertad si el arresto, prisión o detención fuere ilegal.

Adicionalmente, el artículo 9º del Pacto agrega los numerales 3º: “la prisión preventiva no debe ser la regla general” y 5º: “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”, y el artículo 7º de la Convención refiere en los numerales 6º y 7º a la imposibilidad de restringir o abolir, en los Estados donde esté reconocido así, el recurso judicial que tiene una persona cuando se vea amenazada de ser privada de su libertad, para que se resuelva sobre la legalidad de esa amenaza y, de otro tanto, la prohibición de detención por deudas, salvo el caso de incumplimiento de deberes alimentarios.

A partir de estos referentes la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado los siguientes criterios sobre el instrumento de la detención preventiva y el derecho de libertad personal: (i) Regla General. Se predica el principio de la libertad del individuo mientras se resuelve la responsabilidad penal(70); (ii) Limitaciones. La medida de detención está limitada por los principios de legalidad(71), presunción de inocencia y proporcionalidad(72); (iii) Fines legítimos. Sólo se reconocen como fines legítimos de imposición de la medida el aseguramiento de que el procesado no impedirá el desarrollo del proceso ni eludirá la acción de la justicia(73); (iv) Fines ilegítimos. La detención preventiva es una medida cautelar, no puede ser concebida como una pena anticipada ni como instrumento para la realización de fines de prevención general o especial, pues estos son propios de la pena(74); (v) Deber de evaluación periódica. Las autoridades judiciales tienen la obligación de revisar periódicamente la detención preventiva y ofrecer razones que justifiquen su mantenimiento(75); (vi) Cuestiones probatorias. La decisión que impone una medida de aseguramiento debe basarse en elementos probatorios suficientes que permitan establecer razonablemente la participación de la persona en el delito objeto de investigación; no se satisface este parámetro cuando el apoyo probatorio consiste en meras conjeturas o intuiciones abstractas, “El Estado no debe detener para luego investigar”(76); (vii) Estigmas y prejuicios. La medida no puede adoptarse por estigmas o prejuicios como, por ejemplo, en razón al origen racial de un grupo poblacional(77); tampoco cuenta como justificación suficiente elementos tales como las características personales del supuesto autor o la gravedad del delito(78); (viii) Juicio de proporcionalidad. La imposición de la medida debe obedecer a un juicio de proporcionalidad en el caso concreto, atendiendo los elementos de prueba y los hechos objeto de investigación(79); en este marco, debe perseguir un fin compatible con la Convención, ser idónea, necesaria [absolutamente indispensable para conseguir el fin y que no exista medida menos gravosa] y proporcional [debe ser estrictamente proporcional, el sacrificio de la restricción de la libertad no debe resultar exagerado ni desmedido frente a las ventajas que se obtienen y los fines](80); (ix) Motivación suficiente. La falta de motivación suficiente respecto del fin legítimo constituye violación del derecho de libertad personal(81) y (x) Aun cuando esté previsto en la Ley, puede existir violación a la libertad personal cuando la detención se ampare en causas o métodos irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad(82).

En el mismo escenario del Sistema Interamericano no puede pasarse por alto el Informe sobre el uso de Prisión Preventiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documento que, además de llamar la atención sobre el preocupante abuso del instrumento de la detención preventiva(83), consideró que (i) aun cuando la Convención Americana no prevé expresamente el deber estatal de reparar a quienes han sido ilegalmente detenidos, lo que si se encuentra en el artículo 9.5 del Pacto, este puede ser subsumido dentro del artículo 1.1 de la Convención, esto es, conforme al deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades y (ii) sin embargo, aclaró el alcance que tiene ese deber de reparación, así: “220. Conviene aclarar que el hecho de que una persona detenida haya sido posteriormente sobreseída o absuelta no implica necesariamente que la prisión preventiva haya sido aplicada en contravención de las normas de la Convención Americana”(84), de donde se sigue la idea según la cual el surgimiento del deber de reparar ocurre siempre que la privación se haya adoptado con desconocimiento a los estándares desarrollados por el Sistema de Protección.

De otra parte, en el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también se verifica la construcción de valiosos referentes sobre el uso de la detención preventiva, su ejercicio ponderado, circunscrito a necesidades imperiosas y el alcance que tiene el precepto recogido en el artículo 9.5 del Pacto sobre el derecho a ser reparado cuando la persona ha sido “ilegalmente detenida o presa”.

Algunas de estas posiciones jurídicas se encuentran recogidas, recientemente, en la observación general 35 del comité de Derechos Humanos sobre el artículo 9º del Pacto(85), donde merecen destacarse los siguientes puntos: (i) una detención puede ser arbitraria inclusive estando autorizada por la legislación nacional, toda vez que el de arbitrariedad es un concepto amplio que excede al de “contrario a la ley” pues integra consideraciones tales como inadecuación, injusticia, imprevisibilidad y las garantías judiciales; (ii) las medidas de detención preventiva que se imponen por motivos de seguridad y no con miras a un procesamiento por la imputación de un delito llevan un gran riesgo de privación de la libertad arbitraria(86); (iii) la reclusión no debe durar más que lo estrictamente necesario, existiendo el deber de efectuar revisiones periódicas y prontas por una autoridad judicial, (iv) se califica como arbitraria una detención que sea castigo por el ejercicio legítimo de los derechos garantizados en el Pacto; el encarcelamiento tras un juicio manifiestamente injusto es arbitrario, pero no toda violación de garantías procesales constituye reclusión arbitraria; (v) las razones para una detención deben ser previstas por la Ley y con suficiente precisión, igualmente los procedimientos también deben estar previstos allí; es ilícito mantener la reclusión de una persona cuando se ha dictado orden de poner en libertad o amnistía válida; (vi) se considera, también, como reclusión ilícita la que inició siendo legal pero se ha convertido en ilícita por haber cumplido la persona la pena de prisión o por haber cambiado las circunstancias que justificaban la reclusión; (vii) el carácter ilícito de la detención o reclusión puede ocurrir por vulneración de la legislación nacional o la vulneración del propio Pacto, no obstante “el hecho de que un acusado en un proceso penal haya sido finalmente absuelto, en primera instancia o en apelación, no basta para convertir en “ilícita” cualquier reclusión anterior”(87) y (viii) la indemnización comprende los daños pecuniarios y los no pecuniarios.

En esta misma línea de pensamiento, tal vez los esfuerzos más notables para concretar el concepto de detenciones arbitrarias se encuentran en los informes y opiniones del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria(88), dependencia que ha reconocido que “la prohibición de la privación arbitraria de la libertad forma parte del derecho de los tratados y del derecho internacional consuetudinario y constituye una norma de ius cogens(89); ha relacionado el concepto de “arbitraria” [de la privación] con el “incumplimiento de la exigencia de que la forma particular de privación de libertad se imponga con arreglo al derecho y los procedimientos aplicables y sea proporcionada respecto de la finalidad que se persigue, razonable y necesaria”(90), en atención al artículo 9.5 del Pacto, ha sostenido que la víctima de una detención arbitraria “tiene derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición”(91) y ha clasificado las situaciones de privación arbitraria de la libertad en cinco categorías marcadamente influenciadas por los estándares de protección del derecho de libertad personal, bien por ser la detención o reclusión a) carente de justificación legal razonable, b) ser el resultado del ejercicio legítimo de derechos y libertades, c) por ocurrir violación grave a las garantías del juicio imparcial, d) prolongación de detención administrativa en casos de migrantes, asilados o refugiados y e) cuando acontece por motivos discriminatorios; en los siguientes términos:

“a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7º, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V)”(92).

Finalmente, destáquese la comunicación 432/1990 W.B.E vs Países Bajos donde el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas conoció de un caso en el que un ciudadano puso de presente la violación de los derechos reconocidos en los párrafos 3 y 5 del artículo 9º del Pacto y los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del mismo instrumento. Entre otras cuestiones el comité estudió si en el caso había lugar al derecho a la indemnización de perjuicios de que trata el artículo 9.5, lo que fue despachado desfavorablemente en los siguientes términos:

“6.5. Respecto de la afirmación del autor de que se ha violado su derecho a indemnización consagrado en el párrafo 5 del artículo 9º del Pacto, el comité recuerda que esta disposición concede a las víctimas de detención o prisión ilegal un derecho efectivo a obtener reparación. Sin embargo el autor no ha justificado a los fines de admisibilidad su denuncia de que la detención fue ilegal. En este sentido, el comité observa que el hecho de que ulteriormente se absolviera al autor no significa que la detención preventiva fuera ilegal. Por consiguiente, esta parte de la comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 2º y 3º del protocolo facultativo.

6.6. Respecto de la afirmación del autor de que se ha violado el principio de presunción de inocencia consagrado en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto, el comité señala que esta disposición es únicamente aplicable a un procedimiento penal y no a un procedimiento por indemnización; por consiguiente, decide que la queja del autor es inadmisible en virtud del artículo 3º del protocolo facultativo”(93). (Resaltado propio).

En este mismo sentido se alinea la comunicación 963/2001 Colin Uebergang vs Australia donde el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas conoció de otra petición en la que se alegó la violación al derecho de indemnización del ya citado artículo 9.5 del Pacto. El comité consideró, al revisar si procedía el derecho de indemnización, que el solo hecho de la absolución final de la víctima no configura, por sí solo, la ilegalidad de la detención previa sufrida; así:

“4.4. En relación con la acusación de violación del párrafo 5 del artículo 9º, el comité observa que tras ser condenado por el tribunal de primera instancia, el autor fue encarcelado a raíz de la sentencia dictada por este tribunal. Su posterior absolución por el Tribunal de Apelaciones, per se, no supone que la encarcelación a que dio lugar la sentencia del tribunal fuera ilegal. El abogado no ha facilitado más argumentos para fundamentar la denuncia, conforme al párrafo 5 del artículo 9º. Esta parte de la comunicación, por consiguiente, es inadmisible con arreglo al artículo 2º del protocolo facultativo”(94).

Esta breve revisión de los estándares convencionales a los que está sujeto el régimen de adopción de medidas cautelares de detención y prisión preventiva de la libertad trae, además de los referentes objetivos y razonados para la limitación de ese derecho, una verdad incontestable cual es la necesidad de auscultar los diversos escenarios en que puede tener lugar una privación de la libertad, esto es, los contextos de captura y presentación “sin demora” ante la autoridad judicial, la detención como medida cautelar dictada en el curso de un proceso penal propiamente dicho y, por último, las cuestiones relativas al régimen de libertad de la persona luego de dictarse una sentencia condenatoria, pues en cada una de tales circunstancias deben tomarse en cuenta diversos elementos de juicio para determinar el recto alcance de la esfera jurídica de protección de la libertad personal y los límites a la intervención de la autoridad judicial penal.

En conclusión, los anteriores estándares convencionales en punto al derecho de libertad personal y el uso por parte de los Estados de las medidas de detención o prisión preventiva ponen de presente la existencia de múltiples referentes objetivos que orientan la construcción de la noción de detención arbitraria o injusta de la libertad como elemento que se ubica allende a las garantías judiciales o al goce o ejercicio de los demás derechos y libertades protegidas; no se trata de un concepto reflejo que automáticamente hace su aparición con el solo hecho de la absolución obtenida dentro de una causa penal.

Entonces, trasladados estos referentes al campo de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad se cae en cuenta que el daño antijurídico, como primer presupuesto a ser evaluado por el juez administrativo, demanda no solo la constatación de una medida de detención preventiva, su materialización y la absolución judicial por decisión ejecutoriada [referentes que construyen, apenas, el daño], sino que también se torna en imperioso, en orden a dotar de contenido sustantivo el elemento de la antijuridicidad, averiguar si la medida de detención o prisión preventiva que pesó sobre la víctima fue adoptada según los estándares convencionales arriba expuestos, solo a partir de esa reflexión se podrá responderse a una indagación basilar de la responsabilidad estatal: ¿el daño era jurídicamente soportable para la víctima?, toda vez que si las intervenciones a la libertad personal se mantuvieron dentro de los parámetros de legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad, temporalidad que gobiernan la imposición de ese tipo de medidas conforme a los estándares, habrá de concluirse, inexorablemente, que será un daño que aunque presente su componente material no convalida el que sea antijurídico o contrario al sistema normativo y, por tanto, no da lugar a adelantar el juicio de imputación.

Finalmente, debe dejarse constancia que la propuesta de parámetros convencionales para abordar el juicio de responsabilidad del Estado por privación de la libertad no implica ni se propone invadir la esfera de competencia de la autoridad judicial penal sino, llanamente, averiguar si, conforme a la perspectiva de análisis propia de un observador externo e imparcial comprometido con la vigencia convencional imperativa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Civiles la expresión del poder cautelar del Estado en el ámbito de la libertad personal consultó una corrección conforme a los estándares de razonabilidad prenotados. Dicho de otra manera, se trata de revalidar la competencia convencional del juez de la responsabilidad como sustento jurídico suficiente que le compromete no solo a la observancia de la Constitución Política, como también a los principios, reglas y valores que surgen de la Convención Americana de Derechos Humanos, los demás instrumentos internacionales afines y el mismo derecho de gentes(95).

5. Caso concreto.

Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procederá a pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Rama judicial, frente a los daños y perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de que dice haber sido objeto el señor GRGM, de conformidad con los siguientes hechos probados.

Con el informe 0531 de 27 de febrero de 2001, enviado por la dirección central de la policía judicial - área de delitos contra la integridad personal - grupo homicidios a la fiscalía 39 - unidad seccional de Soacha(96), la Sala encuentra demostrado que el proceso penal iniciado en contra de GRGM como presunto autor de los delitos de homicidio en concurso homogéneo con concierto para delinquir y porte ilegal de armas, tuvo su génesis en las declaraciones rendidas por RAR(97) (conocido de la víctima directa) y JGH(98) (miembro de la Policía Nacional quien en varias oportunidades dialogó con el demandante) quienes sostuvieron que en conversación entablada con el demandante, éste les comentó que había sido la persona encargada de contratar a SLG (sicario) para que realizara la “limpieza social” perpetrada el 17 de febrero de 2001, en el sector C II del municipio de Soacha - Cundinamarca.

En virtud de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía seccional de Soacha resolvió librar la orden de captura 0362146(99) (sin fecha) en contra de GRGM, la cual se hizo efectiva el día 1º de marzo de 2001 por la Policía Nacional - dirección de policía judicial - área de delitos contra la vida e integridad personal - unidad judicial, según consta en el acta de diligencia de aprehensión(100).

Así las cosas, el ente investigador mediante Resolución del 2 de marzo de 2001 ordenó la apertura de la instrucción penal en contra de GRGM(101).

Acto seguido, la fiscalía 39 seccional de Soacha - Cundinamarca por medio de providencia del 13 de marzo de 2001(102) resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del demandante como presunto coautor de los delitos de homicidio, en concurso heterogéneo sucesivo con el de concierto para delinquir y porte ilegal de armas ya que de conformidad con las declaraciones que anteceden se encontró que el actor sirvió de puente entre los comerciantes y los sicarios que el día 17 de febrero de ese mismo año realizaron la llamada “limpieza social” en la que fallecieron 5 personas. Decisión está que mediante Resolución del 21 de agosto de 2001 fue modificada por la fiscalía 23 de la unidad delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el sentido de adicionar la medida de aseguramiento impuesta al demandante por el punible de homicidio agravado en concurso sucesivo homogéneo(103).

A continuación, mediante providencia del 28 de diciembre de 2001(104) la Fiscalía General de la Nación - unidad de terrorismo, calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de GRGM como coautor de los delitos ya mencionados, decisión que fue confirmada por la unidad de fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá - fiscalía 23, mediante Resolución del 17 de abril de 2002(105).

Ahora bien, una vez cerrada la instrucción penal, le correspondió por competencia conocer del sumario al juzgado primero penal del circuito especializado de Cundinamarca, el cual se abstuvo de conceder la libertad al señor GRGM y mediante sentencia del 26 de octubre de 2004 resolvió(106):

“1. CONDENAR a (…) GRGM de condiciones civiles y personales anotadas, a las penas principales de cuarenta (40) años de prisión como autores responsables de las conductas punibles de homicidio agravado en concurso homogéneo y concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de defensa personal, cometido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar conocidas procesalmente, tal como se explicó en la parte motiva de este fallo.

(…).

3. CONDENAR a (…) GRGM a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual a la pena principal de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. DENEGAR a los penados (…) GRGM, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no reunir los requisitos de que trata el artículo 63 del Código Penal. Tampoco procede la prisión domiciliaria.

5. CONDENAR a (…) GRGM, por concepto de perjuicios morales inferidos a los familiares de EABL, AVA, DCL, LR y JACF a pagar solidariamente, en pesos colombianos el equivalente a 500 salarios mínimos mensuales vigentes; monto que debe ser actualizado a la fecha al interés ordinario certificado por la Superintendencia Bancaria.

(…)”.

Como fundamento de su decisión, el ente juzgador sostuvo:

“(…) Se tiene que RAR (BAR) en sus declaraciones en la etapa investigativa (…), le dijo al procesado que su amigo GRGM le había comentado sobre la masacre realizada el 17 de febrero de 2001 en el sector de AC, perpetrada por sicarios pagados por varios comerciantes del sector para que hicieran una “limpieza social” y que él mismo había realizado los contactos necesarios para conformar la banda de asesinos. Expresó que su amigo conocía también los pormenores de la empresa criminal, que sabía puntualmente quienes habían participado y qué papel habían desempeñado en ella, hasta estaba enterado de cuánto se pagó por persona muerta, y qué tipo de armas fueron utilizadas.

(…).

Pero como si lo anterior fuera poco, obra de igual manera la declaración de JHG (…), miembro activo de la Policía Nacional, quien en desarrollo de labores de inteligencia se entrevistó con GRGM, alías CF. En dicha reunión éste procesado narró a la Policía los hechos sucedidos, de la misma manera y congruencia como lo hizo con RAR, es más, hasta le contó las diferencias que se presentaban entre quienes organizaron la masacre y los que la llevaron a cabo, por la muerte de varios jóvenes que al parecer no eran delincuentes y además porque los comerciantes se negaban a pagar dichas muertes. Dichos de los que el miembro de la Policía se ratificó en diligencia de audiencia pública (…) y que son merecedores de credibilidad por cuanto provienen de funcionario público encubierto dentro de la investigación sin ningún interés en favorecer o perjudicar a los procesados.

(…).

Es que en verdad el acopio probatorio glosado a la foliatura además de ser rico, es fulminante para responsabilizar penalmente al acusado GRGM de las sendas conductas punibles ventiladas a través de la presente actuación, cuya valoración se hizo en precedencia, más por el contrario disipan cualquier duda respecto al compromiso criminal del encartado en ellas, pues no existe incertidumbre en cuanto que ayudó a organizar y planear las conductas punibles objeto de investigación, en la medida que fue él quien prestó su concurso para ubicar a los autores materiales de la masacre y sirvió de enlace entre quienes la financiaron y estos.

(…)”.

En contra de la decisión que antecede, el día 9 de noviembre de 2004 el señor GRG interpuso recurso de apelación(107), el cual fue resuelto mediante sentencia del 23 de agosto de 2005(108) proferida por el Tribunal Superior de Distrito judicial de Cundinamarca, en el siguiente sentido:

“1. REVOCAR en su totalidad la sentencia de fecha 26 de octubre de 2004, por medio de la cual se condenó a (…) GRGM como coparticipes de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

2. ORDENAR la libertad inmediata e incondicional de (…) GRGM”.

Lo anterior, con fundamento en que:

“No se desconoce la declaración juramentada rendida por JHG, patrullero de la Policía Nacional, que actuó como agente encubierto, y manifestó que al serle asignada la misión fue con R donde un señor que le decían cara fea, y éste delante de él, le manifestó a B que había matado unos chinos del barrio, pero que la embarrada que tres de ellos eran hijos de personas que estaban pagando limpieza, y que A la dueña de la discoteca fue la persona encargada de recoger la plata para pagarle a los sicarios, incluso a él y a A les hicieron reclamo por la muerte de los muchachos que no tenían la condición de delincuentes, al igual que A le entregó $ 450.000 entre los que se encontraban $ 100.000 que le dio el señor F el de la panadería que quedaba frente al taller de él o sea de cara fea. En la diligencia de audiencia pública se ratifica de su dicho, aunque aseveró recordar muy poco lo que había sucedido, remitiéndose a lo indicado en primera oportunidad.

Esta declaración, sin duda, corrobora las graves imputaciones efectuadas por RAR, existiendo además testimonio que da cuenta de la entrevista que sostuvieron JHG, el informante AR y GRG, cual fue el rendido por el suboficial de la Policía Nacional MGA en la diligencia de audiencia pública, en la que señaló que efectivamente mientras la reunión se sostenía entre estas tres personas él, desde un lugar estratégico y un tanto distante, cuidaba al patrullero HG; igualmente, es el mismo procesado GRG el que admite haber sostenido ese encuentro, aunque le da un sentido diverso al contenido de la charla.

Sin embargo, no se tiene certeza de que el tema de la conversación hubiese sido la admisión por parte de GRG de su participación en la masacre, al igual que la de MAI; y no lo es, por varios factores: en primer lugar porque riñe con las reglas de la experiencia que una persona que ha coparticipado en tan graves hechos los aceptara delante de un extraño como era el patrullero HG, quien para la fecha tan sólo contaba con 22 años de edad, aunque debe reconocerse que las reglas de la experiencia admiten prueba en contrario. (…).

Sin embargo, lo realmente trascendente es que el casete en el que se afirma fue grabada la conversación, jamás fue aportado al proceso, ni se transcribió su contenido, y mucho menos se tiene certeza de la identidad de los interlocutores; tampoco fue escuchada por una persona que pudiese dar fe de su contenido, toda vez que el suboficial MGA admitió no haberlo escuchado; en consecuencia ¿cómo afirmar, con certeza absoluta, que efectivamente la masacre fue el tema de conversación y que GR admitió ante un extraño haber coparticipado junto con su vecina, en la ejecución de la misma? Si bien el forzoso interrogante que surge es ¿qué razón tendría el joven patrullero para mentir y aseverar, falsamente, haber oído lo que manifestó escuchó? Esa es la respuesta obvia; sin embargo, como bien lo ha señalado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la tarea de valorar la prueba, resulta inadmisible acoger como único criterio de evaluación del testimonio la ausencia de motivos para faltar a la verdad, la edad o el conocimiento que se pueda tener de los protagonistas, dejando de lado otros factores, como los que surgen de la correlación del dicho con otros medios de comprobación; y en el presente caso, como se indicó, esa correlación se encuentra ausente.

Fuerza concluir del análisis efectuado que la duda emerge de la prueba recaudada, y que a través de la misma no se puede obtener la certeza que se requiere para proferir una sentencia de condena”. (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, en cuanto al periodo durante el cual se extendió la privación de la libertad del demandante, la Sala encuentra demostrado los siguientes hechos.

El día 1º de marzo de 2001 el señor GRGM fue aprehendido por miembros de la Policía Nacional - dirección de policía judicial - área de delitos contra la vida e integridad personal - unidad judicial a órdenes de la fiscalía seccional de Soacha, según consta en el acta de diligencia de captura suscrita por el demandante(109); y permaneció hasta el día 21 de marzo de esa misma anualidad en la sala de retenidos de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, lo cual se constata con el oficio de 13 de febrero de 2010 suscrito por esta última entidad(110).

El día 21 de marzo de 2001, en virtud de la boleta de detención 002 expedida el 14 de marzo de ese mismo año(111) por la fiscalía seccional 39 de Soacha en contra del demandante, éste fue remitido al establecimiento carcelario “Modelo” de Bogotá D.C.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2002 GRGM fue transferido por orden del ente juzgador a las instalaciones del centro de preclusión “La Picota” de Bogotá, según consta en la cartilla biográfica del demandante(112) y en el oficio suscrito el 22 de octubre de 2003 por la Asesora jurídica del establecimiento carcelario en cita(113).

Por último, se encuentra acreditado que el señor GRGM, permaneció en dicho centro penitenciario por orden del ente juzgador hasta el 24 de agosto de 2005, día en que fue puesto en libertad en virtud de la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca - Sala Penal a su favor, de conformidad con los siguientes medios probatorios:

— Boleta de libertad J002331 expedida el 24 de agosto de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca - Sala Penal, por medio del cual le solicitó al director de la Penitenciaria Nacional “La Picota” dejar en libertad a GRGM(114).

— Oficio 1588 de 10 de noviembre de 2010, expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec y dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que consta que el señor GRG recobró su libertad el día 24 de agosto de 2005(115).

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el demandante estuvo efectivamente privado de su libertad como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, por el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2001 y el 24 de agosto de 2005, esto es, por el término de 53,76 meses.

No obstante lo anterior, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por GRG no devino en injusta, razón por la que no se encuentra configurado el daño antijurídico alegado por la parte demandante por las razones que se proceden a exponer.

En este sentido, la Sala encuentra que la fiscalía impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del actor como presunto autor de los delitos de homicidio, en concurso heterogéneo sucesivo con el de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, con fundamento en las declaraciones rendidas por RAR(116) (conocido de la víctima directa) y JGH(117) (miembro de la Policía Nacional quien en varias oportunidades dialogó con el demandante), con las que se llegó a la conclusión que el demandante sirvió de puente entre los comerciantes y los sicarios que el día 17 de febrero de 2001 realizaron la llamada “limpieza social” en los que fallecieron 5 personas.

Entonces para la Sala es claro que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del actor, fue impuesta de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal - Ley 600 de 2000, la cual señala que ésta se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

En otras palabras, la Sala encuentra que la privación de la libertad de la que fue objeto el actor en razón a la medida de aseguramiento impuesta en su contra, está ajustada al principio de legalidad, ya que se produjo en cumplimiento de la normatividad vigente para la época de los hechos.

Por otro lado, la Sala observa que las entidades demandadas contaban con los elementos probatorios suficientes no sólo para decidir detener al actor sino para mantener privado de su libertad, los cuales les permitían establecer razonablemente la participación del actor en la comisión de los delitos endilgados en su contra y no en meras conjeturas o intuiciones abstractas.

En este sentido, se observa en las decisiones proferidas por el ente investigador durante la etapa de instrucción, esto es, las resoluciones por medio de la cual se impuso medida de aseguramiento(118) consistente en detención preventiva y se acusó(119) al actor de los delitos de homicidio en concurso heterogéneo sucesivo con el de concierto y la acusación, que las mismas estuvieron fundamentadas en las declaraciones mencionadas anteriormente con las cuales se encontró que el actor sirvió de puente entre los comerciantes y los sicarios que realizaron la llamada “limpieza social” en la que fallecieron 5 personas.

Igualmente, el ente juzgador decidió mantener privado de la libertad(120) al demandante con fundamento en el acopio probatorio que obraba en el proceso penal, el cual a su consideraron, además “de ser rico, es fulminante para responsabilizar penalmente al acusado GRGM de las sendas conductas punibles ventiladas a través de la presente actuación, cuya valoración se hizo en precedencia, más por el contrario disipan cualquier duda respecto al compromiso criminal del encartado en ellas, pues no existe incertidumbre en cuanto que ayudó a organizar y planear las conductas punibles objeto de la investigación, en la medida que fue él quien prestó su concurso para ubicar a los autores materiales de la masacre y sirvió de enlace entre quienes la financiaron”.

Entonces para la Sala es claro que la decisión de detener y mantener privado de la libertad al actor se ajusta al parámetro convencional de proporcionalidad, pues se fundamentó en los medios probatorios que obraban en el plenario, los cuales se reitera, eran suficientes para privar al actor de la libertad.

En este mismo sentido, la Sala encuentra que las decisiones proferidas por la fiscalía y el ente juzgador consistentes en detener y mantener privado de la libertad al actor, se encuentran lo suficientemente motivadas, pues como se dijo en líneas anteriores, las decisiones proferidas por las entidades demandadas, tienen su fundamento en las pruebas obrantes en el plenario, esto es, las declaraciones rendidas por varias personas que daban cuenta que el actor servía de intermediario entre los comerciantes del sector y los sicarios que realizaron la llamada “limpieza social”, de las cuales era posible inferir una posible coautoría del actor de los delitos endilgados en su contra.

Por otro lado, se observa que la privación de la libertad de la que fue objeto al actor se encuentra ajustada a los criterios convencionales de necesidad e idoneidad, en razón a los delitos endilgados en su contra, esto es, homicidio agravado en concurso heterogéneo sucesivo con concierto para delinquir y porte ilegal de armas, se hacía necesario privar y mantener privado de la libertad al actor.

En el mismo orden de ideas la Sala encuentra que el actor estuvo privado de la libertad por un plazo razonable, toda vez que debido a las complejidades y magnitud del asunto, pues se trataba de la muerte de 5 personas que fallecieron en razón a la llamada “limpieza social” realizada el 17 de febrero de 2001, a manos de sicarios aparentemente contratados por el aquí demandante, lo que hacía necesario y razonable mantener al actor privado de la libertad.

Así las cosas, la Sala considera que el actor, al haber sido detenido y privado de la libertad, no implica per se, violación a la garantía convencional y constitucional al plazo razonable(121), subsumido en el marco de las garantías judiciales (art. 8º CADH) y el debido proceso judicial (art. 29 Constitución Política) por cuanto los hechos por los cuales se inició la investigación penal, esto es, la limpieza social en la que fallecieron 5 personas, implican la prevalencia del deber de investigar y juzgar respecto a la antecitada garantía judicial de ahí que no pueda esta judicatura censurar el actuar de las autoridades penales por el sólo hecho del periodo por el cual, en sede de instrucción y juzgamiento, GRG duró privado de la libertad.

En conclusión, para la Sala es claro que en el caso de autos no se encuentra configurado el primero de los elementos de la responsabilidad del Estado, esto es el daño antijurídico, toda vez que la privación de la libertad de que fue objeto el actor, se encuentra ajustada a los parámetros convencionales señalados en el punto 4.2 de esta providencia, pues se reitera, las entidades demandadas contaban con los elementos probatorios suficientes para detener al actor y mantenerlo privado de la libertad.

En consecuencia, la Sala procederá a revocar la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia proferida el 27 de abril de 2011 y en su lugar negará las pretensiones de la demanda por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR la falta la legitimación en la causa por activa en cabeza de AV y BISV.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

30 Corte Constitucional, Sentencia C - 965 de 2003.

31 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que LRGV es hija de GRG y MVS. Fl. 4 c. 1 de pruebas.

32 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que WGV es hijo de GRG y MVS. Fl. 5 c. 1 de pruebas.

33 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que JA es hijo de GRG y MVS. Fl. 6 c. 1 de pruebas.

34 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que WAGV es hijo de GRG y MVS. Fl. 7 c. 1 de pruebas.

35 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que LOGG es hijo de GRGG y LMGM. Fl. 232 c.p.

36 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que IEGV es hija de GRG y MVS. Fl. 16 c. 1 de pruebas.

37 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que RGGG es hijo de GRGG y LMGM. Fl. 21 c. 1 de pruebas. y fl. 233 c.p.

38 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que GRGM es hijo de TJGB y ADMG. Fl. 2 c. 1 de pruebas.

39 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que GRGM es hijo de TJGB y ADMG. Fl. 2 c. 1 de pruebas.

40 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que FGM es hijo de TJGB y ADMG, padres a su vez de la víctima directa. Fl. 9 c. 1 de pruebas.

41 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que CJGM es hijo de TJGB y ADMG, padres a su vez de la víctima directa. Fl. 10 c. 1 de pruebas.

42 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que NGM es hija de TJGB y ADMG, padres a su vez de la víctima directa. Fl. 12 c. 1 de pruebas.

43 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que CGM es hija de TJGB y ADMG, padres a su vez de la víctima directa. Fl. 11 c. 1 de pruebas.

44 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que DGM es hijo de TJGB y ADMG, padres a su vez de la víctima directa. Fl. 13 c. 1 de pruebas.

45 Obra registro civil de nacimiento en el que consta que LAGM es hijo de TJGB y ADMG, padres a su vez de la víctima directa. Fl. 14 c. 1 de pruebas.

46 Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos. Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4º de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

47 Fls. 76-83 c. 6 de pruebas.

48 Fls. 1-2 c. 4 de pruebas.

49 Fls. 139-142 c. 1 de pruebas.

50 Fls. 38-40 c. 13 de pruebas.

51 Fls. 41-42 c. 13 de pruebas.

52 Obra en el plenario la partida de bautismo de EGC en la que consta que nació el día 1º de diciembre de 1962 y que es hija de TJG, padre a su vez de la víctima directa. Fl. 235 c.p. Sobre el tema, vale decir que la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que el registro del estado civil, el cual comprende, entre otros, los nacimientos, matrimonios y defunciones, como función del Estado, se estableció en 1883, con la expedición del Código Civil. No obstante, con la expedición la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional, en el artículo 22, se estableció tener y admitir como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidieran los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 92 de 15 de junio de 1938, los documentos referidos pasaron a ser supletorios y se determinó en el artículo 18 ibídem que solo tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones, que se verifiquen con posterioridad a la señalada ley, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios consulares de Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía, quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de las personas. Finalmente con el Decreto-Ley 1260 de 1970, se estableció como prueba única del estado civil, para los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros civiles. En este sentido, se han admitido como prueba del parentesco, las certificaciones que con las formalidades legales expidieran los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales en vigencia de la Ley 92 de 1938. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 26 de marzo de 2014, Exp. 26.677.

53 Fls. 139-142 c. 1 de pruebas.

54 Fls. 38-40 c. 13 de pruebas.

55 Fls. 41-42 c. 13 de pruebas.

56 Fl. 3 c. 1 de pruebas.

57 Fl. 101 c. 3 de pruebas.

58 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

59 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

60 MAZEAUD. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p. 510.

61 CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”, ob. cit., p. 507.

62 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, Exp. 8998.

63 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, Exp. 4333.

64 Salvamento de voto del consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, Exp. S-021.

65 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, ob., cit., p. 168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”.

66 “En efecto (…) considerar que un determinado derecho fundamental tiene carácter ilimitado, implica, necesariamente, aceptar que se trata de un derecho que no puede ser restringido y que, por lo tanto, prevalece sobre cualquiera otro en los eventuales conflictos que pudieren presentarse. Pero su supremacía no se manifestaría sólo frente a los restantes derechos fundamentales. Un derecho absoluto o ilimitado no admite restricción alguna en nombre de objetivos colectivos o generales o de intereses constitucionalmente protegidos.
Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos” tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el operador del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-475 de 1997.
Véase ALEXY, Robert. La dignidad humana y el juicio de proporcionalidad. En: Parlamento y Constitución. Anuario. Año 2014, Nº 16, págs. 9-27 [donde, entre otras cuestiones, se defiende la tesis según la cual inclusive la Dignidad Humana admite un peso relativo de modo que resulta compatible con el examen de proporcionalidad]. Desde otra perspectiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012 discutió sobre la posibilidad de protección absoluta del derecho a la vida en razón a la proscripción de la práctica de FIV por cuenta de las autoridades judiciales de Costa Rica.

67 “18. Al leer el artículo 30 en concordancia con otros en que la Convención autoriza la imposición de limitaciones o restricciones a determinados derechos y libertades, se observa que exige para establecerlas el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones: a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida; b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a “razones de interés general” y no se aparten del “propósito para el cual han sido establecidas”. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido requerido en la presente consulta, establece un control por desviación de poder; y c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad con ellas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultivo OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

68 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-05/85 de 13 de noviembre de 1985. La colegiación obligatoria de periodistas, párr. 64-69. “el artículo 32.2 contiene un enunciado general que opera especialmente en aquellos casos en que la Convención, al proclamar un derecho, no dispone nada en concreto sobre sus posibles restricciones legítimas”.

69 En similar sentido el artículo XXVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. “Artículo XXVIII Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. También Artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

70 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso J vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 158; caso Herrera Espinoza y otros vs Ecuador. Sentencia de 1º de septiembre de 2016, párr. 143.

71 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Usón Ramírez vs Venezuela. Sentencia de 20 de noviembre de 2009, párr. 145: “El numeral 2 del artículo 7º reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Al respecto, esta Corte ha establecido que la reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana”.

72 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi vs Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 106.

73 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Servellón García y otros vs Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 90. Caso Herrera Espinoza y otros vs Ecuador. Sentencia de 1º de septiembre de 2016, párr. 143. Caso Norín Catrimán vs Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 361-362.

74 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 77; caso J vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 159: “159. Este Tribunal ha precisado también que para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga266. Sin embargo, aún verificado este extremo, la privación de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Concordantemente, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho, ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia”.
Existe una tensión manifiesta entre este estándar de libertad personal y la legislación procesal penal colombiana que avala la detención preventiva de una persona por ser un peligro para la seguridad de la sociedad dispuesta en el artículo 310 de la Ley 906 de 2004. Empero, en el fallo C-469 de 2016 la Corte Constitucional revisó y avaló la constitucionalidad del precepto arguyendo que esa medida complementa, y no contradice, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Véase el fuerte salvamento de voto suscrito por el magistrado Alberto Rojas Ríos donde cuestiona la falta de compromiso de la Corte Constitucional en la aplicación del control de convencionalidad, toda vez que la detención preventiva fundada en ser el procesado peligro para la seguridad de la sociedad no se ajusta a los estándares convencionales.

75 Corte Interamericana. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007; párr. 117-118; caso Yvon Neptune vs Haití, Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 108. Caso Bayarri vs Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 74.

76 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007; párr. 103.

77 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs República Dominicana. Sentencia de 28 de agosto de 2014, párr. 368.

78 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bayarri vs Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008; caso Teruel y otros vs Honduras, Sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 106; caso Rodríguez Vera vs Colombia (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 409.

79 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Álvarez vs Honduras. Sentencia de 1º de febrero de 2006, párr. 68. “La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria”.

80 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Norín Catrimán vs Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 312.

81 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 216.

82 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday vs Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994, párr. 47. “47. Esta disposición contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”. Véase también: caso Fleury y otros vs Haití, Sentencia de 23 de noviembre de 2011, párr. 58-59.

83 “1. Los Estados deben adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole requeridas para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, garantizando que esta medida sea de carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; evitando así su uso arbitrario, innecesario y desproporcionado. Estos principios deberán guiar siempre la actuación de las autoridades judiciales, con independencia del modelo de sistema penal adoptado por el Estado.
2. Intensificar esfuerzos y asumir la voluntad política necesaria para erradicar el uso de la prisión preventiva como herramienta de control social o como forma de pena anticipada; y para asegurar que su uso sea realmente excepcional. En este sentido, es esencial que se envíe desde los niveles más altos del Estado y la administración de justicia un mensaje institucional de respaldo al uso racional de la prisión preventiva y al respeto del derecho presunción de inocencia”. (Resaltado propio). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. 2013. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, pág. 121, párr. 326.

84 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.2013. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, pág. 96, párr. 220.

85 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación general 35. Artículo 9º. CCPR/C/GC/35 de 16 de diciembre de 2014.

86 Existe una tensión manifiesta entre este estándar de libertad personal y la legislación procesal penal colombiana que avala la detención preventiva de una persona por ser un peligro para la seguridad de la sociedad dispuesta en el artículo 310 de la Ley 906 de 2004. Empero, en el fallo C-469 de 2016 la Corte Constitucional revisó y avaló la constitucionalidad del precepto arguyendo que esa medida complementa, y no contradice, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Véase el fuerte salvamento de voto suscrito por el magistrado Alberto Rojas Ríos donde cuestiona la falta de compromiso de la Corte Constitucional en la aplicación del control de convencionalidad, toda vez que la detención preventiva fundada en ser el procesado peligro para la seguridad de la sociedad no se ajusta a los estándares convencionales.

87 Ibíd., párr. 51.

88 Creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la Resolución 1991/42, en mandatos que se han ampliado sucesivamente.

89 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. A/HRC/22/44, Distribución General: 24 de diciembre de 2012, párr. 51.

90 Ibíd., párr. 61.

91 Cfr. Naciones Unidas. Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Opinión 19/2016, A/HRC/WGAD/2016, Distribución General 2 de junio de 2016, párr. 39. Opinión 31, A/HRC/WGAD/2016/31, Distribución General 27 de octubre de 2016, párr. 117. Opinión 57/2016 A/HRC/WGAD/2016/57, Distribución General 9 de febrero de 2017, párr. 120.

92 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. A/HRC/30/69. Métodos de Trabajo del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Distribución general: 4 de agosto de 2015, párr. 8.

93 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Comunicación 432/1990 de 23 de octubre de 1992. CCPR/C/46/D/432/1990 (1992) W.B.E (nombre omitido) vs Países Bajos. 46º Periodo de sesiones.

94 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Comunicación 963/2001 de 27 de marzo de 2001. CCPR/C/71/D/963/2001 (2001).

95 Cfr., in extenso, SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción sustancial en el sistema interamericano de Derechos Humanos. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.

96 Fls. 85-88 c. 5 de pruebas.

97 Fls. 86-87 c. 5 de pruebas.

98 Fls. 116-118 c. 5 de pruebas.

99 Fl. 141 c. 5 de pruebas.

100 Fls. 175-176 c. 5 de pruebas.

101 Fls. 239-240 c. 5 de pruebas.

102 Fls. 76-83 c. 6 de pruebas.

103 Fls. 126-137 c. 3 de pruebas.

104 Fls. 149-162 c. 8 de pruebas.

105 Fls. 144-161 c. 3 de pruebas.

106 Fls. 81-129 c. 10 de pruebas.

107 Fl. 159 c. 10 de pruebas.

108 Fls. 15-49 c. 3 de pruebas.

109 Fl. 172 c. 5 de pruebas.

110 Fl. 162 c. 1 de pruebas.

111 Fl. 104 c. 6 de pruebas.

112 Fls. 110-111 c. 4 de pruebas.

113 Fl. 80 c. 4 de pruebas.

114 Fl. 51 c. 3 de pruebas.

115 Fls. 84-86 c. 3 de pruebas.

116 Fls. 86-87 c. 5 de pruebas.

117 Fls. 116-118 c. 5 de pruebas.

118 Fls. 126-137 c. 3 de pruebas.

119 Fls. 149-162 c. 8 de pruebas.

120 Fls. 81-129 c. 10 de pruebas.

121 Con relación al plazo razonable. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de julio de 2016, Exp. 38.994.

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión que se tomó en la providencia del 21 de febrero de 2018, que negó las pretensiones, aclaro voto frente a algunas consideraciones.

1. La mayoría concluyó que no se configuró un daño antijurídico, sin embargo, a mi juicio, está acreditada la causal de exoneración de responsabilidad del Estado de culpa de la víctima.

2. En relación con la competencia de la Sala para conocer del asunto, el sentido que fijó la Corte Constitucional al artículo 68 de la Ley 270 de 1996 en la sentencia C-037 de 1996 y la aplicación del régimen objetivo al estudio de los casos de privación injusta de la libertad por la aplicación del in dubio pro reo, me remito a la aclaración de voto 36.146/15.

Guillermo Sánchez Luque