Sentencia 2007-00455 de septiembre 1 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA QUINTA DE DECISIÓN DUAL

Rad.: 130011102000200700455 01

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Aprobado según acta 5 de la misma fecha

Asunto: Apelación sentencia sancionatoria

Decisión: Decreta nulidad desde pliego de cargos

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala Quinta Dual de Decisión que forma parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política, el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y el Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011(16).

No obstante la competencia aludida, al analizar el caso que ocupa la atención de la Sala, tal y como se advirtió al inicio de esta providencia, sería del caso que la corporación entrara a estudiar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de no ser porque se encuentra que la actuación está viciada de nulidad por existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.

Así, lo primero a lo que habrá de referirse esta colegiatura será a los fines esenciales del Estado colombiano que han sido válidamente incorporados a nuestro ordenamiento constitucional y de los cuales, para el caso que nos ocupa, reviste gran importancia el previsto en el artículo 29 de la Carta Política, por cuanto constituye un preclaro sustento del derecho fundamental al debido proceso, así como para el conjunto de garantías previstas en nuestro derecho procesal.

Por lo anterior, surge el deber de todas las autoridades del Estado de seguir el procedimiento legal, con estricta observancia de todas las reglas, técnicas, principios y términos inherentes al proceso, protegiendo y haciendo efectivas esas garantías constitucionales en todo momento y acto procesal, máxime cuando se ve enfrentado el ciudadano, al ejercicio del ius puniendi del Estado.

Y es en observancia de lo expuesto y en aras de proteger el derecho al debido proceso al que se ha venido haciendo alusión, que el artículo(sic) el artículo 99 de la Ley 1123 de 2007, establece:

“... En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca el asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto...”.

Para el efecto, las causales de nulidad mencionadas se encuentran previstas en el artículo 98 ibídem, siendo ellas: (i) la falta de competencia; (ii) la violación del derecho de defensa del disciplinable, y (iii) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

En relación con el caso concreto resulta necesario precisar que en el ámbito de la imputación disciplinaria no podía calificarse como culposa la falta descrita en el artículo 54.3 del Decreto 196 de 1971, pues su naturaleza, por la descripción típica que contiene, esto es, porque para su consumación exige la retención, implica necesariamente que solo podía cometerse en la modalidad dolosa de la culpabilidad y no en la culposa, como se imputó.

En efecto, si bien la naturaleza de una falta no se puede establecer a priori, ya sea a título de dolo o culpa, por cuanto la culpabilidad surge de la subjetividad en el obrar del individuo y esa determinación solo se encuentra a partir de los hechos y pruebas obrantes en el expediente, pues con base en ellas se demuestra cuáles fueron las motivaciones del sujeto activo del comportamiento para luego predicar su culpabilidad, es decir, para formular la imputación subjetiva.

También es cierto que, en algunos casos, la descripción típica marca necesariamente la única posibilidad subjetiva del comportamiento, de tal forma que, en su consumación solo existen elementos del dolo o de la culpa, según corresponda, pues de lo contrario terminarían convirtiéndose en falta diferente. En el caso que nos ocupa, la retención, como verbo rector del tipo disciplinario analizado, exige un comportamiento activo consciente y voluntario —doloso—, es decir, para predicar la existencia de la retención, el abogado debe ser consciente de que con su conducta infringirá el deber que le asiste y, a pesar de ello, decide no devolver el dinero, los bienes o los documentos recibidos por cuenta de su cliente.

Así las cosas, como en el asunto sub examine se encuentra que el Magistrado Sustanciador en la audiencia de pruebas y calificación provisional llevada a cabo el 22 de febrero de 2011, tal y como se expuso, formuló cargos al disciplinado endilgándole la conducta establecida en el artículo 54, numerales 3º y 4º, del Decreto 196 de 1971, imputándole la conducta a título de culpa, lo cual hizo también en la sentencia de primera instancia —pero solo respecto del 54.3—, al considerar que el abogado retuvo injustificadamente los documentos que había recibido por cuenta de su cliente, siendo su deber reintegrarlos a la menor brevedad posible.

Al respecto se advierte que existió una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, pues se imputó culposamente una falta que por su naturaleza es dolosa, así que sin hacer mayores elucubraciones al respecto, deviene clara la falencia existente en la calificación provisional de la conducta, lo cual, en definitiva, implica un desconocimiento del debido proceso, comoquiera que la imputación subjetiva no fue adecuadamente desarrollada.

Así las cosas, la Sala observa una falencia en la formulación de cargos realizada, pues, como ya se señaló la culpabilidad de la conducta desplegada por el disciplinado fue tratada erróneamente en tal decisión y ello constituye la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso pues la labor de formular cargos y de fallar conforme a los mismos, indudablemente conlleva el respeto a las garantías procesales, que en este sentido demandan los tipos disciplinarios.

Entonces, la Sala concluye que la presente actuación se encuentra viciada de nulidad por violación ostensible y manifiesta de los mencionados derechos fundamentales, comoquiera que la carencia de los requisitos legales exigidos para el pliego de cargos, supone, para quienes forman parte de un proceso, la afectación al debido proceso, pues se desconoce el marco de referencia en el cual se adelanta el proceso, afectándose de contera el resultado de la sentencia, la buena fe y expectativas de la persona juzgada, por el error del juez disciplinario de valorar en debida forma la actuación como ya se expuso.

Así las cosas, claro es que en el presente asunto se configuró la causal de nulidad prevista en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, motivo por el cual, y en ejercicio de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 99 de esa misma norma, se nulitará la actuación a partir de la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 22 de febrero de 2011, inclusive, para que el seccional de primera instancia profiera nuevamente los cargos, señalando específicamente el presupuesto fáctico, el verbo rector, el grado de culpabilidad adecuado, y sin perjuicio de la validez de los medios de prueba que han sido recaudados durante las presentes diligencias.

Finalmente, sumado a lo anterior, valga aclarar que el seccional de instancia pretermitió hacer un pronunciamiento expreso dentro de la parte resolutiva de la sentencia apelada sobre las faltas contra la diligencia profesional, es decir, existió una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la decisión, pues si bien se consideró que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción, finalmente no se resolvió sobre ese aspecto.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado, a partir de la calificación de la conducta realizada en audiencia del 22 de febrero de 2011, inclusive, acorde con las motivaciones plasmadas en esta providencia.

2. En consecuencia, remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

(16) En efecto, de conformidad con lo preceptuado por el literal a) del artículo 26 del citado acuerdo, es función de la Sala Dual de Decisión: “... Conocer de los recursos de apelación y de queja, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura...”.