Sentencia 2007-00461 de marzo 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 1100131030032007-00461-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Aprobada en sala del veintidós de febrero de dos mil doce.

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «III. La demanda de casación

Cargo único

Se acusa el fallo de ser violatorio, por vía indirecta, de los artículos 981, 982, 1030, 1031, 1036, 1037, 1045, 1046, 1054, 1072, 1077, 1079, 1080, 1083, 1088, 1096, 1098, 1110, 1127 y 1133 del Código de Comercio, por falta de aplicación, como consecuencia de evidentes, trascendentes y notorios errores de hecho en la apreciación material de algunas de las pruebas y de derecho en la estimación jurídica de otras “que lo condujeron previamente a violar (violación medio) los artículos 187, 252, 277 numerales 1º y 2º, 289, 278 y 274 del Código de Procedimiento Civil”.

La sustentación de la acusación se compendia así:

1. Constituye “un evidente error de derecho en la apreciación de la prueba” la apreciación de que la comunicación de 28 de mayo de 2009, suscrita por el representante de Parmalat, es de naturaleza dispositiva y solo puede ser valorada por el juez si tiene la virtud de ser auténtica, contraviniendo la orientación trazada por la Corte en auto de 28 de mayo de 1993, expediente 4122 y en sentencias de 18 de marzo de 2002 y 23 de enero de 2006, expedientes 6649 y 1997-0193.

Los documentos que se aportan al proceso pueden catalogarse de diversas maneras siendo dispositivos “aquellos que contienen una declaración constitutiva o de carácter negocial. Como lo dice la doctrina, este tipo de documentos representan ‘actos de voluntad con el propósito de producir determinados efectos jurídicos’ (...). Cuando los documentos provenientes de terceros tienen la naturaleza de ser meramente declarativos (o testimoniales, según se les denomina en la primera de las providencias mencionadas) deberán ser apreciados por el juez salvo que la parte contraria solicite su ratificación, pues el ordenamiento presume su autenticidad”, imponiéndose su valoración, conforme la orientación del numeral segundo del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.

Se equivocó el tribunal al calificarlo como dispositivo por referirse al pago de una obligación, cuando “por virtud del documento no se realiza un pago; el mismo se refiere a que un pago tuvo lugar, lo que evidentemente se constituye como una circunstancia totalmente diferente”, además de que “se generó con el único propósito de dar respuesta a dos oficios remitidos por el juez de primera instancia, orientados exclusivamente a obtener una certificación o declaración o constancia (...) de un hecho pasado o anterior, respecto del cual, además existe certeza de quien fue su creador”.

De haber tenido en cuenta el fallador de segundo grado el carácter declarativo de la respuesta recibida, habría aplicado correctamente el inciso cuarto del artículo 252 ibídem, “para entender que este tipo de documento[s] no se encuentran excluidos de la presunción de autenticidad prevista en dicha norma” y habría concluido que “efectivamente quedó acreditado el pago de la obligación indemnizatoria a cargo de Suramericana, en cuantía de doscientos diecisiete millones setecientos treinta y dos mil doscientos diez pesos ($ 217.732.210.oo)”, con mayor razón cuando integrado al expediente no se manifestó reparo.

2. Incurrió en igual yerro “en relación con el recibo de caja 023335”, que representa ese mismo valor, pues “no constituye el acto jurídico del pago, sino que es una constancia del mismo; expresado en otras palabras, con o sin recibo, el pago existe, lo cual permite concluir que el recibo es un documento declarativo cuya autenticidad se presume”, presentando coincidencia con el anterior, por lo que “los dos, de manera separada, y con mayor razón si se aprecian de manera conjunta, indican que Suramericana pagó a Parmalat la obligación a que se ha hecho referencia”.

3. Ocurre lo mismo en los documentos obrantes a folios 196, 198 y 199, consistentes en la relación de movimientos de recaudos de Parmalat por el mes de septiembre de 2005, informe de movimientos en tiempo real de Bancolombia y recibo de consignación de cheque, en los cuales aparece el mismo valor y por ende reflejan el pago de la obligación indemnizatoria surgida del siniestro de 25 de agosto de 2005.

4. Sucede lo propio con “los documentos obrantes a folios 32 y 86 del cuaderno 1”, los cuales, a pesar de señalar como dispositivos, entra a valorar para considerar que no son demostrativos del cubrimiento del riesgo, el uno en virtud a figurar suscribiéndolo Delima Marsh y el otro por corresponder a la solicitud de indemnización.

No obstante que el recibo de egreso aparece firmado por persona ajena, se pasa por alto que es la misma que “posteriormente consigna como intermediario la indemnización a Parmalat”, por lo que visto “en conjunto con los demás documentos a que se ha hecho referencia, que fueron desestimados completamente por el tribunal, acredita plenamente el pago de la obligación indemnizatoria por parte de Suramericana a Parmalat”.

En cuanto a la solicitud de indemnización, si bien vista de manera aislada “refleja simplemente una solicitud de pago, lo que por supuesto no implica que el pago solicitado se haya hecho”, en unión con los demás elementos permitiría establecer una coincidencia entre la reclamación y la satisfacción contenida en los otros documentos, dándoles mayor credibilidad.

Al haber tratado estos elementos como piezas insulares “omitiendo valorarlo en conjunto con los demás medios de convicción que obran en el proceso (...) violó lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil”, por lo que cita criterios jurisprudenciales de 27 de julio de 2007 y 25 de mayo de 2010, expedientes 1999-02288 y 2004-00556.

5. Cometió error de hecho al estimar que “no se acreditó en debida forma el valor de la pérdida sufrida por Parmalat como consecuencia de los hechos de 25 de agosto de 2005” pues desconoció pruebas “inexplicablemente” y tuvo “por no demostrado un hecho que objetiva, material y realmente estaba acreditado en el expediente”.

Así lo establecía la certificación de 8 de septiembre de 2005, expedida por el jefe del departamento de contabilidad de Parmalat, en la que se “hace referencia al valor de la mercancía hurtada de manera específica” y siendo que “el documento no provino del perjudicado, sino de un funcionario suyo” ya que al no ser “representante legal y en su condición de funcionario de esa compañía no se vio afectado por el hurto”.

El informe de ajuste que la tuvo en cuenta también podía ser utilizado con ese propósito, toda vez que se basó “tanto en la información contable como las aclaraciones suministradas por el asegurado, y no solo los documentos antes mencionados”; así como la denuncia formulada y en la que “el valor de la mercancía no lo imagina o lo supone el denunciante, lo extrae de una factura con la que se contaba como documento del transporte”.

“Así las cosas, los mencionados documentos (certificación contable, informe de ajuste y denuncia penal) demuestran claramente el valor de la pérdida, es decir, la cuantía del perjuicio, documentos que el tribunal mutiló en su valor demostrativo, pues pese a que objetivamente ellos demuestran el valor de la mercancía hurtada, el ad quem vio otra cosa, lo cual indudablemente constituye un error de hecho”.

6. La trascendencia de los errores endilgados radica en que “de no haber incurrido en ellos, el Tribunal habría tenido por probados tanto el pago de la obligación indemnizatoria, como el valor de la mercancía hurtada, es decir, el valor de la pérdida sufrida por el asegurado como consecuencia del incumplimiento del contrato de transporte (...) y, por ende, estaban dados los presupuestos para la prosperidad de la acción subrogatoria, máxime cuando el contenido de dichos documentos nunca fue puesto en entredicho por el extremo demandado”.

Consideraciones de la Corte

1. En ejercicio de acción de subrogación Compañía Suramericana de Seguros S.A. solicita el reembolso de doscientos diecisiete millones setecientos treinta y dos mil doscientos diez pesos ($ 217’732.210) cancelados a Parmalat Colombia Limitada, frente a la ocurrencia de siniestro en virtud a incumplimiento de contrato de transporte de mercancía celebrado por esta con Trans SRC & Cía. S. en C., quien a su vez contaba con el respaldo de Seguros del Estado S.A.

2. La sentencia de segunda instancia confirmó la del a quo que negó las pretensiones, a pesar de considerar deficiente la valoración probatoria que este hizo del contrato de seguro entre Parmalat Colombia Ltda. y Suramericana, en atención a que “no se acreditó en debida forma el pago de la indemnización por parte de la Compañía Suramericana de Seguros S.A. a favor de Parmalat Colombiana Ltda., ni el monto de los perjuicios que a esta última sociedad le ocasionó la falta de entrega de la mercancía transportada”.

3. La recurrente arremete contra la decisión argumentando que hubo falta de valoración de unos documentos, al equivocarse en su calificación jurídica, y se restringió el alcance de otros, que, apreciados en debida forma, hubieran generado el convencimiento de que estaba cuantificado el “perjuicio” y el “pago de la indemnización” se materializó.

4. Si bien es admisible dentro del trámite de este recurso extraordinario que dentro de un mismo ataque se conjuguen de manera simultánea vicios de iure y de facto, siempre y cuando correspondan a diferentes elementos de prueba, su formulación debe cumplir con los parámetros que le son propios a cada uno de ellos, así “(...) ‘el error de derecho excluye la preterición y la suposición de prueba, bases estas que sustentan el error de hecho; y se presenta en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’ y que, por tanto, ‘el error de hecho y el de derecho, en materia de apreciación probatoria que por vía indirecta lleva a la violación de norma sustancial, no pueden ser confundidos. El error de hecho implica que en la apreciación se supuso o se omitió una prueba, mientras que el de derecho entiende que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’” (sent., oct. 19/2000, reiterada jul. 7/2011, exps. 5442 y 2000-00121).

5. No tienen buen suceso los argumentos expuestos en la demanda que se estudia por las razones que pasan a consignarse:

a) En relación con los “errores de derecho” frente a la prueba documental con el cual se buscaba acreditar el pago de la indemnización, la inconformidad se ciñe a considerar que el mismo es de contenido declarativo y no dispositivo, como lo calificó el ad quem, motivo por el cual debía ser apreciado sin necesidad de ratificar su contenido, máxime cuando esto no había sido solicitado por sus contradictores.

Conforme al desarrollo normativo de los medios de convicción, se tienen por establecidas distintas categorías de documentos que responden a la naturaleza de quien los expide, esto es, públicos o privados; la relación procesal, o sea, si son de parte o emanados de terceros; y la información que contienen, ya por ser representativos, declarativos o dispositivos. Claro está que en un solo documento es posible que se configuren varias especificidades, por lo que se pueden aportarse indistintamente instrumentos públicos o privados, en los que hayan intervenido o no los contradictores y que contemplen manifestaciones de voluntad, narraciones o simplemente escenifiquen algo que tenga relevancia para el debate.

La anterior clasificación tiene trascendencia en el marco de la valoración probatoria que corresponde al fallador, toda vez que no es equiparable el dicho de quien interviene activamente en el debate litigioso frente a lo expresado por quien es ajeno al mismo, de ahí que cuando se pretenda hacer valer “documentos privados de terceros de naturaleza dispositiva o simplemente representativa”, su “estimación” solo es viable si se tiene certidumbre sobre su procedencia, ante su reconocimiento, en los términos de los artículos 252 y 277 del Código de Procedimiento Civil, normas que también contemplan una presunción de autenticidad que los libera de igual carga para aquellos de “contenido declarativo”.

En el fallo de 18 de marzo de 2002, expediente 6649, la Corte expuso que “siguiendo las directrices trazadas por el legislador en el capítulo VIII del título XIII de la sección III del libro II del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que en el Decreto 2651 de 1991, algunas de cuyas disposiciones fueron acogidas por la ley 446 de 1998 (arts. 10 a 13), fácilmente se advierte que, en orden a otorgarle valor probatorio a un documento privado, debe el Juez distinguir la naturaleza de su contenido. Con este específico propósito, ya ha precisado la Sala: ‘sabido es que los documentos son simplemente representativos cuando, sin plasmar narraciones o declaraciones de cualquier índole, contienen imágenes, tal como acontece con las fotografías, pinturas, dibujos, etc. Y son declarativos, cuando contienen una declaración de hombre y en tal caso se les suele clasificar en dispositivos y testimoniales, según correspondan a una declaración constitutiva o de carácter negocial (los primeros), o a una de carácter testimonial (los segundos)’ (CCXXII, pág. 560). (...) En tratándose de los documentos de naturaleza dispositiva y representativa, su valor probatorio dependerá de la autenticidad, sin importar si provienen de una de las partes o de un tercero, según lo establecen los artículos 277, numeral 1º y 279 del código de los ritos civiles, así como el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, que reprodujo —con algunas modificaciones— lo otrora establecido en el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991. Por consiguiente, mientras no se tenga certeza sobre quién es el autor del documento, no se le podrá dar crédito a su contenido, en los términos de los artículos 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio, por supuesto, de la valoración que debe hacer el Juez conforme a las reglas de la sana crítica, según lo impera el artículo 187 de dicha codificación. (...) Por el contrario, cuando se trate de documentos declarativos, su eficacia probatoria estará condicionada al carácter auténtico del mismo, únicamente cuando provenga de una de las partes, tanto más si son de contenido confesional; pero si dichos documentos emanan de un tercero, podrá el Juez estimarlos ‘sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación’, según lo dispone, expressis verbis, el numeral 2º del artículo 10 de la ley 446 de 1998, trasunto —en lo pertinente— del numeral 2º del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991. En este sentido la Corte recientemente ha señalado que, ‘si el documento proviene de un tercero, la posibilidad de apreciarlo está dada por su naturaleza, como quiera que solo cuando son de contenido dispositivo o representativo, se requerirá que sean auténticos (art. 277 ib., num. 1º), mientras que si son simplemente declarativos, podrá el juez concederles valor, siempre que la parte contra quien se oponen no solicite, oportunamente, su ratificación (L 446/98, art. 10, num. 2º, derogatorio del num. 2º, art. 277 ib.)’ (se subraya(sic); cas. civ., sep. 4/2000; Exp. 5565). (...) Expresado de otra manera, en lo tocante con su eficacia probatoria, ninguna norma procesal ha exigido la autenticidad de los documentos declarativos emanados de terceros que, ‘por sus características especiales, han tenido una regulación también particular que, en la legislación permanente, ha consistido en asimilarlos a los testimonios para efecto de su ratificación (o, más bien, su recepción directa), salvo cuando, por acuerdo de las partes se acepta el documento como tal (CPC, arts. 277, num. 2º, y 229 inc. 2º)’ (CCXLIII, págs. 297 y 298). Pero a partir de la vigencia del decreto especial de descongestión antes aludido, ‘Esa ‘ratificación’, que en realidad consiste en recibir una declaración testimonial juramentada, fue la que se relegó..., con la salvedad de que debe producirse siempre y cuando la parte contra quien se presenta lo solicite de manera expresa. En caso contrario, el documento será estimado por el juez, sin ninguna otra formalidad’ (se subraya(sic); CCXXII, pág. 560). En suma, ‘El requisito de autenticidad, por otros medios que la censura echa de menos, está reservado para verdaderas copias y para los documentos de naturaleza dispositiva o simplemente representativa (art. 254 y 277-1 ib.)’ (CCXXXVII, pág. 879)”.

Frente a tal postura no se observa ninguna contradicción en los planteamientos del fallador de segundo grado al resaltar que en el material “dispositivo emanado de tercero” la “valoración probatoria está condicionada a su autenticidad” (fl. 54 cdno. 4), sin que se vislumbre inconformidad en tal sentido por quien impugna ni se aduzca que los “documentos que por una equivocación en su calificación dejó de valorar” sean “auténticos”, limitando su alcance a que no se les tuvo como de contenido “declarativo”.

No existe lugar a discusión frente a que el estatuto procesal civil diferencia los términos “declarativo” y “dispositivo”, sin que se pueda considerar al uno como género y al otro como especie, por lo que los pronunciamientos de esta Corporación sobre la materia a los que se refiere la demanda, esto es, las sentencias de 28 de mayo de 1993, 18 de marzo de 2002 y 23 de enero de 2006, más que contradictorios son complementarios, con la claridad de que para los fines demostrativos se especifica que los “documentos declarativos” a que refieren las normas son los “testimoniales” en razón de lo que representan.

Es más, sobre la diferencia conceptual entre ambos términos dejó esclarecido la Sala que “[t]oma, pues, la prueba examinada, el carácter de documento emanado de un tercero y simplemente declarativo, en cuanto, ese tercero, hace constar hechos sucedidos y constatados por él que no implican actos dispositivos de voluntad encaminados a producir un determinado efecto jurídico. En esa medida tiene un significado testimonial, cuyo valor probatorio deviene precisamente de que su contenido haya cumplido la exigencia de la ratificación mediante las formalidades de la prueba de testigos, a fin de que sea apreciado en la misma forma que los testimonios, cual lo establece el numeral 2º del artículo 277, del Código de Procedimiento Civil” (fallo de sep. 15/95, Exp. 4271).

En conclusión, cuando se allega un documento para ser tenido en cuenta en la solución de la litis y este provenga de terceros, es imprescindible para el fallador entrar a realizar las disquisiciones sobre su naturaleza para que, una vez definida, pase a establecer sus alcances de convicción, lo que puede tener una incidencia en su valoración objetiva que lo conduzca a tener por “declarativo” el que sea “dispositivo” o viceversa. Una equivocación de tal envergadura solo puede ser establecida en casación mediante el uso de la vía indirecta por error de hecho, al corresponder a una suposición del medio de prueba.

Consecuentemente, se incurrió en este caso en una falencia técnica al señalar como “error de derecho” el que el tribunal tuviera como “dispositivos” los documentos con los que se pretendía acreditar el pago de la indemnización, cuando en su exposición el recurrente procede a sopesar el contenido de los mismos con el fin de establecer que en realidad son “declarativos”.

Al respecto señaló la Corte que “[e]s palmar que en el primero de los cargos el recurrente plantea como cuestión toral que el tribunal incurrió en error de derecho puesto que no podía apreciar, como lo hizo, el escrito contentivo del contrato de prestación de servicios del demandante con Colseguridad Ltda., para fundar la condena por lucro cesante, debido a que emanaba de un tercero, era de carácter dispositivo, que no declarativo, y que, por consiguiente, necesitaba del reconocimiento correspondiente, todo según lo previsto, principalmente, en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, frente a lo cual no podía aplicarse el precepto 22 del Decreto 2651 de 1991, que solo exime de reconocimiento a documentos declarativos. (...) Quiere decir, entonces, que los reparos aludidos describen no propiamente un yerro de derecho, que supone que el juzgador ha contemplado materialmente la prueba y que en esa fase objetiva no hay reconvención por hacerle, sino un error de hecho, que se configura cuando, como aquí, la censura entabla una contienda con miras a establecer que los documentos apreciados por el tribunal tienen carácter dispositivo, no declarativo, desde luego que la riña en el punto solamente puede zanjarse auscultando el contenido material y objetivo del respectivo documento, lo que pone al descubierto que el asunto cae sin duda en al aspecto fáctico, ajeno por completo a cualquier contemplación jurídica de las pruebas. Tan cierto es ello que el recurrente en pos de la demostración del primer cargo, acude al contenido mismo del documento en que se fundó el sentenciador”.

b) No obstante lo anterior, de sopesar la verdadera esencia de los documentos a que refiere este apartado del ataque, se aprecia que tampoco fue arbitrario el análisis del ad quem, toda vez que las piezas obrantes a folios 32, 86 y 196 a 198 del cuaderno 1, consistentes en recibo de egreso 4347653, solicitud de indemnización de 27 de septiembre de 2005, relación de movimiento contable correspondiente a ese mes y recibo de caja 023335, contienen información encaminada a producir efectos jurídicos, como lo era el reconocimiento del siniestro y la materialización del pago pretendido, sin que sea de recibo el argumento de que en ellos solo aparecen constancias o testimonios de tales hechos.

Respecto al “informe movimientos tiempo real”, el mismo corresponde a una copia autenticada de una impresión enviada vía fax de la gerencia de Parmalat a Amparo Moreno, sin que se pueda establecer en el mismo quién es su responsable o cuál es su origen (fl. 198, cdno. 1).

c) Frente a la comunicación de 28 de mayo de 2009 (fl. 302), correspondiente a respuesta dada por el representante legal de Parmalat Colombia Ltda. a los oficios librados por el a quo, en cumplimiento de auto de decreto de pruebas a instancia de la demandante (fls. 115, 254, 261 y 301), tal pieza, como bien lo advirtió su superior, no correspondía a una certificación en los términos del artículo 278 del Código de Procedimiento Civil que “solo tiene lugar en relación con bancos e instituciones de crédito y sobre operaciones comprendidas dentro del giro de sus negocios”.

Sin embargo, no se puede pasar por alto que, contrariamente a lo señalado en el fallo, el mismo no constituía prueba documental y no podía ser analizado desde esa perspectiva, como en reciente pronunciamiento dejó sentado la Corte al advertir que “Para que un escrito pueda ser calificado como ‘documento’ debe tenerse en cuenta que tal condición solo se atribuye a las manifestaciones consignadas de manera espontánea y libre, con carácter informativo o expositivo, haciendo constar situaciones concretas pero sin intereses probatorios, toda vez que cuando rebasan tal limite derivan en otros medios de convicción como lo es la pericia, la inspección, la declaración o la rendición de informes técnicos, los cuales, una vez practicados dentro de actuaciones judiciales o administrativas, quedan materializados, sin que pueda haber lugar a confusión en relación con su naturaleza” (sent., dic. 19/2011, Exp. 2009-00919).

Por tal razón, como el contenido de la citada comunicación se refería de manera expresa a las preguntas formuladas por una de las partes a un tercero, una vez provocada la litis y sobre asuntos de su conocimiento que tenían relación con lo debatido, correspondía en su categoría a prueba testimonial y así debió ser contemplada, sin consideración a la irregularidad en su práctica, avalada por el silencio de los demás intervinientes.

De todas maneras, en atención a que la inconformidad expuesta se limitó a que dicho medio corresponde a un “documento declarativo”, pasando por alto la anterior situación, no puede entrarse a establecer su verdadero alcance.

6. En vista de que no prospera el ataque planteado de incurrir por parte del tribunal en error de derecho en la apreciación del caudal probatorio, relacionado con la acreditación del pago de la indemnización por parte de la Compañía Suramericana de Seguros S.A. a favor de Parmalat Colombiana Ltda., queda enhiesto el fallo cuestionado pues no se demostró en debida forma tal situación. Por esa razón, constituyendo este uno de los presupuestos indispensables para la prosperidad de la acción de subrogación promovida, cuya carencia de sustento soporta el resultado desfavorable para la accionante, no es necesario analizar la acusación frente a los “errores de hecho” en la valoración material de los elementos de convicción relacionados con la cuantificación del perjuicio.

Como lo tiene explicitado la Corte “cuando se trata de la causal primera de casación, en cualquiera de las especies de violación de las normas sustanciales a que ella se contrae, los reproches formulados deben comprender todos y cada uno de los fundamentos de la providencia en los que ella se sustenta, en el claro entendido de que si cualquiera de estos se pretermite o se ignora o de alguna manera subsiste para mantenerla en pie, no hay lugar a quebrarla, toda vez que la Corte, dado el carácter dispositivo y restricto propio del recurso extraordinario, tampoco puede de oficio completar la tarea recortada que a ese respecto se le proponga” (sent., nov. 22/2011, Exp. 1999-17985).

7. El cargo, entonces, no prospera.

8. Teniendo en cuenta que la decisión es adversa, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el precepto 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a la impugnante, en las que se incluirán las agencias en derecho respectivas que se fijarán en esta providencia, observando que el libelo fue replicado (fls. 58 a 69 y 71 a 90).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de octubre de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por la Compañía Suramericana de Seguros S.A. contra Trans SRC & Cía. S. en C. y Seguros del Estado.

Costas a cargo de la parte recurrente, las que serán liquidadas por la secretaría, teniendo en cuenta que las agencias en derecho se estiman en seis millones de pesos ($ 6’000.000).

Notifíquese y devuélvase».