Sentencia 2007-00495/43586 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 190012331000200700495 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 43586

Actor: Justo Guejia Taquinás y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6 La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en un proceso que, por su cuantía, tiene vocación de doble instancia ante esta corporación(3).

6.1 En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue la única en apelar la decisión de primera instancia, la Sala, en principio, se limitará a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(4) del C.P.C.

6.2 No obstante, al admitir dicha regla ciertas excepciones derivadas, por una parte, de la facultad del juzgador de segunda instancia para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la apelación y, de otro lado, de los diferentes cuerpos normativos que impongan el deber de pronunciarse de oficio —normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y normas legales de carácter imperativo—, en el evento en que las especificidades del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión(5). En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(6), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(7), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.

3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…)(8).

6.3 Asimismo, se debe aclarar que debido a que el objeto de debate se circunscribe a la muerte de Víctor Hugo Guejia Toconás, en el marco del conflicto armado interno en Colombia y mientras prestaba su servicio militar obligatorio, el presente asunto puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesiones del 25 de abril de 2013 y del 26 de enero de 2017(9).

II. Validez de los medios de Prueba

7 En relación con la totalidad de los medios probatorios obrantes en el plenario, conviene precisar lo siguiente:

7.1 Al expediente se aportaron pruebas documentales que a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del C.P.C., serán valoradas libremente por la Sala. Al respecto, conviene recordar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación, siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.// Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad(10).

III. Los hechos probados

8 De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1 Mediante la Resolución 11 del 7 de junio de 2004, el señor Víctor Hugo Guejia Toconás se vinculó a la Policía Nacional como auxiliar regular de policía, para efectos de prestar el servicio militar obligatorio, y fue adscrito al Departamento de Policía del Cauca, específicamente, a la estación de policía de Almaguer, Cauca (copias del informe administrativo prestacional por muerte Nº 11 del 22 de octubre de 2005, de la constancia suscrita por el secretario del Grupo de Talento Humano de la Policía Nacional del 13 de abril de 2007, y de la Resolución 1283 del 26 de diciembre de 2006, por medio de la cual se le reconoció pensión por muerte a beneficiarios del auxiliar regular de policía Víctor Hugo Guejia Toconás, expedida por la Policía Nacional; f. 8-10, 12, c. 1; 11-13, c. 2).

8.2 El 23 de agosto de 2005, alrededor de la 1:05 a.m., miembros de las FARC y del ELN iniciaron un ataque en contra de la estación de policía referida, el cual se prolongó hasta las 4:00 a.m., momento en el que intervino un avión fantasma en apoyo de los miembros de la fuerza pública. Durante el referido combate, se perdió contacto con la garita de guardia Nº 3, en la cual prestaba labores de centinela el auxiliar regular de policía Víctor Hugo Guejia Toconás, quien portaba un “fusil Colt M -16-A1, calibre 5.56, distinguido con el número 3413775, con cinco proveedores metálicos para el mismo y 500 cartuchos cal 5.56 de reserva”, contacto que fue imposible restablecer debido a que esa zona se encontraba invadida por los insurgentes. Inmediatamente a la finalización de la contienda, en la garita aludida se halló el cadáver del auxiliar Guejia Toconás, junto a su arma de dotación oficial (copias del registro civil de defunción de Víctor Hugo Guejia Toconás, del informe administrativo prestacional por muerte Nº 11 del 22 de octubre de 2005, de la constancia suscrita por el secretario del Grupo de Talento Humano de la Policía Nacional del 13 de abril de 2007, de la Resolución 1283 del 26 de diciembre de 2006, por medio de la cual se le reconoció pensión por muerte a beneficiarios del auxiliar regular de policía Víctor Hugo Guejia Toconás, expedida por la Policía Nacional, del oficio Nº 1242 del 8 de junio de 2008 suscrito por el comandante del Departamento de Policía del Cauca, y de las páginas del libro de minuta de la estación de policía objeto de ataque; f. 7-10, 12, c. 1; 11-13, 16- 26, c. 2).

8.3 Con ocasión de las circunstancias descritas, se expidió la Resolución 283 del 13 de septiembre de 2005, en virtud de la cual se retiró al auxiliar regular Víctor Hugo Guejia Toconás “por MUERTE EN SERVICIO ACTIVO”. Posteriormente, el comandante del Departamento de Policía del Cauca, por medio del informe Nº 11 del 22 de octubre de 2005, aclaró que el auxiliar regular de policía Víctor Hugo Guejia Toconás se encontraba prestando el servicio militar obligatorio para el instante de su defunción, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º(11) de la Ley 447 de 1998 y 34(12) del Decreto 4433 del 2004, calificó su fallecimiento como “MUERTE EN COMBATE”.

8.3.1 El 29 de noviembre de 2005, los señores Justo Guejia Taquinás y Diocelina Toconás fueron notificados personalmente del contenido del anterior informe, y se les hizo saber que contra la misma procedía “la solicitud de cambio de calificación ante el señor Director General de la Policía Nacional”.

8.3.2 Mediante Resolución 1238 del 26 de diciembre de 2006, la Policía Nacional reconoció y ordenó pagar a los actores Justo Guejia Taquinás y Diocelina Toconás, en calidad de padres del auxiliar regular Víctor Hugo Guejia Toconás, una pensión vitalicia mensual consistente en la suma equivalente a un salario y medio mínimo mensual vigente, a partir del 23 de agosto de 2005, toda vez que para el momento de su defunción, se encontraba prestando el servicio militar obligatorio. De otra parte, negó la solicitud de reconocimiento y pago de pensión presentada por la señora Arely Cecilia Montano Molano, quien adujo haber sido la compañera permanente del occiso aducido (copias del informe administrativo prestacional por muerte n.º 11 del 22 de octubre de 2005, de la diligencia de notificación personal llevada a cabo el 29 de noviembre de 2005, y suscrita por los referidos demandantes Justo Guejia Taquinás y Diocelina Toconás, de la constancia suscrita por el secretario del Grupo de Talento Humano de la Policía Nacional del 13 de abril de 2007, y de la Resolución 1283 del 26 de diciembre de 2006, por medio de la cual se le reconoció pensión por muerte a beneficiarios del auxiliar regular de policía Víctor Hugo Guejia Toconás, expedida por la Policía Nacional; f. 8-12, c. 1; 11-13, c. 2).

8.4 El 15 de abril de 2007, la directiva del cabildo indígena de Tacueyó, municipio de Toribio, Cauca, certificó que (i) Víctor Hugo Geujia Toconás fue comunero del resguardo de Tacueyó; (ii) durante el período en que hizo parte de la comunidad —el cual no precisó— conservó los usos y costumbres del resguardo; (iii) “no tuvo problemas con la comunidad del resguardo ni con la vereda”, y (iv) era soltero. Asimismo, se precisó que tal constancia se expedía para trámites judiciales (original del certificado expedido por las directiva del cabildo indígena de Tacueyó el 15 de abril de 2007; f. 13, c. 1).

IV. Problema jurídico

9 Con observancia del contenido del fallo de primera instancia, en el cual se tuvo por configurada la caducidad de la acción respecto de la demanda presentada por los actores en ejercicio de la acción de reparación directa, y teniendo en cuenta el recurso de apelación interpuesto por ellos mismos, a la Sala le corresponde pronunciarse en relación con el ejercicio oportuno de su derecho de acción o, en otras palabras, determinar si se concretó dicho fenómeno jurídico, caso en el que se impondrá confirmar la denegatoria de las pretensiones elevadas en el libelo introductorio.

9.1 Para el efecto, se tendrá en cuenta (i) el plazo en que se tiene para ejercer válidamente el derecho de acción a través del medio de control de reparación directa, punto en el que se revisará el marco de aplicación de ese deber en cuanto a la generalidad de la sociedad, en especial, respecto de integrantes de comunidades indígenas; (ii) el momento de ocurrencia del hecho dañoso en virtud del cual se deprendió la muerte de Víctor Hugo Guejia Taconás, (iii) la fecha del empleo del derecho de acceso a la administración de justicia por parte de los demandantes, y (iv) las circunstancias invocadas en el recurso de apelación para justificar su ejercicio en el momento en que ello tuvo lugar, con el objeto de estimar si con fundamento en éstas se puede entender que los demandantes elevaron sus pretensiones de manera oportuna.

V. Análisis de la Sala

10 El legislador, en uso de su libertad configurativa, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y la no paralización del tráfico que se traba entre los administrados, instituyó la caducidad de la acción como una figura que limita temporalmente el derecho de acceso a la administración de justicia, en el sentido de que éste se torna inoperante cuando no se utiliza en el período determinado por la ley para su uso.

10.1 Ciertamente, así como a todos los derechos y libertades reconocidos en la Carta Política le son inherentes ciertas responsabilidades, los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales han sido desarrollados por la ley, tienen como deber correlativo, de conformidad con el artículo 95(13) de la Constitución Política, que las personas y los ciudadanos que los ostentan colaboren con los órganos judiciales y la administración de justicia, deber constitucional a partir del cual se creó a nivel legal la caducidad de la acción.

10.2 Dicho fenómeno, como se advirtió, consiste en un plazo objetivo y preclusivo dentro del cual resulta posible acudir a la jurisdicción con el objeto de elevar ciertas pretensiones para hacer efectivo un derecho conculcado u obtener una declaración judicial en específico y, que una vez se encuentra finalizado, hace que tal facultad se extinga.

10.3 De esta manera, el instituto procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, puesto que se fijó legalmente como un límite objetivo del derecho de acción que no admite renuncia alguna y que por consiguiente, su vencimiento debe ser declarado de oficio por el juez cuando verifique la conducta inactiva del sujeto llamado a accionar, incluso en contra de su voluntad(14). Al respecto, la Corte Constitucional ha destacado:

16. Ahora bien, acorde con el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la norma superior como puede ser el caso del debido proceso y del acceso a la justicia, implica así mismo el ejercicio de responsabilidades que también se pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial(15). Es válido entonces que en los diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de justicia(16), que sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente legítimas.

(…) Esas cargas son generalmente dispositivas, por lo que habilitan a las partes para que realicen libremente alguna actividad procesal, so pena de ver aparejadas consecuencias desfavorables en caso de omisión. (…) De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la exigencia de sus derechos en un término procesal específico, o con requerimientos relacionados con la presentación de la demanda, —circunstancia que se analizará con posterioridad en el caso de la prescripción y de la caducidad o de las excepciones previas acusadas—, son cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos predichos.

(…) El interés del legislador, al atribuirle estas consecuencias al paso del tiempo, es entonces el de asegurar que en un plazo máximo señalado perentoriamente por la ley, se ejerzan las actividades que permitan acudir a quien se encuentra en el tránsito jurídico, a la jurisdicción, a fin de no dejar el ejercicio de los derechos sometido a la indefinición, en detrimento de la seguridad procesal tanto para el demandante como el demandado. De prosperar entonces la prescripción extintiva por la inactivación de la jurisdicción por parte de quien tenía la carga procesal de mover el aparato jurisdiccional en los términos previstos, es evidente que aunque el derecho sustancial subsista como obligación natural acorde a nuestra doctrina, lo cierto es que éste no podrá ser exigido legítimamente ante la jurisdicción, por lo que en la práctica ello puede implicar ciertamente la pérdida real del derecho sustancial.

24. En el mismo sentido, la figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez en cualquier caso, oficiosamente. En ambos eventos, prescripción o caducidad, los plazos son absolutamente inmodificables por las partes, salvo interrupción legal, sea para ampliarlos o restringirlos (resaltado por la Sala)(17).

10.4 El referido limitante, el cual fue regulado por el Código Contencioso Administrativo para el acceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que halla su fundamento en el deber de colaboración con la justicia que tienen todos las personas y los ciudadanos, conlleva por consiguiente una vocación de generalidad(18), en el sentido de que todos los administrados que deseen acudir a la misma para ventilar las pretensiones que pueden encuadrarse en el ámbito de competencia de las autoridades que la conforman —artículo 82(19) del C.C.A—, deben hacerlo dentro de la oportunidad que la ley les fija.

10.5 De esta forma, el instituto de la caducidad de la acción regulado en la normativa en comento le resulta aplicable a todos aquellos que a través de un proceso jurisdiccional que necesariamente debe ser adelantado ante esta jurisdicción, busquen resolver sus pretensiones originadas a raíz de las actuaciones del Estado, por lo que cabe precisar que dicho fenómeno procesal le resulta igualmente vinculante a aquellos sujetos que detentan la calidad de miembros de una comunidad indígena.

10.6 Ciertamente, no se desconoce que en virtud del pluralismo y de la participación en los cuales se cimienta el Estado colombiano —artículos 1º y 7º de la Constitución Política—, se ha reconocido la especial necesidad de proteger y de garantizar los derechos de quienes hacen parte de comunidades indígenas, en especial debido a que históricamente se les ha perseguido, discriminado, diezmado, o pretendido su homogenización(20), para lo que, entre otras políticas y previsiones particulares(21), (i) se ha propendido por respetar su autodeterminación y autonomía dentro de los límites establecidos por la Constitución Política y la ley —artículos 246 y 329 de la Constitución Política—, visión en virtud de la cual, por ejemplo, se previó la existencia de una justicia indígena para su juzgamiento, cuyo fuero especial puede llegar a excepcionar a las autoridades judiciales ordinarias(22) siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos(23), y (ii) se ha establecido a su favor algunas excepciones al cumplimiento de obligaciones que se imponen a la totalidad de quienes integran el pueblo colombiano —pueblo del cual hacen parte, lo que la Corte Constitucional ha denominado como excepciones por diversidad etnocultural—, como de manera ilustrativa se puede invocar la prestación del servicio militar obligatorio(24) —así lo establece expresamente el artículo 27(25) de la Ley 48 de 1993—, excepción que cabe agregar que no opera frente a todos los indígenas, sino únicamente en beneficio de los que residen en su territorio y conservan su integridad cultural, social y económica(26), sin que ello signifique que no puedan asumir la prestación de ese servicio de manera voluntaria —lo que pudo haber sucedido en el caso concreto, respecto de Víctor Hugo Guejia Toconás—, asunción volitiva en ningún momento se torna en una obligación(27).

10.7 Sin embargo, se advierte que a favor de tales grupos no se determinó una exención general respecto todas las obligaciones, deberes y cargas fijadas en cabeza de quienes se rigen por el ordenamiento jurídico colombiano, dentro de los que se encuentra el deber de acudir oportunamente a la jurisdicción estatal so pena de que opere la caducidad de la acción, carga en cuanto a la cual tampoco se les fijó un tratamiento especial o exceptivo, debido a que ello (i) implicaría su desarticulación en relación con el resto de la Nación —entendida no como persona de derecho público sino como el elemento de población que conforma el Estado colombiano—, y (ii) consistiría en un tratamiento diferencial irrazonable, puesto que no tendría como finalidad proteger su distinción cultural como pueblo con una cosmovisión distinta a la que impera en la generalidad de la sociedad colombiana —motivo que como se observó, justifica las medidas especiales que se han ideado para su protección—, sino que por el contrario, de manera infundada, (i) los excluiría de una carga que resulta equitativa y que se constituyó en pos de finalidades constitucionalmente válidas —la seguridad jurídica y la no paralización del tráfico jurídico—, y (ii) podría llegar a equipararlos a sujetos de capacidad relativa o insuficiente, lo que es completamente inaceptable(28).

10.8 Por consiguiente, si bien los integrantes de las comunidades indígenas tienen derecho a regirse por sus propios procedimientos y preceptos respecto de asuntos en los que se reúnan los requisitos para la operancia del fuero indígena —ver párrafo 10.6—, lo cierto es que frente al resto de conflictos que pueden suscitar un pronunciamiento judicial, como lo son los contenciosos administrativos —ver párrafos 10.4 y 10.5—, se encuentran sometidos a las previsiones establecidas para la generalidad de los ciudadanos —toda vez que se reitera, comparten esa misma calidad— y por ende, es indudable que les asiste el deber de promover oportunamente los procesos contenciosos que deben ser resueltos por esta jurisdicción, dentro del tiempo que establece la ley para ello.

10.9 De otro lado, se debe tener en cuenta que el Código Contencioso Administrativo estableció diferentes tiempos en los cuales es posible acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante los distintos medios de control previstos para esa finalidad, de tal forma que las pretensiones que una persona puede elevar deben ser formuladas dentro de dichos términos, los cuales varían de conformidad con la situación de la que se desprende su interés para accionar —actos administrativos, hechos de la administración o contratos estatales, entre otros marcos situacionales— y la acción que con fundamento en ello le corresponda ejercer(29) —acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de reparación directa o acción de controversias contractuales, entre otros medios de control—, la cual, cabe agregar, no es de su libre escogencia(30).

10.10 Con observancia de lo anterior y a la luz de los elementos propios del sub judice, se advierte que de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A. —luego de su modificación por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998—, para ejercer la acción de reparación directa —la cual fue debidamente escogida por los actores para demandar la reparación de los perjuicios derivados del fallecimiento de Víctor Hugo Guejía Taconás a raíz del ataque perpetrado por los insurgentes a la estación de policía en la cual prestaba su servicio militar obligatorio—, se estableció un término de dos años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa de la cual se desprende el daño, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público, so pena de que se produzca su caducidad.

10.11 En este sentido, la acción referida, en principio, debe ejercitarse dentro de los dos años contados a partir del hecho que da origen al daño y por ende, para la aplicación de la regla mencionada, en la mayoría de los casos resulta suficiente verificar el día en el cual ocurre cualquiera de los eventos descritos —hecho, omisión u operación administrativa—, para proceder a contabilizar el plazo señalado a partir del mismo, sin perjuicio de lo que, bajo circunstancias especiales, es posible que el cómputo del término en mención varíe.

10.12 En efecto, teniendo en cuenta que la acción de reparación directa pretende el resarcimiento o indemnización de un daño, en los eventos en que dicho daño no se genera o no se hace visible de manera concomitante con el hecho, la actuación u la omisión que lo produjo, no sería plausible establecer que el lapso de tiempo para presentar la demanda se contabilice a partir del señalado acontecimiento dañino, en tanto que para ese momento, a la víctima no se le habría generado el menoscabo cuya resarcimiento va a demandar, o no tendría conocimiento de su existencia.

10.13 Debido a lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que en dichos casos, la contabilización del tiempo para la configuración del fenómeno procesal de la caducidad inicia para quien se encuentra llamado a acudir a la jurisdicción, desde el momento en el que ha debido tener consciencia del daño o, en otras palabras, a partir del instante en que éste se le hubiera hecho advertible(31), lo cual se debe precisar que es una circunstancia subjetiva que en ocasiones no es posible verificar, de manera que en cada caso se debe dilucidar la fecha en que es evidente que el afectado tuvo que haberse percatado del mismo, puesto que en forma diáfana existan razones que justifiquen su conocimiento posterior o tardío(32). Al respecto, se ha señalado.

A efectos de la contabilización de dicho término ha de tenerse en cuenta que “por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”(33). Así mismo, que “la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos”(34), de manera que “el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr”(35).

Así mismo, ha dicho la Sala que “debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido”(36). Bueno es recordar igualmente que, según lo ha precisado la Sala(37):

“El hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos(38).”(39)(40)

10.14 De otro lado, se ha determinado que cuando el daño es continuado o de tracto sucesivo, el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa comienza una vez éste ha cesado, a menos de que el afectado lo hubiera conocido tiempo después, evento en el cual aplica la regla mencionada sobre el conocimiento posterior del daño(41).

10.15 En este punto, cabe agregar que se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, del hecho dañoso y de los daños de naturaleza inmediata cuyos efectos o perjuicios se prolongan en el tiempo, o cuando el mismo daño termina por agravarse pero se realizó con mucho tiempo de anterioridad, comoquiera que en estos casos, el menoscabo se concreta ipso facto en un momento determinado, y es a partir del hecho dañoso o de que se conoció el daño —se reitera, en los eventos de que el afectado no lo hubiera podido advertir al momento en que se produjo el hecho dañoso; ver párrafo 10.12 y 10.13—, que el término de caducidad debe empezar a computarse(42).

10.16 Por su parte, si bien como se mencionó, la caducidad de la acción respecto del medio de control pertinente produce efectos en virtud de la ley y no admite sujeción alguna a la voluntad de las partes que conforman el respectivo litigio judicial, no se puede desconocer que desde 1991 —Ley 23 de 1991—, el legislador introdujo al ordenamiento jurídico colombiano el instituto de la conciliación(43), y previó que cuando dicho instrumento de autocomposición se constituye en una actividad preventiva para evitar el inicio del proceso judicial contencioso administrativo, esto es, que se intente una conciliación prejudicial —posteriormente denominada conciliación extrajudicial por el artículo 3º de la Ley 640 de 2001—, el transcurso del plazo en que los interesados pueden demandar la protección o el resarcimiento del bien jurídico del que aluden ser titulares se suspende —no interrumpe—(44), de tal forma que desde la fecha en comento, se estableció un único condicionamiento al carácter continuo de contabilización del término para demandar ante esta jurisdicción.

10.17 Con observancia de lo expuesto, la Ley 640 de 2001 —ley mediante la cual se modificó la conciliación en Colombia y se dictaron otras disposiciones(45), la cual se encontraba vigente para el año en que la parte demandante decidió acceder a la administración de justicia y que por consiguiente, le resulta plenamente aplicable al sub judice—, mantuvo la existencia de la aducida suspensión de los términos de caducidad de la acción en relación con los medios de control en los cuales es posible llegar a un pacto conciliatorio —de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales(46)—, pero modificó sus condiciones, por cuanto dejó de acudir a un plazo en específico en el que no corre el término de la caducidad, para fijar múltiples situaciones o supuestos que delimitan el tiempo en que se entiende suspendido el plazo para demandar a partir de la fecha en que se solicita celebrar la conciliación extrajudicial, y que resultan excluyentes entre ellos.

10.18 Ciertamente, en materia contenciosa administrativa, la ley en comento estableció, de conformidad con su artículo 21(47) y con el parágrafo 2º(48) de su artículo 37, que la petición de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad de la acción hasta que acaezca cualquiera de los siguientes eventos: (i) que se logre el acuerdo conciliatorio, o (ii) que se expidan las constancias a que hacen referencia el artículo 2º ejusdem; o (iii) que se venza el término de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud para celebrar la audiencia de conciliación correspondiente, y (iv) en caso de que tal acuerdo conciliatorio sea improbado por la autoridad judicial respectiva, la suspensión del término de caducidad se prolongará hasta el día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia por la cual se adoptó esa decisión.

11 Con observancia de todo lo expuesto, la Sala advierte que en el caso concreto, los integrantes de la parte actora, en uso del medio de control de reparación directa, elevaron tardíamente sus pretensiones en relación con la muerte de Víctor Hugo Guejia Taconás o, en otros términos, formularon sus peticiones cuando su derecho de acción ya se encontraba caducado.

11.1 Primeramente, conviene aclarar que si bien se podría inferir que los integrantes de la parte demandante ostentan la calidad de indígenas, habida cuenta de que la directiva del cabildo indígena de Tacueyó certificó que su familiar, el difunto Víctor Hugo Guejia Taconás, hizo parte de esa comunidad, de dicha condición no se deriva excepción alguna en cuanto al deber que tenían en su calidad de ciudadanos de haber ejercitado su derecho de acción frente a dicho daño dentro del término que el ordenamiento jurídico previó para ello —carga que tiene el resto de los ciudadanos; ver párrafos 10.4 a 10.8—, so pena de que se les configurara la caducidad de la acción en beneficio de la seguridad jurídica y del tráfico adecuado respecto de los conflictos que se pueden trabar en la vida en sociedad.

11.2 En efecto, en el momento en que a los actores les surgió el interés de demandar por el fallecimiento de su familiar, el que adujeron que provino de una actuación de la entidad estatal demandada y con fundamento en lo cual, justificaron su pretensión de que se le declarara patrimonialmente responsable y por consiguiente, se le condenara a repararlos, es claro que les comenzó a correr el plazo establecido por la el Código Contencioso Administrativo para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo —la cual se encuentra encargada de juzgar al Estado— con la finalidad de hacer efectivos sus derechos, término legal respecto del cual, como se evidenció, no se estableció a su favor excepción o tratamiento diferencial alguno, puesto que se reitera, ello no encuentra justificación alguna en la protección especial que le asiste a las comunidades indígenas derivada de su identidad cultural y étnica.

11.3 El señalado estatuto de lo contencioso administrativo le resulta enteramente aplicable a los actores, lo que adicionalmente parece razonable, pues es con fundamento en esa norma que pretenden que el Estado les resarza los derechos que aducen conculcados como consecuencia de la muerte de Víctor Hugo Guejia Toconás, derechos para cuyo reconocimiento evidentemente tienen que observar las cargas que se establecen a todos los que se encuentran en su misma situación para el acceso a esta jurisdicción.

11.4 Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que el hecho dañoso del cual se desprendió el daño objeto de la demanda, consistente en el ataque que varios insurgentes realizaron en contra de la estación de policía en la que la referida víctima se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, y que según los demandantes, evidenció las actuaciones del Estado que aseveraron que contribuyó a la muerte de su ser querido —el acto de someterlo a un riesgo que se realizó y que no fue aceptado por aquél, y la omisión de garantizar su seguridad en su calidad de conscripto—, se produjo el 23 de agosto de 2005, de tal forma que el plazo de dos años establecido por la ley para demandar feneció el 24 de agosto de 2007 —ver párrafos 10 a 10.3, 10.9 y 10.10—.

11.5 De esta manera, en un primer examen del asunto, le asistió razón al Tribunal de primera instancia al concluir que la demanda presentada hasta el 18 de octubre de 2007 fue radicada extemporáneamente, en consideración a que excedió el referido interregno en el que de conformidad con la norma legal pertinente, operó, de pleno derecho, la caducidad de la acción.

11.6 Ahora bien, en el presente asunto no se configuró ninguna de las dos únicas causales en las que jurisprudencialmente se ha considerado viable contabilizar el término precluyente para accionar de manera posterior a la ocurrencia del hecho dañoso, comoquiera que (i) el fallecimiento demandado no se configuró después de la producción de la situación nociva invocada y acreditada, sino que ambos tuvieron lugar de manera concomitante; (ii) no se probó su conocimiento justificadamente posterior por parte de los accionantes, y (iii) no se trató de un daño de naturaleza continuada, sino que se concretó en un único momento, esto es, el mismo 23 de agosto de 2005, como pasa a explicarse.

11.7 En primer lugar, el menoscabo objeto de la demanda tuvo lugar el día en que se produjo el hecho dañoso, puesto que se ocasionó durante el ataque entablado en contra de las instalaciones en las que se encontraba la víctima, agresión que cabe recordar que se inició a la una de la madrugada de la fecha en comento, y que finalizó alrededor de tres horas después, instante en el que se encontró su cadáver —ver párrafos 8.2 y 8.3—.

11.8 En segundo lugar, no se puede perder de vista que los accionantes no aseveraron haber conocido la muerte de Víctor Hugo después a su producción, lo que en cualquier caso no sería suficiente para computar el término de caducidad en forma diferente a la forma en que manda la ley, puesto que tampoco aportaron al plenario medio probatorio alguno a partir del cual se pueda inferir que justificadamente supieron de ese daño después de su génesis, conocimiento posterior que se debía basar en su imposibilidad real de haber tenido acceso a esa información con anterioridad, daño que cabe agregar que fue notado por la autoridad demandada pocas momentos después de su producción, comoquiera que se percató del mismo de manera inmediata a la finalización de la contienda que se desató y por consiguiente, se podría inferir que dio aviso del mismo a sus familiares de manera oportuna.

11.9 En tercer lugar, es claro que el menoscabo tampoco se trató de un detrimento que se hubiese prolongado en el tiempo, comoquiera que tuvo lugar en un único instante, razón por la cual no se le puede considerar como un daño continuado y por consiguiente, no resulta factible contar el plazo para demandar su reparación en forma ulterior a su cesación, que en cualquier caso, habría ocurrido, como daño de naturaleza inmediata, el mismo 23 de agosto de 2005.

11.10 Con fundamento en lo señalado, se concluye que no es posible aplicar al caso concreto la jurisprudencia invocada por los accionantes en su recurso de apelación, en cuanto a la contabilización del término de caducidad de la acción de forma posterior a la ocurrencia del hecho dañoso.

11.11 Por lo tanto, como se precisó, el lapso de dos años que los actores tenían para accionar comenzó el 24 de agosto de 2005, es decir, un día después de la producción del hecho génesis del daño, término que se extendió hasta el 24 de agosto de 2007, por lo que no cabe duda que la demanda presentada el 18 de octubre de la misma anualidad se interpuso tardíamente.

11.12 En este punto conviene precisar que los actores no acreditaron el haber intentado celebrar una conciliación extrajudicial con antelación al vencimiento del término de caducidad, cuyo trámite para ese momento no se configuraba en un requisito de procedibilidad(49) —trámite que actualmente sí es necesario; artículo 13(50) de la Ley 1285 de 2009—, de lo que se puede concluir que el plazo aducido corrió hasta su finalización sin que operara suspensión alguna.

11.13 Por su parte, en cuanto a los argumentos expuestos por los demandantes en su recurso de apelación con el objeto de justificar su presentación tardía de la demanda, conviene reiterar que la contabilización del término de la caducidad de la acción opera en forma objetiva, de tal forma que los motivos subjetivos que aducen, como la imposibilidad de aportar unas pruebas documentales con la demanda, en principio no podrían tener algún tipo de injerencia en la producción del fenómeno procesal de la caducidad de la acción, puesto que se insiste, éste se produce con el simple pasar del tiempo, incluso en contra de la voluntad o de lo que hagan las partes del proceso.

11.14 Se concuerda con el contenido del concepto Ministerio Público, en el sentido de que el argumento señalado no tiene la potencialidad de alterar el conteo del plazo preclusivo para demandar, toda vez que para el ejercicio del derecho de acción no era indispensable que junto con el libelo introductorio, los actores aportaran las pruebas documentales consistentes en la constancia de educación básica primaria del occiso, y el informe prestacional expedido por el Comando del Departamento de Policía del Cauca, en la medida en que contaban con las demás oportunidades procesales que prevé el ordenamiento jurídico colombiano para ello(51), así como tenían la posibilidad de pedirle al juez que expidiera los oficios correspondientes para su obtención(52), facultades que el apoderado judicial de los accionantes estaba en el deber de conocer y que ante el apremio del vencimiento del plazo de caducidad, bien pudo haber empleado para evitar que operara el fenómeno procesal de la caducidad del derecho de acción.

11.15 Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los accionantes no demostraron su supuesta dificultad para obtener y allegar al plenario los medios de prueba con base en los cuales pretendieron explicar la presentación extemporánea de su demanda y, por el contrario, se encuentra acreditado que uno de ellos se encontraba en su poder desde el mismo año de ocurrencia del daño, es decir, desde el 2005.

11.16 Ciertamente, está probado que los señores Justo Guejia Taquinás y Diocelina Toconás, el 29 de noviembre de 2005, fueron notificados personalmente del contenido del informe administrativo prestacional por muerte Nº 11 del 22 de octubre de 2005 —ver párrafo 8.3.1—, de lo que se sigue que ese documento se les debió haber entregado en esa misma fecha y por ende, no es cierto que hubiesen presentado tardíamente su demanda debido a la demoran en la obtención de ese medio probatorio.

11.17 En consecuencia, los señalados argumentos del recurso de apelación se reducen a meras excusas de los actores para tratar de justificar su ejercicio inoportuno de su derecho de acceso a la administración de justicia, los cuales no pueden salir avante de conformidad con los razonamientos señalados, máxime cuando ello vulneraría el derecho al debido proceso de la entidad demandada, rompería el principio de igualdad frente a otros casos respecto de los que también se habría considerado que se configuró la caducidad de la acción de los demandantes, debido a su uso extemporáneo de su derecho.

11.18 Finalmente, en cuanto a los otros señalamientos del recurso de apelación, conviene señalar que (i) el hecho de que se le hubiese dado trámite a la demanda indebidamente, no inhabilita al operador judicial, al momento de proferir sentencia, para considerar, con fundamento en los elementos probatorios, que se configuró la caducidad de la acción y que por consiguiente, no se puede proferir una decisión favorable a las pretensiones del demandante, tal como ocurrió en el presente asunto, y como lo ha considerado esta corporación reiteradamente en todos los casos en los que se deniegan las pretensiones de los actores por culminación del plazo preclusivo para demandar(53), y (ii) los principios pro damato y pro actione, únicamente permiten excepcionar o relajar la aplicación del fenómeno procesal de la caducidad de la acción, siempre y cuando se tengan dudas sobre su configuración —principios que usualmente se invocan al momento de admitir la demanda en casos cuya contabilización para ese momento se imposibilite, con el objeto de que esas dudas se puedan solventar a lo largo del proceso—(54), pero de ninguna manera pueden ser empleados para obviar su operancia cuando ese instituto se encuentra fehacientemente acreditado, como sucede en el sub judice(55).

12 Con observancia de todo lo advertido, en consideración a que se configuró la caducidad del derecho de acción de los demandantes, se confirmará la sentencia denegatoria de las pretensiones proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

VI. Costas

13 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

14 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida del 18 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 La sumatoria de las pretensiones estimadas en la demanda ascienden a $ 2 825 630 569, cifra que fija la cuantía del proceso de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 2º del artículo 20 del C.P.C. vigentes para el momento de interposición del recurso de apelación, esto es, para el 31 de agosto de 2011 —último numeral del señalado artículo que para esa fecha ya se encontraba modificado por la Ley 1395 de 2010—. Con observancia de la fecha de la apelación, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea de doble instancia ante esta Corporación, su cuantía debe superar los 500 smmlv considerados para la época de presentación de la demanda —2007—, los cuales, en el caso concreto equivalen al monto de $216 850 000, umbral que como se observa, es sobrepasado.

4 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

5 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.// En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

6 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 Acta 10 de la sesión celebrada el 25 de abril de 2013, y acta 2 de la sesión del 26 de enero de 2017.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

11 “A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes”.

12 “A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus ascendientes en primer grado de consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro Público se les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998”.

13 “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.// Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.// Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia (…)”. Al respecto, igualmente consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-662 del 8 de julio de 2004, M.P. (e) Rodrigo Uprimny Yepes y Sentencia C-227 del 30 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

14 El Consejo de Estado ha indicado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.//Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la Administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, exp. 12200, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

15 [25] Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2001. M.P. José Gregorio Hernández.

16 [26] Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000. Álvaro Tafur Galvis.

17 Corte Constitucional, Sentencia C-662 del 8 de julio de 2004, M.P. (e) Rodrigo Uprimny Yepes y Sentencia C-227 del 30 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Igualmente, esa Corporación ha señalado: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya (sic) en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.//Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.//La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

18 “De igual manera, ha de advertirse que la Constitución Política de 1991 no sólo consagra los derechos fundamentales de todas las personas, sino que, además, establece los deberes a cumplir por parte de ellas, de lo cual se ocupa expresamente el artículo 95, cuyo numeral 7º instituye el de colaborar con la administración de justicia.// Ninguna discusión existe sobre este artículo, en cuanto todo ciudadano, y no solo él, sino toda persona residente o de paso por el País, se encuentra obligada por mandato constitucional a colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Corte Constitucional, Sentencia C-776 del 25 de julio de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

19 “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.// La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

20 “Los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. (…) Esta Corte ha advertido que esta protección se deriva de “la existencia de patrones históricos de discriminación aún no superados frente a los pueblos y las personas indígenas; la presencia de una cultura mayoritaria que amenaza con la desaparición de sus costumbres, su percepción sobre el desarrollo y la economía y, en términos amplios, su modo de vida buena (lo que suele denominarse cosmovisión)”. (…) De igual manera, en el auto 004 de 2008, esta Corporación advirtió que los indígenas se encuentran expuestos en el desarrollo del conflicto armado a causa de: “(1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas”. Y ha establecido que “no son menos de treinta las etnias que en este momento pueden considerarse como en estado de alto riesgo de exterminio cultural o físico por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado (…)”. Corte Constitucional, Sentencia T-387 del 28 de junio de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

21 Al respecto, se sugiere la consulta de: Frank Semper, “Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 761-778, consultado el 4 de abril de 2017 en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21731.pdf.

22 A partir del artículo 246 de la Constitución Política, el fuero indígena se ha definido “como un derecho de los miembros de las comunidades indígenas que se adquiere por el hecho de pertenecer a las mismas y que consiste en la posibilidad de ser juzgados por sus autoridades indígenas, con arreglo a sus normas y procedimientos, y cuyo objeto es el juzgamiento acorde con los usos y costumbres de dichas comunidades.”. Corte Constitucional, Sentencia T-685 del 4 de noviembre de 2015, M.P. (e) Myriam Ávila Roldán.

23 “Al respecto ha sostenido en su jurisprudencia que para que la jurisdicción indígena conozca de un caso es necesario que se reúnan los elementos: a) territorial; b) personal; c) institucional y d) objetivo (…) 75. Para determinar si se reúne el elemento personal se debe establecer si las partes en el conflicto son indígenas o si por el contrario pertenecen a la cultura mayoritaria. (…) 76. A diferencia de los casos anteriores el presente asunto se refiere a un conflicto intercultural en el que se encuentran involucrados, por un lado la peticionaria Carmen Elisa Prado, que pertenece a la cultura mayoritaria. Y por otro lado, está el resguardo indígena de Yaramal, y los comuneros Victoriano Leonel Mejía y Rosa Irene Obando, que sostienen el conflicto lo debe decidir la jurisdicción indígena.//77. Los casos en los que esta Corporación ha establecido que la jurisdicción indígena es la competente para conocer de un conflicto, nunca se han referido a una controversia intercultural. Se han referido a conflictos internos de una comunidad. En el presente asunto una de las partes pertenece a la cultura mayoritaria y la otra pertenece al resguardo. Por esa razón el grado de autonomía del resguardo para decidir el conflicto bajo sus reglas se restringe, ya que se debe considerar la posición de la persona que no pertenece a la comunidad. Este aspecto será valorado en conjunto con los demás elementos de la jurisdicción indígena. (…) 81. En síntesis, después de realizar un análisis conjunto de los elementos que integran la jurisdicción indígena, la Sala considera que ésta no es competente para conocer de la controversia. Aunque el Resguardo de Yaramal reúne el factor territorial y el institucional, no cumple con el elemento personal porque una de las partes pertenece a la sociedad mayoritaria. En consecuencia la autonomía de los pueblos indígenas debe ser limitada. Tampoco se satisface el elemento objetivo, porque el conflicto se originó por el ejercicio del derecho a la propiedad privada de dos comuneros del Resguardo indígena de Yaramal”. Corte Constitucional, Sentencia T-548 del 22 de agosto de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

24 “5.1. La jurisprudencia constitucional ha avalado y efectuado excepciones multiculturales a normas que rigen para la generalidad de los colombianos, las cuales ha denominado ‘excepción por diversidad etnocultural’. (…) Así lo ha hecho en materia carcelaria,(…) penal,(…) o de representación política.(…) Los criterios en los cuales se fundan tales excepciones son desarrollo de los mandatos constitucionales relativos a la identidad cultural de tales grupos humanos que la Constitución ordena proteger de manera privilegiada, a la garantía y al respeto de la cultura, las tradiciones y las costumbres de las comunidades indígenas y, en general, a la valoración de la importancia del principio de diversidad cultural. (…) 5.2. Un ejemplo de excepción etnocultural es, precisamente, el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que exime de la prestación del servicio militar a los miembros de comunidades indígenas que habiten en sus territorios y conserven su identidad cultural, social y económica (…)”. Corte Constitucional, Sentencia T-113 del 20 de febrero de 2009, M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez.

25 “Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar://a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes; // b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica”.

26 Dichos condicionamientos fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, puesto que estimó que eran razonables a la luz de la protección que se le debe propender a las comunidades indígenas como grupo, momento en el que aseveró que no tenía justificación que la exención del servicio militar obligatorio recayera sobre el indígena particular que no cumple con las características mencionadas para la perpetuación de su grupo o cultura, puesto que éste, como ciudadano colombiano, se encuentra en la misma situación que los demás ciudadanos y por consiguiente, se radica en su cabeza la obligación en comento. Corte Constitucional, Sentencia C-058 del 17 de febrero de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

27 “7.9. Ahora bien, el hecho de que los indígenas estén excluido del proyecto de servicio militar obligatorio, no quiere decir, que toda persona indígena está excluida del proyecto militar de la Nación. De hecho, ninguna comunidad indígena está excluida, por definición, de tener una relación estrecha con las Fuerzas Armadas, o de participar activamente en el Ejército. Se trata de cuestiones que competen a las comunidades indígenas, consideradas colectivamente e individualmente. Es una cuestión que deberán resolver y definir en su devenir como pueblo, en ejercicio de sus derechos de autogobierno. (…) De hecho, podrían incluso las autoridades tradicionales considerar improcedente que cualquiera de los jóvenes de la comunidad ingresara al Ejército, y tomar medidas en tal sentido, que, en todo caso, los jóvenes mantendrían su derecho de ingresar libre y voluntariamente a formar parte de la institución castrense. (…) 8.3. Cuando un indígena decide prestar servicio, no por ese hecho adquiere ‘la obligación de prestarlo’. En otras palabras, cuando un indígena decide ingresar al Ejército Nacional a prestar servicio, y es aceptado por la institución, se trata de un servicio militar ‘voluntario’, no ‘obligatorio’. En todo caso, como la afectación y el impacto que podría recibir el soldado indígena es significativo, así haya sido su deseo y voluntad ingresar a la institución, él conserva el derecho para, en cualquier momento, dejar de tener la voluntad de querer seguir prestando el servicio militar, en tanto no es para él una obligación permanecer allí” (…)”. Corte Constitucional, Sentencia T-113 del 20 de febrero de 2009, M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez.

28 “A juicio de la Corte la norma acusada no es inexequible por las razones expuestas por los actores sino por tratar a los indígenas como incapaces relativos, tratamiento que deriva, sin duda, de considerar que quienes no son partícipes del mundo de valores prevaleciente en el país y que pudiera comprenderse bajo el rubro genérico de “cultura occidental” son personas menguadas urgidas de tutela paternalista. Tal actitud, ciega para la comprensión de otras formas de vida y otras cosmovisiones, es incompatible con la filosofía pluralista que informa la normatividad básica de 1991, armónica a la vez con el reconocimiento de la dignidad humana como supuesto incontrovertible”. Corte Constitucional, Sentencia C-139 del 9 de abril de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2008, exp. 15845, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

30 “1.2.1. Para dotar de eficacia al derecho de acción, el legislador ha consagrado diferentes tipos de acciones que podrán ser impetradas ante la jurisdicción por los interesados en impulsar un litigio, sin que esto signifique que su escogencia queda al arbitrio del actor sino que dependerá de los fines, móviles y motivos que lleven a su ejercicio, los cuales deben coincidir con aquellos que permite la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 08001-23-31-000-1993-07622-01(19846), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Por su parte, también se ha dicho: “Sobre el punto, es necesario advertir que las distintas acciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo son medios de acceso a la jurisdicción dispuestos por el legislador en consideración a la finalidad perseguida por el eventual demandante y al origen del daño por el cual pretenda reclamar; no son de arbitraria escogencia por aquel, deben corresponder exactamente a la que legalmente proceda”. Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 25000-23-26-000-1994-09827-01(16540), C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez. Sobre debida escogencia de la acción, consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera: auto del 22 de mayo de 2003, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Nº interno 23532, radicación n.º 18001-23-31-000-2002-00084-01; auto del 30 de marzo de 2006, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, n.º interno 31789, radicación Nº 17001-23-31-000-2005-00187-01; y auto del 19 de julio de 2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Nº interno 30905, radicación n.º 25000-23-26-000-2005-00008-01; de la Subsección B las sentencias del 22 de agosto de 2011, 31 de mayo de 2012, 26 de junio y 29 de agosto de 2014, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Nº interno 19787, 23260, 32986, 31401, radicación Nº 1998-01456-01, 1998-05934-01, 2004-01419-01 y 2001-00180-01 respectivamente; entre otras.

31 “Como el derecho a reclamar la reparación del daño sólo surge a partir del momento en que este se produce, resulta razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho dañino, solamente deba contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”. (nota Nº 5, de la sentencia en cita: “En este sentido se pronunció la Sala en providencia del 7 de septiembre de 2000, exp. 13126”)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 54001-23-31-000-1992-07531-01(17631), C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

32 “Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota Nº 9 del auto en cita: “Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación Nº 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón”), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, exp. 54001-23-31-000-2008-0301-01 (38271), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

33 [9] Sentencia del 11 de mayo de 2000. Expediente Nº 12.200. Consejero Ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez.

34 [10] Sentencia del 26 de abril de 1984. Expediente Nº 3393, citada en providencia del 5 de diciembre de 2005.

35 [11] Sentencia de 5 de diciembre de 2005. Expediente No. 14.801. Consejero Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez. En el mismo sentido se encuentra la sentencia 18 de octubre de 2000, Expediente Nº 12.228

36 [12]Sentencia del 29 de enero de 2004. Exp. 18.273. M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

37 [13]Sentencia del 5 de diciembre de 2005. Exp. 14.801. M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

38 [14]Nota original de la sentencia citada: “Expediente 3393. actor: Bernardo Herrera Camargo”.

39 [15] Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radiación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano”.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2010, exp. 13001-23-31-000-1994-09850-01(17815), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2007, exp. 25000-23-26-000-2004-01514-01(31135), C.P. Enrique Gil Botero. Igualmente, revisar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de diciembre de 2009, exp. 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, exp. 54001-23-31-000-2008-0301-01 (38271), C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 73001-23-31-000-1999-00098-01(18287), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

42 En lo que tiene que ver con los daños de tracto sucesivo, de naturaleza inmediata y su diferenciación con la continuidad en sus efectos, perjuicios y agravación del daño, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG), actor: Gloria Patricia Segura Quintero, C.P. Enrique Gil Botero.

43 Institución concebida como el procedimiento por medio del cual un número determinado de individuos entre quienes existe una controversia deciden componerla con la intervención de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de sugerir fórmulas de arreglo, da fe del acuerdo al que lleguen los interesados el cual les resulta obligatorio y definitivo, teniendo en cuenta que los asuntos materia de la conciliación son aquellos susceptibles de transacción, desistimiento, conciliación y los que la ley determine de manera expresa. AL respecto ver artículos 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998 y 19 de la Ley 640 de 200. En relación con las características de la conciliación, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1º de abril de 2004, exp. 25000-23-26-000-2001-02935-01(25853), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

44 Artículo 61 de la Ley 23 de 1991: “Durante el término de la vía gubernativa, el trámite de la conciliación suspenderá el de aquélla durante un plazo que no excederá de sesenta (60) días.//Cuando no fuere procedente la vía gubernativa o estuviere agotada, el procedimiento conciliatorio suspenderá el término de caducidad de la respectiva acción por un plazo no mayor de sesenta (60) días”. Esta norma fue modificada posteriormente por el artículo 80 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor se estableció: “(…) El término de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el despacho del Agente del Ministerio Público, hasta por un plazo que no exceda de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad se entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria (…)”.

45 Ley que empezó a regir un año después de su publicación, esto es, el 5 de enero de 2002, según el artículo 50 de la Ley 640 de 2001: “Esta ley empezará a regir un (1) año después de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”. La ley referida fue publicada en el Diario Oficial 44282 del 5 de enero de 2001.

46 “El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así:// “ART. 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.//PAR. 1º—En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito. // PAR. 2º—No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario”.

47 “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

48 “(…) Cuando se exija cumplir el requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente”.

49 Diligencia que sin perjuicio de que se estableció por la Ley 640 de 2001 como un requisito de procedibilidad para accionar, no entró a ser exigible en esa época, debido a que el Ministerio de Justicia y del Derecho no cumplió con lo dispuesto en el artículo 42 del mismo compendio normativo.

50 “ART. 42A.—A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”.

51 Por ejemplo, pudo haberse traído los documentos que faltaban con la corrección de la demanda, luego de su admisión y durante el término de fijación en lista. Adicionalmente, en relación con pruebas documentales, se ha admitido que los mismos pueden aportarse a lo largo de todo el período probatorio, al punto que la misma legislación procesal civil estableció que cuando ello sucede, se debe expedir un auto por medio del cual se acepte ese medio de convicción, para que a la contraparte le corra el término durante el cual pueda ejercer su derecho de contradicción mediante la tacha de falsedad. Por su parte, debido a que los actores supuestamente tuvieron problemas para adquirir los elementos de convicción invocados en su medio de impugnación, los cuales eran imputables a las entidades estatales pertinentes, tenían la potencialidad de solicitar la ampliación del término probatorio para aportarlos. Al respecto, las normas pertinentes establecen: Artículo 208 del C.C.A.: Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.//Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá directamente con este”.
Artículo 209 C.C.A.: “Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las partes las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas se fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede.//Estos términos se contarán desde la ejecutoria del auto que las señale”.
Artículo 168 del C.C.A.: “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.
Artículo 89 del C.P.C.: “Después de notificado a todos los demandados el auto admisorio de la demanda, ésta podrá reformarse por una vez, conforme a las siguientes reglas: (…) 2. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, así como también cuando, en aquélla, se piden nuevas pruebas. Las demás aclaraciones o correcciones podrán hacerse las veces que se quiera, en las oportunidades y términos de que trata el numeral anterior”.
Artículo 183 del C.P.C.: “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. (…) Si se trata de prueba documental o anticipada, también se apreciarán las que se acompañen a los escritos de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquellos en que se promuevan incidentes o se les dé respuesta. El juez resolverá expresamente sobre la admisión de dichas pruebas, cuando decida la solicitud de las que pidan las partes en el proceso o incidente”.
ART. 289.—“La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia”.
Artículo 184 del C.P.C.: “Si se han dejado de practicar pruebas sin culpa de la parte que las pidió el término señalado para tal efecto se ampliará, a petición de aquélla, hasta por otro igual que se contará a partir de la notificación del auto que así lo disponga.//Vencido el término probatorio o el adicional en su caso, precluirá la oportunidad para practicar pruebas y el juez deberá, so pena de incurrir en la falta disciplinaria respectiva disponer sin tardanza el trámite que corresponda”.

52 Artículo 137 del C.C.A.: “Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: (…) 5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer”.

53 A modo de ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2017, exp. 25000-23-26-000-2000-01135-01(28510), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

54 “No obstante, también la jurisprudencia sostiene que, en aplicación de los principios Pro Actione y Pro Damato y de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, en los eventos en que no exista certeza sobre la fecha a partir de la cual se debe empezar a contar el término de caducidad, corresponde la admisión de la demanda, sin perjuicio de que al momento de decidir el juez pueda volver sobre el punto y declarar la caducidad de la acción (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 30 de julio de 2015, exp. 08001-23-33-000-2013-10290-01(51694), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

55 “Igualmente conviene aclarar que la aplicación del principio pro actione y pro damato resulta pertinente y necesario cuando, en casos excepcionales, aportados elementos fácticos y probatorios del caso, se presentan diversas posibilidades para realizar el conteo de la caducidad, frente a lo que se suscitan dudas razonables para determinar si la demanda fue promovida en tiempo, lo cual no ocurre dentro del sub júdice, toda vez que los elementos de hecho disponibles no dan pie a que exista dicha ambivalencia para efectos de la admisibilidad de la acción, todo lo contrario, es claro para la Sala que aun cuando la parte recurrente omitió aportar todas las fechas relevantes o, en su defecto, las piezas documentales que le permitieran al juzgador realizar el conteo de caducidad, ello no repercute en la conclusión a la que aquí se ha llegado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 8 de julio de 2016, exp. 68001-23-31-000-2012-00552-02(56321), C.P. Danilo Rojas Betancourth.