Sentencia 2007-00502 de agosto 21 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 760012331000200700502 01

Nº Interno: 18338

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de nulidad

Demandante: Luz Marina Echeverry

Demandado: Municipio de Guadalajara de Buga

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Luz Marina Echeverry Cepeda, le corresponde a la Sala decidir si es nulo el “Código 318 servicio de notaría, cámara y comercio 5.0 x mil” contenido en el numeral 1.1.1.2.01 del artículo 5º del Acuerdo 059 de 2006.

Concretamente, le corresponde definir si el servicio notarial es un servicio análogo a los previstos en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 y 21 del Acuerdo 046 de 1999 del municipio de Guadalajara de Buga.

La Sala considera que el servicio notarial es un servicio análogo a los previstos en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 y 21 del Acuerdo 046 de 1999 del municipio de Guadalajara de Buga, por las razones que se pasan a exponer:

De los servicios “análogos” gravados con el impuesto de industria y comercio. Facultad de las entidades territoriales para definirlos.

El impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter territorial que fue regulado in extenso por la Ley 14 de 1983 y luego adoptado en el Código de Régimen municipal (D.-L. 1333/86).

El artículo 32 de la Ley 14 de 1983 dispone que el impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales(2), directa o indirectamente, personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.

El artículo 36 de la Ley 14 de 1983 precisó que, por actividades de servicio debe entenderse lo siguiente:

ART. 36.—Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra - venta y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y vídeo, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho (negrilla fuera de texto).

En la Sentencia C-220 de 1996, la Corte Constitucional decidió: “Declarar exequible la expresión “o análogas” contenida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 199 del Decreto-Ley 1333 de 1986 en el que aparece la misma expresión, la que por las mismas razones, también se declara exequible”.

La Corte, en esa sentencia, partió de la premisa de que todas las actividades industriales, comerciales y de servicios están gravadas con el impuesto de industria y comercio. Y que el listado de las actividades de servicios que previó el legislador en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 es de carácter enunciativo más no taxativo. De manera que, para la Corte, la expresión “o análogas” del artículo 36 de la Ley 14 de 1983 no era indeterminado y, por tanto no vulneraba el artículo 338 de la Carta Política.

La Corte dijo textualmente:

“Adviértase cómo el legislador al referirse a las actividades de servicios que deben pagar el impuesto de industria y comercio, hace una enunciación no taxativa de estas. En consecuencia, la calificación de las actividades “análogas” a las enumeradas en la disposición materia de demanda, que también pueden catalogarse de servicios y, por tanto, obligadas a pagar dicho gravamen, corresponde hacerla a los concejos municipales, como ente facultado constitucionalmente para crear impuestos de acuerdo con lo establecido por la ley (C.N., arts. 1º, 287-3, 313-4 y 338).

(...)

En este orden de ideas la expresión “o análogas”, contenida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, no viola el principio de legalidad tributaria. El recurso a la analogía previsto en la norma demandada se refiere únicamente a la determinación de otras actividades de servicios que siendo semejantes o similares a las enunciadas expresamente, deben ser objeto del impuesto de industria y comercio. Exigir al legislador que enumere todas las actividades de servicios destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad, para efectos de la imposición de dicho gravamen, sería ilógico e irrazonable.

La utilización por parte del legislador de términos como “similares” o “análogas” en las normas tributarias, no implica necesariamente la indeterminación de los elementos del impuesto, ni conduce de manera inevitable a su inconstitucionalidad. Los hechos gravables, los sujetos activos y pasivos, la base gravable y las tarifas de los impuestos pueden no estar determinados en la respectiva disposición, pero ser perfectamente determinables a partir de una referencia, pauta o directriz contenida en la norma creadora del tributo.

(...)

En el caso que hoy se demanda, las actividades de servicios análogas a las consagradas por el legislador en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, que serían objeto del pago del impuesto de industria y comercio, son claramente determinables, pues ha de tratarse de servicios que guarden similitud o semejanza con los citados en dicha disposición. Y como bien lo afirma el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, “estando señaladas por la ley como materia imponible todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, como lo enseña el artículo 32 y calificadas como las califica de industriales, comerciales, o de servicios, la no inclusión en alguno de estos grupos a lo sumo tendría como efecto que se considerara dentro de la norma como 'comercial', pero no escaparía al señalamiento como hecho gravable o materia imponible, como dice la ley” (...)”.

La Corte Constitucional también dijo que las entidades territoriales eran las llamadas a decir cuáles eran los servicios análogos. Dijo la Corte:

“Adviértase cómo el legislador al referirse a las actividades de servicios que deben pagar el impuesto de industria y comercio, hace una enunciación no taxativa de estas. En consecuencia, la calificación de las actividades “análogas” a las enumeradas en la disposición materia de demanda, que también pueden catalogarse de servicios y, por tanto, obligadas a pagar dicho gravamen, corresponde hacerla a los concejos municipales, como ente facultado constitucionalmente para crear impuestos de acuerdo con lo establecido por la ley (C.N., arts. 1º, 287-3, 313-4 y 338).

Con fundamento en las citas transcritas, mediante sentencia(3) que ahora se reitera, la Sala precisó que, corolario de lo expuesto, para la Corte Constitucional las actividades análogas se pueden determinar a partir de actividades que guarden similitud o semejanza con los servicios enlistados en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983. Y, por el hecho de que los servicios análogos son determinables, el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 no viola el artículo 338 de la Carta Política.

Así mismo, para la Corte Constitucional los concejos municipales son los facultados constitucionalmente para calificar qué es una actividad análoga(4).

La Sala entiende la sentencia de la Corte Constitucional en el sentido de que los concejos municipales pueden especificar otros servicios análogos a los previstos en la Ley 14 de 1983. Pero, si los concejos municipales copian en los acuerdos municipales la definición de servicios que trae esa ley, e incluyen el vocablo “análogos”, las autoridades tributarias pueden aplicar la ley y el acuerdo en los casos particulares y concretos en los que adviertan que hay “servicios análogos”, o mejor, que guardan similitud o semejanza con los previstos en la norma nacional y en la territorial. Si la similitud o semejanza está probada, la autoridad tributaria habrá actuado en derecho y los actos administrativos mantendrán la presunción de legalidad. A contrario sensu, si no está probada la similitud o semejanza estará probada la arbitrariedad y, por tanto, habrá lugar a declarar la nulidad de los actos demandados(5).

Si el legislador, al expedir la Ley 14 de 1983, no violó el artículo 338 de la Carta Política por el hecho de haber utilizado la expresión “o análogas”, puesto que, según la Corte Constitucional, no se le puede imponer la carga irrazonable de hacer un listado taxativo de servicios, por las mismas razones no se les puede exigir a los municipios hacer un listado taxativo de los servicios gravados con el impuesto de industria y comercio(6).

En la misma línea argumental, esta Sala ha considerado que es válido que los municipios se limiten, por ejemplo, a definir la actividad de servicio. Y esa circunstancia no hace inaplicable el acuerdo(7).

En efecto, en la sentencia del 23 de julio de 2009(8), la Sala decidió sobre la legalidad del artículo 21 del Acuerdo 083 de 1999 del municipio de Palmira, norma que se circunscribió a definir qué se entendía por la actividad de servicio(9).

En esa oportunidad, la Sala encontró ajustado al artículo 338 de la Carta Política el artículo en cuestión pues, al confrontar el artículo 21 del Acuerdo 083 de 1999 con el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, consideró “(...) que si los concejos municipales pueden definir las actividades de servicio similares a las enunciadas en la disposición superior, en el caso el ente demandado al señalar únicamente y de manera general la definición de actividad de servicio sin precisar como lo hace el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 los actos que quedan comprendidos en tal concepto, no puede afirmarse que vulnere la norma legal ni que constituya un desbordamiento de su potestad tributaria”.

Sin embargo, como al demandante le inquietaba que cierto servicio(10) se entendiera incluido en la norma territorial dada la generalidad de la misma, la Sala, en la sentencia del 23 de julio de 2009 precisó que cuando la norma territorial se limita a definir la actividad de servicio, tal situación no comportaba, per se, que se pudieran entender incluidas “las actividades que el mismo legislador excluyó, como en el caso de los servicios de consultoría prestados por personas naturales, pues como lo ha señalado la Sala en diferentes oportunidades, la potestad impositiva de los concejos municipales no es creativa u originaria ya que está sujeta al principio de legalidad tributaria de conformidad con el artículo 287 de la Constitución Política, es decir que tales corporaciones gozan de autonomía pero dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en la ley(11)(12).

La Sala agregó:

“En efecto, para la Sala la disposición demandada constituye una definición de “actividad de servicio” que no se opone a norma superior alguna en cuanto al concepto que allí se consagra, y su alcance, debe ser entendido e interpretado de acuerdo con las normas superiores del impuesto de industria y comercio, al cual está sometido el acuerdo en estudio. En tales condiciones y en armonía con la Ley 14 de 1983, es que no caben interpretaciones que permitan inferir que el servicio de consultoría prestado por personas naturales se encuentra gravado con el mencionado tributo”.

La Sala llegó a esa conclusión porque la Ley 14 de 1983 precisó, en cuanto a los servicios de consultoría, que estarían gravados en la medida en que fueran prestados por “sociedades regulares o de hecho”, no por personas naturales.

De manera que, para la Sala, cuando la Corte Constitucional dijo que los servicios análogos deben ser precisados por las entidades territoriales no debe entenderse como un mandato imperativo, sino facultativo. Por eso, las entidades territoriales, cuando definan la actividad de servicio, pueden acudir a la definición genérica, a la definición que propuso la Ley 14 de 1983 y acudir al vocablo “análogo”, o detallar los servicios que quiere gravar con el impuesto de industria y comercio.

Si la entidad territorial decide acudir al vocablo “análogo” se deberá interpretar, como lo hizo la Corte Constitucional, en el sentido de que se refiere a actividades que guarden similitud o semejanza con los servicios enlistados en la Ley 14 de 1983 y en la norma territorial.

De la naturaleza del servicio notarial

El artículo 131 de la Carta Política cataloga el servicio notarial como un servicio público que prestan los notarios.

Con ocasión de la demanda de inexequibilidad parcial contra el artículo 2º del Decreto 960 de 1970 (Estatuto del Notario)(13), que precisó que la función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-181 de 1997 precisó sobre la naturaleza del servicio notarial, lo siguiente:

“(...)

El artículo 131 de la Carta Política instituye la función notarial como un servicio público en el que se advierte una de las modalidades de la aludida descentralización por colaboración, ya que la prestación de ese servicio y de las funciones inherentes a él ha sido encomendada, de manera permanente, a particulares, en lo cual la Corte no ha hallado motivos de inconstitucionalidad.

Ahora bien, las atribuciones de las que han sido investidos los notarios implican su sometimiento al régimen jurídico fijado por el legislador y aparejan el control y la vigilancia que ejerce el Estado, encargado por el estatuto fundamental de asegurar la eficiente prestación de los servicios públicos, de promover el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y de garantizar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (C.P., arts. 365, 366 y 2º-7º).

Las decisiones que adopten los notarios pueden ser debatidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, además, los artículos 195 y siguientes del Decreto 960 de 1970 aluden a la responsabilidad civil en la que pueden incurrir siempre que causen daños y perjuicios a los usuarios del servicio por culpa o dolo en la prestación del mismo.

En similar sentido, en la Sentencia C-741 del 2 de diciembre de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero(14), la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

“El servicio notarial como función pública.

3. El servicio notarial implica, conforme lo señala una de las disposiciones acusadas, el ejercicio de la fe notarial, por cuanto el notario otorga autenticidad a las declaraciones que son emitidas ante él y da plena fe de los hechos que él ha podido percibir en el ejercicio de sus atribuciones.

Esta finalidad básica del servicio notarial pone en evidencia que los notarios no desarrollan únicamente un servicio público, como podría ser el transporte o el suministro de electricidad, sino que ejercen una actividad, que si bien es distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, no puede ser calificada sino como una verdadera función pública. En efecto, el notario declara la autenticidad de determinados documentos y es depositario de la fe pública, pero tal atribución, conocida como el ejercicio de la “función fedante”, la desarrolla, dentro de los ordenamientos que han acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de una delegación de una competencia propiamente estatal, que es claramente de interés general.

Esta función es en principio estatal, ya que el notario puede atribuir autenticidad a determinados documentos y dar fe de ciertos hechos con plenos efectos legales únicamente porque ha sido investido por el Estado de la autoridad para desarrollar esa función.

(...)

Esta función de dar fe es además claramente de interés general por cuanto establece una presunción de veracidad sobre los documentos y los hechos certificados por el notario, con lo cual permite un mejor desarrollo de la cooperación social entre las personas, en la medida en que incrementa la seguridad jurídica en el desenvolvimiento de los contratos y de las distintas actividades sociales (...).

(...)

El Consejo de Estado y esta Corte Constitucional han reconocido también que la función notarial es, por su trascendencia y en la medida en que se desarrolla con fundamento en prerrogativas estatales, esencialmente pública. Así, según el Consejo de Estado, “la función que desarrollan los notarios es por esencia una función pública, como que son estos depositarios de la fe pública. Se trata de uno de los servicios públicos conocidos o nominados como de la esencia el Estado”. En el mismo sentido, esta Corte Constitucional ha señalado, en numerosas oportunidades, que la función notarial es pública, a tal punto que “los notarios en el cumplimiento de sus labores relacionadas con la fe publica (sic) les asiste el carácter de autoridades”, ya que en el ejercicio de esas atribuciones ocupan la posición de la autoridad estatal y gozan por consiguiente de las prerrogativas del poder público”.

5. En el ordenamiento colombiano, es indudable entonces que la función notarial es pública, por lo cual el actor yerra al intentar calificar el notariado como un simple servicio público, que no implica el ejercicio de una función pública. Así, es cierto que el artículo 131 de la Carta actual y el artículo 188 de la Constitución derogada definen literalmente la función notarial como un servicio público, pero ello no significa que los notarios no ejerzan una función pública, ya que no se puede establecer una oposición rígida entre los conceptos de “servicio público” y de “función pública”, como si se tratara de términos excluyentes y contradictorios. Así es obvio que estas categorías tienen significados distintos, por lo cual una actividad como el suministro de luz, puede ser un servicio público sin ser el desarrollo de una función pública. Sin embargo, que una labor sea definida por la ley o por la Carta como un servicio público, en manera alguna excluye que esa misma actividad pueda ser también el desarrollo de una función pública. Por ejemplo, el artículo 58 de la Constitución derogada definía la administración de justicia como un servicio público; sin embargo, nadie le negaba por tal razón el carácter de función pública a ese servicio, pues impartir justicia es un típico ejercicio de prerrogativas estatales. En el mismo sentido, la Sentencia C-037 de 1996 de esta corporación declaró la exequibilidad del mandato contenido en el artículo 125 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, según el cual “la administración de justicia es un servicio público esencial”, sin que esto significara en manera alguna, un cuestionamiento de la naturaleza de la justicia como función pública ya que esta es un desarrollo de uno de los cometidos más importantes que corresponden al Estado, como explícitamente lo reconoce esa misma sentencia.

6. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que el servicio notarial es no solo un servicio público sino que también es desarrollo de una función pública, con lo cual la demanda pierde gran parte de sus fundamentos, pues los cargos del actor reposan en gran medida en la afirmación según la cual el notariado no es el desarrollo de una función pública, por tratarse de un servicio público (...)”.

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional se infiere que el servicio notarial tiene las dos condiciones: es servicio público y es función pública(15).

Así lo ha precisado la Sala de manera reiterada(16):

Las precisiones jurisprudenciales puestas de presente, más que descartar el carácter de servicio público del servicio notarial, resaltan, además, el carácter de función pública del mismo; igualmente, puntualizan que las nociones de servicio público y función pública no son excluyentes ni contradictorias, motivo por el cual es dable entender que por ser una función pública la actividad notarial no deja de ser un servicio público; es más bien, un servicio público que envuelve el ejercicio de una función pública, a diferencia de los servicios públicos que no tienen tal alcance, como lo es el servicio público de transporte.

La Sala considera que la actividad administrativa, que consiste en actividades estatales tendientes a desarrollar, cumplir y ejecutar los mandatos constitucionales y los mandatos de la ley, se ejecuta mediante la función administrativa y el servicio público.

La función administrativa implica la ejecución formal o jurídica de los mandatos constitucionales y legales mediante la expedición de actos jurídicos, y el servicio público implica la ejecución material o técnica de los mismos mandatos constitucionales y legales en aras de satisfacer las necesidades sociales(17).

En el caso de la actividad notarial, la Sala considera que se trata de la ejecución formal o jurídica, esto es, se trata de una función pública, la de dar fe.

Además, el notario se vale de toda una infraestructura administrativa para ejecutar la actividad notarial, lo que denota la ejecución material de la función. En otras palabras, denota la prestación del servicio público.

De si los servicios notariales son servicios gravados con el impuesto de industria y comercio.

En la sentencia del 13 de agosto de 1999 (Exp. 9306), que ahora se reitera, se consideró, con fundamento en la Sentencia C-741 de 1998, anteriormente transcrita, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio:

Al margen de lo anterior, y si bien no es materia de decisión en el presente proceso la no sujeción al impuesto de industria y comercio de los servicios notariales alegada por el accionante, la Sala encuentra pertinente reiterar el criterio según el cual se ha considerado que los servicios notariales están gravados con el impuesto de industria y comercio, porque como se dijo antes, independientemente de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, están gravadas con dicho impuesto todas las actividades de servicios, salvo que hayan sido expresamente excluidas por la ley o exoneradas por el acuerdo municipal(18).

La Sala, en esa oportunidad, decidió no anular los actos administrativos mediante los cuales el Distrito Capital había formulado liquidación de aforo a un notario por no presentar la declaración del impuesto de industria y comercio en esa jurisdicción territorial.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado tuvo en cuenta la definición genérica de servicios prevista en el numeral 4º del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993.

En la sentencia del 5 de diciembre de 2003(19), que tuvo en cuenta el a quo para resolver la demanda que ahora se analiza, la Sala reiteró la sentencia del 13 de agosto de 1999.

Valga precisar que en esta sentencia, la Sala decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325, contenida en el artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira.

En el mismo sentido se decidió en la sentencia del 27 de mayo de 2010 (Exp. 17324), en la que la Sala analizó la demanda de nulidad que interpuso la también demandante en este proceso, pero contra apartes del artículo 51 del Acuerdo 044 del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, Valle, que fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para el servicio de notarías.

La Sala, en esta oportunidad, reitera que el servicio notarial, tal como se precisó anteriormente, es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.

Del caso concreto

Mediante el Acuerdo 046 de 1999, el municipio de Guadalajara de Buga reguló el impuesto de industria y comercio.

El artículo 18 dispuso que todas las actividades industriales, comerciales y de servicio que se realicen o se ejerzan en la respectiva jurisdicción municipal son materia imponible del impuesto.

El artículo 21 definió la actividad de servicio, así:

Es aquella destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad, tareas, labores o trabajo ejecutado por personas naturales o jurídica, por sociedades, entidades oficiales, sin que mede la relación laboral con quien las contrata. Tales como las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurante, cafés, hoteles, moteles, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza, salón de cine, arrendamiento de películas, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer, sin importar que en ellas predomine el factor material o intelectual para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Ahora bien, mediante el Acuerdo 059 de 2006, el municipio de Guadalajara de Buga fijó las tarifas, entre otros tributos, del impuesto de industria y comercio.

El artículo quinto, en concreto, asignó los códigos para las actividades industriales, comerciales y de servicios. Y en las actividades de servicios, asignó el código 318 a los servicios de notaría y de cámara y comercio.

Dado que la demanda está orientada al servicio de notaría, la Sala decide denegar las pretensiones de nulidad de la palabra “notaría” prevista en el código anotado, por las consideraciones expuestas anteriormente.

En efecto, como se puede apreciar, el municipio de Guadalajara de Buga optó por gravar las actividades de servicios y, para el efecto, no solo enlistó las actividades que consideró gravadas, sino que también aludió a la expresión análogas.

Habida cuenta de que la Sala ha considerado de manera reiterada que los servicios notariales son análogos a las actividades de servicio como las referidas en el Acuerdo 46 de 1999, no existe mérito para anular la expresión “servicios de notaría”, a la que se le asignó el código 318 y una tarifa del 5.0 por mil, contenida en el artículo 5º del Acuerdo 059 de 2006.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral tercero de la sentencia del 13 de septiembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el contencioso de nulidad iniciado por Luz Marina Echeverry contra el municipio de Guadalajara.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-121 de 2006

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de 2013. Radicación: 680012331000200800348 01. Nº Interno: 18343. Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP - Telebucaramanga. Demandado: municipio de Bucaramanga. Ica 2003

(4) Ídem.

(5) Ídem.

(6) Ídem.

(7) Ídem.

(8) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009). Radicación: 76001-23-31-000-2000-01545-01(16684). Actor: Juan Carlos Becerra Hermida. Demandado: municipio de Palmira - Valle.

(9) Ídem sentencia del 24 de octubre de 2013.

(10) El servicio de consultoría realizado por personas naturales

(11) Sentencias de 12 de marzo del 2007, Expediente 15556, C.P. Ligia López Díaz y de mayo 3 del 2007, Expediente 15374, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, entre otras.

(12) Ídem sentencia del 24 de octubre de 2013.

(13) “ART. 2º—La función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción y no puede ejercerse sino dentro de los límites territoriales del respectivo círculo de notaría”.

(14) En esta sentencia, la Corte Constitucional analizó los artículos 1º de la Ley 29 de 1973, 147, 145, 161 y 164 del Decreto 690 de 1970.

(15) La Corte Constitucional en Sentencia C-399 de 1999 del 2 de junio de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiteró en términos generales los anteriores planteamientos.

(16) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). Radicación: 9306. Actor: Aníbal Fernández de Soto Valderrama. Demandado: Dirección Distrital de Impuestos. C.P. Delio Gómez Leyva.

En similar sentido, véanse las sentencias: (i) del cinco (5) de diciembre de dos mil tres (2003). Radicación: 66001-23-31-000-2001-00422-02(13911). Actor: Mario López Valencia. Demandado: alcalde de Pereira; y (ii) del veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010).Radicación: 76001-23-31-000-2003-03037-01(17324). Actor: Luz Marina Echeverry Cepeda. Demandado: municipio de Tuluá. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(17) Ver: Garrido Falla, Fernando y otros. Tratado de derecho administrativo. Parte general. Volumen II. Duodécima edición. Madrid. Tecnos. 2005. Pp. 147-148: “b) Actividad jurídica, material y técnica. —También desde el punto de vista del contenido se suele plantear la oposición entre una actividad administrativa jurídica y actividad material y técnica. Por ejemplo, el acto mediante el cual se nombra a un funcionario público es un acto jurídico. Pero la actividad de la administración no se agota, desde luego, en los puros actos administrativos. De una parte, el acto administrativo postula en muchas ocasiones una serie de operaciones materiales de ejecución (así, el acto que dispone la demolición de una construcción realizada por un particular sin licencia, puede ser cumplimentado mediante el trabajo de una brigada de obreros para demoler la edificada); de otra parte, el funcionamiento normal de los servicios públicos se asegura mediante una actuación material continuada, que indudablemente, produce consecuencias jurídicas pero que no consiste en la ‘resolución de expedientes administrativos’ (así, las prestaciones a que da lugar el funcionamiento de un servicio público de transportes). No obstante, los ataques que modernamente se han realizado contra esta clasificación, es indudable que tiene la utilidad de aclarar diversos aspectos de la actividad administrativa.

Una parte de la actividad administrativa de carácter material puede, a su vez, ser caracterizada como actividad técnica, se trata de aquel tipo de actividad cuya realización supone la aplicación de criterios proporcionados por disciplinas de tipo técnico... el médico, funcionario público, cuando atiende un enfermo, desarrolla una actividad técnica”.

(18) Sentencias de agosto 123 de 1999, Expediente 9306, C.P. Delio Gómez Leyva, de septiembre 1º de 1995, Expediente 6026, C.P. Consuelo Sarriá Olcos, entre otras

(19) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Ligia Lopez Díaz. Bogotá D.C., Cinco (5) de diciembre de dos mil tres (2003). Radicación: 66001-23-31-000-2001-00422-02(13911). Actor: Mario López Valencia. Demandado: alcalde de Pereira. Referencia: acción pública de nulidad contra el Decreto 301 de 1999 expedido por el alcalde del municipio de Pereira.