Sentencia 2007-00512 de mayo 31 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000-23-24-000-2007-00512-02

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Asociación Sociedad de San Vicente de Paul de Bogotá

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85, CCA). Sentencia de segunda instancia. Precio de bien en expropiación administrativa

Bogotá D.C., treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del CCA, en concordancia con el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2.2. Cuestión previa.

El Consejero de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento(27) para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 8 de julio de 2013, toda vez que como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B suscribió el auto de 5 de junio de 2008, a través de las cuales se decretaron y denegaron algunas pruebas.

El Consejero, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala acepta su impedimento y lo separa del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, luego de advertir que a folio 75 del cuaderno 1 obra las providencia a las que hace referencia, ya que, de conformidad con el alcance de la causal invocada, esta se configura por “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala, de cara a los planteamientos esbozados en el escrito de apelación, determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual resulta necesario establecer si es posible (i) tasar el valor del metro cuadrado del predio expropiado de conformidad con el soporte de impuesto predial aportado por la sociedad actora y (ii) destrabar el sub judice sin el decreto de un nuevo dictamen pericial, ante la prosperidad de una objeción grave contra la experticia inicial.

Se itera que la decisión en el sub judice se hará conforme a las voces y límites que consagra el artículo 357 del CPC, cuya literalidad impone el espectro competencial del ad quem, al consagrar que no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(28).

2.4. Caso concreto

Los actos administrativos demandados fueron dictados dentro del marco de la expropiación administrativa de que tratan los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997(29), que en su artículo 67 dispone lo concerniente a la “indemnización y forma de pago”, así:

“ART. 67.—Indemnización y forma de pago. En el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria” (negrillas de la Sala).

Por su parte, el artículo 61 ejusdem contempla:

“ART. 61.—Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica” (negrillas de la Sala).

En desarrollo de estas premisas normativas, se expidió el Decreto 1420 de 1998(30), en cuyo artículo 21 fija como parámetros para la determinación comercial dentro del respectivo avalúo: “La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo”.

Como se ve, la determinación del valor comercial del bien a expropiar debe considerar para efectos del avalúo, las normas urbanísticas vigentes al momento del mismo, las cuales deben compaginar con las que se apliquen al momento de la oferta de compra, que es el último parámetro temporal que se tiene en cuenta para determinar el valor de la indemnización que se genera a partir de la expropiación administrativa.

En el asunto bajo examen, según lo reconoció la parte demandante en su escrito iniciático(31), la oferta de compra tuvo lugar por medio de la resolución 6974 del 19 de diciembre de 2006, modificada por la resolución 1439 del 30 de marzo de 2007; mismas que fueron rechazadas en comunicación 045120 de mayo 23 de 2007, signada por los señores Víctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho, invocando la calidad de propietarios de una cuota parte del predio(32).

Quiere decir lo anterior, que la pauta en la determinación del precio del bien que posteriormente fue expropiado venía dada por la fecha de la antedicha Resolución 1439 de 2007, que constituye la decisión definitiva en cuanto al valor indemnizatorio del bien a expropiar.

Al objetar el dictamen realizado por el auxiliar de la justicia en primera instancia, la parte demandante aportó el “formulario para declaración sugerida del Impuesto predial unificado 2010201013001526612”(33); el cual fue admitido como prueba por el a quo a través de auto de 22 de noviembre de 201234(34), en aplicación a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 238 del CPC.

Pues bien, para la apreciación de dicho documento, cabe decir que el terreno expropiado por el Distrito Capital corresponde a aproximadamente 40.000 m2 de otro de mayor extensión, que luego de dicha medida quedó reducido a 121.211 m2. Sobre esa última área se realizó la autoliquidación del impuesto predial en cuestión, por valor de $ 76.362.999.000, de lo cual deduce el libelista que el valor por metro cuadrado del mismo equivale a $ 630.000.

Sin embargo, para la Sala, esa afirmación carece de peso jurídico en la medida en que la cancelación de dicho tributo se efectuó en relación con el año gravable 2010, esto es mucho después de la oferta de compra y de la expropiación misma realizada por el IDU. De ahí que resulte imposible darle el alcance probatorio que pretende el apelante; máxime cuando, aunado a la desavenencia temporal, dicho formulario no tiene por objeto determinar el valor del predio de conformidad con los parámetros del Decreto 1420 de 1998, determinadas de forma específica para los procesos de expropiación.

Por otro lado, en cuanto concierne a la necesidad de que la decisión del juzgador del presente asunto se encuentre precedida de un dictamen pericial que reemplace al que realizó el auxiliar de la justicia, frente al cual prosperó la objeción por error grave, es menester recabar en que dicha prueba fue tramitada en vigencia del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, que frente a la procedencia de la peritación consagra:

“ART. 233.—Procedencia de la peritacion. ‘Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º del artículo 627’ La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una pruebanecesaria para su decisión”.

En armonía con lo anterior, el artículo 238 de esa misma codificación estableció lo siguiente frente a la contradicción del dictamen:

“ART. 238.—Contradicción del dictamen. ‘Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º del artículo 627’ ‘Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 110 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:’ Para la contradicción de la pericia se procederá así:

(…)

5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare”.

De las disposiciones transcritas se desprende que, en principio, dentro del trámite judicial solo se admite el decreto de un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que un segundo tenga como objeto contraprobar el primero.

Cuando en el proceso solo media una de tales experticias y esta resulte insuficiente, corresponde al juzgador disponer de sus poderes oficios para declarar uno nuevo, pero sin perder de vista que tal atribución se encuentra sujeta a que se trate de una “prueba necesaria para su decisión”.

Frente al supuesto en que existe un dictamen primigeniamente decretado y otro que busque desvirtuarlo, es facultativo del juez —unipersonal o colegiado—, cuando esta última peritación logre su objetivo, acogerlo o decretar uno nuevo.

Bajo ese contexto, advierte la Sala que, en el sub judice, el tribunal de primera instancia decretó el dictamen pericial solicitado por la parte demandante, y al no estar de acuerdo con el resultado arrojado por el experto auxiliar de la justicia lo objetó(35), sin pedir la práctica de uno nuevo para contraprobarlo, y más bien limitándose a aportar documentos relacionados con el pago del impuesto predial y el contrato de compraventa celebrado sobre la parte del predio que no le fue expropiada.

Significa lo anterior que, el asunto no se contrae al evento en que el juzgador debe acoger entre el contradictamen o el decreto de una tercera peritación.

Siendo así, la procedencia de una segunda experticia estaba supeditada a que el tribunal la encontrara necesario para la sentencia que le correspondía proferir, lo cual no ocurrió en este caso, por cuando dicha autoridad judicial concluyó que “(…) no se observa la pertinencia de ordenar otro experticio por las razones que decidirán el fondo del asunto”(36), cuyo desarrollo soportó en buena parte en el avalúo realizado por la Cámara de Propiedad Raíz, y que sirvió de base al IDU para la expedición de los actos demandados.

Solo a título de mención y en aras de tener claridad sobre los puntos, ítems y conclusiones de esa experticia(37) adelantada en vía administrativa que sí fue tenida en cuenta en cuanto se observa que el tribunal a quo ponderó lo siguiente:

“Denota la trascripción anterior que: i) el avalúo fue practicado por la Inmobiliaria Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, obrando en desarrollo del contrato 37272 de 2006 suscrito con el Terminal de Transporte de Bogotá S.A. y con el convenio interadministrativo 014 suscrito ente este último y el IDU (fols. 525 - 539, cdno. 4); ii) en él se hizo con soporte técnico una ponderación para el desarrollo estableciendo un rango de la posible utilización del predio que lejos de ser meramente enunciativo contiene los índices de ocupación y construcción tomados como referentes; y, ii) dejó planteada la exigencia de un plan parcial.

Así mismo quedó demostrado que, para el efecto, se utilizaron los métodos de costos de reposición y residual previstos en las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997.

Al avalúo se adjuntó estudio de potencial de desarrollo como puede verse a folios 940, 941, 945, 946, 951 y 952 del cuaderno 5, 119, 155, 175, 286, 290 y 322 del cuaderno 3.; hizo un análisis de títulos, conforme consta en escrito de 19 de mayo de 2006 (fols. 963 a 969 cuaderno 5) y emitió concepto jurídico resultante en el sentido de considerar viable el proceso de adquisición, se refirió a la historia física del inmueble, ventas parciales, gravámenes y limitaciones, recomendaciones y observaciones.

No se trata consecuentemente, como lo sostiene la actora, que el Terminal de Transporte y el IDU hayan fijado el precio caprichosamente y menos dado lugar a un despojo de la propiedad, en contrario, las actuaciones se sostuvieron en un dictamen calificado proveniente de quien contaba con plenas potestades para emitirlo, así lo prescribe la norma vigente aplicable en la materia”.

Nótese que la peritación, frente a la que se declaró la existencia de un error grave, tuvo por objeto la determinación del precio del terreno expropiado, y que las razones acuñadas por el a quo, aun guiadas por la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, estuvieron encaminadas a corroborar la concordancia entre el avalúo empleado en sede gubernativa y las normas procedimentales y sustanciales aplicables al mismo.

En ese orden, la disconformidad presentada en el escrito de alzada en relación con las supuestas falencias del cauce probatorio queda sin piso jurídico frente al acierto de la sentencia apelada al resolver la controversia planteada sin decretar un nuevo dictamen, en la medida en que no resultaba necesario para destrabar la litis.

Así las cosas, para la Sala emerge con claridad que ninguna de las censuras que la convocan en esta segunda instancia está llamada a prosperar y, por ende, el fallo denegatorio de las pretensiones proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión el 8 de julio de 2013 será confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.

2. CONFIRMAR la sentencia de 8 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión.

3. DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia.

Notifíquese y cúmplase».

27 Fol. 112, cdno. ppal.

28 Valga recordar que a esta generalidad el legislador extraordinario previó la excepción de la necesaria e indispensable modificación sobre puntos íntimamente relacionados con la reforma a la decisión que deba hacer, situación que en este caso no acontece.

29 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

30 Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-Ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

31 Fol. 4, cdno. 1.

32 Fol. 144, cdno. 3, exp. admin.

33 Fols. 133 y 187, cdno. 1.

34 Fols. 234-240, cdno. 1.

35 130-132 y 196-198, cdno. 1.

36 Fol. 289, cdno. 1.

37 Para la Sección Quinta el tema de valoración de la experticia como parámetro probatorio para determinar el valor indemnizatorio no es novísimo, como se advierte del fallo de 8 de marzo de 2018, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 05001-2331-000-2008-00034-02.