Sentencia 2007-00535 de septiembre 28 de 2010

 

Sentencia 2007-00535 de septiembre 28 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11002030002007-00535-00

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diez.

Discutida y aprobada en Sala de treinta de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Inversiones Prisan Limitada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 14 de abril de 2005, dentro del proceso ordinario instaurado por Myriam Sánchez de Miranda contra la sociedad recurrente y personas indeterminadas.

(…).

II. Consideraciones

1 Según el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, en lo pertinente, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de los tribunales, entre otras, y únicamente por los motivos específicamente instituidos en el 380 ibídem; desde luego que ese medio de impugnación constituye una garantía de justicia porque con su proposición se puede obtener la aniquilación de un fallo inicuo, o el que se haya dictado con serio quebranto del derecho de defensa, o el surgido como consecuencia de un comportamiento ilícito de las partes, lo que habilita para romper el carácter de firme e inmutable de que se hallan revestidos con efectos de cosa juzgada.

2. El mencionado principio de “la cosa juzgada” no es absoluto, pues razones de equidad obligan a exceptuar de él las providencias de fondo injustas, como son las emitidas en procesos donde se presenta alguna de las seis primeras causales del “recurso de revisión”, o sea, aquellas en que se demuestre plenamente que están fundadas “en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de parte contraria”. (Sent. feb. 14/74 GJT CXLVIII pág. 46).

Esta impugnación es, entonces, un recurso eminentemente extraordinario y, por lo tanto, se halla sometido a específicas causales señaladas con criterio limitativo, al punto de no resultar procedente la vía impugnativa si oportuna y cabalmente no se prueba la existencia de una de ellas. Es así como, por no tratarse de una tercera instancia que sería extraña al sistema procesal vigente en Colombia, el recurrente no puede buscar con su interposición “enmendar situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisión se pretende” (G.J. CXLVIII pág. 46), ni un replanteamiento del asunto ya resuelto, procurando mejorar la causa petendi o las pruebas, es decir, intentando remediar los errores o deficiencias cometidos en el proceso en que se dictó la providencia, trocando la revisión en “medio para impedir la ejecución de fallos proferidos en procesos que se han rituado con plena observancia de sus formalidades propias”; (G.J. CLV pág. 26). Por esa razón, la Corte en fallo de 22 de febrero de 1978 expresó que “salvo los supuestos previstos en las causales 7º, 8º y 9º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, todos los demás aspectos formales de una sentencia, como los demás vicios o irregularidades cometidos durante la tramitación del proceso en que ella se dicta, como el quebranto de la ley sustancial y los errores de apreciación probatoria en que haya incurrido el juez al proferirla, son, en principio, aspectos que no caben dentro de la órbita del recurso de revisión por tratarse entonces de yerros para cuya corrección se han consagrado justamente los demás recursos”.

3. Dispone el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil al referirse al término para proponer esta impugnación extraordinaria:

“El recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1º, 6º, 8 y 9º del artículo precedente (...). Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7º del mencionado artículo, los dos años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha del registro...”.

En relación con la presentación en tiempo hábil de este mecanismo procesal se hace indispensable efectuar el estudio frente a dos situaciones claramente diferenciadas, siendo indispensable destacar delanteramente, lo siguiente:

a.) La sentencia de segunda instancia objeto del cuestionamiento estudiado y que desató la alzada interpuesta por la sociedad aquí recurrente, se dictó el 14 de abril de 2005 (fls. 24 a 31 del cdno. del tribunal).

b.) El 17 enero de 2006, se concedió el recurso de casación formulado por la persona jurídica desfavorecida con la decisión (fls. 27 a 28).

c.) El expediente fue remitido a la “oficina postal” de Villavicencio el 3 de febrero de 2006 para que se cancelara la carga pecuniaria de conformidad con lo reglado en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil (fl. 79), dependencia que apoyada en que “no fueron ‘pagados los portes’ lo devolvió al despacho remitente el 21 de esos mes y año (fl. 81).

d.) Mediante determinación de 28 de febrero de 2006, se declaró “desierto el recurso de casación” (fls. 83 a 84); pronunciamiento que recurrido en reposición (fls. 85 a 86), se mantuvo a través de proveído de 24 de marzo de dicha anualidad (fls. 88 a 89).

e.) El 19 de abril de ese mismo año, el tribunal corrige “la parte resolutiva de la sentencia de 14 de abril de 2005, determinando que las costas son a cargo de la parte demandada y no como allí se dijo de la actora” (fls. 92 a 94).

f.) La sentencia se inscribió en los folios inmobiliarios correspondientes a cada uno de los predios involucrados en el litigio el 25 de agosto de 2006 (fls. 824 a 823).

g.) La demanda de revisión se presentó el 12 de abril de 2007 (fl. 563 vuelto).

Seguidamente se hace el estudio de este aspecto así:

1º) En cuanto a la petición planteada por Myriam Sánchez de Miranda, Oscar y Mónica Cristina Miranda Sánchez, encaminada a que se rechazara el mismo por haber operado la preclusión para promoverlo como secuela de la no admisión a trámite cuando se introdujo por primera vez, se tiene lo siguiente:

Está comprobado que esta reclamación se adujo inicialmente el 15 de enero de 2007 y que fue “rechazada” con auto ejecutoriado de nueve de marzo de ese año en atención a que no fueron subsanados los defectos advertidos (fl. 697).

No es viable acceder a lo solicitado por cuanto la única limitación que tiene este medio de impugnación para ser puesto a consideración de la administración de justicia es el punto atinente a la caducidad lo que significa, entonces, que mientras se consume este fenómeno y aunque se haya “rechazado” por cualquier circunstancia diferente, una o varias veces, el derecho a hacerlo subsiste sin ninguna clase de detrimento, limitación o restricción.

En este sentido es categórico lo sostenido por la Sala en el Auto 180 de 16 de junio de 1997, Expediente 6630, en el que se precisó, luego de efectuar la pertinente corrección doctrinaria, lo que a continuación se reproduce:

(...).

“Distinguiendo, entonces, entre los requisitos de admisibilidad del recurso y los de fundabilidad, el Decreto 2282 de 1989, introduciendo importante reforma al artículo 383, que como ya se dijo no diferenciaba entre unos y otros, consagró el rechazo de plano o in limine cuando la deficiencia incumbía con los últimos, precisamente porque frente a ellos no habría lugar al saneamiento.

“A esta nueva perspectiva jurídica debe enfrentarse la tesis tradicional de la Corte, porque de acuerdo con ella, al fin de cuentas elaborada cuando el legislador no había formulado las distinciones que ahora se plantean, el rechazo de plano, el rechazo sobreviniente por no subsanarse los defectos formales en el término legal y la deserción por no constituirse la caución en la oportunidad señalada por el magistrado, se asimilan en sus efectos, pues para todos los casos la jurisprudencia aplica la teoría de la “preclusión por consumación”.

“(…).

“Además, como igualmente lo ha predicado la Corte, la caducidad es “fenómeno relativo a la acción”, hasta el punto que algunos doctrinantes califican la no caducidad de la acción como uno de los presupuestos procesales de la demanda o memorial a través del cual incoa materialmente la acción, razón por la cual hallan justificación normas como las consagradas por los artículos 85 y 383 inciso 30 del Código de Procedimiento Civil, autorizando el rechazo de plano de la demanda cuando elementalmente se verifica la caducidad.

“Siendo la caducidad un fenómeno “objetivo”, como lo afirma la Corte y la doctrina, determinado por el transcurso del tiempo, de “puro automatismo”, puesto que se trata de una “situación temporal delimitada de antemano” (Puig), que permite conocer el principio y el fin, por cuanto es la ley la que en forma perentoria e improrrogable prefija la duración del derecho o de la potestad, ilegal resulta cualquier intromisión tendiente a la alteración del término, bien sea para prorrogarlo o menguarlo, más, cuando para tal efecto se argumenta conductas subjetivas de la parte en el cumplimiento de una carga, frente a la cual la única consecuencia legal y justa es la deserción de la demanda. De modo que como el plazo de caducidad no puede ser tocado, donde este exista, cualquiera sea la naturaleza del acto, mientras el mismo se halle vigente, el derecho se puede ejercer válidamente. Desde luego que esta conclusión resulta paladina en el marco legal del Código de Procedimiento Civil, porque sin lugar a dubitación los plazos legales de caducidad establecidos por el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil para la proposición del recurso extraordinario de revisión, son perentorios e improrrogables conforme a lo dispuesto por el artículo 118 del mismo código, y por consiguiente de imperativo y obligatorio cumplimiento al tenor del artículo 6º de idéntico estatuto, porque además están recogidos en una norma procesal de orden público, como antes se había explicado”.

2º) De lo anterior fluye en lo que atañe en este evento específico, a la oportunidad de introducción del recurso en tiempo idóneo para contrarrestar la eventual “caducidad”, que ello ocurrió así, y en consecuencia, no ha operado este fenómeno jurídico de improcedibilidad, bastando para respaldar aserto tal, que en atención a que la causal invocada fue la sexta, el término para interponerlo era de dos años, puesto que no se agotó dicho plazo entre el momento en el que quedó en firme la citada providencia y la formulación del ataque que hoy concita el escrutinio de la Sala, con prescindencia del hecho indiscutido de que se tratara de una de declaración de pertenencia, la que es susceptible de inscripción en el competente registro, según la inequívoca preceptiva del artículo 407, numeral 11, ibídem, pues esta circunstancia no tiene ninguna incidencia en el caso debatido por mandato del precepto referido y trascrito en lo pertinente.

5. A fin de verificar si se estructura o no la causal de revisión aducida es del caso destacar que en los autos se encuentran debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.) Que Myriam Sánchez de Miranda con la coadyuvancia de Mónica Cristina y Oscar Miranda Sánchez, estos dos últimos hijos de aquella y de Oscar Miranda Montero fallecido el 1º de octubre de 1985, instauró proceso de declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria respecto de tres predios conocidos como “Alta Miranda”, “Villa Oscar” y “El Cimarrón”, localizados en Villavicencio, identificados plenamente por linderos y demás características, contra la sociedad Inversiones Prisan Limitada y personas indeterminadas, aduciendo como fundamento que desde el deceso de sus esposo “ha continuado con la posesión material, continua e ininterrumpida de los bienes inmuebles, habiendo transcurrido el tiempo legalmente establecido para adquirir por prescripción” (fls. 48 a 53 del cdno. 1 del expediente).

b.) Que el anterior libelo se presentó el 27 d septiembre de 2002 (fl. 53 vuelto).

c.) Que los fundamentos de derecho invocados fueron los “artículos 75 y siguientes, 396 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 673, 762, 981, 2512, 2523, 2528 a 2531 del Código Civil, art. 1º de la Ley 50 de 1936” (fl. 51).

d.) Que cuando se introdujo la reclamación ante el juzgado de conocimiento, la Ley 791 de 2002 no había entrado en vigencia, toda vez que ello ocurrió el 27 de diciembre de esa anualidad, fecha de su inserción en el diario oficial.

Que los lotes mencionados fueron negociados mediante sendas promesas de compraventa celebradas así: entre Prisan Ltda. y Oscar Miranda Montero el 10 de noviembre de 1978 (“Alta Miranda”) y aquella persona jurídica y los esposos Miranda Sánchez el 14 de septiembre de 1882 (sic) (“Villa Oscar” y “El Cimarrón”), transacciones que nunca se perfeccionaron (fls. 49 a 50).

f.) Que la respuesta dada al libelo genitor de proceso de pertenencia por la contradictora conocida (fls. 125 a 130) no fue tenida en cuenta por extemporánea (fl. 135); el curador ad litem de las “personas indeterminadas” se opuso a las pretensiones (fls. 143 a 144) y el interviniente Yimis Armando Mirando Montero también resiste los pedimentos y formuló las defensas que denominó “ineptitud sustantiva de la demanda”, “falta de las condiciones de la acción” y “cualquier otra innominada que resulte probada dentro del proceso”(fls. 146 a 152).

g.) Que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio dictó sentencia de primera instancia en la que determinó que a Yimis Alfredo Miranda Montero no le asiste interés alguno para obrar como coayuvante”; declaró que Myriam Sánchez de Miranda adquirió “por prescripción extraordinaria el dominio de los bienes inmuebles identificados por sus nombres, ubicación y demás características” y ordenó la inscripción de la providencia en los folios inmobiliarios correspondientes (fls. 415 a 425).

h.) Que las razones manifestadas por el despacho de conocimiento para acoger las súplicas, luego de analizar la prueba recaudada, las enunció así:

1º) Que “en cuanto al tiempo necesario para adquirir por vía de prescripción extraordinaria del dominio de los bienes, debemos resaltar por disposición del artículo 1º de la Ley 791 2002, las prescripciones veintenarias quedaron reducidas a diez (10) años y la señora Myriam Sánchez de Miranda ha ejercido los actos posesorios durante un período superior, que empezaron a tener publicidad y reconocimiento a partir de la muerte de su esposo Oscar Miranda Montero en octubre de 1985, sin que se exija que estos diez años deban computarse a partir de la vigencia de la ley, porque esta legislación no contempla una nueva forma de prescripción, sino que simplemente ha disminuido el factor tiempo en las prescripciones por ella contempladas (...) un criterio diferente podría conducir entonces a que un poseedor estuviera obligado a demostrar el tiempo exigido por una legislación derogada, muy por encima entonces, de las disposiciones vigentes, en perjuicio de la firmeza de la misma normatividad y de los propósitos que ella persigue” (fl. 424).

2º) Que tampoco era necesario referirse a la suma de posesiones “porque faltaría el nexo jurídico que pruebe la transmisión de los derechos entre Oscar Miranda Montero y la demandante, su esposa Myriam Sánchez de Miranda, que si bien por su condición de cónyuge sobreviviente tiene el derecho de suceder al de cujus, ha debido en el proceso mortuorio incluirse como activo dichos bienes obtener la declaración de posesión efectiva de la herencia y su correspondiente registro para no romper la cadena o sucesión de posesiones” (fl. 424).

i.) Que la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, el 14 de abril de 2005 al desatar la alzada acogió en su integridad la providencia recurrida y anotó respecto del tiempo de posesión que comparte “el juicioso análisis que llevó al a quo a declarar la pertenencia litigada, pues es claro, que el hecho de no haber contestado oportunamente la demandada Inversiones Prisan Ltda. hace que sea tenido como un indicio grave en su contra, indicio, que si bien podría ser desvirtuado por las pruebas allegadas al proceso, lo cierto es que las mismas tienden a confirmarlo, pues además de las declaraciones analizadas por el a quo, rendidas en el proceso ejecutivo en que se reconoció la posesión de la actora, en este proceso se encuentran las declaraciones de Gonzalo Gómez Pinzón, que señala a los actores como dueños de los 3 predios y a Alfredo Miranda como tutor de los menores; igual declara Miriam Neyer de Peñuela (fl 788), quien afirma que el producido del cimarrón se lo entregaba Alfredo a la actora, es decir, que no cabe duda a la Sala, que la posesión ejercida por la parte actora se halle probada, máxime que de los contratos de arrendamiento arrimados al proceso, todos ellos de los últimos años (fl. 11 y s.s.) hacen concluir que, son precisamente los demandantes quienes detentan en la actualidad la posesión de los inmuebles litigados y que la han ejercido desde la muerte de Oscar Miranda en 1985, es decir, que sin necesidad de sumar la posesión anterior, llevan en posesión de los predios litigados 17 años a la presentación de la demanda y en consecuencia la sentencia recurrida deberá ser confirmada” (fls. 24 a 31 del cdno. de segunda instancia).

j.) Que el juzgado rechazó la petición formulada por el apoderado de la demandante dirigida a que se le hiciera entrega de los bienes (fl. 463 del cdno. ppal.), la cual tuvo la oposición de la sociedad accionada (fls. 470 a 471) “por cuanto el ejercicio de la acción supone la posesión en el actor; además, ni en la demanda, ni en el fallo se hizo ordenamiento alguno al respecto y no podía hacerse porque el litigio no conlleva la restitución de ninguna clase de inmuebles, pues ese no era el objetivo” (fl. 472).

k.) Que la copia de la demanda de “rendición de cuentas provocada y entrega de los bienes inmuebles con sus correspondientes inventados y actividades comerciales de: Miriarn Sánchez de Miranda contra Alfredo Miranda e hijos Ltda.; Estación de Servicio Cimarrón Ltda.; Jugos Cimarrón; Floralba Guzmán Quintana, Andrea del Pilar, Daniel Alberto y Luis Alfredo Miranda Guzmán, en su condición de representantes legales, socios, la primera en su calidad de cónyuge supérstite y los tres restantes como herederos determinados del causante Yimis Alfredo Miranda Montero”, es un documento informal y carente de autenticación (fls. 651 a 660).

6. El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil establece en el numeral sexto como causal de revisión, la de “haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

Sobre el desarrollo de este motivo de impugnación extraordinaria tiene dicho la jurisprudencia de la Sala lo que a continuación se reproduce:

“(...) las maniobras fraudulentas comportan una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia” (sent. jun. 30/88 y sep. 11/90, entre otras, G.J. CCIV, pág. 45).

7. Los requisitos que viabilizan la procedencia de esta causal, según lo ha determinado esta corporación, en la providencia de revisión 119 de 30 de octubre de 2007, Expediente 00791-00, son los siguientes: a.) que exista colusión de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de un fallo inicuo; b.) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso.

8. Analizados los argumentos expuestos por la sociedad impugnante es manifiesto, a juicio de la Sala, que el recurso que motiva este estudio no está llamado a prosperar.

La sociedad promotora del mismo le atribuye a la parte demandante en el proceso ordinario en el que se pronunció el fallo atacado la comisión de varias maniobras fraudulentas para obtener la declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de los tres inmuebles urbanos situados en el municipio de Villavicencio, las que hizo consistir en: sumar la posesión de su esposo Oscar Miranda Montero, sin tener en cuenta que carecía de título jurídico o escritura para poder hacerlo; alegar que luego del deceso de su cónyuge ocurrido en 1985 continuó con dicho señorío, a pesar de que el fallecido únicamente detentaba “una tenencia mientras cancelaba su precio, reconociendo como poseedora a la sociedad Inversiones Prisan Ltda.”; no estimarse la intervención del tercero Alfredo Miranda Montero reclamando para sí la posesión” de parte de los bienes reclamados por la usucapiente; solicitar con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia estimatoria la entrega de los bienes lo que hace suponer que no era cierto que los tuviera en su poder; faltar a la verdad cuando dijo que el predio “Alta Miranda” lo obtuvo en virtud de promesa de compraventa junto con su consorte cuando únicamente él fue la persona que la suscribió; aprovecharse de los efectos del precontrato referido a los otros dos lotes “Villa Oscar” y “El Cimarrón”, no obstante estar afectado de nulidad absoluta por omisión de señalar la fecha y notaría en la que se perfeccionaría el mismo; afirmar que su ánimo de dueña sobre los predios era público, pacífico y continuo sin ser así, pues carecía del correspondiente vínculo o título para adicionar al suyo el de su antecesor; beneficiarse de los derechos que pudieron ser de su marido sin que le fueran trasferidos, ya que nunca se llevó a cabo la sucesión respectiva; llevar a los falladores a omitir lo observado en la inspección judicial practicada en el curso del proceso relativo a la instalación y funcionamiento en el lugar de una estación de servicio junto con expendio de bebidas y comestibles, así como la declaración de que dicha parte la había arrendado Alfredo Miranda Montero a Jesús Enrique Díaz, según lo dijo el declarante Ricardo Reyes; conducir a los juzgadores a aplicar la Ley 791 de 2002, concerniente a la reducción de los términos de la prescripción extraordinaria a diez años, lo que no era posible ya que únicamente dicha disminución entraba a operar a partir de la respectiva vigencia de la mencionada normatividad.

Es claro que la totalidad de los argumentos fácticos y probatorios acabados de compendiar, los que en sentir de Inversiones Prisan Limitada son las “maniobras fraudulentas” que le imputa a la actora en la usucapión, corresponden a aspectos que se plantearon tanto en la demanda genitora del litigio ordinario en el que se deprecó la declaración de pertenencia, según consta en el escrito respectivo obrante en el cuaderno principal, como en el trámite de la instrucción de las distintas etapas procesales del mismo, y frente a los cuales aquélla tuvo la oportunidad legal, previa notificación del auto admisorio y el traslado pertinente, de manifestar y expresar sus opiniones o conceptos sobre ellos resistiendo a las aseveraciones realizadas y controvirtiendo las probanzas allegadas mediante la contestación en tiempo hábil y la formulación de los medios de defensa que tuviera a su alcance.

La circunstancia debidamente demostrada en los autos de que la respuesta al libelo introductor y la oposición de la impugnante no se consideró ni se estudió dentro de dicho litigio por haberse efectuado de manera extemporánea, no puede ser recuperada por la senda de este recurso de revisión que no está instituido, según ha quedado resaltado, como una nueva oportunidad para replantear la pendencia ya decidida con la firmeza de la cosa juzgada en las instancias respectivas.

La prescribiente fue explícita y concreta en exponer las razones de hecho y de derecho en las que apuntalaba su reclamación para lo cual, además, aportó y solicitó medios de convicción, lo que realizó con claridad y lealtad en el momento procesal de rigor. Si el debate no se hizo como era preciso no fue porque hubiera hecho uso de engaños, fraudes o mentiras, sino por la posición omisiva, y pasiva de la contradictora hoy recurrente, por lo que esta que no puede acudir libremente a enmendar las equivocaciones o silencios cometidos durante la instrucción respectiva antes los juzgadores.

En cuanto a la fallida petición que formuló la parte actora ante el juez de conocimiento, una vez ejecutoriada a sentencia del ad quem para que le fueran entregados los bienes ganados por usucapión, no tiene la entidad suficiente para constituir la prueba contundente de la existencia de intención o voluntad maliciosa o torticera, puesto que el tema de la posesión quedó definido en el curso de las instancias con las pruebas públicas que fueron analizadas en su momento y que pudieron ser controvertidas por la recurrente, pero que no lo hizo por haber dado respuesta inoportuna a la demanda.

En lo que se refiere a la aplicación de la Ley 791 de 2002 que disminuyó los términos de prescripción, y en cuanto a la adquisitiva de dominio extraordinaria la redujo de veinte a diez años ello fue producto del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los sentenciadores de instancia y no se originó en actitud reprochable proveniente de la demandante. Posición jurídica de la que se puede discrepar pero la que no es factible aducir como fundamento de la causal de revisión invocada.

En este aspecto cabe recordar lo expresado por la Sala, en la Sentencia 029 de 25 de julio de 1997, Expediente 5988, respecto de la prohibición de cuestionar a través de la revisión el análisis y aplicación del ordenamiento legal efectuado por las juzgadores: “no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en “numerus clausus” y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el artículo 380 recién citado”.

Reiterado en Sentencia 089 de 29 de junio de 2000, Expediente 7480, en los siguientes términos: “También cabe advertir, que no alcanzan a tener el carácter de maniobras engañosas las actuaciones propias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultación, que, por lo mismo, fueron sometidas a consideración de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de cómo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial, excluyen la maquinación de las partes”.

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que el proceder descuidado de la aquí recurrente subsistió cuando por hecho exclusivamente imputable a su conducta omisiva, el recurso de casación que interpuso y le fue concedido respecto de la providencia de segundo grado, la que ahora con tanta vehemencia y énfasis critica a través del presente mecanismo procesal extraordinario, fue declarado desierto por no haber sufragado en tiempo el porte de correo, conforme lo prevenido en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil.

En suma, en este caso no hubo nada oculto ni escondido, y por el contrario, todo se sometió a debate, a controversia y discusión, siendo, en últimas, los jueces quienes tomaron las decisiones que consideraron pertinentes, quedando, en consecuencia, incólume la presunción de buena fe con la que intervino la parte reclamante en el citado litigio.

9. Por lo tanto, se declarará infundado el recurso de revisión y, de manera complementaria, se condenará en costas y perjuicios a la recurrente, los que se extienden tanto a los originados en la formulación fracasada de esta impugnación, como a los causados con la medida cautelar de inscripción de la demanda solicitada, decretada y perfeccionada con apoyo en lo consagrado por el canon 385 ibídem.

10. En aplicación de lo reglado en el precepto 19 de la Ley 1395 de 2010, mediante la cual se modificó el 392 del estatuto procesal civil, se fijarán en esta providencia las agencias en derecho para que sean incorporadas en la respectiva liquidación de “costas” que elaborará en su momento la secretaría.

III.- Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE:

1. Declarar infundado el presente recurso extraordinario de revisión formulado por Inversiones Frisan Limitada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 14 de abril de 2005, dentro del proceso ordinario instaurado por Myriam Sánchez de Miranda contra la sociedad recurrente y personas indeterminadas.

2. Cancelar la inscripción de la demanda en los inmuebles objeto de declaración de pertenencia.

3. Condenar a la impugnante con sujeción a lo prescrito en el inciso final del artículo 384 y numeral primero, literal a), inciso segundo, del 690 del Código de Procedimiento Civil, al pago de las costas y perjuicios, por el fracaso del recurso de revisión y por la adopción de medidas cautelares los que cancelarán con las garantías otorgadas.

4. Fijar la suma de tres millones de pesos ($ 3'000.000) por concepto de agencias en derecho, la que se incluirá en la “liquidación de costas”, respectiva.

5. Liquidar los “perjuicios” mediante trámite incidental.

6. Hacer efectivas las cauciones constituidas por la parte accionante mediante las pólizas judiciales 336239 de Liberty Seguros S.A. y 0005313 de Mundial Seguros (fl. 567 y 776 del cdno. de la Corte).

7. Oficiar por secretaría en su momento a las aseguradoras para efectos del pago de “costas y perjuicios” amparados.

8. Devolver el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión, al cual se agregará copia de la presente providencia, salvo el cuaderno de la Corte. Por secretaría, líbrese el correspondiente oficio.

9. Archivar, una vez cumplidas las órdenes impartidas, la actuación surtida con ocasión de este trámite.

Notifíquese».