Sentencia 2007-00582 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Número de referencia: 250002325000200700582 02

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Número interno: 0328-2012

Actor: Eugenio Tercero Gil Gil

Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., trece de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico, gira en torno a establecer la legalidad del fallo de 12 de septiembre de 2006 proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, a través del cual se le sancionó disciplinariamente con multa de veinte días de salario para la época de los hechos, y el fallo de 6 de diciembre del mismo año expedido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por el cual se confirmó la sanción impuesta y aclaró el nombre de uno de los disciplinados.

La sanción se impuso en atención a que se encontró probado que Eugenio Tercero Gil en calidad de Superintendente de Notariado y Registro no realizó los estudios previos de necesidad para la contratación del suministro e instalación de equipos de alarmas en las 107 oficinas del país, razón por la cual trasgredió los numerales 7º y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

Afirma el actor que la Procuraduría General de la Nación con la expedición de los fallos acusados vulneró el principio de presunción de inocencia, pues no se demostró con plena prueba la comisión de la falta disciplinaria.

A lo anterior se agrega que el funcionario de primera instancia no se pronunció sobre la solicitud de corrección y aclaración del fallo, la cual fue decidida sin competencia por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, quien corrigió el nombre de uno de los investigados, al considerar que se trataba de un simple error ortográfico. Se configuró el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, toda vez que desde la ejecución de la conducta hasta la notificación del fallo de segunda instancia, trascurrieron más de cinco años.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la nulidad de los fallos acusados y en consecuencia, ordenó a la entidad devolver las sumas pagadas por concepto de sanción multa y la cancelación de los antecedentes disciplinarios.

Lo anterior, por cuanto la conducta disciplinable se generó con la suscripción del Contrato Nº 050 de 28 de diciembre de 2001, el fallo de segunda instancia es de 6 de diciembre de 2006 y se notificó por edicto el 22 de enero de 2007, es decir, cuando quedó ejecutoriado ya había prescrito la acción disciplinaria, pues se superó el término de cinco años, establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación y el Agente del Ministerio Público, interponen recurso de apelación con fundamento en que de forma incorrecta el tribunal computó el término de prescripción de la acción disciplinaria, pues por vía jurisprudencial se ha señalado que el mentado término se contabiliza a partir del última conducta constitutiva de falta hasta el acto principal que expedida la entidad, para lo cual no debe haber transcurrido cinco años.

Para el efecto, es necesario determinar si en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria.

En ese orden, sea lo primero precisar que para la fecha en que se inició el proceso disciplinario, esto es, en el año 2004, estaba vigente la Ley 734 de 2002, la cual en su artículo 30 previó la prescripción como forma de extinción de la acción, en los siguientes términos:

Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

(…)

De la lectura de la norma transcrita, la Sala observa que el legislador sólo precisó el momento en que se empieza a contar el término de prescripción de los cinco años, mas no señaló los eventos ni el momento en que se entiende interrumpido.

Ante tal vacío jurídico propiciado por la norma, esta corporación(1) señaló:

En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado (…).

Lo anterior quiere decir que para efecto de la interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria, no basta con la expedición del acto principal sino que además es necesaria la notificación del mismo para que surta plenos efectos jurídicos(2).

Lo expuesto por cuanto si la finalidad de la creación de los términos de prescripción es la necesidad de buscar la certidumbre jurídica de los derechos, es lógico que solo se llega a tener certeza de estos, cuando el administrado conoce su situación jurídica, es decir, cuando se le notifica de la providencia que la resuelva.

En definitiva, los cinco años de prescripción de la acción disciplinaria se empiezan a contabilizar para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y en las de carácter permanente o continuada, desde la realización del último acto, y se interrumpe con la debida notificación al disciplinado de la providencia que defina la situación jurídica.

En el presente asunto, y para determinar si la conducta del señor Eugenio Tercero Gil Gil constituye una falta de carácter instantánea o permanente, es oportuno señalar que en virtud del principio de economía, es deber de la administración previo al proceso de selección del contratista, realizar los estudios, diseños y proyectos requeridos para contratar, con el fin de evitar traumatismos en su curso.

En efecto, el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época, establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos correspondientes.

Así las cosas, la conducta por la que fue sancionado el actor, consiste en no efectuar los estudios previos para el suministro e instalación del sistema de alarma en las oficinas de la entidad, la cual se consumó con la suscripción del Contrato Nº 050 de 28 de diciembre de 2001, siendo así se trata de una conducta de carácter instantáneo, a partir de la cual se debe contabilizar el término de prescripción.

Definido lo anterior, el término de 5 años de prescripción de la acción disciplinaria empezó a contarse desde la fecha anteriormente señalada y vencía dicho lapso el 28 de diciembre de 2006.

Está probado en el expediente que la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal profirió el fallo de primera instancia el 12 de septiembre de 2006 y lo notificó el 28 de los mismos mes y año (fl. 525 cdno. 3), es decir, cuando el término aún no se había cumplido.

La Sala no desconoce que la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en lugar resolver la solicitud de corrección y aclaración del fallo de primera instancia que integraba el mismo recurso de apelación, remitió el expediente a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para que resolviera el recurso de apelación, dicha circunstancia por sí sola no afecta el término de prescripción de acción disciplinaria, pues como se dijo, se interrumpe con la debida notificación al disciplinado de la providencia.

Así las cosas, la Sala encuentra que la acción disciplinaria para el momento en que fue notificado el fallo de primera instancia no había prescrito, pues la entidad demandada tenía plazo para definir la situación jurídica del actor y notificarlo, hasta el 28 de diciembre de 2006, es decir, que el acto fue expedido dentro del término de los cinco años previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

No desconoce la Sala que en anteriores oportunidades el Consejo de Estado(3) ha adoptado una posición jurídica diferente al precedente expuesto, no obstante, en esa oportunidad se interpuso a través de la acción de tutela, cuya sentencia tiene efecto inter partes.

En consecuencia, se revocará la sentencia de 25 de agosto de 2011 del a quo por medio de la cual declaró la nulidad de los fallos disciplinarios de 12 de septiembre y 6 de diciembre de 2006, y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda instaurada por Eugenio Tercero Gil Gil contra la Procuraduría General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso instaurado por Eugenio Tercero Gil Gil contra la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se declaró la nulidad de los fallos disciplinarios de 12 de septiembre y 6 de diciembre de 2006 y ordenó a la entidad devolver las sumas pagadas por concepto de sanción multa y la cancelación de los antecedentes disciplinarios.

En su lugar se dispone:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009 actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, C. P. Susana Buitrago Valencia.

(2) La Corte Constitucional en Sentencia C-1076 de 2002 adoptó el mismo criterio en cuanto a que la ejecutoria de las providencias disciplinarias comprende también su notificación, cuando declaró exequible el artículo 119 de la Ley 734 de 2002, que si bien no es aplicable al presente asunto, su contenido material es el mismo del otrora artículo 98 de la Ley 200 de 1995.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces, Expediente 11001-03-15-000-2010-00076-00 (AC), actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.