Sentencia 2007-00635 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00635-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 2 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Actor: Juan Antonio Pabón Arrieta

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Son dos los aspectos sobre los cuales recae la inconformidad del apoderado del departamento del Atlántico para con la sentencia de primera instancia:

1. Que la demanda debió haberse dirigido contra la asamblea departamental y no contra el departamento del Atlántico, en razón a que aquella fue la entidad que expidió el acto acusado y goza de autonomía administrativa, presupuesto propio y personería jurídica.

2. Que el artículo 111 del reglamento interno de la Asamblea Departamental del Atlántico debe interpretarse en el sentido de que el término de 5 días que allí se consagra para que se surta el primer debate de los proyectos de ordenanza debe entenderse como el máximo para debatir dichos proyectos, por lo cual si existe suficiente ilustración sobre ellos bien puede remitirse el proyecto para que se surta el segundo debate.

A las anteriores glosas se refiere la Sala a continuación, en el mismo orden en que fueron planteadas.

La Sala puntualiza al recurrente que la personalidad jurídica implica, en términos generales, la plena capacidad de una persona, entidad u organismo para contraer obligaciones y realizar actos que generan responsabilidad frente a sí mismo y ante terceros, y su no existencia conlleva que su representación la ejerza otra persona, entidad u organismo con los cuales se encuentren relacionados y que goce de ella.

En el caso de las asambleas departamentales, la Constitución Política en su artículo 299 las concibe como corporaciones político-administrativas de elección popular, con autonomía administrativa y presupuesto propio, y aunque cumplen funciones propias del ejercicio de funciones públicas, ello, por sí solo, no les confiere personalidad jurídica, por cuanto la misma debe estar asignada expresamente en nuestro ordenamiento jurídico.

De otra parte, la Sala hace notar que si bien la Corte Constitucional ha establecido, con base en la ley, que las asambleas departamentales cuentan con capacidad contractual en consideración a su autonomía administrativa y presupuestal(5), esta corporación ha reiterado su posición en el sentido de que tales entidades administrativas carecen de personería jurídica, que les impide comparecer por sí mismas en juicio(6).

Por consiguiente, al no gozar las asambleas departamentales de personería jurídica, en los procesos judiciales en que se vean llamadas a intervenir, es imperativo vincular a la persona jurídica de la cual hacen parte, esto es, al correspondiente ente territorial, representado por el respectivo gobernador, tal como efectivamente ocurrió en el asunto que se examina.

En relación con la segunda inconformidad del recurrente para con la sentencia de primer grado, se observa y considera lo siguiente:

El artículo 111 de la Ordenanza 000035 de 1994, “Por medio de la cual se expide el Reglamento para la organización y el funcionamiento de la honorable Asamblea del Atlántico”(7), dispone lo siguiente:

“ART. 111.—El término para el estudio de cada ponencia será de cinco (5) días hábiles. Vencido este término la presidencia de cada comisión conjuntamente con el secretario, devolverá el proyecto con la respectiva ponencia a la secretaría general de la asamblea para que sea programada para el segundo debate.

PAR.—Se exceptúa de estos términos el informe de comisión sobre el proyecto de presupuesto, por tener trámite especial en la comisión y en la plenaria”.

De la lectura del citado artículo, para la Sala es claro que el término de los cinco días que en él se contempla para que se surta el primer debate de un proyecto de ordenanza, constituye un plazo de imperativo cumplimiento para la corporación, que no es posible soslayar so pretexto de la existencia de suficiente ilustración e instrucción de quienes la integran, pues es con el transcurso íntegro y el agotamiento del mismo que es posible garantizar un serio, ponderado y reflexivo estudio y debate de la respectiva ponencia, de tal manera que al concluir dicho estudio se pueda proceder por su presidente junto con el secretario de la misma, a remitir tal proyecto con su ponencia a la secretaría general de la corporación, a efecto de que sea programada para segundo debate.

Lo anterior encuentra sustento en el principio democrático de la intervención y participación ciudadana y su correspondiente mecanismo de inclusión en los procesos de la gestión pública que le son inherentes, pues resultaría contrario, tanto a dicho principio como a una sana lógica, pretender que en un lapso menor al establecido en el reglamento de la asamblea departamental pudieran debatirse y evacuarse asuntos que interesan a toda la comunidad.

En dicho orden de ideas, la Sala considera que al haberse surtido el primer debate de la Ordenanza 0016 de 5 de julio de 2007, expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico, en tan solo un (1) día de los cinco (5) que contempla el artículo 111 del reglamento interno de la misma para tal efecto, se incurrió en violación del artículo 111 de la Ordenanza 000035 de 1994, así como también de los artículos 26, 300-1 de la Constitución Política y 33 del Decreto-Ley 1222 de 1986, pues del quebrantamiento del primero de ellos el actor deriva la violación de estos últimos.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se procederá a confirmar la sentencia recurrida en apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 2 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2013».

(5) Sentencia T-657 de 10 de agosto de 2006 (Exp. 08001-23-31-000-2007-00411-01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(6) Sentencias de 10 de febrero de 2011 (Exp. 08001-23-31-0002007-00411-01, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila) y de 19 de julio de 2006, (Exp. 15001-23-31-000-2003-02054-01, C.P. María Inés Ortiz Barbosa).

(7) Folios 11 a 36 ibíd.