Sentencia 2007-00636/42654 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 080012331000200700636 01

Exp.: 42654

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Helizauth Moreno Rodríguez

Demandado: Nación-Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia

18. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos, en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

II. Hechos probados

19. De conformidad con las pruebas oportunamente allegadas al proceso se tienen por probados los siguientes hechos relevantes para la litis(2):

20. El 16 de marzo de 1988 se acordó entre las empresas públicas municipales de Barranquilla y el sindicato de trabajadores de las empresas públicas municipales de Barranquilla la convención colectiva Nº 1988 - 1989. Entre otras cosas, allí se señaló lo siguiente: “ART. 22.—Tabla de indemnización por retiro injusto: En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte de las empresas públicas municipales de Barranquilla, o si estas dan lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en el literal b), artículo 7º del Decreto 2351 las empresas públicas deberán pagar al trabajador que hubiere estado vinculado mediante contrato a término indefinido, la siguiente indemnización (…)” (copia de la convención colectiva, fl. 275-287, cdno. 1).

21. El 3 de octubre de 1989, el señor Helizauth Moreno Rodríguez fue vinculado a las empresas públicas municipales de Barranquilla como obrero V en la división “Plantas” de la “Gerencia de Acueducto y Alcantarillado” (copia del boletín Nº 0364 de 1989, fl. 70, cdno. 1).

22. El 5 de marzo de 1990 se adoptó una nueva convención colectiva entre las empresas públicas municipales de Barranquilla y el sindicato de sus trabajadores, en el cual se pactó lo siguiente (copia de la convención colectiva de trabajo Nº 1990-1991, fl. 288, cdno. 1):

“ART. 1º—Estabilidad laboral. Las empresas no podrán despedir a trabajadores sin justa causa plenamente comprobada y si lo hicieren, estarán obligados a:

1. Reintegrarlos al mismo cargo que estaban desempeñando, con igual salarios más alzas salariales que se produzcan durante el lapso que permanezcan cesante.

2. Pagarle la totalidad de salarios promedios que percibió el trabajador durante el mes inmediatamente anterior al despido y hasta cuando sea restituido a su cargo.

3. Se entiende que no existió interrupción en la prestación del servicio para efectos legales.

PAR. 1º—Para los efectos del presente artículo se entiende por trabajador, todo aquel que esté vinculado a las empresas públicas municipales de Barranquilla en virtud de contrato de trabajo.

(…).

PAR. 6º—En caso de privatización parcial o total de los servicios públicos, la empresa queda obligada a garantizar la estabilidad y la continuidad en el trabajo, a quienes laboren en esas áreas.

23. A través de Acuerdo 23 del 6 de junio de 1991, el Concejo Municipal de Barranquilla autorizó al alcalde para que en representación del municipio de Barranquilla participara como accionante en la creación de una sociedad anónima de economía mixta, denominada Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., cuyo propósito fuera la prestación de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, señaló: “[e]n desarrollo de lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 24 de 1960, los bienes muebles e inmuebles de las empresas públicas municipales de Barranquilla destinados directa o indirectamente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, pasan a propiedad del municipio para que participe en la conformación de la sociedad anónima de economía mixta (…)” (copia del acto administrativo, fl. 97-102, cdno. 1).

24. El 21 de octubre de 1992, el Concejo Municipal de Barranquilla expidió el Acuerdo 26, por medio del cual declaró disuelta a las empresas públicas municipales de Barranquilla y ordenó su liquidación (copia del acto administrativo, fl. 110-114, cdno. 1).

25. El 3 de marzo de 1993, el sindicato de trabajadores de las empresas públicas municipales de Barranquilla, con personería jurídica Nº 316 otorgada en el mes de julio de 1945, eligió asamblea general y dispuso nombrar al señor “Elizauth (sic) Moreno Rodríguez” como miembro suplente de la junta directiva, en la calidad secretario de actas. Dicha acta fue inscrita en la división de relaciones colectivas de trabajo del ministerio del ramo el 26 de marzo de 1993 (copia del acta de inscripción suscrita por el inspector de trabajo, fl. 41, cdno. 1; copia de la publicación del reconocimiento de personería jurídica del sindicato en el diario oficial del 8 de agosto de 1945, fl. 62, cdno. 1; copia del acta de la asamblea, fl. 73-75, cdno. 1).

26. Mediante Acuerdo 41 del 11 de noviembre de 1994, el Concejo Distrital de Barranquilla creó el establecimiento público denominado Fondo de Pasivos de las EPM de Barranquilla en liquidación, con el objeto de “[a]sumir los pasivos de las empresas públicas municipales de Barranquilla en liquidación” y “(…) [e]fectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones de cualquier naturaleza de los extrabajadores a los cuales se les haya reconocido o reconozca ese derecho en las empresas públicas municipales de Barranquilla en liquidación” (copia del acto administrativo, fl. 93-95, cdno. 1).

27. El 21 de abril de 1995, el señor Helizauth Moreno Rodríguez interpuso una demanda de fuero sindical contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Fondo de Pasivos de las empresas públicas municipales de Barranquilla y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (copia del libelo, fl. 55-60, cdno. 1):

1º) Reintegrar a mi mandante al cargo de SUPERVISOR u otro de igual o superior categoría y remuneración de la unidad de explotación económica o empresa que presta los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Barranquilla.

2º) Pagar a mi mandante los salarios que deje de percibir durante el tiempo que transcurra entre el despido y el reintegro, con los aumentos que se causen en ese lapso.

3º) Pagar las costas del juicio incluyendo las agencias en derecho.

28. En los hechos de la demanda incoada, el actor aseguró que mediante el Acuerdo 23 dictado el 6 de junio de 1991 el Concejo de Barranquilla autorizó al alcalde de la ciudad para que participara en la creación de una sociedad anónima de economía mixta, cuya objeto social fuera la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Dicha entidad, denominada Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. se constituyó el 17 de julio de 1991 y sustituyó a las empresas públicas municipales de Barranquilla, al punto que recibió los bienes muebles e inmuebles que eran suyos.

29. Adujo que, a pesar de gozar de fuero sindical como miembro de la junta directiva, se dio por terminado su contrato de trabajo con las empresas públicas municipales de Barranquilla, con ocasión de la liquidación de esta entidad, ordenada mediante el Acuerdo 26 de 1992, sin que previamente se obtuviera autorización judicial para el efecto.

30. El 25 de marzo de 2003 se celebró la audiencia de juzgamiento, presidida por la juez segunda laboral del circuito de Barranquilla, en la que se dictó sentencia mediante la cual se declara no probada la sustitución patronal alegada y se absolvió a las entidades demandadas, tras realizar las siguientes consideraciones (copia de la providencia, fl. 402-405, cdno. 1):

El artículo 67 del CST define la sustitución patronal así: se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro por cualquier causa siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir en cuanto este no suma variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios.

Para que haya sustitución de patronos se requiere que se opere un cambio de patrón por cualquier causa, que haya continuidad en la prestación del servicio por parte del trabajador y que haya también continuidad en el desarrollo de las labores del establecimiento[;] deben reunirse, pues tres elementos cambio de patrono, continuidad de empresa y continuidad del trabajador (sic).

En el caso sub examine el actor únicamente trabajó con las empresas públicas municipales de Barranquilla y dicha empresa le liquidó y canceló sus prestaciones tal como lo reconoce en el interrogatorio de parte absuelto y no se probó además la continuidad del servicio en la triple A por lo que no se cumple con los requisitos que determinan la sustitución patronal y se absuelve de los cargos de la demanda a la triple A y al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Se analizará el fuero con referencia a las empresas públicas municipales de Barranquilla únicamente.

En esta clase de procesos a los demandantes les corresponde demostrar lo siguiente:

a) La existencia legal del sindicato y la vigencia de su personería.

b) La calidad de protegido por el fuero sindical y

c) La prueba del despido y el salario

Se procede a verificar si las pruebas relacionadas han sido plenamente demostradas en el proceso

a. (…) Esta es por su naturaleza una prueba solemne y como tal no puede ser remplazada por medio diferente del señalado expresamente por la ley (…) el fuero sindical no existe por sí solo si [no] que tiene o requiere de la existencia del sindicato resolución o acto administrativo por el cual se inscriba en el registro una organización nacional de amplia circulación nacional dentro de los 10 días siguientes de la ejecutoria. Un ejemplar del diario deberá ser depositado dentro de los cinco días hábiles siguientes al registro sindical del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Para la prueba de la persona no basta la copia autenticada de la resolución de manera que la sola copia de dicha resolución no constituye plena prueba, la carencia de prueba de la existencia del sindicato conlleva como consecuencia lógica, la falta de prueba del fuero sindical (…).

En el expediente no reposa ninguna carta de despido pero el demandante en los hechos de la demanda [dice] que laboró hasta el 31 de diciembre de 1994 y en el interrogatorio expresa que lo liquidaron hasta la fecha antes mencionada pero lo retiraron en julio de 1995[.] [E]ste hecho no aparece acreditado en el proceso por lo que se tendrá en cuenta como fecha de retiro 31 de diciembre de 1994, no se conoce la causa o si fue que renunció es decir no está acreditado el despido solo la terminación laboral o vínculo contractual y el salario.

Uno de los requisitos necesarios para que pueda ordenarse el reintegro de una persona aforada, es la demostración del despido y en el caso materia de estudio este no está probado únicamente se encuentra acreditada el retiro o finalización del vínculo laboral pero no en que forma por lo tanto. Se absuelve a las empresas públicas municipales de los cargos de la demanda (sic).

31. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia dictada el 13 de julio de 2005, en la cual se confirmó la providencia dictada por el a quo (copia de la alzada(3), fl. 407-410, cdno. 1; copia de la providencia, fl. 419-427, cdno. 1). Sobre el particular se dijo:

El artículo 53 del Decreto 2127/45 dice que la sola sustitución del patrono no modifica ni extingue los contratos de trabajo celebrado por el sustituido y define la sustitución como toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración, sea por muerte del primitivo dueño; o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresarial, o por contrato de administración delegada, o por otras causas análogas.

La sustitución puede ser total o parcial, teniéndose como parcial la que se refiere a una porción el negocio o empresa susceptible de ser considerada y manejada como unidad económica independiente.

Para los trabajadores oficiales, opera la sustitución patronal en el evento de darse los 3 requisitos siguientes:

1. El cambio de empleador, por cualquier causa (venta, arrendamiento, cambio de razón social, fusión, transformación o liquidación).

2. La continuidad de la empresa.

3. La continuidad del trabajador en el servicio mediante el mismo contrato de trabajo.

(…).

Se procede a estudiar si en este caso se dan los 3 requisitos exigidos para la sustitución de patronos:

1. La continuidad de la empresa.

La Sala considera que sí está demostrada la continuidad en el giro esencial del negocio, como es la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, lo anterior se probó con las actas que se relacionan así:

• Acta 001 de 15 de febrero de 1992, con 15 anexos, de la división de aseo.

• Acta 002 de 12 de marzo de 1992 a través de la cual las EPM entrega a la triple A la división de alcantarillado (vehículos, estaciones de bomba, edificios y lotes, etc.).

• Es indudable para la sala que con la entrega no solo de los bienes muebles e inmuebles, sino de las áreas administrativas y comerciales de las EPM a la triple A subsiste el mismo giro de los negocios, la prestación de los servicios públicos de alcantarillados, acueducto y aseo.

2. Cambio de patrono y continuidad en la prestación del servicio:

La entrega de la empresa (unidad de explotación económica) se hizo por parte de las EE.PP.MM. A la triple A entre el 23 de abril de 1992 y los meses de mayo y junio del mismo año.

A pesar de la entrega de la empresa a la triple A, el contrato de trabajo de Helizauth Morano Rodríguez continuó en las EE.PP.MM hasta el 31 de diciembre de 1994, fecha que consagra en el hecho primero de la demanda cuando afirma que fue despedido sin justa causa, lo que quiere decir que no hubo cambio de patrono entre abril 20 de 1992 al 2 de agosto de 1993, pues siguió laborando con las EE.PP.MM, ni continuidad de la prestación del servicio en la empresa entregada a la triple A.

Aplicando las normas aquí enunciadas al caso concreto, se llega a la ineludible conclusión de que el actor no demostró haber cumplido con los 3 requisitos exigidos para la sustitución patronal, por ello la sala confirmará la decisión del a-quo al negar las pretensiones del demandante.

2.5. Terminación del contrato:

La parte demandante solicita el reintegro a su cargo por haber sido desvinculado sin justa causa por las empresas públicas de Barranquilla.

El despido obedeció a la liquidación del a citada empresas públicas, hecho que encaja en la causal del artículo 47 del Dcto. 2127/45 para la terminación del contrato, pero no por ello indica que sea justificada, ya que estas causales son diferentes y están estipuladas en los artículos 48 y 49 del mismo decreto. La justa causa y el modo legal de la terminación son causas distintas en esencia (C.S. de J., sentencia de marzo 24/96, rad. 8247).

El despido es motivado en causa legal, pero no es justo, dando lugar a la indemnización por ser imposible físicamente el reintegro contemplado en el artículo 1º de la convención colectiva de trabajo 1990 - 1991, ya que el cierre total de un lugar donde prestaban el servicio los demandantes hace imposible el reintegro porque para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible, de manera que una persona no puede gravar al demandado, con una decisión judicial suya, a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible. (Corte Suprema de Justicia, Cas. Laboral, sent. 10.425, abril 30/98. M.P. Germán Valdés Sánchez).

Además, en tratándose de trabajadores oficiales el reintegro resulta procedente en la medida en que se encuentre consagrado en una norma extralegal (Convención Colectiva, etc.) puesto que no existe norma positiva en nuestra legislación que lo consagre para los servidores públicos por lo que tampoco habría lugar al mismo en el presen te caso.

La Sala confirmará el fallo apelado por no haberse probado la sustitución patronal y ser imposible jurídicamente el reintegro a las EE.PP.MM. (resaltado del texto).

III. Problema jurídico

32. Corresponde a la sala determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla incurrió en un error judicial al negar las pretensiones invocadas en ejercicio de la acción de reintegro por el señor Helizauth Moreno Rodríguez contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Fondo de Pasivos de las EPM de Barranquilla en liquidación y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. En concreto, tendrá que establecer si tenía vocación de prosperidad la acción incoada, dado que el señor Moreno no probó la terminación unilateral del vínculo contractual. Asimismo, corresponde verificar si el tribunal se equivocó al declarar (i) que no se produjo el fenómeno de la sustitución patronal, y (ii) que no era procedente el reintegro del trabajador.

IV. Análisis de la Sala

33. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean causados por las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas, incluyendo las judiciales. Con esta disposición se superó definitivamente la posición jurisprudencial según la cual los errores cometidos por los funcionarios judiciales, en desarrollo de su actividad, comprometían la responsabilidad personal del servidor público, bajo el supuesto de que este hubiera actuado con “error inexcusable”, y no la del Estado(4).

34. En este sentido, la Ley 270 de 1996 reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres títulos jurídicos de imputación bajo los cuales es posible analizar dicha responsabilidad. Ellos son: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y la privación injusta de la libertad(5).

35. De acuerdo con estas normas el error judicial es aquel que se materializa en una providencia proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, mientras que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de carácter subsidiario que se aplica a todos aquellos eventos en los que los daños cuya indemnización se reclama se derivan de la función jurisdiccional, pero no de lo decidido en providencias judiciales. En ese sentido la Sección Tercera ha sostenido(6):

La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

“(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(7).

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (L. 270/96., art. 69).

36. En el caso concreto, de acuerdo con el petitum de la demanda, se tiene que el actor pretende que se declare la responsabilidad del Estado por las decisión injusta que fue adoptada en la sentencia de segunda instancia, dictada dentro del proceso laboral de reintegro que adelantó el señor Helizauth Moreno en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Fondo de Pasivos de las empresas públicas municipales de Barranquilla y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.

37. Comoquiera que los vicios se cristalizaron en la expedición de una providencia judicial, es evidente que el asunto debe ser estudiado desde la perspectiva del error jurisdiccional. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que los presupuestos que deben estar presentes para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional quedaron precisados en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en los siguientes términos:

El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto todos los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva del error deberá estar en firme.

38. En interpretación de las normas antes citadas, la sala ha dejado precisados los siguientes parámetros o requisitos para que se entienda configurado el error jurisdiccional, y por lo tanto un daño antijurídico, así: (i) es necesario que el yerro haya sido cometido por un funcionario u órgano investido de funciones jurisdiccionales(8); (ii) se requiere que el error jurisdiccional quede plasmado en una providencia que tenga incidencia sobre los derechos que se discuten en el trámite del que se predica la equivocación(9); (iii) es indispensable que respecto de dicha providencia se hayan ejercido todos los recursos ordinarios que procedían; (iv) de manera tal que la providencia errada se encuentre ejecutoriada y haya hecho tránsito a cosa juzgada(10).

39. Adicionalmente, para la prosperidad de las pretensiones el error judicial debe estar fincado en las labores lógicas, epistemológicas y hermenéuticas hechas por el juez en la solución del caso sometido a su consideración, bien sea por el entendimiento que construye respecto de los hechos —error de hecho—; o por la forma en que el fallador interpreta los supuestos normativos que pretende aplicar —error de derecho por indebida interpretación—; o bien porque aplica dichos supuestos a circunstancias de hecho que no se subsumen dentro de la norma —error de derecho por aplicación indebida—. En este último supuesto, el error también se presenta cuando el fallador deja de aplicar las normas subsumibles en los hechos materia de decisión —error de derecho por falta de aplicación de la norma—.

40. Ahora bien, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre esta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

41. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

42. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista, que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada.

43. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(11), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(12). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(13).

44. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que esta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(14).

45. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de este fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico.

46. En cualquier caso, es preciso advertir que no es necesario que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional identifique en su demanda el tipo de error cometido, ni que demuestre que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(15), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(16).

47. Adicionalmente, es necesario analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “(…) el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”(17).

48. Para el caso concreto, encuentra la sala que se cumplen los requisitos para acometer el estudio del error judicial, como pasa a verse: en primer término, se tiene que la providencia de la cual se predica el daño fue expedida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, juez colegiado que actuó en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.

49. En segundo orden, para la sala es claro que el error que el demandante predica tiene una indiscutible incidencia respecto de los derechos que se estaban discutiendo en el proceso laboral promovido por el hoy demandante en reparación —señor Helizauth Moreno Rodríguez—, toda vez que el yerro que predica le significó la nugatoria de las pretensiones que allí había elevado, a saber: (i) que se le reintegrara al cargo que desempeñaba como supervisor u otro de igual o superior categoría y (ii) que se le cancelaran los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el despido y la fecha en la que se produjera el reintegro.

50. En tercer lugar, se observa que en contra de la sentencia proferida por el tribunal ad quem no cabía ningún recurso ordinario, teniendo en cuenta que ella precisamente resolvía la alzada incoada por el peticionario en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, en primera instancia. Por ello, es claro que la providencia se encuentra debidamente ejecutoriada, al punto que se tiene constancia de la orden de archivo del expediente —ver notal al pie Nº 3—.

51. Finalmente, el error que la parte demandante le endilga a la sentencia del 30 de septiembre de 1998, está relacionado, por un lado, con la forma en que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá dejó de aplicar algunas normas sustanciales en la resolución del proceso laboral promovido por el hoy accionante en reparación, en específico la convención colectiva celebrada entre las empresas públicas municipales de Barranquilla y el sindicato de sus trabajador —error de derecho por falta de aplicación de la norma—; y, de otra parte, con la forma en que el juzgador apreció la prueba que supuestamente demostraba la sustitución patronal que se produjo, así como su carácter de trabajador amparado por el fuero sindical.

52. Sin embargo, sin necesidad de estudiar sí le asiste razón al señor Moreno Rodríguez en tales asertos, una lectura integral de los elementos de prueba obrantes en el plenario le permiten a la sala concluir que el material probatorio obrante en el proceso laboral no resultaba suficiente para que el demandante obtuviera una sentencia favorable a sus pretensiones, toda vez que el ahora demandante omitió probar que hubiera sido despedido de las empresas públicas municipales de Barranquilla —o de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., de haberse producido la sustitución patronal—, al punto que ni siquiera demostró que el contrato de trabajo hubiera finalizado, por cualquier causa.

53. En efecto, nótese que ante la ausencia de regulación sobre la carga de la prueba en el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en virtud del artículo 145 ibídem(18) es procedente aplicar el Código de Procedimiento Civil, que al respecto dispone en su artículo 177 del CPC que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

54. No obstante lo anterior, atendiendo al principio de favorabilidad aplicable en el derecho laboral y para garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los trabajadores, la Corte Suprema de Justicia de antaño ha modificado dicho criterio y ha establecido una suerte de carga dinámica de la prueba en los casos de despido sin justa causa.

55. Así, ha fijado que al trabajador le corresponde acreditar la terminación unilateral del contrato por parte del empleador, mientras que a este le compete dar cuenta de que tal decisión estuvo amparada en una de las causales de justa causa que establece el Código Sustantivo de Trabajo(19):

Sobre el particular, sea lo primero señalar que conforme la doctrina y la jurisprudencia, la prueba del despido le incumbe al trabajador, por tratarse de un hecho constitutivo de la responsabilidad del empleador, quien debe justificarlo o de lo contrario le corresponderá responder por el hecho que dio al traste con la estabilidad laboral.

56. En el sub lite se encuentra que el actor incumplió dicho deber, pues si bien afirmó en el escrito introductorio incoado ante la justicia laboral que su contrato de trabajo terminó el 31 de diciembre de 1994, no aportó ni pidió la práctica de ningún medio de convicción que diera fe sobre el acaecimiento de tal hecho.

57. Sobre el particular se cuenta en el plenario únicamente el derecho de petición presentado por el señor Moreno Rodríguez ante el Distrito Especial de Barranquilla, el Fondo de Pasivos de las empresas públicas municipales de Barranquilla y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., con el fin de cumplir con su deber de agotar la vía gubernativa (fl. 64-69, cdno. 1), en donde adujo que el vínculo contractual lo “(…) terminó unilateralmente y sin justa causa la parte patronal el día 31 de diciembre de 1994. Es un despido de hecho sin invocación de causal”.

58. Lo cierto es que tal documento no constituye un verdadero medio de prueba susceptible de generar el convencimiento del fallador, en la medida en que se trata, simplemente, de una manifestación adicional del mismo dicho del demandante, el cual, como es sabido, solo es susceptible de ser valorado en su contra, esto es, cuando cumple con los supuestos para ser considerado una confesión.

59. Se cuenta también con la contestación de la demanda presentada por el Fondo de Pasivos de las empresas públicas municipales de Barranquilla, en la que respecta al hecho tercero de la demanda, aseguró: “[e]s cierto, conforme a la liquidación definitiva de las prestaciones sociales del accionante” (fl. 345-349, cdno. 1).

60. Sin embargo, al no haberse aportado el documento que allí se refiere, dicha apreciación carece de todo valor, en la medida en que por expresa disposición legal, contenida en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil(20), los establecimientos públicos, como lo es el Fondo de Pasivos de las empresas públicas municipales de Barranquilla de conformidad con el acto administrativo por el que se constituyó(21), no pueden confesar de forma espontánea.

61. Ante la ausencia de dicha prueba, elemento esencial del juicio laboral, no tenía otra opción la justicia ordinaria que denegar las pretensiones incoadas por el señor Helizauth Moreno Rodríguez. En otras palabras, incluso aunque fuesen certeras las críticas que realiza el ahora demandante en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, lo cierto es que el sentido de la decisión allí adoptada habría sido la misma: negar las pretensiones invocadas por el actor.

62. Por ello, es claro para la sala que si bien el demandante sufrió un daño, entendido este como una disminución en sus condiciones preexistentes, en la medida en que vio derrotada la posibilidad de convertir el derecho litigioso que poseía en un incremento en su patrimonio, lo cierto es que dicho daño de ninguna manera puede ser calificado como antijurídico, pues el resultado del juicio constituye una carga que le competía soportar al señor Moreno, dado que el sentido de la providencia se corresponde con la actividad probatoria que se desplegó en el plenario, con independencia de la probidad de la argumentación vertida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

63. Aunque este motivo resulta suficiente para despachar las pretensiones invocadas en ejercicio de la acción de reparación directa, a fin de responder adecuadamente el petitum de la demanda incoada, procede la sala a estudiar los cargos que propone el demandante frente a la ilegalidad de la sentencia dictada el 13 de julio de 2005. Para ese efecto se estudiará primero el presunto yerro en el que incurrió el ad quem al considerar que no había sustitución patronal, tras valorar incorrectamente las pruebas obrantes en el expediente.

64. Cabe señalar que el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo define la sustitución patronal como “todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”(22). Se trata de un “fenómeno jurídico tendiente a amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva de los contrato de trabajo, a raíz del traspaso o mutación del dominio de una empresa”(23).

65. Uno de los propósitos de esta figura es el de mantener la unidad de los contratos. Así lo establece en el artículo 69 ibídem “La sola sustitución de empleadores no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”. También tiene por fin asegurar los derechos prestacionales de los trabajadores, dado que cuando se configura la sustitución patronal, tales derechos “(…) deben ser exigidos por el trabajador directamente al nuevo patrono, quien deberá garantizarlos de forma inmediata con la posibilidad cierta, a su favor, de repetir por el valor total de los pagos que realice a tal efecto, contra el antiguo patrono. Se trata aquí de una verdadera obligación legal, fundada en normas superiores, que no puede ser desconocida, ni menos aún contrariada, por ninguna disposición convencional”(24).

66. A su turno, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que para que opere la sustitución patronal en relación con los trabajadores oficiales deben reunirse tres requisitos, a saber: (i) cambio patronal, (ii) continuidad en el desarrollo de las labores del establecimiento y (iii) continuidad en la prestación del servicio por parte del trabajador:

Lo que fundamentalmente plantea el recurrente es que en este caso operó la sustitución patronal

Es tema indiscutido que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom desapareció y que el contrato de trabajo de Galo Humberto Cabana Herrera terminó por la liquidación de la entidad, y por la autorización de la supresión de cargos ordenada por los decretos 1615 y 2062 de 2003, a partir del 26 de julio de 2003. La censura muestra total conformidad respecto de lo que consignó el ad quem, en cuanto a que la terminación del contrato, aunque legal, constituyó un despido injusto que generó el pago de una indemnización convencional por la suma de $ 82.268.896. Así las cosas, no queda duda que el contrato del actor no continuó con la nueva empresa, sino que finalizó por la liquidación de Telecom, y que con el pago de la indemnización quedaron resarcidos los perjuicios causados al demandante.

La decisión del tribunal en este específico tema, se adecua a la línea que de tiempo atrás ha trazado la corporación, en el sentido de que, para que se configure la sustitución patronal, se requiere que el trabajador continúe prestando efectivamente sus servicios al nuevo patrono, situación que en este caso no se presenta, pues no hay elementos probatorios que así lo indiquen. Además, valga recordarlo, la confirmación que le impartió el ad quem a la sentencia de primera instancia, también abarcó la declaratoria de encontrar probada la excepción de “inexistencia del contrato de trabajo con Colombia Telecomunicaciones S.A.”.

Resulta irrelevante profundizar entonces para el caso en estudio, sobre el tema de la sustitución empresarial que plantea la censura, porque de todos modos, el actor no continuó prestando servicios con la nueva empresa, toda vez que, se reitera, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom terminó el contrato de trabajo, aunque de manera injusta, pero lo indemnizó con la suma de $ 82.268.896, bajo los parámetros de la Convención Colectiva vigente y, por consiguiente, la nueva entidad “Colombia Telecomunicaciones” resulta ajena a cualquier pretensión de quien jamás le prestó servicios(25).

67. En el presente evento, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla consideró que se encontraban acreditados los dos primeros requisitos, con base en la liquidación de las empresas públicas municipales de Barranquilla, la creación de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. y las actas de entrega de los bienes muebles e inmuebles de la primera a la segunda.

68. Sin embargo, adujo que no se probó la continuidad de la prestación del servicio del señor Helizauth Moreno Rodríguez con la sociedad A.A.A., máxime cuando él en el escrito de la demanda confesó que continuó laborando con las empresas públicas municipales de Barranquilla hasta el 31 de diciembre de 1994, cuando ya hace tiempo que había entrado en funcionamiento la referida sociedad anónima (fl. 55, cdno. 1).

69. El demandante alega que tal decisión constituye un yerro de tal magnitud que da pie a que se produzca el error jurisdiccional, teniendo en cuenta que el hecho de que haya continuado laborando con las empresas públicas municipales de Barranquilla hasta que finalizó el año de 1994, significa que sí siguió prestando el servicio bajo el mismo contrato de trabajo, sin solución de continuidad. Además, aseguró que si no hizo parte de la nueva empresa fue porque se vio impedido para ello, en la medida en que así lo dispuso el Concejo Distrital de Barranquilla.

70. No obstante, la sala considera que la confesión que derivó el juez laboral de lo que consignó en la demanda el señor Helizauth Moreno Rodríguez resulta ser un medio de prueba que permite, de forma plausible, deducir que en el caso concreto no se cumplió con el último de los requisitos que la jurisprudencia exige para que se produzca la sustitución patronal.

71. Así, advierte la sala que, efectivamente, la transferencia de la unidad económica por parte de las empresas públicas municipales de Barranquilla a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. se produjo el 19 de octubre de 1993, pues está probado que esta fue la fecha en la que el Distrito de Barranquilla firmó un contrato de suscripción de acciones en el que, como aporte social, entregó la concesión de sendos activos vinculados a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (copia del contrato, fl. 334-339, cdno. 1).

72. Está entonces claro que para la fecha en que, según adujo en la demanda, terminó su contrato de trabajo con las empresas públicas municipales de Barranquilla ya se había creado y entrado en funcionamiento la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., con la que, sin embargo, nunca llegó a laborar.

73. Es por ello que resulta imposible predicar que se configuró el fenómeno de la sustitución patronal, pues es evidente que ambas entidades coexistieron y que la planta de personal de la primera no pasó de forma automática a servir a la sociedad anónima previamente citada.

74. Para la sala es palmario que, contrario a lo que considera el demandante, no basta para acreditar la sustitución patronal el hecho de que el demandante continúe con su contrato de trabajo, a órdenes de su antiguo empleador. Pues tal figura, como su mismo nombre lo indica, exige que la prestación del servicio personal se realice ahora a favor de una persona natural o jurídica distinta, a fin de que pueda a esta exigírsele que cumpla con las obligaciones que exige el vínculo laboral del cual se beneficia.

75. sin alteraciones, puesto que, como resulta apenas lógico, en tal evento lo que existe.

76. Cabe señalar que en un proceso con supuestos fácticos idénticos al presente, esta subsección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el particular, de la siguiente manera(26):

— El 9 de octubre de 1993, se suscribió un contrato de concesión entre el municipio (hoy Distrito Especial y Turístico de Barranquilla), y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, el cual tuvo por objeto el pago del aporte del municipio a la sociedad, a través de la concesión de los bienes vinculados directa o indirectamente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el cual estaba sujeto, para su perfeccionamiento y validez, a la aprobación del Tribunal Administrativo del Atlántico y de la Superintendencia de Sociedades (fl. 228-231). La fecha en la cual se celebró el contrato de aporte permite inferir que solo desde ese momento la sociedad recibió los bienes con los cuales las empresas públicas municipales de Barranquilla prestaban sus servicios, fecha que es posterior a la del retiro del trabajador de la empresa, que, se reitera, lo fue el 2 de agosto de 1993 (fl. 37).

— En la inspección judicial practicada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla a las dependencias de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (fl. 194-197), se verificó que el actor no figuraba en nómina de empleados de la Sociedad, ni en el listado de aportes a las entidades de seguridad social y caja de compensación familiar, durante el período 1992 - 1996.

— La liquidación y disolución de las empresas públicas municipales de Barranquilla se dispuso el 21 de octubre de 1992, con la expedición del Decreto 26. Esa liquidación fue regulada por el Alcalde el 30 de diciembre de 1992, con la expedición del Decreto 958. Esto significa que la empresa continuó existiendo hasta su liquidación final y, por lo tanto, tuvo a su cargo una planta de trabajadores a quienes debió indemnizar conforme a lo estipulado en la ley y en la Convención Colectiva de Trabajo, en caso de que se decidiera que estos no habrían de continuar prestando sus servicios a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla.

En consecuencia, a pesar de que existe controversia sobre el momento en el cual la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla recibió los bienes con los cuales las empresas públicas municipales prestaban esos servicios públicos y, por lo tanto, sobre la fecha en la cual esta dejó de ejercer las funciones para las cuales había sido creada, lo cierto es que no existen pruebas que permitan a la Sala afirmar que el Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en error judicial al considerar que no estaba probado que el demandante prestó sus servicios a la sociedad y, en consecuencia, para concluir que no hubo sustitución patronal.

En otras palabras, aunque se probó que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla continuó desarrollando las labores que antes ejercían las empresas públicas municipales de Barranquilla, el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial no incurrió en error judicial al negar las pretensiones del demandante, porque este no probó que hubiera prestado sus servicios a la sociedad.

No puede perderse de vista que, de acuerdo con las pruebas señaladas, las empresas públicas de Barranquilla continuaron prestando los servicios, de manera total o parcial, mientras estos eran asumidos de manera plena por la sociedad. En esa medida, no hay lugar a concluir que todos los trabajadores de la empresa pasaron a trabajar para la sociedad cuando esta se creó o cuando comenzó a ejercer sus funciones. Era necesario que en el proceso ordinario se demostrara que la labor que ejercía el demandante era de aquellas que la sociedad estaba desarrollando cuando aquel fue despedido sin justa causa por la entidad en liquidación.

77. Las mismas consideraciones expuestas en esa oportunidad resultan relevantes y pertinentes para el caso de marras: ciertamente era al señor Moreno a quien le correspondía acreditar en el proceso de reintegro que laboró también a órdenes de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, deber que incumplió, como acertadamente lo reconoció el tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

78. De otro lado, critica también el demandante el hecho de que la referida autoridad judicial hubiera aplicado para resolver el caso concreto las normas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, cuando lo cierto es que en la convención colectiva que pactó el sindicato con el que estaba afiliado con las empresas públicas municipales de Barranquilla incluía normas que, por ser más favorables para los trabajadores, eran de aplicación preferente.

79. En especial, hace referencia al artículo primero de la convención colectiva de trabajo de 1990-1991, en la que se pactó que las empresas públicas municipales de Barranquilla estaban obligadas a reintegrar a los empleados que despide sin justa causa y que, en caso de privatización, estaba encargada de velar por la estabilidad de sus trabajadores.

80. Sin embargo, debe anotarse que ambas normas regulan aspectos muy diferentes, de modo que no hay necesidad de elegir, de forma disyuntiva, una sobre otra. Efectivamente, el juez ordinario aplicó el CST a fin de establecer si se había producido o no el fenómeno de la sustitución patronal, institución jurídica cuyo propósito no es otro diferente que el de hacer exigibles al nuevo empleador las obligaciones contractuales o convencionales celebrados con el antiguo, entra las que se encuentra, justamente, aquella pactada en la convención colectiva, que le otorgaba protección reforzada al actor, además de la que ya tenía en razón de su fuero sindical.

81. Cierto es que allí las empresas públicas municipales de Barranquilla también se obligaron a garantizar la estabilidad de los empleados, en caso de privatización. Sin embargo, nótese que tal obligación solamente le era exigible a misma entidad, cuando pasara a ser propiedad, total o parcialmente, de particulares.

82. Pues bien, con independencia del silencio sobre el particular del tribunal ad quem, lo cierto es que dicha disposición no era aplicable al caso que se demandó ante la justicia ordinaria, puesto que las empresas públicas municipales de Barranquilla no fueron privatizadas sino liquidadas. Es decir, la empresa industrial y comercial del Estado no cambió de manos, total o parcialmente, a favor de particulares, sino que, vencido el trámite previsto en la ley, desapareció de forma definitiva de la vida jurídica.

83. Por ello, se concluye que no podía pedirse el reintegro del actor a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., en la medida en que no se probó que fuera la empleadora sucesiva del señor Helizauth Moreno Rodríguez, sin que produjera ningún efecto, al respecto, la convención colectiva de trabajo de 1990 a 1991. De allí que no pueda achacársele al juez colegiado ningún error judicial sobre el particular.

84. De otra parte, en lo relativo a las otras dos demandadas, a saber: el Distrito de Barranquilla y el Fondo de Pasivos de las empresas públicas municipales de Barranquilla, no hay claridad de que estuvieran legitimadas en la causa dentro del proceso laboral, teniendo en cuenta que no se probó que hubiera concluido el proceso de liquidación de las empresas públicas municipales de Barranquilla.

85. Efectivamente, si no hubiere concluido tal proceso, era ella la que debió ser demandada directamente, pues mantenía aún su personería jurídica, a pesar de que se encontrara ya en proceso de liquidación. Y de haberse producido ya tal fenómeno, era preciso que se allegara prueba del acto administrativo respectivo, a fin de conocer a cuál de ellas se le responsabilizó por comparecer a los juicios que en contra de la extinta entidad se presentaran.

86. Con todo, como lo narró el ad quem, lo cierto es que todo ello se torna irrelevante si se tiene en cuenta que el reintegro era improcedente en el caso concreto. En efecto, la autoridad judicial advirtió que aun cuando existiera una obligación de tal naturaleza, solo podía accederse a la pretensión invocada si fuera jurídica y materialmente posible su cumplimiento, lo que no ocurría en este caso, dado que desapareció la entidad que tenía la obligación de acometer tal obligación.

87. Si bien es cierto que el tribunal erró al considerar que no estaba probada la obligación de reintegro en cabeza de las empresas públicas municipales de Barranquilla, pues contrario a lo que adujo sí existía una obligación en tal sentido plasmada en la convención colectiva, además del fuero sindical que ostentaba el señor Moreno Rodríguez, se encuentra que la consideración del ad quem no comporta un error jurisdiccional, puesto que, por el contrario, constituye una recta aplicación de la jurisprudencia laboral y constitucional existente sobre dicho tema.

88. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando el empleo ha sido suprimido o se ha efectuado el cierre parcial o total de la entidad, el reintegro resulta improcedente, así el despido haya sido injusto y aquel se encuentre consagrado en la ley o en la convención colectiva de trabajo:

Las pretensiones de los actores se circunscriben a obtener su reintegro al cargo que desempeñaban o a otro de similares o superiores condiciones, con el consecuente pago de salarios y prestaciones.

Según se informa en la demanda y lo reconoce la demandada, la terminación de los contratos de trabajo de los demandantes obedeció a la supresión de sus cargos, como consecuencia de la reestructuración del ente demandado, ordenada por el gobernador, mediante Decreto 325 de 2002, en ejercicio de las especiales facultades conferidas por la asamblea departamental, mediante la ordenanza 473 de 2001.

En tratándose de la supresión de cargos proveniente de la reestructuración de las entidades del Estado, ha dicho la jurisprudencia de esta sala que la desvinculación contractual del trabajador por tal circunstancia puede ser legal pero no constituye justa causa y, por ende, es indemnizable.

Sobre este particular resulta oportuno recordar lo precisado por esta corporación en sentencia de 18 de julio de 2003 (rad. 20578) ratificada en pronunciamientos más recientes, como, entre otros, en la sentencia del 1 de marzo del corriente año (rad. 27148) en donde se dijo:

“(…) en cumplimiento de la función pedagógica que le compete a la Corte, de tiempo atrás, tiene sentado el criterio de que en los eventos de supresión del cargo, como es aquí el caso, la reinstalación es improcedente”.

“El problema jurídico que se presenta de la aplicación preferente de disposiciones convencionales que prevén el reintegro por despido sin justa causa de los trabajadores oficiales, en los excepcionales casos en que la extinción unilateral del vínculo laboral se dé como consecuencia de la supresión del cargo, en virtud de la liquidación o reestructuración de la empresa o entidad pública dispuesta con apoyo en preceptos que lo permiten, ha sido resuelto por la Corte en el sentido de que si bien es cierto por no estar estos motivos consagrados en la ley como justa causa de despido, este de todos modos es injusto; pero por estar soportado en una norma jurídica que lo autoriza es legal, y en esa medida daría lugar a la indemnización de perjuicios, más no haría operar la cláusula convencional que previera el reintegro porque sería una obligación imposible de cumplir”.

“En sentencia de 2 de diciembre de 1997, rad. 10157, dijo sobre el tema lo siguiente:

“(…) para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible, de manera que una persona no puede obligarse por un acto o declaración de voluntad a cumplir lo imposible y de la misma manera el juez no puede gravar al demandado, con una decisión judicial suya a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible. Cuando el hecho debido se torna imposible la obligación original (de dar, hacer o no hacer) se resuelve en una de indemnizar perjuicios, de modo que lo jurídicamente procedente es la demanda judicial de los perjuicios (…)”.

“Y luego añadió:

“(…) si el empleador, con desconocimiento de la ley, procede a efectuar un cierre parcial o total de la empresa y esta circunstancia da lugar a la terminación de contratos de trabajo, resulta jurídicamente inadmisible pretender el reintegro, así él se encuentre consagrado en la ley, en pacto colectivo o en convención colectiva. El trabajador perjudicado solo tiene la opción indemnizatoria, que en el caso de los trabajadores oficiales puede ser plena, como lo señala el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945 y lo dice su Decreto Reglamentario 2127, pero no le está dado pretender un reintegro imposible, pues con ello desnaturalizaría el objeto del proceso y eventualmente podría crear artificialmente la posibilidad de recurrir al proceso ejecutivo para el cumplimiento de la obligación de hacer, a sabiendas de su imposibilidad y con la pretensión de obtener ventaja con el juramento estimatorio de los perjuicios, o sea, para pasar por alto el objeto de la pretensión que efectivamente debió hacer valer en el juicio ordinario, con el onus probandi de los perjuicios (…)”(27).

89. También la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre la improcedencia de reintegro en los eventos de supresión de cargos por liquidación o restructuración de la entidad, incluso en los eventos en los que la persona está amparada por el fuero sindical, así:

(…) la Corte debe recordar que mediante Sentencia C-013 de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo esta corporación a propósito de la Ley 1ª de 1991 que ordenó la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, lo siguiente:

Tanto el legislador ordinario como el extraordinario, en relación con el proceso liquidatorio de Puertos de Colombia, tuvieron un criterio diferenciador que salta a la vista en el análisis de la ley, su exposición de motivos y de los decretos que la desarrollan, y es el de estar frente a un proceso terminal. En efecto, la empresa Puertos de Colombia está inexorablemente abocada a su desaparición.

Lo hace bajo circunstancias especiales. En primer término hay que constatar que no será reemplazada por otra entidad estatal de la misma cobertura ni planta de personal. En segundo término, el nuevo esquema portuario que la ley prescribe al país parte del supuesto de un menor número de operarios para llegar a niveles internacionales de eficiencia, sin los cuales el esfuerzo será vano. Por eso es ineludible que buena parte de los actuales trabajadores y empleados sean licenciados. Además, la ley y los decretos hacen de la liquidación algo definitivo, al incluir los mecanismos necesarios para la reinserción de los mismos trabajadores a nuevas actividades productivas, y realzando de este modo el corte definitivo que se hará en la vida de la empresa y en la carrera de esos trabajadores, al punto que en las mismas convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y por el Sindicato Nacional, se admite expresamente que la indemnización precluye el uso de mecanismos dirigidos al reintegro.

La Ley 1ª y los decreto-ley 35, 36 y 37 en los apartes pertinentes son materia especial en cuanto representan la legislación expedida para regular la liquidación de una empresa pública individual, cuyo objeto y práctica social tenían una dimensión desproporcionada con la que pudiera tener otra entidad del sector social. Colpuertos en un momento determinado significó el principal obstáculo para la modernización del sector portuario, y por ende ameritó un tratamiento singularizado, aparte del régimen contractual, societario y laboral vigentes. Este carácter especialísimo constituye el término de comparación que llevó al legislador a otorgar un tratamiento distinto a supuestos distintos.

La liquidación de la empresa Puertos de Colombia no puede asimilarse a la liquidación de cualquier empresa, ni mucho menos puede pretenderse que la situación de sus trabajadores se homologue a la situación de trabajadores en empresas que no estén sufriendo un proceso de liquidación. Por ello no se encuentra que haya sido vulnerado el principio de la igualdad consagrado en el art. 13 que es género del principio de la igualdad consagrado en los artículos 13 y 53 de la Carta Política".

En este mismo sentido, en la Sentencia T-729 de 1998 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara), que decidió una tutela sobre una situación semejante a la que aquí se examina, en donde unos trabajadores solicitaban el reintegro a sus empleos, pese a que la entidad había desaparecido como consecuencia de la liquidación de la misma, la Corte en términos categóricos puntualizó que no hay lugar a reintegro de trabajadores que gocen o no de fuero sindical, cuando la terminación del vínculo laboral se debe a la supresión del cargo o desaparición jurídica de la entidad, como consecuencia de una liquidación dentro del marco de un proceso de reestructuración administrativa, pues en todo caso, prevalece el interés general que efectivamente posee la colectividad para que haya racionalidad en las entidades públicas y eficiencia y eficacia en el gasto público, por lo que esta corporación, rechazó por improcedente la acción de amparo para obtener el reintegro a un cargo de una entidad inexistente. En este sentido dijo la Corte lo siguiente:

“(…) estima pertinente la sala recabar en que no puede impedirse el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, ni la consecución de las finalidades sociales del Estado, y por ende la primacía de los derechos e intereses generales, so pena de hacer prevalecer los derechos individuales; igualmente tampoco existen derechos absolutos, en la medida en que todos está supeditados a la prevalencia del interés colectivo”. (T-729 de 1998 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Así las cosas, la Corte estima que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, al dictar las Sentencias objeto de acusación, bajo el entendido según el cual el artículo 20 transitorio consagró una causal de terminación del vínculo laboral, que no distingue entre trabajadores con fuero o sin él, desarrolló una interpretación constitucional propia del ejercicio de la función judicial; por lo tanto, el criterio utilizado por la corporación en cuanto a que la terminación de los contratos de los trabajadores oficiales con fuero sindical no requieren calificación legal alguna, en el caso concreto de Colpuertos, pues tanto la Ley 1ª de 1991 como el Decreto 35 de 1992 así lo dispusieron en la medida en que expresamente el legislador señaló que: “la liquidación de la empresa Puertos de Colombia es justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo, de conformidad con el artículo 5º literal e) de la Ley 50 de 1990”.

A juicio de la Corte, el criterio interpretativo que sirvió de fundamento a las decisiones de la H. Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, no constituyen vías de hecho, ya que las mismas se constituyen en interpretaciones razonables, que no rayan con una arbitrariedad, pues es evidente para la Sala de revisión, que al dejar de existir jurídicamente la sociedad Puertos de Colombia, no puede haber lugar al reintegro de empleados, así gocen de fuero sindical. En este caso la terminación del vínculo laboral se debe a la liquidación y supresión de una entidad pública como consecuencia de un mandato legal y no de un capricho patronal (L. 1ª/91, D. 35/92), instrumentos jurídicos que consagraron la liquidación de la empresa Puertos de Colombia y la creación de Foncolpuertos, los cuales fueron declarados exequibles por la Sentencia C-013 de 1993 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), como ya se sostuvo al citar esta providencia.

De otro lado, resulta pertinente recordar, lo afirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia de 9 de abril de 1999 (dentro del exp. T-261112), en la cual la corporación judicial, al desatar la segunda instancia dentro del proceso por fuero sindical, en cumplimiento de la orden judicial dada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-01 de 1999 En efecto, sostuvo el Tribunal Superior lo siguiente:

“Al acogerse el criterio que se ha expuesto reiteradamente por la ponente desde la vigencia de la nueva Constitución y los efectos del artículo 20 transitorio de la C.N., en procesos contra distintas entidades del Estado que se liquidaron, no puede exigirse a la entidad que debiera adelantar el proceso de permiso para despedir, y el debate sobre la legalidad o no del despido, no compete definirse en el proceso de fuero sindical, sino el ordinario laboral, conforme antes se expresó, agregándose a lo anterior, que la liquidación de la entidad no fue solo apariencia sino realidad, que para efectos del pago de las condenas en los procesos por los servicios prestados a la empresa Puertos de Colombia se creó el Fondo de Pasivo Social, que fue la entidad a quien se demandó, y por lo tanto en desarrollo del artículo 37 de la Ley 1ª de 1991, se entiende que al expresar la posibilidad de reintegro que se cumple con el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia sin que haya lugar al reintegro, necesariamente debe entenderse esa disposición referida a condenas en procesos ordinarios y no de fuero sindical, donde no es dable siquiera conciliar como lo ha definido la H. Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad de los arts. 68, 82, 85 y 87 de la ley 446 de 1998, en Sentencia C-160/99 de fecha marzo 17 de 1999, cuando determinó que el fueron sindical como tal es un derecho fundamental no del trabajador sino del sindicato, que hace parte del núcleo esencial del derecho de asociación y bajo esa conclusión, al liquidarse la demandada por la Ley lª de 1991 en desarrollo de otro precepto constitucional el art. 20 transitorio y dejar de tener la empresa trabajadores a su servicio, no existe como desarrollar el derecho de asociación frente a un patrono inexistente, reiterándose que la demandada en virtud de la extinción de la empresa patrono Puertos de Colombia, se dirigió contra el Fondo, que como tal, no tiene la calidad de patrono”.

A juicio de la Corte, conforme a lo analizado anteriormente, esta decisión también se acompasa con lo expuesto en algunas decisiones jurisprudenciales tanto de la H. Corte Suprema de Justicia, como de esta corporación.

En este orden de ideas, no comparte la Sala el argumento expuesto por el señor Otmar Rafael Amaya Ovalle, en el exp. T-261112, pues, examinado el caso subjudice, se observa que el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, de 9 de abril de 1999, objeto de la acción de tutela, por segunda vez, y luego de la prosperidad de la primera tutela de la Corte Constitucional, no es configurativa tampoco de una vía de hecho, que pueda calificarse de arbitraria o caprichosa pues las consideraciones y decisiones del Tribunal están respaldadas por el ordenamiento legal. Observa la Corte que esta decisión judicial es producto de la cabal interpretación de los hechos, de las pruebas y de las disposiciones jurídicas aplicables al caso. Esta Corte debe recordar, una vez más, que los fallos judiciales, o sus consideraciones —en gracia de discusión—, si bien pueden o no compartirse por alguna de las partes, pero no significa que todo disentimiento o divergencia, puede configurar una vía de hecho, o que sea causal para la procedencia de la tutela, ya que las interpretaciones razonables de los jueces, es producto de su soberanía e independencia y por lo mismo son intocables, como regla general, por la tutela, cuando las mismas resulten ajustadas a derecho.

(…).

En consecuencia, estima la sala que si bien es cierto, a pesar de que en su momento los extrabajadores de Puertos de Colombia, gozaban de fuero sindical, conforme a las pruebas obrantes en el plenario, es el juez ordinario laboral el único a quien le corresponde examinar las circunstancias de aconsejabilidad del reintegro en los casos de despido, cuando el contrato de trabajo termina por el cierre de la empresa, o cuando lo sea por extinción o liquidación de un patrono público. A juicio de la Corte, el problema jurídico de fondo de los expedientes analizados se contrae básicamente en la imposibilidad de hacer cumplir un reintegro cuando ya no existe patrono público frente al cual materializar dicha orden. Luego, conforme a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la doctrina formulada por la Corte Constitucional el trabajador perjudicado con la liquidación de una entidad pública o privada, solo tiene la opción indemnizatoria, pero no le es dado solicitar un reintegro imposible, pues con ello se desnaturalizaría el objeto de la acción judicial para el cumplimiento de una obligación de hacer a sabiendas de su imposibilidad jurídica y material(28).

90. De manera que, según la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, la decisión de no otorgar el reintegro no conlleva el desconocimiento del fuero sindical ni los derechos derivados de la convención colectiva de trabajo, sino que responde a la imposibilidad fáctica de acceder a tal pretensión, por la desaparición del cargo. Lo anterior, desde luego, no implica que en estos casos el despido esté justificado. Al contrario, ambas corporaciones han indicado que la disolución o liquidación de la empresa no constituye una justa causa de terminación de los contratos, por lo que los trabajadores que pierden sus empleos por esta situación tienen derecho a que se les indemnicen plenamente los perjuicios causados.

91. Se encuentra así que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ajustó su decisión a este marco normativo y jurisprudencial y por ello concluyó que aunque el despido había sido injusto, la supresión del cargo ocupado por el actor por virtud de la liquidación de la empresa hacía improcedente el reintegro.

92. Esta explicación, a su vez infirma el último cargo que aduce el demandante en contra de la rama judicial, referente a su omisión de hacer valer el fuero sindical que lo amparaba. Efectivamente, a pesar de que el ad quem no se pronunció al respecto, lo cierto es que como lo explicó la Corte Constitucional dicha protección reforzada no hace posible el reintegro y solo da derecho a la indemnización plena por el despido sin justa causa, pretensión que no se incoó en el proceso laboral analizado.

93. Si bien es cierto que actualmente la jurisprudencia constitucional(29) señala que la liquidación de la entidad no exime al empleador de solicitar ante el juez laboral que se levante el fuero sindical de los trabajadores que gozan de esta garantía, lo cierto es que para el momento en el que presuntamente se produjo el despido y para aquel en el que se dictó la sentencia de segunda instancia la Corte Constitucional sostenía la posición contraria, a saber(30):

En el caso del representante legal del sindicato, señor Edgar Mercado Campo, esta sala verificó que previo a la supresión del cargo, la universidad obtuvo el permiso judicial de levantamiento del fuero sindical. Ello, a pesar de que cuando se trata de suprimir empleos a raíz de un proceso de reestructuración, es innecesario solicitar el levantamiento del citado fuero. Así, esta corporación ha expuesto que:

“(…), se observa que las garantías constitucionales y legales sobre el fuero sindical y la estabilidad laboral, no son afectadas con las disposiciones acusadas, ya que las consecuencias jurídicas, relacionadas con el vínculo laboral que se impugna por el actor se desprenden de una definición legal de carácter general, se hace por ministerio de la ley, y porque la facultad constitucional de reestructurar una entidad pública implica entre otras consecuencias, la atribución jurídica de suprimir cargos; en este mismo sentido se encuentra que no asiste razón al actor en cuanto a la supuesta violación del derecho constitucional al fuero sindical de los trabajadores vinculados al sindicato de trabajadores de la CVC, puesto que la debida supresión de un empleo, verificada de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, hace innecesario acudir a la definición judicial del fuero sindical como lo determina la disposición acusada; este no es un límite absoluto que pueda enervar las decisiones ordinarias del legislador en materia de la estructura de la administración nacional. (…)”(31) (Resaltado del texto).

94. Finalmente, considera la sala que el actor no demostró que en este caso existieran razones jurídicas o fácticas que obligaran al Tribunal a apartarse del precedente vertical(32) porque, por ejemplo, se verificaba alguna de las siguientes hipótesis: (i) concurrían hechos o elementos normativos o doctrinarios relevantes, no valorados por el juez superior en su momento, que alteraban la admisibilidad del precedente para el nuevo caso; (ii) la Corte Constitucional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron de manera contraria a la interpretación del superior jerárquico; u (iii) ocurrieron cambios normativos que hicieron incompatible el precedente con el nuevo ordenamiento jurídico(33).

95. Por ello, además de que, como se dijo, no se produjo un daño antijurídico susceptible de ser reparado a favor del señor Helizauth Moreno Rodríguez, tampoco se produjo un error jurisdiccional en la providencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Así las cosas, se confirmará la providencia dictada por el a quo.

VI. Costas

96. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 24 de agosto de 2011.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Para tal efecto puede consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 1 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

3 Cabe señalar que la providencia se encontraba ejecutoriada para el 21 de enero de 2006, cuando el juzgado segundo laboral del circuito dictó auto de obedecimiento de la decisión dictada por el superior y ordenó el archivo del proceso (fl. 432, cdno. 1).

4 “Antes de la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La primera se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y se reservó el segundo concepto para los actos de carácter propiamente jurisdiccional. En relación con el error judicial cabe señalar que en una primera etapa la jurisprudencia de la corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que este era un riesgo a cargo de todos. Esas limitaciones para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional no estaban fundadas en disposiciones constitucionales o legales, porque si bien la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación a cargo del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares en desarrollo de la función de impartir justicia, el artículo 16 de la Carta que consagraba el deber de todas las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares y que se invocaba como fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado por la jurisprudencia de esta corporación, permitía incluir en tal concepto a las autoridades encargadas de dicha función. De igual manera la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos más conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, incorporada al derecho nacional por la ley 16 de 1972, permitía deducir responsabilidad del Estado por error judicial toda vez que en su artículo 10 prevé que “toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

5 “ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. // En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. // ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. // ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos. // 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial. // 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. // ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. // ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

6 Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

7 [5] “Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25”.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15528, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 1995-01599 (16594), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 “a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aún cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 1997-05031 (16271), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. La regla que aquí se comenta surge de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual existe “culpa exclusiva de la víctima” cuando ésta no interpone los “recursos de ley” contra la providencia que considera equivocada.

11 En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en “Los derechos en serio”, pág. 147 a 208, trad. del inglés de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

12 En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

13 Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., pág. 151 y ss.

14 Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pág. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la sala ha dicho: “(…) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial (…). Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, exp. 18059, C.P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

15 No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la sala: sentencia del 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

18 “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial”.

19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 6 de abril de 2016, exp. 41 280, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

20 “No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos. // Tampoco podrá provocarse confesión mediante interrogatorio de dichos representantes, ni de las personas que lleven la representación administrativa de tales entidades. // Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir el informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales”.

21 Acuerdo 41 de 11 de noviembre de 1994 (fl. 9393 - 95, cdno. 1).

22 La Corte Constitucional, en Sentencia T-395 de 17 de abril de 2001, exp. T-398919, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, destacó los antecedentes históricos y la autonomía entre las negociaciones sobre la empresa y la suerte de los trabajadores: “En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (D. 652 de tal año, art. 27), reglamentario de la Ley 10 de 1934, que dijo: ‘Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño’. Posteriormente, el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el Decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como ‘toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas. Posteriormente se expidió la Ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que “Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios”, y es perentoria la determinación del artículo 68: “La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”. El profesor Guillermo González Charry al comentar este artículo dice que “El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes; es decir, que lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas” (Derecho del Trabajo, pág. 231)”.

23 Corte Constitucional, Sentencia T-768 de 25 de julio de 2005, exp. T-1073680, M.P. Jaime Araújo Rentería.

24 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 16 de marzo de 2006, exp. T-1226487, M.P. Jaime Araújo Rentería.

25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 29 de octubre de 2014, rexp. 39909, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 18 de junio de 2004, exp. 22859, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza y de 14 de julio de 2009, exp. 34437, M.P. Isaura Vargas Díaz, entre otras.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, exp. 2003-01935 (35 629), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 10 de junio de 2008, exp. 32791, M.P. Eduardo López Villegas. En similar sentido, véanse las sentencias de 18 de febrero de 20098, exp. 34656, M.P. Luis Javier Osorio López y de 13 de marzo de 2007, exp. 27807, M.P. Isaura Vargas Díaz, entre otras.

28 Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 15 de mayo del 2000, exp. T-260107 y T-261112, M.P. Fabio Morón Díaz. En similar sentido, véanse las sentencias T-876 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao.

29 “Primero, debe entenderse que los trabajadores amparados por el fuero sindical no pueden ser despedidos alegando la liquidación de la empresa, sin que el carácter justo de esta causa y la legalidad de la terminación del contrato sea calificado por el juez laboral. Esta regla se extiende a aquellos eventos en los que el despido ocurre al final de la liquidación de la empresa. Ni siquiera cuando la terminación del vínculo laboral se da de forma simultánea al cierre definitivo de la empresa, esta se exime de solicitar una autorización judicial para el despido de los trabajadores aforados”. Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 8 de marzo de 2016, exp. T-4829849 y otros, C.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

30 Corte Constitucional, Sentencia T-575 de 26 de julio de 2002, exp. T-466 789, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

31 [21] “Sentencia C-262 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz”.

32 La jurisprudencia constitucional ha distinguido entre los precedentes verticales y horizontales. Los primeros se refieren a precedentes de autoridades judiciales con claras atribuciones superiores, en tanto que los otros, se refieren a precedentes fijados por autoridades de la misma jerarquía institucional.

33 Corte Constitucional, sentencias T-698 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-934 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.