Sentencia 2007-00674/49559 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2007-00674-01 (49559)

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Temas: Falla en el servicio / error jurisdiccional - restricción de la libertad sin el cumplimiento de los requisitos legales - declaratoria de persona ausente - nulidad de todo lo actuado - título distinto a privación injusta de la libertad / perjuicios morales - indemnización de acuerdo con el tiempo que el sindicado permaneció privado de su libertad / perjuicios materiales / lucro cesante - aplicación de la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, al menos, un salario mínimo legal mensual vigente.

Extractos« II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) el caso concreto: la responsabilidad de las entidades demandadas por error jurisdiccional; 5) indemnización de perjuicios y 6) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso, se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(15).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Rama Judicial contra la sentencia del 13 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(16).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Al respecto, si bien es cierto que en este caso se demandó por la privación injusta de la libertad del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, lo cierto es que, como se expondrá más adelante, la posible responsabilidad patrimonial que le asiste a la parte demandada lo es a título de una falla del servicio, en ese sentido, el cómputo del término de caducidad para este caso se efectuará a partir del día siguiente a la expedición de la decisión penal definitiva, por medio de la cual se declaró la preclusión de la investigación.

Así las cosas, toda vez que la providencia del 29 de noviembre de 2005, por medio de la cual la Fiscalía Veinticuatro Especializada precluyó la investigación a favor del señor Axxxxxx Vxxxxx Cxxxxx cobró ejecutoria el 13 de diciembre de 2005(17), el término para demandar inició a correr a partir del 14 de diciembre de ese año hasta el 14 de diciembre de 2007.

En ese sentido, dado que la demanda se presentó el 29 de noviembre de 2007(18), se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

4. Caso concreto.

Una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

— A través de resolución del 4 de noviembre de 1992, la Fiscalía Regional de Medellín ordenó la apertura de la investigación previa, por el delito de secuestro extorsivo del señor Cxxxx Axxxx Mxxx Cxxx, tipificado en el artículo 268 del Código Penal.

— Mediante proveído fechado el 15 de junio de 1993(19), la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Medellín decretó la apertura de instrucción penal por el secuestro del señor Axxxx Mxxx Cxxx y ordenó la vinculación del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx mediante diligencia de indagatoria.

— El 30 de agosto de 1993(20), el ente instructor dictaminó la captura del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y solicitó la práctica de nuevas pruebas.

— Ante la no comparecencia del sindicado, la Fiscalía Regional ordenó que se realizara el emplazamiento del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, el 17 de febrero de 1994.(21)

— Vencidos los términos concedidos a los sujetos procesales para presentar alegatos precalificatorios, la Fiscalía Regional de Medellín, a través de resolución del 10 de agosto de 1995, calificó el mérito de la instrucción y profirió resolución de acusación en contra del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx como posible autor del delito de secuestro extorsivo, motivo por el cual reactivó la orden de captura en contra del sindicado.

— A través de providencia fechada el 10 de julio de 1996(22), el Juzgado Regional de Medellín profirió sentencia absolutoria en favor del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx por los siguientes motivos (transcripción literal, posibles errores incluidos):

“Si bien es cierto que las pruebas recaudadas en la etapa instructiva fueron la base fundamental para proferir resolución de acusación en contra de Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y Pxxxxxxx Bxxxxxx Sxxxxx, por el delito de secuestro extorsivo, no se puede predicar que la misma prueba pueda ser la base sólida para proferir una sentencia condenatoria, pues el mismo legislador para cada evento exige requisitos diferentes. Más cuando en la etapa de juicio los implicados tuvieron oportunidad de ejercer el legítimo derecho de defensa y controvirtieron las pruebas allegadas en la etapa inicial, además de haberse presentado las contradicciones de la declarante Gxxxx Axxxxx Rxxxxxx dx Mxxx, razón por la cual el despacho proferirá sentencia absolutoria en favor de los sindicados”(23).

Sin embargo, no se ordenó su libertad inmediata por la entidad jurídica del delito, competencia de la Justicia Regional, que permitía gozar de la libertad una vez ejecutoriada la sentencia absolutoria.

— Posteriormente, mediante sentencia del 3 de octubre de 1996(24), el Tribunal Nacional profirió la sentencia de segunda instancia, en la que confirmó la absolución de la señora Pxxxxxxx Bxxxxxx Sxxxxx y condenó al señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, por el delito de secuestro extorsivo, por los siguientes motivos (se trascribe literal, incluidos los errores si los hay):

“En síntesis, se revocará la sentencia absolutoria con que había sido favorecido el sindicado Vxxxxx Cxxxxx y, en su lugar, se dictará fallo de condena en su desfavor, por encontrar, esta Colegiatura, cabalmente determinados los requisitos del artículo 247 del C. de Procedimiento, para emitir tal decisión”(25).

— Sin embargo, el abogado defensor interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en favor del señor Vxxxxx Cxxxxx concediéndole la libertad inmediata y ordenó la nulidad de lo actuado dentro del proceso penal, inclusive a partir de la resolución del 29 de noviembre de 1995, a través de la cual se declaró cerrada la investigación; así lo indicó (se trascribe literal, incluidos los errores si los hay):

“1. Se estima imprescindible el siguiente recuento procesal para ilustrar la manera como el derecho de defensa técnica de Vxxxxx Cxxxxx fue realmente vulnerado, pues permite verificar que en la práctica estuvo abandonado a su propia suerte durante la etapa instructiva y que pese a tal estado de desprotección, máxime que su vinculación de produjo en ausencia, que reclamaba la intervención correctiva urgente de los funcionarios judiciales, éstos, especialmente los de la Fiscalía, nada hicieron para que el derecho de defensa fuera materialmente garantizado, como lo exige la Constitución y no quedara reducido a la simple formalidad de que un abogado suscribiera el acta de posesión.

“De otra parte, el seguimiento de las diferentes actuaciones enseña que la dirección del proceso no se hizo con la diligencia que un asunto de esas dimensiones exigía, lo cual, sin duda, contribuyó a mantener y a propiciar las circunstancias transgresoras del derecho de defensa, al extremo que ni siquiera se intentó localizar al abogado a través de llamadas, telegramas, oficios, etc. ni para efectos de notificarle las decisiones interlocutorias importantes, ni para requerirlo al cumplimiento de su deber”.(26)

Como parte del contenido de este fallo, se indicó que la Fiscalía Regional, el 15 de abril de 1993, declaró la ausencia del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y requirió a la Secretaría para la designación de un defensor para que lo asistiera en el curso del proceso.

También se indicó que la Fiscalía instructora se percató de que no se le había nombrado defensor de oficio al demandante, por lo que requirió nuevamente a la Secretaría y solo hasta el 16 de diciembre de 1994 se posesionó como defensor de oficio un abogado.

Adicionalmente, señaló que los investigadores del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación explicaron que Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx fue localizado al recopilar información del Departamento Administrativo de Catastro Distrital y en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la que verificaron los inmuebles que él poseía, por lo que fue citado a las oficinas del Grupo de Capturas a donde acudió para ser privado de su libertad(27).

— El 29 de noviembre de 2009, la Fiscalía Veinticuatro Especializada profirió resolución de preclusión de la investigación en favor del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx(28).

— Finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— certificó que el señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx estuvo privado de su libertad en centro carcelario desde el 15 de febrero de 1996 hasta el 18 de diciembre de 2003(29).

De conformidad con lo anterior, para la Sala, el daño alegado por la parte actora se encuentra acreditado, toda vez que el señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx vio restringido su derecho fundamental a la libertad por un período de 7 años, 10 meses y 3 días(30).

De igual forma, considera la Sala que si bien, en principio, se podría afirmar que los perjuicios ocasionados al señor Vxxxxx Cxxxxx no resultarían indemnizables, por cuanto la limitación de su libertad obedeció a la existencia de una orden de captura vigente en su contra, lo cierto es que el proceso penal dentro del cual se ordenó su captura y todas las demás providencias proferidas dentro del proceso fueron declaradas nulas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en razón de su indebida vinculación, mediante declaratoria de persona ausente con violación de su derecho de defensa técnica.

En ese orden de ideas, como el daño causado al aquí demandante devino del adelantamiento de un proceso judicial irregular, de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, para la Sala, tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Rama Judicial, les es atribuible dicho perjuicio, pues fueron estas entidades las que, tanto en la fase de investigación como en la de juzgamiento, profirieron las decisiones irregulares que condujeron a que el aquí demandante fuera vinculado al proceso como persona ausente sin defensa técnica.

En efecto, en atención a lo normado en el artículo 356(31) del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos —Decreto Ley 2700 de 1991(32)—, la declaratoria de persona ausente solamente operaba cuando el Estado, luego de haber agotado los medios necesarios para hacer que el sindicado compareciera al proceso, no pudo dar con su paradero(33), de ahí que su aplicación resultara improcedente ante el primer fracaso de ubicarlo; además, tal y como lo expuso la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (se trascribe literal, incluidos los errores si los hay):

“Ese estado de la cuestión se complica aún más y acrecienta el atentado contra el derecho fundamental de Vxxxxx Cxxxxx si se tiene en cuenta que él fue vinculado como persona ausente, porque la orden de captura en su contra no se hizo efectiva durante la instrucción del sumario, quizá debido a la inadecuada búsqueda por los organismos de inteligencia; pues finalmente, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación indagó por sus propiedades raíces como medio para ubicarlo, en realidad lo consiguió, y es muy diciente que hubiese frecuentado sus inmuebles, donde se le comunicó que era requerido y compareció a las oficinas del Grupo de Capturas, quedando desde entonces detenido (34)(se resalto).

En ese sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-488 de 1996 dijo lo siguiente(35):

“2) Previamente a la declaración de persona ausente, el fiscal debe realizar todas las diligencias necesarias utilizando los medios y recursos idóneos con el fin de comunicar al imputado la existencia de un proceso en su contra.

“El Estado tiene el deber de comunicar oportunamente a la persona involucrada la existencia del proceso que cursa en su contra, e incluso la existencia de la indagación preliminar cuando ésta se adelante(36), y el imputado esté identificado, con el objeto de que pueda ejercer desde el inicio de la investigación su derecho de defensa. Para ello, el funcionario judicial competente está obligado a utilizar todos los medios o instrumentos eficaces de que dispone, para lograr el objetivo propuesto, como por ejemplo solicitar la ayuda de la policía judicial, pues procurar la comparecencia del procesado a la diligencia de indagatoria es, no sólo un derecho de éste, sino un deber del funcionario instructor. Es por ello que la ley (arts. 375 y 376, CPP(37)) concede facultades al fiscal para que profiera orden de captura a fin de lograr que el procesado comparezca a la indagatoria.

“La declaración de persona ausente no puede ser la decisión subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado, pues tal como lo consagra el mismo artículo 356, acusado, sólo es posible vincular penalmente a una persona ausente ‘cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la persona que debe rendir indagatoria’. Actuar de manera distinta comporta la nulidad de las actuaciones por violación del derecho de defensa.

“En este orden de ideas, no le asiste razón al actor cuando afirma que el trámite previsto para vincular al procesado se limita a la fijación del edicto, pues ésta no es más que una formalidad que opera una vez se han agotado todos los medios materiales de que dispone el Estado para la comunicación del proceso” (se resalta).

Adicionalmente, en la sentencia de la Sala de Casación Penal se advirtió que el profesional que se posesionó en el cargo de defensor de oficio del señor Vxxxxx Cxxxxx lo hizo tardíamente, es decir, 18 meses después de abierta la investigación, cuando la mayoría de la carga probatoria ya se había incluido al expediente y, aunque la Fiscalía Regional quiso remediar la deficiencia, esto no se logró, por cuanto se posesionó un defensor de oficio que figuró en el acto de posesión y para notificarse personalmente de la calificación del mérito, pero sin desplegar alguna gestión positiva en beneficio del señor Vxxxxx Cxxxxx.

En ese sentido, para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, todas las decisiones posteriores al cierre de la investigación, incluyendo esta, carecieron de sustento jurídico, motivo por el cual decretó su nulidad.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la restricción de la libertad del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx no era una obligación que se encontraba en el deber jurídico de soportar, pues si bien las autoridades judiciales debían ejercer las facultades otorgadas por la Constitución Política y la ley, ello no podía efectuarse al margen del procedimiento fijado para tal efecto, especialmente si se suma a lo anterior, que la Fiscalía Veinticuatro Especializada de Medellín precluyó la investigación por los siguientes motivos:

“Finalmente, es claro para esta Delegada que los elementos de convicción que puedan considerarse como generadores de total certidumbre para que recaiga en una persona la demostración de la responsabilidad en el hecho delictivo que aquí se conoce, por lo menos en cabeza del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx no se dan, ya que no puede ser demostrativo del dolo del secuestro extorsivo el que existieran problemas en unas escrituras firmadas por él, no tampoco que el que la esposa de la víctima tuviera sospechas sobre su participación en lo sucedido, sospechas que por la poca colaboración de ella misma no se pudieron aclarar, y dicho sea de paso la sospecha no está mencionada como medio de prueba en el artículo 233 del CPP”(38).

Así las cosas, toda vez que de conformidad con el fallo del 11 de diciembre de 2003, las decisiones que profirieron tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial carecieron del sustento jurídico correspondiente, circunstancia que llevó a que se casara el fallo del Tribunal Nacional por violación a la defensa del señor Vxxxxx Cxxxxx, la responsabilidad de dichas entidades les es atribuible es bajo el título de imputación de falla del servicio, por error jurisdiccional(39).

Al respecto, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

“La Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se dé la vía de hecho. Pero advierte también que, en un caso dado, el concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado, puede estar vinculado a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional —causales de procedibilidad—, esto es a: un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se analiza, sólo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte ‘Causales de procedibilidad’.

“Por lo expuesto la Sala reitera lo afirmado en las sentencias proferidas el 28 de enero de 1999(40)y el 2 de mayo de 2007(41), en el entendido de que el error judicial puede configurarse al margen del concepto de vía de hecho o de las causales de procedibilidad de la acción de tutela (…).

‘En definitiva, dentro de la categoría que constituye el título jurídico de imputación denominado ‘error jurisdiccional’ debe entenderse comprendido, con carácter general, cualquier caso en el cual una autoridad judicial profiera una decisión que contraríe el ordenamiento jurídico(42)’.

“Se tiene entonces, que si el juez escoge la ley pertinente, pero la interpreta de manera diferente a como lo hace el superior, no cabe inferir, por esta sola circunstancia, la existencia de un error por las diferencias en la interpretación, menos aún frente a situaciones no reguladas claramente por el derecho positivo (…).

“El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros”(43).

Adicional a lo anterior, en este caso resulta evidente que, toda vez que la indebida vinculación al proceso del aquí demandante no obedeció a su ocultamiento o reticencia, sino que fue la consecuencia de la expedición de unas providencias contrarias a derecho y sin que este contara con un abogado defensor, dicha situación, de entrada, descarta cualquier posibilidad de que se predique la culpa exclusiva de la víctima.

Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, forzoso resulta concluir que el demandante no se encontraba en la obligación de soportar la afectación a su derecho a la libertad personal, de ahí que el daño a él irrogado se torne en antijurídico, por la falla del servicio presentada y nazca la correlativa obligación de reparar en cabeza de las entidades demandadas.

En ese orden de ideas, al asistirle razón a la parte actora, se impone confirmar la sentencia de primera instancia

5. Indemnización de perjuicios.

La parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó que se reconociera al señor Dxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx como hermano de la víctima directa del daño y a la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx Vxxxxx como cónyuge del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, de conformidad con lo acreditado a través de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio que reposan en copia simple en el expediente.

Sobre el particular, advierte la Sala que el hecho de que el registro civil de nacimiento del señor Dxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx se hubiera aportado en copia simple(44), no lo deslegitimaba para actuar, pues de conformidad con la jurisprudencia unificada de esta Sección(45), las copias simples cobran valor probatorio siempre que no se hubieren tachado de falsas por la contraparte, lo cual no ocurrió en este caso. Además, con en el mencionado documento acreditaron que dicho demandante es hermano del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, por lo anterior se encuentra debidamente legitimado.

Lo mismo sucede en relación con la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx, quien a través del registro civil de matrimonio(46), acreditó su calidad de cónyuge del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx.

Como conclusión, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de septiembre de 2012, para incluir como demandantes al señor Dxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y a la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx y proceder al reconocimiento de los perjuicios morales, de conformidad con el análisis que de estos se hará a continuación.

5.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó que, por concepto de perjuicios morales, se otorgara el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la víctima directa y de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los otros demandantes; sin embargo, solo se reconoció cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx; veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Nxxxx Axxxxxxx Vxxxxxx Txxxxx, Ixxx Hxxxxxx Vxxxxx Txxxxxxx, Jxxxxxx Axxxxxxxxx Vxxxxx Pxxxx, Axxxxxx Vxxxxx Pxxxx, Rxxxx Axxxxxx Vxxxxx Gxxxx y Kxxxxx Sxxxxx Vxxxxx Gxxxx y el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos Hxxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y Axxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, por lo que la parte demandante solicitó su incremento.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda(47).

Ahora bien, en relación con el quantum indemnizatorio de esta tipología de perjuicio inmaterial, cuando se trata de períodos de restricción física de la libertad, esta Corporación ha acudido a los criterios esgrimidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(48).

Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

En efecto, el aquí demandante estuvo recluido en un centro carcelario entre el 15 de febrero de 1996 y el 18 de diciembre de 2003 y la jurisprudencia de esta Corporación señala que cuando la medida de aseguramiento de detención preventiva ha tenido una duración superior a 18 meses, se sugiere el reconocimiento a la víctima directa, al cónyuge o compañero permanente y a los parientes dentro del primer grado de consanguinidad, de una indemnización equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes(49).

En ese sentido, debido a que el señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx tuvo una restricción a su derecho fundamental de la libertad durante 7 años, 10 meses y 3 días, lo procedente es reconocer dicha cantidad; sin embargo, como el peticionario falleció antes de que se profiriera el presente fallo, entonces la indemnización correspondiente será reconocida en favor de su sucesión(50).

Además, se incluirá en el reconocimiento de perjuicios morales al señor Dxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx, de conformidad con el grado de parentesco demostrado, así:

DemandanteGrado de parentesco acreditadoIndemnización en S.M.L.M.V. concedida en segunda instancia
A favor de la sucesión de Axxxxxxx Vxxxxx CxxxxxVíctima directa100 S.M.L.M.V.
Nxxxxx Axxxxxxx Vxxxxx TxxxxxxxHija100 S.M.L.M.V.
Ixxx Hxxxxxxx Vxxxxx TxxxxxxxHijo100 S.M.L.M.V.
Jxxxxxx Axxxxxxxxx Vxxxxx PxxxxHija100 S.M.L.M.V.
Axxxxxx Vxxxxx PxxxxHijo100 S.M.L.M.V.
Rxxxx Axxxxxx Vxxxxx GxxxxHijo100 S.M.L.M.V.
Kxxxxx Sxxxxx Vxxxxx GxxxxHija100 S.M.L.M.V.
Hxxxxxxx Vxxxxx CxxxxxHermano50 S.M.L.M.V.
Axxxxxx Vxxxxx CxxxxxHermano50 S.M.L.M.V.
Dxxxxxx Vxxxxx CxxxxxHermano50 S.M.L.M.V.
Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx (o Mxxx Jxxxx Txxxxxxx Fxxxx)Cónyuge100 S.M.L.M.V.

5.1.2. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados o “daño a la vida en relación”.

Sea lo primero manifestar que la Jurisprudencia de esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(51) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(52), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Ahora, en relación con la reparación a la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en las referidas providencias de unificación se estableció que se privilegiaría la compensación, a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos, las cuales operarían teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

Así pues, no resulta procedente el reconocimiento del perjuicio solicitado en favor de los hermanos de la víctima, de conformidad con la jurisprudencia citada. Ahora, revisado el expediente, solo se allegó un testimonio, en relación con la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx, para acreditar el perjuicio, toda vez que los demás testimonios relativos a los otros demandantes solo identifican el perjuicio moral padecido por estos, el cual ya fue indemnizado (se transcriben tal cual, incluso con errores):

— Testimonio de Lxxxx Hxxxxx Sxxx:

“(…) Preguntado. Dígale por favor al Despacho todo lo que le conste y sepa en relación con los perjuicios causados a la familia Vxxxxx Cxxxxx y en especial de la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx con ocasión de la detención de su esposo Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx. Contestó: Nosotros somos muy amigos, fuera de eso somos compadres, nosotros estuvimos muy cerca de ellos durante la detención de Axxxxxx Vxxxxx, eso para ellos fue terrible, moral y sicológicamente, pues ella tuvo que asumir todas las responsabilidades en el hogar, todos los sufrimientos de sus hijos, todo lo relacionado con Axxxxxx, nosotros estuvimos con ellos muchos meses ayudándoles, hicimos varios préstamos para el hogar, para sus necesidades de ellos y las necesidades de su esposo. Ella también su vida social le tocó dejar amistades, ya que la rechazaban, aislada completamente de toda su vida que ella llevaba antes (…)”(53)(se resalta).

De lo anterior se desprende que, en efecto, la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx vio afectados sus derechos a la dignidad y al buen nombre, con ocasión de la restricción de la libertad de la que su cónyuge fue víctima.

En ese sentido, a pesar de que en la demanda se solicitó el pago de 100 salarios mínimos salarios mensuales vigentes, la Sala no otorgará una indemnización, sino que, en procura del restablecimiento del daño a ella ocasionado, ordenará la siguiente medida de reparación no pecuniaria:

La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deberán establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, las entidades demandadas deberán subir a la red el archivo que contenga esta decisión y, a su vez, mantendrán el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esas instituciones.

Finalmente, en relación con el perjuicio a la salud, se deben reiterar los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, en el Expediente 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera.

Así, la indemnización, en los términos del fallo referido, está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada; sin embargo, al expediente sólo se allegó copia de la historia clínica del señor Vxxxxx Cxxxxx, del 9 de octubre de 1996(54), en la que se evidencia que fue diagnosticado y tratado por diabetes; pero, no se probó que la enfermedad se hubiera originado como consecuencia de la privación injusta de su libertad, motivo por el cual no se accederá a su reconocimiento.

5.2. Lucro cesante.

En el presente caso, la parte demandante pidió que en favor del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx se pagara la suma de $ 1.037.052.000 con ocasión de la restricción de su libertad.

Ahora bien, toda vez que el aquí demandante estuvo recluido en un centro carcelario por espacio de 7 años, 10 meses y 3 días(55), para la Sala resulta claro que durante ese tiempo no pudo ejercer ninguna actividad laboral.

Sin embargo, una vez revisadas las pruebas allegadas con el fin de acreditar la actividad económica realizada por el demandante y el monto percibido por esta, la Sala advierte que de las mismas no es posible determinar ni la actividad ni la cantidad percibida, puesto que, con la declaración de renta y certificación del contador quedó demostrado que sus ingresos provenían de arriendos y participación en sociedades; sin embargo, no se acreditó que estas actividades se vieran afectadas con la privación de su libertad, puesto que las mismas podían continuar generando ingresos, independiente de que él estuviera o no en un centro carcelario.

Así las cosas, la Sala aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente.

No se reconocerá el 25% correspondiente a prestaciones sociales y el 8.75 por los meses que tardó el señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx en conseguir un empleo, por cuanto no quedó acreditado que sus ingresos provinieran de una relación laboral como empleado.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, en favor del señor Vxxxxx Cxxxxx, así:

Período de privación de la libertad a indemnizar: 94.1(56) meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 737.717), por razones de equidad que el que regía en la época de los hechos(57).

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S = Ra(1+ i)n - 1
i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx: $ 737.717.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 94.1 meses. Reemplazando tenemos:

S = $ 737.717(1 + 0,004867)94.1 - 1
0,004867

S = $ 87.781.742

Total de indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx: $ 87.781.742; sin embargo, como se indicó, la indemnización será reconocida en favor de la sucesión del señor Vxxxxx Cxxxxx, puesto que el falleció antes de ser proferido el fallo.

5.3. Daño emergente.

En favor del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx se solicitó el reconocimiento de $ 70.000.000 por concepto de los honorarios que debió pagar a su abogado durante el proceso penal adelantado en su contra.

De las pruebas obrantes en el proceso, advierte la Sala la presencia de una certificación emitida por el abogado que se indicó, actuó como defensor dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx; sin embargo, de los documentos obrantes en el proceso penal se evidenció que quien actuó como apoderado del señor Vxxxxx Cxxxxx se identificó como Oxxxx Axxxxx Vxxxx Gxxxx(58), persona distinta a quien suscribe la certificación; por tanto, la Sala no reconocerá el valor solicitado por concepto de indemnización del daño emergente, por cuanto no hay certeza de que dicha una erogación fuera causada.

6. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En los términos expuestos(59), el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar La sentencia del 13 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

“1. Declarar no probadas las excepciones de la demanda ‘falta de legitimación en la causa por activa y caducidad de la acción’.

“2. Declarar administrativamente responsables a la Nación —Fiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial— por los perjuicios ocasionados al señor Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx y otros por motivo de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto.

“3. Condenar a las demandadas a indemnizar los perjuicios causados a la parte actora así:

“1. Perjuicios morales:

DemandanteGrado de parentesco acreditadoIndemnización en S.M.L.M.V. concedida en segunda instancia
A favor de la sucesión de Axxxxxxx Vxxxxx CxxxxxVíctima directa100 S.M.L.M.V.
Nxxxxx Axxxxxxx Vxxxxx TxxxxxxxHija100 S.M.L.M.V.
Ixxx Hxxxxxxx Vxxxxx TxxxxxxxHijo100 S.M.L.M.V.
Jxxxxxx Axxxxxxxxx Vxxxxx PxxxxHija100 S.M.L.M.V.
Axxxxxx Vxxxxx PxxxxHijo100 S.M.L.M.V
Rxxxx Axxxxxx Vxxxxx GxxxxHijo100 S.M.L.M.V.
Kxxxxx Sxxxxx Vxxxxx GxxxxxHija100 S.M.L.M.V.
Hxxxxxxx Vxxxxx CxxxxxHermano50 S.M.L.M.V.
Axxxxxx Vxxxxx CxxxxxHermano50 S.M.L.M.V.
Dxxxxxx Vxxxxx CxxxxxHermano50 S.M.L.M.V.
Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx (o Mxxx Jxxxx Txxxxxxx Fxxxx)Cónyuge100 S.M.L.M.V.

“2. Perjuicios materiales:

“A favor de la sucesión Axxxxxxx Vxxxxx Cxxxxx, la suma de ochenta y siete millones setecientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y dos pesos ($ 87.781.742), por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante), relacionado con el salario dejado de percibir, durante el lapso temporal que se prolongó la privación de la libertad.

“4. Como medida de reparación no pecuniaria, a favor de la señora Mxxx Jxxxx Txxxxxxx dx Vxxxxx, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deberán establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, las entidades demandadas deberán subir a la red el archivo que contenga esta decisión y, a su vez, mantendrán el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esas instituciones.

“5. Deniéguese las demás pretensiones de la demanda de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

“6. Sin condena en costas”.

2. Sin condena en costas.

3. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia, expedir copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando dentro del proceso.

5. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(15) De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 25 de abril de 2013, según Acta Nº 10.

(16) Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(17) Lo anterior, de conformidad con la constancia del vencimiento del término de ejecutoria de la referida providencia, expedida por la secretaría de la Fiscalía Veinticuatro Especializada. Folio 184 del cuaderno 6 de pruebas.

(18) Folio 43 del cuaderno principal.

(19) Folios 483 a 486 del cuaderno principal.

(20) Folios 487 a 489 del cuaderno principal.

(21) Edicto del 30 de mayo de 2001, obrante a folio 33 del cuaderno de anexos 5.

(22) Folios 21 a 45 del cuaderno 6 de pruebas.

(23) Folio 39 del cuaderno 6 de pruebas.

(24) Folios 46 - 84 del cuaderno 6 de pruebas.

(25) Folio 73 del cuaderno 6 de pruebas.

(26) Folio 73 del cuaderno 6 de pruebas.

(27) Folio 130 a 133 del cuaderno 6 de pruebas.

(28) Folios 145 a 182 del cuaderno 6 de pruebas.

(29) Folios 200 a 202 del cuaderno 6 de pruebas.

(30) Desde el 15 de febrero de 1996 al 18 de diciembre de 2003 estuvo recluido en establecimiento carcelario.

(31) “ART. 356.—Emplazamiento para indagatoria. Cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la persona que debe rendir indagatoria, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado durante cinco días en un lugar visible del despacho. Si vencido este plazo no hubiere comparecido, se le declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio.

“En ningún caso podrá emplazarse a persona que no esté plenamente identificada.

“Si la comparecencia para rendir indagatoria se intenta a través de orden de captura, vencidos diez días contados a partir de la fecha en que la orden haya sido recibida por las autoridades que deban ejecutar la aprehensión y no se obtenga respuesta, se procederá conforme a lo previsto en este artículo” (se resalta).

(32) Se precisa que durante la etapa de investigación el Código de Procedimiento Penal vigente era el contenido en el Decreto Ley 2700 de 1991, más adelante, en la fase de juzgamiento, entró a regir la Ley 600 de 2000.

(33) “(…) el requisito de un procedimiento previo a la declaratoria de persona ausente, pasa por la ineludible exigencia del funcionario judicial de agotar todos los medios para hacer comparecer al imputado al proceso (…). Cabe señalar que esta orden ha estado vigente en los códigos de procedimiento penal que han regido desde la expedición de la Constitución de 1991. Así, el artículo 330 del Decreto 2700 de 1991 establecía que el Fiscal tenía ‘amplias facultades para lograr el éxito de la instrucción y asegurar la comparecencia de los autores o partícipes del hecho punible’. El artículo 356 del mismo decreto sometía la declaratoria de persona ausente a la imposibilidad del funcionario judicial de hacer comparecer al acusado a la declaratoria. De igual manera la Ley 600 de 2000, en su artículo 344 dispone que si ordenada la captura, no fuere posible hacer comparecer al imputado, se procederá a su vinculación mediante declaración de persona ausente. Recientemente, la Ley 906 de 2004 dispuso en el artículo 127, que ante la imposibilidad de localizar a quien requiera para formularle la imputación, la solicitud del fiscal para declarar persona ausente al requerido deberá tener adjunto, ‘los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo’. Como complemento de ello el inciso final del mismo artículo establece que ‘el juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado”. Corte Constitucional, Sentencia T-799A de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(34) Folio 134 del cuaderno 6 de pruebas.

(35) Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 136 (parcial), 313 (parcial), 356, 384 (parcial), 385 (parcial) y 387 (parcial) del Decreto Ley 2700 de 1991 resuelta por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-488 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(36) Original en cita: En Sentencia C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, afirmó la Corte que “El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una sentencia en firme (C.P. art. 29), se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa.

(37) Original en cita: “El artículo 375 del C. de P.P. confiere facultad al Fiscal para librar orden escrita de captura para efectos de la indagatoria, “En los procesos por delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años y en los casos previstos en el artículos 397 de este Código”; el artículo 376 consagra la captura para el cumplimiento de la diligencia de indagatoria cuando el imputado haya sido citado y no comparezca”.

(38) Folio 180 del cuaderno 6 de pruebas.

(39) La Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las que se incurre al dictar providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo. En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia 15 de abril de 2010, Expediente 17507. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A Sentencia 15 de abril de 2015, Expediente 30939. M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

(40) Original en cita: C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(41) Original en cita: Expediente 15.576; C.P. Mauricio Fajardo. Actor: Ignacio Murillo.

(42) Original en cita: Entre tales supuestos y a título meramente enunciativo, pueden considerarse incluidos los eventos en los cuales se configura una vía de hecho, de la cual pueden constituir ejemplo —no enumeración taxativa— algunas de las denominadas “causales especiales de procedibilidad” de la acción de tutela contra providencias judiciales, tan cuestionablemente edificadas por la jurisprudencia constitucional.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, Expediente 15128. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(44) Folio 193 del cuaderno 6 de pruebas.

(45) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de agosto 28 de 2013, Radicado 050012331000199600659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

(46) Folio 196 del cuaderno 6 de pruebas.

(47) Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo— Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Expediente 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación - Rama Judicial.

(48) “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Expediente 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación - Rama Judicial. (Subrayas y negrilla fuera del texto).

(49) En sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, Expediente 36.149, se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

(50) Así se acreditó mediante memorial con el cual se allegó el registro civil de defunción del señor Vxxxxx Cxxxxx, que acredita que su muerte ocurrió el 16 de noviembre de 2016; además, Así lo decidió la Sala en un caso reciente. Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera - Subsección “B”, sentencia del 31 de agosto de 2015, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 27001-23-31-000-2007- 00003-01 (36175).

(51) “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, Expediente 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Expediente 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y Expediente 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

(52) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Expediente 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(53) Folios 113 - 115 del cdno. 2.

(54) Folios 203 a 205 del cuaderno 6 de pruebas.

(55) de conformidad con las certificaciones emitidas por el Inpec de la ciudad de Bogotá y de Bello obrantes a folios 200 a 202 del cuaderno 6 de pruebas.

(56) Desde el 15 de febrero de 1996 al 18 de diciembre de 2003.

(57) El salario mínimo legal mensual vigente en la fecha de la presentación de la demanda era de $ 433.700.

(58) Folio 183 el cuaderno 6 de pruebas.

(59) Con las precisiones de los pies de página Nº 2 y 3 de esta providencia.