Sentencia 2007-00688/38622 de abril 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 250002326000200700688 01

Exp.: 38622

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Alfonso Hernando Rodríguez Camargo y otros

Demandado: municipio de Cota y otro

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D. C., cinco de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

54. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia (fl. 4, c. 1).

II. Validez de los medios de prueba

55. En el proceso obran algunos documentos en copia simple aportados por las partes. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del C.P.C., mediante providencia de 28 de agosto de 2013 la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (…).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia –en los procesos ordinarios– la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales –necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo– es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (…)(2).

56. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple por las partes, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que no fueron controvertidas ni tachadas de falsas en la oportunidad prevista para el efecto.

57. De otra parte, encuentra la Sala que la parte actora aportó con la demanda treinta y seis fotografías –en medio físico y en medo magnético– con el objeto de demostrar el estado del predio antes, durante y después de la inundación acaecida en el año 2006 (fls. 148-164, 166-167, c. 1). Así mismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en la contestación de la demanda allegó cuatro fotografías, presuntamente del predio de propiedad del señor Vicente Ruiz (fls. 147-149, c. 1).

58. Sobre el particular se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, en los siguientes términos:

Con la intención de definir el valor probatorio de las fotografías (…) la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil los documentos que han de apreciarse como pruebas deben ser auténticos, “es decir debe haber certeza respecto de la persona que lo ha elaborado y de que el hecho plasmado en el documento, en este caso en las fotografías, corresponda a la realidad, puesto que, al igual que en cualquier otro documento, hay riesgo de alteración” (…). En relación con las fotografías, además de que resulta imposible establecer su autenticidad, lo cierto es que bajo ningún supuesto pueden ser valoradas dado que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas(3).

59. Se advierte que las fotos aludidas carecen de valor probatorio toda vez que con éstas sólo se demuestra que dichas imágenes fueron registradas, pero no existe certeza de que las mismas correspondan a los hechos que se presentaron en el libelo introductorio y que hacen parte del conflicto judicial, toda vez que no es posible determinar cuál es su origen, ni el lugar y época de su registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, o confrontadas con otros medios de prueba.

60. A su vez, la parte demandante aportó un video contenido en un disco compacto, en el cual, según lo manifestado en el libelo introductorio, se mostraba la zona afectada y se comprobaban los hechos relatados. Si bien la jurisprudencia de esta Subsección ha valorado este tipo de elementos como documentos privados(4), lo cierto es que, en este caso, al video aportado no puede otorgársele ningún valor probatorio.

61. Efectivamente, tras visualizarlo, se tiene que no se identificaron las personas que realizaron las distintas tomas y fungieron como narradoras o que participaron en ellas. En el mismo sentido, se desconocen las fechas en las que fue grabado y no hay certeza que el lugar de las grabaciones en efecto corresponda a la zona en la que se produjo la inundación ni a la casa de habitación de la familia Rodríguez Camargo. Por lo anterior, este documento no será tenido en cuenta proferir el fallo de mérito.

III. Hechos probados

62. Según las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes para la litis:

63. El señor José Vicente Ruiz González, propietario de un predio denominada La Constancia, en la vereda Parcelas del municipio de Cota, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR que le autorizara para nivelar un canal interno de su predio. La corporación, mediante la Resolución 398 del 23 de agosto de 2001, consideró ambientalmente viable la construcción de la obra (copia de la resolución DRSNA 00398 de 23 de agosto de 2001(5), f. 22-23, c. 1; copia de auto OPSC Nº 423 de 5 de junio de 2006(6), fls. 16-21, c. 2).

64. A raíz de la solicitud presentada el 8 de noviembre de 2004, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó una visita el día 16 del mismo mes y año al predio del señor José Vicente Ruiz González, en la cual se consignó lo siguiente (copia del informe técnico OTSNYA Nº 1052, c. 1):

4. Informe de visita.

Fecha de visita: Noviembre 16 de 2004

Asistentes:

Patricia Ayala Solicitante

Milena Castillo MontañoFuncionaria C.A.R.

Se realizó visita al vallado objeto de la solicitud, el cual se ubica en el predio denominado La Constancia (Lote 72), Vereda Parcelas, municipio de Cota, propiedad del señor José Vicente Ruiz González, identificado con cédula de ciudadanía Nº 208.766 de Cota, y a los predios aledaños al mismo, denominados Lote 68, 69, 70A, 70B y 70C. El mencionado vallado de aproximadamente cinco (5) metros de ancho, atraviesa uno de los extremos de todos los predios visitados.

Este vallado está ubicado en una franja paralela al cauce de la quebrada La Culebrera por la cual no discurre agua.

Entre el cauce de la quebrada y el vallado existe un jarillón que servía de protección para que el líquido que antiguamente discurría no llegara a los predios objeto de la visita.

El vallado se encuentra taponado en los predios del señor José Vicente Ruiz González (Lote 68). El taponamiento se realizó a manera de nivelación utilizando material de escombro y excavación.

Los lotes denominados Lote 69, 70ª, 70B y 70C, se encontraron anegados en una altura de 50 cm. En su área se está desarrollando proceso de nivelación topográfica autorizado por la Alcaldía Municipal de Cota.

5. Concepto técnico.

Existe un cambio en el régimen hídrico de la zona objeto de visita así:

Las aguas lluvias, las de escorrentía superficial y subsuperficial de los predios ubicados a una cota superior y las de nivel freático de los lotes observados, se han convertido en afluentes del vallado, por el cual eran conducidas al río Bogotá.

El vallado se convirtió en el reemplazo de la quebrada La Culebrera, que dejó de ser funcional, debido a la presencia de obstáculos en su cauce.

Por las altas precipitaciones presentadas en los últimos meses en la zona, se ha producido un aumento del caudal transportado por el vallado, y debido al proceso de nivelación desarrollado en el mismo, se ha generado aposamiento de agua en el mismo, y su rebose a los predios aledaños, alcanzando una lámina de agua de 50 cm de altura aproximadamente.

Por lo mencionado se hace necesario el restablecimiento del cauce de la quebrada La Culebrera y la supresión del vallado en toda su longitud, teniendo en cuenta que previamente se deberán realizar las siguientes acciones:

* Limpieza del cauce

* Diseño y elaboración de jarillones a cada lado del cauce, delimitando la ronda de protección de la fuente hídrica.

* Diseño y ejecución de las obras necesarias para el encausamiento de la totalidad del líquido del vallado a la quebrada.

* Diseño hidráulico del cauce de la quebrada, el cual debe basarse en un levantamiento topográfico previo y en los registros de precipitación sobre las áreas aferentes al mismo.

Según información suministrada en la visita técnica, en relación con la situación encontrada, la Oficina de Planeación Municipal ha ejecutado reuniones con los propietarios de los predios colindantes al cauce de la quebrada, y como medidas correctivas otorgó permiso de nivelación topográfica a algunos predios.

Por lo anterior se considera que dicha entidad es idónea para continuar liderando el proceso de restitución del cauce de la fuente hídrica con asesoría de la corporación.

6. Recomendaciones

Requerir a los propietarios de los predios colindantes al cauce de la quebrada La Culebrera para que

6.1. Realicen la limpieza del mismo retirando vegetación, cercas, madera y demás elementos que puedan llegar a obstaculizar el libre discurrir de las aguas.

6.2. Elaboren diseño hidráulico del cauce, el cual debe basarse en un levantamiento topográfico previo y en los registros de precipitación sobre las áreas aferentes al mismo.

6.3. Se diseñen y construyan jarillones a cada lado del cauce, delimitando la ronda de protección de la fuente hídrica.

6.4. Diseñen las obras necesarias para encausar las aguas del vallado al cauce de la quebrada, permitiendo la entrega de éstas al río Bogotá.

6.5. Una vez restituido el cauce de la quebrada, se deberá nivelar el vallado,

6.6. Presenten a la corporación informe de avance de cada una de las actividades desarrolladas en cumplimiento de los numerales anteriores.

Es conveniente informar a la Oficina de Planeación Municipal el contenido del presente Informe Técnico, para que dé continuidad a la solución que viene planteando a la problemática presentada en el cauce principal de la quebrada La Culebrera, ubicada en la Vereda Parcelas del municipio de Cota (resaltado del texto).

65. El 13 de enero de 2005, se reunieron el jefe de planeación municipal de Cota con los propietarios de distintos predios aledaños a la quebrada La Culebrera, entre los que se encontraba el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo, a fin de dar una solución provisional a la inundación presentada en la zona. Allí se acordó lo siguiente (copia del acta de compromiso suscrita por los participantes; fl. 5, c. 2):

• El señor Francisco Ayala se compromete a conseguir una motobomba cuyo alquiler será cancelado por los vecinos de la quebrada.

• Por parte de la Administración Municipal se suministrará el combustible.

• El señor Vicente Ferrer Ruiz se compromete a bombear el agua de la quebrada al río Bogotá.

• La oficina de Planeación Municipal se compromete a bombear el agua de la quebrada La Culebrera al río Bogotá.

• La oficina de Planeación Municipal se compromete a informar a los propietarios de la finca la Choloma y Rancho Alegre, del bombeo a realizarse al cauce de la quebrada La Culebrera.

66. El 15 de julio de 2005, a raíz de la solicitud del señor Álvaro Ayala Manrique, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó una nueva visita a la zona, a fin de adelantar labores de comando y control (copia del informe técnico Nº 970, fl. 184, c. 1):

3. Informe de visita.

(…)

En atención a la solicitud presentada mediante Radicación 13481-1, se realizó visita técnica con la asistencia de los interesados, a saber: CAR, Oficina de Planeación Municipal y Propietarios de los predios mencionados con el encabezado del presente informe.

Se realizó recorrido completo al cauce de la quebrada La Culebrera, desde la vía principal Siberia - Cota, hasta la llegada al río Bogotá, pudiéndose determinar que éste cuenta con múltiples obstrucciones por sedimentación, desviación en la dirección del cauce, modificación de su pendiente, entre otras.

Existe un punto en el trazado de la quebrada, en donde se realizó el paso de la tubería del gasoducto.

4. Concepto técnico.

Las diferentes modificaciones en el cauce de la quebrada La Culebrera, han causado degeneración del cuerpo hídrico, impidiendo que funcione como tal, a tal grado que no discurre agua por el mismo, sino que se da acumulación de estas en algunos tramos.

En el punto en el que pasó la tubería del gasoducto existe una especie de tambre que impide el paso del 100% de las aguas transportadas por el cauce de la Quebrada,

Para realizar el paso de agua del vallado existente en los predios Lotes 68, 69, 70ª, 70B, 70C y 72, al cauce de la quebrada La Culebrera, es necesario conectar los dos, para lo cual se requiere atravesar el jarillón que los separa.

Las aguas que pasan por los predios adyacentes a los visitados y que limitan con la vía de acceso a éstos, deberán conducirse por el vallado trazado por el límite de los siguientes predios: Lote 071, 219, 215, 217, 216 y entrega al cauce.

5. Recomendaciones generales.

Reiterar las recomendaciones 6.1 a 6.6 del Informe técnico Nº 1052 de Noviembre 25 de 2005, teniendo en cuenta que el trazado vallado antes de entregar aguas al cauce de la Quebrada deberá pasar por el límite de los predios: Lote 071, 219, 215, 217 y 216, según plano anexo.

Dar cumplimiento inmediato al acta de compromiso suscrita entre los solicitantes en Enero 13 de 2005.

En relación con la solicitud de Permiso de Adecuación de Suelos presentada mediante Radicación 15202, deberá reiterarse a la Secretaría General y Asuntos Legales de la Corporación la solicitud presentada en el mes de abril de 2005, identificada como Memorando OTSNYA Nº 433.

Las aguas que pasan por los predios adyacentes a los visitados, y que limitan con la vía de acceso a éstos, deberán conducirse con el vallado trazado por el límite de los siguientes y entrega al cauce (resaltado del texto).

67. El 3 de noviembre de 2005, los señores Alfonso Hernando Rodríguez Camargo, Ángela Marcela Domínguez Charry, Camilo Hernán Melo, Álvaro Rodríguez Contreras y Camilo Alfonso Rodríguez presentaron un derecho de petición ante el secretario de obras públicas del municipio de Cota, informando que, desde hace un año se venían presentando problemas de salubridad en sus predios, como consecuencia de la desbordada de los pozos sépticos, como consecuencia del taponamiento de las servidumbres de aguas negras causadas por aguas lluvias, problema que, afirman, se produjo a raíz del taponamiento de unos vallados por parte de unos vecinos. En consecuencia, solicitaron que se les brindara una solución pronta a esa problemática (copia de la solicitud con constancia de recibido, fls. 6-7, c. 2).

68. El 21 de noviembre de 2005 el alcalde del municipio de Cota y el jefe de la Oficina Territorial Sabana Norte y Almedas de la Corporación Autónoma Regional invitaron al señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo a participar en una reunión a celebrarse el día 23 del mismo mes y año, con el fin de explorar posibles soluciones para resolver las constantes inundaciones que se presentaban (copia de la invitación, fl. 8, c. 2).

69. Mediante comunicación del 6 de diciembre siguiente, el secretario de obras públicas del municipio de Cota informó al ahora demandante que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se había comprometido a entregarle un plano de la quebrada La Culebrera y los demás desagües naturales de la vereda Parcelas, “(…) con el fin de que el Municipio a través de las diferentes entidades, tome las medidas pertinentes que permitan la recuperación de dichos desagües, para mitigar el problema que aqueja a la población residente en el sector” (copia de la comunicación, fl. 11, c. 2).

70. A raíz del derecho de petición presentado por el señor Álvaro Ayala Manrique –propietario de uno de los predios de la vereda Parcelas–, en el cual informó que se había producido una inundación a raíz de la obra pública autorizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, esta entidad procedió a adelantar una inspección el 23 de marzo y el 5 de mayo de 2006 en el referido predio, arribando a las siguientes conclusiones (copia del informe técnico Nº 527 de 11 de mayo de 2006, practicado dentro del expediente radicado con el número 11795-1 [13481-1], fls. 186-191, c. 2):

Con el propósito de evaluar el estado actual de la quebrada La Culebrera, se realizó un recorrido desde la vía Siberia - Cota en el sector parcelas hasta su desembocadura sobre el río Bogotá. Así mismo, se recorrieron los lotes aledaños principalmente aquellos que se encontraban anegados.

La longitud total de la quebrada desde la vía Siberia - Cota hasta la desembocadura en el río Bogotá es de aproximadamente 1.700 metros, de los cuales el 35% se encuentra con agua pero estancada y el 65% sin agua. Lo anterior debido al enmalezamiento, obstaculizaciones con raíces de árboles, piedras, madera y otros desechos, falta de pendiente en la razante de fondo, taponamientos o tambres y lo que es peor que la salida o desembocadura se encuentra taponada por el jarillón que ronda y controla los niveles del río Bogotá.

Varios predios de la parte baja del sector parcelas se encontraron anegados debido al mal estado de la quebrada y al taponamiento por nivelaciones de terrenos y tambres efectuados en canales de drenaje realizados en épocas de verano con el fin de captar agua para riego de los mismos.

La vía de penetración a los predios se encontró anegada en varios sectores como consecuencia del desbordamiento de varios canales de drenaje internos.

Se halló presencia de aguas negras por rebosamiento de pozos sépticos y alcantarillas del colector de aguas negras el cual vierte sus aguas a la quebrada la culebrera.

Según información de los asistentes a la visita, hace algunos años se llevó a cabo la construcción de un gasoducto, cuyo entubamiento pasa a unos tres metros de profundidad y el recubrimiento de la tubería taponó dos canales internos de drenaje en el sitio de coordenadas Y = 994.953 - 1.020.035, los cuales está propiciando el represamiento de aguas lluvias cerca de la vía de penetración y contigo (sic) a los predios de los señores Ayala.

Con el propósito de determinar el cauce de la quebrada desde la vía Siberia - Cota hasta la desembocadura en el río Bogotá, durante el recorrido se tomaron varios puntos de coordenadas a fin de comprobar con los planos del IGAC el cauce real de la quebrada. Así mismo confrontar con los estudios y levantamiento topográfico levantado por el municipio (…).

Con motivo de la emergencia ambiental por las fuertes lluvias ocurridas durante los últimos días de Abril y comienzos de Mayo la Ing. Milena Castillo realizó una nueva visita al sector Parcelas, en donde pudo tomar el registro fotográfico de casi la totalidad de los predios aledaños a la quebrada completamente inundados.

Dentro del cauce y en linderos de los predios del señor Pedro Pablo Mendoza, familia Galindo y Urbanización Vicaya existen algunos eucaliptos, los cuales deben ser talados ya que están afectando el cauce de la quebrada La Culebrera.

Con la colaboración de la alcaldía de Cota se realizó un censo de los propietarios de predios afectados y algunos de la zona de influencia de la quebrada La Culebrera, en la tabla siguiente se presentan la mayoría de ellos: (…).

4. Consideraciones.

Teniendo en cuenta la documentación existente y las observaciones anotadas producto de la visita se hacen las siguientes consideraciones:

4.1. Que la quebrada La Culebrera debe ser intervenida a fin de componer los fallos en sus cotas de fondo, retirar obstáculos, ordenar la pendiente, levantar jarillones a lado y lado de la quebrada y ejecutar las obras necesarias e instalar la compuerta de regulación sobre el río Bogotá y/o estación de bombeo para evacuación de excesos de agua.

4.2. Que la corporación por medio de resolución motivada declaró en estado de emergencia la cuenca del río Bogotá.

4.3. Que debido a las graves inundaciones de los predios ubicados en la vereda Parcelas se requiere realizar las obras necesarias de mantenimiento y recuperación del cauce de la quebrada La Culebrera en forma inmediata.

4.4. Que se confrontaron los puntos de coordenadas tomados sobre el cauce de la quebrada durante la visita contra [las] planchas del IGAC Nos. 227-IV-B-2 y 227-II-D y contra los planos topográficos levantados por el municipio, obteniéndose como resultado que estos coinciden, por lo tanto fue posible determinar el cauce real de la quebrada que permita la viabilización del mantenimiento y recuperación del cauce de manera inmediata.

4.5. Que por parte de los propietarios de los predios aledaños a la quebrada se deben realizar las obras hidráulicas necesarias, de tal forma que permitan drenar los excesos de agua y evacuarlos hacia la quebrada La Culebrera y/o hacia el río Bogotá.

4.6. Que para permitir las obras de recuperación del cauce de la quebrada y debido a la emergencia ambiental producida por las fuertes y constantes lluvias que provocan la inundación de estos predios, se debe realizar la tala de los árboles (Eucaliptos) que están afectando dicho cauce.

(…)

5. Concepto técnico:

5.1. Informar al señor Luis Eduardo Castro Galindo en calidad de Alcalde del municipio de Cota, que según lo establecido en el artículo 111 del acuerdo 10 y la declaratoria de estado de emergencia de la cuenca del río Bogotá, se dé viabilidad para que se realice las obras de recuperación y mantenimiento del cauce de la quebrada La Culebrera con el fin de mitigar los daños que se están generando por la emergencia invernal, según el levantamiento topográfico y perfil presentado para que sus aguas discurran libremente. Sin embargo se advierte que se deben observar los parámetros de diseños hidráulicos correspondientes a fin de mantener los taludes, pendiente y cotas de fondo del cauce.

5.2. Solicitar al señor Luis Eduardo Castro Galindo en calidad de Alcalde del municipio de Cota, que deberá mantener informada a la corporación sobre el desarrollo de las actividades relazadas para recuperar y mantener el cauce de la quebrada La Culebrera, a fin de ejercer el seguimiento y control sobre las mismas.

5.3 Requerir al municipio de Cota representado legalmente por el señor Luis Eduardo Castro Galindo para que presente ante la corporación un informe de diagnóstico y un plan donde contenga las acciones y obras correctivas encaminadas a mejorar el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario para la vereda Parcelas, con el fin de subsanar la contaminación por el rebosamiento de aguas negras (resaltado del texto).

71. El 8 de mayo de 2006 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca expidió la Resolución 1315 mediante la cual declaró la emergencia ambiental en la cuenca hidrográfica del río Bogotá, con ocasión de las fuertes lluvias que habían ocasionado serias inundaciones en las áreas aledañas a su cauce (copia del respectivo acto administrativo, fls. 185-188, c. 1).

72. El 23 de mayo de 2006 el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo presentó un nuevo derecho de petición ante la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Cota, informando la grave situación en la que se encontraba el predio donde residía y trabajaba como consecuencia de la inundación acaecida y solicitando acción inmediata de la autoridad municipal (copia de la solicitud con constancia de recibido; fl. 12, c. 1).

73. El 14 de junio de 2006, el municipio de Cota contestó la solicitud incoada mediante un oficio en el cual advirtió que la inundación se produjo porque el predio estaba ubicado en una zona de inundación y por la fuerte ola invernal que se presentó. También señaló que la entidad había invertido dos millones de pesos en la compra de combustible y que había excavado un canal para el desagüe del inmueble. Sin embargo, habida cuenta de que el volumen del agua era muy elevado, adujo que la única solución para la problemática era esperar que el río desocupara la zona inundada y construir jarillones a cada lado de su cauce (oficio suscrito por el secretario de obras públicas del municipio de Cota; fls. 13-14).

74. A través de Auto OPSC Nº 423 de 5 de junio de 2006 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR dispuso lo siguiente: (i) autorizó a la alcaldía del municipio de Cota para que ejecutara la recuperación y mantenimiento del cauce de la quebrada La Culebrera, según el levantamiento topográfico presentado; (ii) requirió al municipio para que presentara “(…) un informe de diagnóstico y un plan que contenga las acciones y obras correctivas con el fin de mejorar el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario para la vereda Parcelas, con el fin de subsanar el rebosamiento de las aguas negras”; y (iii) ordenó a los propietarios de los predios aledaños a la quebrada –entre los cuales no se encontraba el señor Alfonso Rodríguez– que realizaran mantenimiento de los canales internos de drenaje y que evacuaran los excesos de agua (copia de la referida providencia, fls. 16-21, c. 2).

75. Mediante oficio recibido el 12 de junio de 2006, el personero municipal de Cota le solicitó a la directora general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que procediera a realizar, de forma inmediata, las siguientes obras para superar la difícil situación de salubridad en la que se encontraban los habitantes de la vereda Parcelas (copia del derecho de petición, fls. 15-16, c. 2):

1. Dragado y recuperación del canal o cauce de la quebrada de La Culebrera, desde su inicio hasta la desembocadura [en el] río Bogotá.

2. APERTURA de la desembocadura de la quebrada La Culebrera al río Bogotá, la cual se encuentra sellada.

3. SE PROHÍBA el vertimiento de las aguas negras provenientes de las casas, colegios y empresas a la quebrada La Culebrera.

4. Se ordene de inmediato la construcción de una red de alcantarillado que arroje, directamente las aguas negras del sector mencionado, al río Bogotá, pasando, previamente por una planta de purificación.

5. Se preste auxilio inmediato a las familias afectadas por la inundación e infección de las aguas negras.

76. El 18 de agosto de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, profirió sentencia mediante la cual decidió en segunda instancia la acción de tutela interpuesta por el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo en contra del municipio de Cota y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en los siguientes términos (copia de la providencia, fls. 24-35, c. 2):

PRIMERO: REVOCAR la SENTENCIA proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Funza en la acción de tutela instaurada por Alfonso Hernando Rodríguez Camargo contra el municipio de Cota y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para, en su lugar, PROTEGER EL DERECHO A LA VIDA en conexidad con el DERECHO A UNA VIVIENDA EN CONSIDERACIONES DIGNAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENARLE al municipio de Cota por conducto de su alcalde, Luis Eduardo Castro Galindo, y del Secretario de Obras Públicas Municipales, Ing. Néstor Jorge Castillo Galeano, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo inicien las acciones administrativas y locativas necesarias para recuperar el cauce de la quebrada La Culebrera.

TERCERO: ORDENARLE al municipio de Cota por conducto de su alcalde, Luis Eduardo Castro Galindo, que tome las medidas administrativas y policivas que sean necesarias para que los habitantes aledaños a los predios de la quebrada La Culebrera, a los que concretamente se refiere el NUMERAL TERCERO del AUTO OPCS 423 expedido por la CAR el cinco (5) de Junio de dos mil cinco (2005), adecúen los canales internos de drenaje de aguas lluvias y establezcan la manera de evacuar los excesos de agua. Igualmente, para que los propietarios de los pozos sépticos a los que refiere el mismo auto, los mantengan en buen estado de funcionamiento de modo que no perturben o pongan en riesgo los derechos fundamentales a la VIDA y a la VIVIENDA DIGNA del señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo.

TERCERO: (Sic) NEGAR el amparo de los demás derechos solicitados por el accionante.

CUARTO: ABSOLVER a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR de las peticiones deprecadas en la presente acción.

77. Para el efecto, argumentó lo siguiente:

En punto de lo anterior, el municipio accionado manifiesta que los pozos sépticos ubicados en los predios vecinos al del actor y que son los causantes de las inundaciones, deben ser sometidos al mantenimiento constante y bajo la responsabilidad por parte de los propietarios donde están ubicados los aludidos pozos. No obstante la apreciación del municipio, es evidente la obligación y los medios de autoridad con los que cuenta para controlar que los propietarios de los pozos sépticos que se encuentren en deficiente estado de mantenimiento tomen las medidas pertinentes para evitar perjuicios a terceros como ocurre en el caso que hoy se estudia. Ahora bien, la anterior situación de negligencia por parte del municipio accionado se robustece con el incumplimiento de las medidas ordenadas por la CAR de Cundinamarca mediante AUTO OPSC 423 del cinco (5) de junio de dos mil seis (2006) en el que ordena informar al municipio de COTA que se autoriza la ejecución de las obras necesarias para recuperar y mantener el cauce de la quebrada La Culebrera. Igualmente, se requirió al referido municipio para que presentara un informe de diagnóstico y un plan que contenga las acciones y correctivos que se requieren para mejorar el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la vereda para evitar el rebosamiento de las aguas negras. Igualmente, el accionante mediante derecho de petición elevado al municipio de Cota solicita que se dé solución a los graves problemas de inundación que viene presentando su predio. LA respuesta al peticionado se dio a través del Secretario de Obras Públicas Municipal, quien manifestó que la CAR se había comprometido a entregar un plano de la ubicación original de La Culebrera para que el municipio por medio de las diferentes entidades tomen las medidas del caso que permitan la recuperación del cauce y así aminorar los problemas de inundación que aquejan al sector donde Rodríguez Camargo tiene su residencia. De la misma manera, el Personero Municipal solicita a la CAR por medio de derecho de petición que se realicen con carácter urgente que permitan el dragado y recuperación del cauce de La Culebrera, entre otros.

Es evidente de acuerdo con las fotografías y el video aportado como medios de convicción, que en realidad el accionante sufre una situación de grave inundación en la casa de su propiedad. El municipio de Cota arguye que las inundaciones tienen como causantes de las mismas, de un lado, la falta de mantenimiento de los pozos sépticos aledaños al predio del actor, y de otro, al fuerte invierno que azotó la región. Las causas de la inundación alegadas por la municipalidad accionada no son de recibo, por cuanto según consta en la prueba documental que contiene el auto proveído por la CAR el problema de la inundación deriva como consecuencia del taponamiento y pérdida del cauce original de la quebrada La Culebrera lo que sumado a la ola invernal hizo colapsar los pozos sépticos carentes de mantenimiento de sus dueños. Es claro que de conformidad con los medios de convicción no aparece cuál es el diagnóstico y el plan de obras correctivas a las que refiere el numeral segundo del auto proferido por la CAR, es decir, el municipio ha incumplido con los requerimientos que le hizo la corporación. Así mismo, alega el municipio accionado que sí ha realizado acciones propias para solucionar el problema, no obstante encuentra la Sala que las acciones a las que se refiere son consecuencia de la declaratoria de emergencia invernal apoyada por el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres –CLOPAD– y de haber atendido los requerimientos que se le habían extendido con marcada antelación, tanto la recuperación del cauce de La Culebrera, el impacto del fuerte invierno habría sido menor a los nefastos resultados ya conocidos en la vivienda del accionante.

En suma, las impactantes imágenes, fotografías y demás documentales aportados al plenario dan cuenta de la afectación al derecho a la vivienda digna del reclamante, pues las condiciones extremas de insalubridad y deterioro del predio lo hacen imposible de habitar. Así, nótese cómo para el actor y su familia es imposible ya ocupar la primera planta de la casa perdiendo un espacio necesario para el desarrollo familiar. Todo ello por la negligencia grave del municipio de Cota para ejercer su autoridad frente a aquellos propietarios de pozos sépticos en mal estado y por no recuperar a tiempo el cauce de La Culebrera, precisamente para prevenir que en épocas de invierno se haga insostenible la situación grave que tiene que afrontar el recurrente.

Huelga concluir, que la pasividad del municipio de Cota y las omisiones delanteramente señaladas han sido ampliamente reconocidas como el detonante para la afectación absoluta de la vivienda del actor y su habitación en condiciones de indignidad y que a la postre con la llegada del invierno y el colapso de los pozos sépticos colindantes tornaran aún más complejo el resultado conocido en propiedad de Rodríguez Camargo. Por las anteriores razones, al Sala revocará la decisión de primera instancia para en su lugar conceder la protección del derecho a la vivienda digna y negar la protección de los restantes.

78. Para el mes de abril de 2006, el índice de precipitación fue moderadamente superior a la media. Para los meses de mayo y junio del mismo año el índice fue mucho mayor que la media (copia del informe expedido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, fls. 212-215, c. 2).

79. El 19 de noviembre de 2008, a raíz de una nueva inundación presentada, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó una nueva visita a la quebrada La Culebrera, con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado mediante auto OPSC Nº 423 de 5 de junio de 2006. En la práctica de la inspección se encontró lo siguiente (copia del informe técnico Nº 2212, fls. 195-204, c. 2):

1. La sección de la quebrada La Culebrera desde el punto del Colegio Refous hasta su desembocadura en el río Bogotá, presenta falta de mantenimiento a pesar de lo mencionado en la respuesta de la Administración Municipal de Cota, mediante oficio radicado CAR Nº 3163 del 15 de octubre de 2008.

2. Según lo observado no se han realizado las acciones ordenadas en el artículo tercero del auto OPSC Nº 423 del 5 de junio de 2006, según el cual la totalidad de los afectados deben realizar las acciones necesarias para la adecuación de los canales internos que permitan la evacuación de las aguas lluvias.

3. Según lo informado por el señor WERNER TUSCHER, la alcaldía municipal de Cota Cundinamarca, construyó un sistema de alcantarillado sanitario, el cual pasa por el predio del señor TUSCHER y descarga en la quebrada La Culebrera sin el correspondiente tratamiento y cuyas coordenadas son N: 1020400 E: 994834.

4. Que revisado el Sistema de Atención a Expedientes “SAE” y el Sistema de Atención a Usuarios “SAU” de esta oficina provisional se pudo determinar que la alcaldía municipal de Cota - Cundinamarca no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo del auto OPSC Nº 423 de 5 de Junio de 2006.

5. El señor Vicente Ruiz es la única persona que realiza la evacuación de las aguas lluvias que caen a su predio mediante la operación de 2 motobombas instaladas dentro del cauce del río Bogotá.

6. Los predios que se localizan en el costado occidental de la quebrada La Culebrera, se encuentran afectados por el aumento del caudal a partir de las precipitaciones y el caudal generado por escorrentía, teniendo en cuenta que estos terrenos son zona de amortiguamiento y de inundación, tanto de la quebrada La Culebrera como del río Bogotá, en temporadas de lluvias continuas y torrenciales, los cuales no son susceptibles de intervención por nivelación o disposición de materiales.

7. En el área de paso de la quebrada La Culebrera donde se localiza el Colegio Refous y el Colegio Los Sauces, se evidencia la invasión de la Ronda Hidráulica de la fuente hídrica superficial, por parte la planta física de las mencionadas instituciones.

8. Según lo observado durante la visita se pudo constatar que la inundación de los predios no es consecuencia, del desbordamiento de la quebrada La Culebrera ni del río Bogotá.

9. La inundación de los terrenos es generada por la inoperancia del sistema de vallados, los cuales no están interconectados y no tienen puntos de descarga hacia la quebrada La Culebrera ni al río Bogotá, cuyo mantenimiento y drenaje son responsabilidad tanto del municipio de Cota Cundinamarca como de los propietarios de los predios.

80. Por ese motivo, el 14 de mayo de 2009, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR expidió el Auto 00607, mediante el cual dispuso iniciar el trámite investigativo de carácter sancionatorio en contra del municipio de Cota, a fin de que se investigara el presunto incumplimiento de los deberes ambientales que se le ordenaron mediante Auto OPSC 423. Al mismo tiempo, se requirió a los propietarios de los predios aledaños a la quebrada La Culebrera, entre los que se encontraba la familia Rodríguez Camargo, para que informara en un término de 20 días las acciones llevadas a cabo para solucionar el problema de las redes de vallados internos del sector de la vereda Parcelas (copia de la providencia, fls. 205-207, c. 2).

81. En la misma fecha, el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo presentó una queja disciplinaria contra el municipio de Cota y la Corporación Autónoma de Cundinamarca por la presunta omisión en la que incurrieron en el cumplimiento de sus funciones (copia del registro inicial de averiguación disciplinaria, fl. 178, c. 2).

82. Los señores Alfonso Hernando Rodríguez Camargo y Ángela Marcela Domínguez Charry son cónyuges (copia del registro civil de matrimonio, fl. 498, c. ppl.). Los demandantes Wendy Johana, Melissa, Daniel, Laura Marcela y Camilo Alfonso Rodríguez Domínguez son sus hijos (copia de los respectivos registros civiles de nacimiento, fls. 1-3, c. 1, fls. 496-497, c. ppl.).

IV. Problema jurídico

83. Como asuntos previos, le corresponde a la Sala determinar si la parte actora ejerció la acción idónea de conformidad con las pretensiones planeadas, si esta no se encontraba caducada y si los demandantes estaban legitimados en la causa por activa. Aclarado lo anterior se debe estudiar si la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el municipio de Cota incurrieron en una falla de servicio por (i) haber autorizado el taponamiento de un vallado que cruzaba por el predio del señor Vicente Ruiz y (ii) no haber adoptado las medidas necesarias para evitar que se produjera la inundación, en particular no haber intervenido la quebrada La Culebrera para que sirviera como vía de desagüe de las aguas estancadas. De encontrarse que sí se incurrió en una falla de servicio, la Sala debe estudiar si ella fue la causa eficiente del daño demandado, o si concurrió una causa extraña susceptible de romper el nexo causal.

V. Análisis de la Sala

84. En primer lugar, recuerda la Sala que para acceder al trámite de una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es menester que el demandante escoja la vía procesal adecuada para buscar que prosperen sus pretensiones, escogencia que depende de la causa generadora del daño cuyo restablecimiento se pretende, teniendo en cuenta que cada una de las vías procesales consagradas por el ordenamiento jurídico persigue una finalidad específica.

85. Ello implica que las solicitudes del demandante pueden resolverse de fondo, sólo si se accedió a la jurisdicción mediante la acción pertinente, puesto que, de acuerdo con el reiterado criterio de esta Sala, el adecuado ejercicio de las vías procesales para demandar es un requisito sustancial(7) indispensable para que se pueda analizar de fondo un determinado caso.

86. Respecto de las finalidades perseguidas por cada una de las acciones contenciosas, vale la pena advertir que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto desvirtuar la presunción de legalidad que cobija un acto administrativo y, consecuencialmente, obtener la indemnización de los perjuicios que dicho acto haya podido causar durante el tiempo en que permaneció vigente. Por su parte, la acción de reparación directa persigue la indemnización de los daños causados por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos” o, en la modificación aportada por la Ley 446 de 1998, “por cualquier otra causa”, como sería aquella consistente en la ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas por un acto legal.

87. Como se ve, aunque ambas tienen una finalidad indemnizatoria(8), se diferencian por la fuente de los daños cuyo resarcimiento puede reclamarse a través de cada una de ellas: la ilegalidad de un acto administrativo en un caso y un hecho, una omisión, una operación administrativa, una ocupación o cualquier otra causa en el otro. Al respecto, en la sentencia del 7 de junio de 2007 se dijo:

Por otra parte, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, es necesario establecer cuál es el origen del daño que se alega, para determinar así mismo, cuál es la acción correcta; puesto que si aquel procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, éste deberá demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A.; pero si el daño proviene del incumplimiento de una obligación contractual, o del proferimiento de actos administrativos contractuales, o, en fin, de una relación contractual existente entre el afectado y la entidad estatal, las reclamaciones que pretendan efectuarse con fundamento en la misma, deberán encauzarse por la vía de la acción relativa a controversias contractuales, contemplada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Pero si el daño proviene, como dice el artículo 86, de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa(9).

88. En el caso concreto, encuentra la Sala que las pretensiones de la parte demandante están encaminadas a que se le reparen los daños causados en el predio de su propiedad por la inundación que acaeció en la temporada de lluvias del año 2006, la cual atribuye a la autorización que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR otorgó al señor Vicente Ruiz para que adelantara la nivelación de un vallado que cruzaba su inmueble –por el cual se descargaban las aguas de escorrentía de los predios vecinos al río Bogotá–, así como a la inacción del municipio de Cota, entidad territorial que omitió adecuar el curso de la quebrada La Culebrera.

89. En cuanto a la responsabilidad que se le atribuye a la CAR, se encuentra que la licencia ambiental para la realización de la obra de nivelación y relleno del canal de desagüe se concedió mediante la expedición de la Resolución DRSNA 000939 de 23 de agosto de 2001, notificada personalmente al señor Vicente Ruiz el 17 de septiembre del mismo año, a través de la cual concluyó el procedimiento administrativo iniciado con la solicitud CAR 01324 incoada por éste el 17 de abril de 2001.

90. Podría pensarse que para demandar la reparación de los perjuicios que dicha resolución pudo causar la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que la decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de conceder la autorización ambiental está contenida en un acto administrativo de carácter particular. Siguiendo dicha lógica, en la presente sentencia sólo podría resolverse sobre la omisión que la parte demandante atribuye al municipio de Cota.

91. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la demanda, más allá de pretender la reparación patrimonial de los perjuicios causados con la inundación, nunca se reconviene la expedición del acto administrativo, es decir que no cuestiona el derecho del señor Vicente Ruiz de realizar la nivelación de terreno que la CAR había autorizado, ni tampoco solicita su nulidad. En ese entendido, es claro que la parte actora no acomete, en estrictos términos, un reproche a la legalidad del acto administrativo, sino que, simplemente, da cuenta de la participación causal que tuvo esta disposición en la inundación que después se produjo.

92. En ese entendido, teniendo en cuenta que la intención de la parte actora no es controvertir la expedición de un acto administrativo ilegal, sino, simplemente reclamar la reparación de los perjuicios que la expedición de un acto administrativo legal le produjo, la acción que se interpuso, es decir, la de reparación directa, es procedente.

93. Pero adicionalmente, en gracia de discusión, aun cuando la voluntad de los demandantes fuese cuestionar la legalidad del acto, lo cierto es que en el presente caso no fueron parte dentro del proceso administrativo que culminó con la expedición de la autorización ambiental, comoquiera que no fueron ellos los solicitantes de la misma, al punto que no se les notificó de su expedición (fl. 23, c. 2), y sólo pudieron conocer de la nivelación del vallado con posterioridad, puesto que, por lo menos para el 10 de febrero de 2003 la construcción de la obra no había iniciado –ver nota al pie Nº 6–.

94. Esa circunstancia les impedía acceder a la administración de justicia mediante la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, teniendo en cuenta que por no ser intervinientes dentro del trámite administrativo no pudieron ejercer los recursos del caso para agotar la vía gubernativa, requisito sine qua non para la procedencia de dicha acción, según lo dispone el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo(10). A su vez, se encuentra que les resultaba imposible demandar dentro del término de caducidad de cuatro meses previsto por el numeral 2º del artículo 136 ibídem(11). En ese entendido, se encuentra que el hecho de que el daño presuntamente se les causara por la expedición de un acto administrativo de carácter particular, dirigido a un tercero, les impedía cumplir con las cargas exigidas por la ley para que se desvirtuara la presunción de legalidad de la resolución, lo que de igual forma torna procedente la acción de reparación directa.

95. Ahora bien, debe reiterarse que el análisis del asunto no puede comprometer la legalidad del acto administrativo expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. En ese sentido, el análisis a realizar se limitará únicamente a estudiar el daño que la resolución le pudo causar a los demandantes, dejando incólume su validez, existencia y eficacia.

96. Aclarado lo anterior, recuerda la Sala que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

97. Por ese motivo es posible afirmar que el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente(12).

98. De conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.(13), para ejercer la acción de reparación directa se estableció un término de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público, so pena de que se produzca su caducidad.

99. Así las cosas, se tiene que la ley, en principio, establece que el término de la caducidad de la acción empieza a correr desde que acontece el hecho o desde el momento en que se configuró la omisión causante del daño, según sea el caso. En otras palabras, a efectos de determinar la fecha exacta a partir de la cual se contabilizan los dos años previstos por la ley, debe estudiarse cuando ocurrió la circunstancia presuntamente imputable a la administración de la cual se derivó el hecho dañino o desfavorable para los demandantes.

100. Si bien dicha acepción resulta lógica para aquellos casos en los que el daño se produce de forma instantánea, debe tenerse en cuenta que en ciertos eventos éste se origina después del hecho o la omisión que lo desencadenó. En otras palabras, no obstante, por regla general, el daño acaece concomitantemente con el hecho que lo causó, como cuando un agente del Estado le propina un disparo a un civil, produciendo su muerte de forma instantánea, puede ocurrir que medie una distancia entre ambos fenómenos, lo que sucede, por ejemplo, cuando una entidad del orden territorial falla en la construcción de una calzada, que se desploma días o semanas después cuando un transeúnte la cruza.

101. Adicionalmente, no puede perderse de vista que existen otros casos que ameritan contar el término de caducidad desde una fecha diferente, como ocurre cuando el demandante sólo conoce del daño en un momento posterior a su ocurrencia o cuando el daño puede ser considerado como continuado, es decir, que no se agota en un solo momento, sino que, por el contrario, se produce de forma sucesiva durante un periodo de tiempo determinado. Al respecto, esta corporación se ha pronunciado en los siguientes términos(14):

Si bien es cierto que, como se acaba de señalar, la regla general para la contabilización del término de caducidad es la que se dejó indicada, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando –en consecuencia– ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia, que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, quien no podría obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro danmatum y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño. Así, en efecto, lo ha manifestado esta corporación en los siguientes términos:

“La determinación del momento a partir del cual se produce la caducidad de la acción no presenta problemas cuando la realización del hecho, operación, ocupación u omisión coinciden con la producción del daño. No obstante, cuando el perjuicio se produce o se manifiesta en un momento posterior o se trata de daños permanentes, de tracto sucesivo o que se agravan con el tiempo, surgen dificultades para su determinación”.

“En síntesis, en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio.

“Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daño que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

“Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen”(15).

Como se observa, las reflexiones que han llevado a esta corporación a reconocer la posibilidad de acudir a la solución que se deja vista, nacen de la aplicación de los principios de equidad y de justicia, bajo una visión de la lógica de lo razonable y habida consideración de la circunstancia de desconocimiento por parte del afectado de la existencia del daño, desconocimiento, se reitera, no nacido del desinterés o descuido de éste, sino de las particularidades específicas en que surgió(16).

En el marco de ese mismo universo, ha reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también puedan –ocasionalmente– provenir de un hecho que se va produciendo de manera paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso no cabe duda en cuanto a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el acontecimiento dañoso (y esta constituye la regla general), pero también puede ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir daños continuos.

En eventos como estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño(17), pues en este último evento el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos.

102. En el caso concreto, se tiene que los demandantes alegaron que tanto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca como el municipio de Cota les causaron un daño con motivo de la inundación acaecida en el año 2006. En esos términos, de conformidad con lo expuesto, es claro que la caducidad no puede contarse a partir de la fecha en la que presuntamente acaeció el hecho antijurídico en el que incurrió la CAR o la omisión de esta entidad y del municipio de Cota de intervenir el cauce de la quebrada La Culebrera, teniendo en cuenta que el suceso dañino no se manifestó inmediatamente, sino que, por el contrario, sólo acaeció con posterioridad.

103. En esas circunstancias, es claro que lo procedente es contabilizar la caducidad desde la inundación que acaeció en los meses de mayo y junio de 2006. Cabe advertir que si bien de las pruebas allegadas al expediente se puede advertir que con anterioridad a esa fecha ya se habían producido diversas inundaciones en el sector, lo cierto es que esa circunstancia en nada influye al momento de establecer la caducidad de la acción, teniendo en cuenta que no se acreditó que los demandantes se hubieran visto afectados con dichos siniestros.

104. De otra parte, es preciso advertir que contrario a lo afirmado por el tribunal de instancia, en el caso concreto no tiene ninguna relevancia para establecer la caducidad de la acción la fecha en la que fue concedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la acción de tutela incoada por el señor Rodríguez Camargo, habida cuenta de que esa no fue la causa del daño cuya reparación se depreca, y toda vez que con anterioridad a su presentación los demandantes ya conocían del acaecimiento del siniestro, comoquiera que este se produjo en el lugar donde habitaban, según se narra en el libelo introductorio, de donde se sigue que su conciencia del hecho se produjo de forma concomitante al acaecimiento del mismo.

105. Así las cosas, el plazo legal de dos años habrá de contabilizarse a partir del 1 de mayo del año 2006 –fecha en la cual puede considerarse que inició la inundación–, circunstancia que permite establecer que la acción de reparación directa se incoó en tiempo, teniendo en cuenta que esta fue presentada personalmente el 7 de septiembre de 2007 –ver párrafo 1–.

106. En cuanto a la legitimación en la causa, se recuerda que de conformidad con la jurisprudencia de la corporación existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas –siendo o no partes del proceso–, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(18). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante –legitimado en la causa de hecho por activa– y demandado –legitimado en la causa de hecho por pasiva– y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(19).(20)

107. Cabe destacar, igualmente, que la ausencia de legitimación en la causa material no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio(21). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

108. Ahora bien, en los casos en que se demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de obtener la reparación por el daño o destrucción de un bien, el demandante tiene la carga(22) de probar su calidad de propietario o poseedor respecto de éste –teniendo en cuenta que la posesión se encuentra igualmente protegida por el ordenamiento jurídico colombiano–, con lo cual está demostrando que efectivamente se le generó el daño referido y, adicionalmente, su interés para demandar, o en otros términos, su legitimación en la causa por activa. Así las cosas, se procederá a verificar si el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo tenía la calidad de propietario del predio “Lote 1, Parcela 67” de la vereda Parcelas del municipio de Cota –Cundinamarca–.

109. Para este efecto, se advierte que el tribunal de instancia consideró que estaba acreditada la calidad de propietario del señor Rodríguez, habida cuenta de que en el plenario obraba copia del certificado de libertad y tradición del inmueble. Por el contrario, el agente del Ministerio Público consideró que no se había probado su interés para acudir al proceso toda vez que el referido certificado se había aportado en copia simple y no estaba acompañado de la respectiva escritura pública.

110. Sobre el particular, recuerda la Sala que de conformidad con la jurisprudencia vigente de esta corporación es factible valorar las copias simples, siempre que no hubieren sido tachadas de falsas en la oportunidad prevista para el efecto –ver párrafos 55 y 56–. Asimismo, se advierte que esta corporación en sentencia de unificación de jurisprudencia ha señalado que para efectos de acreditar la propiedad sobre un bien inmueble, es suficiente con aportar el certificado de libertad y tradición y libertad, que dé cuenta del modo de trasmisión de propiedad(23):

Como consecuencia natural y jurídica de los anteriores planteamientos, la inscripción o el registro del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio, en especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en aquellos eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se fundamenten las pretensiones de la demanda.

Ciertamente, si el Estado considera como un servicio público el registro de instrumentos públicos por las finalidades de interés general que este sistema involucra y, si para ello le exige a los registradores adelantar un procedimiento técnico, jurídico y especializado con el propósito de sólo inscribir aquellos títulos que reúnan los presupuestos legales previstos para ello, decisión final –inscripción– que se presume legal tanto por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos, como por el principio de la legitimidad registral, propio, a su vez, de los sistemas técnicos registrales como el contenido en el Decreto-Ley 1250 de 1970 y en la Ley 1579 de 2012, según el cual el derecho inscrito en favor de una persona realmente le pertenece puesto que así lo dice el registro, no puede más que concluirse que esa inscripción es suficiente para probar la propiedad respecto de un bien inmueble, en especial, cuando ese derecho pretende acreditarse para efectos de demostrar la legitimación por activa en un proceso de que se adelante en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

(…)

Ahora bien, de acuerdo con el tema que ocupa a la Sala, debe resolverse si la sola certificación –que no el título con la constancia de registro en los términos del artículo 29 del Decreto-Ley 1250 de 1970– expedida por registrador competente respecto de la situación jurídica de un inmueble, resulta suficiente para probar el derecho real objeto del título y del mismo registro.

Y la respuesta a este interrogante la otorga el mismo artículo 43 del Decreto-Ley 1250 de 1970, puesto que un entendimiento de la norma acorde con los principios que informan el Sistema Registral en Colombia, da cuenta que cuando en la disposición se menciona que “ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción tendrá mérito probatorio” no hace referencia, per se, a la necesidad de presentar el correspondiente título al momento de probar el derecho, puesto que, lo que se indica, es que el hecho contenido en el instrumento que deba registrarse no se entenderá probado, a menos que se realice, de manera efectiva, ese registro, motivo por el cual es la situación misma del registro, la que otorga el mérito probatorio.

Por lo anterior, la sola certificación, entendida como la constancia o fe que expide el Registrador acerca de la situación jurídica de los bienes sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas (artículo 54 del Decreto-Ley 1250 de 1970(24)), sin duda constituye prueba suficiente, para el caso que aquí se examina, de la titularidad del derecho de dominio que se pretende hacer valer, puesto que en ese documento se hace constar tanto la persona que figura como titular de ese derecho –valor constitutivo del derecho de dominio de la inscripción (modo de transferir el dominio)– como que esa constancia se fundamenta en la realización de un acto de registro del título, el cual goza de una presunción de legalidad y legitimidad registral que debe necesariamente observarse y acatarse mientras no se demuestre –a través de los medios legales previstos para ello– lo contrario, en el entendido en que previamente se ha surtido todo un procedimiento especial, jurídico y técnico mediante el cual el registrador ha recibido, examinado, calificado, clasificado y finalmente inscrito el respectivo título.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con los requisitos para acreditar la legitimación en la causa por activa cuando se acuda al proceso en calidad de propietario de un determinado bien, consistente en exigir la acreditación, “a través de los medios exigidos por la ley para el efecto”, tanto del título como del modo, dada la dualidad prevista en el ordenamiento para la transferencia o adquisición del derecho real de dominio y, dado que el título debe constituirse a través de escritura pública, necesariamente debe aportarse al proceso en original o copia auténtica en los términos del artículo 265 del C. de P. C., según el cual: “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y se mirarán como no celebrados aún cuando (sic) se prometa reducirlos a instrumento público”.

Con la tesis según la cual con la simple presentación del certificado resulta suficiente para tener acreditado la titularidad del derecho de propiedad en cabeza de la persona que figura en esa condición en el registro de instrumentos públicos, no sólo no se está desconociendo la anterior normatividad, sino que, todo lo contrario, se está garantizando su estricto cumplimiento, por la sencilla, pero potísima razón, como se ha venido reiterando, de que resulta condición indispensable, ineludible y necesaria para que el Registrador inscriba un título en el registro de instrumentos públicos cuando se trata de la transferencia de un derecho real de dominio, que este documento se hubiere presentado por el interesado en la forma en que dispone la ley para su existencia, esto es, tratándose de un contrato de compra-venta entre particulares respecto de un bien inmueble, a través de escritura pública en los términos del artículo 1857 del Código Civil.

Por consiguiente, si para proferir el acto administrativo por medio del cual se registra un título, se le exige al registrador verificar que el título que se pretenda inscribir conste en una escritura pública, la certificación que ese mismo funcionario expida, en la cual haga constar esa inscripción, permite tener por acreditada la existencia de ese título, cumpliendo de esta manera con el imperativo dispuesto en el artículo 265 del C. de P. C.

111. De conformidad con lo expuesto, se podría pensar, en principio, que la sola copia del certificado de libertad y tradición resulta suficiente para dar por probado el derecho de propiedad del señor Rodríguez Camargo sobre el predio que, según se asegura, se vio inundado y, por ende, su legitimación en la causa para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

112. Sin embargo, tras revisar el certificado de libertad y tradición que obra en el folio 95 del cuaderno 1, se encuentra que éste no es suficiente para acreditar el hecho referido. Efectivamente, el citado certificado corresponde a un predio rural denominado “Lote 1”, identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20353909 –de linderos desconocidos–, ubicado en la vereda Parcelas del municipio de Cota, con una extensión total de 4029,18 metros. Dicho predio era propiedad de los señores Evangelina Contreras y de Hernando Rodríguez y otros. A la muerte del primero, con motivo de su sucesión y de la compra de los derechos herenciales a su esposa, pasó a ser de dominio de, entre otras personas, el señor Alfonso Rodríguez Camargo. Mediante escritura Nº 5163 del 19 de mayo de 1994, que fue registrada el 19 de junio de 2001, el predio fue especificado por división material, pasando su propiedad a estar en mano de los señores María Yolanda Rodríguez de López, Ricardo, Martha Evangelina, Édgar, Fernando y Alfonso Rodríguez Camargo.

113. Cabe advertir que el negocio celebrado entre los propietarios del inmueble corresponde a la formulación de su derecho a solicitar la división del bien del cual eran copropietarios, en los términos de los artículos 1374(25), 2334(26) y 2338(27) del Código Civil y 467 del Código de Procedimiento Civil(28). En el presente caso, tal como consta en el certificado aportado, se celebró de común acuerdo una división material del mismo, es decir que en lugar de vender el inmueble y repartir su valor entre los comuneros, a prorrata del derecho de cada uno, se procedió a desagregarlo, de suerte que a partir de su extensión original se crearon predios diferentes para cada uno de los anteriores condueños.

114. Ahora bien, en materia registral, tras la partición material celebrada, era preciso que se levantaran folios propios para cada uno de los predios desenglobados, teniendo en cuenta que cada uno de ellos pasaba a ser una unidad catastral individual(29). Así lo disponía expresamente el artículo 50 del Estatuto de Registros Públicos –Decreto 1250 de 1970–, vigente para la época: “[s]iempre que el título implique fraccionamiento de un inmueble en varias secciones o englobamiento de varias de éstas en una sola unidad, se procederá a la apertura de nuevos folios de matrícula, en los que se tomará nota de los folios de donde derivan”.

115. En ese entendido, es claro que si el demandante Rodríguez Camargo pretendía acreditar su propiedad sobre el predio “Parcela 67 Lote 1”, era preciso que allegara copia del certificado de tradición y libertad del predio desenglobado en específico, sin que fuera suficiente para el efecto el certificado del inmueble de mayor extensión, teniendo en cuenta que allí no se señaló a cuál de los copropietarios le correspondió el derecho de dominio sobre el inmueble al que se ha hecho referencia, tras la partición. En otras palabras, si bien está acreditado que el demandante Alfonso Hernando Rodríguez Camargo era copropietario del predio de mayor extensión denominado “Lote 1”, se desconoce si en virtud de la partición material del mismo le correspondió el denominado “Parcela 67”, en donde presuntamente acaeció la inundación que causó el daño cuya reparación se depreca.

116. Por lo tanto, contrario a lo que advirtió el tribunal, la Sala considera que no está debidamente acreditada la calidad de propietario del demandante Alfonso Hernando Rodríguez Camargo sobre el inmueble, circunstancia que, en principio, daría lugar a considerar que carece de interés para demandar. No obstante lo anterior, advierte la Sala que es posible determinar que el señor Rodríguez Camargo sí era poseedor del mismo, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente.

117. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 762 del Código Civil define la posesión en los siguientes términos: “[l]a posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”. Esta Corporación se ha pronunciado sobre dicha institución jurídica, de la siguiente forma(30):

(…) De dicha definición se han distinguido dos elementos integradores de la posesión, así: el corpus, esto es, el ejercicio material del derecho, y el animus o la voluntad de considerarse titular del derecho. Al respecto, la doctrina ha considerado: “Los dos elementos clásicos de la posesión son el corpus y el animus. El corpus es el poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa, como dicen Planiol y Ripert. El poder de hecho sobre la posesión no significa que el poseedor tenga un contacto físico o material con el bien.

“(...) “Ese poder de hecho significa un señorío efectivo de nuestra voluntad sobre los bienes, voluntad de tenerlos. El mero contacto material con una cosa no significa su señorío o poder de hecho en la teoría de la posesión. Por esa misma razón el poseedor tiene la posesión aunque el objeto esté guardado o retirado de su poder físico.

“(...)

“El animus es el elemento sicológico o intelectual de la posesión. Consiste en la intención de obrar como señor y dueño [animus domini] sin reconocer dominio ajeno. El animus es una conducta del poseedor que puede manifestarse en el título que la origina y supone que obra como un verdadero propietario aunque no tenga la convicción de serlo, como ocurre con el ladrón a quien nadie le niega su calidad de poseedor”(31).

Por su parte, la Sala la ha distinguido del derecho de dominio y se ha pronunciado sobre los elementos necesarios para probarla, en los siguientes términos:

“La posesión y la propiedad son figuras que si bien se relacionan y por lo general se confunden en la titularidad del dominio que una persona tiene sobre un bien, son diferenciables e inconfundibles. Por eso nuestro derecho permite el surgimiento de instituciones como la nuda o mera propiedad, la venta de cosa ajena y la falsa tradición, entre otras.

“La posesión está concebida como la manifestación de hecho en la que se detenta una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, independientemente que se tenga la propiedad o no.

“Por su parte, la propiedad o dominio es un derecho de índole real sobre una cosa que permite a su titular tener las facultades de uso (servirse de la cosa), de goce (hacerla producir) y de abuso –disponer de ella por actos jurídicos, destruirla o transformarla– (art. 669 del C.C).

“El Código Civil Colombiano establece que no sólo el propietario sino el poseedor, y otros, tienen derecho a indemnización; además que al poseedor se le presume propietario. Los textos pertinentes sobre esos dos puntos, (sic) son los siguientes:

‛Artículo 2.342. Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con la obligación de responder por ella; pero solo en ausencia del dueño’.

‛Artículo 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

‛El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo’.

“Cuando la posesión no se deriva del derecho de propiedad sino de la posesión la cual proviene de una situación de hecho, no corresponde a un derecho preexistente. La posesión se prueba con la demostración de dos situaciones:

“Primera: “De una manifestación externa, es decir del signo o de los actos que lo revelan ante los ojos de los terceros. Esta manifestación de voluntad externa, se constituye por una situación de hecho que consiste en una relación material, directa o indirecta, entre una persona y una cosa. Dicho de otro modo, es lo que se llama el corpus; (sic) éste se entiende como el conjunto de actos materiales que se están realizando continuamente durante todo el tiempo que dure la posesión, (sic) y además, constituyen su manifestación visible, la manera de ser comprobada por los sentidos.

“Segunda: “De un estado anímico, o sicológico del poseedor en que se considera como señor y dueño (animus); (sic) éste, es el respaldo a los actos posesorios ejercidos sobre la cosa; (sic) es la voluntad de tenerla para sí, de modo libre e independiente de la voluntad de otra persona, y en función del derecho correspondiente, sea que éste realmente exista en cabeza del poseedor o no; (sic) sin este ánimo se da sólo una fría relación física, sin alma, un hecho material sin verdadero contenido jurídico, sin vida ante el derecho”(32).

Entonces, quien pretenda demostrar que ejerce la posesión material sobre un bien, sea en su propio nombre o en el de un tercero poseedor, deberá acreditar, mediante prueba idónea, los dos elementos constitutivos de ella, a saber: i) el corpus, es decir la manifestación externa o el conjunto de actos materiales que se realizan en virtud de la posesión, a partir de los cuales se revela una relación material, directa o indirecta, entre una persona y una cosa y ii) el animus, esto es, que los actos materiales se realicen con la voluntad de considerarse como titular del derecho, con el ánimo de señor y dueño, es decir, sin reconocer dominio ajeno.

118. Así las cosas, para efectos de acreditar la calidad de poseedor del señor Rodríguez Camargo era preciso que éste acreditara que ocupaba materialmente el bien y, además, que se consideraba señor y dueño del mismo. En cuanto al primero de los referidos requisitos, no hay duda para la Sala de que el demandante sí ocupaba el inmueble, teniendo en cuenta que está acreditado que ese era el lugar donde residía.

119. En ese sentido, obran en el expediente los originales de las facturas Nº 1778 y 1779 del el 9 y 12 de agosto de 2006, expedidas por el establecimiento de comercio Central de Embobinados, de propiedad del comerciante Rodolfo Niño Casallas, en donde se anota que la dirección del señor Alfonso Hernando Rodríguez es “Parcela 67. Cota” (fls. 63, 66, c. 2). En el mismo sentido, se encuentran los comprobantes de venta Nº 1219,1236, 1241, 1246, expedidos los días 15 y 30 de marzo y 3 y 14 de mayo de 2006, en los que se escribe que la dirección del comprador es “PARCELA 67 LOTE 1 COTA (CUND.)” (fls. 68-71, c. 2). Adicionalmente, tanto en la cotización rendida por Ingeniería Bio-Médica el 23 de agosto de 2006, como en el acta de conciliación que celebró el señor Rodríguez con el señor Rosendo Garzón Cortés el 11 de abril de 2007, se señaló como dirección de habitación del demandante la denominación del referido predio (fls. 73, 144, c. 2).

120. Todos esos documentos le permiten a la Sala establecer, sin asomo de dudas, que el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo tenía la tenencia material del inmueble ubicado en el Lote 1, Parcela 67, de la vereda Parcelas del municipio de Cota –Cundinamarca–, dado que allí residía, al tiempo que se conoce que dicha tenencia se produjo de forma continuada en el tiempo –por lo menos desde el 15 de marzo de 2006, hasta el 11 de abril de 2007–.

121. De otra parte, también está acreditado que el ahora demandante consideraba subjetivamente ser dueño del mismo, en la medida en que ejercía actos de señorío sobre el predio. En efecto, de conformidad con los contratos de obra civil aportados al expediente, se tiene que el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo celebró sendos negocios jurídicos con los señores Jhon Edilson Patiño y Camilo Rodríguez Domínguez a fin de que estos adelantaran en el inmueble reparaciones necesarias a los puntos eléctricos, a la cocina integral y a las paredes interiores y exteriores de la edificación (fls. 43-45, c. 2).

122. Esa circunstancia, palmariamente permite deducir que el ahora demandante no se consideraba un mero tenedor del inmueble, sino que, por el contrario, actuaba como un auténtico propietario, al punto que se mostraba preocupado por salvaguardar la integridad del mismo. Para ese efecto, es preciso tener en cuenta que de conformidad con el artículo 1985 del Código Civil, a quien le corresponde realizar las reparaciones necesarias del bien es a quien ejerce sobre él el derecho de dominio -el arrendador- y no a su tenedor –el arrendatario–: “[l]a obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer, durante el arriendo, todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario”.

123. Por otra parte, se advierte que si bien para el 19 de junio de 2009 el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo no aparecía como contribuyente del impuesto predial a favor del municipio de Cota (copia del certificado expedido por la tesorera general del referido municipio, fl. 210, c. 2), lo cierto es que esa circunstancia no significa que no se le reconociera como sujeto pasivo de la obligación tributaria. Por el contrario, de conformidad con la Resolución 096 de 20 de febrero de 2009, queda claro que el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo solicitó que se le concedieran facilidades de pago para cancelar las sumas que adeudaba por motivo de las obligaciones tributarias causadas en los años 2005, 2006 y 2007, a raíz del impuesto predial derivado de su calidad de “copropietario poseedor” del predio identificado con número catastral 00-00-0007-0387-000 (copia del acto administrativo, fls. 264-266, c. 1).

124. Esa circunstancia permite advertir que a pesar de no haber cancelado la suma que adeudaba, el ahora demandante, tanto en su fuero interno como el externo, sí se consideraba señor y dueño del predio en el que habitaba, al punto de que se sentía sujeto pasivo de la obligación tributaria derivada, precisamente, de la propiedad sobre el inmueble.

125. En ese orden de ideas, considera la Sala que el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo sí acreditó dentro del plenario la calidad de poseedor del predio, situación que faculta a esta corporación para resolver de fondo su pretensión de que se le reparen los daños causados con ocasión de la inundación que allí acaeció.

126. Por su parte, los demandantes Ángela Marcela Domínguez Charry, Laura Marcela, Camilo Alfonso, Wendy Johana, Melissa y Daniel Rodríguez Domínguez acreditaron ser la esposa y los hijos del señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo –ver párrafo 82–, circunstancia que basta para dar por acreditada su legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que como miembros del grupo familiar del poseedor del inmueble, bien pudieron verse afectados por su inundación, circunstancia que se analizará, de ser el caso, al momento de estudiar los perjuicios causados.

127. Resueltos los puntos anteriores procede la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto. En primer lugar, se recuerda que el daño antijurídico es aquél que sufre una persona que no se encuentra en el deber legal de soportarlo. La doctrina autorizada se ha pronunciado sobre el concepto del daño, en los siguientes términos:

138. Concepto del daño; lesión de un derecho; interés legítimo. Daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la destrucción o disminución, por insignificante que sea(33), de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. Su cuantía y la mayor o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son indiferentes; la ley no las considera(34).

(…)

En resumen, hay daño cada vez que un individuo sufre una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo en su persona o bienes o en las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que gozaba, siempre que estos sean lícitos, aunque esa pérdida, disminución, detrimento o menoscabo no recaiga sobre un derecho de que la víctima sea dueña o poseedora y aunque su cuantía sea insignificante o de difícil apreciación (resaltado del texto)(35).

128. En el caso concreto, se recuerda que de conformidad con lo expuesto por la parte actora en el libelo introductorio, el daño que se reclama deviene de “(…) del anegamiento ocurrido en el inmueble identificado como lote 1 parcela 67 de la vereda parcelas del municipio de Cota” –ver párrafo 1–. En este orden de ideas, procederá la Sala a establecer si las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta del menoscabo que sufrieron los demandantes.

129. Al respecto, se recuerda que el tribunal de instancia consideró que dicho elemento se encontraba acreditado con base en las fotografías y el video que la parte actora aportó como prueba. Sin embargo, como ya se advirtió en los párrafos 57 a 61 de la presente sentencia, dichos medios de convicción no pueden ser valorados, por tratarse de documentos representativos respecto de los cuales se desconoce el momento y el lugar en el que se produjeron.

130. Sin embargo, eso no significa que deban denegarse las pretensiones de la demanda, como lo solicita el agente del Ministerio Público, teniendo en cuenta que existen otros medios probatorios que dan cuenta del daño padecido por los demandantes.

131. Efectivamente, según el informe técnico Nº 527 de 11 de mayo de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó una inspección en la vereda Parcelas del municipio de Cota el 23 de marzo y el 5 de mayo de 2006, en las cuales determinó que en la parte baja del sector Parcelas -donde se encuentra ubicado el predio del cual es poseedor el señor Rodríguez Camargo, según el plano de afectación de la quebrada realizado por la Oficina de Planeación Municipal (fl. 145, c. 2)- se encontraban anegados los terrenos y la vía de acceso con aguas de canales internos y aguas negras provenientes de pozos sépticos de predios vecinos –ver párrafo 70–.

132. A su vez, se tiene que dicha inundación continuaba afectando el sector para el 12 de junio de 2006, toda vez que en esa fecha el personero municipal de Cota le solicitó a la directora general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que procediera a realizar, de forma inmediata, algunas obras con el propósito de solucionar la crítica situación de salubridad en las que se encontraban las personas que allí habitaban –ver párrafo 75–.

133. Podría pensarse que estos hechos no resultan suficientes para acreditar el daño causado, teniendo en cuenta que no se refieren en particular al predio lote 1, parcela 67, del que era poseedor el demandante Alfonso Hernando Rodríguez Camargo. Sin embargo, dicha preocupación se desvanece si se tiene en cuenta que en la sentencia del 18 de agosto de 2006, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, quedó claro la afectación a la que éste se vio sometido por la inundación en el predio referido, al punto que dicha corporación decidió amparar sus derechos fundamentales a la vida y a tener una vivienda digna –ver párrafos 76 y 77–.

134. En efecto, en la citada providencia, con base en las pruebas recaudadas durante el trámite de la acción de tutela, se concluyó que el predio donde habitaba el señor Hernando Rodríguez se encontraba en una grave situación de deterioro y de insalubridad, al extremo de que se había visto impedido de habitar el primer piso de la edificación, por la inundación presentada. En ese entendido, considera la Sala que el daño que sufrió la parte demandante está suficientemente acreditado.

135. En lo que concierne al título de imputación del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(36).

136. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede –en cada caso concreto– válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

137. En el escrito introductorio se les endilgó responsabilidad a las demandadas por el detrimento que sufrieron los actores en el marco de la inundación de los predios de la parte baja del sistema fluvial conformado por la quebrada La Culebrera y el río Bogotá, presuntamente por (i) la omisión en la que incurrieron las demandadas al no haber adoptado medidas oportunas para restaurar el cauce de la referida quebrada, circunstancia que podría haber evitado el anegamiento, y (ii) el permiso que otorgó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR para rellenar un vallado que servía de desagüe de las aguas de escorrentía, hasta al río Bogotá.

138. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente caso la Sala encuentra que el daño se produjo por la conjunción de distintos hechos y omisiones, se estudiará por separado cada uno de los referidos cargos, para luego establecer la incidencia causal que cada uno de ellos tuvo en la producción de inundación y finalmente determinar si el nexo causal se rompe por la configuración de un evento de fuerza mayor o de caso fortuito, o por la actuación de terceros o de las mismas víctimas.

139. En primer lugar, en lo que atañe a la autorización expedida, cabe advertir que la Ley 99 de 1993 creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes corporativos de carácter público, a quienes les competía “(…) administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible”, dentro de su jurisdicción.

140. Con el fin de velar por el correcto uso de los recursos naturales renovables, entre los que se encuentra el agua, la referida ley establecía entre sus funciones, las de “(…) otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva” y de “(…) ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.

141. En ese entendido, a las corporación autónomas regionales les correspondía velar por el correcto cumplimiento de lo señalado en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, que en lo que tiene que ver con las aguas, señaló en su artículo 123 que “[e]n obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los interesados deberán presentar los planos y memorias necesarios”.

142. A su vez, el artículo 132 ibídem, dispuso que “[s]in permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. // Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional”.

143. Por su parte, el artículo 103 del Acuerdo CAR Nº 10 de 1989, dispone que “(…) están obligados a presentar a la CAR, para su estudio, aprobación y registro los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. // En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá al titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la CAR para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. // Los interesados en adelantar obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes marginales para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, deberán presentar los planos y memorias a que se refiere este Acuerdo, a la CAR para su estudio, aprobación y control”.

144. Asimismo, el artículo 107 de la referida disposición, agrega sobre el particular lo siguiente: “[l]os proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas, para utilizar aguas o sus cauces o lechos, deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria técnica y otras (sic) descriptiva. Los estudios, memorias, planos y presupuestos deben ser sometidos a aprobación y registro. En el caso de las obras públicas, el ministerio del ramo evaluará dichos estudios, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la corporación”.

145. En cuanto a los vallados para recoger aguas sobrantes, el artículo 60 ibídem ordena lo siguiente: “[l]a construcción de obras para almacenar, conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros”. En el mismo sentido, el artículo 15 dispone “[l]as obras colectoras y aductoras de sobrantes o desagües de riego deben tener capacidad suficiente para recoger y conducir las aguas lluvias de tal modo que eviten su desbordamiento en las vías públicas y en otros predios; los planos a que se refiere este Acuerdo deben incluir tales obras y sus características”.

146. En el sub lite, si bien no obra copia del proceso administrativo adelantado por el señor José Vicente Ruiz González ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, del contenido de la Resolución 398 del 23 de agosto de 2001, se puede concluir que él pidió que se autorizara la nivelación de un terreno de su propiedad, por donde pasaba un canal interno, con el fin de adecuarlo para destinarlo a actividades agrícolas.

147. Ahora bien, encuentra la Sala que la solicitud de nivelación de terreno no es un trámite administrativo expresamente reglamentado, de modo que, una vez interpuesta la solicitud, era preciso que la autoridad ambiental la tramitara como si se tratara de una petición de permiso para la realización de una obra hidráulica, teniendo en cuenta que el vallado que se pretendía rellenar servía como vía de escorrentía de aguas, la cual, en los términos señalados por el Acuerdo CAR Nº 10 de 1989, es una obra de este tipo –ver párrafo 147–, de modo que su nivelación requería, indudablemente, la aprobación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, previo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias existentes al respecto.

148. Si bien no existe prueba suficiente respecto de que el solicitante hubiere realizado los estudios técnicos del caso, sí se conoce que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó una visita técnica al predio del señor Vicente Ruiz, sin encontrar que la nivelación pudiera causar en la zona “un efecto de deterioro ambiental”.

149. Sin embargo, pronto se vio que la obra autorizada sí tuvo graves consecuencias ambientales. Efectivamente, por petición de una vecina del sector, la señora Patricia Ayala, el 16 de noviembre de 2004 se realizó una visita técnica, en la cual se advirtió que el vallado que fue rellenado a la altura del predio del señor Ruiz González no era privado, pues discurría también por los predios contiguos 68, 69, 70A, 70B y 70C, de forma paralela a la quebrada La Culebrera –ver párrafo 64–.

150. También se señaló que dado que la referida quebrada no era funcional, por encontrarse obstruida, era el vallado la vía que servía para drenar las aguas lluvias, las de escorrentía superficial y subsuperficial y la de nivel freático de los predios vecinos hasta el río Bogotá. Por su relleno, se había bloqueado el paso de las aguas, al punto de que se ocasionó un aposamiento de las mismas, las cuales terminaron rebozando el cauce del canal y produciendo una inundación en el sector.

151. De este modo, es claro para la Sala que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca incumplió con el deber de cuidado que le era exigible, puesto que negligentemente autorizó una obra bajo el argumento de que la misma no causaba ningún daño ambiental, cuando lo cierto es que era previsible que su ejecución podía desembocar en inundaciones, por la falta de vía alterna de escorrentía de aguas hasta el río Bogotá.

152. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que en materia de derecho ambiental, por mandato expreso de la Carta Política, en particular de su artículo 80, rigen los principios de prevención y de precaución, según los cuales de forma previa a la autorización o realización de una obra deben practicarse los estudios pertinentes para efecto de determinar la posibilidad de que esta cause un daño ambiental y, asimismo, en caso de no contar con suficiente evidencia técnica sobre las posibles consecuencias que la obra pueda producir, no se debe esperar a que se presenten graves alteraciones ambientales para adoptar las decisiones que correspondan, a fin de evitarlas o mitigarlas. Esta corporación(37) se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos:

El artículo 80 de la Carta Política prevé que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados, así mismo, cooperando con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

En desarrollo de los postulados constitucionales y en armonía con los principios y valores del Estado social de derecho, en Sentencia C-632 de 2011, la Corte Constitucional ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones:

“(i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de las acciones de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección”.

De lo anterior se infiere que el deber de prevención y control del deterioro ambiental se ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, modificación, o la negación de éstas o cancelación de instrumentos de manejo ambiental, sean estos licencias o planes de manejo ambiental únicos que hacen viable la ejecución de obras o actividades de impacto grave al ecosistema del río Magdalena, esto es el recurso hídrico, la flora, la fauna y el paisaje, de conformidad con las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente.

La razón de ser de los instrumentos de manejo y control ambiental es la protección de los derechos individuales y colectivos, correspondiéndole a las autoridades públicas velar por un mínimo impacto negativo, para lo cual la autoridad ambiental, se ocupa de prevenir y controlar los factores de deterioro.

Evitar la consolidación del daño debe ser la guía en las actuaciones administrativas y judiciales. Las autoridades no solo están obligadas a intervenir para tomar medidas y evitarlo. La tutela preventiva habilita anteponer el amparo colectivo a los actos que lesionen, limiten o pongan en peligro derechos y garantías constitucionales.

De Cupis(38) ya señalaba que entre los fenómenos jurídicos que se unen al daño se encuentra la prevención y la precaución, reconociendo su real importancia en el tema ambiental. Este último definido como “la actitud que debe observar toda persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que puede razonablemente esperar que implicará un daño grave para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras o para el medio ambiente”(39). Esencia que podría resumirse como sigue:

“No debe esperarse a tomar medidas necesarias para evitar o prevenir un perjuicio grave e irreversible hasta que se disponga de evidencia científica concluyente, ya que por aquel entonces, podría ser demasiado tarde”(40).

El concepto de principio precaución ha sido considerablemente desarrollado y jurídicamente establecido en el ámbito de la protección del medio ambiente. Numerosas convenciones internacionales han instaurado este principio como base de las acciones de prevención.

La Declaración de Río en 1992 lo adoptó en el principio 15, a cuyo tenor: “para proteger el medio ambiente, medidas de precaución deben ser ampliamente aplicadas por los estados según sus capacidades. En caso de riesgo y daños graves o irreversibles, la ausencia de certeza científica absoluta, no debe servir como pretexto para postergar la adopción de medidas efectivas tendientes a prevenir la degradación del medio ambiente” y la convención sobre los cambios climáticos prevén en el artículo 3º disposiciones análogas.

El tratado de Ámsterdam, por su parte, señaló:

“La política de la comunidad en el tema del medio ambiente apunta a un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones en las diferentes regiones de la comunidad. Ella está fundada sobre los principios de precaución y de acción preventiva, sobre el principio de la corrección, por prioridad a la fuente, de daños al medio ambiente y sobre el principio del contaminante-pagador”.

La jurisprudencia de la corporación(41) ha acogido la doctrina de Belveze, quien define el principio de precaución “como una visión de gestión de los riesgos que se ejerce en una situación de incertidumbre científica, expresando una exigencia de acción frente a un riesgo potencialmente grave sin esperar los resultados de la investigación científica”(42). Según el autor, se trata de una concepción suficientemente amplia y general para permitir la realización de una evaluación de riesgo incluso cuando los datos científicos están incompletos, son imprecisos o no cuantificables. (…)

En general, el principio de precaución se afirma progresivamente como una regla de aplicación directa y autónoma, en lo referente a las decisiones que deban adoptar las autoridades públicas en un contexto de incertidumbre científica y las decisiones judiciales han contribuido a afirmar la eficacia de este principio.

Principio este que el numeral 6º del artículo 1º de la Ley 99 de 1993 prevé así:

“Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002(43), se refirió en el siguiente sentido:

“(…) cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho.

Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los siguientes elementos:

1. Que exista peligro de daño;

2. Que éste sea grave e irreversible;

3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta;

4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente.

5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.

Es decir, el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones, sin la certeza científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser excepcional y motivado. Y, como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto hace que la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de derecho, en el que no puede haber decisiones arbitrarias o caprichosas, y que, en el evento de que esto ocurra, el ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas que el propio Estado le otorga. En este sentido no hay violación del debido proceso, garantizado en el artículo 29 de la Constitución”.

Siendo así, el principio de precaución ha de ser aplicado por las autoridades en la toma de decisiones encaminadas a la protección del medio ambiente.

En la misma providencia se explicó que la aplicación del principio de precaución en materia ambiental no obliga únicamente a la administración, toda vez que los particulares también deberán acogerse al mismo y aplicarlo estrictamente:

“4.2. En cuanto hace a la aplicación del principio de precaución para la preservación del medio ambiente por los particulares, ha de entenderse que el deber de protección a que se hace alusión no recae sólo en cabeza del Estado, dado que lo que está en juego es la protección ambiental de las generaciones presentes y la propia supervivencia de las futuras. Por ello, el compromiso de proteger el medio ambiente es responsabilidad de todas las personas y ciudadanos e involucra a los Estados, trasciende los intereses nacionales, y tiene importancia universal”.

Por su parte, en la Sentencia C-703 de 2010(44), la Corte precisó:

“Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos” (negrilla fuera de texto original).

153. En el caso concreto, se tiene que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca incumplió los principios atrás referidos, en la medida en que al momento de autorizar el relleno del vallado, no realizó con la pericia requerida los estudios técnicos necesarios que habrían permitido advertir que la nivelación del terreno podría ocasionar inundaciones en época de lluvias.

154. En efecto, teniendo en cuenta que por su naturaleza el canal taponado era un conducto de desagüe de aguas, lo mínimo a verificar, para autorizar su relleno, era que existían vías alternas de escorrentía de agua que pudieran suplir su función. Pues bien, se advierte que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca incurrió en un yerro en cuanto a este punto, pues no tuvo en cuenta que la quebrada La Culebrera, que antaño fungió como salida de las aguas de la parte baja de la vereda Parcelas, se encontraba taponada y en condiciones tales que no era susceptible de cumplir con su función natural, especialmente por cuanto su conexión con el río Bogotá se encontraba completamente sellada por el levantamiento de un jarillón o farillón.

155. Adicionalmente, se encuentra que contrario a lo que señaló en un primer momento la autoridad ambiental, el vallado clausurado no era un canal interno, sino que también discurría, de forma paralela a la quebrada La Culebrera, por otros cinco predios. De este modo, es evidente que debió preverse que el mismo no solamente servía como desagüe de las aguas de ese inmueble, sino de todo el sector.

156. En ese entendido, concluye la Sala que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca sí cometió una falla de servicio, teniendo en cuenta que realizó de forma ligera e irreflexiva la visita técnica que era indispensable para determinar si el relleno del vallado podía causar una afectación ambiental.

157. Por otra parte, también se señala en el escrito introductorio que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el municipio de Cota, incurrieron en una omisión que desencadenó el daño por el que demandan, teniendo en cuenta que no tomaron ninguna medida para evitar la inundación acaecida en los meses de mayo y junio de 2006, a pesar su previsibilidad.

158. Al respecto, se advierte que en lo que tiene que ver con el juzgamiento de la responsabilidad de la administración cuando se está frente a daños causados en el marco de desastres naturales, el Consejo de Estado ha sostenido de forma uniforme que la obligación indemnizatoria a cargo de la administración nace cuando se demuestra que las entidades competentes han omitido el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la previsión, prevención y atención de los hechos de la naturaleza, lo que significa que para el juzgamiento de este tipo de casos es aplicable el régimen de falla del servicio.

159. En reiterados pronunciamientos proferidos con ocasión de desbordamientos hidrográficos, la Sección Tercera ha dicho que en tales acontecimientos solo puede predicarse la responsabilidad estatal en el evento en que se evidencie que se incurrió en una prestación del servicio defectuosa, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando las entidades competentes previeron o pudieron prever las consecuencias nocivas del fenómeno natural, y no desplegaron acciones tendientes a evitarlas(45):

Debe la Sala resaltar que, en el caso de estudio, el demandante estimó que los perjuicios causados a unos cultivos de arroz de su propiedad, sembrados en el primer semestre del año 1996 a lo largo de 104 hectáreas… y que se perdieron en su totalidad por las inundaciones causadas con el desbordamiento del río Cauca, fueron producto de la omisión por parte de la Nación - Ministerio de Agricultura y del Departamento de Sucre, entidades que no gestionaron la ejecución de los proyectos necesarios para evitar el desbordamiento del río, a pesar de tener conocimiento de su ocurrencia durante la época invernal de la región de todos los años y de existir los recursos para ello.

A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, los demandantes estructuraron su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio por omisión. El régimen de falla supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la Administración, esto es, el daño y la relación de causalidad entre éste y el actuar administrativo y, adicionalmente, la falla del servicio.

La Sala ha estudiado la configuración de la falla del servicio en el caso de fenómenos naturales como lo es el desbordamiento de ríos y quebradas y ha estimado que la declaratoria de responsabilidad es posible si se logra demostrar que las entidades demandadas incumplieron con su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento de la posible ocurrencia del hecho natural.

Así, en la sentencia del 14 de mayo de 1998, la Sala sostuvo:

“De las pruebas hasta aquí analizadas, claro resulta que en contra de lo sostenido por el Tribunal de primera instancia y con prueba abundantísima de vieja data… la vivienda donde habitaba el menor estaba ubicada en una zona crítica, de alto riesgo, que según las palabras utilizadas en los estudios sugería erradicación prioritaria”.

(…)

“En ese orden de ideas el peligro inminente para la vivienda del menor se advirtió desde hace más de veinte años…”.

“En lo que hace a la causación del daño debe tenerse presente que si bien es cierto la muerte no se produjo como consecuencia de un hecho natural como una inundación o la realización de un riesgo de carácter técnico habida consideración del peligro que implica la conformación de las laderas de la zona, no lo es menos que, dentro del concepto de riesgo o de zona crítica cabe indudablemente la situación presentada en el caso concreto, pues el peligro inminente que implica el hecho de habitar dicho lugar, se concretó precisamente con la muerte del menor, toda vez que la situación azarosa de suyo propició a no dudarlo el que dicho menor perdiera la vida ante la inactividad de los entes demandados(46)”.

(…)

La Sala ha considerado necesario presentar previamente estas reflexiones, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de las entidades demandadas.

160. De conformidad con el criterio jurisprudencial anteriormente citado, es pertinente resaltar que la falla del servicio puede ocurrir cuando la entidad competente omite el cumplimiento del contenido obligacional a su cargo, lo cual puede ocurrir, a su vez, porque la entidad no previó la ocurrencia de una calamidad previsible y/o se abstuvo de efectuar las medidas que eran procedentes para evitar –o disminuir– sus efectos nocivos, o porque habiéndola previsto no realizó las acciones que eran necesarias para atender el suceso o paliar sus efectos, o bien porque se abstuvo de atender las consecuencias nocivas del evento, aun cuando éste fuera imprevisible o irresistible.

161. En el caso concreto, se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 99 de 1993, “[l]a prevención de desastres [es] materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia [son] de obligatorio cumplimiento”. En el mismo sentido, “[l]a acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado (…)”.

162. En lo que atañe a la ejecución de obras destinadas a la protección del medio ambiente y la prevención de inundaciones, la citada ley obligó a las corporaciones autónomas regionales al cumplimiento de las siguientes funciones dentro de su jurisdicción, entre otras: (i) “[c]oordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente (…)”; (ii) “[o]rdenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”; (iii) “[p]romover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes (…)”; y (iv) “[E]jecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables” –artículo 31–.

163. Por su parte, a los municipios les corresponde “[c]olaborar con las corporaciones autónomas regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables” y “[p]romover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas” –artículo 65–.

164. De conformidad con las normas citadas, es evidente que la ley no atribuye la competencia a una única autoridad de forma excluyente, sino que, por el contrario, se la otorga tanto a las corporaciones autónomas regionales como a los municipios(47). En ese entendido, es claro que dicha competencia debe ser cumplida por todas ellas, con base en el principio de colaboración armónica entre entidades públicas.

165. Efectivamente, la Ley 99 de 1993 dispone que la participación de las entidades territoriales en el Sistema Nacional Ambiental - Sina debe realizarse de conformidad con el principio de armonía regional, según el cual “[l]os departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la Nación” –artículo 63–. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

(…) Como se observa, en términos generales la Constitución establece deberes, y asigna competencias concurrentes a órganos del orden nacional y territorial en la protección del medio ambiente, sin delimitar su ámbito material, ni atribuir funciones específicas. Para desarrollar la Constitución, y articular la concurrencia de competencias, el legislador goza de una amplia potestad configurativa. Sin embargo, ésta debe sujetarse a un mismo tiempo, a diversos parámetros constitucionales. Para efectos de la decisión que corresponde adoptar a la Corte en esta oportunidad, deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros. En primer lugar, la articulación del sistema debe propender por la efectividad de la protección del medio ambiente, y más generalmente, por el logro de los objetivos constitucionales en la materia. Por otra parte, el sistema debe permitir la participación de las personas y de las diferentes comunidades, en las decisiones que los afecten. Finalmente, la participación de los diferentes órdenes del Estado debe corresponder al principio de descentralización, el cual lleva implícito el carácter unitario del Estado colombiano.

Los anteriores parámetros constitucionales de protección del medio ambiente pueden entrar en tensión en casos concretos, y es deber del Estado entrar a armonizarlos, garantizando que se complementen entre sí, y velando por sacrificar al mínimo cada uno de ellos. Así, la efectividad de la protección y el principio de descentralización pueden entrar en tensión, debido a una protección ambiental deficiente dentro del orden nacional o local. Sin embargo, en tales casos la insuficiencia de la protección en alguno de estos dos ámbitos puede compensarse mediante el ejercicio de competencias concurrentes en cabeza de otros órganos del Estado, en ámbitos territoriales diferentes. De tal modo, si la protección a nivel nacional resulta insuficiente para preservar el ambiente en una localidad con un ecosistema especialmente frágil, las autoridades de dicha localidad tienen la oportunidad de dispensar la protección adicional necesaria. Así mismo, si las autoridades territoriales no otorgan la protección necesaria a dicho ecosistema, los órganos competentes nacionalmente pueden entrar a subsidiar dicha falencia. En conclusión, el diseño constitucional abierto permite la concurrencia de competencias en materia ambiental. Esta competencia hace posible que a pesar de la omisión de una u otra autoridad, el Estado pueda garantizar la efectividad de la protección de las riquezas naturales (C.N. art. 8º), asegurando que la comunidad y las generaciones futuras puedan gozar de un ambiente sano (C.N. art. 79).

Esta propiedad del sistema constitucional de protección del medio ambiente ya había sido reconocida anteriormente por la Corte en diversos pronunciamientos, en los que ha avalado el carácter concurrente de las competencias de las entidades encargadas de su protección, destacando sin embargo, el carácter nacional del interés bajo protección (…).

De lo anterior se tiene entonces, que el sistema constitucional de protección del medio ambiente tiene dos características orgánicas principales. En primer lugar, tiene un diseño abierto funcionalmente, lo cual permite la concurrencia de competencias entre la Nación, las corporaciones autónomas regionales, las entidades territoriales, y las autoridades indígenas. En segundo lugar, teniendo en cuenta el carácter unitario del Estado colombiano, y una característica importante del bien jurídico objeto de protección (interdependencia de los ecosistemas), califican la protección del medio ambiente como un asunto de interés nacional. En esa medida, la responsabilidad por su protección está en cabeza de las autoridades nacionales. Sin embargo, también a las entidades regionales y territoriales les corresponde un papel importante en el sistema de protección del ambiente. Por lo tanto, es necesario indagar cuáles son los criterios constitucionales de distribución de competencias en materia ambiental(48).

166. Según lo expuesto, es evidente que la ejecución, financiación, control y promoción de obras o proyectos para la protección del medio ambiente y, en especial, aquellos destinados a la defensa contra las inundaciones y a la regulación de cauces o corrientes de agua, es una responsabilidad que comparten tanto las entidades territoriales, como las corporaciones autónomas regionales.

167. En el expediente, está acreditado que el 16 de noviembre de 2004, cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó una visita técnica a la vereda Parcelas del municipio de Cota, diagnosticó que para superar la inundación –ver párrafo 64–, y evitar que volviera a producirse en el futuro, era preciso que se restableciera el cauce de la quebrada La Culebrera, para lo cual era necesario realizar una limpieza del mismo, diseñar jarillones a cada lado del cauce, encausar la totalidad del líquido del vallado a la corriente de agua, hacer un diseño hidráulico teniendo en cuenta el índice de precipitación de la zona. Asimismo, señaló que la oficina de Planeación Municipal de Cota era la entidad idónea para continuar liderando el proceso de restitución del cauce de la referida fuente hídrica, pues había realizado reuniones con los propietarios de los predios colindantes.

168. Ahora bien, no hay constancia que dicho informe técnico fuera con posterioridad recogido en un acto administrativo, en el cual se le impusieran obligaciones concretas a los vecinos del actor o a las autoridades municipales. Con todo, el 15 de julio de 2005, la referida entidad adelantó otra visita en la cual, de nuevo, advirtió que la quebrada La Culebrera no podía cumplir con su función hídrica, por las diferentes modificaciones que se le habían hecho a su cauce. Asimismo, reiteró las recomendaciones realizadas en la visita técnica realizada el 16 de noviembre de 2004 –ver párrafo 66–.

169. Cuando se produjo el daño cuya reparación se depreca, la entidad realizó otra visita técnica en los meses de marzo y mayo de 2006, en la cual, además de advertir la presencia de aguas negras proveniente del desbordamiento de pozos sépticos, reiteró la necesidad de intervenir la quebrada La Culebrera, a fin de “(…) componer los fallos en sus cotas de fondo, retirar obstáculos, ordenar la pendiente, levantar jarillones a lado y lado de la quebrada y ejecutar las obras necesarias e instalar la compuerta de regulación sobre el río Bogotá y/o estación de bombeo para evacuación de excesos de agua”. Asimismo, advirtió que una vez contrastadas las coordenadas de la quebrada según los planos topográficos del municipio con las planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se pudo constatar que estas coincidían, de modo que era posible y necesario iniciar de urgencia la realización de las obras señaladas –ver párrafo 70–.

170. Dicho informe técnico fue recogido en el Auto OPSC Nº 423 de 5 de junio de 2006, en el cual autorizó al municipio de Cota para la intervención de la quebrada, lo requirió para que presentara un informe de diagnóstico y un plan para mejorar el sistema de alcantarillado del sector y ordenó a los propietarios de predios aledaños a la quebrada La Culebrera que hicieran el mantenimiento de sus canales internos de drenaje y evacuaran los excesos de agua –ver párrafo 74–.

171. En cuanto al municipio de Cota, hay constancia de que conocía de la problemática al menos desde la visita técnica realizada en el año 2004, teniendo en cuenta que en el referido documento se señaló que la entidad territorial ya se había reunido con los habitantes de la zona para discutirla. Asimismo, se conoce que el 13 de enero de 2005, el jefe de planeación municipal se reunió, nuevamente, con los propietarios de los predios del sector, a fin de dar una solución provisional a la inundación que por esas fechas se presentaba. Allí se comprometió a suministrar el combustible necesario para poner en funcionamiento una motobomba para evacuar el exceso de agua al río Bogotá –ver párrafo 65–.

172. En respuesta a sendos derechos de petición realizados, el municipio informó 6 de diciembre de 2005 que frente al desafío ambiental y de salubridad que planteaban las inundaciones debía realizarse una intervención de la quebrada La Culebrera así como de las otras fuentes hídricas de la zona. Sin embargo, adujo que se encontraba esperando que la CAR entregara un plano de la quebrada y de los demás afluentes naturales de la vereda, a fin de iniciar las obras pertinentes –ver párrafo 69–.

173. Según lo expuesto, para la Sala no hay ninguna duda que ya desde noviembre de 2004, tanto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca como el municipio de Cota conocían que la solución definitiva para las inundaciones que se estaban presentando en la vereda Parcelas requería la intervención de la quebrada La Culebrera.

174. Sin embargo, a pesar de dicho conocimiento, más allá de realizar intervenciones coyunturales, para cuando se produjo la inundación las referidas entidades aún no habían acometido la obra necesaria, circunstancia que motivó al ahora demandante a interponer acción de tutela que fue fallada a favor suyo el 18 de agosto de 2006, en la cual se le conminó al municipio de Cota para que, en un término de 48 horas, procediera a realizar las actuaciones administrativas necesarias para recuperar el cauce de La Culebrera. Más aún, de conformidad con lo señalado en el auto de 14 de mayo de 2009, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se tiene que para esa fecha aún no se habían finalizado a cabalidad las obras necesarias para superar el referido impase –ver párrafo 80–.

175. En esas circunstancias, revisados los elementos de convicción presentes en el expediente, para la Sala es evidente que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el municipio de Cota –Cundinamarca– incurrieron en una clara omisión en el cumplimiento de los deberes legales que han sido señalados a lo largo de esta providencia, pues correspondiéndoles la realización de las obras necesarias para evitar daños ambientales y prevenir inundaciones, en virtud de la competencia concurrente que tenían, no tomaron ninguna medida eficiente y oportuna para permitir que la quebrada La Culebrera cumpliera con su función natural de servir de senda de aguas lluvias y de escorrentía hasta el río Bogotá, a pesar de que mediante varias visitas técnicas se advirtió la necesidad de su adecuación, a fin de evitar las continuas inundaciones que en épocas de lluvia afectaban al sector, una de las cuales produjo el daño antijurídico que ahora se demanda.

176. Ahora bien, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la contestación de la demanda y el escrito de apelación incoado, adujo que su deber se agotó al requerir al municipio de Cota para que procediera a intervenir la quebrada La Culebrera, a fin de conjurar el peligro de inundación, teniendo en cuenta que la ley le impone únicamente una labor de asesoría y colaboración, mas no de ejecución o control.

177. Sin embargo, basta una lectura atenta del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, ya citado, para desestimar las apreciaciones de dicha entidad. En efecto, la referida norma le encomienda a las corporaciones autónomas regionales, entre otras cosas, la ejecución de las obras para mitigar el impacto de las inundaciones, es decir, que estas no solamente tienen el deber de prestar apoyo a otras entidades para el efecto, sino que les corresponde realizar directamente las obras y los proyectos de este tipo –ver párrafos 164, 166 7 167–.

178. De otra parte, en cuanto a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se tiene que esta, adicionalmente, omitió cumplir con el deber que le era exigible como veedora de la obra de nivelación del canal “interno” del señor Vicente Ruiz. Efectivamente, de conformidad con el artículo 102 del Acuerdo CAR Nº 10 de 1989, la concesión de un permiso comporta también la obligación de soportar la supervisión de la entidad ambiental, la cual está prevista, precisamente, para garantizar que una vez aprobada la obra no cause daños ambientales que no fueron previamente aceptados(49).

179. En el sub lite es evidente que la corporación no cumplió a cabalidad con dicho deber, puesto que no hizo ningún seguimiento al relleno del vallado, al punto que fue necesario esperar a la solicitud de la señora Patricia Ayala para que procediera a verificar el estado de la nivelación del terreno. En ese mismo sentido, se encuentra que la entidad no ejerció la facultad que le confería el artículo 127 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables(50) –Decreto 2811 de 1974–, según el cual, de ser necesario, esta podía ordenar la destrucción de las obras que, aunque autorizadas, pudieran crear daños inminentes que no eran previsibles, en épocas de crecientes.

180. Finalmente, advierte la Sala que la parte demandante le achacó al municipio de Cota la comisión de una falla de servicio consistente en la agravación de la inundación que se produjo cuando, por cuenta de la reparación de la manguera del acueducto, se varió la presión del agua, lo que rompió un tubo dentro del hogar del demandante.

181. Para acreditar dicho hecho, con la demanda se aportó una comunicación dirigida por Emsercota ESP al señor Alfonso Rodríguez, en la cual se le comunicó lo siguiente: “(…) según reclamación de la fecha 21 de septiembre de 2006 y después de haber verificado con los funcionarios encargados (coordinador y fontaneros) se encontró la lectura en 668 m3, corregir factura debido a una fuga que se presentó después del medidor pro (sic) problemas con unas volquetas de obras públicas, promediar con base en el histórico” (fl. 36, c. 2).

182. Sin embargo, advierte la Sala que esta es insuficiente para acreditar la comisión de una falla de servicio, pues si bien es cierto que se menciona que se presentó una fuga de agua por unos problemas con volquetas de obras públicas, no hay prueba alguna de que fuera el municipio de Cota quien adelantaba dichas obras, en la medida en que bien pudo ser causado el accidente por la misma empresa prestadora de servicios públicos, que no fue demandada dentro del presente proceso.

183. En cuanto a la imputación del daño, considera la Sala que está acreditado que la inundación se produjo por la confluencia de varias circunstancias, a saber: (i) la falta de intervención de la quebrada La Culebrera, que era la fuente hídrica natural para salida de aguas lluvias de los predios del sector hasta el río Bogotá; (ii) el taponamiento del vallado que transcurría por los predios “lotes” 72, 68, 69, 70A, 70B y 70C, que servía como vía alterna para cumplir con ese mismo propósito; (iii) el incumplimiento en el que incurrieron los particulares vecinos de la quebrada La Culebrera de los deberes que aceptaron desempeñar en la reunión realizada el 31 de enero de 2005; y (iv) las fuertes lluvias que acaecieron en los meses de abril, mayo y junio de 2006 en el municipio de Cota.

184. En efecto, las pruebas recaudadas en el proceso, y en especial los informes técnicos realizados por los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, dan cuenta de que todas estas circunstancias contribuyeron causalmente, en menor o mayor medida, en la producción del daño antijurídico cuya reparación se depreca.

185. En primer lugar, en cuanto a la autorización que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca otorgó al señor Vicente Ruiz para que nivelara el vallado que discurría por su predio, se tiene que, como ya se dijo, su actuación configuró una falla de servicio, en la medida en que no tuvo en cuenta que por la falta de vías alternas para la salida de aguas lluvias, de escorrentía y de nivel freático de los predios adyacentes, la obra podía dar lugar a la producción de daños ambientales, como se advirtió en la inspección realizada por la autoridad ambiental el 16 de noviembre de 2004.

186. Así pues, se debe resolver si esa circunstancia tuvo también un impacto en la producción de la inundación que acaeció en la época de lluvias del año 2006. Sobre este punto, se recuerda que la CAR, en su defensa, señaló que la autorización no tuvo ninguna relación con el aluvión, teniendo en cuenta que (i) el referido vallado no desembocaba en el río Bogotá y (ii) que para acreditar dicho hecho era preciso que se hubiere realizado un dictamen pericial en donde un experto así lo comprobara, prueba que no fue practicada dentro del presente proceso judicial.

187. En cuanto al primero de los argumentos de defensa de la demandada, se advierte que los medios de convicción obrantes en el expediente dan cuenta de que el afluente artificial sí desaguaba en el río Bogotá. Más aún, se tiene que la prueba de dicho hecho es el mismo concepto de la entidad demandada. Efectivamente, en el informe técnico OTSNYA Nº 1052 de la CAR del 16 de noviembre de 2004, múltiples veces citado a lo largo de la referida providencia, después de una visita realizada por una funcionaria con experticia en la materia, se determinó que “(…) Las aguas (…) de los predios ubicados a una cota superior (…) se han convertido en afluentes del vallado, por el cual eran conducidas al río Bogotá”.

188. En cuanto al segundo argumento, la Sala advierte que en virtud del principio de libertad probatoria(51) que rige el trámite de los procesos contenciosos administrativos, en los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil(52), la parte demandante está autorizada a hacer uso de cualquiera de los medios de prueba previstos en dicha normativa e, incluso, de cualquier otro innominado que tenga la potencialidad de dar fe sobre el acaecimiento del hecho, para acreditar los supuestos de la demanda incoada.

189. De este modo, no es posible exigir para acreditar la incidencia del permiso otorgado en el daño causado a los demandantes la práctica de un dictamen pericial, puesto que cualquiera de los medios de prueba aportados puede ser suficiente para este fin, siempre que valorados bajo el principio de la sana crítica, otorguen certeza al juez sobre el particular.

190. En el caso concreto, la Sala advierte que el informe informe técnico Nº 527 de 11 de mayo de 2006 es suficiente para determinar que la actuación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al autorizar la nivelación de terreno solicitada por el señor Ruiz sí influyó de forma definitiva en el acaecimiento del daño demandado –ver párrafo 70–. Efectivamente, allí se encontró que diversos predios se habían anegado por cuenta de “(…) el taponamiento por nivelaciones de terrenos y tambres efectuados en canales de drenaje realizados en épocas de verano con el fin de captar agua para riego de los mismos”. En ese entendido, en el concepto técnico se dispuso “Requerir a los propietarios de los predios aledaños a la quebrada La Culebrera para que adecúen y realicen el mantenimiento de los canales internos de drenaje de aguas lluvias y establezcan cómo evacuarán los excesos de agua conjuntamente”.

191. Esta subsección le otorga plena credibilidad a las conclusiones plasmadas en el referido informe, según la cual la causa de las inundaciones fue parcialmente el taponamiento de unos vallados, teniendo en cuenta que aquellas se adoptaron tras realizar una visita respectiva al lugar de los hechos por parte de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional, quienes, se presume, estaban formados y entrenados precisamente para realizar experticias técnicas en materia ambiental.

192. Si bien es cierto que el referido concepto no identifica expresamente el canal interno que discurría, entre otros, por el predio del señor Vicente Ruiz, se advierte que acudiendo a las reglas de la experiencia y a las pruebas obrantes en el expediente es posible deducir ese hecho, teniendo en cuenta que se aduce que la causa de la inundación fue precisamente la nivelación del terreno de un vallado, cuando lo cierto es que no obra en el plenario prueba de que se hubiere realizado en el sector otra obra de este tipo, además de la autorizada por la CAR.

193. Así entonces, se tiene que la autorización que ligera y desacertadamente expidió la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a favor del señor José Vicente Ruiz González, sí contribuyó en la producción del daño causado al señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo y otros.

194. Ahora bien, la omisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y del municipio de Cota en intervenir la quebrada La Culebrera, también hizo posible que se produjera del daño. Efectivamente, como ya se dijo, desde el informe técnico realizado con ocasión de la visita celebrada el 16 de noviembre de 2004 a la vereda Parcelas, se conocía para solucionar de forma definitiva la problemática, era preciso adecuar la quebrada La Culebrera a fin de que pudiera cumplir con su función hídrica de recoger las aguas del sector y depositarlas en el río Bogotá. Para ese esfuerzo era necesario despejar los obstáculos que entrababan su cauce, corregir su pendiente y conectarla con el río, teniendo en cuenta que artificialmente se encontraba separada de éste por un jarillón.

195. Pues bien, de conformidad con el informe técnico Nº 527 de 11 de mayo de 2006 para la fecha en la que se produjo la anegación, ninguna labor se había adelantado en ese sentido, puesto que la quebrada no transportaba agua, sino que apenas tenía alguna estancada, por el crecimiento de especies vegetales, presencia de obstáculos, falta de pendiente y de conexión con el río Bogotá. Allí se le achacó, expresamente, a esa circunstancia, en conjunto con la anteriormente mencionada, la producción de la inundación, en los siguientes términos: “[v]arios predios de la parte baja del sector parcelas se encontraron anegados debido al mal estado de la quebrada”.

196. Por ese motivo se realizaron las siguientes consideraciones: “Que la quebrada La Culebrera debe ser intervenida a fin de componer los fallos en sus cotas de fondo, retirar obstáculos, ordenar la pendiente, levantar jarillones a lado y lado de la quebrada y ejecutar las obras necesarias e instalar la compuerta de regulación sobre el río Bogotá y/o estación de bombeo para evacuación de excesos de agua. (…) Que debido a las graves inundaciones de los predios ubicados en la vereda Parcelas se requiere realizar las obras necesarias de mantenimiento y recuperación del cauce de la quebrada La Culebrera en forma inmediata”.

197. En ese entendido, es claro que de haberse realizado oportunamente la adecuación de la quebrada a la que estaban obligados la autoridad ambiental y el municipio, de conformidad con lo señalado en la Ley 99 de 1993 –ver párrafos 164 a 165–, la inundación no se habría producido, pues las aguas estancadas habrían encontrado una vía propicia para ser evacuadas hasta el río Bogotá.

198. Ahora bien, las demandadas alegan que en el sub lite se presentaron dos causales de exoneración de responsabilidad que rompen el nexo causal, a saber: (i) el hecho de terceros y de la víctima, comoquiera que los vecinos de la quebrada La Culebrera omitieron cumplir con los deberes que se acordaron en la reunión de 13 de enero de 2005 –ver párrafo 65– así como aquellos que fueron impuestos en el Auto OPSC Nº 423 de 5 de junio de 2006; y (ii) la fuerza mayor, puesto que la inundación se produjo por un hecho de la naturaleza consistente en las fuertes lluvias que se presentaron en el año 2006.

199. Al respecto, se debe precisar que la causa extraña como excluyente de responsabilidad(53) requiere de varios presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad, exclusividad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño(54), aspectos que deben encontrarse debidamente demostrados en el proceso(55), punto en el que se debe tener en cuenta que cuando el suceso dañoso es previsible o resistible para aquélla, o provino parcial o totalmente de su conducta, se revela una falla del servicio al no haberlo prevenido, resistido o evitado pudiendo hacerlo, máxime cuando en su cabeza se radica el deber legal de precaución, por lo que la circunstancia extraña correspondiente no podría tener plenos efectos absolutorios o liberatorios de responsabilidad.

200. Conforme lo ha explicado la doctrina, sólo cuando el hecho o acto “ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(56). Así también lo han señalado los hermanos Mazeaud, cuando precisan que la causa extraña lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima”(57). Igualmente, conviene advertir que para que una causa extraña pueda exonerar completamente de responsabilidad, es necesario que jurídicamente también se le pueda calificar como la fuente del daño desde la perspectiva de la teoría de la causalidad adecuada.

201. En el caso concreto, respecto del hecho de la víctima alegado, advierte la Sala que hay lugar de entrada a restarle mérito a las apreciaciones de las demandadas, teniendo en cuenta el señor Rodríguez Camargo no se encontraba entre los propietarios o poseedores de los predios a los que se le impuso deberes específicos en el Auto OPSC Nº 423 de la CAR, ni tampoco se comprometió a realizar alguna obra específica en la reunión celebrada con la alcaldía municipal el 13 de enero de 2005, teniendo en cuenta que estas se reservaron para los vecinos de la quebrada La Culebrera, la cual no quedaba adyacente a la parcela 67 –donde se encontraba el predio del ahora demandante, denominado “Lote 1”–, como aparece en los distintos planos de la zona obrantes en el expediente (fls. 145, 146, c. 1; fl. 39, c. 2).

202. Ahora bien, en cuanto a los terceros, esto es, los responsables de los predios aledaños a la quebrada La Culebrera, se tiene constancia en el expediente de que ellos no cumplieron a cabalidad con la obligación de mantener limpio el cauce de la quebrada La Culebrera, deber al que se habían comprometido en la reunión que celebraron el 13 de enero de 2005 con los funcionarios de la Secretaría de Planeación del municipio de Cota, circunstancia que, como ya se vio, confluyó en la producción del daño, teniendo en cuenta que para el momento en el que se produjo la inundación, la visita técnica realizada permitió establecer que el referido cauce se encontraba con obstáculos y maleza. Asimismo, se tiene que algunos particulares agravaron los efectos de la anegación, teniendo en cuenta que la falta de mantenimiento de sus correspondientes pozos sépticos permitió el afloramiento de aguas negras que afectaron el predio del ahora demandante.

203. Ese hecho, permitiría pensar que la actuación de terceros sí influyó en la producción del daño. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los términos del artículo 2344 del Código Civil, cuando son varias las personas quienes incurren en responsabilidad civil extracontractual, la obligación surgida en consecuencia es solidaria: “[s]i de (sic) un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa (…)”. Esta circunstancia supone que, de conformidad con los artículos 1568(58) y 1571(59) ibídem, el perjudicado puede solicitar el cobro total de la obligación derivada del daño padecido a cualquiera de los causantes.

204. Por ese motivo, como ya se dijo, esta corporación ha exigido que para que el hecho de un tercero sea suficiente para romper el nexo causal y desestimar las pretensiones de la demanda, que este sea exclusivo, pues de lo contrario, aun cuando exista participación del tercero ajeno en la producción del daño ese hecho sólo daría lugar a que las entidades públicas condenadas con posterioridad repitan en contra del codeudor solidario, en un porcentaje de lo pagado(60):

Para efectos de que opere el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder –activo u omisivo– del tercero tuvo o no injerencia –y en qué medida– en la producción del daño.

En ese orden de ideas, resulta factible concluir que para que el hecho de un tercero tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal es necesario que la conducta desplegada por el tercero sea tanto la causa exclusiva, esto es, única del daño, como que constituya la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada(61).

205. Según lo expuesto, es claro que en el caso concreto la actuación de terceros indeterminados no constituye una circunstancia que amerite negar las pretensiones invocadas por los demandantes, teniendo en cuenta que su participación en el daño no fue determinante, ni mucho menos fue exclusiva, comoquiera que es innegable la participación causal del Estado en la producción del mismo, por cuenta las fallas en la prestación del servicio en la que incurrieron la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el municipio de Cota.

206. De otra parte, advierte la Sala que, efectivamente, está acreditado que en los meses de abril, mayo y junio de 2006 las precipitaciones fueron de moderadamente superiores a muy superiores a la media histórica –ver párrafo 78–. Asimismo, tampoco hay duda de que ese fenómeno natural influyó decididamente en la causación del daño demandado, en la medida en que fueron precisamente esas aguas lluvias las que se acumularon por no poder ser absorbidas por la tierra ni tampoco poder descargarse en una fuente hídrica mayor, produciendo el anegamiento del predio que poseía el señor Rodríguez Camargo.

207. Con todo, aunque es evidente que la especial intensidad de las lluvias era imprevisible para la administración, por tratarse de un fenómeno natural, no hay duda que los efectos que esta produjo, esto es, la inundación en la verada Parcelas sí le era previsible y resistible a la administración, motivo por el cual no existe una causa extraña susceptible de romper el nexo causal.

208. En efecto, la inundación no era impredecible en la medida en que como lo indica la totalidad del material probatorio obrante en el expediente, las autoridades demandadas conocían con anterioridad al acaecimiento del daño que las circunstancias en las que se encontraba la quebrada La Culebrera, así como el taponamiento del vallado, impedían el correcto flujo de las aguas en épocas de lluvias. Por ese motivo está documentado que ya se habían producido otras inundaciones, que eran de conocimiento de las entidades públicas, con anterioridad al hecho dañoso que en esta oportunidad se demanda.

209. Asimismo, tampoco era irresistible, teniendo en cuenta que de haber actuado oportunamente, esto es, cumpliendo con las recomendaciones contenidas en los distintos informes técnicos de las visitas realizadas por la CAR, los efectos de la temporada de lluvias habrían podido ser conjurados de forma efectiva, previniendo así el daño antijurídico que finalmente aconteció.

210. En consecuencia, comoquiera que está acreditado el daño causado a los demandantes y que éste le es imputable a las entidades demandadas, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y municipio de Cota –Cundinamarca– por la falla de servicio en la que incurrieron, se procederá a liquidar los perjuicios causados.

211. En cuanto a la distribución de la condena a la que haya lugar, se advierte que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tuvo una mayor participación en la producción del daño que el municipio de Cota, teniendo en cuenta que fue esta quien autorizó la nivelación del vallado dentro del predio del señor Ruiz y omitió su deber de vigilar y controlar la construcción de la obra. En ese entendido, la Sala considera que a dicha entidad le es atribuible el 70% de la condena, mientras que al municipio de Cota le corresponde el 30% restante.

212. Ahora bien, los demandantes están autorizados para cobrar la totalidad de la condena que se imponga a cualquiera de las demandadas, en virtud de lo señalado en el artículo 2344 del Código Civil, citado con anterioridad, sin perjuicio de que después la entidad a quien le haya correspondido pagar la condena, repita contra la otra por el porcentaje que le corresponda.

VI. Liquidación de perjuicios

213. Por concepto de perjuicios morales en la demanda se solicitó a favor del señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo, como poseedor del bien, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para cada uno de los demás demandantes la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al pronunciarse al respecto, denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que no fueron acreditados suficientemente el sufrimiento moral de los demandantes. En el recurso de apelación, la parte actora adujo que aquellos podían deducirse fácilmente de la angustia que sufrieron los habitantes del predio al verse impedidos a habitar su inmueble, y a la angustia de subsistir en condiciones insalubres.

214. Sobre el particular, considera la Sala que en la demanda se solicitó la reparación del daño por dos conceptos diferentes: (i) la destrucción parcial del bien inmueble y (ii) el sufrimiento que se le produjo a los demandantes por el verse obligado a habitar un predio inundado en condiciones insalubres.

215. Respecto del primero de los supuestos señalados, debe advertirse que de forma excepcional, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha permitido la reparación del perjuicio moral derivado de la destrucción o deterioro de bienes materiales, en los siguientes términos:

Esta corporación ha encontrado posible derivar perjuicios morales por la pérdida de bienes; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989: “Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”. En cuanto a la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: “la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente -y en consecuencia, para considerarlo indemnizable- con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública”. De manera que frente al caso concreto, teniendo en cuenta que el dinero es un bien mueble de carácter fungible y que ante la inminencia de su pérdida el demandante dijo haber resultado moralmente afectado, es necesario recurrir a las pruebas obrantes en el expediente, con el fin de establecer si las mismas otorgan a la Sala certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio(62).

216. En el caso concreto, considera la Sala que como bien lo determinó el tribunal a quo, en el expediente no obra prueba alguna que permita determinar con certeza que el poseedor del predio denominado “Lote 1, Parcela 67” hubiera padecido un perjuicio moral de este tipo con ocasión de la inundación, en la medida en que este sufrimiento no es susceptible de ser presumido, en los términos de la jurisprudencia anteriormente citada.

217. Al respecto, cabe recordar que según el artículo 177 del C.P.C.(63), la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde a los demandantes, de modo que, si no cumplen con tal labor, la consecuencia prevista para el efecto es la denegación de las pretensiones invocadas. Sobre el particular se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, en los siguientes términos:

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses(64).

218. Ahora bien, cosa distinta ocurre respecto del sufrimiento de los actores por la inundación que les impidió el correcto uso del inmueble donde residían. Efectivamente, para la Sala es claro que uno de los componentes primordiales que hace posible la felicidad humana es el hecho de contar con un lugar, en buenas condiciones, donde descansar y guarecerse. Por ese motivo, perturbaciones como la presente, que hacen para los demandantes imposible disfrutar de su lugar de residencia, de forma digna y salubre, necesariamente les produce sentimientos de congoja y tristeza, que deben ser reparados por esta jurisdicción.

219. En el caso concreto, está acreditado que el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo era el poseedor del predio, en donde residía, que la señora Ángela Marcela Domínguez Charry era su cónyuge y que los demandantes Wendy Johana, Melissa, Daniel, Laura Marcela y Camilo Alfonso Rodríguez Domínguez eran sus hijos.

220. Esa circunstancia permite a la Sala dilucidar que los referidos actores conformaban una unión familiar y que, por ende, residían todos juntos en el inmueble denominado “Lote 1, Parcela 67”, del municipio de Cota. Cabe advertir que si bien los demandantes Laura Marcela y Camilo Alfonso Rodríguez Domínguez para el momento de los hechos ya eran mayores de edad, aún no habían cumplido los 25 años, por lo que es dable presumir que se encontraban realizando sus estudios universitarios, técnicos o tecnológicos y, por ende, aún habitaban el hogar familiar.

221. En esas circunstancias, el perjuicio sufrido es de igual intensidad para cada uno de los demandantes, pues todos ellos sufrieron el mismo dolor psicológico ante la imposibilidad de habitar su casa, de forma digna. En ese entendido, toda vez que la afectación moral que sufrieron solamente se prolongó por un término de alrededor dos meses, se le concederá a cada uno de ellos la suma equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

222. En lo que respecta a los perjuicios materiales, en el libelo introductorio se solicitó a favor del demandante Alfonso Rodríguez la suma de ciento treinta y nueve millones seiscientos setenta y siete mil ciento veinticinco pesos ($ 139 677 125), correspondiente al daño emergente sufrido, y la suma de cuatrocientos ochenta millones setecientos setenta y nueve mil pesos ($ 480 779 000), por concepto de lucro cesante.

223. En cuanto al daño emergente, la parte demandante pidió que se le repararan los perjuicios que se sintetizan así: (i) por la reparación de los puntos eléctricos de su hogar de habitación la suma de $ 670 000; (ii) por otras reparaciones en su casa $ 3 180 000; (iii) por la compra de tacos, tollos de cinta, interruptores y tomas $ 170 000; (iv) por la compra de una caja doble de teléfono y cable $ 5 700; (v) por la compra de cuatro bultos de cemento y un carretillo de arena $ 156 000; (vi) por la compra de unos tubos $ 41 250 000; (vii) por la compra de una toma y una broca $ 7 200: (viii) por la compra de puntillas, chazos y soportes de cortinas $ 24 400; (ix) por la compra de una malla metálica $ 32 000; (x) por la compra de estuco y brocas $ 6 800; (xi) por la compra de estuco $ 3 500; (xii) por la compra de cable, grapas y teflón $ 31 250; (xiii) por el alquiler de andamios $ 35 000; (xiv) por la compra de pintura $ 165 200; (xv) por la compra de insumos para la pintura y resanado de las paredes un total de $ 389 000; (xvi) por la compra de una toma doble $ 4 900; (xvii) por el arreglo de una bomba sumergible $ 180 000; (xviii) por el arreglo de puertas y ventanas $ 2 700 000; (xix) por la compra de combustible para la motobomba $ 100 000; (xx) por la reparación de un motor trifásico $ 480 000; (xxi) por el valor de un esterilizador de ozono que resultó dañado $ 700 000; (xxii) por la valor de distintos peces que estaba criando y murieron por la inundación $ 56 661 000; (xxiii) por la pérdida de unos panales de abejas $ 400 000; (xxiv) por los honorarios pagados al abogado para la presentación y trámite de la acción de tutela $ 1 032 000; (xxv) por los daños que la edificación sufrió que aún no han sido reparados $ 21 338 625; (xxvi) por el pago de unas fotografías que fueron tomadas para que fungieran como prueba dentro del proceso $ 56 600; (xxvii) por los daños que el predio sufrió que aún no han sido reparados en su zona exterior $ 1 100 000; (xxviii) por la pérdida de un lombricultivo $ 5 000 000; (xxix) por las fotocopias que debieron sacarse para iniciar el presente proceso judicial; y (xxx) por la pérdida de un ecógrafo que se quemó con la inundación $ 45 000 000.

224. En la sentencia de primera instancia, el tribunal concedió la reparación de todos los ítems(65), con excepción de los números (vi), (vii), (xviii) y (xxix), respecto de los cuales se habían aportado unas facturas de compra y de reparación que, en su opinión, no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio; los ítems número (xvii), (xix), (xx) y (xxx) comoquiera que no las facturas que fueron aportadas no permitían establecer que dichos bienes fueran de propiedad del demandante Rodríguez Camargo; el ítem (xxv) toda vez que para acreditarlo sólo se aportó una cotización que no revestía mérito probatorio; y los ítems número (xxiii), (xxvii) y (xxviii) por no haberse aportado ninguna prueba sobre el particular.

225. Ahora bien, en su recurso de apelación, la parte demandante solo reprochó que no se le hubiera reconocido al señor Rodríguez Camargo el daño emergente correspondiente a las averías que fueron causadas por la inundación y no han podido ser reparados por falta de recursos económicos, perjuicio que tasó en la suma de $ 21 338 625 –ítem (xxv)–. Así pues, en atención al principio de congruencia(66), el análisis de la Sala debe constreñirse a determinar si la condena impuesta por el tribunal de instancia resulta ajustada a derecho –en la medida en que aquella puede ser reducida, en atención al recurso presentado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– y a establecer si fue debidamente denegado el perjuicio que refirió el apelante en el recurso de alzada que presentó.

226. Para efectos de determinar la probidad de la condena dictada por el tribunal a quo, recuerda la Sala que en materia de los perjuicios derivados de la pérdida de bienes muebles, para acreditar su causación, no hay lugar a probar la propiedad sobre los mismos, teniendo en cuenta que la posesión, en esos eventos, es suficiente para demostrar el derecho de dominio.

227. Sin embargo, no basta para el efecto con que el actor presente una estimación del valor del bien, sino que es preciso que acredite que éste existía y que resultó destruido o averiado con ocasión del daño antijurídico causado por la administración. Ahora bien, es preciso advertir que atendiendo a la dificultad probatoria que entraña para las partes un siniestro de este tipo, en la medida en que éste pudo destruir también los documentos que soportaban su preexistencia, debe prestarse especial atención a las pruebas indiciarias.

228. Considera el despacho que de conformidad con la sentencia de tutela expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, se puede tener por probado que en el predio que poseía el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo existía una casa de habitación y que esta resultó averiada por la inundación, teniendo en cuenta que todo el piso inferior se vio anegado por un tiempo. En ese entendido es claro que las sumas que debió destinar el demandante para contratar su reparación, así como la compra de los materiales necesarios para el efecto deben ser reparados.

229. En cuanto al monto de dicho perjuicio, coincide la Sala con el tribunal en considerar que dicha suma está debidamente acreditada con base en los contratos civiles de obra Nº 25220205 y 2437870, celebrado con los señores Jhon Édilson Patiño y Camila Rodríguez Domínguez y las facturas de compraventa y de alquiler Nº 102338, 100283, 101087, 101018, 102429, 100741, 107243 expedidas por la Centrales de Materiales de Cota; Nº 4422 expedida por Construeléctricos de Cota; Nº 6133 expedida por Fiquiequipos; Nº 6998, 6639, 7296, 7820, 7092 expedidas por Pintulor; y Nº 71613 expedida por San Miguel Depósito Ferretería Ltda (fls. 43-48, 51-62, c. 2).

230. De otra parte, considera la Sala que también está debidamente acreditado que con anterioridad a los hechos, el 14 de enero de 1998, el señor Rodríguez Camargo adquirió una incubadora, un microscopio y un esterilizador, instrumentos necesarios para la cría de peces, de conformidad con la factura Nº 0064 expedida por Mi Principal Desvare 2. Asimismo, se tiene que el 15 y 30 de marzo y el 3 y 14 de mayos de 2006 adquirió en Solo Peces de Colombia un total de 5 750 alevinos de arauanas, 274 de discos amazónicos, 10 500 de monedas, 6 000 de bailarinas telescopio, 3 600 de golfhis telescopio, 8 000 de tigres, 3 600 de bailarinas rojas, 2 100 gholfis calicos y 1 600 golfhis rojos (copia de las comprobantes de venta Nº 1246, 1241, 1236, 1219, f. 68-71, c. 2).

231. Si bien es cierto que no obra prueba directa en el plenario que advierta que los instrumentos y los peces se perdieron con ocasión de la inundación, la Sala considera que es posible deducir ese hecho haciendo uso de las reglas de la experiencia. Efectivamente, toda vez que las aguas que inundaron el predio del poseedor contenían aguas negras, es dable suponer que a los alevinos les fue imposible sobrevivir al siniestro, teniendo en cuenta la contaminación y desoxigenación que estas producen. En ese sentido, se considera acorde con las pruebas obrantes en el expediente la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en lo que a este punto atañe.

232. Lo mismo sucede con la suma que el señor Rodríguez Camargo canceló para sufragar al abogado que tramitó la segunda instancia de la acción de tutela decidida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, comoquiera que fue precisamente el daño antijurídico cuya reparación se depreca la circunstancia que obligó al demandante a acudir a la justicia para proteger sus derechos fundamentales y los de su familia, labor que por regla general genera gastos que deben ser indemnizados. En ese entendido, y teniendo en cuenta que obra constancia del pago realizado, según el comprobante de recibo de caja Nº 006 expedido por el abogado Dagoberto Aguilar (fl. 75, c. 2), sobre el particular se confirmará la providencia impugnada.

233. Ahora bien, cosa distinta acontece con la indemnización ordenada por el tribunal referente al pago que realizó el demandante al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por concepto de una foto panorámica que sirvió como prueba dentro del presente proceso contencioso administrativo (fl. 77, c. 2). Al respecto, advierte la Sala que dicho pago no puede ser reconocido comoquiera que no guarda una relación causal estrecha con el daño sufrido por la parte demandante, esto es, la inundación que acaeció en el predio “Lote 1, Parcela 67”. Efectivamente, se tiene que el menoscabo patrimonial que se alega no sucedió con ocasión de la actuación de las entidades demandadas, sino que responde a la decisión voluntaria de la parte demandante de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y de aportar esa prueba en específico. En ese entendido, cabe resaltar que ese tipo de gastos procesales únicamente pueden ser indemnizados por vía del pago de las agencias en derecho y expensas procesales, cuando hay lugar a ello.

234. En síntesis, se confirmará la condena impuesta por el tribunal a quo, en cuanto a este punto, con excepción del valor de la fotografía panorámica aportada como prueba dentro del presente proceso. Así, se procederá a actualizar dicha suma, para evitar que pierda valor por el aumento del costo de vida, y se le restará el precio actualizado de la citada fotografía:

Ra = va* IPC final

IPC inicial

Ra = 74 551 740,6 * 136,12

102,00(67)

Ra = $ 99 490 028

235. A dicha suma se le resta el valor actualizado de la fotografía cancelada, que asciende a veintitrés mil quinientos sesenta y seis pesos ($ 23 566)(68), para un total por concepto de daño emergente de noventa y nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ($99 466 462).

236. Finalmente, en el recurso de apelación, el demandante Rodríguez Camargo solicitó que se aumentara la condena impuesta a la demandada para que reflejara el real deterioro de su vivienda, teniendo en cuenta que las reparaciones que realizó mediante sendos contratos de prestación de servicios no reflejan la totalidad del perjuicio sufrido, en la medida en que no pudo acometer la total restauración del inmueble por falta de recursos. Por ese motivo, aportó al expediente copia de una cotización en donde se da cuenta de lo que le correspondería pagar para poder culminar con la reparación de su hogar.

237. Al respecto, advierte la Sala que, como ya se dijo, está debidamente acreditado que la casa de habitación del señor Rodríguez Camargo resultó averiada como consecuencia del desbordamiento. También se sabe, que las reparaciones realizadas no resultaron suficientes para retrotraer del todo los efectos del siniestro, pues la cotización realizada por Planeta Ingeniería Ltda. permite establecer que aún quedaban obras que debían realizarse a fin de devolver el inmueble a su estado original(69).

238. Sin embargo, se desconoce el valor exacto de dicha afectación, teniendo en cuenta no hay ningún medio de prueba, documental, testimonial u otra, que señale el estado inicial del inmueble, ni aquél en el que quedó la edificación, una vez superada la inundación. Sobre este punto, no puede dársele fe al documento aportado, no por tratarse de una cotización como razonó el a quo, sino porque fue realizado cerca de un año después de acaecidos los hechos por una persona cuyas calidades profesionales se desconocen, sin que se tenga indicio alguno de los fundamentos en los que basó su relación de obras a realizar.

239. En ese entendido debe proferirse condena en abstracto, a fin de que en el trámite del incidente que promueva la parte demandante se determine la cuantía de la indemnización, según lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. La citada norma dispone:

Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquél o a la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.

240. Como se observa, es necesario que la sentencia de condena señale las bases que deban servir de parámetro para la realización de la liquidación. La Sala procede, entonces, a fijar los parámetros para la liquidación de la condena en abstracto, en los siguientes términos:

241. En primer lugar, considera la Sala que no es procedente reconocer como indemnización de perjuicios materiales, por este daño emergente, una suma que sea superior a la que por ese concepto se solicitó en la demanda, esto es, veintiún millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos ($21 338 635) –ver párrafo 1, numeral 31 del daño emergente–. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo(70), se deberá actualizar la suma antes mencionada, para que pueda servir de monto máximo de la indemnización de perjuicios que finalmente se liquide en el incidente correspondiente. La actualización deberá realizarse según el índice de precios al consumidor, y con aplicación de la fórmula de actualización que reiteradamente ha sido aplicada por el Consejo de Estado.

242. En segundo lugar, dentro del trámite del incidente de liquidación de la condena, deberán practicarse las pruebas necesarias, que sean conducentes, pertinentes y útiles para determinar el valor al que ascendieron los daños causados por la inundación que no fueron cubiertas por las reparaciones que ya fueron indemnizadas con las sumas concedidas por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

243. Para dicho efecto es preciso que con base en el conjunto probatorio recaudado se haga un estudio de la cotización allegada por el demandante para la reconstrucción del inmueble, a fin de establecer si cada uno de los ítems que allí se señalan bajo el concepto de “obras externas e internas” corresponden a las labores que se debieron acometer para la restauración del inmueble o si, por el contrario, tienen por objeto la construcción de estructuras diferentes de aquellas que resultaron estropeadas.

244. Para ese efecto se deberá verificar si dichos trabajos concuerdan con la estructura del inmueble. Si lo hacen, las pruebas practicadas deberán servir para tasar su valor, de forma independiente, teniendo en cuenta la mano de obra empleada y el valor de los materiales usados, para la fecha de los hechos. La suma obtenida deberá ser actualizada teniendo en cuenta la fecha del auto en la que se decida de fondo el incidente.

245. Adicionalmente, el juez deberá verificar que las pruebas estén acompañadas con los soportes que fueron usados para la tasación del valor de los insumos y las labores que el demandante se vería obligado a acometer para la reconstrucción del inmueble, a fin de que el tribunal a quo, en el incidente de liquidación, pueda verificar la probidad de las mismas.

246. En cuanto al lucro cesante, se encuentra que en la demanda el solicitante pidió que se le reconociera el valor dejado de percibir por cuenta de la ganancia que esperaba obtener con la venta de los alevinos que compró y que se encontraba criando, así como el dinero correspondiente a las ecografías que realizaba desde su domicilio y a las botellas de miel que producía en su propiedad.

247. En la sentencia de primera instancia el tribunal denegó la solicitud incoada tras considerar que no se había acreditado el acaecimiento del perjuicio. Respecto de lo anterior, la parte actora adujo en el recurso presentado que sí había lugar a reconocer el lucro cesante derivado de la venta de los peces, puesto que habiéndose reconocido su existencia en la condena de daño emergente, no existía motivo para negar que una vez criados se podía encontrar provecho económico con su comercialización.

248. Al respecto, la Sala advierte que efectivamente está acreditado que el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo se dedicaba a la cría de peces como una actividad económica. Efectivamente, el número de alevinos que compró en los meses de marzo y mayo de 2006, en total 36 024, permite concluir, sin asomo de dudas, que su cría no era para fines meramente decorativos o recreacionales, teniendo en cuenta la inversión inicial realizada.

249. Toda vez que está acreditado que los peces se perdieron por cuenta del anegamiento del predio que poseía el demandante, es claro que hay lugar a reconocer el perjuicio pedido, teniendo en cuenta que se vio truncada la posibilidad del señor Rodríguez Camargo de obtener el lucro que esperaba con la actividad productiva que realizaba.

250. Ahora bien, en cuanto al monto del perjuicio, se tiene que el demandante aportó para acreditarlo una tabla en donde, con el fin de obtener la utilidad de su actividad económica, restó el valor unitario de la venta comercial de cada pez, por el valor de compra, teniendo en cuenta su tasa de supervivencia. Para el efecto, aportó copia de sendas cotizaciones de los establecimientos de comercio Canarios y Gaviotas, Universal de Mascotas, Pet-Landia Kingdom, Mi Mundo Animal y El Acuarista (fls. 65-70, c. 1).

251. Considera la Sala que dichos documentos son insuficientes para conceder la indemnización solicitada. Primero, se encuentra que la tabla aportada por el demandante no tiene la calidad de prueba, pues se trata, simplemente, de la estimación que él hace del perjuicio sufrido y no de un medio de convicción que dé cuenta del monto al que éste ascendió. Para el efecto, debe recordarse que las afirmaciones realizadas por la parte demandante no tienen valor demostrativo alguno, puesto que, por el contrario, son objeto de prueba durante el proceso.

252. De otra parte, en cuanto a las cotizaciones aportadas, se considera que aquellas no son suficientes para determinar el perjuicio sufrido, puesto que se limitan a señalar un valor unitario de venta de cada tipo de pez, sin que se tenga en cuenta aspectos tales como el porcentaje de supervivencia, los costos de producción, los costos de comercialización, entre otros, aspectos necesarios para determinar a cuánto asciende el lucro cesante, en la medida en que para obtener dicho valor no basta con restar el valor de compra por el allí señalado.

253. Acreditado el perjuicio, pero no el monto del mismo, se impone condenar, de nuevo, in genere al Estado. En este orden de ideas, en el incidente al que ya se ha hecho referencia, se decretarán las pruebas pertinentes para establecer el monto del perjuicio sufrido por el demandante Rodríguez Camargo. Cabe advertir que el resultado de la liquidación no podrá ser superior a la suma que por ese concepto se solicitó en la demanda, esto es $ 226 689 500, sin perjuicio de que aquella sea actualizada según el índice de precios al consumidor, y con aplicación de la fórmula de actualización que reiteradamente ha sido aplicada por el Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo(71).

254. Allí se deberán decretar las pruebas del caso, en el marco del principio de libertad probatoria, que permitan determinar con base en las facturas de compra de los alevinos (copia de las comprobantes de venta Nº 1246, 1241, 1236, 1219, fls. 68-71, c. 2), la utilidad que habría obtenido el señor Rodríguez Camargo con la venta de las dos cosechas de los peces. Para tal efecto, se tendrán que tener en cuenta los siguientes parámetros: (i) los elementos de prueba deberán provenir de una fuente o persona calificada sobre el tema, a fin de que convenzan al a quo de la probidad de su dicho; (ii) para efectos de calcular el lucro cesante deberán determinar el valor de venta individual de cada uno de los peces, acudiendo para el efecto a distintos establecimientos de comercio del municipio de Cota o similares; (iii) deberán establecer, también, los costes de producción –teniendo en cuenta el número de peces y los instrumentos con los que contaba el actor–, el porcentaje de supervivencia de los alevinos hasta la edad propicia para su comercialización y el porcentaje de las utilidades que se llevan los intermediarios.

255. Finalmente, considera la Sala que es necesario reparar a los actores, de forma oficiosa, por el perjuicio que sufrió como consecuencia de la grave vulneración de su derecho constitucionalmente y convencionalmente protegido a tener una vivienda digna.

256. Al respecto, el Consejo de Estado ha precisado que la afectación de dichos bienes, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas –fuera de los daños corporales o daño a la salud–, les da derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(72):

15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirma el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

15.4.3. En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado.

257. Cabe señalar que el derecho a tener una vivienda digna es un derecho fundamental, por disposición del artículo 51 de la Constitución Política, así como distintos instrumentos internacionales ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos(73):

4.1. Resulta pertinente recordar que la vigencia del derecho a la vivienda digna dentro del ordenamiento interno no sólo obedece a su consagración en el artículo 51 de la Constitución(74), pues también está estipulado en instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos humanos(75), prevalecientes en el orden interno al estar ratificados por el Estado colombiano, de acuerdo con el artículo 93 ibídem, además de otra amplia gama de enfoques internacionales, comentados por ejemplo en el fallo T-908 de noviembre 7 de 2012, con ponencia de quien ahora desempeña igual labor.

4.2. Tratándose de la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, para la Corte es indiscutible su carácter subjetivo, fundamental y exigible, por cuanto en el ordenamiento colombiano no solo es derecho fundamental aquél expresamente reseñado como tal en la carta política, sino también aquellos que puedan adscribirse a normas constitucionales en las que se valoran bienes jurídicos cardinales, como elementos merecedores de protección especial(76).

Incuestionablemente, la vivienda digna constituye elemento de trascendental magnitud para la materialización y efectividad de la dignidad humana, a la cual le es inmanente. Carecer las personas de un lugar decoroso de habitación, les impide sobrellevar la pervivencia con intimidad, autoestima, conformación familiar y protección, además de conllevar adicionales riesgos contra la salud a consecuencia de la intemperie.

De esa manera, a fuer de ser derecho social, económico y cultural de máxima dimensión, por sí mismo y por su inescindible interrelación con la dignidad humana, la Corte ha reconocido reiteradamente a la vivienda digna su connatural nivel de derecho fundamental(77), frente al cual el Estado tiene el deber de fijar las condiciones necesarias para hacerlo real y efectivo, sin distinción, con tres campos específicos de regulación, en torno a la realización de planes de vivienda de interés social; el establecimiento de sistemas adecuados de financiación a largo plazo; y las formas asociativas de ejecución de programas(78).

258. En el presente caso, es palmario para la Sala que las pruebas obrantes en el expediente, en especial la sentencia de tutela dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca, son suficientes para concluir que a los demandantes se les conculcó el derecho fundamental referido, teniendo en cuenta que está debidamente probado que él vivía en el inmueble –ver párrafos 119 a 126–.

259. Efectivamente, no hay duda que la inundación que se le imputa a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y al municipio de Cota produjo graves daños en la casa de habitación ubicada en el “Lote 1, Parcela 67”, al punto de que se inundó la entrada y el primer piso del inmueble, de modo que se hizo imposible habitarla durante el tiempo que transcurrió hasta que el hecho dañoso fue superado de forma definitiva. Adicionalmente, no debe olvidarse que la anegación estaba parcialmente compuesta de aguas negras, circunstancia que además de afectar gravemente el derecho a vivir de forma digna de su habitante, por cuenta de los malos olores y plagas que dichas aguas producen, puso en peligro su integridad y salud.

260. En el caso bajo análisis, se hace necesario adoptar medidas no pecuniarias de reparación integral tendientes a garantizar la órbita subjetiva del derecho conculcado. En ese sentido la Sala ordenará al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y al municipio de Cota, como medida de satisfacción(79), que en nombre de dichas entidades remitan sendos oficios a los demandantes en los cuales reconozcan, en los términos estrictos de esta providencia, que por las fallas en el servicio que han sido enunciadas con anterioridad vulneraron su derecho a mantener una vivienda digna. Los oficios serán enviados dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, a la dirección que los actores suministrarán, de desear recibirlos. Asimismo, las referidas entidades informarán al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de esta medida.

VII. Costas

261. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes o de los demás intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, que quedará así:

1. DECLARAR administrativamente responsables a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y al municipio de Cota –Cundinamarca– por la anegación del predio del que era poseedor el señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo.

2. CONDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y al municipio de Cota –Cundinamarca– a pagar a favor de cada uno de los demandantes Alfonso Hernando Rodríguez Camargo, Ángela Marcela Domínguez Charry, Wendy Johana, Melissa, Daniel, Laura Marcela y Camilo Alfonso Rodríguez Domínguez, el equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.

3. CONDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y al municipio de Cota –Cundinamarca– a pagar a favor del señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo la suma de noventa y nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ($99 466 462), por concepto de los perjuicios materiales que se le causaron, en la modalidad de daño emergente.

4. CONDENAR en abstracto a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y al municipio de Cota –Cundinamarca– a pagar a favor del señor Alfonso Hernando Rodríguez Camargo el perjuicio material que sufrió en la modalidad de lucro cesante, así como en la modalidad de daño emergente –correspondiente a las reparaciones pendientes del inmueble que poseía–, de conformidad con lo que se determine en el correspondiente incidente de liquidación de perjuicios, que se llevará a cabo de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

5. ORDENAR al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y al alcalde del municipio de Cota, como medida de satisfacción, que en nombre de dichas entidades envíen sendos oficios a los demandantes, en los cuales reconozcan, en los términos estrictos de esta providencia, que por las fallas en el servicio que han sido enunciadas en la parte motiva de la presente providencia vulneraron sus derechos a mantener una vivienda digna. Los oficios serán enviados dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, a la dirección que los actores suministrarán, de desear recibirlos. Asimismo, las referidas entidades informarán al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de esta medida.

6. Por tratarse de una obligación solidaria, el demandante podrá cobrar a cualquiera de las entidades condenadas la totalidad de la suma a pagar, sin perjuicio de que aquella a quien le correspondió asumir la obligación repita después contra la otra por el porcentaje fijado en la parte motiva de esta providencia.

7. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

8. Sin condena en costas.

9. CUMPLIR con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales por daño emergente causados al demandante, fue estimada en la suma de $1 000 000 000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año de 2003 fuera de doble instancia ($166 000 000). Se aplica en este punto el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de abril de 2012, Exp. 22377, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 3 de septiembre de 2015, Exp. 1997-012523- (34255). C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

5 “CONSIDERANDO Que mediante radicación CAR 01324 de abril 17 de 2001, el señor Vicente Ruiz propietario del predio la Constancia, ubicado en la vereda Parcelas del municipio de Cota, Cundinamarca, solicitó permiso para realizar una nivelación al predio en mención, para ser utilizado en el futuro con fines agrológicos. // La corporación atendiendo la solicitud elevada por el señor Vicente Ruiz, realiza visita técnica al predio y emite concepto bajo el memorando RSNA-UGAZS-R Nº 197 de mayo 9 de 2991, cuyo concepto técnico es el siguiente: ‘La captación de agua del Río Bogotá que viene adelantando la Finca La Constancia de propiedad del señor Vicente Ruiz, se hace de manera irregular pues no cuenta con la concesión de aguas superficiales respectiva // El desarrollo del relleno con tierra y posterior nivelación del canal interno de uno de los potreros de la finca La Constancia, no causan un efecto de deterioro ambiental en la zona y se considera ambientalmente viable su desarrollo (…) RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Declarar ambientalmente viable la nivelación del canal interno de uno de los potreros de la finca La Constancia, ubicado en la vereda Parcelas del municipio de Cota Cundinamarca, propiedad del señor Vicente Ruiz. // Para realizar los trabajos de adecuación de terreno, se concede un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: -Utilizar solamente materiales tales como: agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, Queda totalmente prohibido la disposición de cualquier otro tipo de material o elementos. // Observar las recomendaciones generales que en materia de cargue, transporte y disposición de escombros y materiales, dispone la Resolución 541 de 1994 emanado del Ministerio de Medio Ambiente”.

6 “Que mediante Radicación 1324 de abril de 2001, el señor José Vicente Ruiz González, propietario del predio la constancia, localizado en la vereda Parcelas del Municipio de Cota - Cundinamarca, solicita visita técnica con el fin de conceptuar sobre una nivelación de terreno. // Que con el fin de atender la radicación anteriormente mencionada, se practicó visita técnica, emitiéndose el informe Nº 197 de mayo 9 de 2001, en el que se recomendaba dar viabilidad a la nivelación de un canal interno. // Que con Resolución 398 del 23 de agosto de 2001, la corporación declara ambientalmente viable la nivelación del canal interno de uno de los potreros de la Constancia y se concede un término de dos (2) meses para la ejecución de la misma. // Que con Radicación 4595 del 10 de diciembre de 2001, el señor José Vicente Ruiz González, propietario del predio La Constancia solicita prórroga para la ejecución del permiso otorgado con Resolución 298 del 23 de agosto de 2001 y mediante Auto Nº DRSNA 1569 del 29 de junio de 2002, la Corporación otorga un plazo de sesenta (60) días para el cumplimiento de los requerimientos indicados en la Resolución 398 de 2001. // Que mediante Radicado 5618 del 10 de febrero de 2003, el señor José Vicente Ruiz González, solicita nuevamente prórroga del plazo otorgado mediante Auto 1569 del 29 de julio de 2002. // Que con el Derecho de Petición radicado con el Nº 11795-1 del 8 de noviembre de 2004, el señor Álvaro Ayala Manrique y otros, solicitan información acerca de los trámites adelantados con relación al otorgamiento del permiso de nivelación del canal interno en los potreros La Constancia, debida a la inundación de predios aledaños a la quebrada La Culebrera”.

7 Que la adecuada escogencia de la acción es un requisito sustancial de la demanda, y no meramente formal, es un criterio que ha sostenido la Sala en forma reiterada y uniforme. Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: auto del 22 de mayo de 2003, Exp. 2002-00084 (23532), C.P. Ricardo Hoyos Duque; auto del 30 de marzo de 2006, Exp. 2005-00187 (31789), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 22 de agosto de 2011, Exp. 1998-01456 (19787), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

8 Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia de 12 de junio de 1991, Exp. 6196, C.P. Juan de Dios Montes; sentencia de 17 de agosto de 1995, Exp. 7095, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 23 de agosto de 2001, Exp. 13344, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 25 de abril de 2012, Exp. 23234 C.P. Enrique Gil Botero.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Exp. 1996-06022 (16474), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

10 “La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo”.

11 “La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

12 Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. // Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, Exp. 12200, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

13 “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 10 de marzo de 2011, Exp. 1998-00451 (20109), C.P. Hernán Andrade Rincón.

15 [2] “Sentencia del 16 de agosto de 2001, Exp. 13.772 (1048), mencionado en la Sentencia del 13 de febrero de 2003, Exp. 13237 (Rad. 2555), M.P. Ricardo Hoyos Duque”.

16 [3] “Sentencia de 16 de agosto de 2001, Exp. 13.772, Sección Tercera”.

17 [4] “En sentencia de 2 de junio de 2005, Exp. AG-25000-23-26-000-2000-00008-02, dijo la Sala: “... en la demanda se afirma que los apartamentos del edificio ´han venido presentando problemas de deterioro progresivo es decir de tracto sucesivo sin que hasta la fecha haya cesado la acción vulnerante causante del daño’. En dicha afirmación, que se hizo a todo lo largo del proceso, se confunde la acción vulnerante con la agravación del daño, cuando se trata de dos situaciones diferentes. De acuerdo con los hechos de la demanda, la acción vulnerante se presentó al expedirse la licencia de construcción o durante la ejecución de la obra, lapso en cual no se cumplió con el control administrativo debido. Suponiendo que no podía establecer el momento en que ocurrieron eso eventos, nada impide que la fecha cierta, de inicio del término de caducidad, se estableciera a partir del momento de la consolidación del daño, esto es cuando los habitantes del edificio conocieron de los deterioros que presentaba la construcción, que de acuerdo con los informes de las entidades distritales, ya se presentaban en agosto de 1998. Debe aclararse, en todo caso, que por el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, implique que se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, como lo pretende el apoderado de los demandantes; ya que, de esa manera, el término de caducidad se prolongaría de manera indefinida. De allí que, para efectos de computar el término de la caducidad de la acción, se debe tomar como punto de partida la fecha en que se realizaron los informes de la entidades distritales, en los cuales los demandantes dieron a conocer el deterioro de la edificación. Razón por la cual se declarará la caducidad de la acción de grupo”.

18 “(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimacióndehechoenlacausa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado dehechoyporactiva, y a quien cita y le atribuye está legitimado dehechoyporpasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

19 [6] “A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo –no el procesal–”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C. P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación 10973”.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 1997-08625 (19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 1995-05072(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Con base en lo dispuesto por el artículo 177 del C.P.C., le corresponde al demandante acreditar los hechos en los cuales se fundamenta las pretensiones elevadas por él. La norma en comento señala: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2014, Exp. 1996-05208 (23128), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

24 [95] “La Ley 1579 regula la expedición de los certificados de la siguiente forma: ‘Artículo 67. Contenido y formalidades. Las Oficinas de Registro expedirán certificados sobre la situación jurídica de los bienes inmuebles sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria. // La solicitud de expedición del certificado deberá indicar el número de la matrícula inmobiliaria o los datos de registro del predio. // La certificación se efectuará reproduciendo totalmente la información contenida en el folio de matrícula por cualquier medio manual, magnético u otro de reconocido valor técnico. Los certificados serán firmados por el registrador o su delegado, en forma manual, mecánica o por cualquier otro medio electrónico de reconocida validez y en ellos se indicará el número de turno, fecha y hora de su radicación, la cual será la misma de su expedición, de todo lo cual se dejará constancia en el respectivo folio de matrícula’” (resaltado del texto).

25 “Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. // No puede estipularse proindivisión por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. // Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria”.

26 “En todo caso puede pedirse por cualquiera o cualesquiera de los comuneros que la cosa común se divida o se venda para repartir su producto. // La división tendrá preferencia siempre que se trate de un terreno, y la venta cuando se trate de una habitación, un bosque u otra cosa que no pueda dividirse o deslindarse fácilmente en porciones”.

27 “Cuando haya de dividirse un terreno común, el juez hará avaluarlo por peritos, y el valor total se distribuirá entre todos los interesados en proporción de sus derechos; verificado lo cual, se procederá a adjudicar a cada interesado una porción de terreno del valor que le hubiere correspondido, observándose las reglas siguientes: 1. El valor de cada suerte de terreno se calculará por su utilidad y no por su extensión; no habiendo, por tanto, necesidad de ocurrir a la mensura, sino cuando ésta pueda servir de dato para calcular mejor el valor. // 2. Si hay habitaciones, labores u otras mejoras hechas en particular por alguno de los comuneros, se procurará, en cuanto sea posible, adjudicar a estos las porciones en que se hallen las habitaciones, labores o mejoras que les pertenezcan, sin subdividir la porción de cada uno. // 3. Si algunos de los comuneros pidieren se les adjudiquen las suertes en un solo globo, así se verificará. // 4. Si los interesados no han consignado antes de empezarse el repartimiento, la cuota que les corresponda para cubrir los gastos presupuestos para la operación, se deducirá dicha cuota de las suertes respectivas y se separará una porción de terreno equivalente para el expresado gasto”.

28 “Todo comunero puede pedir la división material de la cosa común, o su venta para que se distribuya el producto. La demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros, y a ella se acompañará la prueba de que demandante y demandado son condueños. Si se trata de bienes sujetos a registro, se presentará también certificado del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica del bien y su tradición, que comprenda un período de veinte años si fuere posible”.

29 Artículo 49 del Decreto 1250 de 1970: “Cada folio de matrícula de propiedad inmobiliaria corresponderá a una unidad catastral y a ella se referirán las inscripciones a que haya lugar. En consecuencia, cuando se divida materialmente un inmueble o se segregue de él una porción, o se realice en él una parcelación o urbanización, o se constituya en propiedad por pisos o departamentos, el Registrador dará aviso a la respectiva oficina catastral para que esta proceda a la formación de la ficha o cédula correspondiente a cada unidad. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria del Registrador”.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 1 de octubre de 2014, Exp. 2002-00343 (33767), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

31 [4] “Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo: “Bienes”. Editorial Temis, Bogotá, 2000, págs. 127 y 128”.

32 [5] “Consejo de Estado, sentencia del 25 de enero de 200, Exp. 9672, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.

33 [3] “Mazeaud, obra citada, tomo I, 2ª edición, Nº 215, pág. 235; Savatier, obra citada, tomo II, Nº 522, pág. 97”.

34 [4] “Planiol y Ripert, obra citada, tomo VI, Nº 542, pág. 744; Demogue, obra citada, tomo IV, Nº 386, pág. 27”.

35 Alessandri R., Arturo, “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno”, Santiago de Chile, 2005 (reimpresión), págs. 153-156.

36 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 29 de abril de 2015, Exp. 2010-00217 (AP), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

38 [43] “De Cupis, Adriano, El Daño, pág. 572 y ss. Ed. Bosch”.

39 [44] “Viney, Genevive, Le principie de precaution Le pointde vue d un juriste, Les petit affiches, 2000. Cita en Garrido Cordobera, Lidia M.R., “El Riesgo Ambiental”, Ed. Ubijus, México D.F., Buenos Aires, 2014, pág. 94”.

40 [45] “Consejo General del Poder Judicial - Escuela Judicial, “El principio de precaución”, Universidad Externado de Colombia, págs. 19-20”.

41 [46] “Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de marzo de 2014, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Exp. 2001-90479-01(AP)”.

42 [47] “‘Le Principe de precaution’ edite par Edwin Zaccai et Jean Noel Missa, Bruselas, Editions de l’Université de Bruxelles, 2000”.

43 [48] “M.P. Jaime Araújo Rentería”.

44 [48] “M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, Exp. 16014, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En dicha providencia se resolvió una demanda por los daños causados a unos cultivos con ocasión del desbordamiento en la cuenca baja del río Cauca en el mes de junio de 1996.

46 [1] “Sentencia del 4 de mayo de 1998 con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández. Exp. 12175. Actor: Iván de Jesús Castaño y otros”.

47 En ese entendido, es claro que erró la sentencia de primera instancia al considerar que no le cabía ningún deber específico al municipio de Cota en cuanto a la ejecución, financiación y control de las obras destinadas a restaurar la quebrada La Culebrera.

48 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-894 de 7 de octubre de 2003, Exp. D-4552, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

49 En cuanto a esta obligación, esta corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso en el que también se autorizó una nivelación de terreno que después produjo daños ambientales, en los siguientes términos: “[p]or tanto, la tardanza en la implementación de las medidas necesarias para prevenir el daño que ocasionarían las obras irregularmente ejecutadas por el señor Sinisterra Pombo, le resultan atribuibles a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR– a título de falla en el servicio, ya que a esta entidad le asistía el deber de garantizar que los trabajos allí adelantados cumplieran con los requisitos contenidos en las normas ambientales precisamente para evitar consecuencias negativas en el entorno a causa de las labores de relleno del predio, tal como ocurrió con el predio de la familia Gaitán Gómez. (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 12 de noviembre de 2014, Exp. 2001-02070 (30874), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

50 “Se podrá ordenar la destrucción de obras ejecutadas sin permiso o de las autorizadas que puedan causar daños inminentes que no hayan sido previsibles en épocas de avenidas o crecientes”.

51 “Bien se observa que las circunstancias anteriores [el rechazo de las pruebas ineficaces] son excepcionales pues es lo usual que se admitan libremente los diversos medios de prueba para demostrar la mayoría de los hechos, dado que solo en casos especiales es que la ley exige determinado tipo de prueba, de manera que la inconducencia siempre estará determinada por la existencia de normas donde, de manera expresa, se requieran específicos medios de prueba respecto de ciertos hechos”. López Blanco, Hernán Fabio, “Procedimiento Civil”, “Pruebas”, Dupré Editores, 2001, pág. 56.

52 “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. // El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.

53 Sentencia del 30 de noviembre de 2000, Exp. 13329, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En similar sentido ver sentencia del 11 de abril de 2002, Exp. 1995-2129 (13122), C.P. Alier Enríquez Hernández; sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 1995-00004 (15635), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 1995-01957 (18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

55 “De manera que no estando probados los hechos a partir de los cuales el tribunal a quo configuró la culpa exclusiva de la víctima, resulta no menos que contradictoria su decisión de exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada por virtud de esa causa extraña, toda vez que la falta de prueba de esos hechos no permite cosa distinta que concluir la inexistencia del supuesto fáctico alegado, así como la imposibilidad de verificar las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad en las que habría podido encontrarse la entidad pública demanda respecto de la forma en la cual el señor Alberto de Jesús Ramírez Zapata condujo la volqueta y, por ende, desde este punto de vista le asiste razón a los apelantes”. Sentencia del 16 de julio de 2008, Exp. 1995-03079 (16344), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

56 Luis Josserand, “Derecho Civil”, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cía, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

57 Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

58 “En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. // Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. // La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”.

59 “El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división”.

60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 24 de febrero de 2016, Exp. 2005-03291 (34212), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

61 [27] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 24.972, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 17.145, entre muchas otras”.

62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 17119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

63 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

65 En cuanto al ítem (xxiv), se concedió solamente la suma de $ 400 000, por sólo haberse probado el pago de esa suma a favor del apoderado.

66 Al respecto, esta subsección se ha pronunciado en los siguientes términos: “Ahora, es importante recordar que si bien es cierto que las dos partes apelaron, lo que, en principio, daría lugar a que, en esta instancia, se resolviera sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto sobre al particular en la última parte del primer inciso del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (…), no puede perderse de vista que, en su recurso de apelación, la parte actora fue enfática al señalar que se limitaba a cuestionar la tasación de los perjuicios realizada por el a quo y especificó que su inconformidad radicaba, concretamente, en el no reconocimiento del daño material, en la modalidad del daño emergente, y en el monto concedido por concepto de perjuicios morales, absteniéndose deliberadamente de controvertir lo decidido por el a quo en relación con la indemnización del lucro cesante (…); de modo que, en estas circunstancias, mal haría el juez de segunda instancia al revisar a favor de la parte actora y en contravía de los intereses de la parte demandada, también apelante, una condena con la que, según se infiere claramente del contenido de su recurso, la primera estuvo de acuerdo. // Y es que, tal como ha considerado esta corporación [Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth], la competencia del ad quem está determinada por los motivos de inconformidad manifestados por quienes fueron apelantes y de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente pues, a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso; lo que no excluye el que, como también se ha sostenido, si la apelación se interpuso en relación con un aspecto global de la sentencia, por ejemplo, la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, el ad quem tenga competencia para pronunciarse sobre cada uno de los elementos que la constituyen y, a su vez, sobre la liquidación de perjuicios que se deriva directamente de ella. Al respecto es importante insistir en que, tal como lo afirmó explícitamente la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación antes citada, “es asunto de lógica elemental que ´el que puede lo más, puede lo menos´” [La de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.] por lo que carecería de sentido afirmar que no es posible modificar en favor de la parte que solicitó expresamente que se le exonerara de responsabilidad, la liquidación de perjuicios efectuada en primera instancia. // 8.3. Así las cosas, en el caso bajo análisis la Sala, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada, es competente para pronunciarse sobre lo bien fundado de la declaratoria de responsabilidad proferida por el a quo y, consecuencialmente, sobre la liquidación de perjuicios, respecto de la cual puede resolver libremente por haber sido objeto de apelación por ambas partes, salvo en lo que tiene que ver con el lucro cesante que sólo podría modificar a favor de la Fiscalía General de la Nación”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 2009-00310 (41874), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

67 Índice de precios al consumidor vigente para el momento en el cual se expidió la sentencia de primera instancia, el 15 de diciembre de 2009.

68 Para el efecto debe tenerse en cuenta que la fotografía se pagó el 8 de junio de 2006, momento para el cual el índice de precios al consumidor era de 86,64.

69 A saber: “Obras Externas. Canales perimetrales en acesco K20 pecho de Paloma desarrollo 50 cm Instalada // Bajantes en acesco K20 DE 3” Rectangular h=3.8m instalada Incluye Soscos de desagua a dren perimetral // Descapote perimetral y relleno en recebo compactado, espesor capa= 0.15m Área Andén. Andén Perimetral en concreto, con malla electrosoldada 4mm. Ancho=0.60m (incluye testero) // Drenaje Subsuperficial en tubería PVC DE 3” Recubierto en Geotextil, descolando a Zanja Oriental. // Relleno en tierra compactada con rana para subir la rasante e=0.50m No incluye Empradización. Conformar jarillón o Dike en tierra Armada costado norte y oriente sobre Zanja, Generando Tambre. Obras Internas Casa. Resanes cemento estuco y pintura general interior casa” (resaltado del texto, fl. 76, c. 1).

70 “La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse como base el índice de precios al consumidor”.

71 “La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse como base el índice de precios al consumidor”.

72 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

73 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-583 de 29 de agosto de 2013, Exp. T-3861023, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

74 [4] “Art. 51 Const.: ‘Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda””.

75 [5] “Numeral 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1966; artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; artículo 5.2 del Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo sobre política social; artículo 5º, literal e, iii de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 43.1, literal d de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; artículo 28.1 y 2, literal d de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; artículo 14.2 literal h de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículos 14, 16 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.

76 [6] “T-1094 de diciembre 19 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla”.

77 [7] “Cfr., además de las sentencias ya citadas en este acápite, T-791 de agosto 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería; T-1091 de octubre 26 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1103 de noviembre 6 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-065 de febrero 4 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-484 de junio 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras”.

78 [8] “T-1094 de 2012, precitada”.

79 Sobre el tipo de medidas de reparación integral, consultar el artículo 8º de la Ley 975 de 2005, así como: Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 6 de diciembre de 2001, caso Las Palmeras vs. Colombia, párr. 68 y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 19 de octubre de 2007, Exp. 29273, C.P. Enrique Gil Botero y de 18 de febrero de 2010, Exp. 18436, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.