Sentencia 2007-00773 de abril 21 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 1100102030002007-00773-00

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., veintiuno de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. El recurso de revisión, como mecanismo impugnativo extraordinario que es, fue instituido por el ordenamiento jurídico en orden a corregir trascendentales errores cometidos al proferir la sentencia que haya puesto fin a la controversia judicial, aun cuando se hallen protegidos por la firmeza de tal providencia, en la medida en que, al fin y al cabo, viene a resultar inicua, a condición de que las circunstancias sustentadoras esgrimidas por el recurrente encuentren respaldo efectivo en alguna de las específicas causales consagradas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que se formule por la persona autorizada para ello y no esté vencido el lapso de caducidad para ello.

La excepcionalidad de dicho instrumento explica por sí sola que únicamente permita derruir la solidez de fallos escudados en el fenómeno de la cosa juzgada, cuando el recurrente logre demostrar de modo fehaciente alguno de los restrictos motivos consagrados por el legislador para franquear la inicial inmutabilidad de tales pronunciamientos dictados por los juzgadores de instancia; aparte de ello, es claro que su alcance no es semejante al de un nuevo grado jurisdiccional, pues no facilita otra extensa controversia litigiosa ni es utilizable para corregir la pigricia en que haya podido incurrir el recurrente en el curso del proceso.

2. Tal y como se advirtió, en este asunto el recurrente invocó las causales 1ª y 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, es decir, “haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” y “haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

3. Con relación a la primera de las aludidas causales de revisión, ha de tenerse en cuenta cómo para que efectivamente se estructure y se convierta en basilar cimiento de la prosperidad del aludido recurso, es indispensable demostrar: a) que la prueba documental de que se trate haya sido hallada con posterioridad al proferimiento de la sentencia, pues sobre este aspecto la Sala ha precisado que “‘[d]ada la finalidad propia del recurso, no se trata, en el evento de esta causal de revisión, de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae el supuesto indicado a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto’ (CXLVIII, p. 184), por cuanto ‘[n]o es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla (…) la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (…) de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido’ (Sent. 237 de jul. 1º/88)’”, reiterada en sentencia de 27 de abril de 2009, expediente 11001-0203-000-2005-01294-00; b) que la fuerza del mérito persuasivo de tales probanzas habría variado la decisión contenida en ese proveído, de suerte que “el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida”, como se lee en la misma providencia; y c) que no pudieron allegarse oportunamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, pues “no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida” (G.J. t. LI bis pág. 215).

Sin ningún esfuerzo, encuentra la Corte que en este caso es evidente la ausencia de dichas exigencias, como pasa a verse.

En efecto, ningún medio de persuasión demuestra que las probanzas aquí aducidas por el recurrente, consistentes en dos videos y varias fotografías, preexistieran al momento de la iniciación del juicio de imposición de servidumbre o al de la preclusión de la oportunidad de las partes para aportar esos medios de persuasión, mayormente si el propio Velásquez Páez admite que fueron sobrevinientes, acorde con lo que expresó a folio 17, al indicar que “las pruebas que se aportan en los dos videos, que son prueba documental sobreviviente, (sic) y que no se lograron aportar en forma oportuna”, a lo cual agrega que dichas pruebas “sobrevivientes (sic) que se aportan por este recurrente, ya que fueron omitidas en forma total por la parte demandante”, calidad que reiteró en el capítulo de petición de pruebas, de suerte que no se trata de su hallazgo con posterioridad a la sentencia sino de haber sido producidas después de tal proveído.

Asimismo es claro cómo el revisionista se limitó a señalar que no pudo aportar en forma tempestiva aquellos documentos fílmicos y fotográficos, porque los demandantes en el proceso no permitieron tomarlos en sus predios, y por temor a las represalias de ellos, quienes en alguna oportunidad lo agredieron y amenazaron a bala para que no pasara por su territorio, pero ningún medio de convicción solicitó ni acompañó con el objetivo de probar tales circunstancias impeditivas de la aducción a tiempo de los mencionados medios probativos.

4. Con el objetivo de examinar la viabilidad de la causal sexta de revisión de igual forma invocada para fundamentar el recurso extraordinario, es pertinente rememorar que “las maniobras fraudulentas comportan una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia” (sents. de jun. 30/88 y sep. 11/90, entre otras, G. J. t. CCIV, pág. 45), conducta que se caracteriza porque sus “elementos esenciales son, de acuerdo con las abundantes precisiones de la jurisprudencia de esta corporación: una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin” (Sent. 243 de dic. 7/2000, exp. 007643).

Como ya se precisó, Velásquez Páez en orden a acreditar la configuración del citado motivo de revisión le atribuye a la parte demandante haber actuado de mala fe al no mencionar en la demanda que sus predios tenían acceso directo al camino público, mediante senda apta para desplazamiento de vehículos automotores, conocida como “El Rosal”, pues su apoderado únicamente aportó prueba del camino de herradura de nombre “Rastra la Jerónima”, logrando así confundir a los jueces de instancia, falla que según él configura maniobra fraudulenta, al querer revelarle al juez que la situación correspondía a la prevista en el artículo 905 del Código Civil, vale decir, que sus inmuebles se encontraban privados de toda comunicación con el camino público.

La aludida omisión que el recurrente en revisión le endilga a los demandantes en el proceso agrario no existe, ya que en el hecho tercero de la demanda dijeron que “de tiempos inmemoriales” existía una servidumbre de tránsito que llegaba a sus predios “en forma de carreteable que fue interrumpida por el señor Rito Alejo Velásquez Páez en varias oportunidades y actualmente se atrevió a cercarla y sembrar matas, hace de esto cuatro (4) meses aproximadamente”, aseveración que, como ya se indicó, el tribunal encontró establecida; de ello se sigue que los demandantes no ocultaron de modo intencional la presencia de la vía que ahora menciona en su recurso Velásquez Páez y, por tanto, no cayeron en la falta que les endilga, fuera de que el demandado pudo a espacio ejercer su defensa dentro del proceso, aducir y acreditar que los predios de los demandados no necesitaban la servidumbre de tránsito reclamada, en vista de que disponían de un camino idóneo y suficiente para su explotación, máxime si él era el interesado en alegar tal situación.

Aparte de ello, la eventual conducta renitente de los demandantes en el proceso al no indicar en la demanda que sus propiedades contaban con una salida adecuada al camino público, ningún efecto negativo habría tenido frente a los intereses del recurrente en revisión, debido a que por otros medios los juzgadores de instancia tuvieron conocimiento no sólo de la preexistencia de dicho sendero, sino de que varios meses antes de comenzar el proceso el demandado lo había cerrado a fin de impedir que fuera utilizado por quienes transitaban por el mismo, circunstancia que, en particular el tribunal, en ejercicio de la autonomía e independencia de que ha sido dotado por el ordenamiento jurídico, interpretó en la forma que estimó pertinente frente a los derechos objeto de la contienda judicial, por supuesto, con asidero en los medios de persuasión acopiados y en las normas aplicables al asunto litigioso.

En todo caso, la citada postura de la parte demandante ha de seguir amparada por la presunción de licitud y buena fe, dada la completa falta de pruebas que la desvirtúen.

5. En suma, siendo ostensible la ausencia de razones jurídicas valederas y capaces de tornar revisable la sentencia cuestionada mediante la impugnación extraordinaria, emerge imperioso el despacho desfavorable de la misma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Rito Alejo Velásquez Páez contra la sentencia de 26 de abril de 2006, dictada por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que confirmó la de 27 de octubre de 2004 del Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá, en el proceso ordinario agrario de imposición de servidumbre promovido por Librada Castellanos de Castellanos, José Inocencio Torres Avendaño y Miguel Ramón Hernández Páez frente al citado recurrente.

2. Condenar al recurrente a pagar a los demandados en el trámite de este recurso, las costas y los perjuicios causados, para cuya solución se hará efectiva la caución prestada. Tásense las primeras. Liquídense los segundos mediante incidente, según lo dispuesto en el artículo 384 in fine del Código de Procedimiento Civil, que ha de promoverse en el plazo previsto en el 307 ibídem.

Oportunamente entérese lo aquí resuelto a la compañía aseguradora garante para efectos del pago respectivo. Ofíciese.

3. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Ofíciese.

4. Archivar, en su momento, el expediente aquí formado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».