Sentencia 2007-00784/0336-2014 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 080012331000200700784 01

Nº Interno 0336-2014

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Demandante: Agustina Isabel Guzmán Gómez

Demandado: empresa social de Estado José Prudencio Padilla en Liquidación

Bogotá, D. C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Se contrae a determinar si la demandante tiene derecho al pago de las diferencias salariales y prestacionales por haber cumplido las funciones de trabajadora social al servicio de la ESE demandada, y no haberle cancelado en igualdad de condiciones a una funcionaria de planta que desempeña el mismo cargo.

Adicionalmente, si es viable ordenar el pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la convención colectiva, por prórroga de la misma.

Establecido el problema jurídico, la Sala procede al estudio del asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) De la naturaleza de la vinculación de la accionante; ii) De los beneficios convencionales, y, iii) Del caso concreto: la Asignación de funciones – violación del principio a trabajo igual salario igual.

i) De la naturaleza de la vinculación de la accionante.

El Instituto de Seguros Sociales fue creado en el año 1946, a través de la Ley 90 de 26 de diciembre del mismo año, como una entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, con el objeto de dirigir y vigilar los seguros sociales(6), los cuales fueron señalados por el artículo 1º para cubrir los siguientes riesgos: enfermedades no profesionales y maternidad; invalidez y vejez; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y, muerte.

Los trabajadores vinculados a dicha entidad, a su turno, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 2324 de 1948, ostentaron la condición de trabajadores particulares. Posteriormente, a través del Decreto 433 de 27 de marzo de 1971(7), se dispuso que el I.S.S. era una entidad de derecho social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(8). Dicho cambio de naturaleza generó, con la expedición del Decreto 1654 de 1977, la existencia en dicha institución de una categoría especial de empleados denominados “funcionarios de la seguridad social”, correspondientes a aquellos que desempeñaran cargos asistenciales y administrativos(9).

En el año 1992 se dio otro cambio fundamental en la naturaleza del Instituto, pues de conformidad con lo ordenado por el Decreto 2148 de 1992, se convirtió en una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Esta condición determinó que luego, con ocasión del estudio de constitucionalidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-579 de 1996, declarara la inexequibilidad de dicha categoría en una empresa que, como se anotó, pasó a ser Industrial y Comercial del Estado, cuyo régimen determina que por regla general los servidores vinculados son trabajadores oficiales.

Hasta aquí, entonces, es claro que la accionante, por la fecha en que se vinculó al I.S.S., esto es, el 1 de febrero de 1976, ostentó la condición de trabajador oficial. Sin embargo, mediante el Decreto 1750 de 26 de junio de 2003 se escindió el Instituto de Seguros Sociales, la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, todas las clínicas y centros de atención ambulatoria (artículo 1º) y se crearon 7 Empresas Sociales del Estado, como entidades descentralizadas del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de Protección Social (artículo 2º). Una de ellas fue precisamente la demandada en el presente asunto, la E.S.E. José Prudencio Padilla.

Fue por esta razón, que con la entrada en funcionamiento de la E.S.E., la situación laboral de la actora debió modificarse sustancialmente, pues a partir de allí pasó a ser considerada como empleada pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003. Asimismo, la referida incorporación a la nueva planta de personal, fue automática y sin solución de continuidad, al tenor de lo estipulado en el artículo 17 ibídem.

Frente a este aspecto cabe resaltar que la consagración de dicha regla, esto es, que la naturaleza de la vinculación es la propia de un empleado público, es consonante con el régimen que a partir de la Ley 100 de 1993, concordante con las Leyes 10 de 1990 y 489 de 1998, ya que reconoce que la asignación de trabajadores oficiales es excepcional y se reserva a personal encargado de desempeñar cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, siendo los demás servidores empleados públicos, pues éstos son los únicos que pueden ocupar un empleo de carrera o de libre nombramiento y remoción.

Teniendo en cuenta, que la actora afirma que fue vinculada al Instituto de los Seguros Sociales, el 1 de febrero de 1976, como ayudante de servicios asistenciales, siendo trasladada el 2 de diciembre de 1991 a la Unidad Programática Institucional del Instituto de Seguros Sociales, en comisión para ejercer funciones de trabajo social, las cuales desempeñó sin interrupción en la ESE José Prudencio Padilla, es pertinente establecer bajo la anterior premisa, si la actora, atendiendo al cumplimiento de las citadas funciones fue desmejorada salarialmente, al no haberle cancelado la misma remuneración que reciben las trabajadoras sociales de planta.

Lo anterior, por cuanto en el sub-lite, no se está cuestionando la calidad o no de empleada pública de la actora, sino que por el contrario el problema jurídico se limita a determinar si efectivamente la demandante laboró en un cargo diferente del cual era titular, sin que se le hubiera cancelado la remuneración correspondiente a éste, conforme a la planta de personal de la ESE demandada.

ii) De los beneficios convencionales.

La demandante, considera que al haberse prorrogado la convención colectiva, tiene derecho a que le reconozcan y paguen los beneficios salariales y prestacionales allí contenidos.

Al respecto, precisa la Sala que los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las Convenciones Colectivas son los trabajadores oficiales, razón por la cual se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando aun cuando cambien su condición y pasen a ser empleados públicos.

En este sentido, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-314 de 2004, concluyó:

“(…)

En consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.

El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos –los que antes han sido trabajadores oficiales- tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva las condiciones laborales de sus cargos. (…)”.

Lo anterior no significa que a los empleados públicos se les haya negado el derecho a la asociación sindical, dado que con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política pueden constituir sindicatos o asociaciones sin la intervención del Estado y, sus Representantes tienen derecho al fuero sindical y a las demás garantías para el cumplimiento de su gestión.

Igualmente, en el ámbito internacional, mediante la Ley 411 de 1997 Colombia aprobó el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, el cual regula disposiciones relativas a la protección del derecho de asociación sindical de los servidores del Estado.

Adicional a todo lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de derechos adquiridos establecido en el artículo 58 de la Constitución Política y la noción de la condición más beneficiosa que se desprende del artículo 53 ibídem, para precisar que son sólo los derechos adquiridos y no las meras expectativas los que no pueden modificarse por el Legislador(10).

Así mismo, la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con la aplicación de las Convenciones Colectivas a aquellos servidores que pasan de trabajadores oficiales a ser empleados públicos, considerando lo siguiente:

“(…)

La aludida Convención Colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la Convención Colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416(11) del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.

De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política. (…)”(12).

A su turno, la Corte Constitucional en la sentencia C-349 de 2004 al estudiar el alcance de las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad” en materia de derechos salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, manifestó:

“(…)

Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador – trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la Convención Colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos. (…)”(13) (lo subrayado es de la Sala).

De acuerdo con lo expuesto, los beneficios derivados de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato de Trabajadores SINTRASEGURIDADSOCIAL, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma.

Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una Empresa Social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la Convención a que hace mención el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que si dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la Convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) meses en seis (6) meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la Convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la Convención Colectiva.

iii) Del caso concreto - Asignación de funciones - violación del principio a trabajo igual salario igual.

Afirma la recurrente, que de conformidad con el caudal probatorio allegado al plenario, se encuentra acreditado que ejerció funciones de trabajo social, pero su remuneración fue inferior a la que percibían las funcionarias de planta que desempeñaban dicho cargo.

Atendiendo al señalado marco conceptual, es necesario hacer referencia a las normas que según la actora fueron desconocidas por el acto demandado.

El literal c) del artículo 8 del Decreto 1950 de 1973, señaló:

“En la remuneración de los empleados o funcionarios públicos en igualdad de circunstancias, a igual trabajo debe corresponder igual remuneración. (…)”

A su turno, el artículo 31 del Decreto 1950 de 1973, estableció:

“De la prohibición de percibir sueldo diferente de aquél que corresponda al cargo. Los empleados públicos a quienes se les aplica este decreto sólo podrán percibir por concepto de sueldo las asignación básica mensual que corresponda al cargo que desempeña”.

Afirma la señora Agustina Isabel Guzmán, que laboró al servicio de la ESE demandada del 26 de junio de 2003 al 25 de mayo de 2006, fecha esta última en la que renunció a su cargo por reconocimiento pensional, sin que al momento del retiro se le hubiese cancelado la diferencia salarial y prestacional que pretende en esta instancia, y que se limita al citado periodo(14).

De entrada encuentra la Sala que no solo basta la afirmación hecha por la demandante de haber ejercido funciones de trabajadora social, sino que es necesario además demostrarlo. Para lo cual, es procedente efectuar la relación de pruebas allegadas y practicadas en el plenario, para así determinar si le asiste razón a la actora, en su afirmación, o por el contrario tal como lo señaló el a-quo, sus planteamientos no fueron probados.

Relación de pruebas:

Como pruebas que fueron allegadas al plenario, encontramos las siguientes:

(i) Que demuestran la relación laboral de la actora:

La demandante suscribió contrato de trabajo a término indefinido, el 1 de febrero de 1976 para ejercer funciones propias del cargo de oficios varios, en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales(15).

Mediante Resolución No. 04304 de 8 de octubre de 1987, el Director del Instituto de Seguros Sociales, previo concurso interno, nombró en periodo de prueba en la Seccional del Atlántico, a la señora Agustina Guzmán Gómez, en el cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales ( trabajo social) Clase II grado 13, dedicación completa – Cooperación Asistencial, UPZ(16).

Fue comisionada por el Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 6241 de 26 de noviembre de 1991, para que “ejerza las funciones en Trabajo Social de la UPI”. Y por Resolución No. 1385 de 23 de abril de 1992, la misma autoridad administrativa, dio por terminada la comisión hecha a la actora “en el cargo de Ayudante de Servicios Asistenciales – Clase III grado 11 Dedicación Completa – Trabajo Social – UPI”(17).

Por Resolución No. 00063 de 30 de abril de 2002, el Gerente de la Clínica los Andes del Seguro Social de la Seccional Atlántico, le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías parciales e intereses a la Señora Agustina Guzmán Gómez, quien desempeña el cargo de Ayudante de Servicios Administrativos Grado 11(18).

En varias oportunidades, para los años 2005 y 2006, mediante actos administrativos le fueron concedidas vacaciones, algunas de ellas aplazadas, sin embargo, de la lectura detallada de éstos se evidencia que todas fueron otorgadas a la demandante como empleada de la ESE José Prudencio Padilla, en el cargo de Ayudante de Servicios Asistenciales, dedicación completa 8 horas, grado 11, de la Unidad Hospitalaria Andes(19).

(ii) Que demuestran la terminación de la relación laboral:

Mediante Oficio SARH001437 del 28 de abril de 2006, el Gerente ( E) de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, le comunicó a la actora, que le fue aceptada su renuncia, a partir del 26 de mayo de 2002, del cargo de Ayudante, Grado 11, 8 horas, de la Unidad Hospitalaria los Andes, Seccional Atlántico(20).

El Apoderado Liquidador de la Empresa Social del Estado, José Prudencio Padilla en Liquidación, según Resolución No. 001672 de 22 de mayo de 2007, reconoció y ordenó el pago de prestaciones sociales y otras acreencias laborales por desvinculación de la ESE, en el cargo de AYUDANTE, con intensidad de 8 horas(21).

El Gerente Liquidador de la ESE José Prudencio Padilla en Liquidación, en Resolución No. 000531 de 9 de octubre de 2006, reconoció a la actora una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 26 de mayo de 2006, por haber laborado al servicio del I.S.S y de la ESE demandada(22).

Teniendo en cuenta las pruebas previamente relacionadas, concluye la Sala lo siguiente:

Que se encuentra acreditado que la actora, se vinculó al servicio del ISS desde el año 1976, por contrato de trabajo en el cargo de oficios varios, posteriormente, fue nombrada en periodo de prueba en el cargo de auxiliar de servicios asistencias. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 1402 de 1994, que estableció el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos del ISS, la actora fue ubicada en el cargo de ayudante de servicios asistenciales, grado 2.

Que la actora al momento del retiro, desempeñaba el cargo de ayudante con intensidad de 8 horas, como se deriva del acto de aceptación de renuncia, y de liquidación de prestaciones definitivas, en este último particularmente se señaló que la demandante fue vinculada a la planta de personal de la ESE ejerciendo el cargo de Ayudante(23).

Por lo anterior, para la Sala las documentales previamente señaladas acreditan que el cargo que desempeñó la actora, fue el de Ayudante, sin que exista prueba alguna, que, por el contrario demuestre que la demandante fue comisionada, encargada o nombrada en el cargo de trabajadora social, es más ni siquiera se acreditó que en la planta de personal de la ESE demandada, existieran dichos cargos de trabajadoras sociales, por el contrario lo que se encontró fue que las trabajadoras sociales que laboraban con la demandante en la Unidad Hospitalaria Andes, estaban vinculadas por cooperativa COOPITSALUD(24), lo cual indica que no hacían parte de la planta de personal.

En este contexto, no hay prueba en el plenario que acredite que la actora desempeñó el cargo de trabajadora social, es más ni siquiera existe el manual de funciones, en el cual, si llegare a existir dicho cargo en la planta, nos señale las funciones a desarrollar, pues lo único que obra en el expediente, y con los cuales la actora pretende demostrar su condición de coordinadora de trabajo social o trabajadora social, son los oficios mensuales en los cuales la misma señora Guzmán Gómez certificaba al Director de la Clínica, las trabajadoras asociadas a COPITSALUD, y que prestaron el servicio(25).

Bajo esta misma óptica, encuentra la Sala que las declaraciones recepcionadas en el trámite del proceso, relacionadas con las señoras IDANY OLAVYS RODRIGUEZ JIMENEZ(26), MARTHA LUZ NIETO BALZA(27), SEBASTIANA CLARET SUAREZ DE SABALZA(28) y con el señor VICTOR LUIS VELASQUEZ BECERRA(29), compañeros de la demandante en la ESE demandada, coincidieron en afirmar que la señora Guzmán Gómez, laboró en la Clínica de los Andes como trabajadora social, y luego como coordinadora de trabajo social; las funciones que desempeñaba en dicha dependencia; el horario que se cumplía, y señalaron que habían trabajadoras sociales de planta y otras por cooperativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, dichos testimonios si bien son serios y acordes con el interrogatorio hecho, lo que demuestran es una función desempeñada por la actora, limitada a un espacio determinado, sin que nos acrediten que la actora desempeñó el cargo de trabajadora social, o que dichas funciones eran las mismas asignadas a las que hacían parte de la planta de personal, o que percibió una remuneración inferior a la que recibe una funcionaria de planta.

Considerando que ni se probó la existencia del cargo de trabajadora social en la planta de la ESE José Prudencio Padilla, ni mucho menos las funciones que desempeñaría quien fuera nombrado en ese cargo, si llegare a existir, la Sala considera que no es posible afirmar que la actora tuvo un trato desigual.

En efecto, solo se allegaron copias de las nóminas de la actora, entre otros, sin que de las mismas se pueda evidenciar la existencia del cargo de trabajador social, y su correspondiente remuneración.

Por último, aun cuando las pretensiones de la demanda no tienen ánimo de prosperidad, la Sala comparte la decisión del a-quo, relacionada con la declaración de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la FIDUPREVISORA S.A., y que cuestiona la recurrente, pues es evidente que éste atiende a un contrato de fiducia, pero en últimas quien sería el llamado a responden en una eventual condena sería el Ministerio de la Protección Social.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se demostró que el acto demandado que fuera expedido con violación de las normas legales o constitucionales.

Así las cosas, el proveído impugnado que negó las pretensiones de la actora, será confirmado de conformidad con lo anteriormente expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Confírmase la Sentencia de 24 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de FIDUPREVISORA S.A. y negó las pretensiones de la demanda incoada por Agustina Isabel Guzmán Gómez contra la E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(6) Artículo 8º del referido cuerpo normativo.

(7) Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

(8) Artículo 9º.

(9) Posteriormente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 413 de 1980, existió la condición de empleados públicos y funcionarios de la seguridad social.

(10) Corte Constitucional, Sentencia C-453 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) La citada norma establece: Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga”. Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

(12) Consejo de Estado, Sentencia del 1º de julio de 2009. Rad. 2007-1355, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, demandado: Hospital de Caldas.

(13) Referencia: expediente D-4844 Actores: Saúl Peña Sánchez y otros. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(14) Esto es del 26 de junio de 2003 al 25 de mayo de 2006.

(15) Ver folio 30-31

(16) Ver folios 102-103 cuadernos de pruebas.

(17) Ver folios 133 y 135 del cuaderno de pruebas.

(18) Ver folio 228-229.

(19) Ver folio 63 cuaderno de pruebas.

(20) Ver folio 59 cuaderno de pruebas.

(21) Ver folios 6-9 cuaderno de pruebas.

(22) Ver folio 177-181.

(23) Ver folio 6.

(24) Ver folios 70 y 104.

(25) Ver por ejemplo el folio 74.

(26) Ver folio 363.

(27) Ver folio 366.

(28) Ver folio 370.

(29) Ver folio 368.