Sentencia 2007-00809 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Expediente 25000232500020070080901 (04972009)

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Simón Antonio Rodríguez Rodríguez C/ Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal -

Autoridades Nacionales – Fallo-

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cuestión previa

Estima la Sala que a fin de definir el problema jurídico que en esta oportunidad ocupa su atención, se hace necesario puntualizar, que en el escrito de demanda el actor solicita, la reliquidación de su pensión de jubilación en un 75% de lo devengado por un congresista; pero, fundamenta tal petición, en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, que regula el reajuste especial del 50% al que tienen derecho por una sola vez, los parlamentarios pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992. Además, alude al artículo 17 de la referida ley, que autoriza al Gobierno Nacional para establecer el régimen especial de pensiones, reajustes y sustituciones de los parlamentarios.

Luego, en el recurso de alzada aclara, que no pide el reconocimiento del reajuste especial, sino que insta para que se le reliquide la pensión de jubilación en el 75% de lo devengado por un parlamentario, en atención a la homologación legislativa de la que fueron objeto, en materia prestacional, los magistrados de Altas Cortes en relación con los legisladores.

Pues bien, en sentir de la Sala, habida cuenta que la actuación acusada hace expresa referencia a los conceptos de reliquidación pensional y de reajuste especial, además, el libelo introductorio se torna confuso, porque en el mismo se requiere la reliquidación con fundamento en la normativa que regula el reajuste especial, luego, el tribunal decide sobre las dos figuras, y en el recurso de alzada el demandante argumenta, que solo solicita la reliquidación de su pensión; es por lo que, procederá a realizar el análisis jurídico de la posibilidad que le asiste al actor de obtener el reconocimiento de ambos conceptos, estudio para el cual se encuentra por demás habilitada, en consideración a que las dos partes impugnaron el fallo de primera instancia, pudiendo entonces, resolver sin limitaciones el debate judicial planteado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Problema jurídico

Con fundamento en la precisión que antecede, encuentra la Sala que el asunto propuesto en esta oportunidad se contrae a establecer, si al demandante con ocasión de haber laborado como magistrado de Alta Corte, le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación al igual que al reajuste especial, de conformidad con el régimen pensional de los congresistas.

En aras de desatar esta controversia, se torna necesario inicialmente, hacer el recuento y análisis de la normativa que regula la materia, para luego examinar si con fundamento en la misma y en las pruebas aportadas al proceso, le es posible al actor obtener el reconocimiento de los aludidos conceptos.

Del régimen pensional de los magistrados de altas corporaciones de justicia

Se encuentra como referente normativo que regula las prestaciones sociales para el sector público, la Ley 33 de 1985(1), en cuyo artículo 1º dispuso, que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Señaló, que no quedan sujetos a esta regla general, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

También dispuso, que para los empleados oficiales que a la fecha de esta ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuará aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley(2).

Y, en todo caso los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta ley.

Es el Decreto 546 de 1971(3), el que reguló de manera especial el régimen de seguridad y protección social de los servidores de la rama jurisdiccional.

Específicamente, en su artículo 6º determinó, que tanto los funcionarios como los empleados a los cuales se refiere, tienen derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, 50 años, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia del decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación “equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.

Y su artículo 7º ordenó, que si el tiempo de servicio exigido en la anterior disposición, se hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados de la rama administrativa del poder público.

Ahora bien, la Carta Política de 1991, en los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150, atribuyó al Legislador competencia para dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, así como para regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

El legislador ejerció esta atribución mediante la expedición de la Ley 4ª de 1992, en la que señaló al Gobierno Nacional, tal como lo indica el literal c) de su artículo 1º y su artículo 2º, los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los empleados de la rama judicial y de los miembros del Congreso Nacional.

En su artículo 15 determinó, que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, “... tendrán una prima especial de servicios que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere”.

En el artículo 17(4), en términos generales prevé la posibilidad de que el Gobierno establezca un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones para los senadores y representantes, que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas, de la siguiente manera:

“ART. 17.—El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, [durante el último año], [y por todo concepto], perciba el congresista. [Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal](5).

PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que [por todo concepto](6) devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.

Fue así como en ejercicio de dichas facultades, el Presidente de la República, expidió el Decreto 1359 de 1993(7), que estableció el régimen especial de pensiones, reajustes y sustituciones aplicable a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tengan la calidad de senador o representante a la Cámara.

En efecto, dicho decreto en su artículo 1º señaló, que este régimen “en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara”(8).

Los artículos 5º y 6º(9) referentes al ingreso básico para la liquidación de la pensión y al porcentaje mínimo de la misma, respectivamente señalan, que para liquidar las pensiones al igual que los reajustes y las sustituciones, se tendrá en cuenta el ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente incluidos “el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren”(10); liquidación que en ningún caso ni en ningún tiempo puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988(11).

Y, su artículo 7º, definió el derecho a la pensión vitalicia de jubilación, en los siguientes términos:

“ART. 7º—Definición. Cuando quienes en su condición de Senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que [durante el último año] [y por todo concepto](12) devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto.

(...)”.

Por manera, que al parlamentario le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en el 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, cuando en tal condición cumpla con la edad, que ha de entenderse es de 50 años(13) y con el tiempo de servicios de 20 años.

A su turno el artículo 17, hace alusión al reajuste especial, para los senadores y representantes a la Cámara que “... se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992”, por una sola vez, sin que su pensión en ningún caso sea inferior al 50% de la pensión a que tendrían derecho los congresistas en el año 1994. Esta disposición exigía para efecto del reconocimiento, que el ex congresista pensionado no variara tal condición como consecuencia de su reincorporación al servicio público en un cargo distinto al de miembro del Congreso, que hubiere implicado el incremento y reliquidación de su mesada pensional(14). Pero, tal exigencia desapareció con la expedición del Decreto 1293 de 1994 -artículo 7º(15).

En este punto es preciso indicar, que la jurisprudencia de la sección(16) ha considerado, que el reajuste en la mesada pensional contemplado por el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 para los congresistas pensionados antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, de igual manera se debe extender a los ex magistrados de las altas cortes con pensión reconocida antes de entrar en vigor dicha ley, ello en acogimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-975-03(17).

En efecto, la aludida corporación sostuvo, que el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 al contemplar el reajuste especial de la pensión jubilatoria en un 50%, para los ex congresistas pensionados con anterioridad al año 1992, aminoró esa desproporción existente entre aquellos y los parlamentarios pensionados después de la vigencia de la Ley 4ª de 1992.

Situación que no se presenta entre los ex magistrados y los magistrados, en atención a que el Decreto 104 de 1994, no previó esa realidad a la que quedaban expuestos aquellos ex magistrados pensionados antes de la Ley 4ª de 1992, frente a los que obtuvieron el reconocimiento pensional después de su vigencia; lo cual denota una clara desproporción en el trato para ambos, no obstante desempeñar funciones y tener obligaciones similares, divergencia que vulnera el derecho a la igualdad. Y fue por ello que consideró procedente llenar ese vacío normativo mediante la aplicación analógica a los ex magistrados, de esa regla jurídica que regía el reajuste de los ex parlamentarios.

Luego, el Decreto 104 de 1994, reglamentario de la Ley 4ª de 1992, en el artículo 28, expresamente establece que “A los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se les reconocerán las pensiones teniendo en cuenta los mismos factores salariales y cuantías de los senadores de la República y representantes a la Cámara en los términos establecidos en las normas legales vigentes”.

Se resalta, que a partir del año 1995 con la expedición del Decreto 47, la anterior previsión se ha mantenido en los decretos anuales que el Gobierno Nacional ha emitido sobre salarios y prestaciones sociales de la rama judicial.

El aludido Decreto 47 de 1995, en el artículo 28, adicionó la anterior disposición(18), en el sentido de que los magistrados en mención, que a 20 de junio de 1994 desempeñen sus cargos en propiedad en las citadas corporaciones, podrán optar por pensionarse cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios señalados para los congresistas en el parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994(19), que no son otros, que 20 años de servicio y 50 años de edad.

Por su parte la Ley 100 de 1993(20) en el artículo 273 preceptuó, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por sus artículos 36 y 11, podía incorporar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aún a los congresistas.

El gobierno ejerció la facultad de incorporación otorgada, mediante el Decreto 691 de 1994(21), que en el literal b) de su artículo 1º en asocio con el artículo 2º, prescribió que a partir del 1º de abril de 1994, los servidores públicos del Congreso quedaban vinculados al nuevo sistema general de pensiones que fue previsto en la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de lo regulado por el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen y adicionen.

Y en su artículo 2º dispuso, que dicho sistema para los servidores públicos del orden nacional incorporados en virtud de su artículo 1º comenzaba a regir a partir del 1º de abril de 1994.

Análisis de la normativa pensional de los magistrados de altas cortes de justicia

Del examen sistemático de las disposiciones reseñadas en acápite precedente infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad(22), que el régimen pensional que otrora y de manera especial regulaba a los magistrados de las altas cortes, era el contenido en el Decreto 546 de 1971, que exigía para la obtención del derecho a la pensión de jubilación, en el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el último año de servicio; el cumplimiento de 55 años de edad en el caso de los hombres y de 50 años de edad en el de las mujeres al igual que 20 años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto, de los cuales por lo menos 10 años lo hayan sido al servicio exclusivo de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público o de ambos.

Con la expedición de la nueva Carta Fundamental, surge en el panorama normativo la Ley 4ª de 1992, que habilitó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial y de los miembros del Congreso Nacional(23).

Fue así como el Presidente de la República emitió, de un lado, el Decreto 1359 de 1993, que instituyó el régimen especial de los parlamentarios, aplicable a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 —18 de mayo de 1992— ostenten tal calidad, fijando su derecho a la pensión vitalicia de jubilación, en el 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en sus artículos 5º y 6º; disposiciones que por virtud de la integración normativa, deben entenderse con las modificaciones introducidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013; es decir, que como factores de liquidación de la pensión, solo pueden tomarse “aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, además, con un tope pensional de 25 smlmv, desde el 1º de julio de 2013.

Y de otro, profirió el Decreto 104 de 1994, que estableció el régimen salarial y prestacional de la rama judicial, cuyo artículo 28 determina, que a los magistrados de las altas cortes judiciales, les asiste el derecho al reconocimiento de la pensión, teniendo en cuenta los mismos factores salariales y cuantías de los congresistas, que no son otros, que los especialmente determinados en los mencionados artículos 5º y 6º del Decreto 1359 de 1993. De esta suerte, y por homologación entre los regímenes de ambos grupos de funcionarios, se debe incluir en la liquidación de los magistrados de las altas corporaciones, que ven regida su situación pensional por este decreto, como factores salariales, según la referida Sentencia C-258 de 2013 solo “aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, no pudiéndose exceder el tope de la pensión de 25 smlmv, a partir del 1º de julio de 2013.

Significa lo anterior, que desde la emisión de la Ley 4ª de 1992 y por virtud de su Decreto Reglamentario 104 de 1994 y los posteriores decretos anuales de salarios emitidos por el Presidente de la República, la situación pensional de los magistrados de las altas cortes de justicia, siempre que esté regida por esta normativa, y en comunicabilidad con la de los parlamentarios, permite para dichos magistrados, obtener el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, en el 75% del ingreso mensual promedio que perciba el congresista, incluidos como factores salariales solamente los ingresos que hayan recibido efectivamente, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones, además, sujeta a un tope de 25 smlmv desde el 1ºde julio de 2013.

No ocurre lo mismo con los magistrados de las altas corporaciones, que tengan regulada su situación pensional por lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 y en la Ley 33 de 1985; concretamente, aquellos que al amparo del régimen de transición, se rijan por sus disposiciones, pues en razón a que este decreto y esta ley, lógicamente no son reglamentarios de la Ley 4ª de 1992, es dable inferir, que a estos servidores judiciales, de ninguna manera, pueden aplicársele las aludidas restricciones establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, pues esta decisión, encuentra restringido su objeto solo a las pensiones congresionales con origen en la Ley 4ª de 1992 —artículo 17— y por homologación, a las pensiones de los magistrados de las altas cortes de justicia, según el Decreto Reglamentario 104 de 1994 —artículo 28—.

Nótese, que tanto en los regímenes de transición previstos en el Decreto 546 de 1971 como en la Ley 33 de 1985, la historia laboral de cada uno de sus beneficiarios, es sustantivamente distinta a la de aquellos a quienes se reconocen como titulares de la comunicabilidad de regímenes establecida en el Decreto Reglamentario 104 de 1994, que unificó el tratamiento entre los magistrados de las altas corporaciones y los parlamentarios.

En efecto, se encuentra como primera diferencia, que el régimen del referido Decreto Reglamentario 104, supone una historia laboral con comienzo y desarrollo en el cargo de magistrado de Alta Corte, por manera, que no importa su devenir antes de llegar a esa alta corporación. Lo anterior comporta el estudio de la situación particular de cada magistrado, que de enmarcarse en los contornos de este decreto, implica gozar de un privilegio superior y exceptivo, habida cuenta que no encuentra variable en función de los aportes realizados con anterioridad —más de 10 años—, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

El segundo elemento diferenciador se determina, en que la operancia del régimen establecido por el Decreto 546 de 1971, supone un tiempo mínimo de cotización superior a 20 años; lapso que, en términos del principio constitucional de sostenibilidad fiscal, implica la existencia de un trípode de contribuciones por parte del empleador, del trabajador y del Estado.

Y en tercer lugar se tiene, que el Decreto 104 de 1994, establece un régimen que comunica efectos jurídicos, de tal suerte, que las restricciones señaladas por la Sentencia C-258 de 2013, en cuanto a los alcances del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, encuentran plena explicación y vitalidad jurídica dentro del marco del Acto Legislativo 1 de 2005. Lo que no ocurre con los regímenes de transición de que tratan el Decreto 546 de 1971 y la Ley 33 de 1985, que acompañan al servidor aunque ingrese a laborar al interior de una alta corporación, pues según la jurisprudencia, dichos regímenes de transición deben entenderse de manera integral.

Las distinciones advertidas, dentro de la concepción jurisprudencial, permiten entonces inferir particularidades: en el tiempo de aportes a la seguridad social, en el tiempo de servicio ya cumplido antes de la vigencia del sistema general de pensiones e indudablemente en la situación jurídica que se les configura a estos servidores en función del núcleo jurídico que implica el régimen de transición, en tanto este desarrolla los artículos 53 y 58 de la Carta Política.

Además, debe tenerse presente, que el Acto Legislativo 1 de 2005(24) en el primer inciso de su artículo 1º(25), expresamente como principio constitucional determina, que el Estado debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones; lo que significa, que ningún pago pensional puede efectuarse sin que esté asegurado su financiamiento y que la obligación prestacional que se encuentra a cargo del Estado, el empleador y el ciudadano implica, para la entidad pensional, la adopción de las medidas necesarias de carácter financiero a fin de que defina los aportes que son indispensables para asegurar el valor de la mesada pensional; para el beneficiario, la obtención del pago de su mesada actualizada con fundamento en lo efectivamente cotizado, determinado a través del incidente de liquidación de aportes, que se debe adelantar conforme a las reglas del debido proceso; y para el Estado aportante, la transferencia de los fondos necesarios a fin de que esos aportes encuentren financiación, advirtiendo que lo que quede pendiente correrá a cargo de los recursos con los que cuente el tesoro público.

De esta suerte entonces, cuando la obligación pensional en virtud del régimen de transición, encuentre su regulación en el Decreto 546 de 1971 y en la Ley 33 de 1985, los valores prestacionales que como producto de una posterior reliquidación deban reconocerse, luego de la vigencia del referido Acto Legislativo(26), habrán de compensar lo relacionado con su financiación; en otras palabras, ningún pago pensional que comporte regulación a la luz del Decreto 546 de 1971 y de la Ley 33 de 1985 habrá de reconocerse, si no se encuentra debidamente financiado, ello, en aras de la salvaguarda de la sostenibilidad financiera de ese derecho prestacional, que implica por supuesto, la fidelidad para con el sistema.

A lo que debe agregarse, que esta corporación jurisprudencialmente ha determinado en la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes de transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; por manera que, los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida su situación pensional por el Decreto 546 de 1971 y la Ley 33 de 1985, no son aplicables, porque en efecto, son contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (C.P., art. 228 y 230(27) y L. 1437/2011(28), arts. 102 y 269).

Colofón de lo anterior, en la búsqueda del respeto por los regímenes de transición al igual que en aras de la protección a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, quien laboró en calidad de magistrado de una alta corporación habiendo consolidado su status pensional al amparo del Decreto 546 de 1971 y/o de la Ley 33 de 1985, le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión jubilatoria, sin sujeción a las restricciones establecidas por la Sentencia C-258 de 2013, pero, con las limitaciones de que trata el Acto Legislativo 1 de 2005, concretadas en su financiación por parte del Estado, sobre la determinación de los valores efectivamente cotizados por el jubilado, que a su turno deben coincidir con los que determine la entidad pensional respectiva, para efecto del reconocimiento.

Y, los magistrados de altas cortes, que obtienen el reconocimiento pensional según lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 104 de 1994, por el contrario, encuentran sujeta su mesada pensional a las condiciones determinadas por la Sentencia C-258 de 2013, que fueron instituidas con el fin de salvaguardar la equidad y la sostenibilidad del sistema.

Ahora bien, en lo que hace alusión al reajuste especial, habida cuenta la identidad en materia salarial y prestacional, entre parlamentarios y quienes fueron magistrados de altas cortes, igualmente por analogía con el régimen especial de los congresistas, les asiste el derecho a su reconocimiento por una sola vez, de manera que, su pensión alcance un valor equivalente al 50% de la pensión que devengaba un congresista para el año 1994, siempre que el magistrado se haya pensionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992.

Caso concreto

De conformidad con el recaudo probatorio obrante en el proceso, se evidencia que el actor desempeñó labores al servicio de la Gobernación de Bolívar en el nivel administrativo, desde el 1º de octubre de 1952 hasta el 15 de febrero de 1955. (fl. 49 cdno. 2).

Al interior Ministerio de Justicia como mecanógrafo y oficial mayor del Juzgado 3º Laboral del Circuito de Bogotá desde el 13 de diciembre de 1955 hasta el 28 de febrero de 1957. (fl. 48 cdno. 2).

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad ocupó diferentes cargos desde el 23 de febrero de 1962 hasta el 7 de junio de 1964. (fl. 47 cdno. 2).

Laboró como magistrado Grado 21 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde el 17 de noviembre de 1977 hasta el 15 de mayo de 1984. (fl. 45 cdno. 2).

Prestó servicios al Consejo de Estado en calidad de Consejero de Estado entre el 16 de mayo de 1984 y el 7 de noviembre de 1990. (fl. 46 cdno. 2).

Trabajó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia del 8 de noviembre de 1990 al 28 de noviembre de 1991. (fl. 44 cdno. 2).

El último cargo que desempeñó fue en calidad de magistrado de la Corte Constitucional desde el 29 de noviembre de 1991 hasta el 28 de febrero de 1993. (fl. 42 cdno. 2).

El demandante nació el 28 de octubre de 1935 y falleció el 22 de julio de 2012. (fls. 39 cdno. 2 y 228 cdno. ppal.).

Por Resolución 6546 de 12 de julio de 1995, en atención a petición de reconocimiento y pago de pensión que elevó el 28 de julio de 1994; Cajanal ordenó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, en cuantía de $ 1.687.500, efectiva a partir del 1º de marzo de 1993, bajo el entendido que adquirió el status jurídico el 1º de enero de 1992, de acuerdo con las leyes 33 y 62 de 1985 y habida cuenta que “cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 546/71- artículo 6º”, “aplicando el 75% sobre el salario promedio de 1 mes (sic)”. (fls. 62 a 64 cdno. 2).

En fallo de tutela de 19 de junio de 2003, el Juzgado 7º Civil del Circuito de Bogotá, decide tutelar su derecho de petición, en el sentido de que Cajanal en el término de 48 horas contadas desde la notificación de la sentencia, resuelva la petición reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales, presentada el 10 de febrero de 2003, adoptando una posición de fondo, sea negativa o positiva. (fls. 79 y 80, 85 a 89 cdno. 2).

Fue así como por medio de Resolución 13592 de 24 de julio de 2003, la Caja reliquidó la pensión de jubilación del accionante, elevándola a la suma de $ 2.095.290, efectiva a partir del 1º de marzo de 1993, con efectos fiscales desde el 10 de febrero de 2000 por prescripción trienal, en aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985, con el 75% sobre el salario promedio de asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, pero sin tener en cuenta todos los factores salariales. (fls. 98 a 101 cdno. 2).

El 12 de agosto de 2003, el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá concedió la Acción de Tutela como mecanismo transitorio a los derechos al debido proceso, igualdad, seguridad social y petición, de tal modo que la Caja en el término de 48 horas, “revise la liquidación de la mesada pensional, ... teniendo en cuenta el régimen especial ... para magistrados de altas cortes ... y en caso de ser procedente realice la reliquidación de dicha pensión, o en caso contrario informe los fundamentos de la improcedencia de tal reliquidación”. (fls. 92 a 96 cdno. 2).

En la Resolución 21167 de 7 de noviembre de 2003, Cajanal niega “... el reajuste especial”, porque solo se homologan las pensiones de los magistrados con las de los parlamentarios a nivel de reconocimiento y liquidación, más no respecto del reajuste especial, pues el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, se aplica en forma restrictiva a los congresistas que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, sin que indique que el aludido reajuste deba ser aplicado a los magistrados y ex magistrados de las altas cortes. (fls. 110 a 114 cdn. 2).

En virtud de la Resolución 27361 de 31 de diciembre de 2003, la anterior decisión fue confirmada por vía de recurso de reposición, habida cuenta que el actor se encontraba retirado del servicio con anterioridad al 1º de abril de 1994 y la pensión reconocida le ha sido reajustada anualmente de manera oficiosa. (fls. 123 a 128 cdno. 2).

Como consta en la Resolución 8499 de 27 de septiembre de 2004, al desatar el recurso de apelación, se confirmaron las Resoluciones 21167 y 27361 de 2003, porque la pensión recibida por el peticionario para el 1º de enero de 1994, era de $ 2.537.186.66, que es superior al 50% de la pensión a que tienen derecho para dicha fecha los magistrados de las cortes que es de $ 1.702.775.27. (fls. 139 a 143 cdno. 2).

En la Resolución 24050 de 23 de mayo de 2006, se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación que nuevamente presentó el actor el 29 de marzo de 2005, a fin de que se tuviera en cuenta la Sentencia SU-095 de 2003 que contempla el “reajuste especial”; en atención a que el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, no prevé que dicha figura debe ser aplicada a magistrados y ex magistrados de altas cortes. (fls. 146 y 147,149 a 151 cdno. 2).

Mediante la Resolución 5331 de 9 de marzo de 2007, se desató el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución, en el sentido de confirmarla en aplicación del principio de favorabilidad, porque la mesada pensional ya reconocida resulta ser superior a la que se le fuera a reajustar. (fls. 168 a 172 cdno. 2).

De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el actor fungió al servicio de la rama judicial de manera ininterrumpida en calidad de magistrado de tribunal desde el 17 de noviembre de 1977 hasta el 15 de mayo de 1984 y como magistrado de Alta Corte así: del 16 de mayo de 1984 hasta el 7 de noviembre de 1990; desde 8 de noviembre de 1990 al 28 de noviembre de 1991 y del 29 noviembre de 1991 hasta el 28 de febrero de 1993. Además, que el status pensional lo adquirió el 1º de enero de 1992.

Fue así como el 12 de julio de 1995, Cajanal le reconoció su pensión de jubilación, porque cumplía con los requisitos fijados para tal efecto por el Decreto 546 de 1971, de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985.

Luego, el 24 de julio de 2003, le reliquidó la pensión jubilatoria, con efectos fiscales desde el 10 de febrero de 2000 —por prescripción trienal—, en el 75% sobre el salario promedio de asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, pero sin tener en cuenta todos los factores.

Y, cuando nuevamente elevó solicitud, el 29 de marzo de 2005, con miras a la reliquidación con inclusión de todos los factores, en consideración a que había laborado como magistrado de alta corporación, el 23 de mayo de 2006, tal petición le fue negada.

Se tiene entonces, que en este caso en particular, se ventila la situación pensional de un magistrado de Alta Corte, quien el 1º de enero de 1992 adquirió el status pensional; es decir, que por virtud del régimen de transición, encontró regulada su situación por el Decreto 546 de 1971, que no, por la normativa posterior, contemplada en la Ley 4ª de 1992 —vigente desde el 18 de mayo de 1992—, ni por el Decreto Reglamentario 104 de 1994.

Ello significa, de acuerdo con lo visto, que evidentemente le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión jubilatoria en el equivalente 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en su condición de magistrado de Alta Corporación, con la inclusión de todos los factores y sin sujeción a las restricciones determinadas por la Sentencia C-258 de 2013, pero sí, con los condicionamientos a los que hace referencia el Acto Legislativo 1 de 2005, a partir de su vigencia, en aras de la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema pensional.

Lo que a su turno implica, tal como quedó dilucidado en párrafos anteriores, que en la búsqueda de la financiación de esta obligación pensional, de un lado, Cajanal EICE o quien haga sus veces, debe definir los aportes que son indispensables para asegurar el valor de la mesada pensional tal como es reliquidada, y de otro, para los sucesores del causante, la instauración del respectivo incidente de regulación y depuración de aportes, que permita dilucidar los efectivamente realizados, que deben ser actualizados con las fórmulas financieras actuariales aplicadas por esta jurisdicción, a fin de obtener el pago correspondiente, asistiéndole además, al Estado, Nación, rama judicial, el compromiso de transferir los fondos necesarios para financiar dicha obligación.

No sin antes advertir, con relación a la prescripción trienal, que como la última petición de reliquidación fue presentada por el fallecido, el 29 de marzo de 2005, la reliquidación se deberá hacer efectiva a partir del 29 de marzo de 2002.

Y, desde el 25 de julio de 2005, fecha a partir de la cual entró en vigor el Acto Legislativo 1, con el incidente de regulación y depuración de aportes, se procederá a establecer por parte de la demandada, las cotizaciones que actuarialmente era necesario realizar, a fin de evitar la desfinanciación del sistema. Advirtiendo, que en caso de que esos aportes no resulten suficientes para financiar esta mesada pensional objeto de reliquidación, habrá lugar por parte de la entidad a realizar los descuentos respectivos.

Ahora, adentrándose en el campo del reajuste especial, establece la Sala, que al actor no le asiste el derecho a su reconocimiento, en consideración a que como se advirtió, tal figura aplica por analogía para los magistrados de alta corte judicial que se hayan pensionado con anterioridad al 18 de mayo de 1992, y en este asunto se estableció, que aunque consolidó el status pensional el 1º de enero de 1992, lo cierto es, que adquirió la calidad de pensionado, hasta el 12 de julio de 1995, momento en el cual le fue reconocida su pensión jubilatoria por la administración, mediante la Resolución 6546.

De esta suerte, encuentra la Sala, que la decisión del tribunal de negar la reliquidación de la pensión de jubilación del actor y de acceder al reconocimiento del reajuste especial, deberá ser revocada.

Por lo demás, y acorde con lo ilustrado, encuentra la Sala que no puede pasar por inadvertido la absoluta imprecisión de la que adolecen los diversos actos administrativos proferidos por Cajanal EICE, en cumplimiento de las decisiones adoptadas al interior de las acciones de tutela instauradas por el actor, en particular la Resolución 21167 de 2003, que antes que resolver sobre la reliquidación pensional tal como se lo ordenó el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, resolvió “Negar la solicitud de reajuste especial...”. Determinación que fue confirmada en reposición y en apelación por las Resoluciones 27361 de 2003 y 8499 de 2004. Y, ni que decir de la actuación acusada, concretamente las resoluciones 24050 de 2006 y su confirmatoria 5331 de 2007, que debiendo resolver la petición de reliquidación pensional impetrada por el actor, centran su análisis en el reajuste especial.

Indeterminación de la que goza además el libelo introductorio, cuando en el mismo se solicita la reliquidación pensional con fundamento en la normativa propia del reajuste especial; que como quedó visto en análisis que antecede, se constituyen en figuras totalmente incomparables.

Finalmente se previene a la Caja Nacional de Previsión Social —Cajanal EICE— o a quien haga sus veces, en el sentido de que ante el deceso del demandante, que se encuentra debidamente acreditado al interior del expediente a folios 228, se debe tener en cuenta como sucesores procesales a su cónyuge sobreviviente la señora Betssy Wilches Bautista, según registro civil de matrimonio de folios 236 y a sus hijos los señores Simón Joaquín Rodríguez Wilches y Andrés Rodríguez Wilches, como consta a fls. 230 y 232 cdno. ppal.).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de agosto de 2008, que negó parcialmente las pretensiones de la demanda promovida por el señor Simón Antonio Rodríguez Rodríguez (qepd) contra la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal EICE-. En su lugar dispone:

2. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 24050 de 23 de mayo de 2006 y de su confirmatoria, la Resolución 5331 de 9 de marzo de 2007, en cuanto negaron la reliquidación de la pensión de jubilación del actor, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE.

3. En consecuencia, se ordena a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE- o a quien haga sus veces, proceda a efectuar la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Simón Antonio Rodríguez Rodríguez (qepd), en el 75% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios en calidad de Magistrado de Alta Corte, con la inclusión de todos los factores, efectiva a partir del 29 de marzo de 2002 por prescripción trienal y con observancia de las limitantes a las que alude el Acto Legislativo 1 de 2005 desde el 25 de julio de 2005, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. NIÉGASE el reajuste especial, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de este proveído.

5. De ser actuarialmente indispensable, ordénese a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, la concreción del incidente de regulación y depuración de aportes correspondiente.

Reconócese a la abogada Alida del Pilar Mateus Cifuentes como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Alfonso Vargas Rincón

Luis Rafael Vergara Quintero

Ref.: 497-09

Actor: Simón Antonio Rodríguez Rodríguez C/ Canajal

Problema jurídico: Reliquidación pensión de jubilación y reajuste especial en régimen de congresistas, de quien laboró como Magistrado de Alta Corte en forma ininterrumpida entre 1984 y 1993.

Labor como magistrado de Alta Corte:

— Consejero de Estado: 16 de mayo de 1984 a 7 de noviembre de 1990.

— Magistrado titular Corte Suprema de Justicia: 8 de noviembre de 1990 a 28 de noviembre de 1991.

— Magistrado titular Corte Constitucional: 29 de noviembre de 1991 a 28 de febrero de 1993.

Decisión: Tiene derecho a la reliquidación en régimen de congresistas, porque ostentó la calidad de magistrado de Alta Corte entre el 29 de noviembre de 1991 hasta 28 de febrero de 1993, es decir, que a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 —18 de mayo de 1992—, ejerció la actividad judicial.

No tiene derecho al reajuste especial, porque fue pensionado el 12 de julio de 1995, es decir, después de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 —18 de mayo de 1992—.

Se REVOCA la decisión del tribunal que negó la reliquidación y concedió el reajuste especial.

(1) Ley 33 de 29 de enero de 1985 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público”, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en su artículo 14.

(2) Se resalta que la Ley 33 de 1985, según lo señala su artículo 25, rige a partir de su sanción, el 29 de enero de 1985.

(3) Decreto 546 de 16 de junio de 1971 “Por el cual se establece el régimen de seguridad social de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.

(4) En la Sentencia C- 608 de 23 de agosto de 1999, la Corte Constitucional declaró exequible en forma condicionada el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, considerando que el trato especial para los congresistas en cuanto a su remuneración, tiene origen en el artículo 187 de la Carta Política, por lo que para el mismo constituyente no resulta indebido que para ellos se establezca en consideración a su función, un régimen diferente al general aplicable a los demás servidores públicos. Estimó además, que mientras el legislador no consagre disposiciones desproporcionadas o contrarias a la razón, puede prever regímenes especiales en material salarial y prestacional, como el de senadores y representantes que “encuentra justificación en la función atribuida a los miembros del Congreso, en su obligatoria dedicación exclusiva y en la alta responsabilidad que les corresponde, así como en el estricto régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución”.

(5) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(6) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. Magistrado ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(7) Decreto 1359 de 13 de julio de 1993 “Por el cual se establece un régimen especial de pensiones así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la cámara”.

(8) La Ley 4ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial Nº 40451.

(9) Se resalta que estos artículos sufrieron modificaciones, en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; por manera, que del artículo 5º se debe excluir la dicción “ultimo año que por todo concepto” y del artículo 6º se deben suprimir los vocablos “durante el último año” y “por todo concepto”.

(10) Al respecto debe tenerse en cuenta, que como factores de liquidación de la pensión, solo pueden tomarse “aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto” contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y en consideración a que condicionó la exequibilidad del resto de dicha norma bajo ese entendido.

(11) Ley 71 de 1988. Artículo 2º “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.

(12) Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; lo que significa, que de su texto se deben excluir las locuciones “durante el último año” y “por todo concepto”.

(13) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003. Expediente 3054-2002. Consejero Ponente Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado; Sentencia de 12 de febrero de 2009. Expediente 1732-2008. Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez; Sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.

(14) La razón de ser del establecimiento de este requisito indispensable tiene origen en razones de equidad y justicia, que se traducen en la búsqueda del mejoramiento de la manifiesta desproporción existente entre el monto de las pensiones de los congresistas jubilados antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 y los mismos servidores que acceden a la pensión con posterioridad a dicha ley. En este sentido consultar Sentencia de la Sección de 4 de septiembre de 2008. Expediente 2327-2007. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve.

(15) Artículo 7º. “Reajuste especial. Los senadores y representantes que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tendrán derecho a un reajuste en su mesada pensional, por una sola vez, de tal manera que su pensión alcance un valor equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales congresistas.// El valor de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas será del 75% del ingreso base para la liquidación pensional de los congresistas a que se refiere el artículo 5º del decreto 1359 de 1993. // Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1º de abril de 1994. El Gobierno Nacional incluirá las respectivas partidas en el proyecto de la ley anual de Presupuesto correspondiente a la vigencia de 1994”.

(16) Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 4 de agosto de 2010. Expediente 8418-05. Actor: Gustavo Salazar Tapiero. Consejero Ponente doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila. Además, Sentencia de 27 de septiembre de 2007. Expediente 4808-05. Actor: Jorge Dangond Flórez. Consejera Ponente doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez; Sentencia de 7 de febrero de 2008. Expediente 4643-05. Actor: Emilia Castilla de Castilla. Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia de 4 de septiembre de 2008. Expediente 2327-07. Actor: Martha Gilma Henao de Montoya. Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve; entre otras.

(17) Corte Constitucional. Sentencia SU - 975 de 23 de octubre de 2003. M.P Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

(18) La referida adición se reprodujo en el artículo 28 del Decreto 34 de 1996 y en el artículo 25 de los Decretos 47 de 1997 y 65 de 1998. En el artículo 25 del Decreto 43 de 1999, fue suprimida la exigencia temporal y de ahí en adelante no se contempló en el artículo 25 de los Decretos 2739 de 2000, 1474 de 2001, 2724 de 2001, 682 de 2002 y 3568 de 2003. Para el año 2004, en el Decreto 4171, no se consagró la preceptiva en los términos antes reseñados, sino que se retomó el artículo 26 del Decreto 43 de 1999, según el cual “El monto de las cotizaciones para el sistema general de pensiones de los magistrados y de los procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que se encuentren en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, será el establecido para los Senadores y Representantes en el literal a) del artículo 6º del Decreto 1293 de 1997 calculado sobre el ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Magistrados, en el entendido de que el setenta y cinco por ciento (75%) del aporte corresponderá al empleador y el veinticinco por ciento (25%) restante al servidor”.

(19) Destaca la Sala que el Decreto 1293 de 1994 en concordancia con lo establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, estableció el régimen de transición de los congresistas, de empleados del Congreso y del Fondo de Previsión Social del Congreso -Fonprecon.

El parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994 dispone que “El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también para aquellos senadores y representantes que durante la legislatura que termina el 20 de junio de 1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al cumplir antes de dicha fecha, veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad. En cuanto a la edad de jubilación se aplicará lo dispuesto en el literal b) del artículo 2º del Decreto 1723 de 1964, es decir que tales congresistas, una vez cumplido el tiempo de servicios aquí previsto podrán obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad de cincuenta (50) años”.

(20) Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley empezó a regir el 1º de abril de 1994.

(21) Decreto 691 de 29 de marzo de 1994 “Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones”.

(22) Sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. Actor: Ricardo Calvete Rangel. Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(23) Que como líneas atrás se indicó, en la Sentencia C-258 de 2013, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en las expresiones “durante el último año y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso de su artículo 17 y la expresión “por todo concepto” contenida en su parágrafo.

(24) Vigente desde la fecha de su publicación, como lo ordena su artículo 2º, en el Diario Oficial Nº 45.980 de 25 de julio de 2005.

(25) Acto Legislativo 1 de 2005. Artículo 1º. “Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.

(26) Vigente como se indicó a partir del 25 de julio de 2005.

(27) Constitución Política. Artículo 228. “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.

Constitución Política. Artículo 230. “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. // La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

(28) Ley 1437 de 2011. Artículo 102. “Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismo supuestos fácticos y jurídicos. (...)”.

Ley 1437 de 2011. Artículo 269. “Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardo silencio en los términos del artículo 102 de este Código, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. (...)”.