Sentencia 2007-00838 de abril 16 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00838-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Wilson Ricaurte Vega

Bogotá, D. C., dieciséis de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Vistos los cargos formulados por la entidad demandada y el actor en los recursos de apelación respectivamente, la controversia se contrae a determinar si atendidas las circunstancias del caso presente, podía la DIAN considerar que los documentos soporte no corresponden con la operación de comercio exterior declarada, a la luz del artículo 502 numeral 1.25 del Decreto 2685 de 1999, atendiendo el error en el número de cédula del importador y, por otro lado, si había lugar al reconocimiento del pago de los perjuicios causados al actor, a título de daño emergente y lucro cesante, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la nulidad de los actos acusados.

Primero cargo. Legalidad de la causal de aprehensión y decomiso invocada en los actos acusados.

Mediante Acta 982 de 27 de octubre de 2006, funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN —Administración Barranquilla— aprehendieron una mercancía consistente en “relojes”, porque el número de la cédula de ciudadanía del importador, anotada en las Declaraciones de Importación 0220060000133260-6(6), 02206000133263-8(7), 0220006000133256-6 y demás documentos soporte, no coincide con el número que reposa en la Registraduría Nacional del Estado Civil; por lo que se considera que los documentos soporte no corresponden con la operación de comercio exterior declarada, de conformidad con el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

El 15 de diciembre de 2006, la Jefe del Grupo de Infracciones de la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN profirió la Resolución 3141 de 2006, por la cual ordenó el decomiso de la mercancía relacionada en el Acta de Aprehensión Nº 982 FISCA del 27 de octubre de 2006, porque la cédula del importador no coincide con el número que reposa en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que se considera que los documentos soporte no corresponden con la operación de comercio exterior declarada, de conformidad con el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

El artículo 502, numeral 1.25, del Decreto 2685 de 1999 dispone:

“ARTICULO 502. Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(…)

1.25 “Numeral adicionado el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:” Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa.

“Inciso adicionado por el artículo 6 del Decreto 3555 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:” Tratándose de documentos soporte, cuando se encuentre que los mismos no corresponden a los originalmente expedidos, o se encuentren adulterados o contengan información que no se ajuste a la operación de comercio exterior declarada. (…)” (negrilla fuera de texto).

De la norma transcrita se infiere la existencia de dos supuestos fácticos para que se configure la causal de aprehensión y decomiso de las mercancías, a saber: (i) cuando la autoridad aduanera dentro de los procesos de control posterior, determina que los documentos soporte presentados, no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o (ii) la no presentación en debida forma de los documentos soporte que acreditan que los bienes no se encuentran incursos en restricción legal o administrativa.

Según el artículo 87 del Decreto 2685 de 1999, la obligación aduanera nace con la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional y comprende: i) la presentación de la declaración de importación; ii) el pago de los tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar; iii) la obtención y conservación de los documentos que soportan la operación y su presentación cuando los requiera la autoridad aduanera; iv) la atención de las solicitudes de información y de pruebas y v) el cumplimiento de las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes (D. 2695/99, art. 87)

Dentro de este contexto, la Administración de Aduanas ostenta la potestad para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías hacia y desde el territorio aduanero nacional. Dicha potestad se materializa a través de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 469 del mismo decreto, en concordancia con el artículo 429 de la Resolución 4240 de 2000, de la DIAN(8).

Las facultades de fiscalización constituyen medios eficaces para verificar el cumplimiento de la obligación aduanera a través de las declaraciones que presentan los obligados y el pago de los tributos aduaneros para así conseguir el propósito recaudatorio que la caracteriza, lo que implica realizar las investigaciones y los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera, simultáneamente con las operaciones de comercio exterior o mediante fiscalización posterior.

El artículo 470 del referido Decreto 2685, autorizó a la Administración de Aduanas para “efectuar todas las diligencias y practicar las pruebas necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos aduaneros y la aplicación de las sanciones a las que haya lugar”; es decir, le otorgó a la autoridad aduanera la competencia para verificar la exactitud de las declaraciones de importación y sus soportes, con el fin de detectar situaciones que impliquen un menor valor de los tributos aduaneros.

Las actuaciones de fiscalización pueden ser posteriores a la operación de comercio exterior y con ello se busca que los usuarios cumplan las disposiciones aduaneras, pues permiten advertir infracciones al régimen aduanero o errores en el diligenciamiento de las declaraciones de importación, relacionadas con los bienes importados, en cuanto a su naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos, régimen aduanero y tratamiento tributario aplicable; así mismo, errores en la información relacionada con el proceso de importación o percibidos durante la inspección aduanera, física o documental, que se haya realizado(9).

Es de anotar que la naturaleza del control posterior permite que el análisis de las mercancías pueda hacerse luego de su levante(10), para así procurar que la operación de comercio exterior se ajuste a las disposiciones aduaneras.

Lo anterior, porque a través de las diligencias de fiscalización posteriores al levante, la autoridad aduanera puede concluir que ciertamente ocurrieron infracciones al régimen, o errores en la declaración; de allí el deber legal de conservar la documentación del proceso de importación, al cual aluden los artículos 26 (f), 32 (e), 87, 121, 138, 141, 167, 171, 190 y 203 (7) del Decreto 2685 de 1999.

Está probado en el expediente que en ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración y del control posterior al levante de la mercancía, el 27 de octubre de 2006 funcionarios de la DIAN aprehendieron una mercancía consistente en “relojes”, porque el número de la cédula de ciudadanía del importador anotada en las Declaraciones de Importación 0220060000133260-6(11), 02206000133263-8(12), 0220006000133256-6 y demás documentos soporte, no coincide con el número que reposa en la Registraduría Nacional del Estado Civil; por lo que se consideró que los documentos soporte no corresponden con la operación de comercio exterior declarada, de conformidad con el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (fls. 51-58).

En efecto, en las Declaraciones de Importación Nos. 02200600001332606/566/638 presentadas a nombre de Wilson Ricaurte Vega, aparece el número de cédula 91.288.456 (fls. 111-113).

Asimismo, consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla expedido el 4 de octubre de 2006 que el señor WILSON RICAURTE VEGA es propietario del establecimiento de comercio INVERSIONES RICAURTE VEGA, cuya actividad comercial es la “importación, exportación de bienes de capital, mercancías en general, distribución y comercialización de los mismos”, con número de la cédula de ciudadanía 91.288.456 y número de identificación tributaria 91.288.456-2 (fl. 106).

Al responder el oficio realizado por la Policía Judicial de Cartagena en el que le pregunta a la Registraduría Nacional de Estado Civil acerca de informar “el número de cédula de ciudadanía Nº 91.288.456, a qué ciudadano corresponde tal número de identificación” (fl. 108), la Registraduría respondió el 17 de octubre de 2006, que dicho número pertenece al señor ESPINOSA GELVEZ OSCAR (fl. 109).

El 7 de noviembre de 2006 el Coordinador del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que “consultado el archivo nacional de identificación (ANI), se confirmó que a nombre del señor (a) WILSON RICAURTE VEGA se expidió el 30 de mayo de 1991 la cédula de ciudadanía número 91.288.455 en Bucaramanga - Santander, documento cuyo estado a la fecha es vigente” (fl. 143).

El 10 de noviembre de 2006, la DIAN expidió un nuevo formulario del Registro Único Tributario donde consta que la cédula y el NIT correspondiente al señor WILSON RICAURTE VEGA e INVERSIONES RICAURTE VEGA respectivamente es 91.288.455-5 (fl. 144).

En la misma fecha, el Secretario de la Cámara de Comercio de Barranquilla certificó que WILSON RICAURTE VEGA con cédula de ciudadanía 91.288.455 y con NIT 91.288.455-5, se encuentra registrado en dicha cámara desde el 29 de abril de 2005 y es propietario del establecimiento de comercio INVERSIONES RICAURTE VEGA, cuya actividad comercial es la “importación, exportación de bienes de capital, mercancías en general, distribución y comercialización de los mismos”.

Lo anterior demuestra que en efecto se presentó un error en el último dígito del número de la cédula de ciudadanía del señor WILSON RICAURTE VEGA, pues en las Declaraciones de Importación se hizo referencia al número de cédula de ciudadanía 91.288.456 y, posteriormente, fue corregido por el número 91.288.455.

El artículo 43 de la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 43. Corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones y recibos de pago. Cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, y demás declarantes de los tributos se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en el concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable; estos se podrán corregir de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por declarar. Bajo estos mismos presupuestos, la Administración podrá corregir sin sanción, errores de NIT, de imputación o errores aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte relevante para definir de fondo la determinación del tributo o la discriminación de los valores retenidos para el caso de la declaración mensual de retención en la fuente. La corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, modificando la información en los sistemas que para tal efecto maneje la entidad, ajustando registros y los estados financieros a que haya lugar, e informará de la corrección al interesado. La declaración, así corregida, reemplaza para todos los efectos legales la presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, si dentro del mes siguiente al aviso el interesado no ha presentado por escrito ninguna objeción” (subraya la Sala).

De acuerdo con el texto de la norma, para que prevalezca la verdad real sobre la formal, los contribuyentes o responsables de las obligaciones tributarias podrán corregir los errores o inconsistencias que se detecten en los formularios correspondientes sin que genere sanción, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor a declarar.

Llama la atención de la Sala, que la DIAN haya considerado que el error o inexactitud respecto del número de la cédula del importador, constituya un supuesto de la causal de aprehensión y decomiso, consistente en que los documentos soporte presentados no correspondan con la operación de comercio exterior declarada, cuando la misma doctrina de la autoridad aduanera ha precisado que “la presentación de documentos con errores o inexactitudes de tipo formal no están tipificadas como sanción en la legislación aduanera(13), como si lo está la presentación de documentos con errores o inexactitudes que conlleven al incumplimiento de un requisito legal, debiendo para el efecto, remitirse a las disposiciones aduaneras o de comercio exterior o de otra índole que sean pertinentes al documento correspondiente a efectos de sustentar el requisito que se considera incumplido al presentar un documento soporte en dicho estado (…)”(14).

Para la Sala, la causal de aprehensión y decomiso que se discute ocurre cuando se incurre en errores en el diligenciamiento de las declaraciones de importación, relacionadas con los bienes importados, en cuanto a su naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos, régimen aduanero y tratamiento tributario aplicable; así mismo, errores en la información relacionada con el proceso de importación.

El error o la inexactitud en el número de la cédula del importador, no conlleva el incumplimiento de una norma aduanera y menos constituye un error relacionado con la mercancía importada o un error en la información relacionada con el proceso de importación, sino que se trata de un error formal que podía ser subsanado en el transcurso del proceso por el actor o verificarse por parte de la autoridad aduanera, como en efecto, no ocurrió.

De conformidad con lo señalado en los numerales 6º y 9º del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999(15) y ante el error en el número de la cédula anotado en las declaraciones de importación y en los documentos soporte de la operación aduanera, la DIAN debió darle la oportunidad al importador para corregirlo, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa del administrado y los principios que deben existir en todas las actuaciones administrativas.

Cabe precisar que la Sala en sentencia de 31 de julio de 2014(16), se pronunció sobre el contenido, elementos y características del derecho al debido proceso, tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas y, en tratándose de la potestad sancionatoria de la Administración, destacó la necesidad de ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. Dijo la Sala:

“Cabe señalar que la Jurisprudencia Constitucional se ha pronunciado de manera amplia y reiterada sobre el contenido, elementos y características del derecho al debido proceso, tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas. Específicamente, en materia administrativa, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados.

En la Sentencia C- 089 de 2011(17), esa Corporación expuso:

“Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho.(18) En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares(19)” (resaltado fuera del texto).

Dentro del examen del artículo 29 Constitucional(20), posee especial relevancia el principio de la contradicción, que le impone a las Autoridades Públicas la obligación de admitir la controversia de todas las situaciones que surgen en la actuación administrativa, principalmente las que tiene que ver con los medios de prueba(21).

Al respecto, la Jurisprudencia de la Corporación ha indicado que para adoptar una decisión administrativa, la Autoridad respectiva debe brindar las garantías necesarias y pertinentes a los interesados, de conformidad con lo consagrado en el artículo 35 del Decreto 01 de 1984 (CCA)(22), lo que implica una motivación no solo jurídica de las razones de la decisión, sino fáctica, en relación con las pruebas que le sirvieron de sustento(23).

Y, en tratándose de la potestad sancionatoria de la Administración, la Jurisprudencia de la Corporación ha destacado su importancia para el cumplimiento de los fines estatales, así como su necesidad de ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. En tal sentido, se refirió la Sección Tercera al señalar que:

“En este sentido, la Sala resalta la importancia histórica de la potestad sancionadora de la Administración (...), pues en ella se sustenta la imposición de las multas (...) que el legislador ha estimado necesarias para alcanzar los objetivos del Estado. Pero, de igual forma, se recuerda que su correcto ejercicio exige observar el derecho al debido proceso, según se ha dicho en otras ocasiones. Asimismo hay que agregar, que se debe observar el principio de proporcionalidad(24), en el cual se debe apoyar el servidor público, y eventualmente el Juez, para imponer una sanción”(25) (Resaltado fuera del texto).

Sobre este asunto en particular, también la Corte Constitucional ha expresado que la potestad sancionatoria de la Administración: (i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso”(26).

Según lo expuesto, advierte la Sala que los hechos acaecidos en el caso objeto de la aprehensión y decomiso a través de los actos acusados, no se adecuan a la hipótesis prevista en la norma, puesto que si bien es cierto existió un error en el número de la cédula del importador de la mercancía, esto no significa que se hubieran presentado documentos soporte que no correspondían a la operación de comercio exterior declarada. El simple error en la digitación de un número de la cédula de ciudadanía, no puede tener el alcance que le dio la DIAN como si la operación de comercio exterior no hubiera estado debidamente soportada.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada.

Segundo cargo. Reconocimiento y pago de perjuicios a título de daño emergente y lucro cesante.

El actor solicita se revoque el numeral 4º de la sentencia de primera instancia, relacionado con el pago de los perjuicios económicos (daño emergente y lucro cesante), costas, agencias en derecho y demás gastos causados, toda vez que las pruebas que obran en el proceso demuestran el agravio injustificado y el daño patrimonial que la DIAN le ha causado.

Precisa que de conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, en el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia se solicitó la práctica de una prueba pericial, con el fin de establecer la cuantía de los perjuicios ocasionados al actor y el Tribunal omitió pronunciarse al respecto, por lo que resulta inadmisible que en el fallo recurrido se argumente la falta de prueba de los perjuicios económicos para no reconocerlos.

Para resolver se considera:

De conformidad con el artículo 85 del C.C.A., “toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.

Si bien es cierto que la DIAN ocasionó un daño al Administrado con la aprehensión y decomiso de la mercancía, también es cierto que la carga de la prueba del mismo la tiene siempre el actor y que las facultades oficiosas del juez en materia probatoria no están previstas para liberar a aquél de dicha carga o para suplir su omisión frente a ella, toda vez que de hacerlo puede afectar la igualdad de las partes en el proceso y su propia imparcialidad.

En relación con el tema probatorio en las acciones ordinarias instauradas ante la jurisdicción contencioso administrativa, se advierte que el mismo fue objeto de regulación en los artículos 168, 169 y 209 del Código Contencioso Administrativo. Adicionalmente, se advierte que el artículo 168 en mención, en relación con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlos y criterios de valoración, dispone que son aplicables los preceptos normativos contenidos en el Código de Procedimiento Civil para tal efecto, eso sí, siempre que resulten compatibles con las normas del Código Contencioso Administrativo.

Respecto de la oportunidad probatoria en la vía jurisdiccional, el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo es expreso cuando ordena:

“Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al Tribunal competente y contendrá: (…) 5º: La petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer” (negrilla fuera de texto)

En concordancia con la norma transcrita, el artículo 209 ibidem expone:

“Artículo 209. Período Probatorio: (Subrogado D. 2304/89, art. 48). Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las partes las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas se fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede. Estos términos se contarán desde la ejecutoria del auto que las señale” (negrilla fuera de texto).

Observa la Sala que el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante Auto de 30 de marzo de 2009 (fl. 96) en cumplimiento de la norma transcrita, ordenó abrir el proceso a pruebas por el término de treinta (30) días, y tener como pruebas los documentos allegados con la demanda y la contestación.

Si bien es cierto que el actor solicitó la práctica del dictamen pericial en el escrito de los alegatos de conclusión de primera instancia, también es cierto que esta no era la etapa procesal para solicitarlo, pues según las normas transcritas, la etapa procesal para hacerlo era en la demanda.

Es pertinente traer a colación la orden impartida por los artículos 183 del Código de Procedimiento Civil, parágrafo; 212 y 214 del Código Contencioso Administrativo, cuando expresan:

“Artículo 183. Oportunidades Probatorias. Para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en éste código. (….) Parágrafo: En todos los procesos, las partes de común acuerdo podrán antes de que se dicte sentencia de primera instancia, realizar los actos probatorios previstos en los numerales 1º, 2º, 3º y 7º del artículo 21 del Decreto 2651 de 1991”.

“212 C.C.A.: Apelación de las sentencias. (Subrogado D. 2304/89, art. 51). En el Consejo de Estado el recurso de Apelación de las Sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento: (….) Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que solo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (10) días”.

A su vez, el aludido artículo 214 ibídem preceptúa:

“Artículo 214. Pruebas en Segunda Instancia: Cuando se trate de Apelación de Sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1) Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 2) Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar éstos hechos; 3) Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 4) Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.

En el caso presente, es evidente que no se está frente a ninguno de los casos taxativamente señalados para el decreto e incorporación de pruebas en la segunda instancia del proceso contencioso; dicha razón es suficiente para no decretar la práctica del dictamen pericial aludido por el demandante, además porque resultaría violatorio del artículo 29 de la Constitución Política, dado que frente a las mencionadas pruebas no tuvo oportunidad de pronunciarse el a quo, ni ejercer el derecho de defensa que por ley le corresponde la entidad demandada, por lo que no procede el citado cargo.

Se impone pues, confirmar la sentencia proferida por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 2 de septiembre de 2009 del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(6) Certificado Coordinador Grupo Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

(7) Certificado de Matrícula de Persona Natural de Cámara de Comercio de Barranquilla.

(8) “ARTÍCULO 429. Fiscalización aduanera. Es la facultad que tiene la autoridad aduanera para adelantar las investigaciones, desarrollar los controles, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas aduaneras a los importadores, exportadores, declarantes y demás usuarios y auxiliares de la función aduanera, y en general, para verificar la legal introducción de mercancías al territorio aduanero nacional”.

(9) La inspección puede hacerse físicamente, cuando implica el reconocimiento de mercancías, y documentalmente, cuando se hace con base en la información de la declaración y los documentos que la soportan (D. 2685/99, arts. 1º y 126).

(10) Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar (D. 2685/99, art. 1º), y procede en los casos señalados en el artículo 128 ibídem, o con posterioridad al requerimiento especial aduanero, en los términos del artículo 129 ejusdem.

(11) Certificado Coordinador Grupo Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

(12) Certificado de Matrícula de Persona Natural de Cámara de Comercio de Barranquilla.

(13) Concepto 096 de 28 de febrero de 2001.

(14) Concepto 0097 de 19 de octubre de 2005.

(15) “ARTÍCULO 128. Autorización de levante.

“Artículo modificado por el artículo 13 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:” La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos:

6. Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, presente Declaración de Corrección en la cual subsane los errores que impiden el levante y que constan en el acta de inspección elaborada por el funcionario competente, o constituye garantía en debida forma en los términos y condiciones señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En estos eventos no se causa sanción alguna. El término previsto en este numeral será de treinta (30) días, siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, si la corrección implica acreditar, mediante la presentación de los documentos correspondientes, el cumplimiento de restricciones legales o administrativas. (…)

9. Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se establezca la falta de alguno de los documentos soporte, o que estos no reúnen los requisitos legales, o que no se encuentren vigentes al momento de la presentación y aceptación de la declaración, y el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes los acredita en debida forma. (…)”.

(16) Expediente: 2010-00541, M. P. María Elizabeth García González, Actora: M.V. Automóviles & Cía. Ltda.

(17) M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

“(18) Sobre estos temas consultar, entre otras, las sentencias T-442 de 1992, T-120 de 1993, T-020 y T-386 de 1998, T-1013 de 1999, T-009 y T-1739 de 2000, T-165 de 2001, T-772 de 2003, T-746 de 2005 y C-1189 de 2005”.

“(19) Ver sentencias T-391 de 1997 y T-196 de 2003, entre otras”.

(20) “ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(21) Sobre este principio, Santofimio Gamboa Jaime Orlando (2003). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Universidad Externado de Colombia, expuso: “Quiso el constituyente colombiano que toda decisión tendiente a producir efectos jurídicos debía contener los fundamentos probatorios suficientes que le permitan válidamente nacer a la vida jurídica. Este principio garante de los derechos de los ciudadanos tiene su consagración en el artículo 29 de la Constitución Política... y desarrollo legal, desde el punto de vista de las actuaciones administrativas, en los artículos 3º, 35 y 36 del C.C.A. (...). El principio de contradicción, por su parte, le reitera a las autoridades públicas la obligación que tienen de admitir la controversia de todas aquellas situaciones fácticas en que se encuentran vinculados los particulares. Es decir, el principio de contradicción resulta de la esencia misma del proceso administrativo, la evaluación y opinión de las partes sobre el alcance de los medios de prueba, significa que todas aquellas pruebas que en consideración de una de las partes interesadas resulten valiosas para su defensa, no pueden ser rechazadas unilateralmente”.

(22) Norma aplicable al caso concreto y derogada por la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

(23) Ver providencia de 26 de marzo de 2009, Expediente 2001-01273, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

“(24) El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración —así como el ejercicio del ius puniendi del Estado en cualquier materia y por cualquier entidad—, exige la obligatoria observancia y aplicación de diversos principios, entre los cuales se encuentra el principio de legalidad, el de tipicidad de la conducta y el de proporcionalidad, entre otros. Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto: ‘5.1.2. En la doctrina se postula, así mismo, sin discusión que la administración o las autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explícita en los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso —régimen disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias— (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta), de proporcionalidad o el denominado non bis in idem’ (C.C. Sent. C-827/2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis)”.

(25) Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Expediente 1996-02081-01, C. P. Enrique Gil Botero.

(26) Ver Sentencia C-506 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.