Sentencia 2007-0084 de octubre 9 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. interna 2007-0084

Rad. 07001233100020070008401

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Actor: William Mauricio Naranjo Duarte

Demandado: Luis Emilio Tovar Bello

Apelación sentencia

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «1.1. La demanda.

El demandante, en su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad electoral, solicitó: 1) que se declare la nulidad de la elección del demandado como diputado a la asamblea departamental de Arauca para el período 2008 a 2011; 2) que se ordene cancelar la credencial que identifica al demandado como diputado, y 3) que se ordene a la organización electoral que llame a ocupar la curul del demandado al candidato no elegido de su lista electoral que siga en orden descendente de votos.

Para sustentar la demanda afirmó que Luis Emilio Tovar Bello se inscribió como candidato a la asamblea departamental de Arauca por el Partido Cambio Radical; que su hermano Camilo Leonardo Tovar Quenza se inscribió como candidato al concejo municipal de Arauca por el mismo partido, y que ambos fueron elegidos en los comicios realizados el 28 de octubre de 2007. Consideró violado el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 en cuanto prohíbe que se inscriba como candidato a diputado o se elija como tal “quien este vinculado entre sí por... parentesco dentro del tercer grado de consaguinidad... y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha” (fls. 1 a 8).

(...).

2. Consideraciones.

2.1. Competencia.

Esta sección del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia por mandato de los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, por tratarse de la nulidad electoral de diputado a la asamblea departamental.

2.2. Cuestión previa.

Esta corporación sostiene que si bien el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, dispuso que en los procesos contencioso administrativos solo se pueden proponer excepciones de fondo, los hechos que constituyen las excepciones previas a que se refiere el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser invocados conforme al artículo 143 del Código Contencioso Administrativo (modif. por la L. 446/98, art. 45) como fundamento de los recursos interpuestos contra el auto admisorio de la demanda, sin perjuicio de que si se interponen como excepciones deban estudiarse y decidirse en la sentencia como impedimentos procesales (1) .

El demandado propuso la excepción que denominó “inepta demanda por ausencia de formalidades” y la sustentó con el argumento de que en el libelo no se señaló la dirección en que el demandado podía ser notificado. La circunstancia anotada se adecua a la excepción previa establecida en el numeral 7º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se estudiará a continuación como un impedimento procesal para proferir sentencia de fondo.

El impedimento en estudio surge cuando el actor no señala la dirección del demandado y como consecuencia de ello este no se notifica del auto admisorio de la demanda y no ejerce su derecho de defensa.

Para la Sala es claro que el impedimento planteado no puede prosperar porque el actor antes de que se admitiera la demanda aportó un escrito en el que indicó la dirección en que podía ser notificado el demandado (fl. 52) y este, por apoderado, se notificó en forma personal, contestó la demanda oportunamente (fls. 80-90) y ejerció a plenitud su derecho de defensa al presentar alegatos de conclusión en ambas instancias (fls. 165-188 y 198-300) e interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fls. 239-256). Por lo expuesto, el impedimento propuesto no prospera.

El demandado propuso otras excepciones que no corresponden a impedimentos procesales sino a razones de defensa referidas al fondo de la litis, razón por la cual la Sala las estudiará junto con los cargos de la demanda.

2.3. Estudio de fondo de los cargos.

El actor sostuvo que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad prevista por el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 (2) , que prevé:

“De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...).

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha ” (negrillas y subrayas fuera del texto).

Para que se configure la inhabilidad resaltada en la norma transcrita deben acreditarse los siguientes supuestos: (i) el parentesco; (ii) que los parientes se inscriban como candidatos por el mismo partido o movimiento político; (iii) que con la elección se provean cargos o corporaciones públicas del mismo departamento; y (iv) que las elecciones se realicen en la misma fecha.

El apelante afirmó que el primero de los supuestos no se probó porque el registro civil de nacimiento de Camilo Leonardo Tovar Quenza que se allegó al proceso carece de valor probatorio a la luz del Decreto 1260 de 1970; que el segundo supuesto no se configuró porque solo el primero de los parientes inscritos incurre en la inhabilidad en estudio y que tampoco se configuró el tercer supuesto porque no coinciden plenamente las circunscripciones electorales por las que se eligen los cargos para los que se inscribieron el demandado y el señor Camilo Leonardo Tovar Quenza.

2.3.1. Primer supuesto. El parentesco.

De conformidad con el Código Civil colombiano el parentesco puede ser por consaguinidad, por afinidad o civil. El parentesco endilgado al demandado y al señor Camilo Leonardo Tovar Quenza es por consanguinidad, definido por el artículo 35 del Código Civil como la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por vínculos de sangre. El parentesco puede ser por línea paterna, esto es, “la que abraza los parientes por parte de padre”, o por línea materna, es decir, “la que comprende los parientes por parte de madre” (art. 45, ibíd.). En ese sentido, “Los hermanos pueden serlo por parte de padre y de madre, y se llaman entonces hermanos carnales; o solo por parte de padre, y se llaman entonces hermanos paternos; o solo por parte de madre, y se llaman entonces hermanos maternos o uterinos” (art. 54, ibíd.) (negrillas de la Sala).

Para probar que los candidatos son hermanos el demandante aportó copia auténtica del registro civil de nacimiento 13854240 de 29 de marzo de 1989 de Luis Emilio Tovar Bello (fl. 9) y del registro civil de nacimiento 28323343 de 18 de noviembre de 1998 de Camilo Leonardo Tovar Quenza (fl. 10), ambos de la Notaría Única de Arauca.

El demandado no negó ser hermano paterno del señor Camilo Leonardo Tovar Quenza, pero adujo que el registro civil de este aportado al proceso carece de eficacia probatoria porque no se cumplieron los requisitos previstos en los artículos 49, 50 y 60 del Decreto 1260 de 1970, cuyos textos son los siguientes:

“ART. 49.—Certificación de nacimiento. El nacimiento se acreditará ante el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto, y en defecto de aquel, con declaración juramentada de dos testigos hábiles.

Los médicos y las enfermeras deberán expedir gratuitamente la certificación.

Los testigos declararán ante el funcionario sobre los hechos de que tengan conocimiento y la razón de este, y suscribirán la inscripción. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de la firma.

ART. 50.—Registro de nacimiento extemporáneo. Cuando se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma establecida por el artículo 49 del presente decreto (3) .

Los documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con indicación del código de folio que respaldan.

ART. 60.—Paternidad y maternidad natural. Definida legalmente la paternidad o la maternidad natural, o ambas, por reconocimiento o decisión judicial en firme y no sometida a revisión, el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil que tenga el registro de nacimiento del hijo, procederá a corregirla y a extender una nueva acta con reproducción fiel de los hechos consignados en la primitiva, debidamente modificados, como corresponda a la nueva situación. Los dos folios llevarán anotaciones de recíproca referencia”.

Para la Sala, con la copia auténtica de los registros civiles de Luis Emilio Tovar Bello (fl. 13854240 de mar. 29/89) y Camilo Leonardo Tovar Quenza, está probado su parentesco por consaguinidad en segundo grado, en razón a que la prueba documental corrobora que ambos son hijos del señor Merardo Evangelista Tovar Rojas, sin que sean de recibo los argumentos del apoderado del demandado con los que pretende desvirtuar la presunción de autenticidad (4) del registro civil 28323343 de Camilo Leonardo Tovar Quenza (que no fue tachado de falso por el demandado) y su eficacia probatoria por las siguientes razones:

2.3.1.1. Son diferentes las figuras jurídicas del registro de nacimiento y el reconocimiento de hijo extramatrimonial (5) ; en efecto, a pesar de que ambas pueden tener su origen en un mismo acto cuando el padre reconoce su calidad ante el funcionario del estado civil al momento del registro y suscribe con ese carácter el folio del registro civil de nacimiento (6) , también pueden originarse en dos épocas distintas, cuando el padre no comparece al momento del registro de su hijo y este queda inscrito únicamente con los apellidos de su madre (7) y, con posterioridad, cuando voluntaria o judicialmente se determine la paternidad se deja constancia de ese hecho con la indicación del nombre completo del padre, y se inscriben como apellidos del hijo, el primero del padre seguido del primero de la madre.

2.3.1.2. En el caso en estudio se tiene que: (i) Camilo Leonardo nacido el 8 de diciembre de 1984, fue inscrito en el registro civil de nacimiento en la Notaría Única de Arauca el 11 de noviembre de 1989, únicamente con el apellido Quenza de su madre Marlene Josefina Quenza Valderrama (registro de nacimiento 14128808). El acta del registro está suscrita por la denunciante Lilia Ramona Valderrama de López; en calidad de testigos Gladis Ofelia Herrara y José Luis Peñaranda Castillo; y por el notario único de Arauca Orlando Castellanos Poveda, cumpliendo con los requisitos que echa de menos el demandado previstos por los artículos 49 y 50 del Decreto 1260 de 1970 (fl. 91); (ii) al reverso del referido registro, en la casilla 61 correspondiente a “notas”, existe una remisión al folio 13854240 “... por reconocimiento de paternidad natural...”; (iii) el 18 de noviembre de 1998 con el serial 13854240 se modificaron los datos del registro primitivo con ocasión del reconocimiento de paternidad, en consecuencia se inscribió a Camilo Leonardo como hijo de Marlene Josefina Quenza Valderrama y de Merardo Evangelista Tovar Rojas. El acta de registro fue suscrita por el señor Merardo Evangelista Tovar Rojas en su calidad de declarante y por el señor Orlando Castellanos Poveda notario único de Arauca (fl. 10).

De lo anterior se concluye que el 18 de noviembre de 1998 con el serial 13854240 no se realizó el registro civil de nacimiento de Camilo Leonardo Tovar Quenza porque ello ya había ocurrido (registro de nacimiento 14128808 de nov. 11/89), el efecto que produjo ese acto fue su reconocimiento como hijo extramatrimonial de Merardo Evangelista Tovar Rojas, y al extender una nueva acta de registro (serial 13854240) suscrita por el padre reconociendo su calidad, es evidente que se suplió la necesidad de firmar el acta anterior (serial 14128808), así como el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 50 del Decreto 1260 de 1970 porque los mismos ya estaban satisfechos.

2.3.1.3. Respecto de la ausencia de nota remisoria del folio 13854240 al Nº 14128808, la Sala precisa que esa omisión no afecta su valor probatorio, ni por ello pueden tenerse como inexistentes los folios del registro civil como lo solicitó el demandado y el coadyuvante, habida cuenta de que tratándose de reconocimiento de paternidad los requisitos para ese acto son los señalados por el artículo 2º de la Ley 75 de 1968, en concordancia con el artículo 60 del Decreto 1260 de 1970, que prevén que el padre suscriba la nueva acta y se reproduzcan en ellas los hechos que no fueron susceptibles de modificación, cumplido lo anterior, el notario suscribe la nueva acta “autoriza” el registro y con posterioridad realiza las anotaciones reciprocas en los folios.

Conforme con los artículos 28 y 42 del Decreto 1260 de 1970 es a partir de la “autorización” del registro (8) que este existe y genera los efectos probatorios que la ley le atribuye, sin que la carencia de la nota de remisión esté prevista como causal de nulidad del registro desde el punto de vista formal (art. 104, Ibíd.) (9) .

2.3.1.4. Por último, las circunstancias particulares del señor Merardo Evangelista Tovar Rojas al momento de hacer el reconocimiento de su hijo Camilo Leonardo Tovar Quenza, que según lo sugiere el demandado viciaron su consentimiento, no son aspectos que puedan debatirse en este proceso de naturaleza electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por corresponder su competencia a la jurisdicción ordinaria (10) .

2.3.2. Segundo supuesto. Que los parientes se inscriban como candidatos por el mismo partido o movimiento político.

Este hecho fue aceptado por el demandado en la contestación de la demanda sin cuestionamiento alguno. A folios 310 y 311 obra copia auténtica del formulario E-6-CO con el que se prueba que Camilo Leonardo Tovar Quenza se inscribió como candidato al concejo municipal de Arauca por el partido Cambio Radical. A folios 7 a 27 del cuaderno 2 reposa copia autentica del formulario E-26 AS con el que se acreditó la elección de Luis Emilio Tovar Bello como diputado de la asamblea departamental de Arauca por el partido Cambio Radical.

Pese a que este aspecto no fue referido por el apoderado del demandado en la contestación de la demanda, en los alegatos de conclusión de segunda instancia señaló que solo el primero de los parientes inscritos incurre en la inhabilidad en estudio.

Sobre el tema es conveniente precisar que si bien es cierto esta sección en una primera etapa sostuvo que es la segunda inscripción la que genera la inhabilidad, que sería la única que podría ser objeto de anulación porque es la que origina la coexistencia de las dos candidaturas; la tesis vigente adoptada por la Sala, determinó que la inhabilidad abarca a todas las personas que dentro, de los grados de parentesco señalados por la norma, se inscriban en cualquier momento como candidatos por el mismo partido o movimiento político, al considerar que: “la inhabilidad es recíproca, nace en el preciso instante en que se produce la segunda inscripción pero se consolida con la elección de los candidatos, de todos los que en esas condiciones irregulares resulten ungidos con los votos de la ciudadanía. Es indiferente establecer cual de las dos inscripciones se hizo primero, puesto que la norma no hace distinciones a este respecto y tampoco le es permitido al juzgador darle un alcance que no tiene. Del factor tiempo no se ocupa la disposición que consagra esta clase de inhabilidad, sino de la coexistencia de inscripciones de las candidaturas, en forma simultánea o sucesiva, siendo esto último indiferente. Se requiere, entonces, que dentro de la misma justa electoral se inscriban dos o más candidatos unidos por los lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos, sin que sea determinante ni importante el orden de la inscripción; que lo hagan para la elección de cargos (como es el caso de los alcaldes) o para la de corporaciones públicas (como es el caso de los concejales); que participen por el mismo partido o movimiento político y que resulten electos” (11) (negrillas fuera del texto).

Desde la señalada providencia, existe en la Sala un criterio uniforme respecto de esta materia (12) . Se agrega que la inhabilidad en estudio no atiende criterios temporales respecto de la inscripción porque el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no prevé que la inhabilidad se configure únicamente respecto de los parientes que inscriban su candidatura con posterioridad al primero, en otras palabras, la norma no señaló que el primer candidato inscrito esté excluido de la inhabilidad porque si, como ocurre en este caso dos hermanos resultaron elegidos, ambos con inscripciones de sus candidaturas válidas, no puede ser pasible de nulidad la elección del que se inscribió en segundo lugar y la otra incólume; en consecuencia, la inelegibilidad recae sobre todas las personas que se hayan inscrito como candidatos por el mismo movimiento o partido político para participar en las mismas elecciones en el mismo departamento, sin que importe cuál inscripción se efectuó en primer lugar.

Por lo anterior, queda claro que la hermenéutica de la defensa, según la cual la inhabilidad solo se configura respecto a los candidatos que se inscriban después del primero, quebranta el tratamiento igualitario que el artículo 13 de la Constitución Política ordena frente a situaciones iguales.

En consecuencia, la inscripción de los hermanos Camilo Leonardo Tovar Quenza y Luis Emilio Tovar Bello como candidatos por el partido Cambio Radical genera inhabilidad para ambos, indistintamente de que el demandado se haya inscrito minutos antes que su hermano.

2.3.3. Tercer supuesto. Que con la elección se provean cargos o corporaciones públicas del mismo departamento.

Para desvirtuar este supuesto el demandado presentó la excepción “inaplicación de la causal de inhabilidad demandada” porque en su criterio deben coincidir plenamente las circunscripciones electorales por las que se inscriban los parientes, al considerar que la inhabilidad del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 tiene el mismo alcance que la prevista para los congresistas por el artículo 179 de la Constitución Política.

La Sala precisa que las inhabilidades son restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas.

El artículo 299 de la Constitución Política determinó que: “El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”; como se ve, el Constituyente dispuso en forma expresa que el régimen de inhabilidades de los diputados fuera señalado por el legislador y fijó como único límite que no fuera menos estricto que el señalado para los congresistas. Por otra parte el artículo 293 de la Carta previo que: “Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, periodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones” (negrillas y subrayas de la Sala).

De lo anterior se concluye que las causales de inhabilidad de los diputados son establecidas por el legislador a partir de las previstas para los congresistas; por consiguiente, el legislador bien puede fijar un régimen de inhabilidades para los diputados diferente al de los congresistas a condición de no ser menos estricto. El Constituyente no determinó que el régimen de inhabilidades de los diputados es el mismo que el de los congresistas, pues de haber sido esa su voluntad no tendría sentido la previsión del artículo 299 de la Carta.

Cuando el Constituyente en el artículo 179 dispuso que: “La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones”, ello no significa que las inhabilidades por parentesco para los diputados se agoten con las previstas en la Constitución Política para los congresistas como lo indicó el demandado, porque el artículo 179 de la Carta regula las inhabilidades para los congresistas, y para los diputados en tanto sean más estrictas que las previstas por el legislador para aquellos (13) .

Si bien la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en Sentencia S-140 de 2000 consideró que: “Mientras el legislador no dicte un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades en todos los campos para los diputados, en el cual haga más riguroso, en comparación con el de los congresistas, se acudirá al de estos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los congresistas, en lo que corresponda”; y de lo anterior se determinó que a los diputados les era aplicable las mismas inhabilidades de los congresistas previstas en el artículo 179 constitucional, es necesario aclarar que dicha interpretación está limitada en el tiempo, toda vez que se circunscribe a las elecciones de diputados ocurridas antes del año 2001 (L. 617/2000, art. 183) habida consideración de que con la expedición de la Ley 617 de 2000 (14) el legislador estableció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados, que en cumplimiento del mandato constitucional (art. 299) determinó las inhabilidades (15) para las “demás” autoridades (diputados), incluyendo las “demás” (inhabilidades) que se originan por el parentesco.

Ahora, aunque el artículo 179 de la Constitución Política dispuso que las inhabilidades de los congresistas relacionadas con el parentesco requería que las situaciones tengan lugar en la misma circunscripción electoral, el legislador en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no previó ese requisito para que se configure la inhabilidad prevista en el numeral 5º, pues basta que con la elección se provean cargos o corporaciones públicas del “mismo departamento” sin que deba existir coincidencia de circunscripciones electorales como ocurre respecto de algunas de los congresistas (16) .

Además, sin duda, la inscripción de las candidaturas de dos hermanos por el mismo partido político en elecciones diferentes que deben realizarse “en el mismo departamento en la misma fecha” favorece el nepotismo, toda vez que, los ciudadanos habilitados para participar en las elecciones departamentales no son otros que los habilitados para hacerlo en cada municipio del respectivo departamento, situación que se hace evidente en las elecciones de autoridades territoriales que se realizan en la misma fecha, pues por regla general el ciudadano en unos mismos comicios elige gobernador, diputados, alcalde y concejales.

2.3.4. Cuarto supuesto. Que las elecciones se realicen en la misma fecha.

Con los documentos señalados en el numeral 2.3.2, se probó que las elecciones para proveer los cargos de diputado a la asamblea departamental de Arauca, y de concejal del municipio de Arauca para el período 2008-2011 se realizaron en la misma fecha, 28 de octubre de 2007; en consecuencia, también aparece debidamente acreditado este supuesto.

2.3.5. De las demás excepciones propuestas por el demandado.

El demandado señaló que el actor no solicitó la exclusión del cómputo general de los votos emitidos en la respectiva lista a favor del demandando, por lo que consideró que era incompleto el petitum de la demanda.

La Sala precisa que tratándose de procesos de nulidad electoral, los efectos que se desprendan de una decisión de nulidad de un acto de declaratoria de elección están previstos por la ley, y por regla general, corresponde a las autoridades administrativas encargadas de cumplir la sentencia judicial su ejecución, con excepción de la prosperidad de determinadas causales objetivas de nulidad en cuyo caso le compete al juez de conocimiento rehacer parte de la actuación administrativa para adecuarla al ordenamiento jurídico.

En el sub examine, habida cuenta de que la causal invocada para solicitar la nulidad de la elección del demandado como diputado a la asamblea departamental de Arauca se funda en la violación del régimen de inhabilidades, se precisa que la jurisprudencia de la sección (17) ha considerado que las causales de inhabilidad para ser elegido en cargos públicos es una modalidad de las causales de nulidad de carácter subjetivo, entendidas como aquellas que tratan sobre las condiciones del elegido, como la falta de requisitos o calidades para desempeñar el cargo y las causales de inelegibilidad.

La consecuencia de la declaración de nulidad de la elección afectada por causales de carácter subjetivo es la realización de una nueva elección, salvo cuando la elección anulada sea de miembros de corporaciones públicas, caso en el cual deberá llamarse en su reemplazo a los candidatos no elegidos de la misma lista electoral según las previsiones constitucionales.

Por lo anterior, esta excepción tampoco prospera y al estar acreditados todos los supuestos para que se configure la inhabilidad prevista por el artículo 33-5 de la Ley 617 de 2000 se impone confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, oído el concepto del Procurador Séptimo Delegado ante esta corporación y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia.

2. RECONÓCESE personería a la doctora Martha Leticia Villalba como apoderada del demandado.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sobre el modo en que deben tratarse en la jurisdicción contencioso administrativa las excepciones previas tratan, entre otras, las sentencias de 30 de octubre de 1997, Expediente 1656; de 11 de marzo de 1999, Expediente 1847 y de 14 de abril de 2005, Expediente 3333, proferidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, así como la de 7 de abril de 2000, Expediente 9875, proferida por la Sección Segunda de esta corporación.

(2) “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

(3) Artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 999 de 1988.

(4) Prevista por el artículo 103 del Decreto 1260 de 1970.

(5) Artículos 5º y 44 ibídem.

(6) Numeral 2º del artículo 1º de la Ley 75 de 1968 “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

(7) Artículo 53 ibídem, modificado por el artículo 1º de la Ley 54 de 1989.

(8) Que es la fe que el funcionario le imprime al registro, en vista de que se han llenado los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por las personas a quienes se les atribuye.

(9) Dice la norma:

“ART. 104.—Inscripciones nulas. Desde el punto de vista formal son nulas las inscripciones:

1. Cuando el funcionario actúe fuera de los límites territoriales de su competencia.

2. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobación al texto de la inscripción.

3. Cuando no aparezca la fecha y el lugar de la autorización o la denominación legal del funcionario.

4. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos o estos.

5. Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de esta”.

(10) Además, está acreditado en este proceso que esa controversia ni siquiera se ha suscitado (fls. 8 y 9, cdno. 3).

(11) Expediente 2067, sentencia de 5 de agosto de 1999.

(12) Entre otras sentencia de 24 de febrero de 2005, Expediente 410012331000200301260-01, de 23 de septiembre de 2005, Expediente 41001-23-31-000-2003-01295-01 (3626).

(13) Esta Sala en sentencia de 26 de agosto de 2004, Expediente 41001-23-31-000-2003-1263-01 (3435) señaló: “En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 293 de la Constitución Nacional, a la ley se entrega la facultad de fijar, entre otros, el régimen de inhabilidades de los “ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales”, cobijando por consiguiente, a los miembros de las asambleas departamentales; pero esa potestad, como es de suponer, no la tiene únicamente el legislador, sino que primordialmente la ostenta el Constituyente y por ello es que en el mismo precepto se parte por señalar que “sin perjuicio de lo establecido en la Constitución...”, de donde se deriva el hecho innegable de que a las causales de inhabilidad fijadas por el legislador, deben adicionarse las causales de inhabilidad expresamente señaladas por el Constituyente, las cuales no pueden entenderse subrogadas y menos derogadas por la regulación que al respecto expida el legislador”.

(14) Publicada en el Diario Oficial 44.188 de octubre 9 de 2000.

(15) Con la única restricción de no ser menos estricto que el señalado para los congresistas, lo cual incluye las inhabilidades que se originen por razón del parentesco.

(16) Numerales 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 179 de la Constitución Política.

(17) Entre otras la sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 08001-23-31-000-2004-00017-01 (3922).

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