Sentencia 2007-00854 de enero 26 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA DUAL SEXTA DE DECISIÓN

Radicación 15001 11 02 000 2007 00854 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Discutido y aprobado en acta 1 de la misma fecha.

Ref.: Consulta sentencia contra Dra. Melba Lucía Báez González, Jueza 2ª Penal del Circuito de Sogamoso - Boyacá.

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Dual Sexta de Decisión, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer de este asunto en el grado de CONSULTA según los términos del numeral artículo 208 de la Ley 734 de 2002, y el literal b) del art. 19 del Acuerdo 075 del 28 de julio de 2011, expedido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

2. Marco normativo y conceptual.

Previo a analizar el material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

Es así como el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este Código”.

En este orden de ideas, el referente legal al que es preciso acudir, a efectos de establecer si la doctora Melba Lucía Báez González en su condición de Jueza 2ª Penal del Circuito de Sogamoso, es responsable o no de la falta por la cual se le sancionó en la sentencia que es objeto de revisión por vía de consulta, aparece contenida en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, de la siguiente manera:

“ART. 153.—Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

El tipo disciplinario abierto referido en la norma transcrita, fue debidamente cerrado por operador de primera instancia con el señalamiento de las siguientes normas constitucionales y legales:

Constitución Política:

ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. (…)” (resaltado fuera de texto).

Decreto 2591 de 1991:

“ART. 3º—Principios. El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

ART. 15.—Trámite preferencial. La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la sala o magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.

Los plazos son perentorios o improrrogables.

ART. 29.—Contenido del fallo. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener: […]” (resaltado fuera de texto).

3. Caso concreto.

En el sub lite, encuentra la Sala que aparece plenamente probado que la inculpada, fungía para la época de los hechos como Jueza 2ª Penal del Circuito de Sogamoso - Boyacá, y que, en tal calidad, le fue asignada la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Hernando Monroy Arias contra Telecom en liquidación - Patrimonio autónomo de remanentes, según acta de reparto de fecha del 30 de octubre de 2006.

El día 8 de noviembre de la citada anualidad, la juez dispuso la admisión de la tutela y la integración del contradictorio, trámite que se cumplió, profiriendo el fallo correspondiente el día 16 de agosto del año 2007, el cual fue impugnado por la entidad accionada, siendo revocado por el superior funcional, al tiempo que ordenó la compulsa de copias que originaron estas diligencias.

Del recuento procesal realizado, se tiene que, desde el punto de vista objetivo, la falta por la que se le formuló pliego de cargos se encuentra plenamente demostrada, en la medida en que se incurrió en mora en la adopción de la decisión que en derecho correspondía, toda vez que se superó ampliamente el término de diez (10) días previsto por la norma constitucional para agotar íntegramente el trámite de la acción en la primera instancia, desconociéndose de paso los principios que gobiernan la acción de tutela, tales como economía, celeridad y eficiencia, e inobservándose el trámite preferencial que a la misma debe otorgársele.

Como quiera que el retraso en fallar la acción de tutela en cuestión por parte de la servidora judicial inculpada, —admitido por la investigada— es constitutivo del fenómeno de la mora, tal proceder va en contravía de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando impone el deber de cumplir con la ley, la constitución y el reglamento, entonces, es claro que se reúnen en el sub examine la totalidad de los ingredientes normativos del tipo disciplinario imputado, en tanto resulta claro el incumplimiento de los preceptos legales y constitucionales por parte de la investigada.

Quiere lo anterior significar que no existe duda sobre el extremo objetivo que informa la falta disciplinaria deducida en la sentencia objeto de consulta, toda vez que el retraso en adoptar la decisión respectiva, es palmario, a partir de lo revelado por las pruebas que fueron allegadas de manera legal y oportuna a la investigación, en especial las copias remitidas por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, y la inspección judicial practicada al expediente que contiene la acción de tutela.

Ahora bien, en cuanto la justificación de la mora en adoptar la decisión respectiva, los argumentos esgrimidos por la doctora Báez González, referidos a la carga laboral asignada a su despacho durante la época de la mora, no resultan de recibo en el presente caso, en tanto el precedente de esta Sala permite justificar la mora en tutela con una alta carga laboral en materia de acciones constitucionales y una alta producción en fallos de tutela y habeas corpus.

En efecto, de cara a la mora en tutela esta colegiatura ha justificado la conducta omisiva cuando quiera que el servidor judicial se ve avocado a fallar en el mismo periodo una gran cantidad de acciones de naturaleza constitucional, evidenciándose la voluntad clara del funcionario de no sobrepasar los términos previstos y erigiéndose ello en una verdadera causal de fuerza mayor, lo cual no ocurre en el presente caso, pues analizadas las pruebas obrantes en el plenario y lo informado por la propia disciplinable al rendir descargos, durante el período en que tuvo a cargo la acción de tutela en que objetivamente se presentó la mora, sólo resolvió tres habeas corpus.

De otra parte, el hecho de que tuviera que atender algunas otras tutelas y cientos de asuntos en razón de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, ello no la eximía de dar trámite preferencial a la acción de tutela, la cual, independientemente del tema de que trate, debe resolver en un término de 10 días. La Sala no desconoce el número de providencias proferidas durante el término de la mora, lo cual se establece de las estadísticas allegadas al plenario, pero ello no alcanza a justificar la conducta de la disciplinable, en consideración a que se refieren en su mayoría a procesos ordinarios y el artículo 15 del Decreto 2591 citado, establece como deber a cargo del servidor posponer cualquier asunto de naturaleza diferente, con excepción del habeas corpus.

Entonces, al ser obligación del juez dar prioridad a la acción constitucional, no es posible tener en cuenta como causal de justificación los asuntos ordinarios fallados por la funcionaria, los que corresponden a acciones de naturaleza distinta, que pudieron y debieron haber sido pospuestos hasta tanto se resolviera la acción constitucional, donde se encuentra en discusión la protección de derechos fundamentales, sin que se pueda desvirtuar su naturaleza o el orden de prelación dado por el Constituyente de 1991.

Sobre el tema relacionado con la justificación de la mora en la adopción de decisiones judiciales ha dicho la Corte Constitucional:

“(...) Para la Corte es claro que la eficiencia, cuya consagración se manifiesta en el artículo 228 de la Carta cuando impone el cumplimiento de los términos procesales, constituye principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces y fiscales, so pena de las sanciones legales por la falta disciplinaria en que incurren cuando los desconozcan, lo cual tiene por finalidad específica la de obtener prontitud y calidad en la impartición de justicia. Los funcionarios judiciales no pueden, por vía general, esquivar la responsabilidad que les cabe por la inobservancia de los términos, escudándose apenas en la disculpa de la congestión de trabajo debida al número de procesos en curso.

Esa norma, entendida en armonía con la del artículo 228, establece un principio general —el de obligatoriedad de los términos—, que únicamente admite excepciones muy circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter justificado de la mora. La justificación, que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en la situación probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión (...)”.

En los términos anteriores queda expuesto, bajo el principio de razón suficiente, el por qué la Sala asume que en el caso concreto no se justifica la omisión de la disciplinada, pues ha debido desplazar los asuntos ordinarios para ocuparse preferentemente de las acciones de tutela y concretamente de aquella que ocupa la atención de la Sala.

Acreditada la existencia de la falta disciplinaria, como contrariedad con el ejercicio de la función jurisdiccional y reunidas las exigencias del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, por haberse arribado a la certeza sobre la existencia de la conducta disciplinaria y la responsabilidad de la funcionaria investigada, se impone la confirmación del fallo sancionatorio.

4. La sanción. La suspensión e inhabilidad especial, conforme el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, es la prevista para las faltas calificadas como graves dolosas, luego, en principio la sanción impuesta por la Sala a quo estaría ajustada a derecho.

Sin embargo, la Sala respecto a la determinación de la culpabilidad, no comparte la señalada por el Juez colegiado de primera instancia, es decir a título de dolo, calificación que se hizo con fundamento en que la inculpada al momento de la comisión de los hechos, tenía amplia experiencia como Juez de la República, toda vez que ejercía el cargo desde el 9 de mayo de 2002, luego, debía tener pleno conocimiento que la acción de tutela en primera instancia debe tramitarse en un término improrrogable de 10 días.

Al respecto, considera esta Sala, que la culpabilidad en el caso examinado, la mora judicial debe ser imputada a título de culpa, pues indudablemente el no cumplimiento de términos por parte de la funcionaria judicial disciplinada, se debió a la negligencia o falta de cuidado, sin que pueda afirmarse que fue su intención omitir el deber de resolver en oportunidad el asunto que tenía a cargo, en consecuencia, la Sala modificará el fallo en el sentido de determinar la falta como culposa y no dolosa.

En cuanto a calificación de la falta, sí se comporte la dada por la Sala a quo, es decir grave, pues en verdad es incompresible que una Juez de la República afecte el servicio público de administrar justicia, fallando una acción de tutela nueve meses después de que avocara su conocimiento, cuando el término constitucionalmente fijado es de 10 días, dando de paso un mal ejemplo en razón del cargo ostentando.

De otra parte, la Sala observa que la suspensión se fijó en el máximo autorizado para las faltas graves dolosas, esto es 12 meses, teniendo como fundamento el hecho de que la inculpada en el año anterior fue objeto de sanciones de índole disciplinario. Sin embargo para tenerse como causal de agravación la existencia de sanciones, éstas deben haber sido impuestas dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga, tal como lo prevé el literal a) del numeral 1º del artículo 47 de la Ley 734 de 2002. En el presente caso, revisado el último certificado de antecedentes disciplinarios que obran en el plenario, se establece que las sanciones con que cuenta la encartada datan del mes de junio de 2011, luego, como la conducta aquí investigada se remonta al año 2007, no es posible tenerlas como un agravante.

En conclusión, como la falta cometida por la inculpada queda calificada como grave culposa —no dolosa—, y los antecedentes que actualmente tiene la inculpada son posteriores a los hechos investigados, con fundamento en lo previsto en el numeral 3º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, la Sala modificará la sanción impuesta por el a quo, para rebajarla a seis meses de suspensión.

Por lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2011, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, en cuanto declaró disciplinariamente responsable a la doctora Melba Lucía Báez González, en su condición de Jueza 2ª Penal del Circuito de Sogamoso - Boyacá, de haber faltado al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 3º, 15, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 86 de la Constitución Política.

2. MODIFICAR el fallo de primer grado, para fijar la sanción en SUSPENSIÓN del cargo, en el lapso de SEIS MESES, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.

3. Devolver el proceso al seccional de instancia, el cual deberá notificar el contenido del presente fallo a los sujetos procesales, informando que en su contra no procede recurso alguno, y para que se emitan los oficios correspondientes a efectos del cumplimiento de lo aquí decidido. Cumplido lo anterior, se procederá al archivo del plenario.

Notifíquese y cúmplase.»