Sentencia 2007-00877 de octubre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 35844

Rad.: 130012331000200700877 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Manuel Salvador Garizao y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., dieciséis de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

8. La Sala observa que es competente para resolver el sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

9. La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada para la reparación del daño sufrido a causa de un error jurisdiccional cometido en virtud de una operación judicial.

De la legitimación en la causa

10. Los demandantes afirmaron resultar afectados con el daño sufrido por los hechos que se imputan en la demanda, por tanto se infiere que tienen un interés para solicitar que se declare la responsabilidad estatal por los daños invocados en la demanda. También está probado en el expediente que la Rama Judicial fue la entidad que profirió las providencias dentro el proceso penal adelantado en contra del demandante, actuaciones estas que fueron invocadas en la demanda como las causantes de los daños cuya indemnización reclama la parte actora.

De la caducidad de la acción

11. En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de la entidad demandada por el error judicial dentro del proceso penal adelantado en contra de Manuel Salvador Garizao, el cual se declaró mediante providencia del 31 de mayo de 1999. Como la demanda fue impetrada el 30 de mayo de 2001, se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho dañoso, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

12. Procede la Sala a establecer si en el caso bajo análisis resulta procedente imputarle al Estado el pago de una indemnización por perjuicios materiales, en razón del daño ocasionado a Manuel Salvador Garizao por el error judicial en el que incurrió la entidad demandada dentro del proceso penal adelantado en su contra, al imponerle una condena equivocada que provocó la prolongación de la privación de su libertad por 25 días más de lo que estaba estipulado como condena para el delito de lesiones personales. También, debe la Sala determinar si el mencionado error en la tasación de la condena constituyó una causa para no otorgarle el beneficio de libertad condicional al condenado.

III. Hechos probados

13. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

13.1. Mediante providencia del 19 de abril de 1995, el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona-Bolívar, profirió sentencia condenatoria en contra del señor Manuel Salvador Garizao por 51 meses y 2 días de prisión, por el delito de lesiones personales culposas, sin beneficio de libertad condicional, debido a que el condenado no cumplía con los requisitos necesarios para obtener el subrogado penal (fls. 268-277, cdno. 1.).

13.2. El señor Manuel Salvador Garizao fue capturado el 12 de abril de 1998, en virtud de la orden emitida por la Unidad Local de Fiscalía de Arjona (Bolívar), por el delito de lesiones personales (copia auténtica de la orden de captura emitida por la Unidad Local de Fiscalía de Arjona e informe de captura consignado por el grupo de capturas de la policía judicial de Maicao, fls. 254 y 297, cdno. 1).

13.3. El 31 de mayo de 1999, el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona-Bolívar, a petición del condenado, resolvió corregir la sentencia condenatoria por cuanto esta contenía un error aritmético en la dosificación de la pena. El juzgado manifestó: “(...) Así las cosas y estamos de acuerdo con el procesado, la pena a imponer sin hacer la deducción y conforme al artículo 336-2 sería de 64 meses de prisión y realizada la deducción en proporción de las 4/5 partes, esto es, 51 meses y dos días, quedaría como resultado una pena efectiva a pagar como prisión la equivalente a 12 meses y 28 días —el error estuvo en que se tomó lo deducible como definitivo, sin que se diera la operación de sustracción lo uno de lo otro— (...)”. De esta forma, debido a que el tiempo de privación de la libertad ya había superado el de la condena que el señor Manuel Salvador Garizao debía cumplir, el juzgado procedió a ordenar su libertad inmediata (fls. 398-400, cdno. 1).

13.4. El señor Manuel Salvador Garizao es padre de Andrea Carolina Garizao Cantillo, José David Garizao Cantillo, Jeison Manuel Garizao Guerrero, Laura Patricia Garizao Guerrero, Diana Katherine Garizao Guerrero (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento, fls. 7-11, cdno. 1).

IV. Análisis de la Sala

14. De conformidad con los hechos probados, la Sala advierte que está debidamente acreditado que Manuel Salvador Garizao fue privado de su libertad a órdenes del Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), por el delito de lesiones personales culposas, desde el 12 de abril de 1998, fecha en la que fue capturado, hasta el 31 de mayo de 1999, fecha en la que se dictó la providencia que ordenó su libertad por pena cumplida.

15. El 28 de mayo de 1999, el señor Manuel Salvador Garizao, solicitó al juez promiscuo municipal de Arjona (Bolívar), la corrección de la sentencia condenatoria en su contra, ya que consideró que la pena que debió imponérsele era menor de la que, por error aritmético, se le impuso. Al respecto dijo:

Como se trataba de lesiones personales, la dosimetría de la pena se hizo atendiendo los postulados del artículo 340 de la obra citada (Código Penal), lo que equivale a las cuatro quintas (4/5) partes de la pena a imponer, lo que nos arroja un resultado de 51 meses y dos días. Una vez se conoce por el fallador la parte que debe disminuir de la pena que obtuvo del artículo 336 inciso segundo, conocerá cual en definitiva es la sanción punitiva que le queda al encartado; en mi caso por ejemplo tenemos 64 meses que arrojó el artículo 336-2, menos la cantidad a disminuir obtenida del artículo 340 que es de 51.2 meses, nos quedan 12.28 meses (12 meses 28 días) que viene a ser la verdadera pena a imponerle y no la que por error involuntario se dijo en la sentencia (sic) (fls. 281, cdno,1).

16. Posteriormente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), procedió a corregir la sentencia de la siguiente manera:

Así las cosas y estamos de acuerdo con el procesado, la pena a imponer sin hacer la deducción y conforme al artículo 336-2 sería de 64 meses de prisión y realizada la deducción en proporción de las 4/5 partes, esto es, 51 meses y dos días, quedaría como resultado de pena efectiva a pagar como prisión la equivalente a 12 meses y 28 días. El error estuvo en que se tomó lo deducible como definitivo, sin que se diera la operación de sustracción lo uno de lo otro.

Así las cosas, es procedente reconocer la viabilidad de la petición del procesado condenado, señor Manuel Salvador Garizao, por lo que la sentencia dictada por este despacho contiene error aritmético, y siendo este hecho una de las causas para que proceda su reforma, así se procederá. La reforma va dirigida al primer punto de la parte resolutiva de la misma, modificando por reemplazo la declaración de condena de la pena principal de “cincuenta y un mes y dos días de prisión”, por la correcta que es de condenar a la pena principal de “doce meses y veintiocho días de prisión”.

Como actualmente el procesado se encuentra privado de la libertad y procesalmente se da cuenta desde el día 12 de abril de 1998, según informe rendido por quienes dieron captura al procesado, DAS, seccional Guajira, es consideración que el tiempo probado de la libertad del procesado supera el indicado como pena de prisión, por lo que se debe considerar que la pena fue cumplida por el procesado, por lo que debe ordenarse su libertad inmediata y comunicarse esta decisión a las autoridades donde se encuentra recluido el detenido Garizao, cárcel de Maicao-Guajira (sic) (fls. 398-400, cdno. 1).

17. De esta forma, se encuentra que en la sentencia condenatoria mediante la cual se estableció una pena de 51,2 meses de prisión para el señor Manuel Salvador Garizao, no se realizó de manera correcta la reducción establecida en el artículo 340 del Código Penal, pues luego de establecer una pena de 64 meses de prisión, debió hacerse una disminución de las 4/5 partes a la misma, es decir, que si las 4/5 partes de 64 son 51,2, al restarle esta suma, la operación arroja como resultado 12,8; por tanto la condena no se debió dosificar en 51,2 meses sino en 12,8 meses de prisión.

18. Así las cosas, teniendo en cuenta que para la fecha en que se profirió la anterior providencia, el señor Manuel Salvador Garizao se encontraba en su mes decimotercero de detención, cuando la pena que debía cumplir era de 12 meses y 24 días, el juzgado procedió a ordenar su libertad inmediata. Sin embargo, como la mencionada condena se cumplía el 6 de mayo de 1999, y el actor estuvo recluido hasta el 31 de mayo de 1999, se tiene que su detención se prolongó por 25 días debido a un error aritmético en la dosificación de la pena.

19. De acuerdo con lo anterior, se encuentra demostrado el daño ocasionado a Manuel Salvador Garizao por la prolongación durante 25 días de la privación de su libertad, carga que no estaba llamado a soportar por tratarse de un error judicial imputable a la administración, pues para la Sala es claro que la prolongación de la privación de su libertad se produjo en virtud de un error aritmético cometido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar) en la sentencia condenatoria.

20. Se aludió en la demanda que el señor Manuel Salvador Garizao sufrió el daño debido al error judicial en que incurrió el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar) en la sentencia de 19 de abril de 1995, mediante la cual se condenó al actor a la pena de prisión de 51 meses y 2 días, dentro del proceso penal promovido en su contra por el delito de lesiones personales culposas. De acuerdo con la fecha de la ocurrencia de los hechos, esto es, la época en la cual se adelantó el proceso penal (antes de la entrada en vigencia de la L. 270/96), la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le fueran imputables se regula por el artículo 90 de la Constitución Política.

21. De acuerdo con lo dispuesto por esta normatividad, la jurisprudencia del Consejo de Estado estableció que la ocurrencia de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puede dar lugar a la declaración de responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión.

22. Respecto de los requisitos para la configuración del error judicial, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado así:

(...) al margen de la definición de error judicial elaborada por el legislador, en tanto que no es norma aplicable al caso concreto y, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución (...) las condiciones para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber:

a) (...) el error debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme (...).

b) (...) el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar.

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme (...)(2)

23. Así la cosas, para proceder a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional se requiere, en primer lugar, que el error conste en una providencia judicial que se encuentre en firme, y además, que la providencia sea contraria a derecho, “sin que esto signifique necesariamente que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria o, dicho en otros términos, que la decisión sea constitutiva de una vía de hecho. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley”(3).

24. En efecto, comoquiera que obra en el expediente la providencia emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar) mediante la cual se da cuenta del error aritmético cometido en la tasación de la condena impuesta al actor por el delito de lesiones personales culposas, para la Sala es claro que el daño ocasionado a la parte demandante es imputable a la administración, en virtud de la configuración de un error jurisdiccional que provocó una prolongación injustificada del tiempo de privación de la libertad del señor Manuel Salvador Garizao.

25. Es necesario precisar que, si bien se produjo un error jurisdiccional, este finamente se concretó en una privación injusta de la libertad y que, para el momento en el que el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar ordenó la libertad inmediata del demandante —mayo 31/99—, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, circunstancia que se ajusta a la imputación del daño antijurídico a la entidad demandada.

26. Por otra parte, en la demanda se atribuye el daño, no solo a la prolongación injustificada del tiempo de privación de la libertad, sino que también se afirma que el error en la cuantificación interfirió en que al afectado no se le hubiera otorgado el beneficio de la libertad condicional.

27. En la providencia de 19 de abril de 1995, mediante la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar) profirió sentencia condenatoria en contra del señor Manuel Salvador Garizao por 51 meses y 2 días de prisión, se dijo:

(...) en cuanto a los esbozamientos planteados por el abogado defensor, en el sentido de que en el evento de resultar condenado su defendido, se le beneficie con la libertad condicional, esta oficina judicial no comparte ese criterio, pues dicho beneficio está reservado para aquellos procesados que vengan privados de la libertad y hayan cumplido las dos terceras partes de la condena y reúnan además los requisitos señalados en el artículo 72 del Código Penal, y en el caso de marras ni siquiera se encuentra privado de la libertad el encartado, muy a pesar de que se libró orden de captura ante las autoridades correspondientes (sic) (fls. 276, cdno. 1.).

28. Advierte la Sala que la norma invocada pada para solicitar el beneficio de libertad condicional es el artículo 72 del Código Penal vigente para la época(4) de los hechos que dispuso: “El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la pena de arresto mayor de tres años o a la de prisión que exceda de dos, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social”.

29. En atención a dicho artículo, encuentra la Sala que aunque se hubiera realizado la dosificación de la pena correctamente, no había lugar a conceder el beneficio de libertad condicional, pues este solo se considera para los condenados a penas mayores de dos años y que además hubieran cumplido las dos terceras partes de la misma. Por tanto, no se configura un daño por no habérsele concedido la libertad condicional, pues esa era una decisión propia del juez penal, en la cual el error aritmético demostrado no influyó, pues no se cumplían los requisitos para que se considerara su concesión.

30. Encontrándose demostrado que el daño invocado por la parte demandante, consistente en el error judicial que provocó la prolongación injustificada del tiempo de privación de la libertad del señor Manuel Salvador Garizao, es imputable a la entidad demandada, se procede a realizar el análisis para la tasación de perjuicios de acuerdo con las consideraciones invocadas en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

V. Liquidación de perjuicios

31. El a quo reconoció el pago de indemnización por concepto de perjuicios morales al encontrar configurado el daño. Sin embargo, no accedió a las pretensiones de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, por no encontrar dichos perjuicios acreditados dentro del proceso.

32. La sentencia de primera instancia reconoció los perjuicios morales causados al señor Manuel Salvador Garizao como consecuencia de su detención y ordenó indemnizarlo con la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por tal concepto también ordenó indemnizar a la señora Edith Cantillo Colina y a sus hijos Andrea Carolina Garizao Cantillo, José David Garizao Cantillo, Jeison Manuel Garizao Guerrero, Laura Patricia Garizao Guerrero, Diana Katherine Garizao Guerrero, con 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

33. Esta condena será modificada por la Sala y se ajustará al criterio jurisprudencial que estableció un monto de 15 smlmv para los casos en que la detención no supere un mes(5). En este caso la detención se prolongó injustificadamente durante 25 días, por lo tanto se aplicará la jurisprudencia citada, y se reconocerá el pago de la suma equivalente a 15 smlmv a cada uno de los afectados, con excepción de la señora Edith de la Candelaria Cantillo Colina quien no acreditó de manera idónea la existencia de un vínculo civil con el señor Garizao(6).

34. Con relación a los perjuicios materiales, en el expediente se encuentra demostrado que Manuel Salvador Garizao laboró como conductor en la empresa del señor Ronald A. Triana Isaza, y que devengaba un salario mensual de $ 700.000, con una bonificación mensual de $ 300.000 y porcentajes de carga del 10% que correspondía a la suma de $ 500.000 mensuales (fl. 142, cdno. 1). Sin embargo, no habrá lugar al reconocimiento del lucro cesante pues, de acuerdo con la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—, una persona en edad económicamente activa tarda en conseguir trabajo, luego de su salida de la cárcel, 35 semanas (8.7 meses)(7), y a pesar de que se cometió un error aritmético que prolongó la salida de la cárcel durante 25 días más, el lucro cesante sufrido por el demandante tiene origen en una pena impuesta por la comisión de un delito, y la pérdida de su empleo era una consecuencia directa de la privación de la libertad en su totalidad.

35. Respecto de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la parte demandante afirma que el señor Manuel Salvador Garizao tuvo que incurrir en gastos de honorarios profesionales para los abogados que ejercieron su defensa, Sin embargo, para la Sala es claro que dichos honorarios tendrían que ser pagados incluso si el tiempo de la condena no se hubiera prolongado, es decir que, sin la existencia del error judicial este pago ya se había generado en virtud del proceso penal que tuvo que adelantarse en su contra. Además no existe prueba del pago de honorarios profesionales por el trámite de la solicitud de corrección de la sentencia específicamente, por tanto no habrá lugar al reembolso del detrimento patrimonial aludido, por no encontrarse probado dentro del expediente.

VI. Costas

36. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar la sentencia del 26 de julio de 2007 proferida en la primera instancia del presente proceso por el Tribunal Administrativo de Bolívar y en su lugar se dispone:

Perjuicios morales:

— Al señor Manuel Salvador Garizao la suma equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— A Andrea Carolina Garizao Cantillo, José David Garizao Cantillo, Jeison Manuel Garizao Guerrero, Laura Patricia Garizao Guerrero, Diana Katherine Garizao Guerrero, la suma equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

2. Sin condena en costas.

3. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

5. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14.837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, Expediente 17.646, C.P. Mauricio Fajardo.

(4) Código Penal de 1980.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Obra en el expediente la declaración extra proceso rendida por las señoras Elsy Judith Vega y Vivian Guadalupe Payares Lechuga ante la Notaría Primera del Círculo de Barranquilla, en la que se manifestó, bajo la gravedad de juramento, que la señora Edith de la Candelaria Cantillo Colina convive desde hace 10 años con el señor Manuel Salvador Garizao. Sin embargo esta prueba no se valorará, pues para que tenga pleno valor probatorio es indispensable que dicha declaración sea ratificada en el proceso o practicada con audiencia de la parte contraria, lo cual no ocurrió en el sub lite.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 9 de julio de 2010, Expediente 19.312, C.P. Enrique Gil Botero.