Sentencia 2007-00879 de mayo 3 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente:

César Palomino Cortés

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 130012331000200700879 01

Nº interno: 1062-2012

Demandante: Marlene Isabel Cerpa Méndez

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Tiempos dobles y otro

Segunda instancia. Decreto 01 de 1984

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa.

Antes de estudiar el fondo de la controversia planteada, la Sala procederá a manifestarse respecto a la nulidad solicitada por parte de la Agente del Ministerio Público, en lo relativo a que el Tribunal Administrativo de Bolívar no era competente para conocer el asunto de la referencia, por cuanto se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin cuantía, de competencia exclusiva de esta Corporación, en única instancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para el momento en que se instauró la demanda, la competencia para conocer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que carece de cuantía y en la que se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, se encontraba atribuida en única instancia al Consejo de Estado. Sin embargo, cuando se demanda el acto administrativo mediante el cual se negó la modificación de la hoja de servicios por razón del reconocimiento de los tiempos dobles, se pueden presentar dos situaciones: i) si se pretende que a título de restablecimiento del derecho exclusivamente se modifique la hoja de servicios, este asunto no tiene cuantía, y sería de competencia del Consejo de Estado, en única instancia y, ii) si adicionalmente a lo anterior, se solicita la reliquidación de las prestaciones sociales o pensionales del interesado, indudablemente traería subsumida una pretensión de orden económico, y por lo tanto, dicha pretensión lleva inmersa cuantía, por lo que estos asuntos deben ser de competencia, de acuerdo al monto de la pretensión en los tribunales o jueces administrativos, en aplicación a lo dispuesto en los artículos 132 y 134B del Código Contencioso Administrativo, vigente a la ocurrencia de los hechos.

Sentado lo anterior, y revisadas las pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó la corrección administrativa de la hoja de servicios del señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez (q.e.p.d.) para que se incorpore los tiempos dobles, y como consecuencia de lo anterior, se le “ordene a la demandada, reconocerle y cancelarle nuevas cesantías a la actora, como sustituta prestacional del agente fallecido, con sus respectivos intereses de ley” y “cancelarle a la actora, previo reconocimiento de sustituta prestacional del enunciado agente, la suma de $ 131´870.000,oo, por mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el año 1997, hasta el 2006 (...)”.

En razón a lo anterior, y en concordancia con las normas de competencia otorgada por los artículos 132 del Código Contencioso Administrativo, vigente para el momento de presentación de la demanda, los Tribunales Administrativos son los competentes para conocer del presente asunto, en primera instancia; y el Consejo de Estado, en segunda instancia, para decidir las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 129 ibidem.

Corolario de lo expuesto, no le asiste razón a la Agente del Ministerio Público, para solicitar la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso, conforme a lo dicho en líneas anteriores, por lo que se procederá a estudiar el recurso de apelación propuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 10 de febrero de 2012.

2.2. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(1), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.3. Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, es el de definir si la parte actora en su condición de cónyuge sobreviviente y beneficiaria del señor agente de la Policía Nacional, Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez (q.e.p.d), tiene derecho a que para el reconocimiento de la asignación de retiro le sea tenido en cuenta el tiempo en exceso descontado por la Policía Nacional, por sobrepasar los dos (2) años que la ley consagra durante el tiempo en que estuvo en la Escuela de Formación, junto a los tiempos dobles a los que dice tener derecho, por encontrarse en servicio activo cuando el país se encontraba en estado de sitio.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la sentencia del 10 de febrero de 2012, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Hechos probados.

La demandante en su condición de beneficiaria sustituta del ex – Agente de la Policía Nacional, Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez y mediante apoderado judicial, en ejercicio del derecho petición, solicitó ante el Director de la Policía Nacional, la reliquidación del tiempo de servicio, la inclusión de los tiempos dobles y la reelaboración de la hoja de servicios con la inclusión de los mismos, a efectos del reconocimiento de la asignación de retiro a la que pretende se le conceda (fls. 17-19).

El jefe de área del Archivo General de la Policía Nacional mediante oficio 170235 ARGEN SEGEN del 13 de noviembre de 2007 (fls. 15-16), en respuesta al derecho de petición presentado por la demandante, manifestó:

“1. Con fecha 21 de abril de 1993 se elaboró hoja de servicios del señor agente en mención de la cual se anexa fotocopia, en la cual se puede observar que le figura reconocido el tiempo de servicio militar, agente alumno, agente nacional, suspensión penal, deducción servicio militar y diferencia año laboral, quedando con un tiempo total de servicios de TRECE AÑOS (13), ONCE (11) MESES Y DIECIOCHO DÍAS (18).  

2. En lo que respecta a la deducción de servicio militar, se hizo con base en el artículo 111 del Decreto 1213 de 1990, literal a) que a la letra dice. El tiempo de permanencia como soldado o alumno de la respectiva Escuela de Formación de Agentes, con un máximo de dos (02) años, si se observa el tiempo de soldado que corresponde a UN AÑO (01), NUEVE MESES (09, VEINTIÚN DÍAS y el tiempo de alumno que es CINCO MESES (05) y VEINTICINCO DÍAS (25), al sumar estos dos tiempos nos da un total de DOS AÑOS (02), TRES MESES (03) Y DIECISÉIS DÍAS, por lo cual sobrepasa entre soldado y alumno más de dos años, y de ahí que se tiene que deducir el sobrante que son los TRES MESES (03) y DIECISÉIS DÍAS (16).  

3. Con fecha 29 de agosto de 2001, se elaboró adición por devolución tiempo suspensión, procediendo hacer el reconocimiento de ONCE MESES (11) y DIECINUEVE DÍAS (19), más una diferencia de año laboral de CINCO DÍAS (05), quedando con un tiempo total de servicios de CATORCE AÑOS (14), ONCE MESES (11) Y DOCE DÍAS (12).  

Cabe destacar que su apreciación de diferencia año laboral que menciona en su derecho de petición esta errada, por cuanto la diferencia año laboral que se observa de cinco días en la adición antes citada, corresponde es al a tiempo que se le está devolviendo de la suspensión y no al total de tiempo de servicio, por cuanto si retomamos la hoja de servicio se observa que está ya se encuentra reconocida con un tiempo de DOS MESES (02) y DOCE DÍAS (12), los mismos setenta días que usted hace referencia, por lo tanto a ningún miembro de la Institución se le debe reconocer dos veces la diferencia año laboral por el tiempo prestado.  

4. De acuerdo a los planteamientos enunciados, al señor AG ® JESÚS ALBERTO ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, no le queda ningún período de tiempo por incluir”.

Obra a folios 83 y 84 del expediente, copia de la hoja de servicios Nº 19296575 del 21 de abril de 1993, en la cual se observa que al señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez en su condición de agente adscrito a la Policía Nacional, le fueron reconocidos: 13 años, 11 meses y 18 días, así:

NovedadDisposiciónFechasTotal
ClasNúmeroAñoDeAAñosMesesDías
Soldado C30299009-nov-7830-ago-801921
Agente alumnoR90378001-oct-8026-mar-810525
Agente nacionalR23988127-mar-8022-dic-9212825
Suspensión penalR29923-ene-9222-dic-9201119
Deducción servicio militarD121390  0316
Diferencia año laboralD121390  0212.36
      131118

TOTAL TIERMPO DE SERVICIO A COMPUTAR

SON LETRAS; TRECE AÑOS, ONCE MESES, DIECIOCHO DÍAS.

Mediante Resolución 11016 del 21 de diciembre de 1992, el Director General de la Policía Nacional, separa en forma absoluta al señor Zúñiga Rodríguez (fls. 113-115).

A folio 20 del expediente, obra copia simple de la adición a la hoja de servicios Nº 19298575 del 21 de abril de 1993, en la cual para efectos de atender asuntos de carácter administrativo se adicionó, en el sentido de incluir el tiempo que permaneció suspendido en el ejercicio de funciones y atribuciones desde el 3 de enero de 1992, de acuerdo a la Resolución 0029 del 8 de enero de 1992 hasta el 23 de diciembre de 1992, fecha en que se produjo el retiro, conforme a la Resolución 07630 del 25 de julio de 1992, en la cual se ordena la devolución de haberes, por estar resuelta la situación jurídica en forma definitiva y favorable, en la siguiente forma:

“(...)  

TOTAL TIEMPO DE SERVICIO 13 11 18 

INCLUSIÓN TIEMPO SUSPENSIÓN 00 11 19 

DIFERENCIA AÑO LABORAL 00 00 05 

TOTAL TIEMPO DE SERVICIO 14 11 12 

SON: CATORCE (14) AÑOS, ONCE (11) MESES Y DOCE (12) DÍAS.  

(...)”.

La Policía Nacional mediante Resolución 4755 del 30 de junio de 1993, le reconoció un auxilio de cesantías definitivas al señor Agente Zúñiga Rodríguez, en el cual se tuvo en cuenta un tiempo de servicios de 13 años, 11 meses y 18 días, contados a partir del 1 de octubre de 1980 al 22 de diciembre de 1992, por un valor de $ 2.076.250,62.

Obra a folio 49 del expediente, copia del registro civil de defunción del señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez, en el cual se lee que la fecha de su deceso se produjo el 3 de abril de 2004.

Por requerimiento realizado por auto de mejor proveer de fecha 8 de septiembre de 2017 (fl. 182), previo a dictar sentencia de segunda instancia, se le solicitó a la demandante, Colpensiones, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Protección S.A. y Colfondos, con el fin de que se informara si la señora Marlene Isabel Cerpa Méndez recibe pensión sustitución pensional por el fallecimiento de su cónyuge, el señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez.

En respuesta al exhorto realizado por esta Corporación, la demandante guardo silencio. Sin embargo, Colfondos (fl. 189) mediante oficio del 20 de octubre de 2017 informó que previa validación en el sistema de información, el señor Zúñiga Rodríguez no ha presentado cuenta en ninguno de los productos (pensión obligatoria, voluntaria o cesantías) que administra. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social mediante oficio con radicado 201711103530061 del 1 de diciembre de 2017 (f. 204), informó que revisados los archivos que reposan en la entidad se logró determinar que no contaba con pensión reconocida, así como que no obra expediente alguno en el que se pueda verificar la solicitud. De la misma forma, la Directora de Nómina de Pensionados de Colpensiones, mediante respuesta visible a folio 205 del expediente, manifestó que la señora Marlene Isabel Cerpa Méndez, no figura en nómina como pensionado o beneficiario de prestación económica causada por el causante.

2.5. Análisis de la Sala.

Procede la Sala en primer término, a analizar si es posible computar como tiempos dobles, los servicios prestados por el Agente ® Jesús Alberto Zúñiga Rodriguez, entre los años 1984 a 1992, cuando el país se encontrada en conmoción interior establecida mediante Decreto 1038 de 1984.

Se entiende por tiempos dobles como aquel derecho para determinados funcionarios, previsto por el legislador en forma especial respecto de ciertos períodos de servicios. Es así como la Ley 2ª del 19 de febrero de 1945 “Por la cual se reorganiza la carrera de oficiales del ejército, se señalan las prestaciones sociales para los empleados oficiales del ramo de guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa”, establecía en su artículo 47:

“El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare turbado el orden público, hasta la expedición del Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción del de ascensos. 

PAR.—Para el cómputo de que trata el presente artículo, es condición indispensable que la prestación del servicio se efectúe dentro de la zona afectada”. 

De la misma forma, se consagró el derecho al cómputo de tiempos dobles, en caso de guerra o conmoción interior; sin embargo, prescribió que no era suficiente con la sola declaratoria, sino que supeditó el derecho a otras condiciones, así:

Mediante el Decreto 3072 del 17 de diciembre de 1968, por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en su artículo 136, se estableció:

“El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior en las zonas que determine el gobierno, a juicio del consejo de ministros si las condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el Estado de Sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales”.

Por su parte, el Decreto 3187 de diciembre 27 de 1968, por el cual se reorganiza la carrera profesional de los agentes de la Policía Nacional, dispuso:

ART. 58.—Para efectos de asignación de retiro, pensión o jubilación y demás prestaciones sociales, la Dirección General de la Policía Nacional liquidará el tiempo de servicio, así: 

(...) 

f) El tiempo correspondiente al servicio prestado en estado de sitio, cuando fuere el caso.

PAR. 1°El tiempo doble a que se refiere el artículo 92 del presente decreto, se liquidará únicamente para la asignación de retiro y pensión y demás prestaciones sociales y con sujeción a las condiciones que el mismo artículo señala.

[...] 

ART. 92.—El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior en las zonas que determine el gobierno, a juicio del consejo de ministros si las condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computara como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De la misma forma, el Decreto 2340 de 1971, por el cual se reorganiza la carrera de agentes de la Policía Nacional, determinó:

“ART. 59.—Liquidación de tiempo de servicio. Para efectos de asignación de retiro, pensión o jubilación y demás prestaciones sociales, la Dirección General de la Policía Nacional, liquidará el tiempo de servicio, así:  

(...)  

f) El tiempo doble correspondiente al servicio prestado en estado de sitio, cuando fuere el caso.  

(...)  

ART. 99.Tiempo doble. El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el gobierno, a juicio del consejo de ministros si las condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablece la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.  

PAR.—El reconocimiento del tiempo doble a que se refiere este artículo se hará a partir de la fecha en que se levante el estado de sitio o a la fecha de retiro del agente en caso de que esta novedad se produzca con anterioridad”. (Resalta la Sala). 

El artículo 104 del Decreto 609 del 15 de marzo de 1977, por el cual se reorganiza la carrera de agentes de la Policía Nacional, previó:

“TIEMPO DOBLE: A partir de la vigencia de este Decreto, no se reconocerá tiempo doble para ningún efecto. Los tiempos dobles en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 2340 de 1971 y disposiciones anteriores sobre la misma materia que se hayan reconocido o se reconozcan por servicios prestados con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales de los agentes favorecidos con tales reconocimientos”. (Destaca la Sala).  

Conforme a la normatividad referida, sólo habrá lugar a computar como tiempo doble, para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior durante el estado de sitio por turbación del orden público, en aquellas zonas donde expresamente lo estipule el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros y siempre que las condiciones justifiquen dicha medida; sin embargo, con ocasión de la expedición del Decreto 609 de 1977, se eliminó el beneficio de los tiempos dobles, para efectos del reconocimiento de las prestaciones sociales a los agentes pertenecientes a la Policía Nacional y solo se computa el causado con antelación al 15 de agosto de 1977.

De lo anterior, podemos concluir, que para tener derecho a los tiempos dobles, se debe acreditar: i) Que existan normas que declaren el estado de sitio y que en cada caso lo restablezcan, y ii) Que el gobierno por acto administrativo, previas las consideraciones del consejo de ministros y siempre que las condiciones lo justifiquen, determine las zonas donde el servicio prestado por los servidores públicos especiales (militares y policías) se compute en forma doble para todos los efectos prestacionales; por lo que sin esta actuación expresa del gobierno los servicios prestados durante el estado de sitio no tienen la relevancia del doble cómputo.

Debe tenerse en claro, que la simple declaratoria de estado de sitio, no genera el reconocimiento del tiempo doble, por cuanto es de competencia del Gobierno Nacional, quien determina los lugares en los que ocurrieron los disturbios y a quienes se les extiende el beneficio reclamado, pues aunque se hubiese decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, ello no significa que en todo el territorio nacional estuviese turbado el orden público. De la misma forma, es posible que en algunos casos se cumplan con las formalidades, sin embargo, es imperioso que se señale el nivel (oficial, suboficial, agente, etc.) que el interesado ostentaba para establecer si la normatividad invocada lo protegía.

Conforme con lo anterior, se encuentra demostrado en el plenario que el señor Jesús Alberto Zúñiga Rodriguez (q.e.p.d.), prestó sus servicios, primero como soldado al Ejército Nacional desde el 9 de noviembre de 1978 al 30 de agosto de 1980 y posteriormente se vinculó a la Policía Nacional como Agente Alumno desde el 1º de octubre de 1980 al 22 de diciembre de 1992 (fls. 83-84), para un total, de acuerdo a la Hoja de Servicios visible a folio 9 del expediente, de 14 años, 11 meses y 12 días, sin que se haya causado derecho alguno por tiempos dobles, conforme a lo establecido en el Decreto 609 de 1977.

De la misma forma, del material probatorio allegado al expediente, no reposa constancia alguna que acredite que el tiempo que solicita se le reconozca como doble, hubiere prestado sus servicios en zona afectada por situación de orden público; así como tampoco arribo copia de los decretos que particularizaran su situación, es decir, aquellos que el Gobierno Nacional debió proferir previo concepto del consejo de ministros, en los cuales se establezcan las zonas en que la prestación del servicio podía ser objeto de reconocimiento.

Así las cosas, no hay lugar al reconocimiento de los tiempos dobles solicitados por la demandante en su condición de cónyuge supérstite, en cuanto no demostró que el Gobierno Nacional haya realizado la expedición de los decretos que le otorgan tal derecho, al señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez, en la condición de agente de la Policía Nacional.

Ahora bien, la Sala abordara lo relativo a la deducción del tiempo de servicio militar prestado por el señor Zúñiga Rodríguez (q.e.p.d.), equivalente a tres (3) meses y dieciséis (16) días, los cuales la Policía Nacional descontó y no tuvo en cuenta para el momento de la elaboración de la hoja de servicios; y como consecuencia de ello, la señora Marlene Isabel Cerpa Méndez, no pudo acceder al reconocimiento de una asignación de retiro, en su condición de beneficiaria sustituta del Agente mencionado.

El artículo 111 del Decreto 1213 de 1990, preceptúa que para efectuar la liquidación del tiempo de servicio en la Policía Nacional, tendiente a obtener el reconocimiento de las asignaciones de retiro y demás prestaciones sociales, se deberá tener en cuenta el “tiempo de permanencia como soldado o alumno de la respectiva Escuela de Formación de Agentes, con un máximo de dos (2) años”.

De lo obrante en el expediente, aparece a folio 83 del expediente, copia de la hoja de servicios Nº 19296575 del 21 de abril de 1993, en la cual se observa que el señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez se desempeñó como Soldado entre el 9 de noviembre de 1978 al 30 de agosto de 1980 (1 año, 9 meses y 21 días) y luego se vinculó a la Policía Nacional como Agente Alumno del 1 de octubre de 1980 al 26 de marzo de 1981 (5 meses y 25 días), para un total de servicios entre el servicio militar y Agente Alumno, correspondiente a 2 años, 3 meses y 16 días.

En aplicación a lo dispuesto en el literal a) del artículo 111 del Decreto 1213 de 1990, la Policía Nacional al elaborar la hoja de servicios policiales del señor Zúñiga Rodríguez, para efectos del reconocimiento de las prestaciones sociales a las que pudo haber tenido derecho, computó exclusivamente el máximo que la ley permite (2 años de servicios) correspondientes al tiempo prestado en el servicio militar y su permanencia en la Escuela de Formación como Agente; que por superar el término máximo contemplado en el artículo 111 del Decreto 1213 de 1990, procedió a descontar los 3 meses y 16 días(2), como tiempo en exceso, para liquidar el tiempo de servicio y regístralo en la hoja de servicios.

Más aun, esta Sala al estudiar la nulidad del numeral 7.1 del artículo 7º del Decreto 4433 de 2004 “por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública” proferido por el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Defensa Nacional, en lo que se refiere al cómputo del tiempo de formación de la fuerza pública para el derecho a la asignación de retiro(3), sostuvo:

“(...)  

De acuerdo con la tesis planteada por la Sala de Sección en la sentencia del 26 de noviembre de 2009, el límite de dos años establecido en el numeral 7.1 del artículo 7º del Decreto 4433 de 2004 respecto del cómputo del tiempo de permanencia en la respectiva escuela de formación para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro o pensión de sobreviviente, no desconoce el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004. Si bien en la ley no se establece un límite determinado, el ejecutivo al expedir la disposición en comento se sujetó a lo previsto por el legislador extraordinario en los decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990.

Considera la Sala en esta oportunidad a título de argumento adicional al ya señalado por la corporación, que el numeral 7.1 del artículo 7º del Decreto 4433 de 2004 no contraviene ni excede el marco establecido en el artículo 3º de la Ley 923 de 2004 en el que se establecen los elementos mínimos del régimen de asignación de retiro y pensión de sobrevivientes de los miembros de la Fuerza Pública, dentro de los que cuentan según el numeral 3.1, i) el tiempo de formación, ii) el de servicio y/o aportado. (...) 

El elemento mínimo que la ley prevé como una concesión especial para el reconocimiento de la asignación de retiro, en la medida en que no solo cuenta el tiempo de servicio sino también el tiempo de permanencia en la respectiva escuela de formación o tiempo de estudio como alumnos de la escuela de formación, para efectos del reconocimiento de derechos pensionales de los miembros de la Fuerza Pública, tiene plena efectividad a través de la disposición contenida en el numeral 7.1 del artículo 7º del Decreto 4433 de 2004.  

La prerrogativa de computar para fines pensionales el tiempo de formación en la respectiva escuela, se garantiza a través del acto demandado. La ley asimila el tiempo de permanencia o de estudio en las escuelas de formación como tiempo de servicio para efectos pensionales dada la especialidad del régimen de la fuerza pública. El establecimiento del límite de los dos años como tiempo de formación máximo para tener en cuenta en el cómputo de tiempo de servicio, permite un trato en igualdad de condiciones al momento de conceder el beneficio prestacional”.

Y más adelante manifestó:

“(...)  

En este aspecto considera la Sala, en primer lugar, que el entendimiento que hace la parte actora de la norma desconoce la interpretación que del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004 hizo la Sala en la precitada sentencia del 23 de noviembre de 2009, donde se determinó que si bien es cierto la Ley Marco no estableció un límite determinado como tiempo de formación, el término de dos años previsto en el decreto reglamentario «tiene su origen en los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, mediante los cuales se reforma el estatuto de personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y cuerpo de Agentes de esta institución (...)». En este orden de ideas, no asiste la razón a la parte actora, quien considera que el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, contiene el derecho a que todo el tiempo en las escuelas de formación sea tenido en cuenta para efectos de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.  

En segundo lugar, tampoco se está frente a un derecho consolidado que haya ingresado al patrimonio de los servidores de la Fuerza Pública, pues la Ley Marco 923 de 2004 en el numeral 3.1 artículo 3º cuando prescribe que: «El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado.», establece un criterio o parámetro general, consistente en que se debe tener en cuenta el tiempo de formación, pero en efecto, no indica cuánto de ese tiempo debe tenerse en cuenta, siendo éste un aspecto cuya regulación realizó el Gobierno Nacional a través de la potestad reglamentaria, al establecer que es de dos años.  

Aunado a lo anterior, no se puede hablar del desconocimiento de un derecho adquirido, cuando éste nunca ha ingresado al patrimonio de los miembros de la Fuerza Pública, dado que se insiste, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, no ordena que se tenga en cuenta todo el tiempo de formación para la asignación de retiro.

En los mismos términos, tampoco se acredita un desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral, pues no se está frente a un conflicto en la aplicación de dos normas, que conlleve a la aplicación de una de ellas por favorabilidad, como quiera que no existe contradicción entre el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004 y el numeral 7.1 del artículo 7º del Decreto 4433 de 2004, toda vez que se insiste la ley marco señala un criterio general consistente en que se debe tener en cuenta el tiempo de formación y el decreto reglamentario, concreta ese tiempo en dos años para todos los miembros de la Fuerza Pública”.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la Policía Nacional, actúo conforme a las normas que rigen la materia, por lo que mal puede pretenderse que para efectos de liquidar las prestaciones sociales, se tenga en cuenta tiempo en exceso servido entre el servicio militar y en la Escuela de Formación, para realizar el cómputo de las prestaciones sociales que pretende le sean reconocidas por la entidad demandada.

Ahora bien, la Sala encontró probado que la Policía Nacional adicionó la hoja de servicios del señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez(4), incluyendo el tiempo de servicio durante el cual permaneció suspendido en el ejercicio de funciones desde el 3 de enero de 1992 hasta la fecha en que se produjo el retiro (Res. 07630 del 25 de julio de 1992), al haberse resuelto la situación jurídica en forma definitiva y favorable al uniformado.

Sin embargo, al incluir el término durante el cual fue suspendido el señor Zúñiga Rodríguez, al inicialmente contabilizado como tiempo de servicios prestados, tal y como se realizó en la hoja de servicios, se advirtió que el causante exclusivamente reunió catorce (14) años, once (11) meses y doce (12) días de servicios como Agente en la Policía Nacional, sin que acredite los 15 años de servicios prestados, para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro y demás prestaciones que de ello se deriven(5), como en este caso, sucede con la sustitución pretendida por la demandante.

Así las cosas, la Sala observa que el acto administrativo que se acusa, no se encuentre viciado de nulidad, por cuanto la Policía Nacional, actuó conforme a la normatividad aplicable al caso, por lo que no es posible acceder al reconocimiento de los tiempos de servicio dobles pretendidos en la demanda, ni mucho menos a que se incluya dentro de la hoja de servicios el tiempo en exceso superior a los dos (2) años prestado en el servicio militar obligatorio y en la Escuela de Formación como Agente, para que sean tenidos en cuenta para el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro, a la cual pretende la demandante acceder en su condición de cónyuge supérstite del señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez (q.e.p.d.).

III. DECISIÓN

La Sala encuentra que fue acertada la decisión del juez de primera instancia de negar el reconocimiento de los tiempos dobles y el cómputo de más de los dos (2) años de servicios prestados en la Escuela de Formación, para efectos de liquidar las prestaciones sociales a las que tenía derecho el señor Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez (q.e.p.d.); por lo que confirmará la sentencia apelada por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia del diez (10) de febrero de dos mil doce (2012) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las súplicas de la demanda promovida por la señora Marlene Isabel Cerpa Méndez en su condición de beneficiaria sustituta del Ex – Agente de la Policía Nacional Jesús Alberto Zúñiga Rodríguez (q.e.p.d.), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por Secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: César Palomino Cortés—Sandra Lisett Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter».

1 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión.

2 ART. 111.Liquidación de tiempo de servicio. Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales, la Policía Nacional liquidará el tiempo de servicio, así:
a. El tiempo de permanencia como soldado o alumno de la respectiva Escuela de Formación de Agentes, con un máximo de dos (2) años. (...).

3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 27 de abril de 2017 con ponencia del doctor César Palomino Cortés dentro del expediente 11001-03-25-000-2011-00065-00 (0190-2011).

4 Hoja de servicios Nº 19298575 del 21 de abril de 1993 – ver folio 20 del expediente.

5 Decreto 1213 de 1990, ART. 104.—Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por disposición de la dirección general, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los veinte (20)años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 100 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad. 

PAR. 1º—La asignación de retiro de los agentes que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 100, liquidadas en la forma prevista en este mismo decreto.  

PAR. 2º—Los agentes retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.