Sentencia 2007-00960 de agosto 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00960-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recursos de apelación contra la sentencia de 20 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Actora: Skandinaviska Enskilda Baken

Bogotá, D. C., veintiocho de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala:

Procede resolver en esta instancia si el oficio objeto de la demanda, O.A.J. Nº 1705-2007 de agosto 10 de 2007, es susceptible de control jurisdiccional y en caso afirmativo si con su expedición el Alcalde Distrital de Barranquilla desconoció la obligación legal contenida en el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967.

El acto acusado, es del siguiente tenor:

“Barranquilla, agosto 10 de 2007.

Doctor

Luis Carlos Gamboa Morales

Carrera 9 Nº 70A-35 pisos 7 y 5

Bogotá D. C.

Ref. Derecho de petición de diciembre 28 de 2006.

Rad. Nº 0144.

En desarrollo del Oficio OAJ 0199-2007, nos permitimos dar respuesta a su derecho de petición, la cual está contenida en lo siguiente:

• En primer lugar del análisis del artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967, se extrae como conclusión que el espíritu de la mencionada norma era de asumir la totalidad del pasivo, teniendo como prerrequisito que se produjera la terminación o suspensión de la Empresa Municipal de Teléfonos, en condiciones normales o sea a través de formas normales de terminación, entre las cuales están incluidas el vencimiento del plazo previsto, el agotamiento del objeto social, o la determinación soberana, autónoma, de los órganos de administración de la empresa y de las autoridades municipales verbigracia concejo municipal o alcalde, porque también prevé dicho artículo que los servicios que administraba la empresa debían quedar a cargo del municipio y su patrimonio se reincorporaría al ente territorial, entonces en esas circunstancias el municipio de Barranquilla, asumiría el pasivo en su totalidad.

• Pero como es de ustedes conocido lo que sucedió con la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla fue un proceso intervencionista del Gobierno Central por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que primero decidió tomar posesión de la empresa sin tener en cuenta a la Administración Distrital y posteriormente ordenó la liquidación de la misma.

• Esta clase de medidas no estaban previstas en la normatividad vigente en Colombia, para el año de 1.967, ya que estas surgieron en 1994 con la Ley 142, teniendo como fuente la Constitución Política de 1991, por lo tanto el Concejo Municipal de Barranquilla, al expedir el Acuerdo 003 de 1967, no preveía ni contemplaba siquiera la posibilidad que la empresa se acabara de la forma en que ocurrió y en la cual tampoco se cumplen los requisitos del mencionado artículo 13, porque los servicios públicos que administraba la empresa no quedaron a cargo del Distrito de Barranquilla y su patrimonio tampoco se ha reincorporado al mismo.

• En segundo término debo recordar que por mandato de la Ley 142 de 1994, la Empresa Municipal de Teléfonos fue convertida en empresa industrial y comercial del Estado por el Acuerdo 038 de 23 de diciembre de 1996, de conformidad con el artículo 17 de dicha norma y la cual se denominó Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, cuyo régimen es el de la Ley 80 de 1993 y la Ley 142 de 1994 y se rige por las reglas del derecho privado.

• Que el 29 de mayo de 2000, mediante la Resolución 004291, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión para administrar los negocios, bienes y haberes de la EDT de Barranquilla, designó un funcionario para cumplir con la toma, ordenó una serie de medidas y separó del cargo al gerente y a los miembros de la junta directiva que habían sido designados por el alcalde distrital, canceló los embargos y prohibió la realización de nuevos embargos, y avisó a los jueces sobre la supresión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase.

• Que la Resolución 008208 del 28 de mayo de 2002, de la misma superintendencia, modificó la toma de posesión de administración y la convirtió en (sic) con fines de liquidación.

• Que el 21 de mayo de 2004, en la Resolución 001621, la mencionada superintendencia, ordenó la liquidación de la EDT, señalándole un plazo de 2 años.

• Que el 14 de febrero de 2005, en la Resolución 009, el liquidador de la EDT, decidió las reclamaciones, los créditos aceptados y rechazados en la que se incluyeron dos reclamaciones a favor de su mandante y las cuales fueron aceptadas.

• Que en la Resolución 030 de 19 de marzo de 2005, el mismo funcionario, reclasificó dichos créditos y le aumentó la cuantía al resolver un recurso de reposición.

• Lo anterior quiere decir que su mandante se sometió a las normas de los procesos concursales de los cuales hacen parte los de liquidación, los cuales parten de una premisa y es que a los acreedores se les paga de acuerdo a la prelación de los créditos y hasta el monto en que los bienes que integren la masa de la liquidación alcancen a cubrir las deudas, por lo que en muchos casos quedan deudas insolutas.

• Dice usted que la razón por la cual según el documento del liquidador los activos de EDT, no resultan suficientes para pagar ninguna de las acreencias reconocidas en la resolución de masa de liquidación, es por la expedición del Decreto 169 de abril 26 de 2006, proferido por la alcaldía distrital, el cual dispone que la totalidad del pasivo pensional sea atendido en forma prioritaria por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

• Disentimos de esta apreciación porque el decreto tiene como premisas, las consideraciones de que el proceso liquidatorio de la EDT se encontraba en la etapa de culminación ante la insuficiencia de activos para cancelar la totalidad de los pasivos, el Decreto 1260 de 2000 del Ministerio de Hacienda y además de que el pasivo pensional hace parte de la primera parte de créditos o sea preferente a muchas otras obligaciones, inclusive la que ustedes representan que se encuentra en la segunda clase de créditos y estos hechos hacían impredecible e ineludible el deber legal de tomar las provisiones necesarias al respecto.

• Pero igualmente el decreto ordena al liquidador la transferencia de los recursos resultantes de la culminación del proceso liquidatorio previo el cumplimiento de los presupuestos legales previamente establecidos, y estos requisitos los debía observar el liquidador quien estaba obligado al igual que el alcalde distrital a cumplirlos. Por lo tanto no es ilegal su proceder.

• Con respecto al reconocimiento de la vigencia de la obligación legal contenida en el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967 esta como ya señalamos en la introducción de este documento fue concebida por el concejo municipal de Barranquilla, con fundamento en las normas vigentes para su época, sobre la base de que el municipio seguiría prestando los servicios que administraba la empresa municipal de teléfonos y que los bienes regresarían al patrimonio del municipio, porque la forma de terminación de dicha empresa sería normal y no obligada por la imposición de normas y entes creados por la Constitución y la ley muy posteriores, veinticinco (25) años después de la expedición del acuerdo y de la creación de la empresa en mención. Por lo tanto subsistiría para el municipio de Barranquilla dicha obligación, si la terminación se hubiera producido en las condiciones en que la previeron los creadores de la empresa.

• En tercer lugar tampoco se puede olvidar aquí que el Distrito de Barranquilla se encuentra en ejecución de un acuerdo de reestructuración de pasivos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 550 de 1999, que en el parágrafo del objeto, prohíbe a sus servidores reconocer algún tipo de obligación o acreencia preexistente a este acuerdo, a favor de ninguna entidad pública o privada, persona natural o jurídica, excepto que la misma provenga de decisiones judiciales en firme o disposición legal.

• Con fundamento en lo antes anotado nos permitimos manifestarles que la Alcaldía Distrital de Barranquilla no considera ilegal su actuación y tampoco que deba disponer el cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967, y en consecuencia no accede a su solicitud de expedir acto administrativo asumiendo la obligación y ordenando pagarla (se destaca fuera de texto).

Original firmado Raymundo Marenco Boekhoudt, jefe de oficina asesora jurídica”.

Previo al estudio de fondo, se debe examinar la naturaleza jurídica del acto acusado para establecer si es susceptible de control jurisdiccional.

A juicio de la Sala, el acto acusado reviste las características de un acto administrativo, en cuanto fue expedido en ejercicio de función administrativa y genera efectos vinculantes al administrado, ya que dispone negar la vigencia de la obligación legal contenida en el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967, lo cual impide el reconocimiento y pago del pasivo resultante de dos acreencias, a la actora por parte del distrito de Barranquilla.

La alcaldía de Barranquilla, propuso la excepción de inepta demanda, la cual fundamenta en que no se acreditó debidamente que los poderdantes ejercen la representación de Skandinaviska Enskilda Banken AB, por cuanto no se aportó el certificado de existencia y representación legal o el equivalente en la normatividad Sueca, que permitiera a aquellos entregar una adecuada representación.

El tribunal de instancia, al respecto precisó que Skandinaviska Enskilda Banken AB, “(…) no estaba obligada a acreditar lo atinente a su existencia y representación legal con el certificado de que trata el artículo 486 del Código de Comercio, porque esa disposición le es aplicable a las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanente en Colombia, y la entidad actora no pertenece a esa categoría (...)” y de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, “cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquélla y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias”.

Para la Sala, no está llamada a prosperar la excepción propuesta por cuanto el impugnante se limita a reiterar los argumentos de la demanda frente a la excepción que fue oportunamente analizada y resuelta por el a quo, sin que haya sido desvirtuada por la entidad, ya que el mismo afirma que “efectivamente a folios 98, 99 y 100 aparece el poder otorgado a Nicolás Gamboa y a Luis Carlos Gamboa por la firma Skandinaviska Enskilda Banken A.B., con el respectivo apostillaje que da fe de haber sido presentado personalmente ante el notario público encargado de Estocolmo (…)”. En este sentido, es que debe darse aplicación al artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el fallo impugnado será confirmado frente a la denegatoria de la excepción.

En relación con la excepción denominada falta de jurisdicción, desestimada por el tribunal, afirma el distrito de Barranquilla que se está dando al acto demandado una connotación que en realidad no tiene, al estimarse que el acto que causó el perjuicio al accionante fue el Oficio OAJ 1705-2007 de 10 de agosto de 2007, que dio respuesta al derecho de petición de 28 de diciembre de 2006 elevado por Skandinaviska Enskilda Banken A.B., lo cual en su criterio no es cierto, porque si eventualmente a la accionante se le produjo un perjuicio, él no devino del acto acusado, sino de la insuficiencia de activos en la masa liquidatoria para poder cancelar el pasivo a favor de la actora y desde este punto de vista insiste que el proceso de liquidación adelantado por la SSPD sobre la Empresa de Telecomunicaciones de Barranquilla, es reglado y excluye a la jurisdicción contenciosa para conocer de los litigios o controversias que se susciten en ejercicio del mismo, razón por la cual no podría iniciarse y proseguirse una acción de nulidad y restablecimiento del derecho para dilucidar una controversia que ya fue adelantada a través de un proceso de liquidación, con el infortunado resultado de que la masa resultó insuficiente para cubrir los pasivos y en particular los créditos de la actora, como en efecto ocurrió con este proceso.

Al respecto, la Sala anota que no asiste razón al impugnante por cuanto uno es el proceso concursal, en el cual se determinan los activos y pasivos y se ordena el pago de las obligaciones pendientes acorde con las acreencias y orden de las mismas y otro es el objeto del presente proceso, que pretende determinar la legalidad de la decisión adoptada por el Distrito de Barranquilla y que dispuso negar la petición elevada por la actora, para que se determinara el alcance y vigencia del artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967, en cuanto el municipio de Barranquilla asumió la totalidad del pasivo y demás obligaciones a cargo de la empresa de telecomunicaciones, en el momento de la terminación o suspensión de la misma y que es objeto de análisis por esta jurisdicción.

Ello significa que la excepción alegada no está llamada a prosperar como lo advirtió el a quo.

El agente del Ministerio Público, adujo que la acción promovida es improcedente, por cuanto el acto que debió ser demandado fue el Decreto 169, que limitó la obligación a cargo del distrito de Barranquilla y no el oficio que negó a la actora la posibilidad de recuperar sus acreencias derivadas de la obligación contraída con la Empresa Distrital de Teléfonos, que luego se transformó en empresa industrial y comercial prestadora de servicios públicos, acorde con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994.

Al respecto, la Sala estima que esta excepción tampoco está llamada a prosperar.

En efecto, el Decreto 169 de 2006, “por el cual se reglamenta lo ordenado en el artículo 13 del Acuerdo Municipal 003 de 1967 y se dictan otras disposiciones”, se limita a atender el requerimiento efectuado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 13 del Acuerdo Municipal 003 de 1967 “ante el ostensible agotamiento de los recursos en gastos propios del proceso de liquidación”, habida cuenta de que los recursos existentes en la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP son suficientes para garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores conforme a las leyes preexistentes por un largo período de tiempo, haciéndose necesario por medio de este decreto, establecer el procedimiento a seguir para la administración del pasivo pensional de la institución en liquidación, así como la disponibilidad de recursos tendientes a su cubrimiento, hasta tanto tenga lugar la terminación de la vigencia del acuerdo de reestructuración de pasivos del Distrito de Barranquilla o en su defecto, se agoten los recursos necesarios para garantizar su cubrimiento.

El decreto además señala “Que una vez ocurra uno o ambos de los anteriores presupuestos, la alcaldía de Barranquilla en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo Municipal 003 de 1967, asumirá el pasivo pensional de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones actualmente en liquidación teniendo en cuenta el cálculo actuarial aprobado por la autoridad competente (…)”.

En este orden de ideas el Decreto 169 de 2006, se limitó a reglamentar el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967, en lo relativo al pasivo pensional para garantizar los derechos de los trabajadores, sin que ello signifique que se haya reglamentado íntegramente el artículo 13 del citado acuerdo, que comprende “la totalidad del pasivo y demás obligaciones a cargo de la empresa”, en el evento de la terminación o suspensión.

El distrito de Barranquilla manifiesta su inconformidad con la sentencia en cuanto hace al estudio de las pretensiones en los siguientes términos:

No fue el distrito de Barranquilla el que inició el proceso que condujo a la liquidación de la empresa sino la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la entidad intervenida fue creada como un establecimiento público autónomo, descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que en criterio de la apelante desestima cualquier responsabilidad del distrito de Barranquilla, de una parte, porque la Ley 142 de 1994 reglamentó todo lo relacionado con el régimen de servicios públicos domiciliarios, que necesariamente modificó el funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos, luego entonces no puede predicarse que el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967 mantiene su vigencia y que en todo caso, la citada disposición no supeditó la obligación de pago radicada en cabeza del municipio de Barranquilla, hoy distrito, a la circunstancia de que el ente descentralizado se extinguiere por agotamiento del objeto social, vencimiento del plazo o la determinación soberana y autónoma de los órganos de administración sino que sólo lo condicionó a la ocurrencia de dos hechos: “terminación o suspensión de la empresa” y el primero de ellos ocurrió como resultado de la liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones.

Dentro de este contexto la Sala entrará a analizar el reconocimiento de la vigencia de la obligación legal contenida en el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967, la cual desconoció el Distrito de Barranquilla en el oficio objeto de la presente demanda.

En primer término, el Oficio OAJ 1705-2007, concluye del análisis de la citada norma que el espíritu de la misma era asumir la totalidad del pasivo, teniendo como prerrequisito que se produjera la terminación o suspensión de la Empresa Municipal de Teléfonos, en “condiciones normales” o sea a través de formas normales de terminación y además que en ese evento, los servicios que administraba la empresa quedarían a cargo del municipio y su patrimonio se reincorporaría al ente territorial, circunstancias en las cuales el distrito de Barranquilla asumiría los pasivos en su totalidad.

Como lo que ocurrió en el presente caso, según afirma el distrito de Barranquilla, fue un proceso intervencionista del Estado para liquidar la empresa, no estarían dadas las circunstancias para que el municipio asumiera en su totalidad las acreencias o pasivos a cargo de la empresa.

Agrega en este sentido que al haberse sometido la empresa al proceso concursal, a los acreedores solo se les podía pagar de acuerdo con la prelación de los créditos y hasta que el monto de los bienes que integran la masa alcanzaran a cubrir las deudas, por lo que advierte, en muchos casos quedan deudas insolutas.

Razones estas por las cuales estima que la Alcaldía Distrital de Barranquilla no actuó de manera ilegal y tampoco debía disponer el cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967.

La Sala no comparte el criterio del apelante, porque el hecho de que se hayan surtido modificaciones en la naturaleza jurídica de la empresa de servicios públicos, la cual se organizó inicialmente como un establecimiento público y luego por disposición legal se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, no la exime de las obligaciones adquiridas, como lo fue el contrato de préstamo suscrito con la actora Skandinaviska Enskilda Banken AB, según consta en el contrato obrante a folio 227 del cuaderno reconstruido.

Esta afirmación encuentra su fundamento en las siguientes disposiciones de orden constitucional y legal:

La Constitución Política de 1991, reguló en el capítulo 5, artículos 365 a 370, los servicios públicos y señaló que tales servicios son inherentes a la finalidad social del Estado, pues contribuyen al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Igualmente, que ellos pueden ser prestados en forma directa o indirecta por el Estado, por las comunidades organizadas, o por los particulares, y para ello, se someterán al régimen jurídico que determine la ley. Pero, el Estado siempre tendrá la regulación, el control y la vigilancia de los mismos.

En desarrollo de estas disposiciones el legislador expidió la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, y en el artículo primero estableció su ámbito de aplicación e incluyó la prestación del servicio público de telecomunicaciones.

Tal como lo dispuso el artículo 365 de la Constitución y la Ley 142 de 1994, artículo 17, la Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado. El Acuerdo 038 del 23 de diciembre de 1996, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, “por el cual se adopta el régimen jurídico de empresa industrial y comercial del Estado para la empresa municipal de teléfonos de Barranquilla y se modifica su nombre”, estableció:

“ART. 1º—De la naturaleza jurídica. Adóptase a partir de la vigencia del presente acuerdo y de conformidad con el parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, la forma de empresa industrial y comercial del Estado como régimen jurídico para el establecimiento público del orden distrital denominado Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla”.

La Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla, fue creada por el Acuerdo 03 de 31 de enero de 1967, como un establecimiento público autónomo con personería jurídica y patrimonio propio como se establece en el artículo 1º del mencionado acuerdo.

El artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967, dispuso:

“ART. 13.—El término de duración de la empresa municipal de teléfonos será de cuarenta (40) años. Al producirse la terminación o suspensión de la empresa, los servicios públicos que administre volverán a quedar a cargo del municipio de Barranquilla, y su patrimonio se le reincorporará quedando sometido a las disposiciones ordinarias que sobre manejos de bienes municipales se encuentren vigentes al tiempo de la terminación o suspensión. El municipio de Barranquilla asumirá la totalidad del pasivo y demás obligaciones a cargo de la empresa en el momento de la terminación o suspensión”.

Son dos los supuestos en los cuales corresponde al municipio de Barranquilla asumir el pasivo y demás obligaciones a cargo de la Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla: la terminación o suspensión de la empresa.

La liquidación de una empresa da lugar a la declaratoria de terminación y en consecuencia, en el presente caso corresponde al distrito de Barranquilla asumir las obligaciones adquiridas por la Empresa de Teléfonos de Barranquilla, acorde con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 03 de 1967, sin que tal terminación suponga, como lo pretende la apelante, que debe tratarse de situaciones normales, pues ello no se colige de la citada norma.

Contrario a lo afirmado por el distrito de Barranquilla, el Acuerdo 03 de 1967 continúa vigente, pues el hecho de que la Empresa de Teléfonos de Barranquilla haya cambiado su naturaleza jurídica por virtud de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, no da lugar a que se desconozcan las obligaciones asumidas por la empresa mientras tuvo el carácter de establecimiento público del orden municipal.

Así lo prevé el artículo 180 de la misma ley, cuando señaló:

“Artículo 180 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 286 de 1994:

“ART. 180.—Transformación de empresas existentes. Las entidades descentralizadas que estuvieren prestando los servicios a los que esta ley se refiere, se transformarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de esta ley, en un plazo de dos años a partir de su vigencia.

Cuando se transforme una entidad descentralizada existente en una empresa de servicios públicos, en el acto que así lo disponga se preverán todas las operaciones indispensables para garantizar la continuidad del servicio así como para regular la asunción por la nueva empresa de los derechos y obligaciones de la entidad transformada. (…)”.

De esta disposición se extrae que el cambio de naturaleza jurídica de la entidad no da lugar a desconocer las obligaciones asumidas por la entidad transformada, como lo señala el distrito de Barranquilla.

En estos términos cabe concluir que el cambio de naturaleza jurídica de la entidad prestadora del servicio público de telecomunicaciones de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado no la exime de las obligaciones pendientes, pues de aceptarse dicho supuesto, bastaría con cambiar la naturaleza jurídica para eludir las obligaciones adquiridas y de otra parte, al no haberse desvirtuado la legalidad del Acuerdo 03 de 1967, en cuanto no se demostró que hubiese sido suspendido o declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la obligación prevista en el artículo 13, de asumir el distrito de Barranquilla los pasivos y demás obligaciones surgidas con ocasión de su terminación, en este caso por liquidación de la empresa por parte de la autoridad administrativa, corresponde al distrito de Barranquilla, como lo señaló el tribunal.

Sin embargo, dado que el Acuerdo 03 de 1967 comprometió al municipio para asumir los pasivos y demás obligaciones adquiridas por la empresa, resultaba necesario que el liquidador o la parte actora hubiesen solicitado, una vez evidenciado la falta de recursos para cubrir las obligaciones a cargo de la empresa y en la oportunidad correspondiente solicitar la vinculación del distrito de Barranquilla como garante de todo el pasivo que poseía la empresa al momento de la liquidación, con el fin de garantizar el pago de las mismas.

Permitir que el municipio reconozca y pague la obligación contraída con la actora implica un desconocimiento del derecho a la igualdad, en la medida en que se estarían vulnerando los derechos de los demás acreedores.

Además, daría lugar a desconocer la firmeza de la terminación del proceso liquidatorio al permitir que los acreedores puedan acudir directamente a las autoridades judiciales para revivir el proceso liquidatorio, el cual ya se encuentra culminado.

La negligencia de la actora no puede ser alegada para su beneficio, pues al ser parte de la junta liquidadora debió vincular en la oportunidad correspondiente al municipio.

Así pues, es del caso revocar la sentencia apelada y, en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por el Procurador 14 Judicial II Administrativo.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2014».