Sentencia 2007-00968/42959 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 42959

Rad.: 760012331000200700968 01

Actor: J.G.C.O. y otros.

Demandado: Nación –Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro.

Naturaleza: Acción de reparación directa.

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

I. Competencia.

16. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía4.

17. Adicionalmente, se advierte que, por tratarse de una privación injusta de la libertad, el presente asunto puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo, de conformidad con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de abril de 20135.

18. En el caso analizado es necesario aclarar que el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no será estudiado en la presente providencia, toda vez que dicha entidad concilió judicialmente la condena que le dio origen a la alzada referenciada —supra párr. 14—. En razón a lo señalado, dicho acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, de acuerdo con lo prescrito por el parágrafo 1 del artículo 1º de la Ley 640 de 2001.

18.1. No ocurrió lo mismo con el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, quien no aceptó los términos planteados en el mecanismo alternativo de solución de controversias, regulado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. Lo anterior significa que esta Sala tiene competencia para revisar el fallo del Tribunal sólo en razón del recurso de apelación propuesto por dicha parte pasiva y en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:“[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”. De acuerdo con lo expuesto, la competencia de esta Corporación está circunscrita lo relacionado con la responsabilidad administrativa del cuerpo armado civil en el sub judice.

II. Validez de los medios de prueba.

19. Con la demanda la parte actora solicitó que se requiriera al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali, para que allegara copia de todo el proceso penal surtido bajo el Radicado 2005-00230, el cual se siguió en contra de J.G.C.O. Dicha prueba documental fue debidamente remitida por el despacho referenciado e incorporada al presente expediente, por lo anterior tal medio de convicción será valorado por la Sala de acuerdo a lo prescrito por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

19.1. En el proceso obran además algunos documentos en copia simple aportados por la parte demandante. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)6.

19.2. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados por la parte demandante, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que las partes no se pronunciaron al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.

III. Hechos probados.

20. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales, como fue explicado, son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en las oportunidades legales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

20.1. El día 27 de septiembre de 2004, J.G.C.O. fue detenido por la Policía Nacional en cumplimiento de la orden de captura Nº 0279871 del 14 de septiembre de 2004 (fl. 660, cdno. anexo 1), expedida por la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los ofendidos con dichas conductas fueron el señor J.J.P. (occiso) y la seguridad pública7.

20.2. La Fiscalía General impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva el día 6 de octubre de 2004, en contra del señor J.G.C.O. (fls. 57-68, cdno. anexo 1)8.

20.3. El 12 de septiembre de 2005, el Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali, Valle del Cauca, profirió sentencia de primera instancia. En dicha providencia se resolvió absolver al hoy accionante de todos los cargos formulados por el ente acusador en virtud de la aplicación del in dubio pro reo, al tener en cuenta que no existía prueba suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. Adicionalmente, se ordenó la libertad inmediata del procesado. Al respecto, el juzgador acogió la solicitud de absolución esbozada por la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, esta manifestó que en el plenario “no existe una prueba directa, clara, que en forma concreta le impute la comisión de los hechos punibles a los procesados” (fls. 20-33, cdno. 1).

20.4. Otra de las consideraciones del despacho para determinar la ausencia de responsabilidad del acusado fue que en el caso concreto se presentó un “atropello” contra el principio de la presunción de inocencia, toda vez que era un hecho incontrovertible que había falta de pruebas dentro del plenario que señalaran a los acusados como responsables. Ejemplo de ello fueron las interceptaciones telefónicas esgrimidas por la Fiscalía como prueba reina, las cuales no estaban soportadas en un medio técnico que acreditara que los contertulios eran los procesados. Concluyó el juzgador penal con una crítica respecto a la valoración de los informes de policía judicial como una prueba.

20.5. El 19 de septiembre de 2005, la sentencia penal absolutoria quedó ejecutoriada, toda vez que la misma fue notificada y contra ella no se interpusieron recursos. Lo anterior se constata a través de auto del juzgado penal de conocimiento de fecha 22 de septiembre de 2005, el cual resolvió la cancelación de la orden de captura en contra del hoy accionante, en razón a que por error no había sido levantada (fl. 303, cdno. anexo). En cumplimiento de la orden anterior el despacho citado profirió los oficios —todos terminados con el siguiente consecutivo 76-001-31-04-021-2005-0230-00—: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 y 2190, dirigidos a las distintas autoridades encargadas del orden público donde les comunicó la absoluta libertad del procesado con base en la firmeza de la sentencia absolutoria (fls. 301-310, cdno. anexo).

20.6. En el plenario quedó acreditado, a través de los registros civiles de nacimiento allegados en copia auténtica, que el actor J.G.C.O. es padre de A.C.S., G.G.C.V. y G.S.C.G. (fls. 3-5, cdno. 1).

20.7. A través de un ejemplar del diario “El Caleño”, de fecha viernes 4 de octubre de 2004, se pudo constatar que dicho periódico publicó la noticia titulada “Mataban por encargo”, en la cual figura la fotografía de un hombre identificado supuestamente como el hoy accionante principal, y se afirma que las autoridades lo sindican de tres homicidios. Adicionalmente, se asevera con grado de certeza que el procesado pertenecía a una banda sicarial y que la fuente de la información era el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, coronel G.R. (fls. 18-19, cdno. 1).

20.8. En el mismo sentido obra constancia expedida por el diario “El País” del 18 de junio de 2012, en la que se afirma que la información empleada en la noticia de la detención del hoy actor emanó de la Policía Nacional a través del coronel G.R., el cual la suministró a través de una rueda de prensa y de un comunicado oficial (fls. 152 y 157, cdno. 1).

20.9. Quedó probado que la Policía Nacional por intermedio de la Agencia Nacional de Noticias Policiales, expidió el comunicado 167 del 30 de septiembre de 2004, el cual destaca que J.G.C. fue detenido pues al parecer los capturados cometieron estos homicidios por encargo” (fls. 169-170, cdno. 1).

IV. Problema jurídico.

21. Procede la Sala a determinar, en primer lugar, si en el presente caso se configuró la responsabilidad extracontractual del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor J.G.C. Ocampo. En segundo término, se deberá dilucidar si el actuar de la entidad tiene relación con la posible vulneración al derecho al buen nombre del accionante principal, materializado en la publicación de su captura en medios de comunicación. Finalmente, la corporación analizará la posible configuración de la causal eximente del hecho exclusivo y determinante de la víctima, por considerar que el material probatorio allegado al plenario hace necesario verificar la presencia o no de esta institución de exoneración de responsabilidad en el sub lite.

V. Análisis de la Sala.

22. En primer lugar, la Sala destaca que el recurso de apelación impetrado por el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, no cuestiona la efectiva privación de la libertad del señor J.G.C.O., por lo cual es clara la existencia del primero de los daños objeto de censura a través de la presente acción de reparación directa, a saber, la restricción al derecho a libre locomoción del demandante principal. De acuerdo con lo expuesto, será necesario determinar a continuación, si tal afectación es atribuible o no a la entidad apelante.

23. En cuanto al régimen de responsabilidad, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia9.

23.2.(sic) Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas entre sí tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede, en cada caso concreto, considerar válidamente que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

23.3. En el caso bajo análisis la parte recurrente indica que la sentencia de primera instancia debería ser revocada en su totalidad en cuanto a su responsabilidad se refiere, debido a que el daño invocado, esto es la privación de la libertad del señor C.O., no derivó de una falla del servicio imputable a la Policía Nacional, pues esta actuó en cumplimiento de un deber legal consistente en materializar una orden de captura proferida por la Fiscalía General.

23.4. Respecto a lo anterior, la Sala comparte el argumento expuesto por la demandada, toda vez que en el plenario no obra ningún medio de convicción que acredite que la actuación de la entidad se efectuó por fuera de los cánones constitucionales y legales. Por el contrario, de las pruebas incorporadas y practicadas en el proceso penal, se denota que al procesado se le respetaron todos sus derechos al momento de su detención10 y que este fue puesto en el tiempo fijado por la ley, a órdenes de la autoridad judicial que profirió la orden de captura11, a saber, la Fiscalía General de la Nación.

23.5. Basta con recordar el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia12, para asegurar que la Policía Nacional, en el sub examine, detuvo al hoy accionante principal en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal, como fue garantizar la materialización de la orden de captura 0279871 del 14 de septiembre de 2004 —supra párr. 20.1—, expedida por la Fiscalía General, por lo que no es posible imputarle responsabilidad por la privación de la libertad a la que fue sometido el hoy accionante principal.

23.6. Vale la pena destacar, que en el sistema penal colombiano vigente a partir de la Constitución de 1991 y hasta la entrada en funcionamiento del sistema penal acusatorio —Ley 906 de 2004—, la Fiscalía General de la Nación era la entidad que por excelencia determinaba por medio de sus providencias a quién se le dictaba medida de aseguramiento de detención preventiva13, motivo por el cual no existe nexo de causalidad entre la actuación de la Policía Nacional y la prolongación de la detención del señor C., toda vez que en el caso concreto quien ordenó mantener privado de la libertad al procesado fue exclusivamente el ente investigador y no el cuerpo armado.

24. Una vez clarificada la ausencia de responsabilidad de la Policía Nacional, en cuanto a la privación de la libertad del accionante principal se refiere, será necesario determinar si a tal entidad le es atribuible el segundo menoscabo por el cual el Tribunal de primera instancia la condenó, a saber, el daño a la vida en relación supuestamente irrogado a los demandantes —supra párr. 12.4—. Debe recalcarse que el a quo concluyó que la afectación estudiada se materializó en el caso concreto con la publicación en medios de comunicación de la captura del señor J.G.C.O., donde se muestra al procesado como un criminal —supra párr. 20.7, 20.8 y 20.9—. Al respecto expuso el juzgador de primera instancia (fls. 334-337, cdno. ppal.):

Al proceso se aportaron diversos extractos de prensa en los que aparecen fotografías con nombre del señor J.C., reseñado como un delincuente que se encargaba de realizar homicidios por encargo (fls. 16-18 cdno. ppal.).

Así mismo se aportó un oficio por parte del periódico El Caleño, en el que la información publicada en la prensa, en la que se señala al demandante como autor de homicidios por encargo, fue suministrada por la Policía Metropolitana de Cali, a través de una rueda de prensa suministrada por el Coronel G.R., y que el material fotográfico fue tomado en instalaciones de la Policía Nacional.

(…)

En consecuencia, la Sala aceptará las pretensiones y así lo declarará, condenando a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a reparar el daño ocasionado por encontrarlas responsables en el daño antijurídico causado a los demandantes, condenándolas a pagar la indemnización por partes iguales; a la Fiscalía por ordenar la privación de la libertad del señor C. sin respaldo probatorio suficiente que hiciera necesaria y proporcionada la medida, y a la Policía Nacional por la indebida información suministrada a los medios de comunicación sobre la participación del investigado en los hechos, vulnerando su buen nombre y su honra, toda vez que fue presentado ante la sociedad como delincuente.

25. En consecuencia, la Sala deberá determinar si la divulgación en dichos medios de comunicación constituyó un menoscabo antijurídico en contra del derecho al buen nombre y a la honra de C.O., y si tal afectación es atribuible a la entidad apelante.

26. En cuanto perjuicio a la vida en relación supuestamente soportado por el privado de la libertad, esta corporación en providencias de unificación proferidas en agosto de 2014, resaltó que dicha tipología dogmática de perjuicio se encuentra subsumida en el daño a la salud o en el de afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, según la situación fáctica concreta14. En el sub lite, la Sala concluye que lo materialmente alegado por la parte demandante es un menoscabo al derecho al buen nombre del procesado, toda vez que en el escrito de demanda atribuye la concreción del perjuicio a que “los entes estatales demandados causaron con su actuar un daño antijurídico dos oportunidades, el primero al señor J.G. y su entorno familiar, al ser presentado ante los medios de comunicación como un homicida (sicario), sin tener justa razón (…)”. Respecto a esta tipología de daño, la Sección Tercera en pleno destacó así sus principales características15:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales

27. En lo referente al perjuicio estudiado, se resalta que la publicación realizada en el diario “El Caleño” el viernes 4 de octubre de 2004, donde se destaca el nombre y la supuesta fotografía del accionante como miembro de una banda sicarial que “mataba por encargo” —supra párr. 20.7.—, constituye una afectación relevante al derecho constitucional al buen nombre16 que sometió al actor principal a un escarnio social, el cual se materializa como un daño antijurídico. Ello, si se tiene en cuenta que los términos de la publicación dan por hecho que el actor cometió las conductas reseñadas.

28. Respecto de los requisitos necesarios para predicar la obligación del Estado de reparar el daño causado por la vulneración de los bienes constitucional y convencionalmente protegidos a la honra y el buen nombre el Consejo de Estado ha establecido17:

Sobre los cuestionamientos planteados, en Sentencia C-489 de 200218, la Corte Constitucional explicó que el buen nombre “ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.

En la misma oportunidad y respecto del derecho a la honra, la Corte señaló que su núcleo se contrae tanto a “la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, al reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona”, de manera que para que pueda tenerse como vulnerado, “esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta”.

(…)

Finalmente, resulta necesario indicar que la jurisprudencia constitucional no sólo ha sido enfática en reconocer la tensión que surge entre los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra y la libertad de expresión en su modalidad de libertad de información, sino en sostener que, dada “su importancia para la vida democrática y para el libre intercambio de ideas”19, la segunda ha de prevalecer sobre los primeros20.

(…)

En suma, de acuerdo con la jurisprudencia referida, para efectos de declarar la responsabilidad del Estado por difusión de información, el juez deberá examinar si se encuentra demostrado que (i) la información fue inexacta o errónea o que se trató de expresiones injuriosas u ofensivas, (ii) la conducta de la parte demandada no dio lugar a la publicación de tal información, (iii) que con esa situación se generó un perjuicio cierto y (iv) que se distorsionó el concepto público que se tenía sobre el individuo directamente afectado [21].22.

29. Como se expondrá, para la Sala es claro que se demostró la afectación material al derecho analizado del actor principal y que este es imputable exclusivamente a la Policía Nacional, toda vez que en el expediente obran pruebas que acreditan que: (i) se emplearon expresiones injuriosas o calumniosas al presentar al accionante; (ii) el actor y su conducta no dieron lugar a la publicación, pues en sub lite no se materializó un hecho de la víctima; (iii) con la publicación se generó un perjuicio cierto, al poner en conocimiento de toda la comunidad que el accionante era supuestamente un “matón por encargo”; y (iv) la fuente de la información imprecisa devino de la parte pasiva de la presente acción, lo que demuestra la presencia de nexo de causalidad entre el daño y la actuación de la apelante.

30. Respecto al primer requisito esbozado, esto es, la expresión de términos injuriosos, calumniosos, ofensivos o inexactos, no cabe la menor duda de que al procesado penalmente se le expuso ante la sociedad como un sicario que “mataba por encargo”. Ejemplo de lo descrito se encuentra plasmado en la sección judicial del diario “El Caleño”, de fecha 1º de octubre de 2004, donde figura el nombre, la foto y la transcripción de las declaraciones del Coronel G.R., comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali. En el mismo sentido obra en el expediente copia del boletín Nº 167 del 30 de septiembre de 2004, expedido por la Agencia Nacional de Noticias Policiales —supra párr. 20.9—, donde se arguye que “al parecer los capturados cometieron estos homicidios por encargo”.

31. En complemento a lo anterior, si bien es claro que la difusión de la información se dio principalmente por parte de un medio de comunicación, no es menos cierto que el contenido de la misma coincide en su mayoría con el comunicado Nº 167 del 30 de septiembre de 2004, emanado del cuerpo policial y que el artículo del periódico cita al coronel G.R. como fuente de lo plasmado en el artículo periodístico —supra párr. 20.9.—.

32. Referente a la segunda condición esgrimida por la jurisprudencia para la declaratoria de responsabilidad por vulneración al derecho constitucionalmente protegido al buen nombre, a saber, que la víctima no haya contribuido con su conducta a que la información se publicara, se considera que esta se cumple a cabalidad en el caso analizado, pues J.G.C. fue expuesto a los medios de manera involuntaria y sin que su accionar diera origen a la publicación ni a la medida de detención preventiva, por lo que no puede afirmarse que se materializa un hecho exclusivo y determinante de la víctima.

32.1. Sobre el hecho de la víctima como causal de exoneración, esta corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales esta con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. Al respecto, el numeral 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos23 establece esta posibilidad, al preceptuar que:

(…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).

32.2. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)24.

32.3. Como se adujo, en el sub lite se observa que la conducta del hoy accionante no fue determinante en la producción del daño, pues no se demostró que ni la imposición de la medida de aseguramiento, ni la publicación en los diarios, ni la expedición del boletín de la Policía Nacional se produjeran como consecuencia directa del incumplimiento a título de dolo o culpa grave de los deberes que tenía como ciudadano. Como se expuso, en el proceso penal nunca se probó que el actor fungiera como contertulio de las conversaciones donde supuestamente se planeó el homicidio del señor P.25, ni que cometiera otra conducta que le despertara dudas a las autoridades respecto a su posible participación en el ilícito investigado, motivos estos suficientes para concluir que C.O. no dio fundamento a la publicación de la información imprecisa y calumniosa.

33. El tercer presupuesto objeto de análisis es que la información censurada generara un perjuicio cierto y el cuarto, que la misma distorsionara el concepto que el público tenía del afectado. De acuerdo a lo argumentado con anterioridad, en el expediente obran varios medios de prueba que acreditan la afectación al buen nombre y la honra de J.G.C., al ser señalado ante la sociedad a través de los medios de comunicación como un miembro de una banda sicarial que trabajaba al mejor postor y que había cometido tres crímenes —supra párr. 20.7—. No siendo suficiente lo descrito, el hoy actor principal fue mostrado y fotografiado como un trofeo frente a los escudos de la Policía Nacional, conducta que para esa Sala es susceptible de reproche y además generadora de una afectación relevante a la dignidad del procesado.

34. En lo atinente a la protección y eventual lesión del derecho fundamental al buen nombre, la Corte Constitucional ha explicado26:

El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.

35. De acuerdo con lo esgrimido por el máximo tribunal constitucional, en el sub judice se causó un detrimento a la imagen que la sociedad ostentaba del demandante con ocasión de la información errónea difundida por el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, lo que afectó la reputación que como buen ciudadano tenía de él el conglomerado social.

36. En cuanto a la reparación de perjuicios como el analizado es necesario precisar que la Sección Tercera de la corporación unificó su jurisprudencia en el sentido de precisar que, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, por afectar o vulnerar derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a la honra y buen nombre, entre otros, su reparación integral se realiza mediante la adopción de medidas no pecuniarias y, excepcionalmente, en casos en que la lesión del bien protegido sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Textualmente explicó esta corporación27:

De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

37. Así las cosas, si bien en un caso como el sub examine lo procedente en los términos actuales de la jurisprudencia sería resarcir el menoscabo estudiado con una medida no pecuniaria, la Sala no puede desconocer el acuerdo conciliatorio suscrito entre la parte actora y la Fiscalía General de la Nación el 24 de octubre de 2011, aprobado mediante auto del 4 de noviembre del mismo año, el cual admitió que se reparara el monto correspondiente a la tipología del perjuicio a la vida en relación, hoy afectación relevante a un bien constitucional y convencionalmente protegido, por el 70% de la condena impuesta por dicho concepto, la cual ascendió a 100 s.m.l.m.v., para el demandante principal y 80 s.m.l.m.v., para G.C.G., A.C.S. y G.C.V., hijos de J.G.C.O. —supra párr. 14—.

38. Sin embargo, debe destacarse que los términos en que se concertó el pago de dicho perjuicio por las partes, así como la forma en que el Tribunal de primera instancia aprobó el acuerdo conciliatorio no fueron claros, pues existe confusión en relación a la naturaleza conjunta o solidaria de las obligaciones surgidas para las demandadas a raíz de la condena emitida por el a quo. Con respecto a la solución alternativa de conflictos referenciada, en el acta del 24 de octubre de 2011 (fl. 335, cdno. ppal.), la Fiscalía General de la Nación y el extremo actor acordaron:

(…) se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, inicialmente quiero solicitarle a la apoderada de la Fiscalía que concrete si se trata del total de la condena, puesto que en el fallo el tribunal los condenó solidariamente con la Policía Nacional (…).

Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la Fiscalía General de la Nación, una vez escuchada la contra propuesta de acuerdo a lo manifestado por el apoderado de la parte actora, me permito manifestar que el ofrecimiento se basa en lo concerniente al valor total de la condena con lo que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, en razón a que la sentencia es muy clara que es solidariamente responsable. Con relación a que exista otro ofrecimiento la Fiscalía le puede ofrecer nuevamente hasta un (70%) del valor total de la condena que le corresponde a la Fiscalía. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, una vez consultado con mis poderdantes, me facultan para aceptar el setenta por ciento (70%) del total de la condena correspondiente a la Fiscalía General de la Nación, quedando para la segunda instancia de la Policía Nacional, como lo dijo la apoderada de la Fiscalía, se apliquen las normas correspondientes al pago respectivo. Artículos 176 y 177 del CCA. (Énfasis fuera del texto).

39. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el auto de 4 de noviembre de 2011, a través del cual aprobó el acuerdo conciliatorio expuso:

Por otra parte, como la condena impuesta en la sentencia antes referida fue solidaria y la parte demandada Nación-Policía Nacional, no presentó formula conciliatoria y teniendo en cuenta que el apoderado de esta entidad presentó oportunamente escrito de apelación, visible a folio 357 a 367, esta corporación conforme a los artículos 132 y 181 del CCA., se concederá en el efecto suspensivo la apelación. (Énfasis fuera del texto).

40. De acuerdo con los fragmentos transcritos, es evidente para esta corporación que no existe claridad en los parámetros a través de los cuales dos de las tres partes en controversia decidieron poner anticipadamente fin al conflicto sub examine. Es por ello que ante la incertidumbre fue nuevamente necesario remitirse a la sentencia de primera instancia en la cual se establecieron las condenas transigidas, la cual, como se corroborará, dio inicio a la confusión descrita al emplear de manera imprecisa las instituciones de las obligaciones conjuntas y solidarias. En relación con las penalidades impuestas, el a quo textualmente adujo:

En consecuencia, la Sala aceptará las pretensiones y así se declarará, condenando a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a reparar el daño ocasionado por encontrarlas responsables en el daño antijurídico causado a los demandantes, condenándolas a pagar la indemnización por partes iguales (…) (énfasis fuera del texto).

41. A partir del aparte traído a colación pareciera claro que, contrario a lo expuesto en el proveído que aprobó la conciliación, la carga indemnizatoria habría sido impuesta de manera conjunta por el Tribunal, toda vez que el fallo indica que se pagaría el monto por parte iguales. Empero, en el acápite resolutivo de la providencia examinada —supra párr. 12—, el único numeral que dispuso expresamente que la sanción se pagaría en partes iguales fue el punto 2.1., el cual versa sobre el perjuicio material; en los demás, nada se dijo respecto de cuál de las dos condenadas debería asumir el pasivo ni en qué porcentaje.

42. En consecuencia, el Consejo de Estado como máximo juez de lo contencioso administrativo en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, y con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial de acuerdo a los postulados del artículo 228 de la Constitución Política, deberá desarrollar una labor hermenéutica con el fin de dilucidar el alcance, así como el sentido material del acuerdo conciliatorio al que arribaron la parte actora y la Fiscalía General de la Nación.

43. Así entonces, a partir de lo expuesto por los extremos procesales en la negociación y posterior aprobación del mecanismo alternativo de solución de la controversia, la Subsección concluye que, en virtud de la solidaridad deprecada, el ente investigador se obligó a cubrir el 70% del valor de la condena que a ella correspondía, es decir, que a esta se le pudo cobrar dicho porcentaje sobre el total de los montos declarados en la sentencia y no solo la mitad de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto por los incisos segundo y tercero del artículo 1568 del Código Civil.

44. Empero, gracias a la insistencia en el recurso de apelación impetrado por la Policía Nacional, esta corporación deriva que lo producido en el caso concreto fue una ruptura de la solidaridad virtualmente consagrada en el fallo, pues, como se demostró en el sub lite, si bien la Fiscalía General fue quien causó la mayoría de los perjuicios por los cuales el Tribunal de primera instancia declaró responsable al Estado, esta no tenía por qué asumir la indemnización del menoscabo que fue categorizado en su momento como perjuicio a la vida en relación, lo que obliga a esta Subsección a delimitar las obligaciones que de la controversia examinada se desprende para cada una de las entidades demandadas.

45. Lo anterior, en armonía con lo explicado en el análisis de imputación efectuado a lo largo de esta providencia, fruto del cual resulta claro que únicamente las actuaciones de la Policía Nacional fueron la causa eficiente para que se produjera el daño al buen nombre del señor C.O., sin tener el cuerpo armado incidencia alguna en la prolongación de la privación de la libertad de dicho ciudadano, por lo que no podía ser obligada a indemnizar los perjuicios generados por este hecho. Es por ello que en esta instancia se hace vinculante una exoneración de dicha demandada en cuanto a los demás menoscabos que le fueron imputados a lo largo del actual proceso, lo que implica que la Policía será relevada de la obligación de pagar el porcentaje de la condena que no fue asumida por la Fiscalía General de la Nación y que se derivan directamente de la privación injusta de la libertad.

46. Así, en aras de respetar el acuerdo conciliatorio suscrito entre dos de las partes del conflicto, la Sala dispondrá que una vez la Fiscalía General de la Nación pague a los accionantes el monto correspondiente al daño a la vida en relación, re categorizado por esta corporación en el caso concreto como una afectación relevante a derechos constitucional y convencionalmente protegidos, esta pueda repetir contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por el valor sufragado exclusivamente a dicho título, por concluirse que el sub examine constituye un evento excepcional en el cual, en virtud de la independencia y del arbitrio judicial, se reparará una afectación al buen nombre a través de una indemnización y no de una medida no pecuniaria.

VI. Costas.

47. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2011, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

1. Declárese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional administrativamente responsable de la afectación al bien constitucional y convencionalmente protegido al buen nombre y a la honra del señor J.G.C.O., según lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

2. Como está incólume el acuerdo conciliatorio suscrito entre la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación aprobado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia del 4 de noviembre de 2011, désele cumplimiento si a la fecha de la presente providencia no se hubiere hecho.

3. La Nación-Fiscalía General una vez cancelado el valor total pactado en el acuerdo conciliatorio aprobado mediante auto del 4 de noviembre de 2011, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, podrá repetir contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, únicamente por el valor que se haya pagado a título de daño a la vida en relación, el cual debe corresponder a 70 s.m.l.m.v., en favor de J.G.C.O.; y 56 s.m.l.m.v., ordenados a favor de cada uno de los 3 hijos del accionante principal, a saber, G.C.G., A.C.S. y G.C.V.

4. Cúmplase este fallo en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. No habrá condena en costas, por lo ya expuesto y teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4. Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

5 Allí se decidió que este tipo de casos, entre otros, se fallarían sin sujeción al turno, pero respetando la fecha de ingreso.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

7 Informe 1071 del 28 de septiembre de 2004, a través del cual la Policía Nacional pone a órdenes de la Fiscalía General al accionante principal junto con varios bienes muebles que tenía consigo el día anterior al momento de la captura.

8 Resolución interlocutoria 160, proferida por la Fiscalía 13 Seccional adscrita a la Casa de Justicia de Siloe, Cali, la cual resolvió la situación jurídica del procesado.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001233100019990081501 (21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

10 Según acta de derechos del capturado (fl. 667, cdno. anexo 1).

11 A través del Oficio 1071 del 28 de septiembre de 2004, la Policía Nacional puso a disposición del fiscal 13 seccional de Siloe al capturado J.G.C.O., detenido en virtud de la orden de captura Nº 0279871 del 14 de septiembre del mismo año (fl. 665, cdno. anexo 1).

12 “ART. 218.—La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

13 Ley 600 de 2000, artículo 355 y ss.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31170, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

16 Esta corporación ha señalado, con base en la jurisprudencia constitucional, que el buen nombre se refiere a la reputación o imagen social del ciudadano, mientras que la honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 29 de agosto de 2012, exp. 24097, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Corte Constitucional, sentencias C-489 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-921 de 2002, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 24770, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

18 [45] “M.P. Rodrigo Escobar Gil”.

19 [51] “Sentencia C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.

20 [52] “Sentencia C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: ‘[s]e han distinguido ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión: (1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión prohibidos; (3) existen diferentes grados de protección constitucional de los distintos discursos amparados por la libertad de expresión, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más intensa que otros, lo cual a su vez tiene directa incidencia sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) protege expresiones exteriorizadas mediante el lenguaje convencional, como las manifestadas por medio de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; por último (8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares’”.

21 [54] “Cfr. sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23.478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: ‘…tratándose de un juicio de responsabilidad, al demandante, le corresponde acreditar, más allá de la simple difusión de la información, que se ha afectado su derecho al buen nombre y a la honra, esto es, demostrar que: i) la información fue inexacta o errónea o que se trató de expresiones injuriosas u ofensivas; ii) que con su conducta no dio lugar a que se manifestara dicha información; iii) que con tal situación se le ha generado un perjuicio tangible y que; iv) como consecuencia, se ha distorsionado el concepto público que se tenía de esa persona.|| Sin el lleno de los anteriores presupuestos, no hay lugar entonces a considerar que se ha causado una vulneración o menoscabo de tales derechos y, por consiguiente, se tendrá por no acreditado el daño’”.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 24770, C.P. Hernán Andrade Rincón.

23 Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

24 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

25 Tal como lo demuestra el Informe sobre transliteración toma de muestra y análisis de identificación de hablantes del 28 de junio de 2005, suscrito por el investigador criminalistico VII, N.O.T., el cual concluye que “el material dubitado no es óptimo para ser utilizado en el estudio de identificación de hablantes” (fls. 217-234, cdno. anexo).

26 Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.