Sentencia 2007-01129 de febrero 18 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 50001-23-31-000-2007-01129-01

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Radicación interna: acumulados números 2007-01123, 2007-01127, 2007-001129, y 2007-01131

Demandante: Román Felipe Acosta Guzmán y otros

Demandado: concejales del municipio de Villavicencio, Meta

Referencia: apelación sentencia - electoral

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, conforme a los artículos 129 [2] y 231 del Código Contencioso Administrativo.

2. El acto electoral demandado.

Se trata del acta parcial de escrutinio de votos para Concejo de Villavicencio, Meta, concluida el 5 de noviembre de 2007, formulario E-26 CO en cuanto declaró la elección de concejales del municipio Villavicencio, Meta, periodo 2008-2011.

3. Las excepciones propuestas.

Los demandados en los distintos procesos presentaron argumentos intitulados excepciones: ausencia de inhabilidad, falta de legitimación por pasiva, mala fe, entre otras, pero como quedó visto, los argumentos en que se afincaron sus alegatos, en verdad contienen la oposición a las pretensiones de las demandas y en ese orden se considerarán al proveer sobre el fondo de las pretensiones.

4. Marco de la controversia en segunda instancia.

Se presentaron sendos recursos donde se cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta como resultado del estudio que hizo de los cargos propuestos en los procesos 2007-1123, 2007-1127, 2007-1129 y 2007-1131, acumulados.

— En los procesos 2007-1123 y 2007-1129, se demanda la nulidad de la elección del concejal Miguel Iván Martínez Baquero, por razón de que, según los accionantes, estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido pues: i) dentro del año anterior a la elección intervino en la celebración de contratos ante entidad pública que debía ejecutarse en el municipio, ii) en los 12 meses anteriores a la elección ejerció como empleado público autoridad administrativa y iii) tenía parentesco, en el segundo grado de consanguinidad, con funcionario que dentro de los 12 meses anteriores ejerció autoridad administrativa en el respectivo municipio.

— En el proceso 2007-1127, se demanda la nulidad de la elección del concejal José Alejandro Garzón Torres (i) porque, según la demanda, se hallaba inhabilitado por intervención en la celebración de contratos con entidad pública que debía ejecutarse en el municipio y ii), porque un pariente suyo, en el segundo grado de afinidad, era representante de entidad que prestaba servicio de salud en el municipio a pasar de la prohibición del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007.

— En el proceso 2007-1131 se demanda la nulidad de todo el acto de elección porque se computaron votos por candidatos no elegidos que se hallaban inhabilitados y porque en las tarjetas electorales se introdujeron cambios al símbolo del partido Colombia Viva en Unidad Cristiana, con lo que se confundió a los electores.

Así pues, la Sala abordará el análisis de la alzada considerando, en primer lugar, los cargos que afectan la elección de todos los concejales, es decir, aquellos contenidos en la demanda 2007-1131 y, luego, aquellos que afectan la elección de ciertos concejales.

5. Análisis de la impugnación.

5.1.Cargos que cuestionan la legalidad de la elección de todos los concejales.

En el expediente 2007-01131 se demandó la nulidad del acto de elección de concejales del municipio de Villavicencio, Meta, periodo 2008-2011, por 2 razones, a saber: por el hecho de que se computó votos depositados por los candidatos César Augusto López Leal, inscrito por la lista del Partido Convergencia Ciudadana, y Carlos Alberto Cuadrado Rojas, incluido en la lista del Partido Alianza Social Afrocolombiana, no obstante que habían sido condenados a pena accesoria de interdicción de derechos civiles y políticos y, por el hecho de que en el tarjetón utilizado en las elecciones del 28 de octubre de 2007, se cambió el logo del Movimiento Colombia Viva en Unidad Cristiana —de un octágono se pasó a un cuadrado y, además, una parte del nombre, la contenida en la frase “en Unidad Cristiana” se consignó en una letra muy pequeña— con lo que se confundió a sus electores.

La sentencia de 30 de septiembre de 2008 desestimó el primero de los cargos sobre el argumento de que era inane porque a pesar de que los señores López Leal y Cuadrado Rojas se hallaran inhabilitados para inscribirse y ser elegidos concejales, no alcanzaron el favor popular.

Y el segundo sobre el argumento de que, además del cambio en el logo del movimiento Colombia Viva en Unidad Cristiana, debía probarse que el mismo había generado alteración en el resultado de la elección, lo que a su juicio, no se hallaba acreditado en el plenario.

5.1.1. Cuestión previa.

La acción electoral es una modalidad de la acción pública de nulidad de los actos administrativos, que no obstante tiene unas características específicas que exigen la observancia de ciertas reglas propias de su naturaleza específica, a saber:

1º. A través de ellas, en principio, solo son demandables los actos por los cuales se declara una elección, se hace un llamado, o se hace un nombramiento.

La jurisprudencia de la Sala ha aceptado la posibilidad de que se demanden los actos por los cuales las comisiones escrutadoras resuelven sobre las reclamaciones presentadas en el proceso de escrutinio en cuanto el defecto recaiga en un registro electoral o acta de escrutinio intermedio, o en un trámite irregular, pero tal circunstancia solo es posible si, además, se proponen pretensiones de nulidad contra el acto de elección.

Y ello porque la anulación de las decisiones intermedias sería inane si no tiene consecuencias sobre el acto electoral.

2º. Los actos de nombramiento o elección pueden ser objeto de anulación por vía contencioso administrativa, en ejercicio de la acción electoral, por las causales que consagra el artículo 84 del mismo código en relación con todos los actos administrativos y por las especiales de los actos electorales señaladas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo.

Las causales generales de nulidad de los actos administrativos establecidas por el artículo 84 del Código Contencioso, comprenden la infracción de las normas superiores y la expedición por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

Las causales especiales de nulidad de los actos electorales, previstas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo son las siguientes:

Artículo 223:

“1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o estas se hayan destruido por causa de violencia.

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación.

3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden.

4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema del cuociente electoral adoptado en la Constitución Política y leyes de la República.

5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos.

6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos de elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anulará el acta de escrutinio sino los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya violado esta disposición”.

Artículo 227:

“[C]uando por resoluciones de las corporaciones electorales “se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos”.

Artículo 228:

“[C]uando un candidato no reúna las condiciones constitucionales o legales para el desempeño de un cargo, fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido (…)”.

3º. Está sujeta a un término de caducidad, artículos 136 [12] y a un trámite especial abreviado.

4º. A través de ella se protege el orden jurídico general y la observancia del régimen de inhabilidades para ser miembros de corporaciones o cargos públicos, y tratándose en particular de elecciones populares, la legalidad del proceso eleccionario y la integridad del sufragio como expresión de los derechos políticos a elegir y ser elegido.

De allí que, por virtud del principio de eficacia del voto consagrado en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral, cualquier vicio que afecte de nulidad las actas de escrutinio solo hace nulo el acto electoral cuando tiene la capacidad de mutar el resultado que se formaliza en él.

De la misma manera, la expedición irregular de un acto electoral, derivada de la violación al debido proceso, vicia de nulidad el acto cuando está referida a la omisión de las formalidades y trámites que resulten determinantes en el resultado electoral o en el nombramiento, tal como lo ha establecido esta Sala en los siguientes términos:

“[D]icho vicio corresponde a aquel referido a las irregularidades sustanciales que tengan lugar en la expedición del acto, vale decir, el que se presenta cuando el acto se expide omitiendo las formalidades y trámites del caso que resulten determinantes en la decisión definitiva. Y por irregularidad sustancial en la expedición de un acto declarativo de elección o de nombramiento se entiende aquella capaz de alterar, con la suficiente gravedad, la transparencia del proceso de selección o electoral de que se trate, en cuanto afecta de manera determinante el resultado del mismo”(1).

5º. En los eventos en que prospere la anulación del acto declaratorio de una elección popular, por comprobarse vicios de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación o de las corporaciones electorales, por alguna de las causales del artículo 223 del código, el juez debe además disponer y ejecutar la práctica de un nuevo escrutinio, excluyendo de él o corrigiendo parcialmente, las actas de escrutinio viciadas de nulidad, y expedir las credenciales a los que resulten elegidos (CCA, arts. 247, 248 y 249).

5.1.2. Del cómputo de votos por personas inhabilitadas que no resultaron elegidas.

El sistema político colombiano ha considerado a los movimientos y partidos políticos como uno de sus pilares. De ahí que el derecho fundamental a participar en la conformación del poder político en la modalidad de elegir y ser elegido, artículo 40 [1] de la Carta, deba ejercerse a través de tales colectividades.

Siendo estos —los movimientos y partidos políticos— los principales actores en nuestro sistema democrático, tratándose de elecciones a corporaciones públicas tiene unas prerrogativas, a saber: i) acceder al reparto de cuotas o escaños de poder, cuando han alcanzado el umbral, ii) acceder a la asignación de curules, cuando han tenido un número de votos superior a la cifra repartidora y iii) decidir acerca de quiénes van a ocupar los escaños que eventualmente lleguen a alcanzar, derecho que ejercen al momento de elaborar la lista y de decidir si esta es cerrada (sin voto preferente) o abierta (con voto preferente).

En esta dimensión, el voto ciudadano depositado en una elección de corporaciones públicas tiene 3 propósitos: i) abrir la barrera de entrada a la repartición de cuotas o escaños, denominada umbral, ii) permitir la asignación de curules a través de la cifra repartidora y iii) permitir la asignación de las alcanzadas entre los miembros de las listas.

Así, cuando se demanda la nulidad de un acto electoral por razón de una causal subjetiva, que bien puede ser la ausencia de requisitos para acceder al correspondiente cargo de elección popular (art. 223-5) o la presencia de una circunstancia de inelegibilidad, léase inhabilidad (arts. 227 y 228), solo se cuestiona el tercer aspecto, es decir, el de la asignación de las curules alcanzadas.

Y ello es así porque estas circunstancias impiden que la persona en quien recaen pueda acceder a un cargo público.

Por esa razón una demanda afincada en la inelegibilidad de un candidato que no alcanzó el favor popular, como la presentada en el proceso radicado con el número 2007-01133, resulta inane pues como quedó dicho, la acción de nulidad electoral tiene por objeto la verificación de la legalidad de un acto de elección, o si se quiere: corroborar la conformidad de una elección, y en casos como el planteado en el sub lite —en el que conforme al acto de elección que obra a folio 14 del expediente, los partidos por los que se inscribieron los candidatos cuya inhabilidad se alegó ni siquiera alcanzaron alguna curul—, la elección no existe.

Entonces, el cargo así formulado no tenía vocación de prosperidad.

5.1.3. De las deficiencias en el logo del partido Colombia Viva en Unidad Cristiana reveladas en el tarjetón utilizado en las elecciones para Concejo municipal de Villavicencio, Meta, periodo 2008-2011.

Tal como se precisó, los actos electorales pueden demandarse por las causales especiales establecidas en los artículos 223, 227 y 228 y por las generales del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

El artículo 84 prevé que los actos administrativos pueden anularse cuando se expiden en forma irregular. El vicio de la expedición irregular se configura cuando se desconocen las reglas establecidas para la formación del acto administrativo, ya porque no se cumple con alguna formalidad en el trámite previo, ora porque se desconoce la forma en la que, según la ley, debe dictarse.

En el procedimiento de formación del acto pueden darse 2 clases de irregularidades, unas relevantes o sustanciales y otras irrelevantes o accidentales. Son relevantes aquellas que tienen la suficiencia para alterar el sentido de la decisión e irrelevantes aquellas otras que no inciden en este.

Sólo las primeras son capaces de estructurar el vicio de la expedición irregular, en términos generales, por virtud del principio de legalidad con arreglo al cual se cumple la función pública administrativa y, de manera especial, tratándose de actos electorales, por virtud del principio de eficacia del voto establecido en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral.

En la demanda radicada bajo el número 2007-01133 se alegó que en el tarjetón utilizado en las elecciones para Concejo de Villavicencio —Meta, periodo 2008— 2011 se modificó el logo del Movimiento Colombia Viva en Unidad Cristiana pues se hizo consistir en un cuadrado cuando era un octágono en el que, además, la segunda parte del nombre, la expresión “en Unidad Cristiana” se imprimió en una letra ilegible, circunstancia que causó confusión en los electores —miembros de las comunidad cristiana— la que se reflejó, según se dijo, en la votación obtenida por el citado movimiento.

Dicha circunstancia bien podría configurar el vicio de la expedición irregular, sin embargo, examinado el expediente, específicamente, las pruebas que reposan en los folios 47 y 48 del cuaderno principal del proceso 2007-01133, resulta que el cambio en el citado símbolo es inexistente, pues sigue siendo un octágono, que conserva las mismas características del que aparece en el boceto allegado al expediente.

Ahora, es cierto que el citado octágono se halla ubicado en un rectángulo y que el aparte del nombre del Movimiento “en Unidad Cristiana” fue consignado en un tamaño de letra pequeño, pero esa circunstancia, a juicio de la Sala, no es suficiente para considerar que significó un cambio de tales proporciones que distrajo a los electores amén de que las características esenciales se mantuvieron, y de que el espacio en el tarjetón es insuficiente para utilizar un tipo más grande.

Además, esa misma circunstancia se presentó respecto de otros partidos o movimiento políticos, por ejemplo, del Polo, del que parte de su nombre, la correspondiente a “Democrático Alternativo” es de las mismas proporciones que la frase “en Unidad Cristiana” a la que se refiere la demanda, por lo que no puede considerarse que comportó la afectación de los derechos del Movimiento Colombia Viva en Unidad Cristiana, porque “[L]o que es igual para todos no es ventaja para nadie”.

En gracia de discusión si se aceptara que la circunstancia antes descrita pudo confundir al electorado, el vicio de expedición irregular tampoco se configuraría porque no existe prueba de su magnitud, ni de la incidencia que pudo haber tenido en los resultados de la elección.

Corolario de lo anterior el cargo no tenía vocación de prosperidad.

5.2. Los cargos formulados contra la elección de los concejales Miguel Iván Martínez Baquero y José Alejandro Garzón Torres.

5.2.1. De las inhabilidades, marco general.

Sobre el concepto de inhabilidades, esta Sala ha dicho que corresponden a una serie de circunstancias subjetivas que limitan el derecho de acceso a cargos públicos en orden a garantizar la prevalencia del interés general.

En materia electoral, están previstas para garantizar el equilibrio en la respectiva contienda en la medida en que impiden que los candidatos se coloquen, de cara al electorado, en unas condiciones que les otorguen ventajas frente a los demás aspirantes.

Han sido dispuestas para preservar a los ciudadanos de presiones e influencias que afecten su libre elección, por lo que puede decirse, tributan al principio de la transparencia del voto.

Constituyen una restricción al derecho a participar en la conformación del poder político, de raigambre fundamental, y en esa condición son de interpretación restrictiva.

Sentadas las anteriores premisas, corresponde precisar las particularidades de cada uno de las inhabilidades alegadas en las demandas acumuladas.

5.2.2. De la inhabilidad por la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros que deban ejecutarse en el respectivo municipio.

La intervención en la celebración de contratos, como causal de inhabilidad, tratándose de concejales, se halla establecida en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, a saber:

“ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

[…].

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido […] en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito…”.

La jurisprudencia de la Sección ha definido la celebración de contratos, así(2):

“[D]e otra parte, esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular(3). De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa(4).

Pues bien, la intervención en la celebración de contratos implica la ejecución de conductas que revelen una participación personal y activa en actos previos a la celebración de un contrato o en la celebración o suscripción del mismo.

Tratándose de inhabilidad de concejales se configura cuando el elegido, dentro del año anterior a los comicios, ha desplegado alguna actividad dentro de una operación contractual enderezada a la celebración de un contrato o ha suscrito el respectivo acuerdo de voluntades, por lo mismo, es plausible considerar que se trata de actividades desarrolladas una vez la entidad pública contratante ha manifestado a los particulares - contratistas, su deseo de contar con su colaboración, previo un acuerdo de voluntades, para el cumplimiento de sus cometidos específicos y, finalmente, de los del Estado(5).

De esta forma no configuran intervención en la celebración de contratos aquellas actividades efectuadas antes de que inicie la operación contractual, ni aquellas que se verifiquen luego de que se haya suscrito el respectivo negocio jurídico.

5.2.3. De la inhabilidad por el ejercicio de autoridad administrativa.

El numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, prevé:

“ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

‘ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

[…].

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, …’”.

Para que se configure la referida causal de inhabilidad, se requiere:

1º. Que exista un vínculo laboral del candidato o elegido, es decir, que sea “empleado público”.

2º. Que por virtud del respectivo vínculo cumpla funciones que implique ejercido autoridad administrativa, es decir, “poder del cual está investido un funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses de sus administrados, función que también puede ejercer quien tiene autoridad civil, pero este además tiene el poder de las decisiones generales”.

3º. Que esa autoridad se haya ejercido durante los 12 meses anteriores a la elección.

4º. Que esa autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o distrito.

La citada inhabilidad se configura cuando se alegan y se prueban los cuatro elementos. La verificación de uno permite que se prosiga con el examen acerca de la presencia de los otros.

5.2.4. De la inhabilidad por parentesco con funcionario que haya ejercido autoridad administrativa.

Está regulada por el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que prevé:

“ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

[…].

“4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; …”.

“…”.

Para que se configure la referida causal de inhabilidad, se requiere:

1º. Que exista vínculo de matrimonio, unión permanente o de parentesco, en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil entre el candidato o el concejal elegido y un funcionario público.

2º. Que el funcionario público con quien se presenta el correspondiente vínculo haya ejercido autoridad administrativa, en los términos atrás descritos (acápite 5.2.3).

3º. Que esa autoridad se haya ejercido durante el año anterior a la elección.

4º. Que esa autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o distrito.

Aquí también se requiere que se aduzca y prueben los cuatro elementos.

5.2.5. En el caso concreto.

5.2.5.1. Del concejal Miguel Iván Martínez Baquero.

En los expedientes 2007-01123 y 2007-01129 se alegó que Miguel Iván Martínez Baquero se hallaba inhabitado para inscribirse y ser elegido como concejal porque en su condición de miembro del consejo superior universitario de la Universidad de los Llanos, Unillanos, representante del sector productivo, participó en sesiones de 20 de diciembre de 2006 y 11 y 20 de abril de 2007, en las que se autorizó al rector para que suscribiera convenios y contratos, con lo que se configuró una intervención en la celebración de contratos.

Sin embargo, tal actuación en modo alguno puede tenerse como inhabilitante porque corresponde a un asunto previo a la iniciación de la operación contractual, que permitió la celebración de los respectivos acuerdos de voluntades.

Además, fue cumplida por el consejo superior universitario, como máximo órgano de administración del centro de estudios superiores y no por el demandado individualmente considerado, quien si bien pudo haber participado en el otorgamiento de las citadas facultades, lo hizo en cumplimiento del deber que emanaba de la condición de consejero.

Siendo así las cosas, el hecho probado de que el demandado, en condición de miembro del consejo superior universitario de la Universidad de los Llanos, Unillanos, hubiera participado en las sesiones de 20 de diciembre de 2006(6), en la que se autorizó al rector para contratar: i) el arrendamiento de los inmuebles de la universidad, ii) la construcción de las aulas de la sede San Antonio, iii) la contratación del servicio de vigilancia y iv) la prestación del servicio de transporte para los estudiantes 2007; de 11 de abril de 2007(7), en la que se autorizó al rector para que contratara la interventoría al contrato de construcción de las aulas de la sede San Antonio; y de 20 de abril de 2007(8) en la que se le autorizó para contratar i) el transporte de los estudiantes del segundo periodo 2007, ii) el transporte para las prácticas de los estudiantes en el segundo periodo de 2007 y para que suscribiera el convenio interadministrativo con la gobernación del Meta para la dotación de laboratorios de las sedes Barcelona y San Antonio, no configura causal de inelegibilidad que afecte su elección y el cargo no tenía vocación de prosperidad.

2. En los expedientes 2007-1123 y 2007-1129 se dijo, además, que el concejal Miguel Iván Martínez Baquero se hallaba inhabilitado porque su hermano Adolfo Hernando Martínez Baquero, durante el año anterior a la elección, fue miembro de la junta directiva de la empresa social del Estado del municipio de Villavicencio y, en esa condición, ejerció funciones públicas que comportaban autoridad administrativa habida cuenta de que el artículo 11 del Decreto 1876 de 1994, prevé:

“ART. 11.—Funciones de la junta directiva. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las juntas directivas por ley, decreto, ordenanza o acuerdo u otras disposiciones legales, esta tendrá las siguientes:

1. Expedir, adicionar y reformar el estatuto interno.

2. Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la empresa social.

(Sic) 1. Aprobar los planes operativos anuales.

2. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el plan de desarrollo y el plan operativo para la vigencia.

3. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el director o gerente, para ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en sus distintos órdenes.

4. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la autoridad competente.

5. Aprobar los manuales de funciones y procedimientos, para su posterior adopción por la autoridad competente.

6. Establecer y modificar el reglamento interno de la empresa social.

7. Analizar los informes financieros y los informes de ejecución presupuestal presentados por el gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional.

8. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la empresa social.

9. Servir de voceros de la empresa social ante las instancias político-administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de dirección del sistema de salud, apoyando la labor del gerente en este sentido.

10. Asesorar al gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los asuntos que a juicio de la junta lo ameriten.

11. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la suscripción de los contratos de integración docente asistencial por el gerente de la empresa social.

12. Elaborar terna para la designación del responsable de la unidad de control interno.

13. Fijar honorarios para el revisor fiscal.

14. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla para su aprobación ante la autoridad competente.

15. Elaborar terna de candidatos para presentar al jefe de la respectiva entidad territorial para la designación del director o gerente”.

Examinados los elementos que configuran la causal de cara a las pruebas allegadas al expediente, en torno a la causal de inhabilidad alegada, se tiene:

Del vínculo de parentesco del concejal demandado con Adolfo Hernando Martínez Baquero y su condición de funcionario público

De acuerdo con las fotocopias autenticas de los registros civiles de nacimiento que aparecen a folios 137 y 138 del expediente 2007-01123, el demandado Miguel Iván Martínez Baquero es hijo de Miguel Ángel Martínez y Esther Baquero quienes a su vez, son los padres de Adolfo Hernando Martínez Baquero, luego entonces el demandado es hermano de Hernando Adolfo Martínez Baquero, lo que prueba el parentesco en el segundo grado de consanguinidad.

Pero Adolfo Hernando Martínez Baquero no tuvo la condición de funcionario público pues como aparece en la copia auténtica del acta de 27 de febrero de 2006, que milita en los folios 190 a 193 del expediente 2007-01123, en condición de representante legal de la Asociación de Auditores del Meta fue elegido como representante del sector productivo ante la junta directiva de la empresa social del Estado del municipio de Villavicencio, por lo mismo, era un particular que cumplía funciones públicas.

Resulta útil precisar, como lo hizo el a quo, que por disposición constitucional, artículos 2º(9) y 40(10), todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación del poder político y que la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado no es ajena a ese principio por lo que las disposiciones legales que establecen la forma como se prestan, han considerado la participación de la comunidad en los órganos de la administración a cuyo cargo se encuentran.

Bajo esta perspectiva las entidades que han sido organizadas para la prestación de servicios públicos (en principio los establecimientos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios, los entes universitarios autónomos, las empresas sociales del Estado, etc.), se hallan gobernadas por un gerente y una junta o consejo directivo como órgano colegiado en el que tienen asiento los miembros de la comunidad.

Los integrantes de la comunidad que hacen parte de esos órganos plurales de administración, cumplen funciones públicas, en este caso administrativas, pero esa circunstancia no los erige en funcionarios públicos.

Tratándose de empresas sociales del Estado, el artículo 7º del Decreto 1876 de 1994, sobre la composición de sus juntas directivas, prevé:

“ART. 7º—Mecanismo de conformación de las juntas directivas para las empresas sociales del Estado de carácter territorial. Las juntas directivas de las empresas sociales del Estado tendrán un número mínimo de seis miembros. En este evento, la junta se conformará de la siguiente manera:

1. El estamento político-administrativo estará representado por el jefe de la administración departamental, distrital o local o su delegado y por el director de salud de la entidad territorial respectiva o su delegado.

2. Los dos (2) representantes del sector científico de la salud serán designados así: Uno mediante elección por voto secreto, que se realizará con la participación de todo el personal profesional de la institución, del área de la salud cualquiera que sea su disciplina.

3. El segundo miembro será designado ente los candidatos de las ternas propuestas por cada una de las asociaciones científicas de las diferentes profesiones de la salud que funcionen en el área de influencia de la empresa social del Estado.

4. Cada asociación científica presentará la terna correspondiente al director departamental, distrital o local de salud, quien de acuerdo con las calidades científicas y administrativas de los candidatos realizará la selección.

5. Los dos (2) representantes de la comunidad serán designados de la siguiente manera:

Uno (1) de ellos será designado por las alianzas o asociaciones de usuarios legalmente establecidos, mediante convocatoria realizada por parte de la dirección departamental, distrital o local de salud”.

Entonces, el representante de los gremios es un miembro de la comunidad, o sea, un particular.

Es necesario precisar que la inhabilidad a la que se refiere el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, sólo se configura cuando cualquiera de los vínculos que consideró el legislador se presenta con un funcionario público, es decir, con una persona vinculada laboralmente a la administración, ya sea a través de una relación legal y reglamentaria como empleado público, o de una contractual, como trabajador oficial, y no de un servidor público concepto genérico que comprende a todas aquellas personas que prestan un servicio público.

Y ello porque las funciones propias del Estado, de ordinario, se cumplen a través de sus servidores, no obstante que por virtud del contenido normativo del artículo 210 superior, en el caso de las administrativas, también puedan ser cumplidas por los particulares, en todo caso, conforme a la ley.

Siendo así las cosas, se tiene que la inhabilidad endilgada no se configuró porque el hermano del concejal demandado no tenía la condición de funcionario público y, resulta inoficioso el examen de los demás elementos de la causal.

3. En los expedientes 2007-01123 y 2007-1129 se adujo, también, que el concejal Miguel Iván Martínez Baquero se hallaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido porque durante el año anterior a su elección se desempeñó como miembro del consejo superior universitario de la Universidad de los Llanos, Unillanos, y, en esa condición, ejerció funciones públicas que comportaban autoridad administrativa habida cuenta de que el artículo 19 del Acuerdo 27 de 2000 “[P]or el cual se modifica el estatuto general de la universidad”, prevé:

“ART. 19.Funciones. Son funciones del consejo superior.

a. Definir la política académica y administrativa y aprobar el plan de desarrollo de la universidad.

b. Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución.

c. Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y la política institucional.

d. Expedir o modificar los reglamentos que regulen la actividad académica.

e. Designar al rector para un período de tres años, evaluar su gestión y removerlo, según lo establecido en el estatuto general.

f. Designar rector encargado por ausencia temporal mayor de ocho días, del rector titular.

g. Designar rector encargado por ausencia definitiva del titular. En todo caso la designación del rector titular debe surtirse antes de los 90 días calendario contados a partir de la ausencia definitiva.

h. Aprobar, modificar y adicionar el presupuesto de la universidad.

i. Aprobar anualmente los estados financieros de la universidad.

j. Crear, modificar o suprimir unidades académicas.

k. Crear, suprimir o fusionar cargos y expedir, con arreglo al presupuesto la planta de personal de la universidad.

l. Fijar el valor de los derechos pecuniarios que cobre la universidad.

ll. Crear, organizar y reglamentar fondos.

m. Aprobar el plan de capacitación docente, a propuesta del consejo académico.

n. Aprobar las comisiones especiales de estudio y sabático de acuerdo con las normas pertinentes.

ñ. Otorgar títulos y menciones honoríficas conforme a los reglamentos.

o. Definir la política de bienestar universitario y organizar mediante mecanismos de administración directa o fiduciaria, sistemas de becas subsidios y créditos estudiantiles.

p. Resolver por vía de autoridad las dudas que se presenten en la interpretación de los estatutos y reglamentos de la universidad.

q. Autorizar al rector lo relacionado con los montos contractuales.

r. Establecer y supervisar sistemas de evaluación institucional, de evaluación de los programas académicos, de los servidores públicos docentes y no docentes para garantizar la eficiencia en la gestión de la universidad y racionalización de los recursos.

s. Aprobar el calendario académico anual de la universidad propuesto por el consejo académico.

t. Elegir los decanos, de terna presentada por el rector, evaluar su gestión y removerlos.

u. Definir la política, condiciones y cupos de admisión para los aspirantes a los programas de grado y postgrado de la universidad, previo concepto del consejo académico.

v. Resolver los recursos legales que le sean sometidos a su consideración y sean de su competencia.

w. Aprobar la suscripción de convenios.

x. Velar por el establecimiento de mecanismos de control interno, consolidar su ejercicio y función autorreguladora en pro de la eficiencia y transparencia que debe caracterizar las ejecutorias de la universidad.

y. Expedir y modificar su propio reglamento.

z. Las demás que le atribuyan las leyes, los estatutos y reglamentos de la universidad.

PAR.—El consejo superior podrá delegar expresamente y para cada ocasión las funciones definidas en los literales I), s) y w).

Examinados los anteriores elementos junto con las pruebas allegadas al expediente; se tiene:

Del vínculo laboral del concejal demandado

Conforme con la certificación visible al folio 278 del expediente 2007-01129, Miguel Iván Martínez Baquero, fue elegido como representante del sector productivo ante el consejo superior universitario de la Universidad de los Llanos, Unillanos, para un periodo comprendido entre el 15 de junio de 2006 y el 14 de junio de 2008, y renunció a esa dignidad a partir del 11 de diciembre de 2007, dimisión que fue aceptada en sesión del mismo día, según Acta 021.

Igual que sucede con las empresas sociales del Estado, los entes universitarios autónomos, como la Universidad de los Llanos, Unillanos,(11) se hallan gobernados, entre otros, por un órgano colegiado, el consejo superior universitario. Este se integra con funcionarios públicos y con particulares. Dentro de los particulares que hacen parte de los citados consejos se hallan los representantes del sector productivo.

En efecto, el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, “[P]or la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, prevé:

“ART. 64.—El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional.

b) El gobernador, quien preside en las universidades departamentales.

c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario.

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex rector universitario.

e) El rector de la institución con voz y sin voto.

PAR. 1º—En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el consejo superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el gobernador.

PAR. 2°—Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en el consejo superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo.

ART. 65.—Son funciones del consejo superior universitario:

a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional.

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución.

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales.

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos.

f) Aprobar el presupuesto de la institución.

g) Darse su propio reglamento.

h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos.

PAR.—En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que puedan delegarse en el rector”.

Así pues, en este caso, el demandado no actuó como empleado público, pues desempeñó la dignidad de representante del sector productivo, la que no corresponde a un empleo público, que como es el “[e]l conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”(12) pues en realidad no tiene asignada ninguna tarea, función o responsabilidad, estas corresponden al consejo superior universitario como órgano colegiado.

Sobre este aspecto es del caso precisar que las funciones de orden administrativo de los consejos u juntas directivas de las entidades públicas corresponden a estos organismos y no a cada una de las personas que los integran. Así lo ha precisado la Sala en reiterados pronunciamientos de los que se destaca el contenido en la sentencia de 24 de agosto de 2005(13), que precisó:

“Ahora, como lo prevé la Ley 30 de 1992 (art. 65) y lo señala la Corte Constitucional en Sentencia C-589 de 1997, las funciones que corresponde cumplir al consejo superior universitario son propias de ese cuerpo colegiado no atribuibles a los miembros de este en forma individualizada. Quien tiene las potestades otorgadas por la ley y las facultades de ser el máximo cuerpo directivo de la universidad es el consejo y no cada uno de sus miembros individualmente considerados”.

Corolario de lo anterior la inhabilidad alegada no se configuró, porque el concejal demandado no fue empleado público ni ostentó autoridad administrativa.

5.2.5.2. De las inhabilidades del concejal José Alejandro Garzón Torres.

En el expediente 2007-01127 se esgrimió que el concejal José Alejandro Garzón Torres se hallaba inhabitado para inscribirse y ser elegido como concejal porque en su condición de empleado de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico —coordinador seccional, Meta, de afiliación, registro mercadeo—, intervino en gestión de negocios y en la celebración de los contratos 159, 164, 169 y 277 suscritos en abril de 2007 por la citada caja y el municipio de Villavicencio, Meta.

En este caso, se endilga, la inhabilidad por la intervención en contratos y no la intervención en la gestión de negocios, pues se aduce que el demandado intervino “asesorando y asistiendo […] la firma de los contratos…”, “que intervino y gestó […] la consecución de una serie de contratos…” y que “sus funciones eran vitales para entregar los informes respectivos para la ejecución del régimen subsidiado de salud y poder así Cajacopi […] contratar la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud con el municipio de Villavicencio”.

Tal como se precisó antes, la intervención en la celebración de contratos implica la ejecución, en el periodo inhabilitante, de conductas que revelen una participación personal y activa —determinante— en actos previos a la celebración de un contrato o en la suscripción del mismo.

Esas conductas “personales y activas —determinantes—” no aparecen ni alegadas ni probadas en el plenario, pues como quedó visto el demandante se limitó a decir que el actor gestó la adjudicación y asesoró la firma de contratos e igualmente que en cumplimiento de sus funciones como coordinador seccional de afiliación y registro de una caja de compensación familiar que además funcionaba como empresa promotora de salud y administraba el régimen subsidiado de salud, generó información necesaria para la celebración de los contratos por virtud de los cuales el municipio de Villavicencio atiende a la población afiliada al régimen subsidiado del sistema de salud.

De hecho, según las pruebas aducidas al proceso el concejal demandado ni siquiera ocupó el empleo que se dijo en la demanda “coordinador seccional de afiliación registro”, cuyas funciones relacionadas con la afiliación al sistema de seguridad social en salud en el régimen subsidiado y de asesoría a los directivos de la caja, eventualmente, podrían considerarse como determinantes para efectos de la suscripción de contratos, sólo se desempeñó como “auxiliar seccional de sistemas del Meta”, cuyas funciones, relacionadas en esencia con el ingreso y actualización de información a sistemas de cómputo así como con la expedición de carnés a los afiliados de la caja, en modo alguno pueden considerarse relevantes para efectos de la celebración de contratos.

Así aparece en los certificados suscritos por el director general y el jefe de recursos humanos de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi, Atlántico, obrantes en los folios 87 y 88 y siguientes del expediente 2007-01127, que precisan, en su orden:

“Barranquilla, febrero 11 de 2008.

[…].

Siguiendo lo expuesto me permito manifestar que el doctor José Alejandro Garzón Torres, de acuerdo a lo revisado en (sic) base de información estuvo vinculado con nuestra entidad mediante la modalidad de contrato de trabajo en misión por la duración de la obra o labor contratada, ocupando el cargo de AUXILIAR SECCIONAL DE SISTEMA (sic) META, recibiendo una remuneración de $ 812.700,00 (ochocientos doce mil seiscientos pesos M/L).

Y,

“Que el señor GARZÓN TORRES JOSÉ ALEJANDRO identificado(a) con C.C Nº 86069407 de Villavicencio, Meta, laboró temporalmente por intermedio nuestro en (sic) Caja de Compensación Familiar Cajacopi desempeñando el cargo de auxiliar de sistemas con asignación mensual de (812.7000,00) (sic).

Con fecha de ingreso marzo 16 de 2007 y retiro diciembre 30 de 2007.

[…]

La presente certificación laboral del contrato Nº 00207 se expide a solicitud del interesado(a) en fecha: 8 de febrero de 2008.

Se colige, entonces, que la intervención en la celebración de contratos respecto del concejal José Alejandro Garzón Torres no fue probada.

5.2.5.3. Otras irregularidades endilgadas al acto de elección del concejal José Alejandro Garzón Torres.

En la demanda radicada con el número 2007-01127, se dijo que el concejal demandado también se hallaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido porque su cuñado Ricardo Jaramillo Beaumont, era representante legal de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi, Atlántico, entidad prestadora del servicio de salud en el municipio de Villavicencio, no obstante la prohibición del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, que modificó el artículo 46 de la Ley 617 de 2000, que prohíbe a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles ser miembros de juntas o consejos directivos, representantes legales, revisores fiscales o auditores de entidades prestadoras de servicios públicos o de salud.

El artículo 1º de la Ley 1148de 2007 “[P]or medio de la cual se modifican las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, prevé:

“ART. 1°—El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedará así:

“ART. 49.—Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.

PAR. 1º—Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.

PAR. 2°—Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.

PAR. 3°—Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil”.

La disposición trascrita no contiene una causal de inelegibilidad para los concejales, en verdad prevé una inhabilidad para acceder a las dignidades de miembro de juntas o consejos directivos de entidades públicas del sector central o descentralizado del departamento, distrito o municipio, así como a las de miembros de juntas directivas, representante legal, revisor fiscal auditor o administrador de entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de salud en el correspondiente ente territorial.

5.3. Otras cuestiones.

En el proceso 2007-01127, se alegó que el concejal José Alejandro Garzón Torres era hermano de Claudia Patricia Garzón Torres quien estaba vinculada por matrimonio con Ricardo Jaramillo Beaumont, representante legal, para la época de la elección, de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi, Atlántico, entidad que prestaba servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el municipio de Villavicencio, Meta.

De tal aseveración el demandado infirió que se le endilgaba “inhabilidad por el parentesco con apoderado [representante legal] de entidad que prestaba servicios de salud en el régimen subsidiado”(14), asunto del que se defendió diciendo que no se hallaba previsto como causal de inelegibilidad en la ley.

El tribunal infirió que se le acusaba por “haber sido representante legal de entidad que tuvo a su cargo la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado en el municipio”(15) (segunda parte del num. 3º del art. 43 de la L. 136/94). Cargo que desechó sobre el argumento de que el demandado no fue representante legal de la citada caja.

El apelante, demandante en el proceso 2007-1129, estimó que se le achacaba inhabilidad “[p]or tener vínculos de afinidad (cuñado) con el señor Ricardo Jaramillo Beaumont, quien celebro (sic) en su calidad de apoderado con facultades de representación dada por esa caja y en representación de la entidad Cajacopi ARS, varios contratos de administración del régimen subsidiado con el municipio de Villavicencio”(16), es decir, inhabilidad por parentesco con representante legal de entidad que prestó servicios de seguridad social en el régimen subsidiado (segunda parte del num. 4º del art. 40 de la L. 617, que modificó el art. 43 de la L. 136/94), acusación que a su juicio se hallaba probada.

El agente del Ministerio Público en la segunda instancia, entendió que se enrostraba inhabilidad por haber sido representante legal de entidades prestadoras del servicio de salud en el régimen subsidiado(17) (segunda parte del num. 3º del art. 43 de la L. 617/2000, que modificó el art. 43 de la L. 136/94). Asunto que desestimo con el mismo argumento del tribunal.

Ninguna de las referidas circunstancias corresponde a un cargo de la demanda pues, como se dijo, fueron producto de la interpretación que cada uno de los sujetos procesales mencionados, el colaborador fiscal en la segunda y el a quo le dieron a unos hechos que se revelaban confusos, a pesar de que su alcance estaba precisado en el concepto de la violación.

Pero si del libelo inicial se pudiera interpretar que se impugnó el acto de elección por el parentesco con representante de entidad que presta servicios de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio al que se refiere el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, en cuanto prevé:

“ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

[…]

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, […] con quienes dentro del mismo lapso [los doce (12) meses anteriores a la elección] haya sido representantes legales de entidades […] que presten servicios […] de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito…”.

Tal acusación estaría llamada al fracaso porque el parentesco por afinidad, que es el que se presenta con los consanguíneos del cónyuge, que inhabilita, en este caso, es en el primer grado, cuando el que se da entre cuñados (relación que hay entre el concejal demandado y el señor Ricardo Jaramillo Beaumont), es en segundo.

6. La conclusión.

En las condiciones analizadas, fuerza concluir que ninguno de los cargos propuestos contra el acto de elección de concejales de Villavicencio, Meta, periodo 2008-2011, en los procesos 2007-1123, 2007-1127, 2007-1129 y 2007-1133, tenían vocación de prosperidad y la sentencia recurrida, que negó las pretensiones de las demandas acumuladas, amerita ser confirmada.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 30 de septiembre de 2008, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Meta, negó las pretensiones en los procesos 2007-01123, 2007-01127, 2009-01129 y 2009-01133 acumulados, que demandaban la nulidad del acto de elección de concejales del municipio de Villavicencio, Meta, periodo 2008-2011.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».

(1) Sentencia del 24 de noviembre de 2005, expediente 3856.

(2) Aunque la sentencia anterior se refiere al numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, los criterios que expone resultan aplicables a la intervención en la gestión de negocios y en la celebración de contratos a que se refiere el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 que son objeto de estudio en este proceso.

(3) Sentencia del 28 de septiembre de 2001, expediente 2674.

(4) Sentencia del 19 de octubre de 2001, expediente 2654.

(5) Sobre este particular puede verse la sentencia de 10 de mayo de 2001 dictada por la Sección Tercera de esta corporación en el expediente en el expediente 07001-23-31-000-1995-0169-01(13347), demandante: Hunos Construir Ltda., demandado: municipio de Arauca, ponente doctor Ricardo Hoyos Duque, en la que se dijo: “[E]n este orden de ideas, los actos que se producen ‘con motivo u ocasión de la actividad contractual’, son todos aquellos que se expiden dentro de la operación contractual, vale decir, los que tienen relación directa con las actividades que se cumplen desde la iniciación del proceso de selección del contratista hasta la terminación y liquidación del contrato, diferenciándose sí los de la etapa precontractual (separables o previos) de los contractuales propiamente dichos, susceptibles de impugnarse los primeros a través de las acciones previstas en los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo y los segundos por la del artículo 87…”.

(6) Ver Acta 018 de 2006, cuya copia auténtica aparece en los folios 45 a 58 del expediente 2007-00129.

(7) Ver Acta 004 de 2007, cuya copia auténtica aparece en los folios 59 a 66 del expediente 2007-00129.

(8) Ver Acta 006 de 2007, cuya copia auténtica aparece en los folios 67 a 100 del expediente 2007-00129.

(9) Constitución Política de Colombia, “Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: […] facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…”.

(10) Ib supra. “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido…”.

(11) Sobre la naturaleza jurídica de la universidad el artículo 1º del Acuerdo 27 de 2000, contentivo de sus estatutos, prevé. “La Universidad de los Llanos es un ente universitarios autónomo, de carácter estatal, del orden nacional, …”.

(12) Ley 909 de 2004, artículo 19.

(13) Expediente 3171.

(14) Ver folio 63 del expediente 2007-01127.

(15) Ver folios 453 y siguientes del expediente 2007-01129.

(16) Ver folios 486 y siguientes del expediente 2007-01129.

(17) Ver folio 538 vuelto del expediente 2007-01129.