Sentencia 2007-01159 de marzo 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-0203-000-2007-01159-00

SC3318-2014

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil catorce.

(Aprobado en sesión de veinticinco de febrero de dos mil catorce)

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Teniendo en cuenta los trazados del estatuto procesal civil, el recurso extraordinario de revisión procede, entre otras decisiones, contra las sentencias ejecutoriadas de los tribunales superiores y solo por los motivos que expresamente determinó el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, ostentando ese medio de impugnación con medular finalidad la garantía del valor justicia, rectamente entendido, ya que con su proposición tempestiva y cimentado en alguna de las causales autorizadas, puede, verbi gratia, aniquilar un fallo opuesto al ordenamiento jurídico que se alcanzó con serio quebranto del derecho a la defensa, cuando es el producto de actos ilícitos de las partes, o desconoce el que había decidido idéntico litigio entre ellas mismas, es injusto en cuanto la providencia se fundó en pruebas ilegales, o en ausencia de medios de convicción que la interesada no pudo allegar por causas que le fueron extrañas, circunstancias que habilitan excepcionar la firmeza e inmutabilidad que, por regla, abriga o resguarda el veredicto, por cuenta de los efectos que esparce o difunde en el trámite judicial el centenario instituto de la cosa juzgada.

2. En relación con la naturaleza jurídica de este especial medio de ataque en sentencia Corte Suprema de Justicia SC, 20 mayo 2011, radicado 2005-00289 se expuso:

(...) [e]l recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas que han entrado en autoridad de cosa juzgada, solo por los motivos que explícitamente consagra el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de preservar la garantía de justicia rectamente entendida, en cuanto que con su proposición tempestiva se puede aniquilar un fallo contrario a la ley, obtenido con severo quebranto del derecho a la defensa, o que fue consecuencia de un proceder ilícito de las partes, hechos que habilitan eliminar la firmeza e inmutabilidad que caracterizan a la sentencia por cuenta de los efectos que causa en el proceso judicial la institución de la cosa juzgada (...).

Dicho de otra manera, se ha erigido el recurso extraordinario de que se trata, de conformidad con el cual es posible excluir del mundo jurídico una sentencia firme, si se presentan una o varias de las circunstancias taxativamente previstas por el legislador en el citado artículo 380, que apuntan a mantener y hacer respetar el imperio de la justicia (nums. 1º a 6º), el restablecimiento del derecho de defensa cuando este ha sido gravemente conculcado (nums. 7º y 8º), e incluso la protección del principio de la cosa juzgada (num. 9º) (...).

(...) No obstante, es preciso resaltar que se trata, sin duda, de un mecanismo excepcional para cuya prosperidad deben cumplirse no solamente los supuestos de hecho que las citadas causales consagran, sino todas las cargas procesales establecidas en el ordenamiento jurídico. De ellas se destaca la presentación en tiempo del correspondiente recurso y, en su caso, la vinculación formal —también oportuna— de todas las personas que hicieron parte en el proceso en que se dictó la sentencia censurada, so pena de que la acción decaiga por caducidad.

3. Como está claro que la oportuna presentación de la demanda contentiva del referido medio de impugnación y el cumplimiento de las precisas cargas que en la materia exige el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, es un requisito de procedibilidad en el campo extraordinario de que se trata, cumple examinar ab initio lo relacionado con la caducidad de las causales alegadas en el libelo, escrutinio que, bien se sabe, obliga a la Corte desplegarlo o llevarlo a cabo ex officio, esto es, al margen del comportamiento que en ese sentido hubieran asumido los integrantes del extremo procesal con los cuales corresponde adelantarse esta clase de controversias

Sobre la singular institución de la “caducidad”, en tratándose del instrumento gobernado por el capítulo VI del título XVIII del Código de Procedimiento Civil, en sentencia Corte Suprema de Justicia SC, 4 de agosto 2010, radicado 2007-01946, entre otras, reiterada el 31 de octubre 2012, radicado 2003-00004, se dijo:

(...) comprende la expiración (o decadencia) de un derecho o una potestad, cuando no se realiza el acto idóneo previsto por la ley para su ejercicio, en el término perentoriamente previsto en ella. (...) Por consiguiente, desde esta perspectiva es inherente y esencial a la caducidad la existencia de un término fatal fijado por la ley (aun cuando en algunas legislaciones se concede a las partes la facultad de estipularlo en el contrato, como acontece v. gr., en Italia —artículos 2965 y 2968—, respecto de derechos disponibles), dentro del cual debe ejercerse idóneamente el poder o el derecho, so pena de extinguirse.

O, para decirlo en otros términos, acontece que la ley, sin detenerse a consolidar explícitamente una particular categoría, consagra plazos perentorios dentro de los cuales debe realizarse a cabalidad el acto en ella previsto con miras a que una determinada relación jurídica no se extinga o sufra restricciones, fenómeno que, gracias a la labor de diferenciación emprendida por la doctrina y la jurisprudencia, se denomina caducidad.

(...) El legislador, pues, en aras de la seguridad jurídica, pretende con los términos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situación o relación de derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponiéndole al interesado la carga de ejercitar un acto específico, tal la presentación de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisión, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte más allá de lo razonablemente tolerable los intereses de otros.

Nótese, por consiguiente, cómo la caducidad descansa, en últimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad de ciertas y determinadas relaciones jurídicas, respecto de las cuales el ordenamiento desea, de manera perentoria, su consolidación, sin que ella deba concebirse como una sanción por abandono, ni haya lugar a deducir que envuelve una presunción de pago o cumplimiento de la obligación, como tampoco pretende interpretar el querer del titular del derecho.

De ahí que la expresión: ‘Tanto tiempo tanto derecho’, demuestre de manera gráfica sus alcances, esto es, que el plazo señala el comienzo y el fin del derecho o potestad respectivo, por lo que su titular se encuentra ante una alternativa: o lo ejercitó oportunamente o no lo hizo, sin que medie prórroga posible, ni sea viable detener la inexorable marcha del tiempo.

(...) Vale decir, entonces, que los plazos de caducidad determinan de antemano el lapso de vigencia del derecho, potestad o acción respectiva, la cual, en ese orden de ideas, nace con un inevitable término de expiración a cuestas. Así las cosas, cuando la acción judicial está sometida a un plazo de caducidad, la presentación idónea de la demanda no implica la interrupción de un término, sino la cabal ejecución del acto esperado, al paso que la no formulación oportuna del libelo comporta la extinción irremediable de tal potestad; es decir, que si la presentación de la demanda judicial apareja la inoperancia de la caducidad, ello no obedece a que la misma se interrumpa, cual sucede, v. gr. con la prescripción, sino a que por el ejercicio oportuno de la acción, aquella, obviamente, no se consuma (...).

Y, en relación con el carácter imperativo, esto es, el deber legal que tiene o reside en el juez acerca de estudiar motu proprio la acotada figura de orden público, vale decir, con prescindencia del comportamiento que en esa materia asuman los protagonistas del correspondiente asunto, en fallo Corte Suprema de Justicia SC, 20 septiembre 2005, radicado 7814 se advirtió:

Comoquiera que la interposición oportuna de la impugnación extraordinaria es requisito de procedibilidad, delanteramente debe hacerse el examen del punto relacionado con la caducidad de las causales invocadas por la parte recurrente, escrutinio que procede inclusive de oficio y frente a todas las personas integrantes de la parte demandada, aunque hayan guardado silencio al respecto”, agregando que “(...) la demanda de revisión debe presentarse dentro del término de caducidad que consagra el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, pues si de entrada se advierte que la caducidad ya está consumada, el juzgador deberá rechazar in límine la impugnación, según la clara preceptiva del inciso cuarto del artículo 383 íd.

4. En ese particular empeño, la Sala advierte que como el promotor del recurso de revisión lo apuntaló en los motivos establecidos por los ordinales 1º y 6º del artículo 380 ejusdem, surge palmario que el término “de los dos años” para instaurar la demanda de carácter extraordinario iniciaba a partir de “la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

Dicho de otro modo, la regla general que disciplina la oportunidad para acudir a la memorada modalidad de protesta, prevé que el libelo contentivo de la acotada acusación debe presentarse dentro del bienio siguiente a la firmeza de la providencia judicial impugnada, “cuando se invoque algunas de las causales consagradas en los numerales 1º, 6º, 8º y 9º del artículo precedente” (Cfr. art. 381-1º ibídem).

Sobre esta singular cuestión en sentencia Corte Suprema de Justicia CS, 11 de julio 2013, radicado 2011-01067, se consideró en lo pertinente:

(...) establece las oportunidades para interponer el recurso, y el punto de partida para contar el término, atendiendo a tres grupos de causales: uno conformado por las consagradas en los numerales 1º a 6º, otro por la del 7, y el último por las del 2, 3, 4 y 5. Para el primer conjunto determinó que “podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”, y para los otros dos, fijó momentos y supuestos distintos.

Esos plazos fijados por el legislador son perentorios e improrrogables, y comportan preclusión de la oportunidad para formular esta excepcional impugnación; es decir, sobreviene forzoso el decaimiento de la facultad legal que tiene la parte para incoar la revisión. En otras palabras, se produce la caducidad, cuya existencia debe declarar el juez, aún de oficio, por disposición del artículo 383, numeral 4º, del actual estatuto procesal civil.

(...) Cuando se invoca la causal del numeral 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el término para formular el comentado recurso es de dos años, contado desde la ejecutoria de la sentencia objeto de impugnación, por disposición expresa del 381 ejusdem, cuya claridad meridiana no deja espacio para buscar hitos temporales o procesales diferentes.

5. Establecido lo anterior, es evidente que en el caso sometido a consideración de la Corte, ciertamente operó el fenómeno que se elucida, merced a que si bien la “demanda de revisión” formulada por la representante legal del entonces menor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contra la sentencia que cerró el segundo grado del proceso ordinario instaurado por la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx frente a los sucesores de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, efectivamente se radicó antes de los dos años contados a partir de la ejecutoria de aquella providencia judicial impugnada, es de rigor destacar que el auto admisorio aquí emitido, no fue notificado a los integrantes del extremo convocado dentro del puntual plazo que para ese fin contempla el inciso 1º del artículo 90 de la obra en comento para entonces vigente.

En efecto, la sentencia de segundo grado dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín quedó ejecutoriada el “12 de diciembre de 2005” (fl. 71) y el escrito con el cual se formalizó el recurso materia de estudio se radicó en la Corte el “25 de julio de 2007” (63 vto.), fue repartido el 30 del mismo mes (fl. 65) y efectuado el estudio de rigor, en proveído de 13 de agosto de la anualidad ibídem, se dispuso solicitar el expediente al juzgado que adelantó la primera instancia (fl. 66), para lo cual la secretaría libró la respectiva comunicación (fl. 67), allegándose aquel con oficio recibido el “10 de diciembre de 2007”, procediéndose por auto de 12 de febrero del año siguiente a inadmitir la “demanda” (fl. 70) y subsanada en tiempo, el “25 de febrero de 2008” se dispuso su trámite, decretándose la “inscripción” de la misma con relación a los bienes que se denunciaron había dejado el causante, remitiéndose las comunicaciones para el efecto y tras superar inconvenientes de orden administrativo en las correspondientes oficinas de registro de instrumentos públicos, se concretó dicha “medida cautelar” según documentos recibidos “24 de noviembre de 2008” (fls. 99-110) y “2 de agosto de 2010” (fls. 130-131 y 196-199).

Ahora, en punto de la “notificación a los opositores”, mediante escrito de “31 de mayo de 2010” (fl. 132 vto.), el apoderado de la parte actora solicitó adelantar ese trámite, indicándosele en providencia de “8 de junio de 2010” que “deberá proceder directamente en la forma prevista en el artículo 315 ibídem, modificado por el 29 de la Ley 794 de 2003” (fl. 134), y sin que hubiere acreditado gestión alguna en ese sentido, los convocados comparecieron a la secretaría a recibir la “notificación y traslado del escrito introductorio de la impugnación extraordinaria”.

En ese sentido se observa, que dicho “acto procesal” se hizo efectivo el “25 de julio de 2010” a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (fl. 136); el “3 de agosto de 2010”, respecto de xxxxxx xxxxxxxxxxxx, por conducta concluyente (fls. 194 y 195), y el 10 de diciembre de ese mismo año, en cuanto a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (fl. 205).

De otra parte, el “27 de septiembre de 2011”, se enteró al curador ad litem designado para representar a los herederos indeterminados de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (fl. 269), y el “29 de febrero de 2012”, se cumplió ese acto respecto de la sucesora de xxxxxxxxxxxxxxx (fls. 279 y 280).

Por tanto, si el fallo que es materia de la impugnación, quedó ejecutoriado el “12 de diciembre de 2005” y dado que la censura se apoya en los motivos previstos en los ordinales 1º y 6º del memorado artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, era imperativo interponer el instrumento de ataque dentro de los dos (2) años siguientes a la reseñada fecha, lo que en el sub judice el actor cumplió, pues se repite, la allegó el “25 de julio de 2007”, empero no puede soslayarse que desatendió la otra regla, también de estirpe legal, consistente en “notificar el auto admisorio [de la demanda de revisión a los opositores] (...) dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante [aquí recurrente] de tal (...) providencia (...), por estado o personalmente. Pasado ese término los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado”, de manera que acá, en términos reales o efectivos, “la inoperancia de la caducidad” que disciplina el precitado canon 90 ejusdem, no logra irradiar ni trasmitir los resultados o secuelas allí contempladas.

A propósito de la anterior temática de carácter legislativo, en fallo Corte Suprema de Justicia CS, 20 mayo 2011, radicado 2005-00289, la corporación sostuvo que:

(...) presentada oportunamente la demanda, este acto impedirá que el término extintivo de la caducidad continúe corriendo, si es que el demandante en revisión cumple la carga de notificarla al demandado dentro del término del artículo 90 del mismo código. Caso contrario, equivale a decir, cuando esta carga es incumplida, que pierde la presentación de la demanda aquel efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendrá sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hipótesis esta que alude a una consumación de caducidad sobreviniente, la que, por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el trámite de la revisión.

6. En el anterior orden de ideas, como en este caso se configuró la “caducidad” de la censura extraordinaria frente a las causales imploradas, así se declarará, circunstancia que releva de examinar lo que en ellas se plantea.

7. Por tanto, con apoyo en el inciso final del artículo 384 del ejusdem, en armonía con lo dispuesto por los cánones 160 al 167 del mismo ordenamiento citado, no se “condenará en costas” al recurrente, dado que este invocó y le fue concedido el mecanismo del amparo de pobreza (fls. 30-31, cdno. 2), empero sí deberá soportar la “condena al pago de perjuicios”, porque no existe exoneración legal respecto de la misma.

III. Decisión

En mérito de lo referido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar que operó la caducidad de las hipótesis en las cuales se fundamentó el recurso de revisión incoado por la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en representación del entonces menor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, contra la sentencia de 25 de noviembre de 2005 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario de declaratoria de unión marital de hecho con sociedad patrimonial, que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx impulsó frente a xxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, herederos determinados de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y respecto de los sucesores indeterminados de este.

2. Condenar al censor, a favor de los opositores, al pago de “perjuicios” que se deberán liquidar mediante incidente.

3. Sin costas porque al impugnante, ab initio, se le concedió amparo de pobreza, circunstancia que al propio tiempo impide hacer declaratoria alguna en relación con las garantías que en esta clase de trámites, como regla, deben otorgarse.

4. Cancelar la inscripción de la demanda de revisión, para lo cual, por conducto de secretaría, se librarán los oficios respectivos.

5. Devolver el expediente que contiene el asunto en el que se dictó el fallo atacado, agregando copia de esta sentencia y, en su oportunidad archívese el cuaderno que recoge la actuación surtida ante esta corporación.

Cópiese y notifíquese».