Sentencia 2007-01330/19377 de noviembre 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 760012331000200701330 02 (19377)

Demandante: Hernando Morales Plaza

Demandado: Asamblea Departamental y Departamento del Valle del Cauca

Asunto: Nulidad Ordenanza 219 de octubre 11 de 2006

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Bogotá D.C., veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, en la que se solicitó la nulidad del artículo 7º de la Ordenanza 219 de 11 de octubre de 2006.

Dice la disposición referida:

“ART. 7º—Los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas [de la estampilla pro-bienestar del anciano] serán las siguientes:

NumeroConceptoTarifa
1.
2.
3.
Pasajes Terrestres Interdepartamentales
Pasajes Terrestres Intermunicipales
Transporte de Carga Pesada por Tonelada
$ 500,00
$ 200,00
$ 500,00

PAR. 1º—Se gravarán los tiquetes que se emitan por las empresas de transporte y/o terminales de transportes debidamente constituidas y las que se constituyan en el futuro en los Municipios del Valle del Cauca.

PAR. 2º—Se gravarán los tiquetes intermunicipales con un valor mayor de $ 2.000 y los tiquetes interdepartamentales con un valor mayor de $ 2.500 y se exceptúan los tiquetes de transporte interveredales, estas tarifas se actualizarán anualmente de acuerdo al IPC fijado por el DANE.

PAR. 3º—No se gravarán los tiquetes Intermunicipales adquiridos por estudiantes, dicha exoneración se realizará una vez se presente el respectivo carné estudiantil vigente”.

Advierte la Sala que mediante la Sentencia 18755 del 7 de mayo de 2014(9), esta Sección confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro del proceso de nulidad promovido por la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. contra el Departamento del Valle del Cauca, declaró la nulidad de la Ordenanza 219 del 11 de octubre de 2006, expedida por la Asamblea del departamento del Valle del Cauca y del Decreto Reglamentario 0224 de 2007, por medio del cual se ordenó la emisión de la estampilla pro bienestar del anciano de ese departamento.

(…)”.

La aludida sentencia señaló:

“(…)

En este caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estudió los cargos propuestos en contra de la Ordenanza 219 de 2006 y, luego de un análisis general de la normativa, concluyó que la ley creadora del tributo, esto es, la 687 de 2001, no extendió la facultad del cobro de la estampilla a los particulares, razón por la que, al ordenar que el cobro del tributo fuera efectuado por las empresas transportadoras y, posteriormente, declarado y pagado a la Secretaría de Hacienda del Departamento, la Asamblea del Valle del Cauca, se excedió la potestad que le fue conferida en dicha ley y, en consecuencia, declaró la nulidad de la ordenanza y de su decreto reglamentario.

Por su parte, en el recurso de apelación, la entidad demandada, se reitera, planteó que no estaba de acuerdo con la nulidad de la totalidad de los actos acusados. Que solo estaba de acuerdo con que se anulara el artículo 12 de la ordenanza 219 de 2006, sin hacer mayores consideraciones. El contenido del recurso de apelación es el siguiente:

“Honorables magistrados me ratifico en todos y cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicito respetuosamente no acceder a las peticiones solicitadas por el accionante, toda vez que no existe por parte de mi representado el Departamento del Valle del Cauca, el deseo de no recaudar los dineros provenientes de la ordenanza 219 de 2006, reglamentada mediante el Decreto 0224 de 2007. Con todo respeto solicito y apoyo la declaratoria de nulidad del artículo 12 de la citada ordenanza, que establece la obligación de exigir a personas ajenas a la administración recibos de pago por la venta de pasajes terrestres intermunicipales e interdepartamentales a cargo de empresas transportadoras.

Vistas así las pretensiones del accionante, respetuosamente solicito a los honorables magistrados se abstengan de declarar la nulidad de la totalidad de la ordenanza, por cuanto el espíritu de la misma es contribuir en algo a la problemática del anciano hoy muy desprotegido…”.

Y concluyó:

“De acuerdo con lo anterior, es evidente que el apoderado de la parte demandada no controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la decisión de primera instancia. El escrito de apelación se dirigió a solicitar que se confirmara la declaratoria de nulidad del artículo 12 de la Ordenanza 219 de 2006 y a que se revocara la decisión de nulidad del resto del articulado de esa ordenanza y del decreto demandado, pero sin expresar las razones por las que debía mantenerse en el ordenamiento jurídico el resto de la ordenanza, ni mucho menos se refirió al contenido del Decreto Reglamentario 0224 de 2007. Tampoco sustentó jurídicamente las razones que permitían excluir del ordenamiento el artículo 12 de la mencionada normativa.

Lo anteriormente expuesto es suficiente para considerar que no existen motivos de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia en los puntos que le fueron adversos al recurrente, razón por la que el recurso de apelación de la parte demandada carece de objeto.

Así las cosas, se procederá a confirmar la sentencia apelada (…)”.

Cosa juzgada

Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional(10) que es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.

El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales(11).

La cosa juzgada responde a la necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada(12).

El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando mediante decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en proceso posterior.

Como tal, dicha figura jurídica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o juzgamiento a través de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica.

El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo reguló este efecto de las decisiones judiciales en firme, proferidas en los procesos de que conoce esta jurisdicción, en los siguientes términos:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.

De esta forma quedó consagrada la operancia de la cosa juzgada en las acciones de nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales, de reparación directa y cumplimiento.

Respecto a la primera de ellas, aquí impetrada, no se previeron requisitos especiales de procedencia como sí se hizo en el caso de las acciones de reparación directa, contractuales y de cumplimiento (inc. 3º). En efecto, la norma sólo se refirió al alcance de la cosa juzgada de acuerdo con el sentido de la sentencia proferida en la acción de nulidad, de modo que, si ésta es anulatoria, aquél será erga omnes con carácter absoluto y es oponible a todos, hayan o no intervenido en el proceso; pero si, por el contrario, es denegatoria, el efecto erga omnes se restringe a la causa petendi juzgada(13).

Teniendo en cuenta que la norma cuya nulidad constituye el cargo de apelación, esto es, el artículo 7º de la Ordenanza 219 de 2006, fue anulada en virtud de la sentencia del 7 de mayo de 2014, ya citada, que confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle que declaró la nulidad de la Ordenanza 219 de 2006, en su integridad, se configuró, respecto de esa disposición, la figura jurídica de la cosa juzgada, lo que impide a la Sala proferir nuevo fallo de fondo, por lo que habrá de estarse a lo resuelto en la indicada sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar,

ESTÉSE A LO RESUELTO en la Sentencia 18755 del 7 de mayo de 2014, proferida por esta corporación, que anuló la Ordenanza 219 del 11 de octubre de 2011».

9 C.P. Hugo Hernando Bastidas Bárcenas.

10 Sentencia C-522 de 2009.

11 Sentencia C-543 de 1992.

12 Ídem 11.

13 Sentencia 18330 del 10 de marzo de 2011, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.