Sentencia 2007-01756 de septiembre 10 de 2008 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 760011102000200701756 02

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta Ochenta y ocho (88) de la fecha.

Bogotá, septiembre diez de dos mil ocho.

Asunto a tratar

Subsanada la irregularidad detectada por esta corporación, se procede a resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2008, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada a través de apoderado por la ciudadana Rosa Emilia Bonilla contra el Ministerio de la Protección Social - grupo interno para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia.

Hechos y antecedentes procesales

Los hechos y antecedentes procesales fueron consignados en la sentencia objeto de impugnación, en la siguiente forma:

“Manifiesta la accionante a través de apoderado su esposo, el señor José Presentación Hurtado Hurtado obtuvo su pensión de jubilación por parte de la empresa Foncolpuertos, mediante Resolución 5648 del 1º de octubre de 1993.

Que a la señora Rosa Emilia Bonilla Estupiñán, se le venía cancelando de manera regular y oportuna, pero posteriormente esa resolución fue revocada mediante Resolución 1457 del 31 de diciembre de 2004, donde se le rebaja ostensiblemente el monto de la misma y se ordena el reintegro de la suma de ciento veintidós millones cien mil pesos ($ 122.100.000), descontándosele en ochenta y cinco (85) cuotas de un millón cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos veintinueve pesos con veintiséis centavos ($ 1.432.626,26) y una última cuota de trescientos veintiséis mil quinientos trece pesos con cinco centavos ($ 326.513.05), lo cual se viene haciendo sin el consentimiento expreso de la accionante.

La Nación - Ministerio de la Protección Social - grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación, ordena descontar esas sumas de dinero toda vez que supuestamente habían sido liquidadas irregularmente a su favor, dando cumplimiento así a un fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que lo ordenaba.

El sentir de la accionante es que la demandada viene desconociendo varios fallos de los organismos encargados de administrar justicia en Colombia como la Corte Constitucional y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, violando de esta manera el derecho a la igualdad, pues existen varios fallos que obligan a la entidad demandada a reliquidar y reconocer el verdadero valor de su pensión de jubilación.

Desconoció también la entidad, los pronunciamientos jurisprudenciales que sobre el tema han emitido las altas cortes, con lo que desconoce el debido proceso administrativo, pues para la revocatoria del acto administrativo que les concedía a sus mandantes la pensión de jubilación en ese monto, ha debido acudir a su consentimiento y no hacerlo de la manera en que lo hizo, donde simplemente revocó sus actos administrativos, en detrimento de los intereses de sus jubilados, desconociendo la normatividad existente al respecto, por lo que se configura una verdadera vía de hecho.

Pide en consecuencia que al ampararse sus derechos fundamentales se ordene a la accionada suspender las retenciones que le viene haciendo a su mesada pensional, pues no cuenta la entidad con su autorización para hacer esos descuentos, como tampoco ello está señalado en los fallos proferidos por el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala laboral cuando revisó los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura”.

2. Pretensiones. Con fundamento en los anteriores hechos solicitó la accionante el amparo de los derechos fundamentales invocados y se disponga dejar sin efectos la Resolución 1457 del 31 de diciembre de 2004 y como consecuencia de ello, se le reintegren las sumas que le han sido descontadas de su mesada pensional y adicional a ello, se reanude el pago completo de dicha prestación.

3. Nulidad. Mediante providencia del 16 de abril de 2008, aprobada según Acta de Sala 042, esta Sala decretó la nulidad de lo actuado toda vez que el a quo había dispuesto la acumulación de dos demandas de tutela, sin que éstas compartieran el mismo objeto y aunado a ello, advirtió falta de motivación del fallo proferido el 6 de diciembre de 2007.

4. Admisión de la demanda. El seccional de instancia dio cumplimiento a lo resuelto por esta corporación, mediante proveído del 7 de julio de 2008, por cuyo medio también ordenó desacumular las acciones de tutela y avocó el conocimiento de la demanda presentada a través de apoderado, por la señora Rosa Emilia Bonilla (fl. 215).

Se dispuso la notificación de dicho auto al Ministro de la Protección Social y al coordinador del grupo interno para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia (fls.216 y ss.).

4. Intervenciones. Durante el trámite de la presente acción de tutela intervino la Nación - Ministerio de la Protección Social, a través de la coordinadora del área de prestaciones económicas del GIT, en los siguientes términos:

Mostró su oposición a las pretensiones de los demandantes señalando que las resoluciones atacadas son producto de un fallo judicial y al respecto precisa que cuando el Juzgado Segundo Laboral de Buenaventura condenó a la empresa a reajustar las mesadas pensionales de aquellos y sin hallarse debidamente ejecutoriada esa decisión, se surtió el grado jurisdiccional de consulta y, “cuando ya se habían cancelado importantes sumas de dinero (...) el Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Laboral, revocó los fallos aludidos, absolviendo a la entidad demandada de las condenas impuestas en su contra”.

Seguidamente adujo que en cumplimiento a la orden del tribunal, la coordinación general determinó el valor de las pensiones y el monto que cada uno de los pensionados debía reintegrar, por lo cual se ordenaron los descuentos sobre las mesadas, sin que ello implique afectación a los derechos fundamentales de los demandantes, toda vez que lo que se está haciendo es recuperar un dinero del Estado que fue entregado indebida e irregularmente a estas personas.

De igual manera indicó que en este caso la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, pues el acto administrativo atacado data del año 2004, de manera que no se entiende la razón por la cual transcurrido tanto tiempo, hasta este momento se acuda ante el juez constitucional.

5. Decisión de primera instancia. Con sentencia del 25 de julio de 2008, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, resolvió declarar improcedente la acción de tutela en razón a que ésta no se muestra acompasada con el requisito de inmediatez que informa el ejercicio de esta excepcional acción.

6. Impugnación. El apoderado de la accionante impugnó la decisión del seccional de instancia básicamente reiterando los argumentos expuestos en la demanda de amparo.

Por estas razones solicitó la revocatoria del fallo de primer grado, para que en su lugar se conceda la protección a sus derechos fundamentales (fls. 280 y ss.).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia. La Constitución Política de 1991 le asignó en su artículo 86 a los jueces de la República, el conocimiento y trámite de la acción de tutela, como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares.

En tal sentido, la acción de tutela obedece a situaciones específicas y es el juez, quien determina su alcance frente a los hechos esgrimidos por la persona que cree amenazado un derecho fundamental. Además, procede ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Caso en concreto. El asunto sub examine se refiere a la acción de tutela instaurada por la señora Rosa Emilia Bonilla contra el grupo interno para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, por cuanto expidió la Resolución 001475 del 31 de diciembre de 2004, por medio de la cual dispuso de manera unilateral, descuentos sobre el valor de su mesada pensional.

3. El principio de inmediatez. Frente a la aplicación este principio la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

En la Sentencia T-890 del 2 de noviembre de 2006, con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, al revocar una providencia emitida por esta colegiatura, mediante la cual se concedió el amparo impetrado por un ciudadano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, en cuanto a la oportunidad como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela contra decisiones judiciales, resaltó:

“Según constante jurisprudencia de esta corporación, el carácter inmediato de la protección que depara la acción de tutela supone que el remedio adoptado por el juez sea de aplicación urgente, por lo cual quien acude al amparo constitucional debe hacer uso del mismo en forma oportuna.

Quiere significar lo anterior, que el juez no está obligado a atender una solicitud de amparo cuando el afectado injustificadamente, por desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para elevarla, pues la inmediatez es consustancial a la protección que brinda la acción de tutela como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales.

Ante la actual ausencia de un plazo para ejercer la acción de tutela y la indeterminación a priori de un lapso en forma general para todos lo casos, por vía jurisprudencial se ha establecido la necesidad de que sea ejercida en un plazo razonable, para así permitir que el juez pueda tomar las medidas urgentes que demanda la protección del derecho fundamental vulnerado, término que por ahora debe ser ponderado por el juez en cada situación concreta, atendiendo la finalidad de dicha institución...

Además, es entendido que tratándose de procesos judiciales , por supuesto en cuanto pudiera presentarse una real vía de hecho, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser más riguroso, en comparación con los de otros casos que se llevan ante la justicia constitucional ... Según la Corte Constitucional (1) , ‘la inmediatez tiene particular relevancia tratándose de la impugnación de providencias judiciales, porque no puede mantenerse indefinidamente la incertidumbre en torno a la firmeza de las decisiones judiciales’...

Así pues, cualquiera sea la posición asumida sobre el tema, la inmediatez es parámetro inicial obligado para valorar la oportunidad en el ejercicio del amparo constitucional, máxime en los muy excepcionales casos que puede dirigirse contra providencias judiciales , eventualmente constitutivas de verdaderas vías de hecho...

En suma: la oportunidad es un requisito esencial de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela, el cual debe ser verificado por el juez atendiendo las circunstancias fácticas de la situación a definir, debiendo ser especialmente exigente en los eventos en que por medio de este mecanismo se pretende cuestionar decisiones judiciales, dada la necesidad de asegurar la estabilidad del ordenamiento jurídico ...” (subrayado y negrilla fuera del texto).

En la Sentencia T-815 del 27 de agosto de 2004, con ponencia del magistrado (E) Rodrigo Uprimny Yepes, se concluyó: “ para determinar la inmediatez del daño como requisito de procedibilidad en las peticiones de amparo, debe analizarse si el actor agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, si la no interposición de la acción de tutela fue debida a razones ajenas a su voluntad y si transcurrió un lapso breve entre la sentencia de unificación de la corte constitucional y el recurso de amparo (subrayado y negrilla fuera del texto).

De igual forma, en la Sentencia T-222 del 23 de marzo de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández, concluyó que el principio de inmediatez constituye un requisito sine qua non de procedibilidad de la acción de amparo, y denegó la acción de tutela, al encontrar que había sido presentada un (1) año y diez (10) meses después de emitido el acto judicial presuntamente lesivo de los derechos del actor, sin que existiera en el expediente razón o causa válida para justificar la demora en el ejercicio de la acción de amparo.

En cuanto al aludido principio la Corte indicó en aquella ocasión: “De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica...”.

Destacó que desde sus primeras sentencias, esa corporación ha considerado a la inmediatez como característica propia de este medio judicial de defensa (Sent. C-542/92); que la inexistencia de un término de caducidad no significa que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable (Sent. SU-961/99); que ese plazo se mide por la urgencia manifiesta de proteger el derecho, es decir, según el presupuesto de inmediatez (T-730/2003) y expresó:

“De otra parte, el respeto por la seguridad jurídica y la efectividad de los derechos fundamentales de los asociados, no puede convertir la acción de tutela en un instrumento que desestabilice el orden institucional y que sea fuente de caos. Lo anterior resulta especialmente relevante frente a la tutela contra providencias judiciales, pues mientras no se enerve la presunción de constitucionalidad de la providencia, esta surte efectos. Mediante la introducción del principio de inmediatez, la Corte ha pretendido resolver la tensión existente entre orden y seguridad, entre protección efectiva de los derechos y estabilidad...

Tratándose de procesos judiciales, esta corporación considera que el juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia constitucional. El propio legislador ha considerado este elemento al regular por ejemplo el recurso de casación, que no puede interponerse en cualquier tiempo, de manera que no se acuse, de forma sorpresiva e inoportuna, la ilegalidad de la decisión judicial.

Así pues, el plazo razonable no se ha establecido a priori, sino que serán las circunstancias del caso concreto las que lo determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la razonabilidad del término (2) : 1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y, 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados (3) (subrayado y negrilla fuera del texto).

4. Decisión del caso. En el asunto sub exámine se tiene que en el trámite de un proceso ordinario, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 30 de octubre de 2002, revocó la sentencia emitida a favor del cónyuge de la accionante, José Presentación Hurtado Hurtado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, el 21 de septiembre de 1995.

Con Resolución 0014576 del 31 de diciembre de 2004, el GIT ordenó el reintegro a la accionante Rosa Emilia Bonilla de la suma de $ 122.100.000,00 y en consecuencia descontar de su mesada pensional 85 cuotas mensuales.

Tal como se advirtió en precedencia, las pretensiones de la demanda de amparo se hallan dirigidas a enervar el contenido de los actos administrativos en cita, por estimar que estos constituyen una clara violación a sus garantías fundamentales.

Ahora bien, nótese la incuria en la cual incurrió la accionante, al acudir ante el juez de amparo constitucional, pues a la fecha de presentación de la demanda (nov. 16/2007), han transcurrido más de tres años desde el momento en que el grupo accionado expidió el acto administrativo por medio del cual dispuso los descuentos en el monto de la mesada pensional de esta.

En este orden de ideas, no se aprecia en el sub exámine un plazo razonable para acudir ante el juez constitucional y por ende, se evidencia la improcedencia de la tutela, al no hallarse demostrada circunstancia objetiva que justifique tal dilación por parte de la interesada.

Por estas razones se confirmará la sentencia proferida por el seccional de instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida el 25 de julio de 2008 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada a través de apoderado por la ciudadana Rosa Emilia Bonilla, contra el Ministerio de la Protección Social - grupo interno para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SÚRTANSE las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese. Cúmplase.

Magistrados: Angelino Lizcano Rivera, presidente—Nancy Ángel Müller—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—María Mercedes López Mora—Carlos Arturo Ramírez Vásquez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Sentencia T-013 de 2005 (ene. 19), M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(2) En Sentencia T-1229 de 2000 se recoge esta línea de jurisprudencia.

(3) Sentencia T-173 de 2002.

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