Sentencia 2007-01997 de enero 17 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Ref.: Expediente 11001 0203 000 2007 01997 00

Bogotá, D.C., diecisiete de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: Consideraciones

El exequátur ha sido erigido como la vía idónea que el legislador concibió para reconocer o convalidar en territorio colombiano los efectos de las sentencias judiciales y pronunciamientos de la misma índole, proferidos en el extranjero.

Sin duda, es un mecanismo excepcional, puesto que el principio de la soberanía se afinca en el supuesto consistente en que la administración de justicia es una función exclusiva del Estado que, además de independiente y autónoma, carece de sujeción o subordinación a jurisdicciones extranjeras.

Explícitamente lo ha reconocido esta corporación al señalar que “las sentencias proferidas por jueces extranjeros no surten efectos en Colombia, a menos que, con sujeción a la legislación patria se conceda a ellas, con el lleno de los requisitos establecidos por el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, el exequátur correspondiente” (Sent. exp. 6174, ago. 12/97).

2. Asimismo, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil contempla que “las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

De la reciprocidad diplomática se ha dicho que florece “cuando entre Colombia y el país de donde proviene la decisión judicial objeto del exequátur, se ha suscrito tratado público que permita igual tratamiento en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestación a la fuerza que éstas tengan en aquél, las suyas vinculen en nuestro territorio” (Sent. de 25 de septiembre de 1996, exp. 5524).

A su turno, en relación con la reciprocidad en su modalidad legislativa, en el mismo pronunciamiento, la Corte destacó que ella surge al “reconocérsele efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia de exequátur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en el territorio nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la práctica jurisprudencial imperante en el país del fallo objeto de exequátur”.

3. Aunque puede concluirse que en línea de principio las sentencias emitidas en el exterior en materias contractuales y de condena son susceptibles de homologación en Colombia, es necesario que se cumplan en su totalidad las exigencias contempladas en los artículos 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil.

4. Se pone de relieve, entonces, que es carga del actor acreditar con los medios de prueba idóneos y en el escenario del proceso de exequátur, tal como lo establece el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, la reciprocidad entre los dos Estados involucrados (Colombia y Aruba en este caso), en cualquiera de sus modalidades (diplomática o legislativa), de manera que se abra paso la convalidación solicitada para el pronunciamiento definitivo proveniente de las autoridades judiciales de Aruba. Sin embargo, tal exigencia no fue atendida.

5. De conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en escrito visible a folio 98, en el Estado de Aruba se aplican la legislación del Reino de los Países Bajos y los tratados que éste haya celebrado.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la actuación que habrá de culminar con el presente pronunciamiento, no se acreditó que las leyes o los tratados del Reino de los Países Bajos contemplen la reciprocidad en ninguna de sus modalidades, y como tal extremo es necesario para la prosperidad de la pretensión convalidatoria, la Corte se encuentra compelida a negar el exequátur solicitado.

Además, resulta pertinente traer a colación que en pronunciamiento reciente de esta misma Sala, en la misma línea de lo expuesto, se dejó consignado que “la parte actora no demostró que entre la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos existiera tratado o convenio relativo al reconocimiento recíproco de las sentencias judiciales proferidas en esos Estados (reciprocidad diplomática), ni que allí se les otorguen efectos a los fallos proferidos por las autoridades nacionales colombianas (reciprocidad legislativa).

Efectivamente, se observa, en primer lugar, que la coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corte ‘que una vez revisados los archivos de esta oficina, no se encontró acuerdo bilateral sobre esa materia en particular, celebrados entre Colombia y Países Bajos’ (fl. 79); por otra parte, se aprecia que aun cuando no se logró la traducción oficial de los documentos visibles a folios 80 a 82 del expediente, conforme lo ordenado en autos de 12 de abril de 2010 y de 12 de octubre de 2011, el Cónsul General de Colombia en el Reino de los Países Bajos manifestó que según información reportada por la Dirección general de legislación, administración de justicia y asistencia jurídica del Ministerio de Justicia de dicho Estado ‘no existe dentro de la legislación holandesa una ley que regule la reciprocidad en materia de exequátur para sentencias de jueces extranjeros’” (Sent. exp. 2006-01448-00, dic. 19/2012).

Decisión

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de exequátur que formuló la sociedad Romar Freezone Trading Company N.V. respecto de la sentencia392 proferida el 6 de abril de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia de Aruba, que condenó al señor Jaime Antonio Uribe Castrillón al pago de unas sumas de dinero a favor de la mencionada compañía arubeña, demandante en el proceso identificado como “A.R. 3173 de 2004” en el que se emitió dicho fallo.

2. Costas a cargo de la parte demandante. Tásense. En la respectiva liquidación inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma de $1.800.000, toda vez que la pretensión convalidatoria fue objeto de controversia.

Notifíquese».