SENTENCIA 2007-02598/44384 DE MARZO 30 DE 2017

 

Sentencia 2007-02598/44384 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

Exp.: 44384

Rad.: 050012331000200702598 01

Actor: Franquelina Varela Cardona y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

Referencia: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en un proceso que, por su cuantía (fl. 22, c.1)(4), tiene vocación de doble instancia.

II. Hechos probados

8. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El señor Jonh Jairo Rivera Varela, miembro del bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, murió el 15 de noviembre de 2005 (original de certificado de defunción, fl. 10, c. 1; hecho Nº 3 de la demanda: “Dicen mis representados, que como consecuencia del desempleo existente en nuestro país, el joven John Jairo Rivera Varelas (sic) ingresó a las filas de las autodefensas campesinas formadas en Urabá y Córdoba, habiéndole correspondido el bloque Mineros y enviado al municipio de Briceño Antioquia” fl. 15, c. 1; testimonio(5) rendido por Jhon Fredy Benítez, desmovilizado del mismo grupo al margen de la ley; testimonio(6) de Eliecer de Jesús Correa, yerno de la señora Franquelina Varela; declaración(7) de José Conrado Rodríguez, también desmovilizado del bloque “Mineros”).

8.2. El 2 de diciembre de 2005, el gobierno nacional en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 782 de 2002, creó para los miembros del bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC como una zona de ubicación temporal, la hacienda La Ranchería, ubicada en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, lugar en donde se llevaría a cabo su concentración y desmovilización, por el término de dos meses, los cuales fueron contados desde el momento de expedición del acto administrativo. En virtud de la creación de estas zonas de ubicación temporal se asignó a la fuerza pública la obligación de garantizar la seguridad de los miembros de los grupos armados al margen de la ley con los cuales se adelantara diálogos, negociaciones o acuerdo de paz, que se encontraran en la zona, en desplazamiento hacia ella o en eventual retorno hacia su lugar de origen (Resolución ejecutiva 325 de 2005, expedida por el gobierno nacional el 2 de diciembre de 2005; parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 782 de 2005).

8.3. El bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el marco del proceso de justicia y paz, desmovilizó, el 20 de enero de 2006, a 2.789 de sus integrantes ubicados de forma temporal en la hacienda la “Ranchería”, vereda Pecoralía, municipio de Tarazá, departamento de Antioquia. Producto de la desmovilización se entregaron 1.433 armas, 136.599 unidades de munición de diferente calibre, 611 granadas, 10 radios portátiles de comunicación (oficio enviado por la gobernación de Antioquia, fls. 55-58, c. 1).

8.4. El señor John Jairo Rivera Varela era hijo de Franquelina Rivera Varela y hermano de Carlos Mario, Luz Myriam, Flor Elena, Diana Marcela Rivera Varela y Kelly Johana Varela Cardona (copia de los registros civiles de nacimiento, fls. 4-9, c. 1).

III. Problema jurídico

9. Corresponde a la Sala establecer si, como lo consideró el a quo, la muerte del señor John Jairo Rivera Varela fue el resultado de la configuración de una causal exonerativa de responsabilidad, esto es, el hecho exclusivo y de terminante de la víctima o si, como lo estima la parte demandante, es responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional al desconocer su calidad de desmovilizado de la que se originó una obligación de especial protección.

9.1. Para ello deberá establecerse si el señor Rivera Varela, quien militó en el bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia, para el momento de su deceso, ostentaba la calidad de desmovilizado.

IV. Análisis de la Sala

10. A propósito de la calidad de desmovilizado que según lo dicho por la parte demandante ostentaba el señor Rivera Varela, la Sala estima pertinente realizar un recuento de las disposiciones legales que con ocasión del conflicto armado interno y la búsqueda de una solución pacífica del mismo se han introducido en el ordenamiento jurídico de cara al cumplimiento del mandato constitucional de la paz, las cuales además, se han ocupado de definir tal calidad.

10.1. En desarrollo del mandato constitucional de asegurar la permanencia de un estado social y democrático de derecho y garantizar la efectividad de los derechos reconocidos no solo al interior de la misma Constitución Política sino además en tratados internacional aprobados por Colombia, el Congreso de la Republica expidió la Ley 418 de 1997(8), mediante la que “se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia” dentro de los cuales, le autorizó a ejecutar todos los actos que facilitaran el diálogo, negociación y firma de acuerdos de paz con los voceros de grupos armados al margen de la ley.

10.2. En el marco de los procesos de negociación con grupos ilegales, el gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 128 de 2003, entre otros aspectos, la reincorporación a la vida civil de sus miembros, para lo cual definió al tenor de esta normatividad que ostentaba la calidad de desmovilizado aquella persona que, por decisión propia, abandonara las actividades ilegales que como integrante de un grupo guerrillero o paramilitar ejerciera y, además, se entregara voluntariamente ante las autoridades de la República.

10.3. Posteriormente, para el cumplimiento de estos objetivos, la Ley 782 de 2002, norma que modificó y adicionó la Ley 418 de 1997, también se ocupó de la definición de agente desmovilizado como aquella persona que de manera voluntaria abandonara el grupo armado ilegal y, en consecuencia, se entregara a las autoridades civiles, judiciales o militares, actuación ante la cual el Comité Operativo para la Dejación de Armas debería expedir o rechazar la respectiva autorización. Luego con la expedición de la Ley 975 de 2005(9) se replicó tal definición.

10.4. Dentro de su facultad reglamentaria el gobierno nacional expidió además, el Decreto 3660 de 2003, a través del cual determinó que la calidad de militante de un grupo armado al margen de la ley se acredita mediante el reconocimiento expreso del vocero o representante del mismo o de forma subsidiaria por información que contengan instituciones estatales. Estableció que en tratándose de desmovilizaciones masivas, tal calidad se comprueba mediante una lista suscrita por los emisarios de los referidos grupos, previa presentación y aprobación impartida por el alto comisionado para la paz, inscripción que les permite acceder al proceso de reincorporación a la vida civil, y que sustituye para todos los efectos la certificación expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, Coda(10).

10.5. Como surge de la normatividad referida, la calidad de desmovilizado de los miembros de grupos subversivos o paramilitares comporta al menos la asunción de dos acciones relevantes a saber: (i) el abandono de las actividades ilegales ejecutadas al interior de estos grupos y; (ii) su entrega voluntaria ante las autoridades estatales, condiciones imperativas tanto para las desmovilizaciones masivas como para las realizadas de forma individual. Ahora, en lo que a las primeras se refiere, esto es, a las efectuadas en el marco de acuerdos con grupos organizados ilegales con los que el gobierno nacional hubiese iniciado un proceso de paz, se erige como un requisito declarativo la incorporación de los miembros en una lista oficial por parte de su vocero, la que debe ser verificada y aprobada por el alto comisionado para la paz. La Corte Constitucional(11), en el marco de un pronunciamiento en sede de tutela definió:

En el caso de los desmovilizados, la Corte ha definido a quien es “reinsertado” o “desmovilizado” como aquel individuo que decide abandonar voluntariamente las filas de un grupo armado al margen de la ley al que pertenece, para entregarse a las autoridades estatales y reincorporarse a la vida civil dejando de lado la violencia y asumiendo el compromiso de vivir en paz, siendo obligación del Estado brindarle un especial apoyo y protección[30](12). Si bien las personas desmovilizadas no son, per se, sujetos de especial protección constitucional pues algunas de ellas cuentan con todos los medios para acudir al juez constitucional en igualdad de condiciones con el resto de la población, esta corporación[31](13) sí ha destacado que pueden hallarse en situación de debilidad manifiesta cuando, en virtud del proceso de desmovilización, enfrentan dificultades superiores al resto de la población para garantizar su seguridad personal o para el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

10.6. En el caso concreto, partiendo de la definición legal y jurisprudencial la Sala encuentra que el señor John Jairo Rivera Varela, para el momento de su fallecimiento, esto es, el 15 de noviembre de 2005 —ver párrafo 8.1.—, no ostentaba la calidad de desmovilizado aducida por la parte demandante, por las razones que pasan a explicarse:

10.6. De conformidad con uno de los testimonios rendido al interior de este proceso, que por su pertinencia se transcribe a continuación, se concluye que para la fecha del deceso de John Jairo Rivera Varela, los miembros del bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, al cual perteneció, hacían presencia en la vereda Travesías del municipio de Briceño, departamento de Antioquia, en posesión de armamento y prestos a desplazarse hasta un lugar llamado el “El Aro” a fin de adelantar un operativo en contra de la guerrilla que militaba en la zona. En estos términos lo relató José Conrado Rodríguez, desmovilizado del grupo al margen de la ley y compañero del occiso (fls. 60-64, c. 1):

Pregunta: Dígale si usted se encontraba en el mismo sitio del señor John Jairo Varela Rivera cuando ocurrió el hecho de su muerte y de ser así diga en dónde se encontraban, qué estaban haciendo y en qué condiciones se encontraban en ese sitio. Contestó: La Diana a nosotros era a las 4 A.M., en esos momentos estábamos de guardia y cuando fuimos atacados el señor era médico de combate, John Jairo Rivera, a él le tocaba dormir mientras que los otros prestaban guardia, ya que fue cuando llegaron y atacaron, eso fue a las 5 A.M., estaba yo a tres cuadras de donde habitaba el joven Carlos Alberto, y ya cuando llegamos era tarde, ya los habían matado, eran cuatro los que murieron pero el que yo distinguía más era a Carlos Alberto, el apellido de la mamá que no me acuerdo, que nos criamos desde pequeños. Estábamos prestando guardia en una vereda, en el campamento de nosotros en Briceño en la vereda las Travesías, nos encontrábamos prestando guardia. Pregunta: Diga al despacho si todos ustedes se encontraban armados y en caso afirmativo, qué tipo de armas llevaban ese día. Contestó: Tanía un arma calibre 762 Galí, y los 300 cartuchos, el resto de la gente tenían Galí, 45, Ak, machetes, cuchillos, que era lo que utilizaban en el monte para picar naranjas más que todo. Pregunta: Dígale al despacho cuántas personas conformaban el grupo que se encontraban ese día en el lugar indicado, a órdenes de qué persona y que instrucciones habían recibido para desarrollar en esa fecha. Contestó: Comandantes habían varios, era que era comandante de la escuadra mía era Camaleón, ya de los otros habían otros nombres de las otras escuadras, éramos 6 escuadras de 10 cada una, pero cuando fuimos atacados no estábamos unidas sino en la que estaba el joven y de ahí sucesivamente atrás las otras escuadras. Órdenes teníamos para ese día del accidente salir a las 7 A.M. para una parte que se llamaba el Aro que supuestamente ahí estaba la guerrilla, no pudimos ir a ese operativo porque el operativo nos lo hicieron a nosotros el comandante Pollo nos dio la orden. (…) Pregunta: Sírvase decir cómo pensaban realizar el operativo de combatir la guerrilla y cuántas personas del grupo iban a participar en el mismo. Contestó: Lo que tenía entendido íbamos como 40 y 20 se quedaban en la sede, no pudimos salir a combatir. Pregunta: Dígale al despacho cuánto tiempo llevaban ubicados en ese sitio. Contestó: La escuadra mía como 8 días que estábamos esperando la orden para salir a combatir a la guerrilla.

10.7. De acuerdo con esta versión, al momento de su deceso el señor Rivera Varela aún realizaba actividades ilegales en su condición de miembro activo de los grupos al margen de la ley, en tanto portaba armas de guerra o de uso privativo de las fuerzas militares(14) y se encontraba presto a combatir a un grupo subversivo que militaba en la zona de influencia, actuaciones que contraían el elemento subjetivo contenido en la normatividad referida para que pueda ser catalogado como desmovilizado. En igual sentido, la Sala echa de menos alguna prueba que permita establecer el segundo elemento, esto es, el de entregarse a las autoridades estatales de cara a su reincorporarse a la vida civil.

10.8. La Sala no pierde de vista que con posterioridad a la muerte del señor Rivera Varela, se tiene acreditado que el bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia se acogió a la desmovilización propuesta por el gobierno nacional en el marco de la Ley 975 de 2005, para cuya materialización se dictó la resolución 325 de 2005, a través de la cual el gobierno nacional, creó como zona de ubicación temporal, la hacienda La Ranchería, ubicada en la vereda Pecoralia, municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, con el único fin de permitir la concentración y desmovilización de sus integrantes, proceso que culminó el 20 de enero de 2006, es decir a tan solo 2 meses de la muerte de aquel.

10.9. De igual manera se encuentra probado que el comisionado en su calidad de representante del gobierno, el 6 de febrero de 2006 aprobó el listado de los miembros del bloque “Mineros” que como producto de la negociación iniciada se reincorporarían a la vida civil —ver supra 8.3.—, del cual pese a no conocerse su contenido, se puede concluir que no se incorporó al señor Rivera Varela con ocasión de su deceso.

10.10. Sin embargo, esta falencia no constituiría para la Sala una impedimento para tener por acreditado la calidad de desmovilizado del occiso, pues como se anotó precedentemente, el requisito de la inscripción en la lista oficial expedida por el gobierno nacional comporta un mera condición declarativa de tal calidad que se subsume ante la comprobación de la existencia de las condiciones constitutivas, esto es, del abandono de actividades ilegales y su sometimiento a las autoridades estatales.

10.11. En este orden de ideas, para la Sala es claro que el señor John Jairo Rivera Varela para el 15 de noviembre de 2005, fecha de su fallecimiento no ostentaba la calidad de desmovilizado de la cual se derivaría para la entidad demandada una obligación de especial protección, pues aún se encontraba en ejercicio de actividades ilegales y mucho menos había adelantado acercamientos para entregarse a las autoridades estatales.

11. De otro lado, en lo que tiene que ver con el juicio de responsabilidad, la Sala tiene acreditado el daño, en tanto la prueba documental aportada al expediente demuestra el fallecimiento de John Jairo Rivera Varela.

11.1. La copia de los registros civiles de nacimiento aportados al proceso —los cuales demuestran que Franquelina Varela Cardona era su madre y Luz Myriam, Flor Elena, Diana Marcela Rivera Varela y Kelly Johana Varela Cardona era sus hermanos también permiten tener por probado que todos estos demandantes sufrieron un daño moral por su fallecimiento, conforme a las reglas de la experiencia.

11.2. En este punto, cabe reiterar lo dicho por la Sala en anteriores oportunidades, en el sentido de que la prueba del parentesco resulta idónea y suficiente para demostrar el perjuicio moral respecto de los padres, y hermanos comoquiera que ella por sí sola es indicativa del afecto que existe entre los miembros de una misma familia y, por consiguiente, del dolor que produce en cada uno de ellos la pérdida de sus familiares más cercanos(15).

12. La parte actora sostiene que el daño es imputable a la administración a título de falla del servicio por acción. En concreto, afirma que la muerte de John Jairo Rivera Varela se produjo porque el Ejército Nacional, en un operativo ilegal, lo asesinó pese a que en ese momento se encontraba a la espera de ser trasladado hasta una zona de ubicación temporal, la hacienda “La Ranchería”, ubicada en la vereda Pecoralia, municipio de Tarazá, Antioquia, la cual fue autorizada por el gobierno nacional a fin de adelantar los diálogos de paz con ese grupo ilegal, lugar que el Ejército Nacional conocía, pues eran ellos mismos los encargados de adelantar su traslado.

12.1. Sin embargo, este hecho dañoso no se encuentra debidamente acreditado en el expediente y por lo tanto resulta forzoso negar las pretensiones de la demanda. La anterior afirmación se sustenta en las siguientes razones:

12.2. De las circunstancias en que se produjo el deceso dan cuenta los testimonios rendidos por los desmovilizados que presenciaron la incursión del Ejército Nacional al lugar en donde los miembros del bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia pernoctaban, versiones que son contestes en señalar que como consecuencia del ataque con armas de fuego se dio la muerte. Además del testimonio trascrito en el párrafo 10.5., se tiene el rendido por John Fredy Benítez, desmovilizado que aseguró (fls. 50-52, c. 1):

Eso fue el día 15 de noviembre de 2005, aproximadamente a las 5:45 de la mañana, era un día normal como cualquiera, se amaneció y se escucharon los disparos y entonces donde yo estaba fuimos a ver qué era lo que pasaba porque no era normal que se escucharan tantas explosiones, nosotros fuimos porque nosotros teníamos que ir a apoyar y nosotros creíamos que era otro grupo ilegal, digamos como la guerrilla, y entonces ya el ejército se nos identificó nos dijeron que eran del Ejército Nacional, bueno y en eso llegó el helicóptero a apoyarlos a ellos y entonces nosotros nos tocó retroceder porque nosotros creíamos que era la guerrilla y no, era el Ejército y nosotros con la Fuerza Pública no se puede tener cruce de disparos.

12.3. De estas pruebas testimoniales se concluye que los miembros del bloque “Mineros” de las AUC, del que era parte John Jairo Rivera Varela, se encontraban en su campamento ubicado en la vereda Travesías del municipio de Briceño y que fueron atacados aproximadamente a las 5:00 a.m. por el Ejército Nacional, incursión en la que resultaron muertas 4 personas entre ellas el hijo y hermano de los demandantes. Del relato de los hechos, también se aprecia que sus deponentes no fueron testigos directos de la forma en como el ejército dio muerte a estas personas, pues en los dos casos su aproximación a la escena en donde ocurrió la incursión, se dio minutos después de que esta acaeciera, por lo que su dicho no permite elaborar un recuento fiel de las circunstancias que la rodearon. No puede pasarse por alto que los integrantes del grupo paramilitar portaban armas de fuego y se encontraban a la espera de atacar un frente de la guerrilla que militaba la zona, razón por la que pudieron repeler el ataque haciendo uso del material bélico que poseían. Así, el material probatorio allegado es insuficiente(16) para identificar cuál fue la verdadera causa del fallecimiento del señor Rivera Varela, en tanto este pudo ser el resultado de un cruce disparos entre dos actores en conflicto, o producto del actuar de sus propios compañeros o por cualquier causa que por el hecho de no ser determinada imposibilita la adjudicación de responsabilidad a la entidad pública demandada.

12.4. Así mismo, bajo este supuesto fáctico la Sala no evidencia que en desarrollo del referido operativo militar se avizore el incumplimiento de las obligaciones asignadas a cargo de la entidad pública demandada, teniendo en cuenta que su función constitucional(17) y legal se contrae a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por lo que le es propio el combate en contra de grupos armados al margen de la ley.

12.5. La Sala advierte que si bien para la fecha en que se dio el deceso de John Jairo Rivera Varela ya se encontraba en vigencia la Ley 782 de 2002, mediante la cual el gobierno nacional quedó facultado para la creación de zonas para la ubicación temporal de miembros de grupos armados al margen de la ley que se encontraran incursos en un proceso de paz, territorios dentro de los cuales se suspendieron la ejecución de órdenes de captura y se asignó a la fuerza pública un deber de especial protección en favor de quienes se encontraran en proceso de reincorporación a la vida civil, no solo al interior de estas, sino además, amplió su protección hasta los territorios de paso obligado para su desplazamiento hacia ellas o ante un eventual retorno al lugar de origen, lo cierto es que lo que se acreditó al interior del expediente es que la creación de esta zona especial, de cara a la desmovilización del bloque “Mineros” se dio en una fecha posterior a la de la muerte de John Jairo Rivera Varela.

12.6. Fue solo hasta el 2 de diciembre de 2005, que el gobierno nacional creó, con el único propósito de concentrar y desmovilizar al bloque “Mineros” de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, como zona de ubicación temporal de sus miembros, la hacienda La Ranchería ubicada en la vereda La Pecoralia, municipio de Taraza, departamento de Antioquia, momento a partir del cual se entiende que la fuerza pública debió aminorar su lucha en contra del grupo al margen de la ley en aras de permitir la solución pacífica del conflicto armado interno que el mismo Estado no fue capaz de solventar con la imposición de la fuerza.

13. En estas condiciones probatorias, la Sala encuentra que no se logró acreditar de manera concreta la ocurrencia del daño que alega la parte demandante, y por ello resulta inocuo realizar cualquier tipo de valoración sobre la configuración de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad estatal, tales como la conducta que de acuerdo con la demanda desplegaron los miembros del Ejército Nacional.

13.1. En este sentido se ha pronunciado esta sección, en los siguientes términos(18):

(…) porque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.

13.2. En otro pronunciamiento resaltó(19):

Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que “es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…” y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado.

13.3. La Sala debe agregar a lo anterior que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte actora falló en cumplir con la carga probatoria que le impone dicha norma, toda vez que no allegó al proceso las pruebas válidas necesarias para demostrar que en efecto acaeció el hecho dañoso que fundamenta la acción indemnizatoria.

V. Costas

14. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

15. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFRIMAR la sentencia del 26 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Descongestión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) La Sala encuentra que este proceso tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de $ 2.602.200.000, la cual resulta superior a los 500 SMLMV, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2007 ($ 216.850.000), y teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.

(5) “En el momento en que ocurrieron los hechos yo estaba con John Jairo, yo hacía parte del grupo de autodefensas en el que estaba John Jairo” (fls. 50-51, c. 1).

(6) “Según cuentas John Jairo estaba en un grupo armado pero no recuerdo en cual, que haya escuchado estaba en Briceño” (fl. 49, c. 1).

(7) “Sí, porque somos del mismo pueblo, nos fuimos juntos para las autodefensas ya antes de eso jugábamos bolas desde pequeños” (fls. 60-64, c. 1).

(8) Modificada, entre otras, por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002.

(9) “ART. 9º—Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente.
La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002”.

(10) D. 128/2003, art. 2. “Es el documento que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, Coda, dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla. Esta certificación permite el ingreso del desmovilizado al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su favor, de los beneficios jurídicos y socioeconómicos de que hablan la ley y este decreto”.

(11) Corte Constitucional, Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. T-023, actor: ‘Juan’, M.P. María Victoria Calle.

(12) [30] “En la Sentencia T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte concede el amparo solicitado por el núcleo familiar de un reinsertado de la guerrilla de las FARC que había sido asesinado. En la decisión se ordenó tutelar los derechos a la seguridad personal y al mínimo vital de la compañera supérstite y de su hijo menor. Para ello, ordenó a la dirección del programa de reincorporación a la sociedad civil de personas y grupos alzados en armas del Ministerio del Interior, realizar varias actuaciones tendientes a la valoración del riesgo a su seguridad personal, la inclusión en un proyecto productivo, el otorgamiento de un soporte económico para garantizar su subsistencia digna y la de su hijo, entre otros”.

(13) [31] “Así ocurrió, por ejemplo, en la mencionada Sentencia T-719 de 2003 (pronunciamiento hito en materia de seguridad personal para personas en proceso de reintegración a la vida civil, tras su pertenencia a un grupo armado al margen de la ley), pues la Corte consideró que debía aplicar un análisis de procedencia de la acción flexible, debido a que la peticionaria era una mujer cabeza de familia cuyo esposo fue asesinado por un grupo al margen de la ley del cual decidió separarse, lo que generó una doble condición de vulnerabilidad. De un lado, la imposibilidad económica de asegurar su mínimo vital y, de otro, un alto riesgo para su seguridad y la de su hijo”.

(14) Decreto 2535 de 1993 “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 29 de julio de 2013. Exp. 24.496, C. P. Danilo Rojas Betancourth, de 5 de abril de 2013. Exp. 25.956, C.P. Danilo Rojas Betancourth, de 12 de julio de 2001. Exp. 13086, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 21 de septiembre de 2000. Exp. 11766, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 2 de octubre de 1997. Exp. 11027, C.P. Juan de Dios Montes, entre otras.

(16) La Sala advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte actora falló en cumplir con la carga probatoria que le impone dicha norma, toda vez que no allegó al proceso las pruebas válidas necesarias para demostrar que en efecto acaeció el hecho dañoso que fundamenta la acción indemnizatoria.

(17) “ART. 217.La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de septiembre de 1993. Exp. 6144, C.P. Juan de Dios Montes.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2002. Exp. 12625, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.