Sentencia 2007-03004 de octubre 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 050012331000200703004 01

Nº Interno: 18575

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Agropecuaria San Miguel S.A.

Demandado: municipio de Medellín

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide sobre la nulidad i) de la Resolución 40 del 16 de mayo de 2003, que determinó el impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios, a cargo de la Agropecuaria San Miguel S.A. por los años 2001 y anteriores, 2002 y 2003 y ii) del acto sin número del 17 de abril de 2007, que rechazó las excepciones propuestas por la parte actora y dispuso continuar la ejecución, las dos expedidas por la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín.

Para decidir, se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:

1. El 16 de mayo de 2003,(5) la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín expidió la Resolución 40, que determinó el impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios correspondiente a los años 2001 y anteriores, 2002 y 2003 a cargo de la demandante en la suma de $ 148.748.913.

2. Según lo afirma la demandante, la Resolución 40 de 16 de mayo de 2003 fue notificada por correo el 11 de junio de 2003 y la “constancia de entrega” se encuentra firmada por alguien que firma como “Wilson Cuartas”.

El municipio demandado no controvirtió este hecho. Dijo textualmente lo siguiente:

“Obsérvese que la resolución, fue notificada como lo acepta la demandante y existen dos constancias de entrega de notificación por correo una del once de junio de 2003, con constancia de entrega a Wilson Cuartas y otra del 9 de julio de 2004 con constancia de entrega a Jorge Taborda, esta última señalando la calle 10 D 25-11 como dirección en la que fue notificado, lo que coincide con la dirección de cobro que se encontraba en los archivos de la administración municipal, como se demuestra con las facturas de cobro del año 2005 01105146253361”.

En el expediente no reposan esas certificaciones para constatar lo dicho.

3. El 3 de marzo de 2005, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín expidió la Resolución 1000028078 por la que libró mandamiento de pago contra la Agropecuaria San Miguel Ltda. por la suma determinada en la resolución referida en el numeral anterior(6).

4. El 12 de febrero de 2007, la parte actora, mediante apoderado especial, propuso la excepción de prescripción de la acción de cobro adelantada en su contra en relación con las obligaciones correspondientes a los años anteriores al 2002(7).

5. El 17 de abril de 2007, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín expidió el acto sin número, notificado el 21 de mayo de 2007,(8) que rechazó las excepciones propuestas por la demandante y dispuso continuar la ejecución(9).

6. El 5 de junio de 2007, la parte actora interpuso recurso de reposición contra el acto sin número del 17 de abril de 2007(10).

7. El 21 de septiembre de 2007, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín expidió el acto sin número, que resolvió el recurso de reposición en los siguientes términos(11):

“— Revocar parcialmente, la decisión tomada en la providencia del 17 de abril del 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 818, 829 numeral 1º, 831 numeral 6º del Estatuto Tributario Nacional, 158, 159, 183 literal f), del Estatuto Tributario Municipal, en el sentido de seguir adelante con la ejecución para el cobro de la vigencia 2003, liquidada por concepto de impuesto predial

— Declarar probada, la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta, dentro del proceso administrativo adelantado contra la firma Agropecuaria San Miguel Ltda., en cuanto a las vigencias 2001 y anteriores y la del año 2002, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 509, 561, del Código de Procedimiento Civil, 817, 818, 828, 829 del Estatuto Tributario Nacional, y 158, 159, y 183 del literal f) del Estatuto Tributario Municipal.

— Oficiar a la subsecretaría de rentas, a fin de que sea practicada la liquidación del debido cobrar correspondiente a la firma Agropecuaria San Miguel Ltda., por concepto del impuesto predial, por concepto del año 2003, informando además la decisión dentro de este proceso, para que le sea descargada la deuda correspondiente a las declaradas prescritas (2001 y anteriores y 2002), actualizando así el debido ejecutar.

— Seguir adelante con la ejecución, tendiente a obtener el pago del debido cobrar generado por la vigencia del año 2003, por concepto de impuesto predial, en contra de la firma ejecutada, embargando y secuestrando los bienes de su propiedad que garanticen la solución de la obligación para su posterior avalúo”.

8. El 26 de septiembre de 2007, la parte actora demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la Resolución 40 del 16 de mayo de 2003 y el acto sin número del 17 de abril de 2007(12).

9. La demanda se presentó el 26 de septiembre de 2007 y fue admitida el 7 de febrero de 2008(13).

10. El 26 de febrero de 2008, la parte actora fue notificada por correo del acto sin número del 21 de septiembre de 2007.

La Sala parte por precisar que centrará el análisis de legalidad en el acto sin número del 17 de abril de 2007, esto es, en el acto administrativo por el que el municipio de Medellín resolvió las excepciones propuestas por la demandante contra el mandamiento de pago librado con fundamento en la Resolución 40, por la que se determinó el impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios a cargo de la demandante por los años 2001 y anteriores, 2002 y 2003.

En consecuencia, se inhibirá de pronunciarse sobre la nulidad de la Resolución 40 del 16 de mayo de 2003, en razón a que no están acreditados los presupuestos de procedibilidad para avocar el control de legalidad de ese acto administrativo en esta jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo en tanto que no está acreditado, en relación con ese acto administrativo, que se hubiera agotado la vía gubernativa.

En efecto, uno de los presupuestos para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el agotamiento de la vía gubernativa, consagrado en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo(14).

Según el precedente judicial de la Sala, este presupuesto se traduce, en esencia, en la necesidad de usar los recursos legales para impugnar los actos administrativos. Su finalidad es que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de revocarlas, modificarlas o aclararlas, es decir, es el momento en el que las autoridades administrativas pueden rectificar sus propios errores, antes de que sean objeto de un proceso judicial(15).

En materia tributaria, según el artículo 720 del Estatuto Tributario,(16) el recurso que procede contra los actos administrativos que tratan sobre asuntos fiscales es el de reconsideración, que no fue interpuesto por la demandante. Por lo tanto, hizo bien el tribunal en inhibirse en fallar de fondo respecto de la Resolución 40 del 16 de mayo de 2003.

Precisado lo anterior, la Sala procede a estudiar la demanda de nulidad interpuesta contra el acto sin número del 17 de abril de 2007, mediante el que se rechazaron las excepciones propuestas por la demandante y se dispuso continuar la ejecución.

El municipio de Medellín propuso la excepción de inepta demanda por no haber sido demandado el acto sin número del 21 de septiembre de 2007, que resolvió el recurso interpuesto contra el acto sin número del 17 de abril de 2007. La Sala considera que no se configura la excepción por las siguientes razones:

El artículo 63 del Código Contencioso Administrativo(17) dispone que el agotamiento de la vía gubernativa tiene ocurrencia en los casos previstos en los numerales 1º y 2º del artículo 62, ibídem, y cuando el acto administrativo queda en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.

Los numerales 1º y 2º del artículo 62(18) ibídem establecen que los actos administrativos quedan en firme cuando contra ellos no procede ningún recurso y cuando los recursos interpuestos se hubieran decidido.

El artículo 60 del Código Contencioso Administrativo(19) consagra la figura del acto administrativo ficto o presunto derivado del silencio negativo, que opera por el solo transcurso del término legal sin que la administración resuelva los recursos de reposición o apelación interpuestos en debida forma. Así, el silencio de la autoridad administrativa equivale a que la decisión fue adversa al administrado, y, por tanto, confirmatoria del acto recurrido(20).

Según lo ha señalado la Sala, el silencio administrativo negativo tiene como propósito no solo sancionar a la administración negligente, sino conceder al administrado la garantía de demandar, junto con la decisión definitiva, el acto presunto que la confirmó. Por tanto, dicho acto constituye una forma de agotar la vía gubernativa(21).

De igual forma, con fundamento en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, la Sala ha dicho que la autoridad administrativa tiene competencia para resolver los recursos en la vía gubernativa, hasta cuando se presente la demanda contra el acto definitivo y el ficto negativo que lo confirma, pues, solo en ese momento el interesado acude a la jurisdicción(22).

Por ello, como lo advirtió la Sala en su oportunidad, basta que el actor presente la demanda para que la administración pierda competencia para resolver expresamente los recursos que no decidió en tiempo. Lo anterior por cuanto, acudir a los jueces no depende de si estos admiten la demanda y mucho menos de si notifican el auto admisorio, sino de una conducta del administrado, quien tiene la carga de presentarla(23).

Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que en el caso concreto está probado que la demandante formuló excepciones contra el mandamiento de pago librado por el municipio de Medellín mediante la Resolución 10000280783 de marzo de 2005.

Conforme con el artículo 830 del Estatuto Tributario,(24) el deudor puede proponer las excepciones a que alude el artículo 831,(25) ibídem, dentro de los quince días siguientes a la notificación del mandamiento de pago. Y, según el artículo 832,(26) la administración tiene un mes, contado a partir del escrito de excepciones, para decidirlas.

La resolución que resuelve las excepciones puede ser recurrida en reposición, dentro del mes siguiente a su notificación y el recurso debe resolverse en el plazo de un mes, contado a partir de su interposición en debida forma, tal como lo prevé el artículo 834 del Estatuto Tributario(27).

Si bien el Estatuto Tributario no regula de manera expresa el silencio administrativo negativo para cuando se deciden los recursos de reposición y apelación, propios del procedimiento general previsto en el Código Contencioso Administrativo, su aplicación resulta procedente en asuntos tributarios, precisamente, en virtud de lo previsto en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo,(28) que dispone que “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”.

Según lo expuesto, y de acuerdo a lo señalado en el acápite de hechos probados, la Sala considera que frente al recurso de reposición interpuesto por la demandante, el 5 de junio de 2007, contra la resolución que resolvió las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago, operó el silencio administrativo negativo, en razón a que el municipio de Medellín no resolvió la impugnación en el término de un mes previsto en el artículo 834 del Estatuto Tributario, esto es, hasta el 5 de julio de 2007.

En efecto, en el proceso las partes no controvierten que el 5 de junio de 2007, la parte actora interpuso recurso de reposición contra el acto sin número del 17 de abril de 2007.

Ese recurso debió decidirse y notificarse dentro del mes siguiente a la interposición, de conformidad con el artículo 834 del Estatuto Tributario Sin embargo, el municipio de Medellín resolvió el recurso el 21 de septiembre de 2007 y lo notificó el 26 de febrero de 2008. Estos hechos tampoco son objeto de discusión.

De manera que los hechos admitidos y no controvertidos demuestran que el municipio se tomó 3 meses para decidir el recurso y aproximadamente 5 meses para notificarlo, cuando, se reitera, tenía tan solo hasta el 5 de julio de 2007 para decidir y notificar. En consecuencia, está probada la configuración del acto ficto.

Ahora bien, dado que el municipio de Medellín profirió la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el mandamiento de pago, si bien esa decisión se tomó sin competencia temporal, pues a la fecha en que se notificó el acto expreso (feb. 26/2008), la parte actora ya había interpuesto la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (sep. 26/2007),(29) es evidente que ese hecho, así haya ocurrido después de haberse propuesto la demanda, modificó el derecho sustancial sobre el que versa el presente litigio.

En consecuencia, de conformidad con el principio de congruencia (CPC, art. 305, inc. 4º), el tribunal debió tener en cuenta el hecho referido al momento de decidir por cuanto el municipio de Medellín dio cuenta del mismo cuando contestó la demanda.

De manera que, contrario a lo que concluyó el tribunal, en el presente caso, no se configuró la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues, conforme con lo dicho, la vía gubernativa se agotó por el acaecimiento del silencio administrativo negativo y, por consiguiente, la demandante estaba facultada para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por las mismas razones, tampoco se configuró la excepción de inepta demanda por el hecho de no haberse demandado el acto sin número del 21 de septiembre de 2007, pues ese acto se notificó cuando la demandante ya había acudido a la jurisdicción. Y, si bien la demandante no pidió la nulidad de acto ficto, el Consejo de Estado ha dicho que cuando se presenta el fenómeno del silencio administrativo negativo, por la no resolución del recurso de reposición, el actor debe alegar su ocurrencia, pero sin que haya necesidad de cuestionar el acto ficto, pues dicho silencio, al constituir una ficción legal, solo tiene por objeto abrir al recurrente la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional(30).

Que, por esa razón, basta que en el pronunciamiento judicial se reconozca probada su existencia, sin que haya necesidad de declarar o solicitar la nulidad del acto presunto(31).

En consecuencia, la Sala considera que por tratarse de un acto presunto, no era necesario demandarlo en forma expresa y que esta omisión no es suficiente para que la demanda devenga en inepta. Ahora bien, pese a que la parte actora, se reitera, no hizo alusión a la existencia del acto ficto o por lo menos al recurso interpuesto, de las pruebas obrantes en el expediente se advierte que en el presente caso operó el silencio administrativo negativo y, por tanto, se agotó la vía gubernativa.

Tampoco es procedente que la Sala se inhiba para decidir de fondo por el hecho de que el municipio de Medellín revocó parcialmente la resolución que resolvió las excepciones.

La revocatoria parcial del acto que decidió las excepciones, conforme se precisó, debe tenerse en cuenta como un hecho parcialmente extintivo del derecho sustancial sobre el que versa el presente litigio.

De manera que la Sala parte de reconocer que el acto administrativo sin número fechado 17 de abril de 2007 objeto de la demanda y el acto ficto negativo fueron parcialmente revocados por el municipio de Medellín mediante acto administrativo sin número del 21 de septiembre de 2007.

En esas circunstancias, la Sala se pronunciará de fondo sobre las causales de nulidad invocadas en la demanda. Y, para los efectos pertinentes, tendrá en cuenta que el acto administrativo sin número del 21 de septiembre de 2007 modificó parcialmente el derecho sustancial sobre el que versa el presente litigio.

De esa manera, la Sala procede a analizar el fondo del asunto.

La demandante cuestionó en la demanda que la Resolución 40 de 2003 le era inoponible porque se expidió contra Agropecuaria San Miguel Ltda. con Nit. 9300188904, mas no contra Agropecuaria San Miguel S.A., con Nit. 890.1099.607. Además, porque algunos de los inmuebles respecto de los que se liquidaba el impuesto predial no le pertenecían y porque la Resolución 40 de 2003 fue indebidamente notificada.

La Sala precisa que la calidad de sujeto pasivo respecto de los inmuebles objeto del impuesto predial, debió controvertirla en la actuación administrativa que culminó con la Resolución 40 de 2003, puesto que de conformidad con el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, en el procedimiento administrativo de cobro no pueden debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa.

Respecto de la indebida notificación de la Resolución 40 de 2003, se dice que existe una constancia de notificación hecha el 11 de junio de 2003. El municipio añadió que existe otra constancia de notificación del 9 de julio de 2004, respecto de la que nada dijo la demandante.

Dado que en el expediente no reposan esas pruebas, no es posible verificar las condiciones en que se hizo la notificación, la dirección que se tuvo en cuenta para efectuar la notificación y el sujeto a quien iba dirigida.

En estos casos, la carga de la prueba era del municipio de Medellín pues era el que tenía la información de cómo efectuó la diligencia de notificación, pues ese era un asunto de su competencia. La ausencia de prueba y la falta de explicación razonable sobre la existencia de dos constancias de notificación son hechos indicativos de que esa diligencia no se surtió en debida forma.

No obstante lo anterior, la Sala considera que la demandante se notificó por conducta concluyente de la Resolución 40 de 2003 el día en que propuso las excepciones contra el mandamiento de pago, esto es, el 12 de febrero de 2007, pues es la fecha que da cuenta, a ciencia cierta, de la intervención de la demandante ante la administración.

En ese entendido, es evidente que para el 3 de marzo de 2005, fecha en que se libró el mandamiento de pago, la Resolución 40 de 2003 no era exigible pues no había sido notificada legalmente. En esas circunstancias, la Sala declarará probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo frente al año 2003 y tendrá en cuenta que la administración declaró probada la excepción de prescripción. Por lo tanto, se releva de analizar la excepción de prescripción respecto de los años 2002 y anteriores.

Como consecuencia de haber encontrado probada la excepción de falta de título por el año 2003, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo fechado 17 de abril de 2007, expedido dentro del proceso de cobro coactivo administrativo 1000028078, que rechazó las excepciones propuestas por la demandante y dispuso continuar la ejecución de la Resolución 40, que determinó el impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios correspondiente al año 2003.

Como el acto administrativo sin número del 21 de septiembre revocó parcialmente la Resolución 40, la Sala no declarará la nulidad de ese acto sin número pues, se ajusta a derecho la revocatoria de la Resolución 40 en cuanto declaró probada la excepción de prescripción del impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios correspondiente a los años 2002 y anteriores.

No consulta los principios de eficacia y de acceso a la administración de justicia dejar sin efectos el acto administrativo sin número del 21 de septiembre de 2007, pues, a fin de cuentas, la Sala, en aplicación del principio de congruencia, parte de reconocer ese hecho modificativo del derecho sustancial sobre el que versa el presente litigio.

A contrario sensu, sí declarará la nulidad del acto ficto negativo y, parcialmente, del acto administrativo expreso sin número del 21 de septiembre de 2007, en cuanto decidió no revocar el acto administrativo sin número del 17 de abril de 2007, que negó las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo y de prescripción propuestas contra el mandamiento de pago por el periodo 2003. La decisión se fundamenta en el hecho de que el acto ficto negativo es nulo por haberse hallado probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo respecto del año gravable 2003.

Ahora bien, a título de restablecimiento del derecho, le correspondería a la Sala declarar probada la excepción de falta de ejecutoria del título por el año 2003, reconocer la prescripción por los años 2002 y anteriores, y ordenar la terminación del proceso de cobro coactivo 1000028078 de la Resolución 40 de 2003, que determinó el impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios correspondiente a los años 2001, 2002 y 2003 a cargo de la demandante en la suma de $ 148.748.913.

Sin embargo, como el municipio de Medellín ya terminó el proceso de cobro coactivo 1000028078 respecto de la Resolución 40 de 2003, que determinó el impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios correspondiente a los años 2002 y anteriores, la Sala limitará el restablecimiento del derecho a que ese proceso de cobro coactivo se termine respecto de las obligaciones referidas al año 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, en su lugar:

2. DECLARÁSE inhibida para pronunciarse sobre la nulidad de la Resolución 40 del 16 de mayo de 2003.

3. En consecuencia:

A. ANÚLANSE: i) el acto administrativo fechado el 17 de abril de 2007, expedido dentro del proceso de cobro coactivo administrativo 1000028078, que rechazó las excepciones propuestas por la demandante y dispuso continuar con la ejecución, ii) el acto ficto negativo y, parcialmente, el acto administrativo expreso del 21 de septiembre de 2007, mediante el que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto que negó las excepción propuestas contra el mandamiento de pago.

B. DECLÁRASE probada la excepción de falta de ejecutoria de la Resolución 40 de 2003, respecto del año 2003, porque frente a los años 2002 y anteriores, la administración declaró probada la excepción de prescripción.

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, la Sala ordenará la terminación del proceso de cobro coactivo 1000028078 que inició el municipio de Medellín respecto de la Resolución 40 de 2003, que determinó el impuesto predial, la sobretasa y los intereses moratorios correspondiente al año 2003 a cargo de la demandante. Por sustracción de materia, entiéndase restablecido el derecho de la demandante respecto de las obligaciones de los años 2002 y anteriores, puesto que el municipio de Medellín ya ordenó la terminación del proceso de cobro respecto de esas obligaciones.

5. RECONÓCESE a la abogada María Victoria Rivera Aguilar como apoderada del municipio de Medellín.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(5) Folios 16 y 17 del cuaderno principal.

(6) Folio 18 del cuaderno principal.

(7) Folios 72 al 74 del cuaderno principal.

(8) Folio 23 del cuaderno principal.

(9) Folios 20 y 21 del cuaderno principal.

(10) Si bien en el expediente no obra el recurso interpuesto, tanto en la resolución que lo resolvió como en la contestación de la demanda, el municipio de Medellín señala de manera expresa que el recurso fue interpuesto el 5 de junio de 2007.

(11) Folios 75 y 76 del cuaderno principal.

(12) Folio 11 del cuaderno principal.

(13) Folios 29 y 30 del cuaderno principal.

(14) ART. 135.—Posibilidad de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos particulares. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C. 15 de julio de 2010. Radicación: 760012325000200300496 01. Nº interno: 16919. Actor: Almacenes Éxito S.A. Demandado: municipio de Santiago de Cali.

(16) ART. 720.—Recursos contra los actos de la administración tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el Recurso de Reconsideración.

(...)

(17) ART. 63.—Agotamiento de la vía gubernativa. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los numerales 1º y 2º del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.

(18) ART. 62.—Firmeza de los actos administrativos. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.

(19) ART. 60.—Silencio administrativo. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión en negativa.

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1º, no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Héctor J. Romero Díaz. Bogotá D.C., 18 de octubre de 2007. Radicación: 25000-23-27-000-2003-00363-01. Nº interno: 15484. Actor: Reyes Armando Rodríguez Palma. Demandado: DIAN.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá D.C., 17 de junio de 2004. Radicación: 250002327000199900212 01. Nº interno: 13272. Actor: Chicó Oriental Número Dos Ltda. y urbanización las Sierras del Chico Ltda. Demandado: Distrito Capital de Bogotá.

(22) Op. cit. sentencia del 18 de octubre de 2007.

(23) Ibídem.

(24) ART. 830.—Término para pagar o presentar excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo siguiente.

(25) ART. 831.—Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La de falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro, y

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

PAR.—“Parágrafo adicionado por el artículo 84 de la Ley 6ª de 1992. El nuevo texto es el siguiente”: Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasación del monto de la deuda.

(26) ART. 832.—Trámite de excepciones. Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando sea del caso.

(27) ART. 834.—Recurso contra la resolución que decide las excepciones. Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 6ª de 1992. El nuevo texto es el siguiente: En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el jefe de la división de cobranzas, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma.

(28) ART. 1º—Campo de aplicación. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del Poder Público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de “autoridades”.

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles.

Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza, requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una perturbación de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas.

Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.

(29) El 7 de febrero de 2008 fue admitida la demanda.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Bogotá, D.C., 14 de octubre de 1999. Radicación 13076. Actor: Sociedad Brugues & Cía. S.A. Demandado: Empresa de Energía de Bogotá.

(31) Ídem.