Sentencia 2007-03162 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Expediente 05001-23-31-000-2007-03162-01

Recurso de apelación contra la sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, por medio de la cual se niegan las pretensiones de la demanda.

Actor: Jairo de Jesús Giraldo Jiménez

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Bogotá D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El actor pretende que se declare la nulidad de las resoluciones 00001 de enero 4 de 2007, expedida por la alcaldía del municipio de Caucasia Antioquia, por medio de la cual se decreta una expropiación administrativa de predios de su propiedad y 00137 de enero 29 de 2017, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se confirma la anterior resolución; y que como consecuencia, se restablezca el derecho violado y se le ordene al municipio de Caucasia elevar el valor de la indemnización, pagando la diferencia entre el valor pagado por los bienes y el valor real de los mismos, diferencia que estima en la cuantía de $ 54.208.815.

La inconformidad del actor, frente a la sentencia apelada, se centra en los siguientes aspectos:

Alegó que, contrario al pensamiento del juez de primera instancia, los medios de convicción existentes en el proceso son suficientes para concluir que se le causó un daño al recibir como indemnización un pago que no es proporcional al valor real de los bienes expropiados. Que en su concepto, el a quo incurrió en error al momento de apreciar las pruebas periciales que sirvieron de criterio para fijar la indemnización; incurrió en error de apreciación al conceder plena eficacia probatoria al dictamen practicado en la etapa prejudicial por el perito designado por el municipio de Caucasia y, restar eficacia probatoria a la experticia ordenada por el mismo juzgado la cual determinó, que el valor de los bienes expropiados era de $ 107.500.000, y no $ 44.777.185, y que siendo así las cosas, el problema fundamental a resolver en la segunda instancia es determinar cuál de los peritajes practicados constituye la prueba medular para determinar la procedencia del derecho a la reparación a favor del demandante.

Para dilucidar la controversia, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

Conforme al artículo 63 de la Ley 388 de 1997, “Se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), l) y m) del artículo 58 de la presente ley”.

Bajo ese entendido, el Concejo Municipal de Caucasia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 64(3) de la Ley 388 de 1997, mediante Acuerdo 006 de 25 de junio de 2006(4), facultó al alcalde municipal, para declarar las condiciones de urgencia.

Mediante Resolución 0763(5) de 9 de agosto de 2006, el municipio de Caucasia declaró la urgencia, por razones de utilidad pública e interés social, en la adquisición de los inmuebles para la proyección de la calle 5 con carrera 20, ubicada en el barrio Asovivienda, para la ejecución de proyectos viales [literal e) del artículo 58 citado].

Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución 01078(6) de 8 de noviembre de 2006, el municipio determinó la adquisición, por el procedimiento de negociación directa, de los inmuebles ubicados en la carrera 20 nro. 05 - 07 del barrio Asovivienda del municipio de Caucasia (propiedad del demandante) y formuló oferta de compra, fijando como precio indemnizatorio la suma de $ 44.777.185, de acuerdo con el informe técnico de avalúo practicado por Luis Alberto Mora Rendón(7).

Al no haber consenso entre la administración y el propietario, no habiéndose llegado a un acuerdo de enajenación voluntaria en los términos del artículo 66 de la Ley 388 de 1997(8), mediante Resolución 00001 de 4 de enero de 2007, el municipio dispuso la expropiación administrativa de los inmuebles propiedad del demandante y el pago del precio indemnizatorio, decisión que fue confirmada mediante Resolución 00137 de 29 de enero de 2007(9).

Así pues, con el fin de resolver el problema jurídico que se plantea, la Sala abordará los siguientes aspectos; i) La expropiación por vía administrativa y la indemnización previa; ii) el carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias; iii) el caso concreto.

V.1. La expropiación por vía administrativa y la indemnización previa.

La expropiación por vía administrativa y su respectiva indemnización, encuentran sustento en el artículo 58 de la Constitución Política, a cuyo tenor “por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

En desarrollo del anterior precepto constitucional, la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad pública e interés general y, posteriormente, la Ley 388 de 1997, que modificó la Ley 9ª de 1989, dispuso en sus artículos 63 a 72 lo atinente al procedimiento de expropiación por vía administrativa. Particularmente, sobre el reconocimiento y pago de la indemnización, el artículo 67 establece “[…] en el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61(10) de la presente ley.”

Sobre la indemnización a que hacen referencia los artículos 58 de la Constitución Política y 67 de la Ley 388 de 1997, la Corte Constitucional ha precisado que en tanto la expropiación constituye la limitación más gravosa al derecho de propiedad, resulta indispensable que el Estado, que actuó motivado por razones de utilidad pública e interés social, reconozca una indemnización previa y justa que comprenda no sólo el valor del bien expropiado sino los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, pues si la indemnización no reúne tales características terminaría por configurarse un acto confiscatorio.

Al respecto, en Sentencia C-227 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), dijo la Corte:

“[…] Esta Corte ha establecido que la expropiación puede ser definida “como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa”. Dado que esta es la limitación más gravosa que puede imponerse sobre el derecho de propiedad legítimamente adquirido, la Carta ha rodeado la figura de la expropiación de un conjunto de garantías, entre las más importantes: i. el principio de legalidad, ii. el respeto al derecho de defensa y el debido proceso y, ii. la indemnización previa y justa al afectado que no haga de la decisión de la administración un acto confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución.

[…]

En ese orden, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización previa, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado”.

Esta Sala, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), tuvo ocasión de pronunciarse acerca de las características que debe reunir la indemnización que el Estado reconozca al propietario de bienes objeto de expropiación administrativa y precisó que aquella debe ser plena y justa, pues constituye “[…]un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral”: de donde se sigue que los perjuicios cuyo reconocimiento se depreca sean ciertos y que esté probado su nexo de causalidad con el procedimiento de expropiación.

En dicha oportunidad, sostuvo la Sala:

“Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.

Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

[…]

Los anteriores comentarios llevan a señalar que los daños anejos a la pérdida del derecho de dominio, deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que si bien no se han producido todavía, existe una alta probabilidad en torno a su ocurrencia”.

Así las cosas, aunque el Estado está expresamente facultado para limitar el derecho de propiedad vía expropiación, siempre que existan motivos de utilidad pública e interés general, también le asiste la obligación ineludible de reconocer y pagar una indemnización previa, plena y justa a quien debe ceder su derecho a favor de la comunidad, lo que no obsta para que el afectado acuda a la jurisdicción contencioso administrativa si considera que aquella no lo repara en forma justa y plena, en cuyo caso tendrá la carga de probar, no sólo la existencia de aquellos perjuicios que pretende le sean reconocidos, sino su nexo de causalidad con el acto expropiatorio.

En efecto, en Sentencia C-227 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), la Corte Constitucional precisó que el requisito constitucional de que la indemnización sea justa, no comporta necesariamente una reparación integral, mas sí una razonable, de modo que en ciertos eventos la indemnización “(…) puede cumplir una función meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello sea necesario para garantizar la efectividad de derechos especialmente protegidos en la Carta”.

V.2. El carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias.

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio”.

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización” (negrillas ajenas al texto).

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del llamado “bloque de constitucionalidad”, prevé igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-153 de 1994, señaló que el quantum de la expropiación debe abarcar, además del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado” (cursivas de la Corte).

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que esta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.

Lo anteriormente expuesto explica por qué el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso contencioso administrativo especial de expropiación por vía administrativa, establece textualmente lo siguiente en el inciso 1º y el numeral 6:

[…]

“ART. 71.—Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: (subrayado fuera de texto).

[…]

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio (subrayado fuera de texto).

Como bien se puede observar, los dispositivos legales que se acaban de indicar, permiten a los propietarios afectados demandar ante la justicia administrativa el pago de los daños derivados de una expropiación por vía administrativa, cuando quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la administración a título de indemnización no alcance a proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor comercial del inmueble y los demás daños irrogados (ablatio dominii), con lo cual se quiere evitar una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

Asimismo, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente en plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo el daño futuro no es sino una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la Sección Tercera de esta corporación.

Los anteriores comentarios llevan a señalar que los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio, deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que si bien no se han producido todavía, existe una alta probabilidad en torno a su ocurrencia.

V.3. Asunto concreto.

El demandante estima que el a quo incurrió en error al momento de apreciar las pruebas periciales que sirvieron de criterio para fijar la indemnización. En su sentir, el juez incurre en error de apreciación al conceder plena eficacia probatoria al dictamen practicado en la etapa prejudicial por el perito designado por el municipio de Caucasia y, restar eficacia probatoria a la experticia ordenada por el mismo Despacho, la cual determinó, que el valor de los bienes expropiados era de $ 107.500.000, y no $ 44.777.185, y que siendo así las cosas, el problema fundamental a resolver en la segunda instancia es determinar cuál de los peritajes practicados constituye la prueba medular para determinar la procedencia del derecho a la reparación a favor del demandante.

V.3.1. Dentro del expediente, obra copia del avalúo comercial realizado por el perito avaluador Luis Albero Mora Rendón, de enero de 2006, el cual consta de los siguientes datos:

1. Generalidades

• Inspección ocular

• Documentos

2. Memoria descriptiva

• Dirección

• Objeto del avalúo

• Propietario

• Clase de sector

• Vías de acceso

• Servicios públicos

3. Aspectos jurídicos

• Titulo observado

• Matricula inmobiliaria

• Avalúo catastral

• Ficha catastral

4. Determinación física del inmueble

• Descripción

• Linderos

• Áreas

Terreno aprox. 268 Metros cuadrados.

Casa habitación aprox. 60 Metros cuadrados.

Cobertizo 60 metros cuadrados.

5. Aspectos económicos

• Desarrollo económico del sector

• Explotación económica del municipio

• Oferta y demanda

• Desarrollo económico del predio

6. Avalúo

• Concepto del valor inmobiliario

• Que es valuación de un inmueble

• Corriente del plurivalor

• Corriente del univalor

• Importancia de los avalúos y cálculos técnicos

• Generalidades del avalúo

• Método valuatorio

Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar la utilidad.

Método (técnica) residual Es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar que el valor de éste, es una porción del monto total de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la comercial del proyecto o sea la real posible de vender lo proyectado.

Además se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

• Que el predio está afectado por una obra pública

• Que la persona es poseedora pasiva del predio hace más de 20 años.

• El plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio de Caucasia.

• Decreto 1420 de 24 de julio de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico.

• Resolución 0762 de 23 de octubre de 1998 del Instituto Agustín Codazzi.

7. Valores

— Valor de la construcción (casa de habitación).

Método del costo de reposición como nuevo

ÁREA CONSTRUIDA (aprox.)60 metros cuadrados
EDAD25 años
VIDA ÚTIL70 años
ESTADO DE CONSERVACIÓNbuena
METODOLIGÍA: Costo de reposición como nuevo, Tabla Fitto y Corvini

C.D.C (costos directos de construcción)(construdata nov. 2005)367.262
A.I.U. (administración, imprevistos y utilidad del constructor) 20%73.452
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN440.714
MENOS UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR (no es depreciable) 6%22.036
VALOR A DEPRECIAR418.678
% DE DEPRECIACIÓN43.64%
COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN0.5636
VALOR DEPRECIADO235.967
MAS UTILIDAD CONSTRUCTOR22.036
VALOR NETO DE REPOSICIÓN por metro cuadrado258.003
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN$ 15.480.180

— Valor de la construcción (cobertizo).

Método del costo de reposición como nuevo

ÁREA CONSTRUIDA (Aprox.)60 metros cuadrados
EDAD25 años
VIDA UTIL50 años
ESTADO DE CONSERVACIÓNregular
METODOLIGÍA: costo de reposición como nuevo, tabla fitto y corvini

C.D.C (costos directos de construcción)(construdata nov. 2005)102.425
A.I.U. (administración, imprevistos y utilidad del constructor) 20%20.485
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN122.910
MENOS UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR (no es depreciable) 6%6.145
VALOR A DEPRECIAR116.765
% DE DEPRECIACIÓN48.81%
COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN0.5119
VALOR DEPRECIADO59.772
MAS UTILIDAD CONSTRUCTOR6.145
VALOR NETO DE REPOSICIÓN por metro cuadrado65.917
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN$ 3.955.020

— Valor del terreno

Se proyecta a construcción de una casa de interés social tipo I área construida de 34 metros cuadrados, en obre negra.

Método residual

VENTAS Nuevo por metro cuadrado545.600
1. COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - (construdata nov. 2005). 432.533 x 0.85 x 0.82 = 301.476301.476
2. COSTOS INDIRECTOS84.829
Honorarios de construcción 4%cdc12.059
Honorarios de diseño 1%cdc3.015
Honorarios de interventoría 1%cdc3.015
Honorarios de programación 1%cdc3.015
Honorarios de gerencia 2.5% sobre ventas13.640
Comisiones de ventas 3% sobre ventas16.368
Publicidad 1.5%8.184
Gastos legales y derechos 2.5% 13.640
Notario y registro 1% sobre ventas5.456
Imprevistos 1% sobre ventas5.456
Seguro todo riesgo 0.018% sobre las ventas982
3. COSTOS FINANCIEROS(de las ventas) 4.8% sobre las ventas26.189
4. UTILIDAD PROMOTOR DE VENTAS 7%38.192
VALOR VENTAS METRO CUADRADO$ 545.600
VALOR COSTOS Y GASTOS GENERALES x M2$ 450.686
VALOR METRO CUADRADO$ 94.914
AREA DEL TERRENO APROX.267 mts2
VALOR TOTAL DEL TERRENO$ 25.341.985

Resumen general

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Casa Hab.$ 15.480.180
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Cobertizo$ 3.955.020
VALOR DEL TERRENO $ 25.341.985
VALOR TOTAL DEL INMUEBLE$ 44.777.185

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/C.

Al anterior informe se le anexaron fotografías del predio con el objeto de su mejor visualización.

En dicho avalúo, y así lo manifestó el a quo, se identifican y describen los inmuebles por sus características físicas, situación jurídica, antigüedad, estado de conservación, vida útil, área construida, destinación, ubicación, servicios públicos, vías de acceso, áreas, desarrollo económico del sector, explotación económica del municipio, oferta y demanda, desarrollo económico de los predios.

Explicó el tribunal que allí se expresa que de conformidad con los métodos “costos de reposición”, “método (técnica) residual” y teniendo en cuenta que los predios están afectados por una obra pública, que la persona es poseedora pasiva del predio hace más de veinte años y el plan de ordenamiento territorial de Caucasia, el avalúo total corresponde a la suma de $ 44.777.185.

En el avalúo claramente se exponen los valores que se tuvieron en cuenta, según el método de reposición, para calcular el costo de la construcción por metro cuadrado, con base en la depreciación y para calcular el valor de los terrenos, los costos directos de construcción e indirectos, los costos financieros, la utilidad del promotor de las ventas etc. según las tablas que se observan de folios 128 a 129.

La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación por vía administrativa y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la medida que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp. 2005-03509-01), dijo la Sala:

“[…] Observa esta corporación que si bien en el avalúo elaborado por la subsecretaría de catastro municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la subsecretaría de catastro municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección […]”.

En tal sentido, para la Sala es claro que, en este caso, correspondía al demandante probar que el valor comercial del inmueble calculado por la Luis Alberto Mora Rendón, afiliado a Asolonjas y la Asociación Colombiana de Avaluadores, con registro nacional MI-0150, y registro de evaluador en la Superintendencia de Industria y Comercio 281277, que lo habilita legalmente para realizarlo, tal como se desprende del artículo 27 del Decreto 2150 de 1995, a instancias del municipio de Caucasia, no estaba ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 de 1998 y que, por tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la expropiación.

Con tal propósito, el actor había presentado a la entidad demandada, un avalúo comercial efectuado por el perito Carlos Eduardo Maya Ospina con registro nacional de evaluador 1973, quien le asignó un valor al inmueble de $ 98.986.000, dictamen que por haberse practicado sin citación y audiencia del municipio de Caucasia y no haberse sometido a su contradicción en el proceso(11), y como bien lo manifestó el a quo, no podía tener valor probatorio y el efecto jurídico es el previsto en el artículo 238, numeral 7 del C.P.C.

En el curso del proceso se ordenó por el tribunal la práctica de una prueba pericial, designándose a la perito Mary Luz Mejía Echavarría, y cuyo dictamen consta de los siguientes datos:

1. Objeto del dictamen

2. Política empleada

3. Memoria descriptiva

— Localización

— Tipo de bien

— Descripción del bien

— Descripción del sector

4. Comentarios generales

5. Factores que inciden en el valor de la propiedad

6. Documentos consultados y otras fuentes

7. Lo solicitado por el despacho

“Hechas las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta la conformación de lo que era la propiedad, el siguiente es mi concepto sobre el valor comercial del predio para el año 2006”.

Lote

302.50 M2 * $ 280.000 M2 $ 84.700.000 

Construcciones

Casa 60.00 M2 * $ 320.000 M2 $ 19.200.000

Valor global ramada$ 3.600.000

Valor total $ 107.500.000

Ahora bien, la perito citada, incluye en su informe de avalúo que el método utilizado fue el comparativo de mercado y se tuvo en cuenta la cercanía de un centro comercial. Además, en el experticio de marras se dice que para la descripción de los bienes se tuvo en cuenta “lo que describen los avalúos anexos al expediente, las fotografías, el relato de una vecina y la descripción del demandante”.

La Sala observa, y así lo consignó el a quo, que en dicho dictamen no se explican las investigaciones efectuadas en el terreno con las cuales la perito hizo las comparaciones de mercado para establecer o concluir el valor del predio, ni los fundamentos técnicos de las conclusiones como lo prevé el artículo 237 del C.P.C. Además, la Sala advierte que la perito asigna por error un total de 302.50 M2 al lote, en tanto en los avalúos presentados por el municipio y el actor, el área del lote es de 268 metros cuadrados aproximadamente, error que incremento el área total del terreno en 35 metros cuadrados aproximadamente, y consecuentemente el valor del mismo.

Como lo explicó el tribunal, el avalúo presentado por la perito Mary Luz Mejía Echavarría, no puede considerarse como un valor fundamentado y apoyado en una metodología que conduzca a establecer el valor correspondiente del metro cuadrado en el sector, y no se observan fundamentos técnicos que respalden las cifras señaladas, luego no es apto para que sobre este se fije el valor indemnizatorio por la expropiación; tampoco desvirtúa el avalúo considerado por la administración.

Aunado a lo anterior, el citado avalúo tampoco controvierte en forma directa el rendido por Luis Alberto Mora Rendón a instancias del municipio de Caucasia, ni menciona de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998, pues simplemente se limita a realizar una nueva valoración que, como se dijo, no evidencia ninguna falencia en el precio indemnizatorio reconocido y pagado al demandante, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 00001de 4 de enero de 2007.

Para La Sala el avalúo comercial practicado por la perito Mary Luz Mejía Echavarría, no prueba de manera cierta que las resoluciones acusadas sean contrarias al artículo 67 de la Ley 388 de 1997, pues no logra desvirtuar que el informe técnico de avalúo rendido Luis Alberto Mora Rendón, hubiese pasado por alto los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998.

Asimismo, aunque el demandante alega que el avalúo que sirvió de fundamento al municipio de Caucasia para fijar el precio indemnizatorio, no incluyó el daño emergente y el lucro cesante derivados de que en el predio expropiado funcionaba un establecimiento de comercio de ebanistería desde hacía más de 15 años, lo cierto es que tampoco probaron su existencia, pues dentro del expediente sólo obra como prueba de tales perjuicios la copia del contrato de mandato(12) de 8 de septiembre de 2001, suscrito entre el actor y la señora Claudia Cecilia Muñoz Molina, cuyo objeto era la administración de un lote de terreno con todas sus mejoras ubicado en el municipio de Caucasia, en la avenida troncal número 5-107 vía a Medellín y alinderado por el frente con la carrera 20 la Troncal, por un costado con propiedad de Luz Marina Jaramillo; por atrás con la carrera 19. Dentro de las obligaciones de la mandataria o administradora está la de adelantar todas las gestiones para arrendar el bien entregado; cobrar los cánones de arriendo respectivos […], contrato este que no constituye medio de convicción alguno que lleve a la Sala a considerar que se causó un daño al propietario expropiado, diferente del valor recibido como indemnización.

Con relación con la función reparatoria de la indemnización, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1074 de 4 de diciembre de 2002, expresó:

[…].

“3.3.1.3. La indemnización por expropiación puede ser reparatoria

El artículo 58 de la Carta no dice que la indemnización debe ser plena(13). En cuanto al alcance de la indemnización en el caso de expropiación, esta Corte aclaró, en la misma Sentencia C-153 de 1994 citada, que comprende el daño emergente y el lucro cesante, pues puede cumplir, en principio, una función reparatoria. Dijo entonces la Corte:

La indemnización es pues una consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad: la producción de un daño generado por una actividad legítima de la acción administrativa.

La actividad es legítima porque la expropiación sólo opera por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés general para cumplir los fines esenciales del Estado, de que trata el artículo 2º superior: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Pero ese daño legítimo debe en principio ser indemnizado [...], porque la persona expropiada no tiene por qué soportar una carga específica que debe asumir toda la sociedad, en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo fundamento es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta. Esto explica entonces que el ordenamiento superior haya consagrado el derecho a la indemnización reparatoria en cabeza del afectado.

[...]

Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria (...), ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización (subrayado fuera de texto)(14).

De lo anterior surge que la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si bien la jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el valor comercial del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación(15).

No obstante lo dicho aquí, la Corte constata que el artículo 58 superior no exige que quien sea expropiado reciba además de la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, también el pago de todos los costos adicionales que sean necesarios para adquirir un bien de las mismas características al expropiado y restituir al particular a condiciones similares a las que tenía antes de la expropiación. La indemnización en caso de expropiación no debe cumplir siempre una función restitutiva y, por eso, no tiene que ser integral.

La indemnización que establece el artículo 58 constitucional en caso de expropiación es distinta de la que señala el artículo 90 de la Carta en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas. En primer lugar, el artículo 58 se refiere a un daño que no es antijurídico, puesto que el mismo texto constitucional establece que el particular debe soportar la carga de ser expropiado, es decir, el daño resultado de la expropiación sí debe ser soportado por el expropiado, lo cual no significa que dicho daño no deba también ser indemnizado, por mandato expreso de la Constitución. La existencia de tal deber justifica que la indemnización en caso de expropiación no tenga siempre que ser integral - como si lo exige el artículo 90 superior. En segundo lugar, el artículo 58 superior regula expresamente la fijación de la indemnización en caso de expropiación para indicar que ésta no se basa exclusivamente en los intereses del afectado, es decir, en el interés privado en que la indemnización sea lo más elevada posible y comprenda todas las cargas que ha soportado, sino que ha de fundarse también en los intereses de la comunidad. La fijación de la indemnización se hará “consultando los intereses de la comunidad y del afectado”, cuando el perjuicio es resultado de una expropiación, no de un daño antijurídico previsto en el artículo 90. En tercer lugar, tradicionalmente la indemnización en caso de expropiación no ha comprendido el daño moral, como por ejemplo el que puede resultar del especial afecto que el propietario tuviera por el bien expropiado. Ello indica que en este caso la expropiación no tiene que ser integral. En cambio, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, la indemnización sí comprende el daño moral.

De tal manera que el requisito constitucional de que la indemnización sea justa, lleva necesariamente a no exigir que siempre responda integralmente a los intereses del afectado. En ciertas ocasiones dicha indemnización puede cumplir una función meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello sea necesario para garantizarle efectividad de derechos especialmente protegidos en la Carta, como se verá a continuación […]”.

Así las cosas y pese a que es cierto que la indemnización que se reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación tiene carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar ante la jurisdicción contencioso administrativa, (i) cuáles son los perjuicios y (ii) su nexo de causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la referencia.

Finalmente, la Sala reitera lo expresado en un proceso de similares circunstancias a las del caso sub júdice, en el que mediante sentencia de 27 de octubre de 2011, (Exp. 2005-00027-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso), sostuvo:

“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación por vía administrativa y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la medida que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp. 2005-03509-01), dijo la Sala:

“Observa esta corporación que si bien en el avalúo elaborado por la subsecretaría de catastro municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la subsecretaría de catastro municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección” (resaltó la providencia).

En tal sentido, para la Sala es claro que, en este caso, correspondía a los demandantes probar que el valor comercial del inmueble calculado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá a instancias del IDU, no estaba ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 de 1998 y que, por tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la expropiación...

Aunado a lo anterior, el citado avalúo tampoco controvierte en forma directa aquél rendido por la Lonja de Propiedad Raíz a instancias del IDU, ni menciona de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998, pues simplemente se limita a realizar una nueva valoración que, como se dijo, no evidencia ninguna falencia en el precio indemnizatorio reconocido y pagado a los demandantes, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 4717 de 2004, 6812 de 2004 y 7907 de 2004.

De otro lado, aunque los demandantes alegan que el avalúo que sirvió de fundamento al IDU para fijar el precio indemnizatorio, no incluyó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la interrupción sobreviniente de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales que funcionaban en el inmueble expropiado, lo cierto es que tampoco probaron su existencia, pues dentro del expediente sólo obra como prueba de tales perjuicios, la copia del contrato de arrendamiento del local comercial suscrito el 23 de agosto de 1999 por los señores Florentino Martínez Hernández (arrendador) y Carlos Alberto Pulido B. y Carmen Rosa Barrera Cuervo (arrendatarios), contrato en el que se fijó un canon de arrendamiento de trescientos mil pesos ($ 300.000), pactándose como término de duración seis (6) meses, lo cual significa que para el 15 de abril de 2004, fecha en que se dispuso la expropiación por vía administrativa, no estaba vigente.

Así las cosas y pese a que es cierto que la indemnización que se reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar ante la jurisdicción contencioso administrativa, (i) cuáles son los perjuicios y (ii) su nexo de causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la referencia”.

Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 “ART. 64.—Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal, o la junta metropolitana según sea el caso, mediante Acuerdo. Esta instancia tendrá la competencia general para todos los eventos”.

4 Folios 14 a16.

5 Folios 17 a 18.

6 Folios 22 a 24.

7 Folios 29 a 41.

8 ART. 66.—Determinación del carácter administrativo. La determinación que la expropiación se hará por la vía administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento que legalmente deba observarse por la autoridad competente para adelantarlo, mediante acto administrativo formal que para el efecto deberá producirse, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

9 Folios 8 a 10.

10 “ART. 61.—Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9ª de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.
[…].

11 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 3 de marzo de 2010, Rad. 47001-23-31-000-1997-05195-02 (37269).

12 Folios 66 a 67.

13 Constata la Corte que otras normas constitucionales que refieren diferentes casos y formas de privación de la propiedad, unidas a la imposibilidad de continuar ejerciendo en el territorio nacional una actividad lícita, exigen tanto el pago de una indemnización como que ésta sea plena. Así, en materia de creación de monopolios, el artículo 336 constitucional exige “la indemnización plena de los individuos que, en virtud de la ley que establece el monopolio, deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita”. También cuando se permite la reserva estratégica de determinadas actividades o servicios públicos, “por razones de soberanía o de interés social,” según lo que establece el artículo 365, inciso 2º superior es necesario que se indemnice “previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.

14 En la Sentencia C-153 de 1994, la Corte entendió que la naturaleza reparatoria de la indemnización en caso de expropiación era sinónimo de indemnización “plena”. También señaló que dada esa naturaleza reparatoria, quedaba excluida la posibilidad de una indemnización meramente compensatoria, término que interpretó de la siguiente manera: “Así las cosas, la indemnización no es compensatoria, esto es, ella no es un presupuesto o una condición de la indemnización que genera una compensación a cargo del Estado y a favor del expropiado, por el enriquecimiento patrimonial del primero. Si así fuera, la indemnización se fijaría con base en el valor objetivo del bien y no, como ordena la Constitución inciso 4º del artículo 58, “consultando los intereses de la comunidad y del afectado”. De aceptarse la tesis del carácter compensatorio de la indemnización se tendría que concluir que la expropiación es una simple conversión de valores: los bienes expropiados se reemplazan por su equivalente en dinero y no comprendería por tanto los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. La indemnización en tal caso no sería entonces justa, como lo ordena el artículo 21 numeral segundo del Pacto de San José”.

15 Este criterio establecido en la Sentencia C-153 de 1994, recoge la posición sostenida por la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena el 11 de diciembre de 1964. M.P. Julián Uribe Cadavid, donde dijo lo siguiente: “Sobra agregar que el concepto de indemnización por expropiación no puede confundirse con el concepto de precio, como prestación de la venta. Esta es un acuerdo bilateral, de derecho privado, fruto de la libertad contractual (...). La expropiación no es un contrato, no es una venta, ni siquiera forzada, como la que se verifica en subasta pública en determinados casos; es una figura esencialmente distinta, de derecho público, enderezada al bien de la comunidad y en virtud de la cual, por motivos superiores, la administración toma la propiedad particular, y como esta medida genera un daño, y no un precio, se satisface mediante una indemnización. Se indemniza el perjuicio en diferentes órdenes de la responsabilidad contractual y extracontractual, y se indemniza al expropiado el daño que para él implica esta forma de expropiación —que opera contra su voluntad pero en provecho público (...)”.