Sentencia 2007-03177/20368 de mayo 21 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Radicado: 050012331000200703177-01 (20368)

Magistrado Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Fábrica de pizzas Domino’s

Demandado: UAE DIAN

Bogotá, veintiuno de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación, correspondería a la Sala determinar si se ajustan a derecho la liquidación oficial de revisión 110642006000031 del 17 de abril de 2006 y la Resolución Recurso de Reconsideración 110662007000030 del 15 de mayo de 2007, que confirmó la anterior, que determinaron el impuesto sobre las ventas a cargo de la fábrica de pizzas Domino’s S.A., por el quinto bimestre gravable del año 2003, con la aplicación de la tarifa del 16% sobre los ingresos que percibe por el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social. En concreto, la Sala debería establecer la procedencia de la sanción por inexactitud que impusieron dichos actos. Sin embargo, del análisis integral de los documentos que aparecen en el expediente y conforme con el concepto emitido por el Ministerio Público, el análisis de la Sala se reorienta a la verificación de uno de los presupuestos procesales de la acción y de la sentencia de mérito, como lo es la capacidad para actuar y ser parte en el proceso de la fábrica de pizzas Domino’s, previo el recuento de los siguientes:

3.1. Hechos relevantes para decidir.

— La fábrica de pizzas Domino’s fue creada con el objeto social de construir, instalar, adecuar y poner en funcionamiento las tiendas de fabricación de pizzas bajo la modalidad de servicio a domicilio y venta sobre el mostrador y tiendas móviles, así como la producción y comercialización, en todas sus formas, de alimentos, bebidas y demás insumos propios del negocio de comidas. Así se advierte de lo narrado por la demandante en el libelo y por la administración de impuestos de Medellín en los actos administrativos demandados y en la contestación de la demanda.

La fábrica de pizzas Domino’s fue constituida como sociedad anónima mediante la escritura pública Nº 158 del 14 de febrero de 2003 de la Notaría Tercera de Envigado Antioquia, registrada el 19 de febrero del mismo año. De lo anterior da cuenta el certificado de la Cámara de Comercio de Medellín(3), en el que además se indica:

“Según escritura pública Nº 248 del 19 de febrero de 2004 de la Notaría 10ª de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 2004, en el Libro 9º, bajo el Nº 1898, se declaró la sociedad totalmente liquidada. (...) Que actuó como liquidador principal de la sociedad el señor Ricaurte Páez Ortiz con C.C. (...) y como liquidador suplente el señor Jorge Valencia Machado con C.C. (...)”.

— Conforme con la demanda y en consonancia con el hecho inmediatamente relatado, el Estado societario en la identificación de la parte demandante y en la presentación de los hechos segundo a quinto(4) fue descrito así:

“SEGUNDO. Fábrica de pizzas Domino’s S.A., fue declarada disuelta y en estado de liquidación tal como consta en la escritura pública Nº 2247 otorgada el 31 de diciembre de 2003 de la Notaría Décima del Círculo Notarial de la ciudad de Medellín, escritura inscrita en la Cámara de Comercio de su domicilio social el 31 de diciembre de 2003.

TERCERO. El proceso de liquidación de la sociedad fábrica de pizzas Domino’s S.A. se adelantó de conformidad a las disposiciones legales contenidas en el código de comercio, culminando con la protocolización de la cuenta de final de liquidación tal como consta en la escritura pública Nº 248 otorgada el 19 de febrero de 2004, otorgada en la Notaría Décima del Circulo Notarial de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de su domicilio, el día 26 de febrero de 2004, bajo el número 1898.

CUARTO. La protocolización de la cuenta final de liquidación contenida en la escritura pública mencionada en el hecho anterior, estuvo precedida de la expedición del paz y salvo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Según la entidad demandada, la sociedad demandante, al momento de su liquidación no tenía deudas pendientes por ningún tipo de impuestos con la misma y que en consecuencia. Podía continuar con el trámite de liquidación de la sociedad.

QUINTO. Con posterioridad a la protocolización de la cuenta final de liquidación de la sociedad y de la inscripción en la Cámara de Comercio de su domicilio social de la escritura pública Nº 248 del 19 de febrero de 2014 de la Notaría Décima de Medellín, con la que se protocolizó dicha cuenta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de la división fiscalización tributaria emplazó a la sociedad fábrica de pizzas Domino’s S.A. para que presentara declaración de corrección a la declaración de impuesto sobre las ventas (...)”.

— Mediante Oficio 8311065174-00393 del 29 de enero de 2004, el jefe de la división de cobranzas de la administración de impuestos de Medellín constató la inexistencia de obligaciones a cargo de la contribuyente, sin perjuicio de las determinadas con posterioridad, y permitió la continuación de los trámites pendientes en el proceso de liquidación voluntaria de la sociedad, para los efectos del artículo 847 del estatuto tributario(5).

— El acta de observaciones que levantó la división de fiscalización tributaria en desarrollo de las diligencias de registro realizadas a varios establecimientos de comercio ubicados en el área metropolitana de la ciudad de Medellín determinó(6):

“Estado actual. Proceso de liquidación. El día 13 de enero de 2004, el señor Ricaurte Páez Ortiz, liquidador de la sociedad, informa que la sociedad fue declarada y disuelta y en estado de liquidación”.

— El 16 de mayo de 2005, la misma división emplazó a la fábrica de pizzas Domino’s S.A. para que corrigiera la declaración de impuestos sobre las ventas del quinto bimestre de 2003, aplicando la tarifa del 16% a sus operaciones gravadas(7).

— El 14 de julio de 2005, la DIAN expidió el requerimiento especial(8) contra la sociedad señalada, respecto del mismo impuesto y periodo, frente al que se manifestó el mismo liquidador con razones de fondo que se oponían a la modificación oficial propuesta en tal requerimiento(9): la tarifa de IVA aplicable al expendio de comidas a domicilio. La misma razón se expuso en (i) la liquidación oficial de revisión Nº 110642006000031 del 17 de abril de 2006 y en (ii) la Resolución Recurso de Reconsideración 110662007000030 del 15 de mayo de 2007.

Conforme con los hechos expuestos, la Sala advierte que la sociedad contribuyente fue objeto de un proceso de liquidación cuya cuenta final quedó protocolizada el 19 de febrero de 2004, mediante escritura pública Nº 248, de la Notaría Décima de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio el 26 de febrero siguiente. También se advierte que después de esa fecha se inició una actuación fiscal contra la citada sociedad, en relación con el impuesto a las ventas del quinto bimestre de 2003, que fue atendida por el liquidador suplente.

De conformidad con los hechos narrados, la Sala considera que la sociedad Domino’s Pizza carecía de capacidad para ser parte demandante en este proceso, pues, para el 21 de octubre de 2007, fecha en la que se radicó la demanda que ahora se estudia(10), la sociedad había sido liquidada (Ver: Hecho 3.1.2.) y la administración de impuestos y aduanas nacionales de Medellín conocía de la situación jurídica de la sociedad demandante.

3.2. Caso concreto. Sujeción al precedente.

Sobre el particular, la Sala acoge lo dispuesto en la sentencia del 30 de abril de 2014(11), proferida por esta Sección, en la que se resolvió un asunto similar al planteado, pero en relación con los actos administrativos que determinaron la tarifa del IVA a pagar por parte de la fábrica de pizzas Domino’s por el segundo bimestre del año 2003, cuya considerativa se transcribe a continuación.

“De la existencia de las personas jurídicas - capacidad para actuar de los entes societarios

Toda persona natural o jurídica que realice los hechos generadores de impuestos no excluidos o exentos expresamente por la ley, puede ser destinataria de las actuaciones fiscalizadoras que adelanta la administración de impuestos al amparo del artículo 684 del estatuto tributario.

El artículo 633 del Código Civil refiere la persona jurídica como aquella nacida de la voluntad de seres o personas físicas, que una vez constituida adquiere plena capacidad para actuar, ejerciendo derechos y contrayendo obligaciones civiles, lo que a su vez le permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma, con la conntaural posibilidad de ser representada judicial y extrajudicialmente.

La capacidad para actuar con la que legalmente se concibió a las personas jurídicas trasciende al plano procesal como atributo endosante de la calidad de parte, definida en relación con la pretensión procesal que se formula o que es objeto de oposición, en cuanto detentadoras del interés protegido por las distintas acciones consagradas en el Código Contencioso Administrativo, hoy medios de control.

En ese contexto, las personas jurídicas se encuentran legitimadas para comparecer a los procesos judiciales o administrativos, como lo puntualiza el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, al disponer:

‘Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales.

Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos.

Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios representantes o mandatarios generales distintos de aquellos, podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente.

(...)’.

De esta manera el legislador reconoce en la capacidad de las personas jurídicas un presupuesto material de la sentencia que procura la culminación del proceso mediante fallo de mérito, como un presupuesto procesal de la acción cuando ellas son las demandantes, que condiciona el nacimiento válido del proceso con la debida comparecencia de las mismas a través de sus representantes(12).

Ahora bien, las sociedades comerciales legalmente constituidas son personas jurídicas conformadas por dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en valor pecuniario, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Tales personas jurídicas existen de manera independiente a quienes la conforman.

La capacidad de las sociedades se circunscribe al desarrollo o actividad prevista en su objeto, en el que se entienden incluidos todos los actos directamente relacionados con el mismo y los que buscan ejercer derechos y cumplir obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad (C. Co., arts. 98 y 99).

Prevista de esa manera la capacidad de las sociedades, es claro que la misma implica facultades de actuar, que solo pueden predicarse de las personas jurídicas existentes.

Legalmente, la persona jurídica societaria existe desde el momento en que se constituye por escritura pública inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su lugar de domicilio y de aquel donde funcionan sus sucursales, si es que no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal, so pena de que el contrato de sociedad no pueda oponerse a terceros (arts. 110 a 112 ibídem).

Dicha existencia se prueba con la certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que conste el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento, los representantes de la sociedad (art. 117 ejusdem) y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halla disuelta.

De los procesos de disolución y liquidación del ente social - efectos sobre la existencia de la sociedad

La disolución de la sociedad es un acto jurídico que afecta su existencia, porque implica la ruptura del vínculo contractual entre quienes se unieron para conformarla, y la consiguiente restricción parcial de su capacidad jurídica, en cuanto no puede continuar desarrollando el objeto social con el que se constituyó.

Así, la disolución libera a los socios de las obligaciones que habían contraído cuando se creó la persona jurídica, siempre que se satisfagan las deudas a cargo de la sociedad con terceros(13), y opera por las causales enunciadas en el artículo 218 del Código de Comercio(14), que tienen efectos en el tiempo, dependientes de la causal misma(15).

Dichas causales deben ser declaradas por los socios o, en el caso de que la disolución obedezca a las mencionadas en los numerales 2º, 3º, 5º y 8º de dicha norma, pueden ser declaradas por la Superintendencia de Sociedades, si los asociados no lo hacen oportunamente.

La disolución de la sociedad da paso a su inmediata liquidación; de acuerdo con ello, el artículo 222 del mismo ordenamiento, solo auspicia la capacidad jurídica de la sociedad disuelta para realizar los actos relacionados con ese cometido —la inmediata liquidación— y descarta toda operación o acto ajeno al mismo, responsabilizando de su realización al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto a ejecutarlos, tanto frente a la sociedad, como frente a los asociados y a terceros.

El nombre de la sociedad disuelta siempre debe adicionarse con la expresión ‘en liquidación’.

La inmediata liquidación que ordena la norma, refiere a la ejecución del procedimiento reglado para repartir el patrimonio social entre los socios, previa satisfacción de los acreedores sociales, protegiendo sus especiales intereses. Se trata de establecer lo que se tiene y lo que se debe, de satisfacer las obligaciones pendientes, de saldar el pasivo externo, de determinar el activo neto divisible entre los asociados y de distribuirles el remanente(16).

La liquidación se encuentra a cargo de un liquidador especial, nombrado conforme a los estatutos, a la ley o, en defecto de ellos, por la Superintendencia de Sociedades. Las facultades y obligaciones del designado, cualquiera que sea el mecanismo para hacerlo, solo surten efectos desde cuando el respectivo nombramiento se inscribe en el registro mercantil del domicilio social y de las sucursales de la sociedad disuelta.

Dicho liquidador asume la representación legal de la sociedad disuelta y en esa condición administra su patrimonio, ejecutando actos unívocamente orientados a liquidarlo en el marco de las obligaciones que le impone el artículo 238 del Código de Comercio y, se insiste, a ello se circunscribe su capacidad jurídica.

En ese sentido, la Sala ha precisado que cuando una sociedad se encuentra en liquidación, no puede iniciar nuevas operaciones para desarrollar su objeto social, pero sí continuar y culminar las pendientes al sobrevenir el estado de liquidación(17).

Ello implica que la sociedad continúa existiendo, no obstante que varía la destinación de su patrimonio inicialmente utilizado para realizar el objeto social, para reservarlo a ‘la disgregación de los activos patrimoniales con miras a cubrir los pasivos y adjudicar a los asociados el remanente, si lo hubiere’. En suma, el patrimonio de la sociedad, en estado de liquidación, deja de ser de explotación y se torna en patrimonio de liquidación’(18).

De acuerdo con los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, la distribución del eventual remanente entre los socios debe hacerse constar en acta protocolizada en la notaría del lugar del domicilio social, junto con el inventario de bienes sociales y la actuación judicial, en cada caso. Esa acta debe ser aprobada por la asamblea o junta de socios respectiva, al igual que las cuentas de los liquidadores que luego de la incomparecencia de los asociados a dos reuniones debidamente convocadas para la referida aprobación, se entienden aceptadas y no pueden ser impugnadas.

Una vez aprobadas las cuentas finales de liquidación, se entrega a cada asociado lo que le corresponde, citando a los ausentes en la forma prevista por la legislación comercial (art. 249 ibídem).

La aprobación de dichas cuentas finales, debidamente inscrita en el registro mercantil (art. 28, num. 9º), marca la terminación del proceso de liquidación, de manera que durante el interregno transcurrido entre el inicio del mismo y el momento inmediatamente anterior a su terminación, la sociedad continúa existiendo.

Refiriéndose a este tema, la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción en el registro mercantil, de la cuenta final de liquidación, ‘desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones’, y ‘al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe’(19).

Colígese de lo anterior que la sociedad en liquidación continúa siendo contribuyente de impuestos y le atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de esa calidad, hasta tanto termine la etapa liquidatoria, eso sí, considerando su nueva situación patrimonial y la capacidad jurídica limitada que tiene, en cuanto a que solo puede realizar los actos necesarios para su liquidación.

Como a partir de la aprobación e inscripción de la cuenta final de liquidación el sujeto mercantil desaparece del mundo jurídico, la Sala ha señalado que en ese momento la sociedad liquidada pierde la capacidad para actuar y que luego de que ello ocurre no es posible presentar demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa en nombre del ente liquidado, dada su efectiva extinción. Dijo el pronunciamiento judicial(20):

‘(...)

Se tiene que la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta final de su liquidación, que es el momento en el cual desaparece o muere la persona jurídica.

Hechas las anteriores precisiones y toda vez que la parte actora, por haber ejercido actividad comercial estaba sometida al régimen probatorio del derecho mercantil, debía acreditar su existencia y representación legal mediante el correspondiente registro expedido por la cámara de comercio, en la que conste, entre otros aspectos, la constancia de que ‘la sociedad no se halla disuelta’ (artículo 117 ibídem).

(...)

Considera la Sala, que al haber desaparecido la sociedad de la vida jurídica, el señor Diego Alberto Londoño Gómez, quien figura en el certificado de cámara de comercio nombrado como liquidador, no estaba legitimado para representarla, toda vez, se repite, que con el trámite de la disolución y liquidación se extinguió la persona jurídica y por sustracción de materia, carecía de facultad para obrar como representante legal de una entidad que había dejado de existir material y jurídicamente y por tanto, no podía constituir un mandatario que representara ‘sus intereses.

(...).

De acuerdo con lo anterior y en oposición a lo señalado por el a quo, se concluye que la sociedad actora no tenía capacidad para ser parte en el presente proceso, en consecuencia se revocará la sentencia y se abstendrá la Sala de proferir fallo de fondo’ (negrillas de la Sala)’.

Por supuesto, los efectos extintivos sobre de la sociedad se extienden a su liquidador, quien por consiguiente cesa en sus funciones y no puede representarla ni actuar en nombre de aquella. Sobre este punto, la Superintendencia de Sociedades ha señalado:

‘(...).

Sobre el particular es necesario señalar que es función del liquidador proteger no solo el patrimonio de la sociedad en liquidación, prenda general de los acreedores, sino los intereses de los acreedores, sin distinción alguna y en igualdad de condiciones, mediante la realización de los activos para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones, con el fin de distribuir y entregar el remanente, si lo hubiere, entre los asociados, momento en el cual se entiende culminado el proceso liquidatorio y en consecuencia cesan las obligaciones y funciones del liquidador’(21).

Vista la realidad probatoria reseñada al inicio de esta considerativa, de cara al marco legal, doctrinal y jurisprudencial anteriormente esbozado, concluye la Sala que la demandante carecía de capacidad jurídica para actuar como parte en el presente proceso, comoquiera que el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín informa que se liquidó con escritura pública Nº 248 del 19 de febrero de 2004, la cual, según afirmación hecha en la demanda, protocolizó la cuenta final de liquidación.

Ello quiere decir que para el 25 de octubre de 2007, cuando se radicó el libelo, e incluso para cuando se inició la actuación administrativa definida por los actos demandados, la accionante se encontraba extinta y, por ende, no existía. De contera, el abogado liquidador que presentó la demanda demandante carecía de legitimación procesal para accionar en representación de la persona jurídica liquidada.

En este orden de ideas y como el aspecto subjetivo de la relación jurídico-procesal deviene directamente de la capacidad que se le atribuye a las personas entre quienes se traba la litis, de suerte que si éstas no gozan de esa capacidad no pueden ser parte del proceso, la Sala se inhibirá de proveer sobre la solicitud de nulidad de los actos demandados, previa revocatoria de la sentencia de primera instancia”.

En efecto, de acuerdo con el artículo 44 del Código de procedimiento Civil, “Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos”. Esto quiere decir que las personas jurídicas de derecho privado deben acreditar la existencia y el normal funcionamiento, lo mismo que el poder y el mandato de sus gestores. En síntesis deben demostrar su propia personalidad y la personería de quienes la administran.

A su vez, las personas jurídicas de derecho privado se dividen en civiles y comerciales, estas últimas adquieren personería jurídica a través del otorgamiento del instrumento público de constitución, acto por el cual se individualiza y separa de quienes la crearon en razón a que surge como un ente jurídico independiente(22).

Para el caso de las sociedades mercantiles, el ordenamiento jurídico somete a inscripción ante las cámaras de comercio respectivas, entre otros actos, la constitución, reformas estatutarias y las escrituras de disolución y liquidación de las sociedades.

En este orden de ideas, se tiene que la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta final de su liquidación, que es el momento en el cual desaparece o muere la persona jurídica.

Hechas las anteriores precisiones y toda vez que la parte actora, por haber ejercido actividad comercial estaba sometida al régimen probatorio del derecho mercantil, debía acreditar su existencia y representación legal mediante el correspondiente registro expedido por la cámara de comercio, en la que conste, entre otros aspectos, la constancia de que “la sociedad no se halla disuelta”.

Como se vio, según el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín(23), la sociedad fábrica de pizzas Domino’s S.A. fue completamente liquidada.

En consonancia con el precedente de esta Sala y de acuerdo con las pruebas que aparecen en el expediente, queda claro que la fábrica de pizzas Domino’s S.A. no tenía capacidad para comparecer como demandante en el proceso de la referencia, ni en ningún otro proceso adelantado con posterioridad a la anotación de la escritura pública de liquidación en el registro mercantil, circunstancia que impide a la Sala pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Finalmente, ante la falta de definición de la litis, los actos sancionatorios no constituyen títulos ejecutivos susceptibles de ser objeto de cobro por vía administrativa, dada la inexistencia de la actora(24).

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia del 15 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la fábrica de pizzas Domino’s S.A., contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín. En su lugar se dispone:

1. INHÍBESE de proveer sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión Nº 110642006000031 del 17 de abril de 2006 y la Resolución Recurso de Reconsideración 110662007000030 del 15 de mayo de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Clara Inés González Ramírez para actuar como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines del poder visible en el folio 307 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(3) Fl. 1.

(4) Fls. 7 y 8.

(5) Fl. 32.

(6) Fl. 36.

(7) Fls. 33 a 35.

(8) Fls. 38 a 46.

(9) Fls. 47 a 51.

(10) Ver contraportada.

(11) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sent. del 30 de abril de 2014, Exp. 050012331000200702998 01 (19575), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, demandante: Fábrica de pizzas Domino’s S.A. c/ UAE DIAN.

(12) Betancur Jaramillo, Carlos, “Derecho Procesal Administrativo”, séptima edición, 2009, pág. 159

(13) Neira Archila, Luis Carlos. “Apuntaciones Generales al Derecho de Sociedades”, Ed. Temis, 2006, pág. 243.

(14) Vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración; imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto; reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley; declaración de quiebra de la sociedad; causales expresa y claramente estipuladas en el contrato; decisión de los asociados o de autoridad competente; o las demás causales establecidas en la ley respecto de cualquiera de las formas de sociedad reguladas por la legislación comercial.

(15) Los efectos y las formalidades se someten a tres reglas especiales, así: 1) a partir de la expiración del término de duración de la sociedad, sin formalidades adicionales, si la disolución proviene de esa circunstancia; 2) según las reglas previstas para la reforma del contrato social, si la disolución es producto de la decisión de los asociados; 3) desde la fecha que indique la autoridad competente, si esta fue la que ordenó la disolución, registrando copia de la providencia correspondiente en la forma prevista para la reforma del contrato social, y solo a partir de la fecha del registro produce efectos frente a terceros En todos los casos se declara la disolución por la causal ocurrida, cumpliendo las formalidades exigidas para la reforma del contrato social.

(16) Narváez García, José Ignacio. “Derecho Mercantil Colombiano. Teoría General de las Sociedades”. Legis Editores, 1999, pág. 442.

(17) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sent. del 31 de mayo de 2012, Exp. 18839.

(18) Ob. Cit. nota 6.

(19) Oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades.

(20) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sent. del 11 de junio de 2009, Exp. 16.319, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(21) Oficio 220-000324 del 8 de enero de 2013.

(22) Artículo 98 del Código de Comercio.

(23) Ver 3.1.2.

(24) En igual sentido, ver Sent. del 23 de junio de 2015, Rad.: 25000232700020120037801 [20688], actor: Abrenuncio S.A. (liquidada), CP.: Martha Teresa Briceño de Valencia.