Sentencia 2007-03219 de enero 22 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: Expediente 2007-03219-01

Autoridades nacionales

Actora: Elsy de Jesús Tamayo Rave

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Se discute en esta oportunidad si es procedente reconocer y pagar la suma correspondiente al mayor valor del inmueble expropiado a la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave porque dicho valor, según lo pretendido en el recurso de apelación, no se estableció teniendo en cuenta el área real del inmueble.

Fundamenta la apelante su inconformidad con la sentencia en la diferencia que existe entre el área realmente expropiada y la indemnizada. En este sentido manifiesta que no es cierto como lo señala el tribunal, que el municipio expropió parte del inmueble de propiedad de la actora, pues como quedó plasmado en la parte resolutiva de los actos acusados, se expropió el inmueble en su integridad y no parte de él.

Agrega que a pesar de haberse reconocido un error en el área del inmueble expropiado, se mantuvo la decisión de expropiar la totalidad del inmueble, razón por la que considera que la decisión sobre el área real del mismo debe resolverse en la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no en acción de reparación directa, pues la fuente del daño son los actos administrativos acusados.

Según se tiene en el proceso y acorde con lo establecido en los actos acusados, por virtud de la Resolución 0072 del 22 de enero de 2007, suscrita por el alcalde del municipio de Medellín, se dispuso iniciar las diligencias tendientes a la adquisición por negociación voluntaria o expropiación por vía administrativa y formular una oferta de compra a la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave, del inmueble de su propiedad ubicado en la Calle 48B No. 99-45, distinguido con la matrícula inmobiliaria 001-102205 y requerido por el Municipio de Medellín para el proyecto Metrocable Nuevo Occidente.

El 25 de enero de 2007, la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave aceptó la oferta de compra contenida en la citada resolución y firmó contrato de compraventa 036 de 2007 y en la cláusula sexta. Precio, estipuló como valor total del inmueble conforme al avalúo comercial LPR-A-1018-06 del 10 de octubre de 2006, efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia la suma de noventa y cuatro millones quinientos diez mil pesos m.l ($94.510.000), mas compensaciones (prima de traslado, prima de trámites legales), la suma de noventa y seis millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos pesos M.L ($96.144.500).

El 1º de marzo de 2007, se remitió a la subsecretaría técnica, secretaría de obras públicas del municipio de Medellín orden de pago a nombre de la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave, por valor de Veintiocho Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Pesos, ($28.353.000) correspondientes al 30% del valor del inmueble.

El 21 de marzo de 2007 la señora Elsa de Jesus Tamayo Rave, firmó escritura pública de compraventa 501 de marzo de 2007, documento protocolizado en la Notaría Trece del Círculo Notarial de Medellín, transfiriendo la propiedad del inmueble a favor del municipio.

Sin embargo, con radicado 200700154176 de 14 de mayo de 2007, dirigido al Alcalde del Municipio de Medellín la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave, solicitó la revisión del proceso de adquisición del predio 130600080000-pelona Nº 4- Metrocable Nuevo Occidente, argumentando la existencia de un supuesto lote 7B de su propiedad con un área de 98 m2.

A esta solicitud, acorde con lo afirmado por el municipio, no se acompañó documento alguno que acreditara la propiedad de dicho lote de terreno 7B y una vez realizado el estudio de los títulos, no se documentó el derecho de dominio que alega detentar la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave sobre lo que ella denomina lote “7B”, así lo puso de presente el municipio en oficio con radicado 200700161192 del 18 de mayo de 2007, que dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:

"Con relación al oficio del asunto, por medio del cual se solicita la revisión del avalúo comercial LPR-A- 1018-06 del 10 de octubre de 2006, efectuado por la lonja de Propiedad Raíz de Medellín, le aclaramos lo siguiente:

1. En ningún momento se ha desconocido la titularidad que tiene la señora Elsy Tamayo del inmueble ubicado en la calle 48B Nº 99-45, que de acuerdo a la escritura 1656 de septiembre 5 de 1975 de la notaría Octava del Círculo Notarial de Medellín, en la descripción de áreas y linderos claramente expresa: "Dicho lote tiene una cabida aproximada de ciento cincuenta metros (150.oo)", lo mismo sucede con la ficha catastral donde sólo se involucra la casa sin el lote contiguo del que ella aduce ser propietaria. Es claro que en la escritura y en la matrícula inmobiliaria de la casa están muy definidos y claros los linderos y el área de propiedad de la señora, además corresponde exactamente a la que figura en la ficha catastral que sólo involucra la casa sin el lote contiguo sobre el cual ella dice tener propiedad.

2. En el párrafo seis de su comunicado se dice que "La señora Elsy Tamayo obtuvo de planeación la aprobación, mediante oficio 005774, a un proyecto de partición de dicho lote en dos: 7ª y 7B, con áreas aproximadamente de 115,75 y 98M2 respectivamente para un área total de 213.75 m2...”

AI referirse a dicho lote, se entiende que es el descrito en la escritura 1656 de septiembre 5 de 1975, con una cabida de ciento cincuenta metros (150.00), entonces no sabemos por qué al dividirse según usted, quedan áreas de 115,75 y 98 M2. Además es claro que la aprobación de planos por planeación municipal no acredita la titularidad de un bien.

3. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, efectivamente valoró el inmueble sobre el cual la señora Elsy Tamayo acreditó la titularidad, tomando como referentes entre otros, la escritura 1656 de septiembre 5 de 1975, los planos manzaneros, la ficha predial en donde figura el lote con un área de 146 m2, por lo tanto si la señora Elsy manifiesta ser la propietaria del supuesto lote 7B deberá aportar las pruebas legales que acrediten su derecho de dominio. De acuerdo a algunos datos suministrados, la señora Elsy se apoderó del lote y le hizo un cerramiento por su cuenta y riesgo. Por ésta razón, actualmente cursa en la Inspección 13B de policía de San Javier una queja o denuncia en su contra. Además no encontramos documentación en la que figure la señora Elsy Tamayo como propietaria ni poseedora del lote, en la cédula catastral que reposa en cartografía, el inmueble figura con código de propiedad actual 13060060007, dirección: calle 48B con carrera 99, con un área de 147 metros cuadrados y sin ningún tipo de construcción, figura además una matrícula inmobiliaria que es ficticia 960091695, y que en registro no corresponde a una matrícula. Como propietario inscrito figura Ferrer Ramírez y Cía. Ltda. con código de propietario 22616500.

4. Ahora bien, después de un detenido estudio de títulos, en el certificado de Tradición y Libertad, Matrícula Inmobiliaria 001-102205, en su anotación 3, observamos como título de adquisición la escritura de compraventa 1656 de 1975, mediante la cual la señora Elsy Tamayo adquirió del señor Luis Alfonso Upegui Espinal el derecho de dominio de un lote de terreno con una cabida de 150 m2. No existe anotación posterior relacionada con el supuesto loteo (lote 7B) al cual se hace referencia.

5. Con relación a la petición contenida en el párrafo trece de su comunicación, le informamos que el levantamiento planimétrico ya se realizó y este se considera como un documento oficial por ser información de catastro actualizada, donde claramente se identifican linderos y áreas.

(…).

Por los motivos antes expuestos, le informamos que el caso de la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave ha sido suficientemente estudiado y la Administración Municipal mantiene las condiciones de la oferta y el procedimiento ya se encuentra agotado, por ésta razón adjuntamos copia del oficio con radicado 200700158635 del 17 de mayo del presente año, donde se le advierte a la señora Elsy que se han llevado a cabo todas las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria sin aceptar los ofrecimientos de la administración. Igualmente se le hace el ofrecimiento para ocupar en forma gratuita un inmueble que es propiedad del municipio de MedeIIín, durante el tiempo que requiera para encontrar su vivienda definitiva. De no aceptar estas alternativas, nos veremos obligados a proseguir con la expropiación por vía administrativa.

En el cuaderno de la respuesta de la Secretaría de Hacienda de Medellín, a folio 81 obra oficio de 5 de julio de 2007 con radicado 200700217060, en el cual la líder del Programa de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda, dirigido a Elsy de Jesús Tamayo Rave, que registra como asunto “Aclaración área predio 102205”, manifiesta a la actora que “de acuerdo con el oficio GT 3348 de 1° de junio de 2007, por medio del cual se rectifica de 150 a 213.38m2 el área del predio 102205, ubicado en la Calle 48B No. 99-45 y teniendo en cuenta que según escritura pública 1656 de septiembre 5 de 1975 (…) “Dicho lote tiene una cabida aproximada de ciento cincuenta metros (150.oo)”, le solicitamos aclarar la escritura en cuanto al área y realizar el respectivo registro; documentos estos que deberán aportarse a esta Unidad con el fin de que la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia continúen con la valoración del inmueble, toda vez que el oficio GT 3348 expedido por la Unidad de Cartografía del Municipio de Medellín no se (sic) constituye un documento legal para acreditar la propiedad del predio (…)”.

Con base en esta rectificación del área del predio 102205, el municipio de Medellín en la Resolución 589 de junio 27 de 2007 que resolvió el recurso de reposición manifiesta que expropia parte del lote (150m2) y no la totalidad (213.38 m2) del mismo y advierte que no existen razones técnicas para revisar el avalúo, porque:

“(…) éste tiene vigencia de un año a partir de su expedición, además el 25 de enero de 2007, día en que fue notificada y aceptada la oferta de compra contenida en la Resolución 0072 del 22 de enero de 2007, la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave no objetó el precio de noventa y cuatro millones quinientos diez mil pesos M.L ($94.510.000) ofrecidos por el inmueble conforme al avalúo Comercial LPR-A-1 018-06 del 10 de octubre de 2006, efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia valor, que teniendo en cuenta la prima de traslado y la prima de trámites legales se incrementó a la suma de noventa y seis millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos pesos M.L ($96.144.500), ni solicitó en su momento revisión de avalúo, procediendo de esta manera a la expedición el 1º de marzo por parte de la subsecretaría técnica, Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Medellín a la expedición de la orden de pago a nombre de la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave, por valor de Veintiocho Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Pesos, ($28.353.000) correspondientes al 30% del valor del inmueble y a la firma el 21 de marzo de 2007, de la escritura pública de compraventa501 de marzo de 2007, documento protocolizado en la Notaría Trece del Circulo Notarial de Medellín.

4. Con base en las anteriores consideraciones, este despacho:

RESUELVE:

Artículo primero: Decisión. No reponer el artículo primero de la Resolución de Expropiación 0470 del 24 de mayo del año 2007, por lo cual este se mantiene así:

"ART. 1º—Objeto del acto administrativo. Disponer la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble ubicado en la Calle 48B 99-45, barrio La Pradera comuna 13, San Javier, de la ciudad de Medellín, cuyo titular del derecho de dominio es Elsy de Jesús Tamayo Rave, identificada con cédula de ciudadanía 21.314.222, inmueble distinguido en el folio de matrícula inmobiliaria número 001-102205, cuya descripción, área y linderos según Escritura Pública 1656 del 5 de septiembre de 1975 de la Notaría 8 de Medellín, son: "Un lote de terreno situado en esta ciudad en el Barrio San Javier Fracción de la América calle 51 ª con la Cra. 99ª - y comprendido por los siguientes linderos: "Marcado con el Nro. 7 de la manzana P.-2 del plano general del Barrio San Javier por el Norte, con la calle 51 A hasta su terminación, por el Sur con la Cra. 99-A; por el Oriente con el lote 6 (hoy una casa marcada con el Nº 99-35) - 37 - por el suroeste con el lote 8 ".Dicho lote tiene una cabida aproximada de ciento cincuenta metros (150.00) de forma irregular".

Artículo segundo: Vigencia. Todas las demás consideraciones y disposiciones contenidas en la Resolución de Expropiación 0470 del 24 de mayo del año 2007 continúan vigentes.

En estos términos, la Administración Municipal se limitó a disponer la expropiación administrativa de un inmueble de propiedad de la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave, acorde con los documentos allegados por ésta, esto es la escritura pública que acredita la propiedad del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 001-102205, Escritura Pública 1656 del 5 de septiembre de 1975 de la Notaría 8 de Medellín, que corresponde a: "Un lote de terreno situado en esta ciudad en el Barrio San Javier Fracción de la América calle 51 ª con la Cra. 99ª - y comprendido por los siguientes linderos: "Marcado con el Nº 7 de la manzana P.-2 del plano general del Barrio San Javier por el norte, con la calle 51 A hasta su terminación, por el sur con la Cra. 99-A; por el oriente con el lote 6 (hoy una casa marcada con el Nº 99-35) - 37 - por el suroeste con el lote 8 ".Dicho lote tiene una cabida aproximada de ciento cincuenta metros (150.00) de forma irregular" (se destaca).

No podía la administración municipal establecer un valor distinto por el área de mayor extensión que se verificó por la Unidad de Bienes Inmuebles y la Subsecretaría de Catastro, Unidad de Cartografía del Municipio de Medellín, ya que correspondía a la señora Elsy de Jesús Tamayo, atender el requerimiento hecho por la administración municipal en el oficio referido de “aclarar la escritura en cuanto al área y realizar el respectivo registro; documentos estos que deberán aportarse a esta unidad con el fin de que la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia continúen con la valoración del inmueble”, de lo cual no obra prueba en el plenario.

Al no haber cumplido con esta carga, el municipio de Medellín se limitó a establecer que el bien objeto de la expropiación era el inmueble de propiedad de la señora Elsy de Jesús Tamayo Rave identificado en la escritura pública 1656 de 5 de septiembre de 1975, y acorde con el certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur (folio 69 cuaderno anexo), que de conformidad con el artículo 2°(1) del Decreto 1250 de 1970 es el documento que acredita el dominio de un bien inmueble.

En este orden de ideas el municipio expropió el inmueble titular de la señora Tamayo Rave en su totalidad, acorde con los documentos que así lo acreditan y si hubo una rectificación posterior, la única forma de obtener el mayor valor por la diferencia del área de terreno era mediante la aclaración de la escritura pública y el correspondiente registro en la oficina de registro de instrumentos públicos, carga que correspondía a la actora y que no realizó.

Esta omisión no puede ahora pretender endilgársela a la administración para que ésta asuma una carga que no le corresponde, proceder con el cual entre otras, desconoció el principio que “nadie puede alegar su propia negligencia en su beneficio”, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia T-213 de 2008, al señalar:

La Corte Constitucional ha mantenido una orientación jurisprudencial, respecto de la figura que se analiza en diversas providencias [14](2), lo cual se justifica en la prohibición general de abusar del derecho propio como forma de acceder a ventajas indebidas o incluso inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico. (…).

Es que los derechos deben ejercerse de conformidad con el designio previsto por el legislador. Pero ese ejercicio, a más de que lleva implícita una garantía en cabeza de su titular, al mismo tiempo comporta un deber y ello, no lo exonera, por tanto, de advertir la diligencia debida para el recto ejercicio de aquél.

Así, de antiguo se ha aceptado, además como una regla que constituye la antítesis de la bona fides, la prohibición de pretender aprovecharse del propio error, dolo o de la culpa de quien por su desidia, incuria o abandono resulta afectado.

Dicha regla, materializada en el aforismo nemo auditur proprian turpitudinem allegans, ha tenido incluso, una incorporación expresa en nuestro ordenamiento sustantivo civil de acuerdo con el postulado general de la “improcedencia por aprovechamiento en culpa y en dolo propio”.

(…).

Recordemos que, nadie puede presentarse a la justicia para pedir protección si ella tiene como fundamento la negligencia, mala fe o dolo que ha cometido.

Así, los tribunales deben negar toda súplica cuya fuente es la incuria, el dolo o mala fe en que se ha incurrido, de acuerdo con la máxima nemo auditur suam turpitudniem allegans, pues ello, según advierten los autores es contrario al orden jurídico y al principio que prohíbe abusar de los propios derechos (C.N., art. 95)

En estos términos, el valor de la indemnización correspondía, como lo dijo la administración, al inmueble expropiado respaldado en los documentos respectivos y para efecto de atender la solicitud de reconocer el mayor valor por la diferencia del área se requería haber tramitado la reforma de la escritura pública y su inscripción en el registro de instrumentos públicos, prueba idónea para hacer cualquier reconocimiento en el evento de la expropiación y de esta circunstancia tampoco es predicable una vía de hecho porque la carga de la prueba correspondía en este caso a la actora.

Ello encuentra respaldo en la declaración que bajo la gravedad del juramento rindió el 21 de mayo de 2008 la señora María Isabela Sierra Rodríguez, Directora de Avalúos de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, quien al ser interrogada por el apoderado de la actora, manifestó: “Preguntado: En el folio 82 del cuaderno denominado “respuesta a exhorto 224” aparece un oficio del 4 de julio de 2007, firmado por la Dra. Adelaida Salazar, en el cual se hace devolución del avalúo LPRA 1018-06, con el fin de que “se cambie el informe ya que solamente requerimos la valoración del área de 63,38m2 y no el total que es de 213,38mts.2”. Díganos por favor, cuál fue el resultado del avalúo que fue devuelto por el municipio y qué respuesta le dio la Lonja a dicho oficio? Contesto: El resultado de esa respuesta fue primero la consulta de dónde se obtenía el área total del lote de 213 mts.2, si en la ficha catastral suministrada por el mismo municipio decía que tenía un área de aproximadamente 146mts2, área que finalmente informaron que era de 150mts2 como área del lote. Con respecto a la afectación de sólo 63,38 mts2, al parecer se trataba de un lote contiguo y colindante al avaluado del que solicitó la información legal del mismo, puesto que ésta área no aparecía en la ficha catastral suministrada. Por tanto, no se tuvo en cuenta para el avalúo por no contar y nunca nos fue allegada la información legal solicitada. También de acuerdo a la ley, la entidad o persona que realice un avalúo, no tiene la potestad de modificar áreas a menos que le suministren un documento técnicamente realizado o de carácter legal.” (fl. 241 cuaderno principal).

Así las cosas, no asiste razón a la actora al pretender la nulidad de los actos acusados para obtener el pago sobre la mayor área de extensión del lote expropiado, sin haber acreditado la propiedad del mismo.

No sobra anotar que la actora tuvo oportunidad de objetar el avalúo del inmueble objeto de expropiación y sin embargo no lo hizo, por el contrario aceptó la oferta y suscribió la escritura pública.

En ningún momento la administración municipal negó la petición de la actora para modificar el valor de la expropiación, sino que la requirió para que realizara la modificación de la escritura y efectuara el registro, a lo cual hizo caso omiso.

Al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados y no ser de recibo los argumentos del apelante, hay lugar a confirmar la sentencia impugnada por las razones expuestas en esta providencia.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFÍRMASE la providencia proferida el 18 de enero de dos mil once (2011) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por los motivos expuestos en esta providencia.

Segundo: En firme esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen.Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 ART. 2º—<Decreto derogado por el artículo 104 de la Ley 1579 de 2012> Están sujetos a registro:
1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.

2 [14] Sentencias T-460 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Gálvis y T-394 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.