Sentencia 2007-03294/20360 de mayo 17 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 05001-23-31-000-2007-03294-01 (20360)

Demandante: Mineros de Antioquia S.A.

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Temas: Impuesto al oro —devolución de tributo— debido proceso

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá D.C., diecisiete de mayo dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Cuestión previa.

El Consejero de Estado doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez manifestó incurrir en la causal segunda de impedimento prevista en el artículo 141 del Código General del Proceso(22).

En el expediente consta que el señor Consejero de Estado, cuando ejerció el cargo de magistrado del Tribunal de Antioquia, suscribió en segunda instancia la sentencia de la acción de cumplimiento tramitada entre las mismas partes del presente proceso, para que el Ministerio de Hacienda realizara la devolución aprobada por el comité de devoluciones de dicha entidad, según acta del 5 de febrero de 2004, y que Mineros de Antioquia ha solicitado a través de la demanda del sub lite, como restablecimiento del derecho.

La Sala declarará fundado el impedimento por encontrarse demostrada la configuración de la causal. En consecuencia, el doctor Jorge Octavio Ramírez queda separado del conocimiento del presente proceso.

Asunto de fondo.

Se discute la legalidad del acto administrativo por el cual la directora general de crédito público y del Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rechazó la solicitud de devolución presentada por Mineros de Antioquia S.A., el 26 de diciembre de 2002, por valor de $ 458.909.866, por concepto de impuesto al oro correspondiente a las ventas de producción en los meses octubre a diciembre de 2002.

En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer: i) si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público violó el debido proceso en el trámite que le impartió a la solicitud de devolución rechazada, en cuanto pidió conceptos de procedencia y ratificaciones de viabilidad no previstos en el procedimiento aplicable. Y, en caso de que no prospere este cargo, ii) si era procedente la devolución del impuesto al oro que pagó la actora por los meses de octubre a diciembre del año 2002.

Violación al debido proceso en el trámite impartido a la solicitud de devolución, por incluir actuaciones no previstas en el procedimiento aplicable

Al tenor del oficio demandado, la solicitud de devolución presentada el 26 de diciembre de 2002 por Mineros de Antioquia S.A. fue rechazada “por no cumplir con los requisitos exigidos en la Resolución 2460 de 1993, vigente al momento de la solicitud y sus procedimientos complementarios”. Concretamente, el requisito que se estimó incumplido fue la declaración de “viabilidad” expedida por la DIAN y el Ministerio de Minas y Energía, entendida como la comunicación del ente generador del ingreso sobre la procedencia de la devolución solicitada.

La Resolución 2460 de 1993(23), expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptó los procedimientos para la devolución de sumas de dinero consignadas en exceso o que no correspondieran a la dirección del Tesoro Nacional, para lo cual estableció cuatro tipos de devoluciones: i) la de saldos a favor de impuestos y tributos aduaneros administrados por la DIAN, ii) las devoluciones por conciliaciones administrativas y sentencias judiciales, iii) las devoluciones por revocatoria de actos en la vía gubernativa y, iv) las devoluciones de dineros consignados en exceso o que no correspondan al Tesoro Nacional.

El acto acusado y las demás piezas documentales aportadas al expediente, constatan que la solicitud de devolución presentada por Mineros de Antioquia S.A. fue asumida como “devolución de dineros consignados en exceso o que no correspondan al Tesoro Nacional”(24), y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la tramitó con fundamento en los artículos 4º y 7º del Decreto 2173 de 1992, para así atender la remisión que le hizo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al amparo del artículo 4º del Decreto 2173 de 1992(25), por Oficio 5800048-000029 del 7 de febrero de 2003 (fls. 163-164, cdno. 1).

Conocida la solicitud de devolución, el subdirector operativo de la dirección del Tesoro Nacional pidió a la demandante allegar los documentos señalados en los literales a), b) y e) del artículo 4º de la Resolución 2460 de 1993, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “con el propósito de continuar con el trámite administrativo tendiente a autorizar la devolución”. Esa documentación fue entregada por la actora, el 19 de noviembre de 2003 (fls. 161-162, cdno. 1).

Igualmente, el subdirector operativo de la dirección del Tesoro Nacional pidió al director de la DIAN que emitiera certificado de viabilidad para efectuar la devolución de $ 458.909.866, por concepto de pago de impuesto al oro, “teniendo en cuenta que la DIAN es el ente generador del ingreso, según certificación adjunta DIV-CERT-447/2003 suscrita por el jefe de la división de contabilidad de esta dirección” (fl. 160, cdno. 1).

La anterior certificación fue directamente expedida por el director de la DIAN, el 29 de diciembre de 2003, quien afirmó que la demandante hizo una consignación indebida por concepto de impuesto al oro y que esa suma debía reintegrársele (fl. 16, cdno. 1). En el mismo sentido se pronunció la jefe de la división de cumplimiento voluntario y determinación de obligaciones – subdirección de recaudación de la DIAN, funcionaria que, además, resaltó la procedencia de la devolución (fl. 17, cdno. 1).

Los anteriores pronunciamientos constituyen la autorización expresa de quien funge como autoridad de control tributario, según competencia asignada por el artículo 8º de la Ley 366 de 1997(26) para efecto de reembolsar los dineros consignados en exceso o que no correspondan al Tesoro Nacional. Con base en tales manifestaciones, el grupo de asuntos legales de la DGTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó concepto favorable a la solicitud de devolución (fl. 242, cdno. 1) y, previa verificación por parte de la división de contabilidad, la división de caja y la subdirección operativa de la dirección general del Tesoro Nacional, el precomité de devoluciones dio visto bueno para la misma (Acta 3 del 5 de febrero de 2004, fls. 23, 24 y 241, cdno. 1).

El 20 de abril de 2004 el subdirector operativo de crédito público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, comunicó al jefe de la división financiera del Ministerio de Minas y Energía que la solicitud de devolución había sido aprobada, mediante el acta mencionada.

No obstante, mediante Oficio 35986 del 11 de junio de 2004, el jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía, envió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los conceptos emitidos por dicha oficina en relación con el gravamen de impuesto al oro y la generación de regalías sobre los títulos de reconocimiento de propiedad privada para la explotación de oro, plata y platino, junto con las respuestas enviadas a indistintas peticiones presentadas por los municipios de Bagre y Segovia (Antioquia), respecto del recaudo, vigencia y suspensión de pagos del impuesto al oro, y resaltó que la Sentencia C-1071 de 2003 se había manifestado sobre la incompatibilidad entre regalías e impuestos (fls. 27-30, cdno. 1).

Con base en los argumentos de tal oficio, el subdirector operativo solicitó al director general de la DIAN que ratificara o no “la viabilidad expedida por esa entidad para realizar la devolución por valor de $ 451.771.728, a favor de Mineros de Antioquia S.A.”, ante lo cual el subdirector de recaudación de la DIAN señaló que la devolución era improcedente (fl. 144, cdno. 1), en contravía de lo certificado por el propio director de la DIAN, el 29 de diciembre de 2003.

El 20 de septiembre de 2004, con Oficio 1-2004-062415, el subdirector de recaudación de la DIAN clarificó que la solicitud de devolución procedía conforme a las primeras misivas de la entidad y contaba con la respectiva certificación del director general de la entidad (fls. 142-143, cdno. 1), sin embargo, con oficios 2-2005-034647 del 16 de noviembre de 2005 - fl. 141, cdno. 1, y 527017 del 29 de diciembre de 2005 - fls. 139-140, cdno. 1, el Ministerio de Minas insistió en la improcedencia de la devolución, hasta tanto el (sic) existiera un pronunciamiento de carácter judicial aplicable al caso concreto, que la ordenara.

Ahora bien, a la luz del principio del debido proceso, el trámite procedimiento impartido a la solicitud de devolución presentada por el demandante debía ceñirse al marco legal o reglamentario aplicable, de modo que sólo podían disponerse los trámites y exigirse los requisitos previstos en las normas correspondientes.

Las documentales visibles en los folios 16, 17, 23, 24, 25, 241 y 242 corroboran que los requisitos y fases enunciadas en las páginas 3 y 4 del acto demandado (fls. 11 y 12 del cdno. 1), se observó en su totalidad.

De acuerdo con el trámite interno que menciona el acto demandado, lo subsiguiente a la reunión del comité del 5 de febrero de 2004 era, en principio, efectivizar los efectos de la aprobación que allí se dispuso, con el reintegro del valor que se aceptó devolver ($ 451.771.728). Sin embargo, la Sala no encuentra que la intervención de la autoridad nacional minera, a través de los oficios 35986 del 11 de junio de 2004 (fls. 27-30, cdno. 1) y 527017 del 29 de diciembre de 2005 (fls. 139-140, cdno. 1) del jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía, que advierten sobre la incompatibilidad entre impuestos y regalías, la suspensión de pagos de impuesto al oro y la improcedencia de la devolución, hasta tanto no hubiera un pronunciamiento judicial aplicable, afecte el derecho al debido proceso o el derecho de defensa de la actora, pues no puede desconocerse que, por disposición del artículo 6º de la Ley 366 de 1997, al Ministerio de Minas le corresponde recaudar, distribuir y transferir las rentas derivadas de la explotación de oro, plata, platino y concentrados polimetálicos con destino a la exportación.

Adicionalmente, los aspectos puestos de presente en los oficios mencionados no pueden pasarse por alto, a riesgo de que la decisión del presente proceso sacrifique el principio de legalidad que le corresponde garantizar a esta Corporación, como máxima autoridad de la jurisdicción contencioso administrativo.

Así pues, revisadas en conjunto las actuaciones adelantadas por el ente demandado, no puede decirse que ellas hayan violado el debido proceso en materia de “devolución de dineros consignados en exceso que no correspondan al Tesoro Nacional”, pues, en todo caso, la Sala ha precisado que “no toda irregularidad constituye casual de invalidez de los actos administrativos. Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad sea grave”(27), condición ésta última que no se evidencia en el presente caso, porque no se encuentra demostrada la afectación del derecho de defensa como núcleo esencial del derecho al debido proceso, todo lo cual conduce a desestimar el cargo de apelación in examine y a estudiar el asunto de fondo.

La devolución del impuesto al oro que pagó la actora por los meses de octubre a diciembre del año 2002

El impuesto al oro objeto de la solicitud de devolución rechazada por el acto demandado, fue creado por el artículo 152 de la Ley 488 de 1998, en los siguientes términos:

“ART. 152.—La explotación de los recursos naturales no renovables a saber, oro, plata, platino de propiedad de la Nación generarán una regalía y en las minas de reconocimiento de propiedad privada un impuesto, los cuales se liquidaran sobre los precios internacionales que certifiquen en moneda legal el Banco de la República con las tarifas que se señalan a continuación. En ambos casos, el impuesto y la regalía se destinarán con exclusividad para los municipios productores.

Oro y plata 4% (regalía o impuesto)

Platino 4% (regalía o impuesto)

Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias del impuesto y demás aspectos tributarios, continuarán rigiéndose por la Ley 366 de 1997 (resalta la Sala).

(…)”.

Las expresiones resaltadas fueron declaradas exequibles por la Sentencia C-987 de 1999 de la Corte Constitucional, por ajustarse al principio de legalidad del tributo, en cuanto los elementos del impuesto sobre la explotación de minas de oro, plata y platino de propiedad privada, estaban suficientemente determinados.

De acuerdo con ello, la Sentencia C-987 de 2007 precisó que: i) el sujeto activo de la obligación tributaria por impuesto al oro, era la Nación - Ministerio de Minas y Energía, aunque los beneficiarios finales del mismo fueran los municipios productores, ii) siendo la extracción del oro el hecho gravable del impuesto, el sujeto pasivo directo del mismo era quien realizara esa actividad en las minas de propiedad privada y el obligado al pago de regalías era quien extrajera en minas de propiedad estatal y, iii) los compradores, fundidores o procesadores de metales preciosos eran responsables de la correspondiente liquidación y retención de las sumas objeto del gravamen.

Ahora bien, por disposición del artículo 226 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas, la explotación de recursos naturales no renovables genera una contraprestación económica a favor del Estado, de acuerdo con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política(28).

Las regalías representan dicha contraprestación obligatoria, en la forma de un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie y que también causa regalías la captación de minerales provenientes de medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas. (art. 227 ibídem).

El Código de Minas preveía la incompatibilidad entre impuestos y regalías en los siguientes términos:

“ART. 229.—Incompatibilidad. La obligación de pagar regalías sobre la explotación de recursos naturales no renovables, es incompatible con el establecimiento de impuestos nacionales, departamentales y municipales sobre esa misma actividad, sean cuales fueren su denominación, modalidades y características.

Lo anterior sin perjuicio de los impuestos que el Congreso fije para otras actividades económicas”.

Sin embargo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1071 de 2003(29), declaró inexequible la anterior disposición, pues el legislador no podía autolimitar su potestad impositiva general, porque ello desconocería los artículos 6º, 150-12 y 338 de la Constitución Política, pues, aún en el evento de que el artículo 229 del Código de Minas no hubiera previsto una incompatibilidad, sino simplemente una restricción a la potestad impositiva nacional y territorial hacía el futuro, sin afectar los impuestos vigentes en relación con la explotación minera, lo cierto es que en el Estado democrático de derecho, es obligación del legislador determinar qué hechos o actividades se sujetan al pago de impuestos, conforme a la potestad impositiva general, consagrada en el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución, de modo que las leyes ordinarias no pueden prohibir el ejercicio de una función constitucionalmente asignada(30).

Así mismo, la Corte Constitucional anotó que el legislador desconoció las diferencias jurisprudencialmente reconocidas entre las regalías y los impuestos, cuando el propio constituyente previó su establecimiento y cobro, y concluyó:

“a) tanto la explotación de recursos no renovables de propiedad estatal, como los recursos de propiedad privada, están sujetos a la obligación constitucional de pagar regalías; b) el cobro de regalías es constitucionalmente compatible con el cobro de impuestos a la explotación de recursos no renovables y; c) corresponde al legislador establecer si al tiempo con el cobro de regalías, establece impuestos a la explotación de recursos no renovables” (resaltado fuera del texto).

Y es que, en criterio de la Corte, lo que genera el deber constitucional de pagar regalías es la explotación de recursos no renovables, de manera que la explotación de recursos estatales y de propiedad privada están sujetos a la obligación constitucional de pagar regalías, porque así lo impone la función social ecológica que la Constitución le atribuye a la propiedad, en tanto la explotación trae consigo el agotamiento del recurso natural y el consecuente desgaste ambiental que debe compensarse a la sociedad.

Adicionalmente, precisó la Corte Constitucional que los impuestos sobre la explotación minera y las regalías “son perfectamente compatibles desde el punto de vista constitucional, pues no existe una disposición constitucional expresa que los prohíba” y que “corresponde al legislador determinar si grava o no la explotación minera al tiempo con las regalías, que son de cobro obligatorio en todos los casos, independientemente de la titularidad de los recursos explotados”.

Conforme a la anterior perspectiva jurisprudencial, asistió razón al a quo para negar las pretensiones de la demanda, pues la compatibilidad entre las regalías y el impuesto al oro regulado por la Ley 488 de 1998, permite concluir que dicho tributo no perdió vigencia y continuaba aplicándose aún después de entrar a regir el artículo 229 de la Ley 685 de 2001 y descarta per se la procedencia de la solicitud de devolución, porque todos los pagos realizados contaban con respaldo legal, en tanto corresponden a una carga tributaria válida frente a la explotación de recursos naturales renovables e igualmente afectados por regalías.

De otro lado y como bien lo indicó el Tribunal, si el artículo 229 de la Ley 685 de 2001 estableciera una limitación impositiva a futuro, tampoco se afectaría la exigibilidad del impuesto al oro cuya devolución fue rechazada por los actos demandados, toda vez que dicho gravamen se encontraba creado desde el año 1998, con la Ley 488. Y, además, de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional, la obligación de pagar regalías deviene directamente de la Constitución Política, que rige desde antes de haberse declarado inexequible el referido artículo 229 ibídem, por la Sentencia C-1073 del 13 de noviembre de 2003.

Bastan las anteriores razones para negar las pretensiones de la demanda y, en ese sentido, para confirmar la sentencia apelada.

Por lo demás, estima la Sala que las actuaciones del demandado a lo largo del proceso no tipifican conductas temerarias o de mala fe que ameriten imponerle condena en costas, como parte vencida, a la luz del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En consecuencia, queda separado del conocimiento del presente proceso.

2. CONFÍRMASE la sentencia del 8 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. No se condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

22 CGP, ART. 141.—Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: (…) 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

23 Adicionada y modificada por las resoluciones 1237 de 1994 y 294 de 1998, y derogada por la resolución de 2006, cuyas disposiciones no pueden tenerse en cuenta en el presente caso, porque no se encontraban vigentes al momento de presentarse la solicitud de devolución (23 de diciembre de 2002). La Resolución 2460 de 1993, se expidió con fundamento en el literal e) del artículo 12 del Decreto 1050 de 1968 y en el artículo 6º del Decreto 2112 de 1992, según los cuales, los ministerios tienen, entre otras funciones, la de vigilar el curso de la ejecución del presupuesto correspondiente al ministerio y revisar y aprobar las solicitudes que se envíen a la dirección general del presupuesto para los acuerdos mensuales de ordenación de gastos, y el Ministerio de Hacienda tiene, entre otras facultades, la de fijar las políticas e impartir las instrucciones para la planeación y el control de las actividades relacionadas con la investigación, determinación, recaudación, cobro y discusión de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como establecer las metas de recaudo.

24 Resolución 2460 de 1993, ART. 4º—Devolución de dineros consignados en exceso o que no correspondan al Tesoro Nacional. Con el objeto de efectuar el reembolso de dineros consignados en exceso o que no correspondan al Tesoro Nacional, se exigirán los siguientes documentos: a) Solicitud suscrita por el interesado o su apoderado en la cual deberá afirmar bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado ninguna solicitud de devolución ni se ha efectuado pago alguno por el mismo concepto, b) Tratándose de personas jurídicas, el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, c) Si se actúa a través de apoderado, el documento que así lo acredite con constancia de presentación personal ante juez o notario, d) Copia auténtica de los documentos que sirvan de soporte a la devolución, e) Copia auténtica del recibo de consignación que compruebe el ingreso de los dineros a favor del Tesoro Nacional, f) Cuenta de cobro.
“PAR.—Tratándose de ingresos al Tesoro Nacional, recaudados, administrados y cuyo control corresponda a la DIAN y que no deban ser devueltos de conformidad con el trámite previsto en el artículo 1º de esta resolución, la Dirección del Tesoro Nacional exigirá adicionalmente la autorización expedida por el jefe de la división de fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales respectiva”.

25 Por el cual se reglamentó el recaudo y la retención de los impuestos al oro y al platino y la forma de trasladar su producto a los municipios productores recaudo del impuesto. Los agentes retenedores deberán consignar los impuestos al oro y al platino en el establecimiento bancario que señale la Dirección Tesorería General de la República. dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se efectúe la compra del metal, en los formatos que para el efecto prescriba la Dirección Tesorería General de la República.

26 Ley 366 de 1997, ART. 8º—El control sobre las operaciones de liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencia de las rentas previstas en la ley derivadas de la explotación de oro, plata, platino y concentrados polimetálicos con destino a la exportación, estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección General de Impuestos de Aduanas, para lo cual aplicará, en lo pertinente, las normas sobre fiscalización, de terminación, sanciones, discusión y cobro coactivo de impuestos consagradas en el estatuto tributario.

27 Sentencia del 8 de agosto de 2016, exp. 20080, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. En el mismo sentido, sentencia del 16 de octubre de 2014, exp. 19611, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, en la cual se anotó:
“4.7.—No todo desacato de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico para la expedición de los actos administrativos puede catalogarse como una afectación al debido proceso, de la misma manera que se ha sostenido, que no cualquier irregularidad apareja la nulidad de la decisión. Debe tratarse del desconocimiento de formalidades de índole sustancial que afecten el núcleo esencial del debido proceso y, en especial, el del derecho de defensa.
Cuando las formalidades son consagradas por el ordenamiento en interés de la organización administrativa, su quebranto, en principio, no vulnera el debido proceso y tampoco conduce a la anulación del acto, pero, si las formalidades se prevén en beneficio del administrado o para la salvaguardia de claros principios constitucionales o legales (llámense también sustanciales), su pretermisión implica violación al debido proceso e ilegalidad de la decisión.
4.8.—Este criterio ha sido aceptado de tiempo atrás por la doctrina. Así, entre nosotros, Mario Rodríguez Monsalve explica:
“La forma dice relación principalmente con los procedimientos, que básicamente pueden clasificarse en técnicos o de gestión, y en propiamente administrativos. Los primeros tienden a proteger los propios intereses de la administración, tales como las consultas previas a organismos asesores, los debates en los cuerpos colegiados, etc. Los segundos están constituidos por la serie coordinada de actuaciones preparatorias de una decisión, en virtud de la cual se ha de reconocer un derecho o de imponer una carga a una persona”.

28 “ART. 58.—Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.
“Artículo 332.—El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.
“Artículo 360.—La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.
Mediante otra ley, a iniciativa del gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.

29 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

30 Sobre el particular, Sentencia C-341 de 1998 de la Corte Constitucional.