Sentencia 2007-03351 de mayo 6 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 050012331000200703351 01 y 2007-03315 (acumulados)

Radicación Interna 2007-3351

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Demandantes: Darío de Jesús Preciado Zapata y otro

Demandado: Oscar Andrés Pérez Muñoz

Apelación sentencia

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó prosperidad a las excepciones propuestas por el demandado, declaró la caducidad de los cargos adicionados en la corrección de la demanda y denegó la pretensión de nulidad de la elección del demandado como alcalde del municipio de Bello.

1. Antecedentes.

1.1. Proceso 2007- 3315. Demanda presentada por John Jairo Roldán Avendaño.

1.1.1. La demanda.

El demandante mediante apoderado en ejercicio de la acción de nulidad electoral, solicitó que: 1) se declare la nulidad del acta de escrutinio para alcalde contenida en el formulario E-26 AL expedida por la comisión escrutadora municipal de Bello, mediante la cual se declaró elegido al demandado alcalde del municipio de Bello para el periodo 2008-2011; 2) como consecuencia de la nulidad declarada se ordene hacer un nuevo escrutinio donde se excluyan las actas de los jurados de votación que se encuentran viciadas por contener votos fraudulentos; 3) se ordene en el nuevo escrutinio computarle al demandante 55 votos que le fueron anulados en los escrutinios de la mesa 10 del puesto 2 zona 3, o en subsidio, que se declaren nulos todos los votos depositados en la referida mesa y; 4) se realice una nueva declaración de elección y se expida la correspondiente credencial.

Para sustentar las pretensiones, afirmó que en la jornada de elecciones para la alcaldía del municipio de Bello para el periodo constitucional 2008-2011 se presentaron varias irregularidades, así:

Primera: trashumancia electoral. Porque votaron 467 personas que no tenían residencia electoral en el municipio de Bello. El demandante en un cuadro indicó zona, puesto, mesa, formulario E-11, cédula, nombre y municipio en el que reside el votante.

Segunda: jurados que no tenían inscrita su cédula de ciudadanía en el municipio de Bello para votar, pero no obstante sufragaron. Elaboró un cuadro en el que relacionó zona, puesto, mesa, formulario E-11, cédula, nombre y municipio en el que debieron votar 406 jurados.

Tercera: personas no inscritas en el censo electoral. Citó 39 casos con la indicación de zona, puesto, mesa, formulario E-11, cédula y nombre del votante.

Cuarta: jurados que votaron en más de una ocasión. Relacionó 5 jurados que votaron dos veces. Señaló zona, puesto, mesa, formulario E-11, cédula y nombre del jurado que incurrió en la irregularidad.

Quinta: suplantaciones de electores. El actor indicó que 7 personas votaron con cédulas de otras personas; en un cuadro relacionó zona, puesto, mesa, formulario E-11, cédula, nombre del titular y nombre de la persona que suplanta.

Sexta: votación de personas fallecidas. Citó 3 casos con indicación de zona, puesto, mesa, formulario E-11, cédula, nombre del titular y resolución que canceló la cédula de ciudadanía de los votantes.

Séptima: jurados de votación con derechos políticos suspendidos. Señaló 2 casos con zona, puesto, mesa, formulario E-11, cédula, nombre del titular y resolución que suspendió los derechos de los votantes.

Octava: votos anulados indebidamente. El demandante se refirió a 55 votos que en su criterio pertenecían al demandante y se anularon en forma indebida como consecuencia de la escritura del signo alfa en la casilla de otro candidato o en la casilla voto en blanco.

Como la diferencia entre el candidato elegido y el que le sigue en votos fue de 189, consideró que las irregularidades referidas como superan ese número, tuvieron incidencia en el resultado electoral, y por ello, deben prosperar las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Contestación de la demanda.

El demandado contestó y por conducto de apoderado se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo que el actor no hizo uso de los mecanismos pre electorales para depurar el censo electoral del municipio de Bello y contrarrestar la supuesta trashumancia electoral; agregó que: “olvida el accionante que el staff político de su campaña, en su mayoría no reside en la compresión territorial de Bello, y sin embargo tienen su cédula expedida en tal municipalidad o inscrita”.

Sostuvo que el demandante en forma “aventurada, tendenciosa y sin fundamento probatorio” afirmó que un grupo de personas no tenía residencia en el municipio de Bello, pero limitó su acusación a las mesas de votación donde el demandado obtuvo una abrumadora diferencia de votos en su favor y guardó silencio respecto de las mesas donde él fue el ganador.

En apoyo de sus afirmaciones transcribió el cuadro que presentó el demandante Darío de Jesús Preciado Zapata (proceso 2007-3315) con 243 casos de irregularidades por trashumancia electoral.

Indicó que a los jurados de votación se les permite ejercer su derecho constitucional al voto en la mesa donde ejercen su función; que si los jurados no tenían su cédula inscrita en el municipio de Bello de alguna forma estaban vinculados con ese municipio y que es carga del demandante acreditar lo contrario.

Respecto a las personas que votaron sin estar incluidas en el censo electoral, señaló que el Código Electoral faculta al delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil para permitir —en el formulario E-12— que voten personas que no aparezcan en el formulario E-11.

Con relación a los jurados que votaron dos veces, afirmó que se trata de una afirmación temeraria del demandante porque este hecho no ocurrió.

Acerca de la suplantación de electores, a la votación de personas fallecidas y a los votos de jurados con derechos políticos suspendidos, dijo que no le constan esos hechos y que deben ser probados por el demandante.

Referente a los 55 votos anulados en la mesa 10 de la zona 3 del puesto 2, indicó que los testigos electorales no presentaron reclamación alguna por ese hecho (fls. 246 a 283, cdno. 3).

1.1.3. Corrección de la demanda.

El 11 de enero de 2008, dentro del término legal, el actor corrigió la demanda para solicitar que se decretaran nuevas pruebas y para modificar y adicionar el número de casos irregulares en mesas, nombres y cédulas en cada uno de los cargos formulados en la demanda así:

CargoCasos
Trashumancia electoralAgregó 325 y retiró 64
Jurados de votación no inscritos para votar en el municipio de BelloAdicionó 93 y retiró 26
Personas no inscritas en el censo electoralAgregó 19 y retiró 4
Jurados que votaron en más de una ocasiónAgregó 5
Suplantaciones de electoresAgregó 1 retiró 1
Votación de personas fallecidasAgregó 1
Jurados de votación con derechos políticos suspendidosAgregó 2 y retiró 1

1.1.4. Contestación a la corrección de la demanda.

El apoderado del demandado reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda. (fls. 246 a 283, cdno. 3).

1.1.5. Intervención de terceros.

1.1.5.1. El señor Alejandro Henao Barrera solicitó oportunamente que se le tuviera como coadyuvante para prohijar las pretensiones de la demanda (fls. 199 a 206, cdno. 1).

1.1.5.2. Después de la acumulación de los procesos (2007-03315 y 2007-03351) el señor Jorge Ignacio Rodríguez Castrillón intervino para oponerse a la prosperidad de las pretensiones del proceso (fls. 705 a 709).

1.2. Proceso 2007-3351. Demanda presentada por Darío de Jesús Preciado Zapata.

1.2.1. La demanda.

El demandante en ejercicio de la acción de nulidad electoral solicitó, que: 1) se declare la nulidad del acta municipal de escrutinio y del acta parcial de escrutinio o formulario E 26-AL, por medio de la cual se declaró electo alcalde del municipio de Bello a Oscar Andrés Pérez Muñoz, para el periodo constitucional 2008-2011; 2) como consecuencia de la anterior declaración se practique un nuevo escrutinio general con la exclusión del cómputo general de los votos depositados en las mesas de votación relacionadas en la demanda y; 3) se expida a quien resulte ganador la respectiva credencial que lo acredite como alcalde del municipio de Bello.

Para sustentar las pretensiones afirmó que el 28 de octubre del año 2007 en el municipio de Bello se realizó el proceso electoral para elegir alcalde, concejales, diputados a la Asamblea Departamental y gobernador del departamento de Antioquia, que en desarrollo del escrutinio se presentaron diferentes reclamaciones, unas ante las comisiones escrutadoras zonales y otras, ante la comisión escrutadora municipal; algunas de las reclamaciones presentadas por testigos y apoderados fueron desestimadas o desatendidas con argumentos que desconocían las ritualidades, oportunidades y recursos previstos en la ley, lo cual constituye una clara violación al derecho al debido proceso, particularmente la comisión escrutadora principal por Resolución 018 de 1º de noviembre de 2007 consideró que la oportunidad para presentar un recurso había precluído sin tener en cuenta la metodología impuesta por la comisión escrutadora Nº 1 para su presentación —por escrito—, permite que se presente en término prudencial, lo cual se hizo, y en todo caso, antes de que se terminara de escrutar la zona respectiva.

Señaló que se presentaron irregularidades constitutivas de fraude electoral que son causal de nulidad conforme lo prevén los numerales 2º y 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, así:

Primera: indebido escrutinio porque la comisión escrutadora municipal de la zona 1 puesto 2 y de la zona 3 puesto 1 y 2 realizó un “indebido escrutinio y diligenciamiento de las actas de escrutinio” porque no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en los artículos 163 y 169 del Código Electoral.

Segunda: apocrificidad de documentos electorales porque existe un mayor número de votos en comparación con el número de sufragantes en 5 mesas de votación que identificó.

Tercera: suplantación de electores porque se presentaron 21 suplantaciones de electores en 9 mesas de votación para lo cual el demandante elaboró un cuadro en el que señaló zona, puesto, mesa, nombre que aparece en el formulario E-11 y nombre real del votante.

Cuarta: votación de personas no incluidas en el censo electoral porque votaron 243 personas que no estaban incluidas en el censo electoral en 93 mesas. El actor en un cuadro indicó zona, puesto, mesa y el nombre que aparece en el formulario E-11.

Quinta: mesas afectadas con apocrificidad en los registros que se sustenta en las diferencias de votos de los candidatos Oscar Andrés Pérez y John Jairo Roldán Avendaño entre los formularios E-14 y E-24 en 4 mesas de votación.

Como consecuencia de las irregularidades descritas en la demanda solicitó que en el nuevo escrutinio se excluyan los votos de 101 mesas (fls. 1 a 36).

1.2.2. Contestación de la demanda.

El demandado contestó la demandada por conducto de apoderado y se opuso a las pretensiones. Sostuvo que las comisiones escrutadoras municipales de Bello en forma oportuna atendieron las reclamaciones presentadas por los diferentes testigos electorales sin que se ejerciera recurso ante los delegados del Consejo Nacional Electoral. Puntualizó que este cargo carece de sustento fáctico “quedando en el aire” las afirmaciones del actor.

Con relación a los cargos por mayor número de votos que sufragantes y el de suplantación de electores afirmó que se atiene a lo probado en el proceso.

Referente al cargo por trashumancia electoral, señaló que el actor no probó que las referidas personas no tuvieran su residencia electoral en el municipio de Bello. Indicó que las supuestas irregularidades fueron objeto de reclamación ante las comisiones escrutadoras municipales quienes las resolvieron desfavorablemente sin que se hubiera presentado recurso.

Por último, respecto del cargo de diferencias entre los formularios E-14 y E-24 dijo que ellas no corresponden a falsedad o apocrificidad sino “a meros errores aritméticos intrascendentes”.

Propuso las excepciones que denominó “inepta demanda” porque no coinciden los cargos con las pretensiones; además que estos no son precisos y no cumplen los requisitos del Código Contencioso Administrativo; “falta de legitimación en la causa por activa” que se funda en el hecho de que los apoderados del candidato Pérez Muñoz no interpusieron recurso respecto de las irregularidades que refiere el actor en el primer cargo (fls. 116 a 128, cdno. 1).

1.2.3. Intervención de terceros.

1.2.3.1. John Jairo Roldán Avendaño por conducto de apoderado solicitó oportunamente que se le tuviera como coadyuvante porque considera que el actor pretende “neutralizar” la demanda que él presentó. Coadyuvó la primera y tercera pretensión, y se opuso a la segunda.

Con relación a los cargos, sostuvo en síntesis que el primero no debe prosperar por haberse formulado de manera general, además las causales de reclamación electoral no pueden ser alegadas para solicitar la nulidad del acto de elección; el segundo no debe prosperar porque las diferencias entre los formularios E-11 y E-14 no son causal de nulidad porque hay electores que se abstienen de votar por determinados cargos o corporaciones; el tercero no debe prosperar porque no existió suplantación de electores sino eventuales errores de transcripción; en el cuarto, de las 243 irregularidades encontró probadas 2 y; con relación al quinto encontró probada una sola irregularidad (fls. 143 a 156).

1.2.3.2. Alejandro Henao Barrera solicitó oportunamente que se le tuviera como coadyuvante para oponerse a la prosperidad de los cargos presentados por el demandante.

1.2.3.3. Carlos Enrique Ochoa Mejía intervino para prohijar las pretensiones de la demanda.

1.2.4. Corrección de la demanda.

El actor dentro del término legal corrigió la demanda para adicionar 100 nuevos casos en el cargo de personas que votaron sin estar incluidas en el censo electoral del municipio de Bello, consecuentemente, solicitó la exclusión de los votos de 14 mesas más (fls. 102 a 115).

1.2.5. Contestación a la corrección de la demanda.

El apoderado del demandado reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda y propuso la excepción que denominó “caducidad de la acción electoral” que se funda en que en la corrección de la demanda el actor cambió los cargos al incluir irregularidades en nuevas mesas de votación, todo ello fuera del término previsto por el artículo 136-12 del Código Contencioso Administrativo.

1.3. Alegatos.

1.3.1. El coadyuvante en el proceso 3351 Carlos Enrique Ochoa Mejía indicó que para las elecciones de 28 de octubre de 2007 se realizó un notorio movimiento de electores foráneos que no fue detectado oportunamente por las otras campañas políticas para ejercer los mecanismos administrativos tendientes a excluir a esas personas del censo electoral del municipio de Bello.

Indicó que existen rumores que en diferentes puestos de votación acontecieron varias irregularidades en beneficio del candidato John Jairo Roldán Rincón; se refirió en especial al puesto de votación de la zona París ubicado en la Institución Educativa Alberto Díaz Muñoz, en los siguientes términos: “sucedió de todo, desde la manipulación de tarjetones, cambiazos y similares, impedimento para el ingreso de los testigos electorales, y lo más grave, la salida de los pliegos electorales cerca de la media noche desde dicho lugar en el barrio París y su ingreso al polideportivo de Bello, lugar donde se fijó el arca triclave”; que a pesar de lo anterior, los miembros de la comisión escrutadora municipal no dieron curso a las reclamaciones que se presentaron por las referidas irregularidades, y la comisión principal despachó negativamente la apelación por extemporánea (fls 782 a 786, cdno. 5).

1.3.2. El demandante Darío de Jesús Preciado Zapata por conducto de apoderado reiteró la argumentación expuesta en su demanda, en especial las referidas al primer cargo cuyo fundamento determinó al afirmar que las reclamaciones que se presentaron respecto de 39 mesas del puesto 2 de la zona 1; 44 mesas del puesto 1 de la zona 3 y 13 mesas del puesto 2 de la zona 3 fueron rechazadas de plano; que existió falsedad ideológica en la elaboración de los formularios E-19 y E-20 de la zona 1 puesto 2 y de la zona 3 puestos 1 y 2.

Respecto de la alegada apocrificidad de documentos electorales porque existe un mayor número de votos en comparación con el número de sufragantes, indicó que en los escrutinios no se subsanó esta anomalía conforme lo prevé el artículo 163 del Código Electoral; por tanto, dicha irregularidad se convirtió en una clara falsedad o apocrificidad que modificó los resultados electorales.

Acerca del cargo por suplantación de electores señaló que luego de corroborar los datos consignados en los formularios E-11 y confrontarlos con el CD del censo, están probadas 22 irregularidades.

De igual manera, sostuvo que están probadas todas las demás irregularidades citadas en la demanda. (fls. 787 a 818, cdno. 5).

1.3.3. El demandado por conducto de apoderado reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda y en su adición (Proceso 2007-03315) para oponerse a sus pretensiones. Indicó que no se probó el fenómeno de la trashumancia en ninguna de las modalidades referidas por el actor, tampoco que ciudadanos hayan votado de manera doble, que se suplantaran electores, que se depositaran votos en nombre de personas fallecidas, ni que se hubieran anulado en forma indebida votos del demandante. Lo único que se constató fueron algunos errores de los jurados en el diligenciamiento de los formularios, así como algunas irregularidades aisladas que no tienen la incidencia jurídica requerida para mutar el resultado electoral.

De manera puntual respecto del cargo por trashumancia de electores afirmó que los casos objeto de estudio son únicamente los incluidos en la demanda con exclusión de los señalados en su adición, es decir, 395 casos, los cuales no pueden prosperar porque todas las personas están incluidas en el censo electoral del municipio de Bello, eran aptas para votar, y el actor no demostró que no tuvieran residencia electoral en ese lugar.

Concerniente al cargo de jurados que no tenían inscrita su cédula para votar en el municipio de Bello pero no obstante sufragaron, señaló que de conformidad con el material probatorio recaudado se evidenció que tales jurados votaron en forma exclusiva por autoridades departamentales, no por las locales, de modo que este hecho no configura irregularidad que vicie el sufragio, especialmente si se tiene en cuenta que no se puede probar lo contrario por el carácter secreto del voto; además, indicó que en el proceso se probó —con excepción de 11 casos— que los jurados sí tenían residencia electoral en el municipio de Bello, habida cuenta de que laboraban o estudiaban en ese municipio, conforme con los documentos aportados por la Registraduría. Igual acontece con el cargo referido al voto de personas no inscritas en el censo electoral.

En relación con los cargos de jurados que votaron en más de una ocasión, de suplantación de electores y de votos de personas fallecidas sostuvo que las pruebas aportadas al proceso corroboran que lo ocurrido fue un indebido diligenciamiento por parte de los jurados de los formularios E-11 y E-14, y que solo un caso por votación doble de los citados por el actor puede prosperar.

Dijo que los casos del cargo formulado por votación de personas con derechos políticos suspendidos están llamados a prosperar.

Consideró que los peritos para rendir su dictamen respecto de los votos supuestamente anulados no utilizaron una metodología adecuada ni emplearon los medios técnicos idóneos para el efecto; en consecuencia, no está probado que los denominados signos alfa en los tarjetones fueran realizados por una misma persona, ni que los resultados electorales de esa mesa fueran el producto de la manipulación de manera directa o indirecta del demandado (fls. 819 a 948, cdno. 5).

El demandado también presentó sus alegaciones de primera instancia respecto a la demanda instaurada por el señor Darío de Jesús Preciado Zapata (proceso 2007-3351), para decir que el número de irregularidades que eventualmente prosperan es inferior al señalado en la demanda y no modifican el resultado de la elección; además, en algunos casos se incrementaría la diferencia del demandado con el señor John Jairo Roldán Avendaño (fls. 952 a 996, cdno. 5).

1.3.4. El demandante John Jairo Roldán Avendaño por conducto de su apoderado en el término para alegar, indicó en síntesis que los jurados de votación no tienen un mejor derecho respecto a los demás ciudadanos al momento de votar, por tal razón, solo se les permite participar como votantes en elecciones de autoridades municipales si tienen inscrita y habilitada su cédula de ciudadanía para votar en el lugar donde se ejerce el derecho al sufragio; considera que en este tipo de elecciones no existen controles para que a los jurados se les autorice votar únicamente por autoridades seccionales o departamentales en un municipio.

Sostuvo que se probaron 43 casos de personas que votaron pese a no estar inscritas en el censo electoral del municipio de Bello; 10 de personas que votaron dos veces; 1 caso de una persona que votó con una cédula dada de baja por muerte del titular; 4 casos de jurados que votaron con derechos políticos suspendidos, pero que no se probó ningún cargo por suplantación de electores.

Insistió que en la mesa 10 del puesto 2 zona 3 se anularon en forma indebida 57 votos de los cuales 55 se sufragaron a su favor. Destacó que el perito Luis Carlos Duque en su dictamen concluyó que los signos alfa de las tarjetas electorales en mención fueron realizados por la misma persona con el mismo bolígrafo y que el perito Luis Fernando Aguirre dictaminó que la equis y el otro signo marcado en los tarjetones fueron realizados por dos personas diferentes; en consecuencia, consideró que se manipularon las tarjetas electorales para anular votos válidamente depositados a su favor.

Realizó un comparativo entre las mesas del puesto 2 zona 3 para concluir que él tiene un mayor número de votos en todas las mesas, excepto en la 10 donde ganó el demandado, y que si no se hubieran anulado los 55 votos depositados en su favor, los resultados de la mesa 10 estarían dentro del promedio del puesto de votación.

De lo anterior concluyó que se probaron 564 irregularidades; por tanto, debe ordenarse un nuevo escrutinio con el cómputo de 55 votos a favor del demandante y con la exclusión de los resultados de 294 mesas.

Respecto del proceso 2007-3351 reiteró las razones y argumentos que expuso en su intervención, de las que concluyó que solo prospera un cargo por diferencias entre los formularios E-24 y E-11, 13 por suplantación de electores, 23 por personas que votaron sin estar en el censo electoral del municipio de Bello y 4 por apocrificidad de los formularios E-24; por tanto, considera que se deben excluir 19 mesas en el nuevo escrutinio que se realice (fls. 997 a 1167, cdno. 5).

1.3.5. El coadyuvante Alejandro Henao Herrera manifestó que se adhiere a los alegatos de conclusión presentados por el apoderado del señor John Jairo Roldán Avendaño.

Controvirtió los argumentos expuestos por el demandado en sus alegatos porque consideró que incurrió en contradicciones al señalar por una parte, para desvirtuar los casos del proceso 2007-3315, que las bases de datos del Sisbén no son confiables para determinar la residencia electoral, pero a renglón seguido para los casos del Proceso 2007-3351 utilizó esa información y otra de carácter privado para desconocer lo certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Respecto de la posible habilitación de los jurados de votación para sufragar referida por el demandado, afirmó que la organización electoral utiliza únicamente el formulario E-12 para esos eventos, pero que en el municipio de Bello no se habilitó a ningún jurado para sufragar con el diligenciamiento de ese documento.

Cuestionó el análisis que realizó el demandado para desvirtuar los cargos del proceso 2007-3315 porque consideró que los cuadros elaborados son incompletos, ajenos a la jurisprudencia vigente y a la realidad probatoria del proceso.

Indicó que el demandado con una prueba “extra proceso” pretende demostrar que existió un error grave en los dos dictámenes periciales rendidos en el proceso con relación a los 55 votos anulados en su criterio en forma indebida en la zona 3 puesto 2 mesa 10.

Afirmó que la demanda que originó el proceso 2007-3351 fue instaurada por el demandado por interpuesta persona como una forma de contrarrestar la demanda presentada por John Jairo Roldán Avendaño, por eso en sus alegatos afirmó que de prosperar los cargos se ampliaría su ventaja respecto de los demás candidatos.

Estudió las irregularidades citadas en el proceso para concluir que la primera referida a un “indebido escrutinio” no fue propuesta como falsedad en los registros electorales en la demanda y que dicho argumento fue incorporado al proceso de manera extemporánea por el demandante y el tercero interviniente Carlos Enrique Ochoa; además, las comisiones escrutadoras zonales decidieron de manera desfavorable las reclamaciones que se presentaron, por lo que ningún fundamento tiene esta discusión. Respecto de las demás irregularidades sostuvo por diferencias entre E-11 y E-24 se encuentra probado 1 cargo en la zona 2 puesto 4 mesa 14, 13 suplantaciones de electores, 23 votos de personas no incluidas en el censo electoral, 1 cargo por diferencias entre E-14 y E-24.

Por último, con relación a los alegatos presentados por el apoderado del actor Darío de Jesús Preciado indicó que pretenden introducir de manera extemporánea casos no formulados de manera oportuna en el proceso, los presentados por el tercero Carlos Enrique Ochoa Mejía intentan dilatar el trámite del proceso y que la intervención de Jorge Ignacio Rodríguez Castrillón “resulta irrelevante para el proceso, quiso él introducir nuevos temas al proceso sin ningún fundamento y acompañó unos documentos que para nada tienen que ver con los procesos y sus cargos” (fls. 1191 a 1215, cdno. 5).

1.4. Concepto del Ministerio Público de primera instancia.

El agente del Ministerio Público solicitó que se denieguen las pretensiones de las demandas, para ello, explicó que, conforme con la jurisprudencia para que prospere la nulidad de la elección tratándose de cargos uninominales, es menester acreditar que los votos fraudulentos son superiores a la diferencia entre el elegido y quien lo siguió en votos, situación que no se presentó en este caso.

Respecto de los casos por trashumancia electoral indicó que en el proceso no obra prueba que desvirtúe la presunción de residencia electoral; de los formulados por votación de jurados que no están incluidos en el censo electoral del municipio de Bello, precisó que no existe medio probatorio que acredite qué ciudadanos, candidatos y/o sus apoderados, testigos electorales, miembros de los partidos o movimientos políticos hayan presentado recurso o reclamación por este hecho, además, con un muestreo aleatorio se evidencia que algunas de esas personas votaron en su calidad de jurados sin tener su cédula de ciudadanía inscrita en el censo electoral del municipio de Bello, pero no se puede demostrar que lo hayan hecho para la elección de alcalde; de los 243 casos presentados por personas que votaron sin estar incluidas en el censo electoral solamente se encuentran acreditadas 130 irregularidades; referente a los votos supuestamente anulados en forma indebida de la mesa Nº 10 puesto 2 zona 3, sostuvo que este hecho no constituye causal de nulidad electoral por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque hace parte de las reclamaciones que deben presentarse ante las autoridades electorales en la etapa administrativa según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 62 de 1988; en cuanto a las personas que votaron sin ser residentes en el municipio de Bello indicó que este hecho no es causal de nulidad electoral y tampoco fue demostrado dentro del proceso.

Sostuvo que de acuerdo con el acervo probatorio en el proceso eleccionario ocurrieron varias irregularidades, tales como doble votación de algunos jurados de votación, personas que actuaron como jurados de votación y depositaron su voto, pese a tener sus derechos políticos suspendidos, errores en el diligenciamiento de las actas de escrutinio de mesa, introducción de algunas actas de escrutinios de manera extemporánea sin que se justificara la demora para su entrega; no obstante, en el proceso electoral no se presentaron las reclamaciones dentro de la oportunidad legal ante las autoridades administrativas competentes, y “... si los demandantes no aprovecharon la oportunidad legal para ejercer su derecho a formular reclamaciones ante los servidores públicos electorales administrativos, (...) no pueden ahora, por vía supletoria, recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa para enmendar la tardía reacción respecto a las razones de inconformidad con el acto de elección, tratando de hacer aparecer (sic) como causal de nulidad (CCA, art. 223, num. 2º) las definidas únicamente como objeto de reclamación” (fls. 1257 a 1301, cdno. 5).

1.5. La sentencia apelada.

Es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual resolvió:

“1. No prosperan las excepciones de inepta demanda y falta de legitimación por activa, propuestas por la parte demandada, en el proceso con radicado 2007-03351.

2. Se decreta la caducidad de todos los cargos adicionados por el apoderado del señor John Jairo Roldán Avendaño, en su escrito de corrección a la demanda, dentro del proceso con Radicado 2007-03315, tal y como se expuso en las consideraciones previas de esta providencia.

3. Niéguense las súplicas de la demanda”.

El a quo con fundamento en varios pronunciamientos de esta corporación, determinó que el vencimiento del término de caducidad es un impedimento para corregir la demanda y el demandante John Jairo Roldán Avendaño —fuera del término previsto en el artículo 136-12 del Código Contencioso Administrativo— cuando corrigió su demanda, la modificó de manera sustancial, habida cuenta de que introdujo nuevas mesas y personas (registros) en los cargos imputados; por consiguiente, decretó la caducidad respecto de los casos propuestos en esa oportunidad.

Indicó que la excepción de inepta demanda no está llamada a prosperar porque si bien el actor confundió las causales de nulidad de que trata el Código Electoral con las previstas en los artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo, ello no implica la omisión de requisitos formales o de los anexos indicados en los artículos 137 a 139 del Código de Procedimiento Civil; de la misma forma, tampoco prosperó la excepción de falta de legitimación por activa porque no se requiere ninguna calidad especial para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la nulidad de esta clase de actos.

Respecto de las pruebas recaudadas en el proceso indicó que los testimonios no son el medio idóneo para acreditar la trashumancia electoral ni la suplantación de electores; los alcaldes, o los directores de acción comunal son los llamados a constatar la residencia de los ciudadanos pero no la residencia electoral, la cual, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 163 de 1994 debe ser constatada después de un procedimiento breve y sumario, que en el presente caso no se adelantó, por parte del Consejo Nacional Electoral. En ese mismo sentido, explicó que como no se aportaron en copia auténtica los formularios E-11, E-14 y E-24 de la zona 90, puestos 1 y 2, mesas 31 y 35 no pueden valorarse como prueba para el estudio de los casos del cargo de apocrificidad.

Con relación a los cargos formulados se pronunció de la siguiente manera:

1.5.1. Trashumancia electoral (Proceso 2007-03315).

Con apoyo de varias sentencias de esta corporación indicó que la residencia electoral es diferente a la habitación prevista en el Código Civil, que la residencia electoral está conformada por un concepto material (L. 136/94, art. 187) y otro subjetivo (L. 163/94, art. 4º); agregó que, para la prosperidad de los casos de este cargo es necesario desvirtuar la presunción de que los ciudadanos no residen en el municipio donde se inscribieron para las elecciones, probar que los inscritos votaron y que los votos irregulares tengan incidencia en el resultado electoral final.

Al referirse al caso concreto, sostuvo que no se acreditó el primer supuesto —que los sufragantes no residían en el municipio de Bello— toda vez que no se logró desvirtuar cualquiera de los eventos en que se entiende que una persona tiene residencia electoral (criterio material); además, no se probó que los interesados hayan adelantado alguna actuación administrativa con el fin de dejar sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía por esta causa; en consecuencia, no se desvirtuó la presunción del artículo 4º de la Ley 163 de 1994.

De lo anterior concluyó que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

1.5.2. Jurados no inscritos en el censo electoral del municipio de Bello (Proceso 2007-03315).

El a quo precisó que este cargo, es en realidad otra modalidad de “trashumancia electoral”, y se presenta cuando se nombran como jurados de votación a personas que tienen inscrita su cédula de ciudadanía para votar en un sitio diferente y, aprovechándose de esa calidad, participan en la elección de autoridades locales.

Con citación de diferentes sentencias de esta corporación señaló que para la prosperidad de la nulidad por esta razón además de los presupuestos previstos para la trashumancia electoral debe estar probado en el proceso: a) el acto de designación de los jurados de votación, b) que el jurado de votación depositó el voto en la mesa donde actuó y, c) que el jurado de votación no tenía su residencia electoral en el municipio donde ejerció su función.

Aclaró que según la jurisprudencia(1) cuando en una misma jornada se eligen diversas autoridades la prueba de que un jurado de votación sufragó por autoridades locales no logra acreditarse únicamente con el registro en el formulario E-11, porque es factible que no obstante el registro de su nombre en dicho formulario ese elector se abstenga de votar por alguna autoridad, situación que por supuesto no queda registrada en ese documento en el que solamente se establece el número de votantes pero no el número de votos depositados por cada elector, por lo que se impone examinar además el formulario E-14 o escrutinio de mesa elaborado por los jurados de votación para alcalde. Así, contado el número total de sufragantes por mesa, es dable hacer un cotejo con el formulario E-14 para alcalde de esa mesa, y con ello precisar si un jurado que figura como sufragante en el formulario E-11 efectivamente votó para alcalde.

Adujo que de los testimonios recaudados en el proceso se deduce que se nombraron como jurados de votación a una gran cantidad de docentes que laboran para instituciones educativas de Bello pese a que tenían inscritas sus cédulas de ciudadanía para votar en un sitio diferente; en este caso, no hay limitación total al jurado para que vote, sino que su derecho queda supeditado a la no vulneración de la Constitución, razón por la cual los jurados deben abstenerse de votar por autoridades locales.

Para analizar los casos, el tribunal elaboró un cuadro que contiene el lugar de votación del jurado, los resultados del formulario E-14, la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil del lugar donde el jurado tenía inscrita su cédula para votar y el formulario E-11, todo ello para concluir si el voto fue o no irregular.

Después del estudio de los referidos documentos, el a quo encontró probados 112 casos de jurados que pese a no estar inscritos en el censo electoral, votaron en la elección de alcalde para el municipio de Bello.

1.5.3. Personas no inscritas en el censo electoral del municipio de Bello (común en las dos demandas).

Para estudiar los casos de la demanda promovida por el señor John Jairo Roldán Avendaño (proceso 2007-03315), el tribunal realizó un cuadro con los siguientes datos: cédula de ciudadanía del votante, nombre, certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de si estaba o no inscrito en el censo electoral, lugar de votación y folio del formulario E-11. Una vez realizado el análisis, concluyó que están probadas 34 irregularidades.

Para estudiar los casos de la demanda promovida por el señor Darío Preciado Zapata (Proceso 2007-03351), el a quo elaboró un cuadro con los siguientes datos: lugar de votación, cédula de ciudadanía del votante, nombre, formularios E-11 y E-10; además de lo anterior, el fallador de primera instancia dejó constancia de que revisó el CD que contiene el censo electoral del municipio de Bello y concluyó que están probadas 17 irregularidades.

1.5.4. Jurados que votaron en dos ocasiones (Proceso 2007-03315).

El tribunal después de transcribir apartes de la Sentencia C-142 de 2001 de la Corte Constitucional, puntualizó que la participación en los procesos electorales está limitada a “un hombre, un voto”. Encontró que en algunos casos existió doble inscripción de electores, pero confrontando esos datos con los votos depositados, no existe certeza de que la votación se haya realizado en forma irregular. Solo se encontró un caso donde el registro del formulario E-11 y el formulario E-14, reflejan que la inscripción doble se materializó en más de un voto.

1.5.5. Suplantación de electores (común en las dos demandas).

Indicó que según la jurisprudencia de esta sala, la suplantación de electores es una clase de falsedad electoral prevista en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, que consiste en participar en elecciones haciendo uso de una identidad que no corresponde a la realidad; se configura cuando el titular de una cédula de ciudadanía deposita su voto en nombre de otra persona o cuando no vota ni el titular de la cédula de ciudadanía ni otra persona a nombre de él y los jurados de votación llenan las casillas correspondientes con nombres ficticios o ilegibles; también se presenta cuando los jurados de votación, al diligenciar el registro de votantes o formulario E-11 omiten anotar el nombre del titular de la cédula de ciudadanía de la persona que se presenta a sufragar.

Para estudiar los casos de la demanda presentada por el señor John Jairo Roldán Avendaño (proceso 2007-03315) el tribunal comparó los formularios E-10 (censo electoral) con los E-11 (registro de votantes) para colegir si existió algún error en la trascripción del nombre del sufragante o si se trató de una suplantación. De ese estudio concluyó que los jurados de votación incurrieron en errores al momento de escribir el número de la cédula de los votantes en el formulario E-11, sin que se haya configurado suplantación electoral.

Después de estudiar los casos formulados por el demandante Darío Preciado Zapata el a quo concluyó que en 3 de los registros denunciados los nombres de los titulares de las cédulas de ciudadanía no corresponden al que aparece en el censo electoral del municipio de Bello, y que en la zona 2 puesto 2 mesa 17 en 13 casillas del formulario E-11 solo se anotó por parte de los jurados de votación el número de cédula de ciudadanía, pero no se escribió el nombre ni la firma del sufragante; en consecuencia, encontró probados 16 casos de suplantaciones electorales.

1.5.6. Votación de personas en nombre de fallecidas (Proceso 2007-03315).

El tribunal indicó que el artículo 67 del Código Electoral prevé la muerte del ciudadano como una de las causales para la cancelación de la cédula de ciudadanía, que esta clase de suplantación vulnera el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

Para analizar los casos comparó el número de la cédula de ciudadanía y el nombre de la persona que votó con la resolución de la Registraduría por medio de la cual se canceló la cédula; además, identificó la zona, puesto y mesa donde supuestamente ocurrió la irregularidad.

Del estudio de los 3 registros citados por el demandante, el a quo concluyó que si bien coinciden los números de cédula de ciudadanía dados de baja por muerte de los ciudadanos con los registrados por los jurados de votación en los formularios E-11, los nombres de los sufragantes son diferentes; en consecuencia, lo que ocurrió fue un error en el diligenciamiento de los números de la cédula de ciudadanía de los votantes en los formularios E-11; por tanto, no se probaron los casos.

1.5.7. Jurados de votación con derechos políticos suspendidos (Proceso 2007-03315).

Después de transcribir algunos fragmentos de distintas sentencias de la Corte Constitucional(2) en las que se prevén diferentes aspectos de la interdicción de derechos y funciones públicas, comparó los datos de los sufragantes con el contenido de las resoluciones 2396 de 2003 y 4013 de 2007 expedidas por la Registraduría y concluyó que se encuentran probados los 2 casos formulados por el demandante.

1.5.8. Anulación indebida de votos (Proceso 2007-03315).

El a quo en primer lugar se refirió las conclusiones del dictamen pericial rendido por el grafólogo Luis Carlos Duque Cadavid, en el que se determinó que: a) el signo o letra alfa que aparece en los 59 tarjetones fue elaborado con un mismo bolígrafo de color negro y por una misma persona; b) la similitud de los trazos en la letra alfa son particulares en los votos anulados y; c) no se puede determinar la persona que escribió el signo alfa ni tampoco cuál es el voto legítimo, si el de la equis o el de la letra alfa.

Agregó que el signo se denominó “alfa” porque su estructura o configuración es similar a la letra griega alfa; que la correspondencia a una misma persona se sustenta porque su morfología es la misma pese a que en algunos signos se tienen remates más alargados que en otros. Explicó que el análisis que realizó en su estudio es el “signaletico”; que el bolígrafo usado puedo provenir de la mesa de votación o del bolsillo del autor de los signos. Aclaró que no afirmó que el determinante para anular el voto fue el signo alfa, sino que, “no se puede concluir cual es el verdadero voto, el que tiene el signo alfa o el que tiene la equis”; que no se requiere ningún esfuerzo mental para manufacturar los signos alfa y equis; que se realizó la inspección a los tarjetones anulados y no se tuvo en cuenta las muestras legítimas porque se le pidió que estudiara los tarjetones anulados y no de los legítimos. Agregó que llegó a la conclusión de que no se podía determinar el autor o autores del signo equis o el de alfa ni cuál es el voto legítimo porque no existen elementos o grafías del presunto autor para realizar el respectivo cotejo.

En segundo lugar, el tribunal se refirió a las conclusiones del grafólogo Luis Fernando Aguirre Sepúlveda, habida cuenta de que el primer dictamen fue objetado por el apoderado del demandado por error grave, puntualizó que el perito consideró que los signos plasmados en las tarjetas electorales corresponden a más de un impulso gráfico y que, no puede afirmarse que los signos alfa que aparecen en los 59 tarjetones fueron elaborados con un mismo bolígrafo de color negro ni por una misma persona.

Dijo que el auxiliar de la justicia realizó un estudio de cromatografía para tener precisión respecto de la tinta o bolígrafo utilizado en la marcación de los tarjetones, esto es, si había certeza “químicamente” de que su procedencia fuera del mismo objeto; sin embargo, por los compuestos propios de las tarjetas electorales, no fue posible el desprendimiento apropiado de las tintas contenidas en las tarjetas y no se pudo arribar a ninguna conclusión.

Con relación a la objeción del primer experticio por error grave consideró que el dictamen que rindió el grafólogo Luis Carlos Duque Cadavid no está viciado porque sus conclusiones fueron el resultado de la aplicación de la metodología signaletica o señalética, y el error no se configura cuando el auxiliar de la justicia utiliza un criterio que no es compartido por las partes. Resaltó que para la prosperidad de la objeción se requiere que el error en el dictamen pericial sea ostensible, protuberante e inspirado más en capricho del perito que en la realidad que le corresponde apreciar. Añadió que si bien es cierto el primer dictamen se fundó en un estudio visual y no químico, por ello no se puede desconocer que el perito comparó las similitudes de los trazos de los diferentes signos “alfa”.

Sobre este punto concluyó que en el primer dictamen se hizo énfasis en la letra “alfa” marcada en los 59 tarjetones, y en el experticio posterior, fueron analizados ambas distinciones “equis” y “alfa”; por tanto, consideró que el segundo dictamen complementó el primero y que no se presentó error grave.

Tratándose del fondo del estudio del cargo, luego de citar jurisprudencia de esta corporación relacionada con que existen unas irregularidades subsanables por la vía administrativa que requiere el agotamiento de los medios de defensa otorgados por la ley a los candidatos, y que no pueden confundirse las causales de nulidad previstas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, con las causales de reclamación previstas en el artículo 192 del Código Electoral, señaló que no puede discutirse en vía judicial la indebida anulación de votos porque este hecho debió ser controvertido previamente en la vía administrativa; por las mismas razones, y por haber sido depositados en legal forma, tampoco puede accederse a la pretensión subsidiaria del demandante, consistente en que se declare la nulidad de todos los votos de la referida mesa.

1.5.9. Violación directa del ordenamiento jurídico - indebido escrutinio de las actas (proceso 2007-03351).

El tribunal destacó que el demandante formuló el cargo sin referirse a ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, ni a ninguna de las situaciones descritas en el artículo 227 de la misma codificación.

Concluyó que como la acusación se formuló de manera general e indeterminada, el cargo no está llamado a prosperar.

1.5.10. Apocrificidad de documentos electorales (Proceso 2007-03351).

Después de transcribir apartes de diferentes sentencias de esta corporación relacionadas con la apocrificidad de los documentos electorales, determinó que un registro electoral es falso o apócrifo cuando se oculta, modifica o altera los verdaderos resultados electorales, indistintamente de si ese acto u omisión se produce como consecuencia de actos malintencionados o dolosos.

Respecto del cargo formulado por el demandante afirmó que en la zona 2, puesto 2, mesas 45 y 46; y en la zona 3, puesto 3, mesa 10 existe un mayor número de votantes (formulario E-11) que de votos (formulario E-24); en consecuencia, no hay irregularidad porque no todos los ciudadanos registrados como sufragantes depositaron votos por todas las corporaciones.

En la zona 2, puesto 4, mesa 3 los resultados de los formularios E-11, E-14 y E-24 coincidieron en su totalidad; por tanto, no hay apocrificidad.

En la zona 2, puesto 4, mesa 14, concluyó que no existió apocrificidad con fundamento en lo manifestado por la Registraduría Nacional del Estado Civil “El número de votantes Acta E-11 es menor al número de votos totalizados por los jurados Acta E-14, no obstante los jurados indicaron un total de 202 votos, al sumar las cantidades registradas por candidatos, votos en blanco, votos nulos y no marcados la sumatoria indica 203, coincide con lo registrado en el formulario E-24 por la comisión escrutadora zonal”.

1.5.11. Mesas afectadas con apocrificidad en los registros (Proceso 2007-03351).

El a quo negó prosperidad al cargo formulado por el demandante por las siguientes razones:

Como no hay autenticidad de los documentos que soportan el cargo, no prospera respecto de las irregularidades referidas en la Zona 90, puestos 1 y 2, mesas 31 35, respectivamente.

En la zona 2, puesto 2, mesa 45 señaló que “existe la posibilidad de que no todos los ciudadanos hayan depositado su voto por alcalde, razón por la cual es inferior el número de personas registradas en el formulario E-11 número total de votos”.

En la zona 3, puesto 3, mesa 23 hay exactitud en el número total de votos (198) en los formularios E-11, E-14, E-24.

A manera de colofón el tribunal determinó que halló probados 182 votos irregulares, pero como la diferencia entre el elegido y quien le siguió en votos fue mayor (189 votos) no decretó la nulidad de la elección ni ordenó la realización de un nuevo escrutinio con la exclusión de las mesas donde se depositaron los votos irregulares (fls. 1 a 359).

1.6. La apelación.

1.6.1. El apoderado del demandante Darío de Jesús Preciado Zapata, en el Proceso 3351, apeló la sentencia de primera instancia dentro de la oportunidad legal pero no sustentó el recurso (fl. 361).

1.6.2. El apoderado del demandante John Jairo Roldán Avendaño, en el Proceso 3315, también apeló la sentencia de primera instancia. Consideró que el tribunal aplicó con “exagerado” rigor la figura de la caducidad de la acción respecto de las irregularidades incluidas dentro del término de corrección de la demanda, en consideración a que la demanda se presentó en forma oportuna sin que en la corrección se modificara el acto demandado o se formularan nuevos casos.

Cuestionó el método utilizado por el a quo para estudiar el cargo referido a jurados que sufragaron en el municipio de Bello pese a que no tenían inscrita su cédula de ciudadanía para votar en ese lugar, porque en su criterio, basta que el nombre del jurado esté registrado en el formulario E-11 para que se considere irregular su voto. Resaltó que en el análisis no debe confrontarse el formulario E-11 con el formulario E-14, pues “quien vota en unas elecciones múltiples lo hace por todas las corporaciones y cargos, pues tuvo acceso a todas las tarjetas electorales”.

Consideró que si se confronta el número de sufragantes total con el número de votos por mesa se debieron tener en cuenta los resultados finales de los formularios E-14, en cuyo caso las irregularidades probadas serían 204 y no 113, toda vez que el número de votantes por mesa registrado en los formularios no podía ser desconocido, corregido o modificado de forma oficiosa por el tribunal.

Adujo que a pesar de que se demandaron 2 irregularidades en una misma mesa, el tribunal solo encontró acreditada una porque la diferencia entre los formularios E-11 y E-14 era de un voto, y de esta manera la irregularidad quedó sin autor y sin responsable.

Señaló que la jurisprudencia de esta corporación ha proscrito cualquier posibilidad de que los jurados de votación no inscritos en el censo electoral del municipio participen en elecciones de autoridades locales, que no existe control para que los jurados que están en esas condiciones voten por autoridades departamentales y no lo hagan por las municipales; en suma, consideró equivocada la tesis del tribunal y reiteró los argumentos que expuso en el alegato de primera instancia.

Sostuvo que el tribunal no le otorgó un tratamiento diferente al caso de los jurados con residencia electoral fuera del departamento de Antioquia, pues ellos no podían siquiera votar por autoridades departamentales, por lo que no se debió siquiera confrontar el formulario E-14 para la prosperidad de estos casos (citó 12 casos, fls. 434 y 435).

Respecto del cargo formulado por personas que votaron dos veces consideró que tampoco debió realizarse confrontación entre los formularios E-11 y E-14, porque ese hecho se prueba si en el formulario E-11 una misma persona aparece como sufragante en diferentes renglones.

Afirmó que al confrontar los resultados de los formularios E-11 y E-14 el tribunal dejó de contabilizar votos, 8 de jurados que sufragaron pese a no estar incluidos en el censo del municipio de Bello, así como 9 de votantes no inscritos en el censo electoral de Bello de la demanda presentada por Darío de Jesús Preciado Zapata.

Señaló que el tribunal incurrió en errores aritméticos al sumar el número de irregularidades probadas, porque al estudiar los casos por votos de jurados no inscritos en el censo electoral encontró 113 irregularidades, no obstante cuando totalizó el resultado final indicó que era de 112; igual aconteció con las irregularidades probadas por votantes no inscritos en el censo electoral de la demanda presentada por Darío de Jesús Preciado Zapata, pues cuando se estudiaron los cargos se encontraron probadas 18 irregularidades, pero al totalizar el tribunal adujo que solo prosperaron 17 casos.

Con relación a los 55 votos que según el demandante le fueron indebidamente anulados al candidato John Jairo Roldán Avendaño, discrepó de lo decidido por el tribunal porque consideró que las causales de reclamación electoral no son causales de nulidad electoral, razón por la que no se podía exigir que se ventilara el asunto como reclamación para luego ser objeto de nulidad electoral (fls. 368 a 468).

1.6.3. El coadyuvante Alejandro Henao Barrera manifestó que se adhería a la apelación presentada por el apoderado del señor John Jairo Roldán Avendaño (fls. 471).

1.7. Alegatos en la segunda instancia.

1.7.1. El apoderado del demandante Darío de Jesús Preciado Zapata dentro de este término dijo “sustentar” el recurso de apelación que interpuso. Insistió en que debe prosperar el primer cargo de la demanda titulado como “violación directa del ordenamiento jurídico - indebido escrutinio de las actas de escrutinio”, porque consideró que el cargo no se formuló de manera general como lo determinó el a quo, habida cuenta de que se fundamentó en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, se determinaron las zonas y los puestos donde se presentó el incumplimiento de los dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código Electoral.

Adujo que el tribunal no tuvo en cuenta que no se atendieron las reclamaciones de los testigos electorales y que se agotó la etapa de reclamación ante las autoridades electorales, y que como los documentos electorales ingresaron a la urna triclave después de las 11:00 p.m., sin que existiera justificación alguna de ese retardo; en consecuencia, el cargo debe prosperar (fls. 495 a 500).

1.7.2. El apoderado del demandado resaltó que el tribunal no se pronunció respecto de la aplicación del criterio de ponderación porque consideró que el número de irregularidades probadas no incidían en el resultado; no obstante, consideró que en caso de que las irregularidades probadas sean mayores a 189 —que es la diferencia entre el demandado y el demandante— debería aplicarse el criterio de ponderación.

Afirmó que el tribunal no realizó un nuevo escrutinio sino que para estudiar los casos relacionados con el cargo de jurados que votaron sin tener inscrita su cédula de ciudadanía en el municipio de Bello verificó las sumas de los formularios E-11 y E-14 porque en muchos casos los jurados no realizaron la operación matemática o la hicieron en forma equivocada. Puntualizó que esta labor del tribunal no implicó correcciones en la parte resolutiva del fallo.

Consideró acertado el análisis que realizo el a quo del cargo de jurado que votaron sin tener inscrita su cédula de ciudadanía en el municipio de Bello, porque si el número de votos es inferior al de votantes “no existe prueba que aleje la duda probatoria acerca del verdadero voto de parte de ese jurado...”; en conclusión, debe primar la buena fe de los jurados respecto de su abstención de participar en las elecciones municipales.

Señaló que la jurisprudencia de esta corporación al armonizar el artículo 101 del Código Electoral con el 316 de la Constitución Política determinó que los jurados que no tienen inscrita su cédula de ciudadanía en el lugar donde cumplen su labor pueden votar en la mesa donde desempeñan su función en todas las elecciones salvo las del plano municipal; por tanto, no existe irregularidad cuando, como en el caso en estudio, los jurados votan en las elecciones departamentales y se abstienen de hacerlo para las locales o depositan la tarjeta electoral sin marcar.

Sostuvo que ninguno de los jurados de votación designados solicitó que se le exonerara de su función toda vez que “la inmensa mayoría” laboran, estudian o votaron en las últimas elecciones en el municipio de Bello.

Elaboró un cuadro en el que comparó los datos de los formularios E-11, E-14 y E-24 con distinción de zona, puesto y mesa del que concluyó que el tribunal encontró probados 113 casos, el apelante solicitó la prosperidad de 204, pero en su criterio están llamados a prosperar 111.

Respecto de los jurados con residencia fuera de Antioquia señaló que el tribunal encontró probados 3 casos, y que los demás casos citados por el recurrente no están llamados a prosperar teniendo en cuenta las diferencias entre los formularios E-11 y E-24.

Referente al acápite del recurso de apelación denominado “nueve casos de votos fraudulentos de la demanda de Darío Preciado que el tribunal desconoció” señaló que solo le asiste razón en 2 casos porque en los demás se presentaron errores por parte de los jurados en el diligenciamiento de los formularios, o son casos que no se presentaron en la demanda.

Indicó que varios de los reproches del actor se fundan en casos adicionados en el término de reforma de la demanda, los cuales por haberse presentado fuera del término de caducidad de la acción no fueron objeto de estudio por parte del tribunal, y que los 55 votos que se anularon según el recurrente de manera indebida, no existe prueba de que ellos correspondieran al actor.

Por último respecto del recurso presentado por el apoderado de Darío de Jesús Preciado Zapata señaló que no está llamado a prosperar porque no se interpuso recurso contra las resoluciones que se resolvieron las reclamaciones interpuestas; además, de prosperar el cargo únicamente se incrementaría la diferencia entre el demandado y los candidatos que le siguieron en votos.

Concluyó que están llamados a prosperar 183 casos, diferencia que no tiene la entidad de mutar los resultados electorales; por tanto, se impone confirmar la sentencia de primera instancia (fls. 503 a 555).

1.7.3. El tercero Carlos Enrique Ochoa Mejía dijo que se debe armonizar la interpretación de los artículos 76 y 101 del Código Electoral con el 316 de la Constitución Política de manera que se garantice la prevalencia de la norma constitucional.

Por otra parte indicó que no deben prosperar las pretensiones de la demanda presentada por Darío de Jesús Zapata porque ellas buscan “maximizar” la ventaja del demandado respecto de su inmediato seguidor “y ello resulta innecesario ante la finalidad última perseguida, por el actor, cual era la de mantener en el poder al actual alcalde de Bello” (fls. 556 a 560).

1.7.4. El apoderado del demandante John Jairo Roldán Avendaño indicó que el nuevo criterio de distribución ponderada de los votos fraudulentos solo es aplicable a elecciones de corporaciones públicas y no para la elección de cargos uninominales como lo determinó esta sección(3) con fundamento en las novedades incorporadas por el Acto Legislativo 01 de 2003 (reforma política).

No obstante, con posterioridad la Sala extendió el anterior criterio a elecciones uninominales(4), hermenéutica que consideró equivocada teniendo en cuenta que “la reforma política de 2003 estuvo dirigida sustancialmente a modificar el sistema electoral para corporaciones públicas, no para modificar el sistema electoral para cargos uninominales, el cual no tuvo variación de ninguna naturaleza”, agregó que la extensión del criterio se fundó en el carácter secreto del voto y para no vulnerar el derecho a la igualdad, pero consideró que “El hecho que el voto sea secreto no necesariamente lleva a que la única forma de depurar un resultado electoral, cuando hay votos fraudulentos, sea mediante la ponderación. No hay una relación directa entre el voto secreto-ponderación para elecciones para cargos uninominales”, respecto a la posible vulneración al derecho a la igualdad indicó que “un trato diferente no es discriminatorio si no hay igualdad en los supuestos de hecho...” y que “... la elección para cargos uninominales es sustancialmente distinta a la elección para cargos plurinominales, para los primeros se aplica un sistema mayoritario y para los segundos un sistema proporcional...”.

Dijo que, a diferencia de lo que puede ocurrir al aplicar el criterio en elecciones para corporaciones públicas, de aplicarse el criterio de ponderación a elecciones uninominales la cantidad de votos irregulares es irrelevante porque en la práctica no se modificaría el resultado electoral toda vez que si a los candidatos se les resta votos fraudulentos en proporción a los votos obtenidos matemáticamente se mantiene la diferencia entre el elegido y los demás candidatos, para corroborar lo anterior aplicó el criterio de ponderación a sentencias estimatorias de las pretensiones de las demandas proferidas por esta sección en elecciones uninominales para concluir que en elecciones uninominales “con la aplicación el criterio de ponderación nunca prosperará una demanda por fraude electoral”.

Consideró que la aplicación del criterio de ponderación proporcional en elecciones uninominales fue un obiter dicta en la referida sentencia y que “con este método se llega a verdades a medias (o mentiras a medias) y a mentiras absolutas” porque se descuenta de manera proporcional votos válidos a todos los candidatos para depurar votos fraudulentos sin llegar a la verdad.

Afirmó que el criterio de ponderación rompe el principio de indivisibilidad del voto, por lo que en elecciones uninominales el voto fraudulento debe asignársele únicamente al candidato que obtuvo mayor votación en la mesa porque es él quien tiene la más alta probabilidad de ser el beneficiario del voto fraudulento.

Para concluir el tema del criterio aplicable para depurar los votos fraudulentos explicó que este criterio no se puede aplicar a situaciones consolidadas con anterioridad; por tanto, el criterio de distribución ponderada del vicio no se puede aplicar en forma retroactiva al caso en estudio.

Respecto al estudio de los cargos de las dos demandas insistió en los argumentos y razones que expuso en sus diferentes intervenciones en el proceso en especial en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para concluir que están probadas 602 irregularidades, que debe anularse la elección del demandado y ordenar un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas de votación donde se presentaron las irregularidades (fls. 563 a 740).

1.7.5. El tercero Alejandro Henao Barrera reiteró las manifestaciones que realizó en los alegatos de primera instancia (num. 1.3.5.) y que en lo demás, se adhería a lo expuesto por el apoderado del demandante John Jairo Roldán Avendaño (fls. 760 a 772).

1.8. Concepto del Ministerio Público.

El procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones.

2.1. Competencia.

Los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado, le asignan a esta Sección el conocimiento en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección en municipios que tengan más de setenta mil (70.000) habitantes como es el caso del municipio de Bello(5).

2.2. Estudio de las cuestiones previas.

2.2.1. Esta Sección ha sostenido reiteradamente que cuando el apelante no sustenta el recurso como ocurre en el presente caso con el escrito presentado por el apoderado del demandante Darío de Jesús Preciado Zapata, este se entenderá interpuesto contra lo desfavorable, tal como lo establece el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

2.2.2. El apoderado del ciudadano John Jairo Roldán Avendaño (Proceso 3315) no apeló lo decidido por el tribunal respecto de los cargos que presentó por trashumancia electoral y suplantación de electores (primero y quinto), luego estos no serán objeto de estudio en la segunda instancia de conformidad con lo previsto en la norma referida con anterioridad.

2.2.3. El apoderado del demandante John Jairo Roldán Avendaño se mostró en desacuerdo con la caducidad declarada por el tribunal respecto de los casos que incluyó en la corrección de la demanda.

Al respecto la jurisprudencia de esta Sala de manera reiterada(6) ha determinado que la acción electoral se adelanta por un proceso especial que se caracteriza por la perentoriedad y brevedad de sus términos procesales, que si bien en el término de corrección de la demanda es posible hacer algunas precisiones que no alteren sustancialmente el petitum, la causa petendi o los sujetos que integran el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal, cuando la corrección comprende la adición de aspectos fundamentales del proceso, tales como las partes, las pretensiones, cargos o casos dentro de un mismo cargo, es necesario que se realice dentro del término de caducidad de la acción. En consecuencia, cuando la parte accionante decide hacer correcciones a su demanda no solo debe tener en cuenta que el escrito se presente “antes de que quede en firme el auto que la admita”, sino que además debe prever que ello ocurra antes de que venzan los 20 días de que dispone para accionar so pena de la configuración de la caducidad de la acción, ya que en realidad se estará frente a una nueva demanda que involucrará personas e imputaciones que solo podían hacer parte de la demanda inicial y no de la corrección cuando ya hubieren pasado los 20 días previstos como término de caducidad de la acción según el artículo 136-12 del Código Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto, la corrección de la demanda está sujeta a que la acción de nulidad electoral no haya caducado, porque si ello ocurrió, dicha corrección queda limitada a la aclaración de la causa petendi, las partes, las pretensiones y las pruebas inicialmente propuestas, así como a la supresión de algunas de estas, pero no a las adiciones(7).

En el caso en estudio, el actor John Jairo Roldán Avendaño en el término para la corrección de la demanda adicionó y suprimió casos irregulares en diferentes cargos respecto de los formulados de su demanda inicial. Por lo anterior, se impone determinar si la corrección de la demanda se presentó cuando ya había operado el término de caducidad de la acción.

El acto de elección demandado fue expedido por la comisión escrutadora el 5 de noviembre de 2007(8), el término de caducidad de la acción electoral se cumplió el 4 de diciembre de 2007, pero como el escrito de corrección de la demanda se presentó el 11 de enero de 2008(9), concluye la Sala que dicha enmienda se presentó fuera del término de caducidad de la acción; por consiguiente, en el examen del recurso se omitirá el estudio de los casos formulados en la corrección de la demanda.

En la demanda se presentaron las siguientes irregularidades referentes a jurados que votaron sin estar inscritos en el censo del municipio de Bello; no obstante en la reforma fueron modificados los registros acusados respecto de la zona, puesto y mesa; por tanto, de conformidad con lo dicho no serán objeto de estudio por la Sala por tratarse de nuevos casos.

ZonaPuestoMesaCédulaNombre
991243.063.781Luz Stella Arias Vásquez
991239.302.839Elizabeth Hernández Zuluaga
33971.599.002James Jesús Valencia Sánchez
33998.715.069Julián Andrés Zapata Marín
9022043.777.157Irma Elcy González Garcés

2.2.4. Pese al silencio del tribunal, igual acontece con la corrección de la demanda presentada por el demandante Darío de Jesús Preciado Zapata que adicionó 100 casos irregulares con nuevas mesas, nombres y cédulas de electores que corresponden al cargo de violación de la ley que formuló por personas que votaron sin estar incluidas en el censo electoral del municipio de Bello, pues el escrito de adición de la demanda se presentó el 30 de enero de 2008(10) y el término de caducidad de la acción electoral, como se dijo en precedencia, se cumplió el 4 de diciembre de 2007.

En virtud de lo anterior, respecto de los casos adicionados por el demandante Preciado Zapata se declarará la caducidad de la acción en la parte resolutiva de esta sentencia.

2.3. Estudio de fondo de los recursos.

Nuestro proceso electoral está apoyado en la labor de un gran número de personas naturales que obran con distintas calidades: jurados de votación, escrutadores, testigos electorales, registradores etc. La Registraduría Nacional del Estado Civil, para cada elección, implementa como material de apoyo en esta labor un sinnúmero de formularios que deben ser diligenciados por los jurados de votación y por las autoridades electorales en forma manuscrita; en los formularios no solo se deben escribir registros con los datos o nombres y apellidos completos hasta de 400 votantes en cada mesa, sus números de cédula que en el mayor de los casos tienen hasta 8 dígitos o más, sino que además se deben hacer de manera manual operaciones aritméticas con factores como la discriminación de votantes por género entre otras, la verificación de cifras entre diferentes formularios, sub totales y totales finales. De allí que el actual sistema facilite la proliferación de errores de los jurados y demás autoridades en el diligenciamiento manual de los múltiples formularios electorales.

A lo anterior se agrega que en cada elección la Registraduría cambia el diseño de los formularios y la manera como se deben diligenciar; por ejemplo, en las elecciones para Congreso de la República celebradas en el año 2006 en los formularios E-11 estaba impreso el número de la cédula de los votantes de la mesa, pero para las elecciones celebradas al año siguiente (alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a las asambleas departamentales etc.) los jurados de votación debían escribirlo en forma manuscrita, la inclusión de este simple registro potencializó el número de errores porque los jurados de votación transcribieron en muchos casos en forma errada los números de cédula de los votantes, cambiaron el orden, no los anotaron completos, confundieron algunos dígitos, o simplemente porque los escribieron en un reglón que no correspondía.

Por consiguiente, la proliferación de formularios y el sistema de registro de datos en forma manual no solo es obsoleto, sino que multiplica la posibilidad del error humano, permite la disparidad de criterios entre los jurados de votación en el diligenciamiento y genera incertidumbre en la veracidad de los registros, de allí que existan acciones de nulidad electoral apoyadas en ocasiones en simple errores más que en vicios o irregularidades del proceso.

El diligenciamiento manual de los formularios electorales que muchas veces contienen nombres y números ininteligibles, imponen el cotejo de estos registros en distintos formularios para verificar solo una irregularidad, dificultan, retardan y vuelve dispendioso resolver los procesos electorales cuando se soportan en causales objetivas como ocurre en el asunto en estudio.

En el caso concreto, para el estudio del recurso fue necesario examinar las diferentes pruebas aportadas al proceso cuyo expediente está compuesto por ciento ochenta (180) cuadernos, cinco (5) carpetas “AZ” y dos (2) planos, es decir, alrededor de sesenta mil (60.000) folios; adicionalmente, muchos de estos documentos tuvieron que confrontarse caso por caso con la información de varios discos compactos que igualmente fueron incorporados como pruebas a los procesos.

Hechas las anteriores precisiones corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación respecto de once cargos que formularon las partes demandantes, que fueron objeto de apelación: 1) jurados que votaron sin estar inscritos en el censo electoral del municipio de Bello; 2) personas que votaron sin estar inscritos en el censo electoral (Proceso 3315); 3) jurados que votaron en más de una ocasión; 4) votación de personas en el nombre de fallecidas 5) jurados que votaron pese a tener sus derechos políticos suspendidos; 6) anulación indebida de 55 votos depositados a favor del candidato John Jairo Roldán Avendaño; 7) “indebido escrutinio de las actas de escrutinios”; 8) apocrificidad de documentos electorales; 9) suplantación de electores; 10) votación de personas no incluidas en el censo electoral (proceso 3351) y; 11) mesas afectadas con apocrificidad en los registros (diferencias formularios E-14 y E-24).

2.3.1. Jurados que votaron sin estar inscritos en el censo electoral del municipio de Bello.

2.3.1.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

El demandante (proceso 3315) afirmó que 373 personas votaron en el municipio de Bello en su condición de jurados, pese a que tenían inscrita su cédula para sufragar en otros municipios.

El cargo jurídico propuesto por el actor corresponde a una forma de trashumancia electoral porque los jurados tienen inscrita su cédula en otro municipio y depositan su voto en la mesa que ejercen sus funciones, vulnerando de esa manera el mandato del artículo 316 de la Constitución Política, que prohíbe la participación electoral de personas ajenas en las decisiones del respectivo municipio.

En primer lugar se debe precisar que según la jurisprudencia de la Sección el vicio se presenta en el evento de que un jurado vote sin estar inscrito en el censo del municipio siempre que se trate de elecciones de carácter municipal, pero no se configura si se trata de elecciones departamentales o nacionales.

Recientemente, después de analizar la normatividad electoral, la Sala concluyó que las calidades de ciudadano y la de jurado de votación son diferentes, por ello:

“El legislador en reconocimiento de esas diferencias estableció un tratamiento diferente, así el artículo 76 del Código Electoral previó una regla general para los ciudadanos, pero, como es usual en todas las legislaciones, también estipuló en el artículo 101 una excepción a esa regla general tratándose de jurados de votación, proporcional a la eventual restricción que tienen los jurados para desplazarse y votar en el lugar o municipio donde tiene inscrita su cédula, limitación que no tienen los ciudadanos.

Sin embargo, con la promulgación de la Constitución Política de 1991 el derecho fundamental a elegir por parte de los jurados de votación quedó limitado por el artículo 316 de la Carta que refiere de manera puntual a la “elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter” en las cuales definió el constituyente que “solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”; por lo cual, resulta apenas lógico que el jurado no residente en ese municipio, por no tener un interés legítimo, no intervenga en la elección de autoridades y decisiones locales”(11).

Por lo anterior, la Sala concluyó que “... el voto de los jurados que no conformen el censo electoral del municipio donde que ejercen sus funciones es válido siempre que no se trate de elecciones de carácter municipal”(12).

En consecuencia, la prosperidad de los casos formulados por esta irregularidad se sujeta al cumplimiento de tres presupuestos atinentes a que se acredite: 1) el acto de designación de los jurados de votación; 2) que el jurado de votación depositó el voto en la mesa donde actuó; y 3) que el jurado de votación no tenía su residencia electoral en el municipio donde ejerció sus funciones y votó.

Para probar el segundo supuesto la Sala, en elecciones para alcaldes municipales, ha dicho que: “la prueba de que un jurado de votación efectivamente depositó su voto para elegir alcalde, se establece con base en el formulario E-11 o lista y registro de votantes, y con el formulario E-14 o escrutinio de mesa elaborado por los jurados de votación para alcalde. Así, contando con el número total de sufragantes por mesa, es dable hacer un cotejo con el formulario E-14 para alcalde de esa mesa, y con ello precisar si un jurado que figura como sufragante en el formulario E-11, efectivamente votó para alcalde, ya que al contener el formulario E-14 para alcalde igual número de votos al de dicha lista, es dable concluir que el todo comprende a la parte”(13).

Lo anterior se sustenta porque por lo general en el mismo día de la elección de alcaldes se llevan a cabo elecciones para diferentes autoridades departamentales y municipales —gobernador, diputados a la asamblea y concejales— y solo se diligencia un formulario E-11 o registro de votantes en cada mesa de votación, pero como se trata del registro general de votantes lo cierto es que su diseño limitado y defectuoso no permite identificar y diferenciar cuáles de los ciudadanos registrados votaron por gobernador o diputados a la asamblea departamental —circunscripción departamental—, o cuáles lo hicieron por alcalde y concejales —circunscripción municipal—, pues de su contenido únicamente se puede verificar el lugar donde un ciudadano vota y el número de personas que efectivamente concurrieron a participar en la elección, es decir, el número real de votantes de determinada mesa sin ninguna otra información. Por consiguiente, del estudio de este documento electoral no se puede precisar con certeza si el jurado votó en todas las elecciones departamentales y municipales o solo por una o unas de ellas; por ello es imperativo comparar el número de votantes de cada elección con el número de votos depositados; entonces, para la prosperidad de los casos irregulares por este cargo se debe comparar el número de votantes con el número de votos.

Por lo expuesto, considera la Sala que la prueba de que un jurado de votación efectivamente depositó su voto en determinada elección municipal se tiene que establecer así: que su nombre conste en el formulario E-11 y que el número de votos en el formulario E-24 y no en el formulario E-14 sea igual o superior al número de votantes registrados en el formulario E-11 en cada mesa. Lo anterior porque los guarismos registrados en los formularios E-14 pueden ser modificados por las comisiones escrutadoras una vez hayan verificado los resultados electorales registrados por los jurados de votación, resuelto las reclamaciones presentadas o realizado el recuento de votos, toda vez que el desarrollo de las votaciones y el escrutinio se cumple en fases sucesivas y obligatorias, siendo primero en el tiempo el diligenciamiento de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación y luego de los ajustes previstos en el procedimiento con fundamento en los datos contenidos por las comisiones escrutadoras con base en los resultados de los formularios E-24 se realiza la declaratoria de la elección.

Como las cifras consignadas por los jurados de votación en los formularios E-14 no son definitivas porque pueden ser objeto de modificación por parte de la comisión escrutadora en los eventos previstos en los artículo 163 y 164 de Código Electoral, y el estudio de los casos requiere que se tenga plena prueba y certeza respecto del número definitivo de votos depositados en cada mesa para que proceda una eventual nulidad; por consiguiente, como no puede subsistir margen de duda, el documento electoral idóneo para el análisis de los casos es el formulario E-24.

2.3.1.2. Del caso particular.

En primer orden, el recurrente en el proceso 3315 cuestionó que el tribunal realizó “de oficio” correcciones no requeridas de eventuales errores aritméticos en los distintos formularios y luego estudió el cargo. Al respecto, le asiste razón al apelante, pues salvo que en la demanda se formulen cargos en los que se cuestionen los datos o registros consignados en los formularios, en principio el juez no está autorizado para hacer modificaciones de un acto revestido de presunción de legalidad para obrar ultra petita. De manera que el examen de las irregularidades parte de los guarismos consignados en los documentos electorales porque contienen los resultados oficiales del certamen electoral; además, gozan de presunción de legalidad.

Por lo dicho, el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, prevé la posibilidad de acudir a la acción de nulidad electoral para cuestionar la legalidad de los registros electorales o los elementos que hayan servido para su formación; como en el presente asunto el actor para formular el cargo en el libelo ni siquiera totalizó por su cuenta el número de votantes de los formularios E-11, no objetó la legalidad de los resultados numéricos o totales de los formularios E-11 y guardó silencio respecto de los formularios que no fueron totalizados porque consideró que para la prosperidad de los casos bastaba verificar que el jurado apareciera registrado como votante en el formulario E-11 para que el voto resultara irregular. Por otra parte, en el recurso de apelación se opuso a las totalizaciones y correcciones del tribunal que calificó de “oficiosas” realizadas en el fallo de primera instancia.

Para resolver este tema es imprescindible acudir a los antecedentes referidos en anterioridad, porque en la sustentación de los cargos de la demanda se fija el marco jurídico del litigio a resolver (CCA, art. 137-4) determinante de la actividad que incumbe a las partes y la consiguiente función falladora del juez; en consecuencia, en virtud del principio de legalidad de los documentos públicos y de justicia rogada, cuando no se cuestiona la información consignada en los documentos electorales, como ocurre en este caso, no le es dable al juez alejarse de su tenor, ni suplir las eventuales omisiones de los jurados y sumar o totalizar los datos de los formularios para el estudio de los cargos o de los casos porque se estaría obrando de oficio o extra petita.

Conforme con lo expuesto en precedencia, el estudio de las irregularidades se dirige a determinar si se encuentran probados o no los elementos que configuran el cargo.

Al efecto, y por tratarse de elección de alcalde —orden municipal—, se precisa que el hecho de que los jurados tengan inscrita su cédula de ciudadanía en otro municipio que pertenezca o no al departamento de Antioquia resulta irrelevante porque el artículo 316 de la Constitución Política prevé que la participación de los ciudadanos está limitada únicamente a los residentes del mismo municipio.

Para este propósito, de acuerdo con lo expuesto, prosperará cada caso acusado cuando se verifique que el jurado haya ejercido esta función, que sus datos estén registrados en el formulario E-11 como votante, que su cédula efectivamente no se encuentre en el censo del municipio de Bello, y que el número de votos en el formulario E-24 sea igual o superior al número de votantes registrados en el formulario E-11 en cada mesa, lo cual descarta cualquier duda al respecto. No prosperará el caso cuando el número de votos registrado en el formulario E-24 es menor que el número de votantes del formulario E11 porque este menor guarismo puede ser indicativo de que el jurado no depositó su voto en las elecciones para alcalde. En esta hipótesis no hay certeza de que el jurado efectivamente depositó su voto para la elección de alcalde y por ende no habría lugar a tener ese voto como irregular.

En el siguiente cuadro se analizan los 373 casos con la indicación de que las primeras 5 casillas corresponden a los datos suministrados por el actor, y las demás al estudio realizado. Se resaltarán con un color más oscuro las casillas que dan cuenta de los casos que prosperan(14).

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

Total casos estudiados Total casos que prosperan
37388

2.3.1.2.1. Como se advierte, en el estudio del cuadro anterior, 80 casos no prosperan porque el formulario E-11 no fue totalizado por los jurados de votación. Al efecto, es necesario advertir que en aras de mayor claridad y solo por vía de hipótesis, en el evento de considerar que fuera viable la totalización de estos formularios por parte de la Sala, labor que no hizo el actor en la demanda, ni pidió que se hiciera, y que en la apelación cuestionó el fallo por considerar que se hizo de oficio. Esta Sección, en gracia de discusión y para absolver cualquier duda, procedió a esta labor, así: i) se contaron todos los renglones de los formularios E-11 en los que aparecían votantes registrados; ii) se descontaron los renglones que figuraban en blanco; iii) se suprimieron los renglones tachados; iv) se descartaron los nombres de electores cuando aparecían repetidos y; v) finalmente, se hizo la sumatoria.

Realizada esta labor, el resultado de este cargo es que en la hipótesis referida solo prosperarían 23 presuntas irregularidades que por su número no inciden en el resultado definitivo como más adelante se explicará.

2.3.2. Personas que votaron sin estar inscritas en el censo electoral (Proceso 3315).

2.3.2.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

El actor afirmó que en algunas mesas del municipio de Bello votaron personas que no estaban habilitadas para votar porque sus números de cédula no se encontraban en las listas de sufragantes o censo de mesa —formulario E-10— de las mesas que identificó.

Se destaca que no en todos los casos en que una persona que vota y no está registrada en la lista de sufragantes de una mesa (formulario E-10) o en el censo electoral del municipio respectivo, falsea las actas de escrutinio, porque existen casos de ciudadanos que a pesar de no aparecer habilitados en la lista de sufragantes de una mesa pueden depositar su voto en ella cuando erróneamente han sido excluidos del censo, mediante autorización especial otorgada por el registrador del estado civil o su delegado que dejan constancia en el formulario E-12, según lo prevé el artículo 117 del Código Electoral.

Respecto a esta irregularidad, ha dicho la Sala:

“En una determinada mesa solo pueden votar las personas titulares de las cédulas que conforme el censo han sido habilitadas para ejercer su derecho al voto allí. Esta regla tiene 2 excepciones, la primera involucra a las personas que cumplen la función pública de jurados quienes por mandato legal —artículo 101 [3] del Código Electoral— pueden ejercer el derecho al voto en la mesa en que cumplen la función sin importar que estén habilitados, por razón de la inscripción, para ejercer su derecho allí, y la segunda, que existe para enervar errores de la administración y garantizar el derecho al sufragio, involucra la autorización de los delegados del registrador a través del formulario E-12, cuando el censo electoral o la relación de cédulas que pueden votar en una mesa tiene deficiencias como que no representan el estado de los derechos políticos del ciudadano — los excluyen por muerte o por interdicción cuando la una o la otra no existen— o por necesidad debe habilitarse extraordinariamente a alguien para que ejerza el citado derecho. Entonces, en la medida en que se permita el derecho al voto en determinada mesa de una persona que no se halla habilitada para votar en ella, por el hecho de la inscripción o de la autorización —legal o administrativa—, el voto será irregular y no podrá considerarse en el respectivo escrutinio, en caso que se compute generará irregularidad que tipifica falsedad en las actas de escrutinio(15).

De ser ciertos los casos que en comento se acusan, serían nulos los votos de las personas señaladas por el actor porque de acuerdo con el artículo 76 del Código Electoral “a partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral”.

Conforme con lo expuesto, para que esta clase de acusaciones prosperen al demandante le corresponde demostrar dos extremos: 1) que las cédulas de ciudadanía cuyos nombres figuran en los formularios E-11 de las mesas impugnadas no están incluidas en el censo electoral de la mesa o formulario E-10; 2) que las referidas personas no fueron autorizadas para votar por el registrador del estado civil o su delegado y por ello sus datos no constan en el formulario E-12 y; 3) Se acredite con certeza que el elector cuestionado efectivamente votó —según comparación de los guarismos de los formularios E-11 y E-24—.

2.3.2.2. Del caso particular.

En el planteamiento de los casos el demandante para sustentar el primer elemento de la irregularidad citó de manera puntual 35 personas cuyas cédulas de ciudadanía no estaban incluidas en el censo de la mesa donde ejercieron el derecho al voto; no obstante, no aportó ni solicitó pruebas para demostrar que esas personas eventualmente no fueron autorizadas para votar por el registrador del estado civil o su delegado mediante el diligenciamiento de los formularios E-12.

La anterior falencia probatoria impide determinar con certeza que los casos acusados no correspondan a personas que pese a no estar incluidas en el censo de la mesa fueran autorizadas para sufragar; por tanto, habida consideración de que el demandante no satisfizo la carga probatoria a su cargo, y ante la carencia de elementos para el análisis de la censura, se concluye que no se desvirtuó la presunción de autenticidad de los registros electorales y por ende este cargo no puede prosperar.

2.3.3. Jurados que votaron en más de una ocasión.

2.3.3.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

En desarrollo del principio democrático, el artículo 40 de la Constitución Política prevé el derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Una forma de hacer efectivo ese derecho es el de tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, y otras formas de participación democrática(16).

El derecho fundamental a elegir —que también es un deber de los ciudadanos según el artículo 258 de la Carta— es personal, de aplicación inmediata y se ejerce por quienes tengan la calidad de ciudadano colombiano en ejercicio, en igualdad de condiciones sin discriminación por razones económicas, de raza, de sexo, de cultura, de opinión política o filosófica(17).

Por lo anterior, para que la manifestación de la voluntad popular en las urnas sea real, cada persona puede ejercer su derecho una sola vez por elección so pena de que se distorsione la voluntad popular y el resultado democrático.

La Corte Constitucional ha dicho:

“El derecho de voto no se agota en los elementos antes indicados. No es suficiente que existan condiciones de libertad para la elección, ni que exista suficiente información para que dicha elección se realice en condiciones de libertad, ni que se reconozca el aspecto “deontológico” del voto, si no se asegura que la voluntad popular (escrutinio), producto de la sumatoria de voluntades individuales (voto), sea respetada”(18) (negrillas y subrayas fuera del texto).

Por otra parte, la Sala recientemente dijo:

“La voluntad del legislador extraordinario es garantizar que el derecho al voto sea ejercido por los ciudadanos una sola vez, es decir, cada ciudadano tiene derecho a un voto. El quebrantamiento de este mandato atenta contra los principios de universalidad e igualdad en que se sustenta la democracia”(19).

“En una democracia como la nuestra, el derecho al voto es un derecho personal, se predica de quienes tienen la condición de ciudadanos hábiles, luego entonces cada persona tiene la posibilidad de depositar 1 voto en una determina elección, en otros términos, a cada ciudadano le corresponde un sufragio. Si por alguna situación llegare a presentarse que una misma persona vota en 2 o más oportunidades, los votos que deposite después del primero serán irregulares y en cuanto sean contabilizados afectarán la respectiva verdad electoral”(20).

2.3.3.2. Del caso particular.

El actor formuló 5 casos concretos referentes al cargo de jurados que sufragaron en dos ocasiones en la misma mesa. Para el estudio de los casos la Sala examinó en primer lugar el formulario E-11 de cada mesa para corroborar que efectivamente el jurado estuviera registrado como votante en más de una ocasión y para determinar el número total de votantes de la mesa y tener certeza de que el doble registro fue contabilizado como si se tratara de dos personas diferentes; por último, para el mismo efecto, confrontó el número de votos registrados en el formulario E-24 de la mesa con el número de votantes del formulario E-11 y así descartar que se tratara de un error del jurado al escribir sus datos dos veces en el registro de votantes, y que el jurado efectivamente haya votado para la elección que se demandó.

El siguiente cuadro da cuenta del análisis de cada uno de los casos formulados por el actor.

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

Total casos estudiados Total casos que prosperan
51

2.3.4. Votación de personas en el nombre de fallecidas.

2.3.4.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

Esta irregularidad constituye una de las modalidades de suplantación de electores que tiene ocurrencia cuando en el formulario E-11 se registra como votante a una persona cuyo número de cédula no se encuentra vigente por corresponder a una persona fallecida.

La ocurrencia del hecho de la muerte produce la exclusión del correspondiente documento de identificación de esa persona en el censo electoral. Puntualmente el artículo 69 del Código Electoral establece que: “los notarios públicos y los demás funcionarios encargados del registro civil de las personas enviarán a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto de los respectivos registradores, copia auténtica o autenticada de los registros civiles de defunción dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes para que se cancelen las cédulas de ciudadanía correspondientes a las personas fallecidas”.

Respecto de los elementos para la configuración de la irregularidad la Sala ha determinado que:

“Para la prosperidad del cargo corresponde al demandante plantear los aspectos fácticos en que se funda el reproche y solicitar o aportar al proceso los medios de prueba necesarios para acreditar tales hechos. En el presente caso se debe demostrar el fallecimiento del titular de la cédula mediante la aportación del correspondiente registro civil de defunción o que la cédula de ciudadanía respectiva no se encuentra vigente por haber sido cancelada por muerte de su titular, y a pesar de ello, aparece sufragando según el formulario E-11”(21).

2.3.1.2. Del caso particular.

El demandante formuló 3 casos de personas que votaron presentando la cédula de ciudadanía de personas fallecidas. Para la verificación de los casos denunciados se acudió a la consulta de los formularios E-11, al censo nacional y a la respuesta que dio la Registraduría. Para la prosperidad de los casos es necesario que coincida el número de la cédula y el nombre de los votantes con los de las personas fallecidas, y así descartar que se trate de errores de los jurados al escribir los datos del número de la cédula o el nombre de los votantes en el formulario E-11. Es decir, en este cargo si el elector vota a nombre de un muerto es obvio pensar que el jurado anotó el número de la cédula de ciudadanía y el nombre del fallecido.

El resultado del estudio está contenido en el siguiente cuadro:

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

Total casos estudiados Total casos que prosperan
30

2.3.5. Jurados que votaron pese a tener sus derechos políticos suspendidos.

2.3.5.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

La calidad de ciudadano colombiano en ejercicio, es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio(22).

La interdicción de derechos y funciones públicas comporta una restricción al ejercicio de la función pública que el artículo 40 de la Constitución Política reconoce a todo ciudadano consistente en la posibilidad de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Puede tener origen en una sanción penal o disciplinaria.

El artículo 70 del Código Electoral impone la obligación a los jueces y magistrados de enviar a la Registraduría Nacional del Estado Civil copia de la parte resolutiva de las sentencias en las que se decrete la sanción de interdicción de derechos y funciones públicas para que se modifique el estado de vigencia de la cédula de ciudadanía de sus titulares y se excluyan del censo electoral sus correspondientes documentos de identificación.

La interdicción de derechos no se suspende por la autorización prevista por el artículo 101 del Código Electoral para que los jurados depositen su voto en la mesa donde ejercen sus funciones, salvo que haya operado el término para que se configure la rehabilitación de sus derechos, porque se insiste, el derecho a elegir no puede ser ejercido por un ciudadano al que se la haya impuesto la sanción de interdicción de sus derechos políticos.

2.3.5.2. Del caso particular.

El estudio de los casos denunciados se llevó a cabo con la verificación de la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto del estado de vigencia de las cédulas y la consulta de los formularios E-11 para constatar si los jurados inhabilitados ejercieron el derecho al voto, y si el registro fue contabilizado para totalizar el número de votos. Conforme con la metodología expuesta, para la prosperidad de cada caso, al igual que en los demás cargos, debe coincidir el número de votantes del formulario E-11 con el de votos del formulario E-24. Los resultados del análisis se reflejan en el siguiente cuadro:

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

Total casos estudiadosTotal casos que prosperan
20

2.3.6. Anulación indebida de 55 votos depositados a favor del candidato John Jairo Roldán Avendaño.

El actor John Jairo Roldán Avendaño afirmó que en la zona 3 puesto 2 mesa 10, 55 tarjetas electorales que estaban marcadas a su favor con una equis, se les escribió, de manera irregular, un signo parecido a la letra alfa sobre otro u otros candidatos, situación que motivó a los jurados a anular, en su juicio indebidamente, esos votos.

El tribunal, después de transcribir jurisprudencia de la Sala respecto a las causales de reclamación electoral, negó prosperidad al cargo porque consideró que los hechos alegados por el demandante debieron ser alegados en la vía administrativa y no en la judicial porque “... este no es el espacio para discutir la validez o no de los votos, o si las actas de escrutinio fueron falsas o apócrifas, pues lo que el demandante busca es que el tribunal reconozca que hubo una anulación indebida de votos; circunstancia que compete más a discusiones por la vía administrativa que a la acción propia de nulidad electoral”.

Contrario a la expuesto por el a quo, la Sala aclara que si bien las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional(23), dentro de las causales de reclamación previstas por el artículo 192 del Código Electoral(24) no existe alguna que se ajuste a la irregularidad referida por el demandante. Por consiguiente, como las causales de reclamación son taxativas, y como la irregularidad referida por el actor no fue prevista dentro de aquellas, corresponde a la Sala su estudio en el proceso electoral.

Para probar la irregularidad, el demandante realizó un cuadro estadístico con la votación de las mesas del puesto para concluir que la tendencia del electorado en ese lugar era a su favor. Con el mismo propósito, el a quo decretó la práctica de dos dictámenes periciales.

Primer dictamen

Fue realizado por el grafólogo Luis Carlos Duque Cadavid, quien concluyó en síntesis que:

• El signo o letra alfa que aparece en los tarjetones fue elaborado con un mismo bolígrafo de color negro y por una misma persona.

• La similitud de los trazos en la letra alfa, son particulares en los votos anulados.

• No se puede determinar la persona que facturó el signo alfa, ni tampoco saber cuál es el voto legítimo, si el de la equis o el de la letra alfa(25).

Las partes solicitaron ampliación y/o aclaración del dictamen. El perito, atendiendo la petición de las partes, explicó que:

• Los signos gráficos que contienen los 59 tarjetones electorales nulos se discriminan así:

— Con dos signos fueron marcados 57 tarjetones.

— Con tres signos o una equis que abarca tres candidatos, un tarjetón.

— Con cinco signos un tarjetón.

— De los votos anulados, existen dos en los que no figura marcado el candidato John Jairo Roldán Avendaño.

— El demandante aparece marcado junto con la candidata Claudia Cristina Vanegas en 23 ocasiones, con el candidato Fredy Muñoz en 13 ocasiones, con el candidato Oscar A. Pérez en 14 ocasiones y con el voto en blanco en 12 veces.

• El signo que se denomina alfa, lo es porque su estructura o configuración es similar a la letra griega “alfa”.

• La correspondencia a una misma persona, se sustenta porque su morfología es la misma, aunque en algunos signos se tienen remates más alargados que en otros. El análisis realizado es el signaletico.

• El bolígrafo que se uso pudo provenir de la mesa de votación o del bolsillo del autor de los signos.

• No se afirma que el determinante para anular el voto fue el signo alfa, sino que, “no se puede concluir cual es el verdadero voto, el que tiene el signo alfa o el que tiene la equis”.

• No se requiere ningún esfuerzo mental para manufacturar los signos alfa y equis.

• Se realizó la inspección a los tarjetones anulados y no se tuvo en cuenta los votos legítimos, porque se le pidió el estudio de los tarjetones anulados y no de los legítimos.

De igual manera, ante el cuestionamiento del apoderado del demandante que le pidió explicar si llegó a la conclusión de que: “No se puede determinar la persona que facturó el signo alfa, ni tampoco saber cuál es el voto legítimo, si el de la equis o el de la letra alfa” porque no es posible conocer los autores de las equis que hay en los votos o por cuál otra razón, y si esa conclusión es de carácter jurídico o está soportada en razones técnicas de la grafología, el perito expuso:

“Llegué a la conclusión de no poderse determinar el autor o autores de la imposición del signo equis o el de alfa, ni saberse cuál es el voto legítimo, porque no existe elementos o grafías del presunto o presuntos autores, para poder realizar el respectivo cotejo. No se puede hacer un cotejo, son (sic) que haya un elemento cuestionado y otro legítimo. En este caso, solo (sic) existen los elementos que son atacados o cuestionados, pero no existe soporte de legitimidad por parte alguna. Esta conclusión no tiene nada que ver con aspecto jurídico, sino meramente técnico”(26).

El apoderado del demandado objetó por error grave el primer dictamen porque consideró que las conclusiones del perito no tenían sustento científico.

Ante la inconformidad del apoderado del demandado, el tribunal decretó la práctica de un nuevo dictamen pericial(27).

Segundo dictamen

Fue realizado por el grafólogo Luis Fernando Aguirre Sepúlveda, quien concluyó en suma que los signos plasmados en cada una de las tarjetas electorales corresponden a más de un impulso gráfico, y que, después de realizado un estudio de cromatografía, no es posible determinar que el bolígrafo utilizado para marcar las tarjetas electorales fuera el mismo(28).

El dictamen que fue aclarado y complementado por el perito en lo fundamental, en el sentido que “... la realización de los llamados signos “alfa, “otro” se realizaron en una superficie diferente, según muestra la característica de sus trazos en los tarjetones referenciados anteriormente”(29).

El tribunal consideró impróspera la objeción presentada por el apoderado del demandando respecto al primer dictamen porque el grafólogo Luis Carlos Duque Cadavid sí utilizó para su estudio una metodología científica que fue la signaletica o señaletica. Si la técnica utilizada por el perito no es compartida por el demandado, este hecho de manera alguna comporta un yerro en sus conclusiones; por consiguiente, la discrepancia en la metodología empleada no acredita la existencia de un error en el dictamen.

Para el a quo “en el primer dictamen, se hizo énfasis en el signo “alfa” marcado en los 59 tarjetones de la mesa 10 del puesto 02, de la zona 03 en la Institución Educativa “Playa Rica” en Bello y en experticio posterior, fueron analizados ambas distinciones “equis” y “alfa” inmersas en las mencionadas tarjetas”.

Cuando existan dos dictámenes periciales, conforme con las previsiones del inciso segundo del artículo 241 del Código de Procedimiento Civil(30), aplicable por remisión normativa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en el evento de que no prospere la objeción por error grave, como ocurrió en este caso, deberá apreciarse en forma conjunta los dictámenes practicados; en consecuencia, la Sala abordará el estudio del cargo con las conclusiones de ambos dictámenes.

Para que prospere el cargo, de la forma como se planteó por el demandante, se requiere que el actor desvirtué la decisión del jurado de votación —que goza de presunción de legalidad— de tener por nulos los votos por no tener acreditado su sentido; es decir, que de las pruebas practicadas aparezca demostrada con certeza la voluntad del elector y por consiguiente, que sea posible identificar con seguridad el sentido del voto.

Al respecto ha dicho la Sala:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral, el voto será nulo cuando no permita determinar con certeza cuál fue la voluntad del elector, esto es, en el caso de cargos uninominales, cuando se señale en la tarjeta electoral más de un candidato. Así las cosas, es claro que cuando se contabiliza como nulo un voto en el que, contrario a lo resuelto por la autoridad electoral, es posible identificar con certeza el sentido del mismo, se altera la realidad del proceso electoral en relación con dicho sufragio y, según sea la incidencia de dicha falsedad en el resultado electoral, eventualmente habría lugar a anular la elección en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

(...).

Al respecto, la Sala comparte la apreciación de la comisión escrutadora municipal pues, como dice la ley, en los eventos en que la marcación de la tarjeta electoral no es única, solo es posible concluir en la nulidad del voto cuando no sea clara la intención del votante y se señale más de un candidato o lista”(31).

En el caso en estudio las tarjetas cuestionadas tienen marcas a favor de más de un candidato. Según los peritos los signos de las tarjetas se asemejan a las letras “alfa” y “equis”. En el primer dictamen el perito determinó que los signos “alfa” fueron realizados por el mismo autor y con un mismo bolígrafo; en el segundo, el peritó concluyó que el signo “alfa” y el otro signo que aparece en cada tarjeta electoral corresponde a impulsos gráficos diferentes y que no es determinable si los signos se realizaron con el mismo bolígrafo.

En atención al carácter secreto del voto, para la Sala el cargo no tiene vocación de prosperidad, toda vez que para desvirtuar la decisión de los jurados era necesario que de los dictámenes periciales practicados se concluyera que el signo “equis”, marcado en las tarjetas electorales, corresponda su autoría a 55 personas distintas de manera que se pueda atribuir su escritura a los verdaderos electores de la mesa y se elimine la hipótesis de que ellos fueran realizados por una sola persona con el ánimo de invalidarlos. No obstante, los dictámenes periciales no hicieron estudio grafológico en este aspecto.

Ante la imposibilidad de identificar la voluntad del elector no existe alternativa distinta a tener por nulos los votos como en efecto lo realizó el jurado de votación; en consecuencia, no es viable acceder a que los 55 votos nulos se computen a favor del demandante John Jairo Roldán Avendaño.

Tampoco es posible acceder a la petición subsidiaria del demandante en el sentido de que se declaren nulos todos los votos de la mesa en la medida de que respecto de ellos no se alegó ni se probó ningún vicio que los afecte; por tanto, el cargo no prospera.

—Cargos de la demanda 3351—

2.3.7. “Indebido escrutinio de las actas de escrutinios”.

El ejercicio del derecho de acción impone a los demandantes el cumplimiento de ciertos requisitos procesales previstos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, entre los que se destacan: la concreción de los aspectos fácticos relevantes que sirven de sustento a las censuras, la prueba de los mismos, la precisión de las normas que se estiman transgredidas por el acto impugnado y el porqué de dichas vulneraciones, así como la formulación de los cargos mediante el señalamiento concreto y detenido de las irregularidades o vicios que afectan el acto mediante el cual se declara una elección; por consiguiente, quien alega la ilegalidad de un acto administrativo electoral le corresponde la carga procesal de concretar y determinar con la debida precisión las censuras jurídicas y fácticas que fundamentan el ataque para desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara.

Las censuras que contra la legalidad de un acto administrativo se plantean en la demanda fijan el marco de la litis para que el demandado ejerza su derecho de defensa y delimitan la función falladora del juez.

En el caso en estudio, el actor del proceso 3351 para sustentar el cargo no especificó circunstancias de tiempo ni de modo de la presunta irregularidad y no dijo en qué consistió, se limitó a aseverar que la comisión escrutadora municipal de la zona 1 puesto 2 y de la zona 3 puesto 1 y 2 no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en los artículos 163 y 169 del Código Electoral y a consecuencia de ello, realizó un “indebido escrutinio y diligenciamiento de las actas de escrutinio”.

En las alegaciones de primera instancia —fuera del término de caducidad de la acción— el actor pretendió enmendar su yerro y trató de delimitar el marco fáctico de su acusación, refiriéndose de manera puntual a unas reclamaciones que según él fueron rechazadas de plano de manera injustificada por las comisiones escrutadoras y a una supuesta falsedad de los formularios E-19 y E-20.

Así las cosas, el cargo no está llamado a prosperar, pues como se explicó en precedencia, no es labor del juez contencioso administrativo realizar un control abstracto de legalidad para suplir las falencias del actor que planteó acusaciones genéricas, abstractas e indeterminadas.

2.3.8. Apocrificidad de documentos electorales (diferencias formularios E-11 y E-24).

2.3.8.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

Como el actor del proceso 3351 cuestionó la veracidad de los registros contenidos en los formularios electorales E-11 y E-24 en el sentido de que en las mesas acusadas se registró un mayor número de votos que de votantes, resulta pertinente precisar el contenido de cada uno de esos documentos electorales.

El formulario E-11 —acta de instalación de escrutinio y registro general de votantes— contiene unas casillas en blanco organizadas en forma consecutiva ascendente para que los jurados, luego de verificar la identidad del sufragante, en forma manuscrita diligencien en cada renglón el número de la cédula, el nombre del votante y su género. Una vez diligenciados los espacios por parte del jurado el sufragante firma en el mismo renglón.

El fundamento legal de este documento se encuentra contenido en el artículo 114 del Código Electoral, cuyo tenor es el siguiente:

“El proceso de la votación es el siguiente: el presidente del jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su identidad y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figurare, le permitirá depositar el voto y registrará que el ciudadano ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del Estado Civil a los jurados”.

Por otra parte, el formulario E-24 contiene los resultados consolidados del total de votos de cada una de las mesas de votación diligenciados por las comisiones escrutadoras.

Ahora, las posibles discordancias entre los guarismos de los formularios E-11 y los E-24, no constituye per se falsedad de aquellos documentos(32) porque es válido que el número de votos escrutados sea inferior al de votantes registrados. En efecto, en certámenes electorales como el que ahora es objeto de juzgamiento en el que se le otorga la posibilidad a los votantes de participar en diferentes elecciones —gobernador, diputados a la asamblea departamental, alcalde y concejales— puede acontecer que los ciudadanos voten solo en algunas o alguna de estas y se abstengan de hacerlo por otras, o simplemente no lo hagan por ninguna; por consiguiente, cuando se presenta un mayor número de votantes que de votos no existe irregularidad que afecte la autenticidad de los registros.

Empero, cuando en el formulario E-24 se registra un número de votos que supera al número de votantes consignados en el formulario E-11, se configura un anomalía que vicia de falsedad aquellos registros, toda vez que cada ciudadano tiene derecho a un voto, luego tal exceso no corresponde a personas que efectivamente hayan ejercido el derecho al voto(33). Así las cosas, la falsedad de estos documentos electorales tiene ocurrencia al contabilizarse votos que no fueron realmente depositados en las urnas, es decir, cuando se consigna un número de votos que resulta superior en relación con los electores que efectivamente concurrieron, lo cual conduce a la alteración de los resultados y de la verdad electoral.

2.3.8.2. Del caso particular.

En el estudio de verificación de las diferencias señaladas por el actor la Sala adoptó como punto de partida los datos suministrados por este, posteriormente procedió al examen de los documentos electorales que en legal forma fueron allegados.

Como el cargo formulado alude de manera directa a la falsedad de los datos o guarismos totales contenidos en los formularios E-11 y E-24 por la diferencia de entre unos y otros; es decir, el actor está cuestionado la veracidad de los registros electorales, por lo cual, en este caso, la Sala en su análisis verificará el correcto diligenciamiento de los documentos electorales para concluir si le asiste o no razón al demandante, pues algunos formularios E-11 presentan inconsistencias, situación que dio lugar a contar el número de casillas que aparecen diligenciadas con los números de cédula, nombres y apellidos, para finalmente obtener el registro del número total de votantes.

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

Total casos estudiados Total casos que prosperan
51

2.3.9. Suplantación de electores.

2.3.9.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

Se hace consistir en que personas no titulares del derecho al voto suplantan al elector legítimo y depositan su voto.

Cabe resaltar que para que se demuestre que una persona no tenía derecho a votar en una mesa o que tiene el carácter de suplantador no basta con demostrar que en el formulario E-11 o registro general de votantes están anotados los nombres de personas frente a cédulas que no le corresponden, porque es posible que los jurados hayan incurrido en errores en el nombre o en el número de la cédula al momento de anotarlos en forma manuscrita. Por ello, para desvirtuar cualquier duda y obtener certeza, resulta necesario en todos los casos examinar el censo electoral del municipio y la lista de sufragantes, formulario E-10, para establecer si la irregularidad acusada constituye una violación de las normas invocadas o constituye un simple error de transcripción de datos —cédulas o nombres de los votantes— por parte del jurado.

Por lo anterior, con el objeto de tener certeza la jurisprudencia de la Sala(34) determinó que para que los cargos de suplantación de electores se consideren debidamente formulados es preciso que las demandas contengan los siguientes elementos: i) zona, puesto y mesa donde la irregularidad tuvo ocurrencia; ii) individualización de los presuntos suplantados identificándolos con su nombre y con su número de cédula de ciudadanía y; iii) nombres y apellidos de quienes figuran como suplantadores.

Lo dicho se explica además porque no es admisible que se formule el cargo con casos temerarios, porque ocurre que muchas veces el propio actor no sabe o no le consta la suplantación que acusa y la justicia no se puede poner en marcha por meras suspicacias o suposiciones; de ahí la imperativa obligación de la lealtad de la parte que acciona.

Entonces para establecer la veracidad de esas irregularidades y si estas son constitutivas de falsedad de un registro, por inconsistencia entre el nombre consignado en el formulario E-11 y el del titular de la cédula que figura en el censo electoral, es necesario efectuar un cotejo de estos dos documentos, para concluir si se presenta un verdadero caso de suplantación, o por el contrario, si corresponde a errores de los jurados de votación en los registros manuscritos que anotan.

2.3.9.2. Del caso particular.

El actor formuló 21 casos por suplantación de electores; para sustentar el cargo discriminó cada caso con indicación de zona, puesto, mesa, cédula y nombre de quien está registrado en el formulario E-11 (suplantador) y quien debió estarlo (suplantado).

Dentro de este mismo acápite el demandante relacionó las mesas con puesto y zona (17 casos) únicamente con el número de la cédula de los votantes y omitió el diligenciamiento de los demás datos (nombre del votante, su género y su firma). Al respecto ha dicho la jurisprudencia de la Sala:

“Lo primero que observa la Sala es que la lista y registro de votantes o formulario E-11 es un documento electoral diseñado para que los Jurados de Votación dejen constancia del nombre y género de cada votante en frente de la cédula de ciudadanía que lo identifica, la cual aparece preimpresa en dicho documento a partir del censo electoral de la mesa a la cual corresponde. Adicionalmente, ese formulario permite dar cuenta del total de votantes, por género, que en cada mesa participaron en la jornada electoral. De manera que la información que arroja ese formulario resulta de trascendental importancia para el análisis del proceso electoral, pues, además del certificado electoral, ocurre que ningún otro documento electoral permite determinar el nombre de las personas que participaron como votantes en dicho proceso. En ese orden de ideas, es deber ineludible de los Jurados de Votación diligenciar en el formulario E-11 el nombre de los ciudadanos que efectivamente ejercieron su derecho al voto, al punto de que esta Sala ha considerado que en aquellos casos en que en dicho documento electoral se omite registrar el nombre del votante y en su lugar aparecen anotaciones de naturaleza diferente, como signos, trazos ilegibles u otras que impiden identificarlo la conclusión es la de que se trata de una modalidad del fraude de suplantación de elector. Y la consecuencia no puede ser otra de que esos votos son falsos o apócrifos porque no son depositados por ciudadanos aptos para sufragar y, por lo tanto, son nulos por la causal señalada en el artículo 223, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo”(35) (subrayas y negrillas fuera del texto de la sentencia).

A lo anterior se agrega que como el día del certamen electoral —28 de octubre de 2007— se llevaron a cabo elecciones para diferentes autoridades de nivel departamental y municipal; como se dijo en precedencia, el diseño del formulario en el que se registra el número de cédula, el nombre y el total de votantes (E-11), no permite identificar cuáles de esos ciudadanos participaron en una u otra o en todas las elecciones; por tanto, para la prosperidad de estos casos debe coincidir también el número de votantes con el de votos. Es decir, se requiere verificar con certeza si efectivamente se depositó ese voto, para lo cual el número total de electores del formulario E-11 debe coincidir o ser inferior con el número total de votos para alcalde registrado en el formulario E-24, pues en caso de que existan menos votos que votantes, no se puede afirmar con certeza que efectivamente se depositó el voto impugnado(36).

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

Total casos estudiados Total casos que prosperan
219

2.3.9.2.1. Como se advierte en el estudio del cuadro anterior, un (1) caso no prospera porque el formulario E-11 no fue totalizado por los jurados de votación. Sobre la argumentación al respecto nos remitimos a lo expuesto en el numeral 2.3.1.2.1 de esta sentencia, y solo por vía de hipótesis, la Sala determinó que en ese evento no prosperaría este caso.

2.3.10. Votación de personas no incluidas en el censo electoral (Proceso 3351).

2.3.10.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

Como este cargo es común a los dos procesos, la Sala se remite en este punto a las consideraciones expuestas en el numeral 2.3.2.1, en cuanto para la prosperidad de los casos se requiere que el actor acredite que: 1) los números de cédula de ciudadanía cuyos nombres figuran en los formularios E-11 de las mesas impugnadas y que no están incluidas en el censo electoral de la mesa; 2) las referidas personas no fueron autorizadas para votar por el registrador del estado civil o su delegado y por ello sus datos no constan en el formulario E-12 y; 3) comparar los registros totales de los formularios E-11 y E-24 para tener certeza de que la persona depositó efectivamente su voto en la elección acusada.

2.3.10.2. Del caso particular.

Debe precisarse que el demandante en forma temeraria planteó 243 casos de los cuales, 72 no prosperan porque los ciudadanos que fueron referidos ni siquiera ejercieron su derecho al voto en las mesas que impugnó. De esta manera falta lealtad de la parte con la administración de justicia y con la parte demandada.

Se debe resaltar que en este proceso —3351— para el estudio de este cargo el demandante sí solicitó como prueba los formularios E-12 de las mesas con los registros cuestionados, pero en ellos no consta autorización para ninguno de los votantes cuestionados.

Para el análisis de los casos se verificaron en primer lugar los datos de los votantes del formulario E-11 (número de cédula y nombre), se consultó en el censo nacional la cédula para verificar el censo de mesa al que pertenece la cédula del votante, luego se consultó el nombre del votante, nombre en el archivo plano del censo del municipio de Bello para descartar que se tratara de un error en la transcripción de datos de los jurados, después se analizó el contenido de la respuesta de la Registraduría Nacional respecto de unos registros en particular, y por último, se comparó el número de votantes del formulario E-11 con el número de votos del formulario E-24 para tener certeza de que el votante participó en la elección de alcalde.

De lo anterior se evidenciaron varios errores de los jurados de votación al escribir el número de cédula cuya consecuencia es la falta de prosperidad de los casos.

A continuación, se refieren 72 casos impugnados y hecha la revisión del formulario E-11 la Sala advierte que no prosperan porque en forma temeraria la demanda los relacionó y no eran ciertos porque los nombres mencionados no aparecen registrados como votantes:

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

A continuación, para el estudio de los demás casos en primer lugar se verificaron los datos del formulario E-11 (número de cédula y nombre del votante), se consultó en el censo nacional la cédula del votante para verificar sus datos y se comparó el número de votantes del formulario E-11 con el número de votos del formulario E-24 para tener certeza de que el votante participó en la elección de alcalde.

En el siguiente cuadro se realiza el análisis de cada uno de los casos con la indicación de que las primeras 5 casillas corresponden a los datos suministrados por el actor, y las demás al estudio que realizó la Sala. Las casillas resaltadas con un color más oscuro dan cuenta de los casos que prosperan(37).

(...).

NOTA: Las tablas que hacen parte de esta sentencia pueden ser consultadas en la entidad.

Total casos estudiados Total casos que prosperan
24312

2.3.10.2.1 Como se advierte en el estudio del cuadro anterior, 2 casos no prosperan porque el formulario E-11 no fue totalizado por los jurados de votación, como se explicó en el numeral 2.3.1.2.1 de esta sentencia, y solo por vía de hipótesis, la Sala determinó que en ese evento solo prosperaría un (1) caso.

2.3.11. Mesas afectadas con apocrificidad en los registros (diferencias formularios E-14 y E-24).

2.3.11.1. Presupuestos jurídicos del cargo de violación invocada.

Como se dijo en el numeral 2.3.1.1., el conteo y escrutinio de votos en una elección popular es un proceso complejo que se desarrolla en diferentes etapas consecutivas, obligatorias y previamente reglamentadas en la ley o en la Constitución. Puntualmente, la elección de alcaldes, como es el caso que ocupa en esta oportunidad la atención de la Sala, en principio, se realiza en dos escrutinios; el primero corresponde a los jurados de votación de cada mesa, que constituye la base del resultado electoral; el segundo escrutinio es el efectuado por las comisiones escrutadoras municipales, que tienen a su cargo verificar los resultados electorales registrados en las actas de los jurados de votación, adelantar el recuento de votos en los casos permitidos en la ley y resolver las reclamaciones que se formulen ante los jurados de votación. De manera que los resultados inicialmente registrados por los jurados de votación en el formulario E-14 pueden ser modificados toda vez que ellos no tienen el carácter de definitivos.

Por lo anterior, cuando existe una diferencia numérica entre el guarismo registrado en el formulario E-24 con relación al formulario E-14, la jurisprudencia de la Sección ha admitido que esa discordancia por sí sola no es constitutiva de falsedad de los documentos electorales(38).

Así, en sentencia de 17 de agosto de 2006, Expediente 4051 la Sala dijo:

“Según se precisó antes, el formulario E-24 condensa los resultados electorales a nivel zonal, municipal, distrital o departamental, obtenidos en cada mesa de votación. Por tanto, es válido concluir que, en condiciones de normalidad, el número de votos allí registrado debe coincidir, en cada caso, con los que aparecen en los formularios E-14.

Pero ocurre que no toda diferencia entre los dos registros genera falsedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, pues esa disconformidad puede originarse en el recuento de votos, lo cual no solo es válido sino que, en algunas ocasiones, se exige por la ley. Al respecto, la Sala en anterior oportunidad expuso lo siguiente(39):

Efectivamente, la ley electoral prevé el recuento de votos como un instrumento para verificar el verdadero resultado electoral. Esta figura jurídica opera, entonces, tanto en el escrutinio efectuado por los jurados de votación como en el que adelantan las comisiones escrutadoras. De hecho, el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990 dispone:

Los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podían votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de estos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellos se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado.

Los testigos electorales no podrán, en ninguna forma, interferir las votaciones ni los escrutinios de los jurados de votación.

Por su parte, los artículos 163, inciso tercero, y 164 del Código Electoral regulan el recuento de votos en las comisiones escrutadoras de la siguiente manera:

(...).

Como vemos, el recuento de votos puede modificar los resultados inicialmente registrados por los jurados de votación, el cual deberá efectuarse en presencia de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales, puesto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 2241 de 1986, “el escrutinio es público según las reglas señaladas por este Código y las demás disposiciones electorales”. De consiguiente, las comisiones escrutadoras auxiliares no solo están facultadas sino que es su deber modificar los datos registrados en las actas escrutadoras de los jurados de votación cuando evidencian errores o inconsistencias entre el escrutinio de los jurados y lo expresado en las urnas.

Conforme a lo anterior se tiene que la modificación de las cifras por recuento de votos es suficiente argumento jurídico para justificar el cambio del resultado electoral, por lo que cualquier irregularidad tendiente a alegar la nulidad del registro por falsedad, deberá demostrarse plenamente. Dicho de otro modo, las comisiones escrutadoras pueden modificar los datos registrados por los jurados de votación y esa conducta se presume válida cuando proviene de la aceptación de una reclamación o del resultado del recuento de votos, pero su legalidad podrá desvirtuarse demostrando la irregularidad o la falsedad en el escrutinio. Esto tiene una gran importancia para la carga de la prueba de la falsedad, pues cuando se presenta modificación de los datos en la comisión escrutadora sin que exista explicación de aquello, ese hecho constituye un significativo elemento de juicio para desvirtuar la veracidad del registro electoral definitivo. Mientras que si el cambio del registro verificado por la comisión escrutadora obedece a una reclamación o al recuento de votos, corresponde, a quien la alega, demostrar plenamente que el registro es falso.

En síntesis, solamente se considera registro falso el consignado en el formulario E-24 que resulte distinto al señalado por los jurados de votación en el formulario E-14, sin justificación de la diferencia o sin una explicación de la práctica de recuento de votos. Y, advertida la incongruencia, corresponderá al impugnante de la legalidad de la elección demostrar la ausencia de dicha justificación o explicación” (negrillas y subrayas fuera del texto original de la sentencia).

Por lo anterior, el demandante tiene la carga de la prueba y el deber de precisar y explicar de manera particular y concreta en cuál registro y en qué consiste la supuesta irregularidad en la que incurrió la comisión escrutadora para desvirtuar la veracidad del registro electoral definitivo corregido en el formulario E-24.

Es decir, el actor debe informar el dato o registro del formulario E-14 que fue modificado en forma favorable o desfavorable en el formulario E-24 con indicación del candidato beneficiado o afectado y para no caer en temeridad, debe acreditar con las actas generales de escrutinio que estas diferencias no aparecen allí justificadas.

2.3.11.2. Del caso particular.

El actor en el proceso 3351 se limitó a enunciar en forma vaga e imprecisa las diferencias que se presentaron en los guarismos de las mesas acusadas de votación entre los formularios E-14 y E-24, empero, prescindió de explicar en forma detallada y clara en qué consistió la falsedad o el yerro en cada caso. Tampoco solicitó o aportó medio de prueba que desvirtúe el hecho que la diferencia en los registros de los formularios provenga o no de recuento de votos, de correcciones oficiosas o como respuesta a una reclamación.

La omisión fáctica y probatoria en la que incurrió el actor impide a la Sala abordar el estudio del reproche formulado. Como ninguno de los casos denunciados logró comprobarse, debe declarase la improsperidad del cargo.

Conclusión del estudio de los cargos

De los once cargos de violación de la ley analizados en esta instancia, cuya imputación o irregularidades se concretaron en 738 casos, se hace una síntesis de los que se estudiaron de fondo, en el siguiente cuadro

CargoNº de casos estudiadosNº de casos que prosperan
Jurados transhumantes37389
Jurados que votaron dos veces 51
Votos de fallecidos 30
Jurados que votaron con derechos políticos suspendidos20
Diferencias entre formularios E-11 y E-2451
Suplantaciones (Exp. 3351)219
Votaron a pesar de no estar inscritos en el censo de la mesa. (Exp. 3351)24313
Votaron a pesar de no estar inscritos en el censo de la mesa (Exp. 3315)350
Anulación indebida de votos550
Total747113

En resumen se probaron 113 irregularidades que por su naturaleza son constitutivas de falsedad o apocrificidad de los registros contenidos en los documentos que sirvieron de base para la declaración de la elección del alcalde del municipio de Bello para el periodo 2008-2011.

De la incidencia de los registros falsos en el resultado electoral

Determinado el número de irregularidades, corresponde a la Sala estudiar si estas afectan o vician de manera sustancial y determinante el resultado electoral en grado que modifique la elección.

En el formulario E-26 que se allegó al proceso en copia autenticada consta que los resultados de las elecciones fueron los siguientes:

CandidatoVotos
Oscar Andrés Pérez Muñoz —candidato elegido alcalde—48.808
John Jairo Roldán Avendaño48.619
León Fredy Muñoz Lopera5.669
Claudia Cristina Vanegas Escobar3.467

Como se observa, la diferencia en número de votos entre el alcalde demandado y el candidato que le siguió en votación es de 189. Como en el proceso se demostró que los votos irregulares fueron 113 y en atención al carácter secreto del voto no existe manera de determinar a quiénes favorecieron estas irregularidades; aun en la hipótesis extrema de que todos los votos irregulares demostrados se le pudieran imputar y anular al elegido, no cambiaría el resultado electoral porque de todas maneras Oscar Andrés Pérez Muñoz aventajaría al candidato que le siguió en número de votos.

La jurisprudencia de la Sección Quinta ha establecido que la declaración de nulidad solo procede cuando la exclusión de los votos comprobadamente falsos tenga la potencialidad de modificar el resultado de la elección, pues si ello no ocurre, la falsedad no vicia de nulidad la elección acusada.

Como en el presente caso el número de votos irregulares no son determinantes porque no supera la diferencia entre el número de votos del candidato elegido y quien le siguió en votos, se denegarán las pretensiones de la demanda.

Este resultado se mantiene, en gracia de discusión, aun en el evento de que fuera viable la totalización del E-11 por la Sala, porque a las 113 irregularidades demostradas se sumarían los 24 casos que hipotéticamente serían irregulares para un total de 137, cifra que es inferior a los 189 votos de diferencia entre el elegido y quien le siguió en número de votos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Adiciónase la sentencia de 15 de diciembre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia para decretar la caducidad respecto de los casos agregados por el demandante Darío de Jesús Preciado Zapata el 30 de enero de 2008.

2. Confírmase la sentencia de primera instancia por las razones expuestas en la parte motiva.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Mauricio Torres Cuervo, presidente, aclara voto—Susana Buitrago Valencia—María Nohemí Hernández Pinzón, aclara voto—Filemón Jimenez Ochoa, aclara voto.

(1) Sentencia de 28 de abril de 2005, Expediente 2003-01082 (3488).

(2) T-324 de 1994, C-511 de 1999 y C-581 de 2000.

(3) Citó apartes de la sentencia de 22 de mayo de 2008, expedientes 4060, 4068, 4069 y 4070 (acumulados), actor: Wilmer Fernando Ramírez y otros.

(4) Sentencia de 2 de octubre de 2008, Expediente 2007-236, actor Nora Yaneth Molina.

(5) Según el DANE la población del municipio en el censo general realizado en el año 2005 es de 371.591 habitantes (www.dane.gov.co).

(6) Ver entre otras sentencias de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las de 29 de junio de 2007, Radicación 3954-3964; de 23 de marzo de 2006, Radicación 3906; de 24 de junio de 2004, Radicación 2899, 2905 y 2910.

(7) Sentencia de 24 de marzo de 2006, Radicación 3906.

(8) Folios 7 al 11, cuaderno 1, Expediente 3315.

(9) Folios 118 a 244, cuaderno 2.

(10) Folios 102 a 105, cuaderno 1, Expediente 3351

(11) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de febrero de 2010, Expediente 2007-0232. Tesis acorde con la expuesta en sentencia de 28 de abril de 2005, Expediente 63001-23-31-000-2003-01082-01(3488).

(12) Ibídem.

(13) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de abril de 2005, Expediente 63001-23-31-000-2003-01082-01(3488). Magistrada Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón.

(14) Para mayor claridad, se destacó el borde de las primeras casillas cuando en una misma mesa el número de casos demandados es mayor a la diferencia entre votos y votantes; en ese evento, ante el carácter secreto del voto que impide determinar cuál fue el votante irregular, la Sala por orden de estudio negó prosperidad a los casos que excedían esta diferencia; después de esta operación aritmética, cuando hipotéticamente se igualó el número de votantes con el de votos, prosperaron los demás casos.

(15) Sentencia de 2 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-28-000-2006-00122-00(4063-4055). Tesis reiterada en sentencia de 18 de febrero de 2010, Expediente 2007-0232.

(16) Tanto el artículo 2,2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 23,1),(b) de la Convención Americana de Derechos Humanos (ratificados ambos por Colombia mediante la L. 74/68), prevén el derecho al sufragio así:

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2º, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

b) Votar y ser elegidos en las elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

(17) A pesar de que en nuestra legislación el derecho al sufragio universal se previó desde mediados del siglo XIX, fue a partir del plebiscito realizado en el año 1957 que se les reconoció a las mujeres el ejercicio de ese derecho.

(18) Sentencia C-142 de 2001.

(19) Sentencia de 6 de julio de 2009, radicaciones 4056, 4084, 4086, 4087, 4089, 4090, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107.

(20) Sentencia de 2 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-28-000-2006-00122-00(4063-4055)

(21) Sentencia de 6 de julio de 2009, radicaciones 4056, 4084, 4086, 4087, 4089, 4090, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107.

(22) Corte Constitucional, Sentencia T-469 de 1992.

(23) Porque el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, fue modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, en el sentido de eliminar como causal de nulidad de las actas de escrutinio las causales de reclamación.

(24) Según la norma las causales de reclamación son:

“1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme la Ley.

2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la Ley, o de los señalados por la autoridad con facultas legal para este fin.

3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de estos.

4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.

5. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella.

6. Cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales.

7. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia. Fuerza mayor o caso fortuito, certificados por un funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.

[8. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba] funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente.

9. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestando el juramento correspondiente dentro de los términos señalados por la Ley para la inscripción o para la modificación, según el caso.

10. Cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se refiere el artículo 151de este Código.

11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella.

12. Cuando con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinios se incurrió en error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos”.

(25) Folios 429 a 438, cuaderno, Proceso 3315.

(26) Folios 462 a 464, cuaderno 4, Proceso 3315.

(27) Folios 481 a 483, cuaderno 4, Proceso 3315.

(28) Folios 541 a 569, cuaderno 4, Proceso 3315.

(29) Folios 664 a 667, cuaderno 4, Proceso 3315.

(30) Dice el texto: “Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.

(31) Sentencia de 2 de diciembre de 2005, Expediente 3876.

(32) Entre otras, sentencias de 4 de mayo de 2007, Expediente 4013 y de 17 de agosto de 2006, Expediente 4051.

(33) Entre otras, sentencia de 19 de agosto de 2004, Expediente 3199-3203.

(34) Sentencia de 24 de noviembre de 2005, Expediente 3851 y de 27 de agosto de 2009, Expediente 2007-0237 entre otras.

(35) Sentencia de 2 de diciembre de 2005, Expediente 3876.

(36) Para mayor claridad, se destacó el borde de las primeras casillas cuando en una misma mesa el número de casos demandados es mayor a la diferencia entre votos y votantes; en ese evento, ante el carácter secreto del voto que impide determinar cuál fue el votante irregular, la Sala por orden de estudio negó prosperidad a los casos que excedían esta diferencia; después de esta operación aritmética, cuando hipotéticamente se igualó el número de votantes con el de votos, prosperaron los demás casos.

(37) Para mayor claridad, se destacó el borde de las primeras casillas cuando en una misma mesa el número de casos demandados es mayor a la diferencia entre votos y votantes; en ese evento, ante el carácter secreto del voto que impide determinar cuál fue el votante irregular, la Sala por orden de estudio negó prosperidad a los casos que excedían esta diferencia; después de esta operación aritmética, cuando hipotéticamente se igualó el número de votantes con el de votos, prosperaron los demás casos.

(38) Sentencias de 17 de agosto de 2006. Expediente 4051 y de 6 de diciembre de 2007, expedientes 4074, 4075 y 4076.

(39) Sentencia del 12 de julio de 2001, Expediente 2457.

Aclaración de voto

Expediente: 050012331000200703351-01

Consejera:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Demandante: Darío de Jesús Preciado Zapata y otro

Demandado: alcalde municipio de Bello

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil diez.

Aunque voté favorablemente la sentencia dictada el 6 de mayo de 2010 dentro del proceso de la referencia, existen en sus consideraciones algunas apreciaciones jurídicas que no comparto y frente a las cuales daré las razones de mi distanciamiento, diferencias que por no incidir en el resultado de elección se encauzan como aclaración y no como salvamento de voto.

En primer lugar, en el apartado “2.3.1. Jurados que votaron sin estar inscritos en el censo electoral del municipio de Bello” (pág. 38), de la parte motiva del fallo, se afirmó que para establecer si esos jurados, ajenos al censo electoral municipal, efectivamente votaron, se requería que su nombre constara en el formulario E-11, así como “que el número de votos en el formulario E-24 y no en el formulario E-14 sea igual o superior al número de votantes registrados en el formulario E-11 en cada mesa”.

Pues bien, como el cargo planteado gira en torno al voto irregularmente depositado por un jurado de votación, que si bien actuó legítimamente designado y posesionado, no podía sufragar por no formar parte del censo municipal, lo relevante allí era probar que sí voto, para lo cual la jurisprudencia ha dicho que ese hecho se acredita a través de revisar el formulario E-11 o lista y registro de votantes, por ser el documento idóneo en el que se consigna que una persona, luego de identificada por los jurados de votación por medio de su cédula de ciudadanía y de haber depositado las respectivas tarjetas electorales, efectivamente ha votado. En efecto, el artículo 114 del Código Electoral respalda esta afirmación al predicar:

“ART. 114.—El proceso de la votación es el siguiente: El presidente del jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su identidad y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figurare, le permitirá depositar el voto y registrará que el ciudadano ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del Estado Civil a los jurados (...)” (destacado fuera de texto).

El formulario E-11 o lista y registro de votantes, así como los demás documentos electorales que se expiden en desarrollo de un proceso de elecciones por voto popular, tiene la peculiaridad de ser un documento público, pues son expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Así, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, puede afirmarse que tal calidad les otorga una doble presunción, de un lado que es auténtico, lo que equivale a decir que frente a los mismos se tiene la certeza de haber sido expedidos por un servidor público, y por otro que su contenido es veraz, acorde con la realidad. Aunque se trata de una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario, mientras no sea desvirtuada la presunción al operador jurídico no le queda más remedio que acogerlos en la plenitud de su contenido.

Ahora, si cada uno de los formularios E-11 que fue aportado al proceso y cuya autenticidad no fue siquiera discutida, revelaba que una persona efectivamente había votado, así se tratara de uno de los jurados de votación, el operador jurídico no podía desconocer esa constancia exigiendo requisitos adicionales para probar un hecho que se debió tener acreditado con el mismo formulario E-11.

No podía aducirse en el fallo, so pretexto de buscar una verdad que expresamente estaba declarada en un documento público no tachado, que para verificar si una persona en verdad votó se debía consultar otro documento electoral como es el formulario E-24, ya que siendo el formulario E-11 una prueba solemne, debió advertirse que según el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, las reglas de la sana crítica operan “sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, lo que en otras palabras quiere decir que siempre que se esté en presencia de una prueba solemne, la misma no puede desconocerse y su contenido debe acatarse, ya que el margen de apreciación conferido por el sistema de la sana crítica es subsidiario de la voluntad del legislador, quien si prescribe que un hecho se prueba a través de un medio específico, a él debe acudirse.

Además, con base en las reglas de la lógica y de la experiencia, encuentro que el postulado sentado en el fallo tiene algunas inconsistencias. Entre los totales consignados en los formularios E-11 y E-24 únicamente se pueden presentar tres hipótesis:

1. E-11 = E-24

2. E-11 < E-24

3. E-11 > E-24

Se sostiene en el fallo que tan solo en las dos primeras hipótesis se tiene seguridad de que el jurado efectivamente votó. En mi opinión únicamente serían las hipótesis 1 y 3 las acertadas, en tanto que la segunda sería equivocada por ir en contravía del ordenamiento jurídico.

En cuanto a la primera no hago el menor reparo, ya que la plena coincidencia en los totales de esos formularios denota que el jurado sí voto, como así lo ha admitido la jurisprudencia de esta Sección, citada en la página 37 del fallo frente al cual aclaro el voto, aunque respecto del formulario E-14, al precisar:

“... la prueba de que un jurado de votación efectivamente depositó su voto para elegir alcalde, se establece con base en el formulario E-11 o lista y registro de votantes, y con el formulario E-14 o escrutinio de mesa elaborado por los jurados de votación para alcalde. Así, contando con el número total de sufragantes por mesa, es dable hacer un cotejo con el formulario E-14 para alcalde de mesa, y con ello precisar si un jurado que figura como sufragante en el formulario E-11, efectivamente votó para alcalde, ya que al contener el formulario E-14 para alcalde igual número de votos al de dicha lista, es dable concluir que el todo comprende a la parte”(1).

En cambio, la segunda hipótesis, consistente en la posibilidad de que existan más votos que sufragantes, es abiertamente inconstitucional en la medida que en el ordenamiento superior no está permitido que un ciudadano deposite más de un voto, anomalía por demás reprochada y controlada por el propio Código Electoral que frente a ello dispone, en su artículo 135, lo siguiente:

“ART. 135.—Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiere un número mayor que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente.

En el acta de escrutinio se hará constar la circunstancia de que habla este artículo, con expresión del número de sobres excedentes” (se destaca).

Ahora, si el legislador extraordinario prohibió esa posibilidad, ordenando su corrección por medio de la incineración al azar de algunas tarjetas electorales, no resulta viable que ahora se diga en el fallo en cuestión, que ello puede servir de fundamento para acreditar un hecho con relevancia procesal; en mi opinión, el juez de lo electoral no puede tener por probados unos hechos a costa del desconocimiento de la ley, en virtud a que sobre la violación de la ley nada se puede fundar.

Finalmente, considero que la tercera hipótesis, según la cual en una mesa de votación resultan más sufragantes que votos, no puede llevar a concluir que una persona no votó en la misma. Recuérdese que según el artículo 258 constitucional (mod. A.L. 01/2003, art. 11), el voto se ejerce “en forma secreta por los ciudadanos”, y que en las elecciones para autoridades territoriales los ciudadanos son convocados a elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, de modo que ese menor número de votos comparado con el de sufragantes, enfrenta al operador jurídico a la imposibilidad material de establecer si determinada persona votó o no por cierta autoridad, como en este caso por el alcalde del municipio de Bello.

Así, y como quiera que ad imposibilia nemo tenetur, porque al juez no se le puede pedir la prueba de un hecho imposible de acreditar y que de llegar a serlo sería, en principio, contrario a la Constitución por el secreto del voto y por ende constitutivo de una prueba nula de pleno derecho (C.P., art. 29), es necesario que la Sala no pierda la línea jurisprudencial que sobre el punto se ha trazado, que coherentemente ha enseñado que la prueba de si una persona ejerció el voto en una mesa solamente se consigue a través de consultar el formulario E-11 de la respectiva mesa, pero no acudiendo a formularios posteriores (E-14, E-24 o E-26), en una búsqueda inútil porque allí solo se consignan cifras y no nombres, como sí ocurre con el formulario E-11, que por su calidad de prueba solemne es el único que puede indicar si una persona efectivamente votó.

En segundo lugar, en el mismo apartado “2.3.1. Jurados que votaron sin estar inscritos en el censo electoral del municipio de Bello” (pág. 40), de la parte considerativa del fallo, se dijo:

“Al efecto, y por tratarse de elección de alcalde —orden municipal—, se precisa que el hecho de que los jurados tengan inscrita su cédula de ciudadanía en otro municipio que pertenezca o no al departamento de Antioquia resulta irrelevante porque el artículo 316 de la Constitución Política prevé que la participación de los ciudadanos está limitada únicamente a los residentes del mismo municipio” (se destaca).

Según la sentencia dictada el 28 de abril de 2005 por la Sección Quinta en el Expediente 200301082-01 (3488), transcrita parcialmente y citada por el fallo frente al cual aclaro mi voto, en su pié de página 11, “resulta apenas lógico que el jurado no residente en ese municipio, por no tener un interés legítimo, no intervenga en la elección de autoridades y decisiones locales”. Lo anterior, que es así por fundarse en lo previsto en la interpretación armónica de los artículos 76(2) y 101(3) del Código Electoral, revela con plena claridad que, contrario a lo dicho por la Sala en el citado fallo, la pertenencia del jurado al censo del municipio donde presta sus servicios como tal, no es irrelevante, resulta ser totalmente trascendental porque es ello lo que le permite ejercer, con validez, su derecho al voto.

No puede utilizarse la figura del jurado de votación para violar lo dispuesto en el artículo 76 del Código Electoral, que limita el ejercicio del derecho al voto al lugar donde se tenga inscrita la cédula; tampoco puede servir dicha institución para vulnerar lo dispuesto por el constituyente en el artículo 316, según el cual en las elecciones de autoridades locales solo pueden intervenir los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. Si por alguna razón una persona, ajena al censo electoral de un municipio, es designada jurado de votación para actuar allí y decide ejercer su derecho al voto, debe hacerlo solamente para elegir aquellas autoridades frente a las cuales no exista una prohibición constitucional o legal, esto es, entratándose de elecciones de autoridades territoriales, debe hacerlo solamente por las del nivel seccional, ya que por ser extraño al censo de la entidad municipal, no podrá votar válidamente para elegir alcalde, concejales o ediles.

También se dice en esta sección que la prueba del efectivo ejercicio del derecho al voto por parte del jurado, se determina cuando “el número de votos en el formulario E-24 sea igual o superior al número de votantes registrados en el formulario E-11 en cada mesa”. Sin embargo, como ya lo precisé arriba, para establecer que una persona sí votó en una mesa debe acudirse al formulario E-11, que como prueba solemne que es, nos acredita si ello ocurrió o no; pensar en las otras hipótesis es buscar respaldo en razones que como lo demostré, no son de recibo.

En tercer lugar, en la tabla elaborada en el fallo para estudiar los casos relativos al cargo que vengo comentando (“2.3.1. Jurados que votaron sin estar inscritos en el censo electoral del municipio de Bello”), ubicada en la página 42 en adelante, la Sala tomó la decisión de declarar imprósperos 79 casos “porque no está totalizado el formulario E-11”. En innumerables procesos (basta acudir a las dos últimas sentencias dictadas en los procesos electorales contra la elección de Senado de la República periodos 2002-2006 y 2006-2010), cuando se ha requerido el número total de personas registradas en el formulario E-11, lo ha tomado directamente del guarismo plasmado en la casilla reservada para ese dato, y si los jurados omitieron hacer ese conteo y plasmar la cifra correspondiente, sencillamente ha procedido a contabilizar el número total de personas anotadas como votantes en el citado formulario.

Sin embargo, ahora encuentro que la Sala abandona esa práctica para implementar como presupuesto para estudiar el cargo que los jurados hayan totalizado el formulario E-11, con lo que por supuesto no estoy de acuerdo.

Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Sección ha venido últimamente estableciendo una serie de exigencias de tipo formal para hacer del proceso electoral un negocio más expedito y puntual, cerrando la puerta a posibles imputaciones indeterminadas que más buscan un estudio oficioso, las mismas deben ser razonables y posibles de cumplir por los interesados en formular este tipo de acciones públicas.

A la luz de la lógica, resulta insostenible admitir, como lo hace la Sala, que para poder realizar el estudio de cargos en los que se requiera del total de votantes registrados en el formulario E-11, este documento venga diligenciado en esa parte. Nótese que se trata de una función administrativa a cargo de los jurados de votación, en cuya realización ninguna injerencia tienen los ciudadanos, puesto que a estos no les está permitido entrometerse allí; solo los candidatos, sus apoderados y los testigos electorales podrían indicarle a esos servidores públicos de la omisión en que incurren para que la corrijan.

Sin embargo, omitido ese deber legal por parte de los jurados de votación, es claro que ello configura, de alguna manera, un funcionamiento defectuoso de la administración pública, que como tal, no puede repercutir en el derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen para interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley (C.P., art.), en virtud a que a ellos no se les pueden trasladar las consecuencias que puedan generar las deficiencias cometidas por aquellos funcionarios públicos en el desarrollo del proceso electoral.

Insisto en que nadie puede ser obligado a la imposible, porque es precisamente lo que ocurre con la nueva posición de la Sala al tener por impróspero un cargo por el hecho de no haber sido totalizado el formulario E-11. Si solamente los jurados de votación están legalmente autorizados para diligenciar esos documentos electorales, resulta ilógico que ahora se le diga a los demandantes en los procesos electorales que todo cargo cimentado en ese documento, carente de totalización, resultará impróspero por esa razón, ya que al no estar bajo su control esa situación es claro que a los accionantes se les impondrá la satisfacción de una exigencia formal materialmente imposible de realizar cuando de parte de los jurados ha ocurrido esa omisión.

Por otra parte, la novísima exigencia formal puede convertirse, y de seguro así será, en una forma de blindar los fraudes electorales, pues si la Sala mantiene la posición de la improsperidad de esos cargos por no totalizarse el formulario E-11, a los jurados que decidan alterar los resultados electorales les bastará con esa omisión para que la jurisdicción no pueda indagar por los verdaderos resultados electorales, lo que en un Estado social de derecho no resulta de recibo porque ninguna actuación de la administración puede quedar sin control por parte de la rama judicial.

En cuarto lugar, en el cuadro ubicado en la página 114, mediante el cual se estudiaron los casos de votación en lugar de personas fallecidas, se presentó la siguiente inconsistencia. En el resultado del estudio de los localizados en las mesas 2 y 11 de la zona 1 puesto 7, se concluyó: “No prospera porque existió error del jurado al escribir el número de cédula del votante”. Examinando cada una de las casillas se pudo comprobar que efectivamente esos cupos numéricos fueron cancelados por la Registraduría Nacional del Estado Civil por muerte de sus titulares y que frente a los mismos se registró otra persona; sin embargo, el resultado del estudio concluye la improsperidad de los cargos por error al escribir el número de cédula, sin que se hubiera indicado cuál era la cédula correcta, no bastando, en mi opinión, la sola afirmación del error, porque la Sala tenía el deber de demostrarlo, lo cual se lograba solamente precisando el número correcto de cada una de las cédulas.

Así, finalizo la exposición de las razones que me llevaron a aclarar mi voto frente al fallo dictado por la Sala el 6 de mayo del corriente año, destacando, por supuesto, el profundo respeto que tengo por el criterio de mis compañeros de Sección.

Atentamente,

María Nohemí Hernández Pinzón

(1) Sentencia del 28 de abril de 2005. Expediente 63001-23-31-000-2003-01082-01 (3488).

(2) Esta norma consagra: “ART. 76.—<Artículos 76 y 77 modificados por el artículo 7º de la Ley 6 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar”.

(3) Esta disposición enseña: “ART. 101.—Los registradores distritales y municipales integrarán a más tardar quince (15) días calendario antes de la respectiva elección, los jurados de votación, a razón de cuatro (4) principales y cuatro (4) suplentes para cada mesa, con ciudadanos no mayores de sesenta y cinco (65) años, pertenecientes a diferentes partidos políticos, en forma tal que no existan jurados homogéneos, aún en aquellos lugares donde únicamente haya afiliados a una sola agrupación partidista. En este caso se nombrarán como jurados de otros partidos a ciudadanos de lugares próximos y para ello podrá requerirse la colaboración de las autoridades y de las directivas políticas. (Apartes tachados declarados inexequibles por la Corte Constitucional con Sentencia C-230 A del 6 de marzo de 2008) (se destaca).

Los jurados de votación recibirán en las oficinas del Registrador del Estado Civil o de sus delegados las instrucciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones.

Cuando los jurados ejerciten el derecho al sufragio deberán hacerlo en la mesa donde cumplan sus funciones” (se destaca).