Sentencia 2007-05147 de septiembre 14 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.:110011102000200705147 02/2060 ID

Magistrado ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta 62 de la misma fecha

Bogotá, D.C., primero de julio de dos mil once.

Asunto:

En grado jurisdiccional de consulta, han arribado a esta corporación las presentes diligencias, decidir lo que en derecho corresponda sobre la providencia calendada el 24 de junio de la anualidad que avanza, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), mediante la cual sancionó con dos (2) días de arresto y multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los doctores Germán Arce Zapata y Luis Helvert Alfonso Roa, en su condición de director de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, respectivamente, por desacatar el fallo de tutela proferido el 6 de noviembre de 2007 por esta colegiatura.

Antecedentes y actuación procesal

La ciudadana Ecricelda Cruz Gómez, presentó ante la Sala de instancia(2), acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y crédito público, la Fundación San Juan de Dios En Liquidación y La Beneficencia de Cundinamarca, entre otros, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales, aduciendo que fue trabajadora del Hospital San Juan de Dios en el cargo de auxiliar de dietas mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde hacía más de 14 años, siendo amparada por la convención colectiva de trabajo vigente; pero, desde hacía 7 años, no se le efectuaban los pagos ni se le realizaban los aportes a la seguridad social, quedando sumida en una situación de indigencia, poniendo en riesgo su alimentación y la de su núcleo familiar.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —hoy de Bogotá—, en providencia del 6 de noviembre de 2007, negó la protección implorada, siendo revocada tal decisión por esta superioridad a través de la sentencia calendada el 16 de enero de 2008, resolviendo otorgar el amparo deprecado y en consecuencia ordenó a la Beneficencia de Cundinamarca que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, cancelara a la actora los salarios adeudados por la extinta Fundación San Juan de Dios y se pusiera al día en el pago de los aportes a la seguridad social de la accionante; y que, de no existir los recursos para ello, adelantara los trámites y gestiones correspondientes para garantizar dichos pagos (fls. 24-25, cdno.).

El día 27 de febrero de 2008, la accionante hizo saber a la corporación a quo, que “De mala fe la liquidadora de cuentas y la Beneficencia de Cundinamarca, y el Ministerio de Hacienda y crédito público, no cumplen con el fallo de tutela que fue concedido y tutelo los derechos fundamentales al mínimo vital a la vida digna y a la seguridad social...” (sic para lo trascrito), pidiendo, en consecuencia, se diera inicio al respectivo incidente de desacato.

Luego del trámite pertinente, la Sala de primera instancia decidió, con auto calendado el 1º de julio de ese año, abstenerse de sancionar a las autoridades públicas incidentadas; pero en la misma providencia las exhortó para que, una vez superados los inconvenientes aducidos, se procediera al pago de las acreencias en mención (fls. 213- 224, cdno. 1).

Sin embargo, a través de memorial radicado ante el a quo el 17 de marzo hogaño, la accionante solicita nuevamente reabrir el incidente de desacato, indicando que solo se le pagó un abono de sus acreencias hasta el 29 de septiembre de 2001, “sin las ítems —sic— de las convenciones colectivas de trabajo”, aseverando que de esa manera se desmejora ostensiblemente su situación, pues habiendo sido fallada su tutela antes de la emisión de la Sentencia SU-484 de 2008, no se le podían aplicar a su caso las directrices trazadas por la Corte Constitucional en dicha providencia. Al efecto, cita algunos precedentes de distintas salas duales del Consejo Seccional de la Judicatura, en acatamiento de fallos de tutela en los cuales el Consejo de Estado concedió el amparo respecto de la forma como debía darse cumplimiento a las órdenes impartidas por el juez de tutela en asuntos de la extinta Fundación San Juan de Dios (fls. 445-450, cdno. 1).

Consecuentemente, la magistrada sustanciadora, a través de auto calendado el 25 de abril del presente calendario, dispuso correr traslado a los incidentados (fl. 452, cdno. 1).

Enterados de la citada decisión, los representantes de la Beneficencia de Cundinamarca y del Hospital San Juan de Dios, allegaron sendos escritos, haciendo su pronunciamiento al respecto, aduciendo haber dado cumplimiento al fallo de tutela en referencia. (fls. 459-462 y 491-497, cdno. 1).

Al considerar la Sala a quo, que las autoridades incidentadas no habían acreditado el cumplimiento del fallo de tutela en referencia, profirió auto adiado el 11 de mayo hogaño, declarando abierto el incidente de desacato y ordenando la notificación al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al gerente de la Beneficencia de Cundinamarca y a la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios (fl. 500, cdno. Nº2).

Intervención de las autoridades incidentadas

1. El doctor Jorge Enrique Ramos Yabor, jefe de la oficina asesora jurídica de la Beneficencia de Cundinamarca, se pronunció indicando que quien tiene la competencia para liquidar los salarios aducidos por la promotora del incidente de desacato es la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, resaltando que no es lógico ni ajustado a derecho pretender el pago de salarios hasta la fecha, cuando la relación laboral culminó en octubre de 2001.

Dice que la entidad que representa no es la encargada de efectuar la liquidación de las sumas presuntamente adeudadas conforme al fallo de tutela en referencia y trascribe apartes de la Sentencia SU-484 de 2008, indicando que, de efectuarse un pago más allá de las fechas de corte de la relación laboral, generaría un detrimento patrimonial al erario público.

Trae a colación algunos pronunciamientos de la Sala Disciplinaria Seccional de Cundinamarca, e informa que la interpretación dada como fundamento de los actos administrativos expedidos por la Fundación San Juan de Dios, en Liquidación, armoniza con la interpretación que sobre el tema de decisión han adoptado la mayoría de los jueces y corporaciones que han resuelto casos similares (fls. 504-508, cdno. 2).

2. Por su parte, el doctor Oscar Januario Bocanegra Ramírez, asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hizo referencia a la sentencia dictada por el Consejo de Estado en el Radicado 2001-0014-01, en cuanto allí se indicó que la Fundación San Juan de Dios pertenece a la Beneficencia de Cundinamarca, entidad que es la que debe dar cumplimiento al fallo de tutela en mención, para lo cual trascribe el numeral 17 de la Sentencia SU-484 de 2008, por lo cual —dice— el pago aludido no se puede cumplir con cargo a los recursos apropiados para el pago de las órdenes impartidas en esa sentencia de unificación.

Insiste en que quien debe cumplir el fallo de tutela es la Beneficencia de Cundinamarca (fls. 509-501, cdno. 2).

3. Entre tanto, el doctor Omar Alexánder Prieto García, apoderado judicial de la Fundación San Juan de Dios, en liquidación, informa que los salarios reclamados por la accionante, conforme a lo ordenado por esta superioridad en el fallo cuyo desacato se invoca, fueron pagados hasta el 29 de octubre de 2001, mediante resoluciones 1002 del 23 de abril de 2007 y 349 del 17 de octubre de 2008.

Argumenta, además, que el Consejo de Estado, en Sección Cuarta, a través del fallo calendado el 3 de julio de 2010, declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada contra el auto de la Sala Disciplinaria Seccional de Cundinamarca —hoy de Bogotá— que declaró cumplido el fallo de tutela. Destacó que el pago se efectuó en la forma indicada, teniendo en cuenta que la relación laboral aducida por la actora culminó el 29 de octubre de 2001, para lo cual se sustentó en las líneas trazadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-484 de 2008, específicamente en el numeral 22 de la citada sentencia de unificación de la jurisprudencia constitucional. Allegó copia del poder general para actuar y de los actos administrativos mencionados en su escrito (fls. 514 al 542, cdno. 2).

El magistrado sustanciador, a través de auto con fecha 25 de mayo de 2011, ordenó notificar personalmente del incidente de desacato al doctor Germán Arce Zapata, director de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (fl. 545).

En respuesta a tal decisión, el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó nuevo escrito insistiendo en sus argumentos respecto de los alcances de la Sentencia SU-484 de 2008, aduciendo que el caso aquí ventilado se encuentra por fuera de lo ordenado en esa decisión, por lo cual no es posible atender dicho pago con cargo a los recursos apropiados para ello.

Afirma que, de efectuar los pagos aquí reclamados con cargo a esos recursos, podría hacer incurrir al servidor público que así lo decidiera en la falta gravísima a que alude el artículo 48.1. de la Ley 734 de 2002, y concluye aseverando que no es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el llamado a realizar los pagos pretendidos por la incidentante (fls. 555-561, cdno. 2).

La providencia consultada

La corporación de instancia, declaró incursos en desacato a los doctores Germán Arce Zapata y Luis Helvert Alfonso Roa, en su condición de director de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, respectivamente, por no dar cumplimiento al fallo de tutela proferido el 6 de noviembre de 2007 por esta colegiatura, haciéndolos, en consecuencia, acreedores a las sanciones que vienen de mencionarse.

Consideró la Sala a quo, que conforme al análisis de los medios de prueba recaudados, deviene claramente el incumplimiento por parte de los prenombrados funcionarios, en los términos en los cuales fue impartida la orden de amparo, porque “el comportamiento funcional omisivo del Ministerio de Hacienda, representado para efectos del cumplimiento de tutelas, según información obrante a folio 452 del original 2 del incidente por el doctor Germán Arce Zapata, director de crédito público del Ministerio de Hacienda, y del gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca doctor Luis Helvert Alfonso Roa, se considera injustificado y genera quebrantamiento de los derechos fundamentales de la tutelante y de la orden del juez constitucional, lo cual conlleva a imponerles las sanciones previstas en la ley”.

Destacó que las mencionadas autoridades públicas no aducen la falta de recursos, sino que “su negativa a cumplir con el fallo de tutela radica en que, a su juicio , no son los obligados a pagar, y en todos sus escritos ponen de manifiesto el mismo argumento, sentando ambas autoridades una posición radical en el sentido de que no son las obligadas, pese a que en la sentencia de tutela nuestro superior jerárquico les impuso tal obligación, y en tal virtud debían cumplirla, procediendo, si era del caso, a demandar en repetición al que a su juicio fuere el obligado, pues en la sentencia referida no se les dio prerrogativa diferente a la de pagar a la accionante los salarios y prestaciones adeudados hasta la fecha en que se dictó el fallo, esto es, hasta el 16 de enero de 2008, lo que de suyo les imponía efectuar dicha erogación de manera solidaria en el término allí señalado, es decir, 48 horas contadas a partir de su notificación” (fls. 637 al 652, cdno. 2).

Consideraciones de la Sala

Es competente esta Corporación para conocer de la consulta de la sanción con atención al contenido del inciso 2º del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, según el cual:

“ART. 52.—Desacato (...).

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.

Está demostrado que la ciudadana Ecricelda Cruz Gómez, presentó ante la Sala de instancia, acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, La Fundación San Juan De Dios En Liquidación y la Beneficencia de Cundinamarca, entre otras, solicitando el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida digna, amparo denegado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —hoy de Bogotá—.

Decisión revocada por esta corporación a través de la sentencia calendada el 6 de noviembre de 2007, al desatar la impugnación interpuesta, y en su lugar se concedió la protección de los derechos fundamentales invocados, en los siguientes términos:

“1. REVOCAR íntegramente la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca del 6 de noviembre de 2007, y —en su lugar— CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de la señora Ecricelda Cruz Gómez.

2. ORDENAR al gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca o a quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, cancele a la actora los salarios a ella adeudados por la extinta Fundación San Juan de Dios, y se ponga al día en el pago de sus aportes en seguridad social, siempre que hubiere la correspondiente disponibilidad presupuestal.

Si no existieren los recursos respectivos, la Beneficencia de Cundinamarca deberá proceder dentro del término anteriormente indicado, a iniciar las gestiones y trámites presupuestales necesarios, tendientes a la consecución de los recursos pertinentes que le permitan garantizar el pago de los salarios adeudados a la actora y sus aportes en salud, a fin de cumplir con la orden aquí impartida, señalándose que dichas gestiones deberán estar agotadas en un plazo máximo de un (1) mes.

(...)” (fls. 24-25, cdno.).

Como bien es sabido, el trámite de un incidente de desacato resulta viable, como consecuencia del incumplimiento de las órdenes impartidas por un juez constitucional, cuando constatado el hecho, lo cual constituye el elemento objetivo para efectos de la imposición de las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, desde el punto de vista subjetivo no aparece justificado el incumplimiento o la tardanza en la ejecución del amparo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional tiene dicho que, al ser el desacato un ejercicio del poder disciplinario, la responsabilidad que deberá establecerse en su trámite no es solamente la objetiva del incumplimiento de la orden del juez constitucional, sino la subjetiva de la autoridad llamada a materializar dicho mandato judicial, lo cual significa que, para imponer las medidas sancionatorias previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, es menester que se establezca con certeza, en primer lugar, quién es la persona encargada de dar cumplimiento al fallo; y, en segundo lugar, que esa persona haya actuado de manera negligente. Ello es así, fundamentalmente por dos razones: la primera, que la responsabilidad disciplinaria es individual; y, la segunda, porque en nuestro ordenamiento jurídico está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

En ese orden de ideas, para el caso que aquí resolverá la Sala, el primer aspecto que debe destacarse es que, conforme puede apreciarse de las pruebas allegadas por la accionada liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, los salarios reclamados por la accionante, conforme a lo ordenado por esta Superioridad en el fallo cuyo desacato se invoca, fueron pagados hasta el 29 de octubre de 2001, mediante resoluciones 1002 del 23 de abril de 2007 y 349 del 17 de octubre de 2008. De ahí en adelante, no se le han realizado los pagos aducidos, lo cual, en principio, llevaría a concluir que, en efecto, la determinación adoptada en el fallo de tutela de esta Sala, proferido el 6 de noviembre de 2007, en los términos ya citados, ciertamente, fue desconocida en cuanto los mencionados pagos por los años subsiguientes, hasta el proferimiento de la decisión del juez constitucional de segundo grado.

Ahora bien, desde el punto de vista subjetivo, debe señalarse, que ni el fallo de tutela le impartió la citada orden específica al director de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni este tiene la competencia legal para decidir respecto de los pagos reclamados, en los términos indicados por el juez de tutela, situación que impone concluir —sin más consideraciones— que el titular de dicho cargo, doctor Germán Arce Zapata no podía ser sujeto pasivo del incidente de desacato y, por ende, ninguna sanción podía imponérsele por este aspecto, debiendo revocarse la decisión consultada en cuanto a dicho servidor público.

Por otra parte, en cuanto atañe a la posible responsabilidad del doctor Luis Helvert Alfonso Roa, en su condición de gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, si bien es cierto que en el fallo de tutela que se dice no cumplido a cabalidad, la orden se impartió concretamente al gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, lo cierto es que, según se desprende de las resoluciones con las cuales se dice por parte de las accionadas haber atendido a la orden tutelar, la autoridad llamada a materializar la misma no era esta entidad sino la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios. Nótese que es esta y no el gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, quien profiere los actos administrativos en comento (fls. 526 y ss., cdno. 2). Este aspecto lo tenía tan claro el a quo, que en la providencia objeto de consulta, resaltó:

“No obstante lo anterior, entiende la sala que la Fundación San Juan de Dios carece de medios para asumir dicho pago, pues tal como se reseñó en los descargos y se ha tenido público conocimiento, el Ministerio de Hacienda ha tenido que conceder créditos condonables a dicha accionada, para proveer los pagos, lo que sin lugar a dudas demuestra que la fundación, aun cuando objetivamente está obligada a pagar, conforme lo ordena la sentencia de amparo constitucional, subjetivamente no está en condiciones de hacerlo, por la carencia de recursos, de suerte que su obligación se limitaba a la expedición de la resolución a través de la cual se reconocieron las acreencias laborales de la accionante en la suma de $ 59.376.384.21. Así, concluye la Sala que respecto de la fundación, se ha cumplido, en lo que materialmente estaba a su alcance, la orden de amparo constitucional” (fls. 647-648, cdno. 2).

Entonces, quedaría por determinar hasta qué punto puede endilgársele responsabilidad subjetiva, de manera exclusiva, al actual gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, si se tiene en cuenta que —conforme se explicó líneas arriba— el director de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no era ni el destinatario de la orden de tutela, ni es la persona legalmente llamada a acatar el fallo en referencia.

Sobre el particular, y pese a que, como acaba de indicarse, quien debía expedir los actos administrativos correspondientes, era la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios —autoridad que para el a quo no podía asumir la responsabilidad subjetiva por el incumplimiento, y sobre la cual se abstendrá la Sala de hacer pronunciamiento de fondo en razón de los límites propios del grado jurisdiccional de consulta que aquí se resuelve— habrá de decirse que si bien, objetivamente, está demostrado que los pagos solo se efectuaron hasta el 29 de octubre de 2001, tanto el representante de Beneficencia de Cundinamarca como la misma liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, exponen, como razones para ello, el que esa fue la data establecida por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación de jurisprudencia SU-484 de 2008, como aquella en la cual se puso fin al vínculo laboral entre la Fundación San Juan de Dios y sus trabajadores.

Contra tal argumento, la hoy incidentante afirma que— según se lo hicieron saber el presidente y el vicepresidente de la Corte Constitucional al responder a un derecho de petición suyo sobre el particular al haberse proferido la Sentencia SU-484 de 2008, con posterioridad a la ejecutoria del fallo que a ella le favorecía, haciendo tránsito a cosa juzgada constitucional, la decisión de las accionadas de aplicar para su caso los criterios señalados por la máxima guardiana de la Constitución en la pluricitada sentencia unificadora, resulta ostensiblemente contraria a sus intereses.

Veamos, entonces, algunas de las razones expuestas en la Resolución 0349, con fecha 17 de octubre de 2008, expedida por la gerente liquidadora de la Fundación San Juan De Dios, “por la cual se ordena el pago de unos salarios conforme a lo previsto en la Sentencia de Unificación SU 484 del 15 de mayo de 2008, de la Corte Constitucional”:

“(...).

17. Que en cumplimiento del fallo de tutela, la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios emitió la Resolución 0067 del 26 de marzo de 2008, por la cual adicionó la Resolución 1002 del 23 de abril de 2007, contentiva de la liquidación de acreencias laborales conforme se advierte de la parte resolutiva del mencionado acto.

18. Que la Resolución 0067 del 26 de marzo de 2008, anteriormente citada, daba cuenta de las gestiones que ha realizado la liquidadora de la extinta Fundación San Juan de Dios ante la Beneficencia de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en orden a agotar los trámites y requisitos que son necesarios para el desembolso de los recursos que por 30.000 millones fueron apropiados dentro del presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones (...).

(...).

20. Que teniendo en cuenta que para la fecha de expedición de la sentencia de Unificación SU-484 del 15 de mayo de 2008 de la sala plena de la Corte Constitucional, los recursos por la suma de treinta mil millones de pesos ya estaban en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero a 31 de diciembre de 2008 con destino al pago de acreencias laborales de la extinta Fundación San Juan de Dios (Instituto Materno Infantil - Hospital San Juan de Dios) y que a la fecha de notificación de la Sentencia SU-484 de 2008 a que hemos hecho referencia, ya se encontraba adelantando los trámites para dar inicio al procedimiento de desembolso y que en consideración al contenido del artículo 22 de la parte resolutiva de la SU-484 de 2008, ante la solicitud reiterada de la liquidadora ante el comité de concurrentes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó acerca de la utilización de estos recursos para atender las acciones de tutela ya falladas al 10 de junio de 2008.

21. Que acorde al artículo vigésimo primero de la parte resolutiva de la Sentencia de Unificación 484 del 2008 de la Corte Constitucional, los efectos de la decisión se extienden a todos los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil.

(...).

26. Que según el numeral 5.1. de los considerandos y el artículo cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia de Unificación SU-484 del 15 de mayo del 2008, la Corte Constitucional declaró terminadas las relaciones de trabajo del Hospital San Juan de Dios el 29 de octubre de 2001.

27. Que en atención al contenido del numeral 5.1. de los considerandos y el artículo cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia de Unificación SU-484 del 15 de mayo de 2008, se procede a liquidar las acreencias laborales del (la) accionante, ex funcionario (a) del Hospital San Juan de Dios, conforme al contenido del anexo 1 que forma parte del presente acto.

(...)” (resaltado no original, fls. 526-532, cdno. 2).

Consecuentemente, la decisión adoptada, lejos de responder a una actitud negligente o arbitraria de la autoridad, sino que ella responde a una interpretación jurídicamente sustentable, respecto de los alcances de la sentencia de unificación jurisprudencial de la Corte Constitucional, atendiendo al hecho de que la máxima guardiana de la Constitución había decidido que todas las relaciones laborales alegadas respecto de la extinta Fundación San Juan de Dios, habían culminado legalmente el 29 de octubre de 2001.

Pero, adicionalmente, debe resaltarse que la orden impartida en su momento por esta superioridad en su calidad de juez de los derechos fundamentales, tampoco había indicado con total claridad en su parte resolutiva que los pagos debían efectuarse hasta la fecha de la sentencia de tutela.

Por tanto, así se asuma que la auténticamente llamada a cumplir el fallo de tutela era la Beneficencia de Cundinamarca, por haberlo dispuesto así esta Sala al proferir el fallo mediante el cual se concedió el amparo a la ahora incidentante, lo cierto es que las razones aducidas para realizar el pago solo hasta el 29 de octubre de 2001, y no hasta febrero de 2008 como lo pretende la promotora del incidente de desacato, en modo alguno pueden tildarse de arbitrarias o caprichosas, o que reflejen un proceder negligente de las autoridades destinatarias de la orden tutelar. Todo lo contrario: en ellas se plasma una clara intención de seguir los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, a la luz no solo del principio de igualdad —pues resultaría ajeno por completo a este principio fundamental que, por una cuestión simplemente circunstancial, atinente a la fecha en que la persona obtuvo un fallo de tutela, unas personas resultaran recibiendo pagos hasta el 29 de octubre de 2001, y otras, en cambio, pese a encontrarse en la misma situación fáctica, terminaran devengando salarios y prestaciones laborales hasta los primeros meses del año 2008— sino también en el deseo de no incurrir en detrimento patrimonial para el erario público.

Tales razonamientos resultan atendibles, por lo menos para lo que aquí interesa, a saber: establecer si en punto al no cumplimiento de la tutela en los términos deprecados por la hoy incidentante, el doctor Luis Helvert Alfonso Roa, en su condición de gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, debe asumir o no la responsabilidad subjetiva que lo haga merecedor de la medida sancionatoria prevista en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Y, conforme acaba de explicarse, la conclusión no puede ser sino una: que, contrario a lo anotado por el a quo, el mencionado funcionario no es merecedor de la señalada sanción.

Corolario de lo que acaba de exponerse, la Sala procederá a revocar la providencia calendada el 24 de junio de la anualidad que avanza, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con dos (2) días de arresto y multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los doctores Germán Arce Zapata y Luis Helvert Alfonso Roa, en su condición de director de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, respectivamente, por desacatar el fallo de tutela proferido el 6 de noviembre de 2007 por esta colegiatura.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la providencia consultada, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con dos (2) días de arresto y multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los doctores Germán Arce Zapata y Luis Helvert Alfonso Roa, en su condición de director de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, respectivamente, por desacatar el fallo de tutela proferido el 6 de noviembre de 2007 por esta colegiatura, conforme los razonamientos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Una vez notificada en debida forma esta providencia, contra la cual no procede recurso alguno, devuélvase el expediente al seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Henry Villarraga Oliveros. Presidente—José Ovidio Claros Polanco. Vicepresidente—Julia Emma Garzón De GómezAngelino Lizcano RiveraMaría Mercedes López Mora Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Diana Marcela Cuenca Urbina. Secretaria judicial ah hoc.

(1) Sala integrada por las doctoras Nubia Alcira Peña Villalobos (ponente) y Martha Inés Montaña Suárez.

(2) Para la época, Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.