Sentencia 2007-0782 de mayo 8 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp. 130012331000 2007-0782-02 (acumulado con el 2007-0819)

Consejera ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Demandante: Milton Fernández Grey y otro

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cuestión previa

Si bien el apoderado del demandado, en el escrito de alegatos de conclusión en la segunda instancia, solicita que esta corporación se pronuncie sobre las excepciones que propuso, en su debido momento, con la contestación de la demanda y que, valga la pena aclarar, fueron resueltas por el a quo, esta Sala considera que tal petición no es de recibo.

El marco de competencia del juez de segunda instancia está delimitado por los argumentos expuestos en la respectiva apelación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Como quiera que la referida petición no hace parte de los recursos de alzada interpuestos por los demandantes, es claro que esta corporación no tiene competencia para pronunciarse sobre dicho asunto.

Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Los recursos de apelación se propusieron dentro del término que para el efecto señala el artículo 250, inciso primero, del Código Contencioso Administrativo.

En este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección del señor Joaco Hernando Berrío Villarreal como gobernador del departamento de Bolívar para el período 2008 - 2011.

Esta corporación anticipa que la sentencia de primera instancia será confirmada.

Para efectos de sustentar esta decisión, la Sala se ocupará de analizar los siguientes temas que, de acuerdo con lo expuesto en los recursos de apelación, constituyen los principales motivos de reparo contra el fallo de primera instancia.

En efecto, en primer lugar, será analizado el cargo relacionado con la supuesta violación del numeral 2º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000.

Luego, la Sala abordará el tema de los requisitos de configuración de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, que modificó la Ley 136 de 1994, para después analizar el caso concreto.

1. De la inhabilidad por doble nacionalidad. Violación del numeral 2º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000.

Uno de los recurrentes insiste en que el demandado no podía ser elegido como gobernador de Bolívar, pues, a su juicio, el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal, en vigencia de la Constitución de 1886, “perdió la nacionalidad colombiana al tiempo en que se hizo ciudadano sueco”. En concreto, sostiene que el demando tiene doble nacionalidad y que, por tal razón, estaba inhabilitado para ser gobernador del Bolívar.

La nacionalidad es el vínculo político y jurídico que tiene una persona con respecto a un Estado determinado. En virtud de este vínculo nacen derechos y deberes recíprocos de suma importancia entre el Estado y las personas.

Para determinar la nacionalidad de una persona existen dos sistemas principales: el del ius sanguinis y el del ius soli y otros que son la combinación de estos dos o de cualquiera de ellos con el llamado ius domicili.

Según el sistema del ius sanguinis, el hijo debe tener la nacionalidad de sus padres, cualquiera que sea el país donde haya nacido. En cambio, según el sistema del ius soli un individuo debe tener la nacionalidad del Estado en cuyo territorio haya nacido, cualquiera que sea en este caso la nacionalidad de sus padres, es decir, que el elemento determinante es el lugar de nacimiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 96 de la Constitución Política, son nacionales por nacimiento:

a) Los nacidos en Colombia, cuyo padre o madre hayan sido nacionales colombianos.

b) Los nacidos en Colombia, cuyos padres sean extranjeros, uno de los cuales estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.

c) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en Colombia.

d) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y se registraren en una oficina consular de Colombia.

Para el caso en particular, está demostrado que el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal es colombiano por nacimiento, pues su situación encuadra dentro de una de las hipótesis transcritas en líneas anteriores.

En efecto, es hijo de padres colombianos, los señores Jorge Berrío Posada y Mercedes Villarreal Araújo, y nació en tierra extranjera el día 26 de septiembre de 1955, específicamente en Gotemburgo, Suecia, pero su nacimiento fue registrado en la oficina consular de Colombia en dicho lugar (fl. 345, cdno. 5). Es decir, el demandado es colombiano por nacimiento.

Bajo esta premisa, es claro que la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000 no se configura, pues el solo hecho de que el demandado tenga la condición de nacional colombiano por nacimiento impide que se estructure la referida inhabilidad en cuanto que la norma en comento, de forma expresa, consagra que la prohibición aplica para “quienes tengan doble nacionalidad”, excepto los colombianos por nacimiento, que, se reitera, es el atributo que ostenta el demandado.

Aunado a lo anterior, la Sala verifica que el demandante no probó que, en efecto, el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal tenga la nacionalidad Sueca. Contrario a lo que afirma la parte actora, el solo hecho de que en la cédula de ciudadanía aparezca que el demandado nació en Gotemburgo, Suecia, no acredita que sea nacional de ese país. En conclusión, no cumplió con la carga de demostrar el hecho que servía de sustento al cargo propuesto y, por consiguiente, no está llamado a prosperar.

2. De los requisitos necesarios para que se configure la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, modificatorio de la Ley 136 de 1994.

El artículo 30, numeral 4º de la Ley 617 de 2000, que es otra de las normas que, en el presente caso, la parte actora invoca como sustento de la demanda, a la letra dice:

“ART. 30.—De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:

(...).

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento”.

En reiterada jurisprudencia de esta corporación se ha dicho que la referida disposición consagra dos hechos generadores de inhabilidad:

— El referido a la intervención en la gestión de negocios ante las entidades públicas del nivel departamental dentro del año anterior de la elección, que sean cumplidos en el respectivo departamento.

— Aquel relacionado con la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros en el año anterior a la elección, siempre y cuando sean ejecutados en el respectivo departamento.

La Sala precisa que, en el caso sub examine, los demandantes solo imputaron al demandado la inhabilidad relacionada con la intervención en la celebración de contratos.

En efecto, ninguna de las demandas trata sobre la intervención en la gestión de negocios. A pesar de que el a quo haya analizado la causal de inhabilidad relacionada con la intervención en la gestión de negocios, que, se repite, no fue planteada en las respectivas demandas, el pronunciamiento de esta corporación solo se circunscribirá a resolver el tema de la intervención en la celebración de contratos que constituye el argumento central de las demandas presentadas en contra del acto de elección del gobernador de Bolívar y respecto del cual el demando tuvo la oportunidad de ejercer, de forma efectiva y real, su derecho de defensa. La demanda constituye el marco dentro del cual debe proferirse la decisión judicial y, por tal razón, no le está dado al juez proferir sentencia “por causa diferente a la invocada en esta”. En este sentido, mal haría esta corporación si resolviese un punto que no fue propuesto por los demandantes y que fue erróneamente tratado por el tribunal de primera instancia.

Dentro de este contexto, la Sala procederá a analizar si, en efecto, en el presente caso, está estructurada la causal de inhabilidad de intervención en la celebración de contratos.

Ahora bien, para que se entienda la causal de inhabilidad en comento, es necesario que se verifiquen los siguientes presupuestos:

a. Que la persona elegida como gobernador hubiese celebrado o intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel.

b. Que la intervención o la celebración de dichos contratos hubiera ocurrido dentro del año anterior a la elección.

c. Que dicha intervención se hubiera realizado en interés propio o de terceros.

d. Que los contratos se deban ejecutar el respectivo departamento(sic). Se anticipa que, entonces, no serán objeto de estudio contratos que fueron celebrados por fuera del departamento de Bolívar, tales como los referentes a las ciudades de Montería y Pereira, pues es claro que la causal inhabilitante únicamente se refiere a los contratos que se ejecuten en el departamento para el cual resultó electo el demandado.

Para la Sala no cabe duda de que en el caso sub examine no está probada la intervención del demandado, sea en condición de potencial socio de la sociedad Vimarco Ltda. o de representante legal de esta, en los contratos que dicha empresa suscribió con el Distrito Turístico de Cartagena de Indias y con la Fiscalía General de la Nación y que sirven de sustento a la demanda, requisito necesario para se configure la causal prevista en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000.

A efectos de sustentar esta afirmación, se tiene lo siguiente:

A. De la supuesta intervención derivada de la calidad de socio gestor del demandado de Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C

En la medida que la parte actora sostiene que el demandado es socio de Vimarco Ltda. y que, debido a tal calidad intervino en la celebración de los referidos contratos, la Sala se permite dilucidar la estructura societaria que se predica de la sociedad Vimarco Ltda. con el propósito de desvirtuar tal afirmación.

La empresa Vigilantes Marítima Comercial, Vimarco Ltda., de acuerdo con los documentos que obran como pruebas en el proceso (en especial, el certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena y las respectivas escrituras públicas de constitución societaria), es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, que está constituida de la siguiente manera:

 

Es decir, Vimarco Ltda. tiene como socios a:

1. Inversiones Berrío Villarreal S.A.

2. Javier Berrío Villarreal.

3. José Berrío Trujillo.

4. Jorge Berrío Trujillo.

5. Joaco Hernando Berrío Villarreal (hijo).

6. Isabella Berrío Villarreal.

7. Natalie Berrío.

8. Mercelena Berrío Villarreal.

9. Jaime Berrío Villarreal.

A su vez, Inversiones Berrío Villarreal S.A., que es una sociedad anónima, tiene como accionistas a:

1. Berrío Villarreal e Hijos.

2. Mercelena Berrío Villarreal.

3. Inversiones JHB y Compañía Ltda.

4. Hijos de Jorge Berrío y Cía.

5. Jairo Berrío Villarreal.

6. Olga Lucía de Pombo Covo.

De igual forma, Inversiones JHB y Compañía Ltda., cuenta con los siguientes socios

1. Olga Lucía de Pombo Covo.

2. Mercelena Berrío.

3. Jairo Berrío.

4. Berrío Villarreal e Hijos Cía. (sociedad en comandita).

5. Hijos de Jorge H. Berrío Villarreal.

Por último, Berrío Villarreal e Hijos Cía., que es una sociedad en comandita, cuenta con los siguientes socios:

1. Joaco Berrío Villarreal (hijo).

2. Natalie Berrío Villarreal.

3. Isabela Berrío Villarreal.

Las anteriores precisiones permiten concluir que de la sociedad Vimarco Ltda., que, valga la pena aclarar fue la empresa contratante, se deriva una estructura societaria compleja, en la cual convergen tres clases de sociedades: una anónima (Inversiones Berrío Villarreal Villarreal S.A.), otra de responsabilidad limitada (Inversiones JHB y Compañía Ltda.) y otra en comandita (Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C).

Es preciso aclarar que el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal únicamente tuvo la calidad de socio gestor de la sociedad Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C, que es socia de Inversiones JHB y Compañía Ltda., que a su vez es accionista de Inversiones Berrío Villarreal Villarreal S.A. Mas en ningún momento fue socio de Vimarco Ltda.

Entonces, es claro que la sociedad Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C, en razón a la estructura societaria compleja ya referida, no es socia directa de la empresa Vimarco Ltda., que fue la sociedad que celebró los contratos de los cuales pretende la parte actora derivar la inhabilidad del demandado.

Sobre este punto, resalta la Sala que las sociedades en comandita son consideradas como formas asociativas mixtas, en la medida en que se integran por dos categorías de asociados sujetos a regímenes jurídicos distintos. Por disposición legal, la sociedad en comandita se compone de uno o varios socios que comprometen su responsabilidad solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales y otro o varios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominan socios gestores o colectivos y los segundos, socios comanditarios o capitalistas.

En esta clase de sociedades, los socios gestores detentan el privilegio exclusivo de la administración de los negocios sociales, mientras que los comanditarios están separados definitivamente de la administración de la sociedad. Es decir, a los socios gestores les corresponde, por regla general, la representación legal de la sociedad en comandita, la cual debe ser ejercida dentro del marco previsto en los respectivos estatutos y de conformidad con el giro ordinario de los negocios de la sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso objeto de estudio, a pesar de que el demandado detentara la calidad de socio gestor de la sociedad Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C y, por consiguiente, tuviera a su cargo la administración de los negocios sociales, es lo cierto que tal calidad no tenía la potencialidad de lograr una intervención directa en las actividades adelantadas por Vimarco Ltda.

El hecho de que existiera una estructura societaria compleja predicable de Vimarco Ltda. impedía que, de forma directa, el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal, en su calidad de socio gestor de la sociedad Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C, influyera en la toma de decisiones de la empresa contratante, pues para lograr tal propósito tenía primero que influir en las decisiones a adoptar por parte de la sociedad Inversiones JHB y Compañía Ltda., para luego tomar parte en las decisiones de Inversiones Berrío Villarreal S.A., la cual es socia directa de Vimarco Ltda.

En efecto, la sociedad Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C es socia de Inversiones JHB y Compañía Ltda., que, como se dijo, es una sociedad de responsabilidad limitada. Sobre la administración y representación legal de esta sociedad, si bien, como acentuada característica personalista se encuentra el principio legal supletivo, en virtud del cual tanto la administración como la representación legal corresponde a los socios, es lo cierto que tales funciones son susceptibles de ser delegadas en gestores temporales o revocables. Así los socios tienen la posibilidad lícita de sustraerse al régimen legal supletivo que implica su participación directa en la administración y representación legal de la compañía, sustracción que tuvo lugar en Inversiones JHB y Compañía Ltda., pues, de acuerdo con el certificado de existencia y de representación legal que obra a folio 171 del cuaderno número 1, la representación legal de la sociedad fue radicada en cabeza del gerente general, quien está facultado, entre otras cosas, para “celebrar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales”.

En conclusión, al demandado no le asistía ningún tipo de representación de la sociedad Inversiones JHB y Compañía Ltda.

Aunado a lo anterior cabe resaltar que Inversiones JHB y Compañía Ltda. es accionista de Inversiones Berrío Villarreal S.A., que, se reitera, es una sociedad anónima, la cual es el prototipo de las sociedades de capital. En esta sociedad el elemento intuitu rei es predominante y se refleja en diversos rasgos de su regulación normativa, tales como la limitación del riesgo de los accionistas y la relativa separación de la gestión de los negocios sociales. Así, en esta clase de sociedades, los accionistas no participan, en principio, en la administración de los negocios sociales, excepto cuando hacen parte del órgano de administración en calidad de directores. Incluso, la circunstancia de que los accionistas, por imperio de la ley, no participen en la administración de la sociedad ni estén sujetos a una responsabilidad subsidiaria por las obligaciones sociales, hace innecesaria la fiscalización permanente sobre los libros y demás documentos sociales.

La existencia de la referida sociedad dentro de la estructura societaria compleja objeto de análisis, a juicio de la Sala, también constituye razón suficiente para sostener que la potencial línea de injerencia o de intervención que se podría predicar de la sociedad Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C respecto de Vimarco Ltda., se encuentra interrumpida.

De esta forma, contrario a lo dicho por uno de los recurrentes, para nada importa la fecha en que la cesión de derechos del señor Joaco Hernando Berrío Villarreal en favor de sus hijos en la sociedad Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C surtió efectos, pues la presencia de Inversiones Berrío Villarreal S.A., como sociedad anónima ayuda a desvirtuar la posible injerencia del socio gestor de la sociedad en comandita en la empresa Vimarco Ltda.

En este orden de ideas, no cabe duda de que, en el caso bajo estudio, no existió por parte del demandado intervención en la celebración de los contratos suscritos por Vimarco Ltda. debido a su condición de socio gestor de Berrío Villarreal e Hijos Cía. S en C.

Además, de acuerdo con la composición de cuotas sociales, que figura en la escritura pública 5102 de 2006 (fl. 83, cdno. 1), es evidente que el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal no es socio de la empresa Vimarco Ltda.

Tampoco existió intervención en razón de que el demandado fuera el representante legal de su hija Isabela Berrío Villarreal, pues, reitera la Sala, la mera condición de socio no implica la intervención en la celebración de los contratos de la empresa. Dicha intervención se entiende como una actividad dinámica y externa y, por consiguiente, es susceptible de ser probada. No puede presumirse como erróneamente pretende hacer la parte demandante en el presente caso.

De esta forma, el primero de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, en relación con la supuesta calidad de socio, no está demostrado.

Por último, sería del caso entrar a analizar si pudo haberse presentado por parte del demandado intervención en la celebración de los contratos en cuestión, por interpuesta persona, en atención al grado de influencia que sobre la empresa contratante pudieron representar los porcentajes de participación societaria ostentados por el socio Joaco Berrío en las diferentes sociedades que integran la compleja estructura de Vimarco Ltda. La razón por la cual tal aspecto no se aborda es porque, aunque tangencialmente fue tratado por el Tribunal, como bien lo puso de presente la parte demandada en los alegatos de conclusión en segunda instancia, tal censura no fue propuesta en la demanda, que constituye el marco de referencia del alcance del concepto de violación que se formula por el actor. El planteamiento que en tal sentido esboza la parte demandante en la apelación resulta excedido y extemporáneo al no haber hecho parte del concepto de violación de la demanda.

Esta Sala como juez ad quem carece de competencia para pronunciarse al respecto. La censura relacionada con la supuesta intervención directa del demando en la celebración de contratos, que representa la esencia de la apelación ya fue resuelta en este acápite.

B. De la supuesta celebración de contratos derivada de la calidad de representante legal de Vimarco Ltda. por parte del demandado

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la representación legal de Vimarco Ltda., sea lo primero señalar que, de acuerdo con el certificado histórico (fl. 115, cdno. 1) de la sociedad Vimarco Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal fue nombrado por Acta 149 de 2004 como representante legal y gerente de la dicha empresa. Así mismo fueron nombrados los señores Jairo Vélez de la Espriella y Efraín Pretelt Román como primer y segundo gerente respectivamente. De conformidad con el certificado de existencia y representación legal que obra a folios 40 a 43 del cuaderno 1, tales gerentes suplentes, así como el gerente general, “son los representantes legales de la sociedad y en tal carácter disponen de las facultades amplias y suficientes para ejecutar todos aquellos actos y contratos que sean conformes con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente o indirectamente con el giro ordinario de los negocios sociales”.

Mediante Acta 198 de fecha 22 de enero de 2007 de la junta de socios de la sociedad Vimarco Ltda., inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de enero de 2007 bajo el número 51391, se acepta la renuncia del señor Joaco Berrío Villarreal al cargo de representante legal y gerente de la referida sociedad y se nombra provisionalmente en dicho cargo al señor Efraín Pretelt Román (fl. 396, cdno. 5).

Posteriormente, por Acta 199 del 14 de febrero de 2007, fue nombrado como representante legal y gerente general de la Sociedad Vimarco Ltda. al señor Jorge Berrío Trujillo y como segundo gerente suplente al señor Efraín Pretelt Román.

Está demostrado que el contrato número 1 adicional al contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la unión temporal VIMARCO – S.O.S. – STARCOOP fue celebrado el 15 de febrero de 2007 (fl. 147-149, cdno. 1). Esto es, cuando el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal ya no se desempeñaba como gerente general de la empresa en cuestión.

Del referido documento no se desprende que el señor Joaco Hernando Berrío Villarreal hubiera celebrado el negocio jurídico contractual antes referido, porque para la época de suscripción del contrato adicional no ostentaba la calidad de gerente de Vimarco Ltda.

La Sala recuerda que si bien el proceso contencioso de nulidad electoral corresponde a una acción pública, es lo cierto que este no es ajeno al principio de la carga de la prueba y, por tanto, recae en la parte demandante el onus probandi, pues como lo dice el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, postulado que adquiere mayor vigor si se advierte que el acto atacado está amparado con la presunción de legalidad, de la que solamente puede ser despojado si la parte actora prueba los supuestos de hecho inmersos en la causal de inhabilidad invocada, situación que no se presenta en el caso objeto de estudio.

En lo que tiene que ver con el contrato número 008 de 2007, celebrado el 31 de enero de 2007 entre la Fiscalía General y Vimarco Ltda., la Sala verifica que dicho contrato fue suscrito por el señor Efraín Pretelt Román en su condición de segundo gerente suplente y de representante legal de la empresa contratante. No obstante, es preciso advertir que para la fecha de suscripción del contrato el señor Pretelt Román ostentaba el carácter de representante legal de la referida sociedad.

Así mismo, está demostrado que en el procedimiento previo, que culminó con la adjudicación del referido contrato, fue el señor Efraín Pretelt Román quien intervino en nombre y representación de la empresa Vimarco Ltda. con el propósito de lograr la adjudicación del contrato.

En efecto, a folio 2 del cuaderno de pruebas 2, obra escrito suscrito por Efraín Pretelt Román, en el que manifiesta su interés de participar en la invitación pública número 001 de enero de 2007, para la prestación del servicio de vigilancia para las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, seccional Cartagena.

También, a folio 3 y siguientes, obra la propuesta de Vimarco Ltda. para hacerse con el contrato de prestación de los servicios de seguridad y vigilancia en las citadas instalaciones. Esa propuesta esta firmada por el señor Efraín Pretelt Román en su condición de representante legal. De igual forma, las declaraciones bajo juramento sobre la validez de dicha propuesta, respecto al “compromiso de la vigencia de la licencia de funcionamiento de Vimarco Ltda.” y sobre el “compromiso de la vigencia de la licencia de comunicaciones”, fueron hechas por el señor Pretelt Román (fls. 12 y 60, cdno. 2).

En conclusión, como se dijo, fue el señor Efraín Pretelt Román quien intervino ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cartagena, para lograr la adjudicación del contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones ubicadas en la ciudad de Cartagena. A juicio de la Sala, tal representación, contrario a lo dicho por la parte actora, no constituye suplantación alguna, pues, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Vimarco Ltda. y de conformidad con los estatutos de esta empresa, tanto el gerente general, como el primer gerente suplente y el segundo gerente suplente, tienen la representación legal de la sociedad y, por tanto, pueden comprometerla en asuntos que tengan que ver con el giro ordinario de los negocios. Entonces, no cabe duda de que el señor Pretelt Román gestionó y suscribió el contrato en cuestión estando debidamente autorizado para ello. Tal situación impide que, en relación a este contrato, se configure la causal de inhabilidad invocada en cuanto que el demandado no intervino en la celebración del contrato y tampoco lo celebró. Es decir, no están demostrados los presupuestos necesarios para se configure la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000.

Las anteriores son razones suficientes para concluir que, ante la falta de acreditación de los supuestos que prevé el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, que modificó la Ley 136 de 1994, no existe configuración de la causal de inhabilidad invocada por la parte actora. Por consiguiente, lo que se impone, como se anticipó, es confirmar la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 25 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2. En firme esta providencia, vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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